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Si uno de los socios de una S.L tiene un porcentaje del 33%

Pregunta del cliente

Si uno de los socios de una S.L tiene un porcentaje del 33% y el otro un 66% de la empresa, ¿Puede el minoritario forzar al mayoritario a realizar una amplicación de capital obligatoria si esta da perdidas?

¿En que casos se realiza una ampliación de capital obligatoria?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenas tardes,

Para el aumento de capital social se necesita siempre el acuerdo del socio mayoritario, dado la Ley de Sociedades del Capital, así lo establece claramente:

Artículo 296. El acuerdo de aumento.

1. El aumento del capital social habrá de acordarse por la junta general con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos sociales.

2. Cuando el aumento haya de realizarse elevando el valor nominal de las participaciones o de las acciones será preciso el consentimiento de todos los socios, salvo en el caso de que se haga íntegramente con cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance aprobado.


El caso que usted nos comenta no habilita legalmente a obligar al socio mayoritario a proceder a realizar un aumento del capital social, decisión ésta que no resulta obligatoria.

Lamento no poder darle otra esperanza, pero entiendo que la la Ley de Sociedades de Capital no le ampara legalmente para solicitar ese aumento de capital, dado que esto es algo potestativo y no obligatorio. Las pérdidas de la sociedad o sus dificultades económicas pueden ser motivos de modificación necesaria de la cifra del capital social, reduciéndolo, pero nunca aumentándolo.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.

Cliente: escribió hace 4 año.
¿No existe la figura de ampliación de capital obligatorio? ¿Cuando se aplica?
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola

 

Las ampliaciones de capital son obligatorias cuando el pasivo supone más del 50 por ciento del activo, debiendose hacer la ampliación, dado que si no se hace, los administradores pueden adquirir responsabilidad patrimonial personal

 

Es decir que es obligado que se incremente ese capital para evitar la responsabilidad personal de los admisnistradores, siendo éste el supuesto de obligado cumplimiento de ampliar capital

 

Ante ésta eventualidad, se presenta concurso o se amplia capital. Por ello es una ampliación obligatoria

 

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Le dejo una sentencia que entiendo le puede aclarar esto

 

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 28 de junio de 2000 Recurso 2620/1995. Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS. EXTRACTOS Al poder ser destinado el importe de la ampliación de capital al pago de las deudas sociales y siendo este inferior al 50%, el administrador que informó a la sociedad de capital social no es responsable solidario obligatoriamente "... Sustenta también la sentencia recurrida la responsabilidad del recurrente en una conducta negligente al dar cuenta a la sociedad demandante de la información que la solicitaba sobre el capital social de Sitra, S.A. con carácter previo al envío de los suministros de material que posteriormente resultarían impagados. La negligencia la residencia en que, si bien justificó el ingreso de una ampliación de capital por 21 millones de pesetas en una cuenta de Sitra, S.A. en la Caja Laboral Popular, sucursal de Ansoaín, no dijo que tal cuenta era de crédito, no corriente, y después afirma que "no consta acreditado en autos que la citada ampliación de capital se llevase a cabo". Esta Sala disiente de estas apreciaciones por erróneas. En efecto, la ampliación de capital se llevó a cabo. El hecho de que su ingreso tuviese lugar en una cuenta de crédito nada tiene que ver para afirmar lo contrario. Ningún precepto de la LSA exige una determinada forma de hacerlo ni una inmovilización del capital social a modo de fetiche. El importe de la ampliación puede ir destinado al pago de deudas sociales, y por tanto aparecer dentro de una cuenta de crédito como haber de la sociedad, que enjugó o enjugará partidas negativas de la misma durante la vigencia de la cuenta de crédito. Otra cosa es que el capital social se redujese o el patrimonio social quedase por debajo de su importe, lo que es objeto de los arts. 260.4º y 5º y 262 LSA que otorgan a los acreedores acciones oportunas en defensa de sus derechos, distinta de la que aquí se ha ejercitado, que es únicamente la del art. 135 LSA (sentencia de esta Sala de 21 de septiembre de 1.999). Por tanto, el administrador de Sitra, S.A. informó correctamente a la sociedad actora de lo que se le preguntaba (capital social de aquélla), pues consta la realidad de la ampliación, reflejada en la escritura pública al efecto e inscripción registral, además de su ingreso en efectivo en una cuenta de crédito como partida del haber. Por todo ello el primer motivo del recurso ha de estimarse, y ello hace inútil el examen del segundo y último al mismo tiempo, que trata del tema del plazo de prescripción de la acción ejercitada. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo,, instados por la entidad Technotherm GMBH, contra Sitra, S.A. y contra don FranciscoL.S.M. Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "que estime la demanda en todos sus extremos de su suplico y se declare el derecho de mi representada condenando conjunta y solidariamente a los demandados al pago de las cantidades interesadas y las procesales causadas".- Admitida a trámite la demanda y emplazados los mencionados demandados, su repesentante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente parte terminar suplicando se dictase sentencia "por la que a) Se considere allanada a la Cía Mercantil Sitra, S.A. en cuanto al pago de la cantidad liquida que resulte, una vez deducido del importe total reclamado las cantidades que deban ser descontadas por razón de los suministros defectuosos, cuyo montante se determinará en ejecución de sentencia. b) Desestimando íntegramente la demanda formulada frente a don FranciscoL.S.M., en su calidad de administrador de Sitra, S.A. se le absuelva expresamente de todo lo pedido en el suplico de la demanda. c) Condene expresamente a la actora al pago de las costas originadas por la defensa de don Francisco L.S.M., abstracción hecha de lo dispuesto en el art. 523 LEC no solo por haber prescrito la acción sino además por litigar frente a él con mala fe y temeridad manifiestas. d) Y se absuelva expresamente a Sitra, S.A. del pago de las costas causadas con fundamento en el párrafo segundo del art. 523 de la Ley Rituaria Civil". Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 31 de octubre de 1.994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Javier C.T., en nombre y representación de Technotherm GMBH, y debo condenar y condeno a Sitra, S.A., y a don FranciscoL.S.M., representados por la Procuradora doña Irene G.R., a que solidariamente hagan efectivas a la actora la suma que resulte al cambio en pesetas al día de pago de 867.779 marcos alemanas (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL marcos alemanes), más intereses legales desde la interposición de la demanda, con aplicación del artículo 921 de la Ley de enjuiciamiento Civil, y pago de las costas procesales". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de don Francisco Ramón L.S.M. y adhesión al mismo de "Technotherm GMBH" y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra dictó sentencia con fecha 31 de junio de 1.995, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Irene G.R., en nombre y representación de don Francisco L.S.M., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona en juicio de menor cuantía nº 101/95; desestimando igualmente la adhesión al mismo formulada por "Technotherm GMBH", representada por el Procurador don José Javier C.T. y en consecuencia confirmar el pronunciamiento resolutorio de dicha sentencia, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas por su recurso y a la adherida al recurso al pago de las ocasionadas por su adhesión". TERCERO.- El Procurador D. Pablo H.M. en representación de don FranciscoL.S.M. interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra con 31 de junio de 1995, con apoyo en los siguientes motivos.- Primero: Al amparo del art. 1.692.4º LEC, por infracción de los arts. 133, 135, 260 y 262 LSA, en relación con los arts. 1.214 y 1.218 del Código civil y el art. 24.2º de la Constitución, al haber interpretado el Tribunal "ad quem" erróneamente dichos preceptos y ja jurisprudencia que los interpreta.- Segundo: Al amparo del art. 1.692.4º LEC, por infracción del art. 135 LSA, en relación con el art. 1.968.2º del Código civil, al haber interpretado el Tribunal "ad quem" erróneamente dichos preceptos y la jurisprudencia que los interpreta". CUARTO.- Admitido el recurso, no fue evacuado el traslado por no haber comparecido la parte recurrida y no habiéndose solicitado por la parte recurrente la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 21 de junio de 2000 en que ha tenido lugar. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Technotherm GMBH demandó por los trámites del juicio de menor cuantía a Sitra, S.A. y a su administrador único don Francisco RA.L.S.M. solicitando que fueran condenados solidariamente los demandados al pago a la actora de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (867.779) marcos alemanes, debidos por la sociedad demandada a la actora por suministros efectuados. El Juzgado de 1ª Instancia estimó la demanda, confirmando su sentencia en grado de apelación la Audiencia, y contra la de ésta ha interpuesto recurso de casación el codemandado Sr.L.S.M.. SEGUNDO.- El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, aduce infracción de los arts. 133, 135, 260 y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los arts. 1.214 y 1.218 del Código civil y el art. 24.2º de la Constitución. En su fundamentación se dice en esencia; que es indispensable la existencia de un nexo de causalidad entre el acto del administrador y los daños y perjuicios causados al tercero; que es erróneo confundir el daño con que al mismo no se le satisfagan por la sociedad deudas que con él haya contraído, evento que nada dice sobre la incapacidad patrimonial de la misma; que la sentencia recurrida incurre en el error de creer que no se amplió el capital social porque su importe se ingresó en una cuenta de crédito, atribuyendo al recurrente responsabilidad por no haberlo puesto en conocimiento de la actora al contestar a su petición de información sobre el capital social de la sociedad. La respuesta casacional al abigarrado motivo que se ha descrito en sus líneas argumentales ha de partir inexcusablemente de los siguientes presupuestos. La sentencia de primera instancia examinó detenidamente el material probatorio obrante en autos, llegando a la conclusión de que Sitra, S.A. carecía de suficiencia patrimonial que incardinaba en el art. 876 del Código de comercio, o sea, se encontraba en lo que habitualmente se denomina quiebra técnica. Pero no determinaba que a la antedicha situación se hubiese llegado por una conducta del administrador (recurrente) contraria a lo ordenado en el art. 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, la describía para incardinarla en los arts. 260.4 y 262.2 de la citada Ley, atribuyendo al administrador responsabilidad por no haber cumplido lo en ellos prescrito respecto de los administradores de la sociedad . La sentencia de primera instancia no se apercibió de que cometía una incongruencia porque en la demanda únicamente se basaba la acción contra el administrador demandado en el art. 135 LSA de 1.989. La sentencia de la Audiencia, en grado de apelación, corriguió aquel defecto, señalando: "como cuestión inicial y con carácter previo, procede determinar la naturaleza de la acción ejercitada por la parte actora en su demanda. Examinando el petitum y la causa petendi contenidas en el escrito iniciador del presente procedimiento puede afirmarse que se ejercita una acción individual que trata de defender el patrimonio de la actora, quien ha visto lesionados directamente sus intereses por la actuación del Sr. Lázcoz, administrador de "Sitra, S.A.", es por ello que nos encontramos ante una acción de responsabilidad individual contemplada en el art. 135 de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante LSA), ya que la actora "Technotherm GMBH", pretende obtener una indemnización, por la lesión sufrida en su patrimonio a causa de la incorrecta actuación del codemandado Sr. Lázcoz como administrador de "Sitra, S.A.". La sentencia de la Audiencia que se recurre sustenta la responsabilidad del administrador en la situación deficitaria de la sociedad, en su precariedad económica que le ha impedido el pago de las cantidades adeudadas. Pero tampoco (como la sentencia de primera instancia) establece la más mínima conexión entre la actuación del administrador y esa situación deficitaria, no se dice que por incumplimiento de sus deberes legales se ha visto abocada la sociedad a no poder pagar las deudas. Por ello esta Sala ha de aceptar la queja del recurrente de que se ha interpretado erróneamente el art. 135 LSA de 1.989, ante la falta de causalidad entre la actuación del administrador y la indemnización del daño que se reclama. No basta que el tercero lo haya sufrido, sino que es necesario la prueba de hechos, actos u omisiones dolosas o culposas de los administradores de los que se deriven adecuadamente los daños a tercero, indemnizables de acuerdo con el art. 135 LSA de 1.989, si han sido realizados como tales administradores. Sustenta también la sentencia recurrida la responsabilidad del recurrente en una conducta negligente al dar cuenta a la sociedad demandante de la información que la solicitaba sobre el capital social de Sitra, S.A. con carácter previo al envío de los suministros de material que posteriormente resultarían impagados. La negligencia la residencia en que, si bien justificó el ingreso de una ampliación de capital por 21 millones de pesetas en una cuenta de Sitra, S.A. en la Caja Laboral Popular, sucursal de Ansoaín, no dijo que tal cuenta era de crédito, no corriente, y después afirma que "no consta acreditado en autos que la citada ampliación de capital se llevase a cabo". Esta Sala disiente de estas apreciaciones por erróneas. En efecto, la ampliación de capital se llevó a cabo. El hecho de que su ingreso tuviese lugar en una cuenta de crédito nada tiene que ver para afirmar lo contrario. Ningún precepto de la LSA exige una determinada forma de hacerlo ni una inmovilización del capital social a modo de fetiche. El importe de la ampliación puede ir destinado al pago de deudas sociales, y por tanto aparecer dentro de una cuenta de crédito como haber de la sociedad, que enjugó o enjugará partidas negativas de la misma durante la vigencia de la cuenta de crédito. Otra cosa es que el capital social se redujese o el patrimonio social quedase por debajo de su importe, lo que es objeto de los arts. 260.4º y 5º y 262 LSA que otorgan a los acreedores acciones oportunas en defensa de sus derechos, distinta de la que aquí se ha ejercitado, que es únicamente la del art. 135 LSA (sentencia de esta Sala de 21 de septiembre de 1.999). Por tanto, el administrador de Sitra, S.A. informó correctamente a la sociedad actora de lo que se le preguntaba (capital social de aquélla), pues consta la realidad de la ampliación, reflejada en la escritura pública al efecto e inscripción registral, además de su ingreso en efectivo en una cuenta de crédito como partida del haber. Por todo ello el primer motivo del recurso ha de estimarse, y ello hace inútil el examen del segundo y último al mismo tiempo, que trata del tema del plazo de prescripción de la acción ejercitada. TERCERO.- La estimación parcial del motivo primero del recurso lleva consigo la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida, en cuanto que ha de pronunciarse la desestimación de las peticiones de la demanda frente al demandado don RamónL.S.M., revocando parcialmente en el mismo sentido la sentencia de primera instancia que aquélla confirmó. En cuanto a las costas, procede la imposición a la actora de las del demandado absuelto en cuanto a la primera instancia, no así en las de la apelación. En las de este recurso no se imponen a ninguna de las partes (art. 1.715.2 LEC). FALLAMOS Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Don Francisco RamónL.S.M., representado por el Procurador don Pablo H.M. contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra con 31 de junio de 1995, la cual casamos y anulamos parcialmente, con simultánea revocación parcial de la de primera instancia del nº 2 de Pamplona con fecha 31 de octubre de 1.994, y debemos absolver y absolvemos a don Francisco RamónL.S.M. de las pretensiones deducidas en la demanda interpuesta por la entidad Technotherm GMBH contra Sitra, S.A. y él. Se mantiene la sentencia recurrida en lo revocado por ésta. Con condena en las costas de primera instancia a la actora Technotherm GMBH, causadas por su demanda al codemandado absuelto, no así en la apelación. Sin condena en las costas de este recurso a ninguna de las partes. Con devolución del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió. -.I.S.G.D.L.C.-.P.G.P.-.A.G.B. .- Rubricado.En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Diciembre de dos mil uno. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra con 31 de junio de 1995, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre determinadas declaraciones; cuyo recurso ha sido interpuesto por Don Francisco RA.L.S.M., representado por el Procurador don Pablo H.M. siendo parte recurrida la entidad Technotherm GMBH no comparecida en este recurso. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo, instados por la entidad Technotherm GMBH, contra Sitra, S.A. y contra don FranciscoL.S.M. . Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "que estime la demanda en todos sus extremos de su suplico y se declare el derecho de mi representada condenando conjunta y solidariamente a los demandados al pago de las cantidades interesadas y las procesales causadas".- Admitida a trámite la demanda y emplazados los mencionados demandados, su repesentante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente parte terminar suplicando se dictase sentencia "por la que a) Se considere allanada a la Cía Mercantil Sitra, S.A. en cuanto al pago de la cantidad liquida que resulte, una vez deducido del importe total reclamado las cantidades que deban ser descontadas por razón de los suministros defectuosos, cuyo montante se determinará en ejecución de sentencia. b) Desestimando íntegramente la demanda formulada frente a don FranciscoL.S.M., en su calidad de administrador de Sitra, S.A. se le absuelva expresamente de todo lo pedido en el suplico de la demanda. c) Condene expresamente a la actora al pago de las costas originadas por la defensa de don Francisco L.S.M., abstracción hecha de lo dispuesto en el art. 523 LEC no solo por haber prescrito la acción sino además por litigar frente a él con mala fe y temeridad manifiestas. d) Y se absuelva expresamente a Sitra, S.A. del pago de las costas causadas con fundamento en el párrafo segundo del art. 523 de la Ley Rituaria Civil". Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 31 de octubre de 1.994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Javier C.T., en nombre y representación de Technotherm GMBH, y debo condenar y condeno a Sitra, S.A., y a don FranciscoL.S.M., representados por la Procuradora doña Irene G.R., a que solidariamente hagan efectivas a la actora la suma que resulte al cambio en pesetas al día de pago de 867.779 marcos alemanas (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL marcos alemanes), más intereses legales desde la interposición de la demanda, con aplicación del artículo 921 de la Ley de enjuiciamiento Civil, y pago de las costas procesales". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de don Francisco Ramón L.S.M. y adhesión al mismo de "Technotherm GMBH" y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra dictó sentencia con fecha 31 de junio de 1.995, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Irene G.R., en nombre y representación de don Francisco L.S.M., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona en juicio de menor cuantía nº 101/95; desestimando igualmente la adhesión al mismo formulada por "Technotherm GMBH", representada por el Procurador don José Javier C.T. y en consecuencia confirmar el pronunciamiento resolutorio de dicha sentencia, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas por su recurso y a la adherida al recurso al pago de las ocasionadas por su adhesión". TERCERO.- El Procurador D. Pablo H.M. en representación de don FranciscoL.S.M. interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra con 31 de junio de 1995, con apoyo en los siguientes motivos.- Primero: Al amparo del art. 1.692.4º LEC, por infracción de los arts. 133, 135, 260 y 262 LSA, en relación con los arts. 1.214 y 1.218 del Código civil y el art. 24.2º de la Constitución, al haber interpretado el Tribunal "ad quem" erróneamente dichos preceptos y ja jurisprudencia que los interpreta.- Segundo: Al amparo del art. 1.692.4º LEC, por infracción del art. 135 LSA, en relación con el art. 1.968.2º del Código civil, al haber interpretado el Tribunal "ad quem" erróneamente dichos preceptos y la jurisprudencia que los interpreta". CUARTO.- Admitido el recurso, no fue evacuado el traslado por no haber comparecido la parte recurrida y no habiéndose solicitado por la parte recurrente la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 21 de junio de 2000 en que ha tenido lugar. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Technotherm GMBH demandó por los trámites del juicio de menor cuantía a Sitra, S.A. y a su administrador único don Francisco RA.L.S.M. solicitando que fueran condenados solidariamente los demandados al pago a la actora de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (867.779) marcos alemanes, debidos por la sociedad demandada a la actora por suministros efectuados. El Juzgado de 1ª Instancia estimó la demanda, confirmando su sentencia en grado de apelación la Audiencia, y contra la de ésta ha interpuesto recurso de casación el codemandado Sr.L.S.M.. SEGUNDO.- El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, aduce infracción de los arts. 133, 135, 260 y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los arts. 1.214 y 1.218 del Código civil y el art. 24.2º de la Constitución. En su fundamentación se dice en esencia; que es indispensable la existencia de un nexo de causalidad entre el acto del administrador y los daños y perjuicios causados al tercero; que es erróneo confundir el daño con que al mismo no se le satisfagan por la sociedad deudas que con él haya contraído, evento que nada dice sobre la incapacidad patrimonial de la misma; que la sentencia recurrida incurre en el error de creer que no se amplió el capital social porque su importe se ingresó en una cuenta de crédito, atribuyendo al recurrente responsabilidad por no haberlo puesto en conocimiento de la actora al contestar a su petición de información sobre el capital social de la sociedad. La respuesta casacional al abigarrado motivo que se ha descrito en sus líneas argumentales ha de partir inexcusablemente de los siguientes presupuestos. La sentencia de primera instancia examinó detenidamente el material probatorio obrante en autos, llegando a la conclusión de que Sitra, S.A. carecía de suficiencia patrimonial que incardinaba en el art. 876 del Código de comercio, o sea, se encontraba en lo que habitualmente se denomina quiebra técnica. Pero no determinaba que a la antedicha situación se hubiese llegado por una conducta del administrador (recurrente) contraria a lo ordenado en el art. 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, la describía para incardinarla en los arts. 260.4 y 262.2 de la citada Ley, atribuyendo al administrador responsabilidad por no haber cumplido lo en ellos prescrito respecto de los administradores de la sociedad . La sentencia de primera instancia no se apercibió de que cometía una incongruencia porque en la demanda únicamente se basaba la acción contra el administrador demandado en el art. 135 LSA de 1.989. La sentencia de la Audiencia, en grado de apelación, corriguió aquel defecto, señalando: "como cuestión inicial y con carácter previo, procede determinar la naturaleza de la acción ejercitada por la parte actora en su demanda. Examinando el petitum y la causa petendi contenidas en el escrito iniciador del presente procedimiento puede afirmarse que se ejercita una acción individual que trata de defender el patrimonio de la actora, quien ha visto lesionados directamente sus intereses por la actuación del Sr. Lázcoz, administrador de "Sitra, S.A.", es por ello que nos encontramos ante una acción de responsabilidad individual contemplada en el art. 135 de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante LSA), ya que la actora "Technotherm GMBH", pretende obtener una indemnización, por la lesión sufrida en su patrimonio a causa de la incorrecta actuación del codemandado Sr. Lázcoz como administrador de "Sitra, S.A.". La sentencia de la Audiencia que se recurre sustenta la responsabilidad del administrador en la situación deficitaria de la sociedad, en su precariedad económica que le ha impedido el pago de las cantidades adeudadas. Pero tampoco (como la sentencia de primera instancia) establece la más mínima conexión entre la actuación del administrador y esa situación deficitaria, no se dice que por incumplimiento de sus deberes legales se ha visto abocada la sociedad a no poder pagar las deudas. Por ello esta Sala ha de aceptar la queja del recurrente de que se ha interpretado erróneamente el art. 135 LSA de 1.989, ante la falta de causalidad entre la actuación del administrador y la indemnización del daño que se reclama. No basta que el tercero lo haya sufrido, sino que es necesario la prueba de hechos, actos u omisiones dolosas o culposas de los administradores de los que se deriven adecuadamente los daños a tercero, indemnizables de acuerdo con el art. 135 LSA de 1.989, si han sido realizados como tales administradores. Sustenta también la sentencia recurrida la responsabilidad del recurrente en una conducta negligente al dar cuenta a la sociedad demandante de la información que la solicitaba sobre el capital social de Sitra, S.A. con carácter previo al envío de los suministros de material que posteriormente resultarían impagados. La negligencia la residencia en que, si bien justificó el ingreso de una ampliación de capital por 21 millones de pesetas en una cuenta de Sitra, S.A. en la Caja Laboral Popular, sucursal de Ansoaín, no dijo que tal cuenta era de crédito, no corriente, y después afirma que "no consta acreditado en autos que la citada ampliación de capital se llevase a cabo". Esta Sala disiente de estas apreciaciones por erróneas. En efecto, la ampliación de capital se llevó a cabo. El hecho de que su ingreso tuviese lugar en una cuenta de crédito nada tiene que ver para afirmar lo contrario. Ningún precepto de la LSA exige una determinada forma de hacerlo ni una inmovilización del capital social a modo de fetiche. El importe de la ampliación puede ir destinado al pago de deudas sociales, y por tanto aparecer dentro de una cuenta de crédito como haber de la sociedad, que enjugó o enjugará partidas negativas de la misma durante la vigencia de la cuenta de crédito. Otra cosa es que el capital social se redujese o el patrimonio social quedase por debajo de su importe, lo que es objeto de los arts. 260.4º y 5º y 262 LSA que otorgan a los acreedores acciones oportunas en defensa de sus derechos, distinta de la que aquí se ha ejercitado, que es únicamente la del art. 135 LSA (sentencia de esta Sala de 21 de septiembre de 1.999). Por tanto, el administrador de Sitra, S.A. informó correctamente a la sociedad actora de lo que se le preguntaba (capital social de aquélla), pues consta la realidad de la ampliación, reflejada en la escritura pública al efecto e inscripción registral, además de su ingreso en efectivo en una cuenta de crédito como partida del haber. Por todo ello el primer motivo del recurso ha de estimarse, y ello hace inútil el examen del segundo y último al mismo tiempo, que trata del tema del plazo de prescripción de la acción ejercitada. TERCERO.- La estimación parcial del motivo primero del recurso lleva consigo la casación y anulación parcial de la sentencia recurrida, en cuanto que ha de pronunciarse la desestimación de las peticiones de la demanda frente al demandado don RamónL.S.M., revocando parcialmente en el mismo sentido la sentencia de primera instancia que aquélla confirmó. En cuanto a las costas, procede la imposición a la actora de las del demandado absuelto en cuanto a la primera instancia, no así en las de la apelación. En las de este recurso no se imponen a ninguna de las partes (art. 1.715.2 LEC). FALLO . Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Don Francisco RamónL.S.M., representado por el Procurador don Pablo H.M. contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra con 31 de junio de 1995, la cual casamos y anulamos parcialmente, con simultánea revocación parcial de la de primera instancia del nº 2 de Pamplona con fecha 31 de octubre de 1.994, y debemos absolver y absolvemos a don Francisco RamónL.S.M. de las pretensiones deducidas en la demanda interpuesta por la entidad Technotherm GMBH contra Sitra, S.A. y él. Se mantiene la sentencia recurrida en lo revocado por ésta. Con condena en las costas de primera instancia a la actora Technotherm GMBH, causadas por su demanda al codemandado absuelto, no así en la apelación. Sin condena en las costas de este recurso a ninguna de las partes. Con devolución del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Así, siendo varios administradores, quien solicite la ampliacion ante la eventualidad del incremento del pasivo por encima del 50 por ciento del activo y solicte la ampliacion no tendra responsabilidad personal ante la quiebra de la empresa o el concurso.

Por ello es una ampliacion obligatoria

Experto:  daniamador escribió hace 4 año.
hola

Para concretarle un poco los pasos a seguir dice el 318 de la ley de sociedades lo siguiente:

1. La reducción del capital social habrá de acordarse por la junta general con los requisitos de la modificación de estatutos.

Es decir ustedes tienen que hacer una modificación de los estatutos que es donde figura el capital social. Para saber las mayorias que necesita usted hay que remitirse a las que se refieren a las modificaciones de estatutos. En concreto depende de si la sociedad es anónima o limitada

Si es limitada dice el 288 que " el acuerdo de modificación de los estatutos sociales se adoptará conforme a lo dispuesto en el artículo 199 sobre mayoría legal reforzada"

En definitiva si es limitada El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones el acuerdo de modificación de los estatutos sociales se adoptará conforme a lo dispuesto en los artículos 194 y 201.

 

Artículo 194. Quórum de constitución reforzado en casos especiales.

1. En las sociedades anónimas, para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum previstos en los apartados anteriores.

 

Y EL 201

 

Artículo 201. Mayorías.

1. En la sociedad anónima los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados.

2. Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

3. Los estatutos sociales podrán elevar las mayorías previstas en los apartados anteriores.

 

 

CON LO CUAL depende de si la sociedad es limitada (primer caso) o la segunda con lo cual habrá que seguir las mayorias para saber si puede reducirse el capital y modificar los estatutos. Insisto depende del tipo social.

 

PUEDE ACEPTAR MI RESPUESTA SIN PERJUICIO DE QUE LE RESPONDERÉ CUALQUIER DUDA QUE TENGA AL RESPECTO.UN SALUDO

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

La reponsabilidad es del administrador no del socio.

El administrador puede oponerse, a la ampliación, pero la responsabilidad es suya y personal.

 

Juzgado de lo Mercantil Baleares, n.º 1, 6/2007, de 15 de enero Recurso 72/2006. Ponente: VICTOR MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ. EXTRACTOS Deuda acreditada, se imputa responsabilidad al administrador por no gestionar adecuadamente la disolución de la sociedad "... resulta acreditada la existencia de la deuda que ahora se reclama (ello en base a la documental presentada por la actora anteriormente citada, en los que se reconocen tales extremos). Con ello queda acreditada la realidad del contrato surgiendo como obligaciones principales, de las partes, la de realizar diversos trabajos de cristalería con suministro de materiales en el tiempo y la forma acordada y a cambio pagar el precio estipulado. De los autos queda acreditada la realización de los trabajos y suministro de los materiales, pero no pagado el precio, por valor de 14.887,23 € (como consta de la prueba documental aportada en la demanda). Por otro lado, la otra una de las acciones que se ejercitan en el presente procedimiento (y que es suficiente a los efectos que se pretende) es la contemplada en el art.105.5 TRLSRL , que sanciona al administrador con su responsabilidad personal, y de forma solidaria con la sociedad, de las deudas sociales, para el caso de incumplimiento de la obligación de gestión para disolver y liquidar la mercantil, cosa a la que está obligado cuando, según lo dispuesto en el art.104 TRLSRL , concurra alguna de las causas contempladas en el precepto. Con ello se establece una cuasi- objetivación de la responsabilidad, desconectada de la causación del daño provocado por el propio comportamiento del administrador. Con ello se concluye que se trata de una responsabilidad por deuda ajena y con carácter cuasi-objetivo (como ya se ha dicho) en función del incumplimiento de un deber legal, cual es el de promover la disolución de la sociedad cuando concurre alguna de las causas de disolución imperativa, permitiendo de este modo, con su comportamiento omisivo, la continuidad operativa de una sociedad que debe disolverse, constituyéndose el régimen de responsabilidad, como garantía para el mercado y para terceros; así pues se dejaría a un lado la responsabilidad por daño, derivada de la relación causa-efecto, de un comportamiento malicioso, abusivo o negligente, ya que no se trata de buscar la relación de causalidad entre una conducta omisiva y el impago de una deuda, como ocurre en los casos de acción individual de responsabilidad de los art.135 LSA y 69 TRLSRL ..." "... procede comprobar si la sociedad incurrió en alguna de las causas de disolución obligatoria, tales como tener pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, o por imposibilidad manifiesta de conseguir el objeto social, o por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Cuando concurran alguna de esas circunstancias, el administrador deberá convocar Junta General, en el plazo de dos meses, para adoptar el acuerdo de disolución, de tal forma que si no lo hace responderá solidariamente de las deudas sociales, al igual que convocada la misma los socios no lo acordasen y no se solicitase la disolución por vía judicial. Se alega por la actora que la sociedad administrada por la demandada ha incurrido en varios de esos motivos, en concreto el de haberse reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a partir de la deuda que ahora se reclama. En prueba de ello, se aporta una nota informativa del Registro Mercantil, en el que se hace constar que el capital de la sociedad asciende a 3.006 €, sin que exista una ampliación del mismo A parte de todas estas argumentaciones, y retornando a la argumentación esgrimida por la actora, cabe concluir que la sociedad ha visto como su patrimonio contable ha quedado reducido a menos de la mitad del capital social, debiendo añadirse las deudas con la Seguridad Social por importe de 108.372 € y la inexistencia de bienes titularidad de la demandada (según el resultado del juicio tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca). Con ello queda claro que concurren las causas de disolución y liquidación de la sociedad ITALIA CRISTAL PALACE SL Por todo lo dicho queda acreditada la circunstancia del art.104 c) y e) del TRSLRL. Como consecuencia, el administrador o administradores debían haber convocado, en el plazo de dos meses, junta general para acordar la disolución de la sociedad, de tal forma que al no haberlo realizado procede aplicarle la responsabilidad solidaria. ..." Condena a intereses de mora y costas al demandado "... los intereses reclamados por el actor son los denominados intereses moratorios. La mora de los demandados determina la condena al pago del interés legal del dinero de la cantidad adeudada (art.1101 y 1108 del Código Civil ) Para la determinación del momento en que se inicia su devengo es necesario tener en cuenta el artículo 1100 del Código Civil que constituye en mora al deudor desde que el acreedor le interpela judicialmente. Esta circunstancia tiene lugar el día 7 de febrero de 2006, fecha de la demanda, respecto del íntegro importe debido al ser imputable al comportamiento de la demandada la iliquidez de la cantidad reclamada. Sexto: XXXXX XXXXX a las costas y en concreto en virtud del principio de vencimiento recogido en el art.394 de la LEC procede su imposición, también, a los demandados ..." ANTECEDENTES DE HECHO Primero: por D. Francisco Arbona Casanovas, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado, el día 7 de febrero de 2006 , demanda de Juicio Ordinario contra D. Gonzalo y contra D. Matías , en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se condenase a D. Gonzalo y contra D. Matías a satisfacer a la actora la cantidad de 18.646 €, más los intereses legales y con imposición de las costas del juicio. Segundo: admitida a trámite la demanda, por resolución de 13 de febrero de 2006, se procedió a dar traslado de la misma a los demandados emplazándoles para que compareciesen y formulasen contestación a la misma, cosa que no hicieron en plazo y forma, lo que motivó que por resolución de 4 de octubre de 2006 se les declarase en situación de rebeldía. Tercero: convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 12 de enero de 2007 , a la que solo compareció la parte actora, con el resultado que obra en autos. Habiendo manifestado la parte que la cuestión litigiosa queda circunscrita en determinar el alcance de la responsabilidad de los demandados, y que la única prueba propuesta y admitida fue la documental, quedó el juicio visto para sentencia. Cuarto: XXXXX XXXXX tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero: de los autos, y en concreto de la demanda y de la documentación aportada en las mismas, aparece acreditado que la parte actora, previo encargo de la entidad la sociedad ITALIA CRISTAL PALACE SL, realizo para dicha compañía diversos trabajos de cristalería con suministro de materiales, derivado de las cuales surgió una deuda a favor de la actora de 14.887,23 €, al no abonar la entidad ITALIA CRISTAL PALACE SL el importe de tales trabajos con suministros de materiales, Dña. Almudena (Cristaleria Benbor) interpuso demanda de reclamación de cantidad contra la susodicha compañía, dando lugar al procedimiento de menor cuantía numero 772/2000, sustanciado ante el Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Palma, estimando este íntegramente la demanda por sentencia del 25 de septiembre e 2001; En dicho procedimiento se generaron unas costas y unos intereses, que ahora igualmente se reclaman, ascendiendo el importe total solicitado a 18.646 €. Igualmente queda probado que D. Gonzalo y D. Matías ostentan el cargo de administradores de la misma como puede corroborarse en el documento número 10 y diversos. Todo en base a la documental de la demanda. Segundo: acreditado que nos encontramos ante una relación contractual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el CC sobre las obligaciones, y así, de acuerdo con lo establecido en los art.1089 y 1091 CC , las obligaciones nacen de los contratos, los cuales tienen fuerza de ley entre las partes debiendo cumplirse según el tenor de los mismos. Esto implica que todas las cláusulas establecidas por las partes serán, siempre que no contradigan la ley, la moral o el orden público (art.1255 CC ), las normas por las que se regirá la vida contractual. A ello hay que añadir que la actora ejercita la acción de reclamación de cantidades, para lo habrá que tener en cuenta el art.217 LEC, que establece "1 . Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. 4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio." Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que al actor le basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si el demandado no se limita a negar aquellos sino que alega otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades. En definitiva, en términos generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración. Tercero: con todo, y en base a las manifestaciones de la actora en su demanda, así como de la documental aportada en la misma, resulta acreditada la existencia de la deuda que ahora se reclama (ello en base a la documental presentada por la actora anteriormente citada, en los que se reconocen tales extremos). Con ello queda acreditada la realidad del contrato surgiendo como obligaciones principales, de las partes, la de realizar diversos trabajos de cristalería con suministro de materiales en el tiempo y la forma acordada y a cambio pagar el precio estipulado. De los autos queda acreditada la realización de los trabajos y suministro de los materiales, pero no pagado el precio, por valor de 14.887,23 € (como consta de la prueba documental aportada en la demanda). Por otro lado, la otra una de las acciones que se ejercitan en el presente procedimiento (y que es suficiente a los efectos que se pretende) es la contemplada en el art.105.5 TRLSRL , que sanciona al administrador con su responsabilidad personal, y de forma solidaria con la sociedad, de las deudas sociales, para el caso de incumplimiento de la obligación de gestión para disolver y liquidar la mercantil, cosa a la que está obligado cuando, según lo dispuesto en el art.104 TRLSRL , concurra alguna de las causas contempladas en el precepto. Con ello se establece una cuasi- objetivación de la responsabilidad, desconectada de la causación del daño provocado por el propio comportamiento del administrador. Con ello se concluye que se trata de una responsabilidad por deuda ajena y con carácter cuasi-objetivo (como ya se ha dicho) en función del incumplimiento de un deber legal, cual es el de promover la disolución de la sociedad cuando concurre alguna de las causas de disolución imperativa, permitiendo de este modo, con su comportamiento omisivo, la continuidad operativa de una sociedad que debe disolverse, constituyéndose el régimen de responsabilidad, como garantía para el mercado y para terceros; así pues se dejaría a un lado la responsabilidad por daño, derivada de la relación causa-efecto, de un comportamiento malicioso, abusivo o negligente, ya que no se trata de buscar la relación de causalidad entre una conducta omisiva y el impago de una deuda, como ocurre en los casos de acción individual de responsabilidad de los art.135 LSA y 69 TRLSRL. Así se recoge en la SAP Barcelona de 9 de septiembre de 2003, la cual cita las SSTS de 30 de octubre de 2000, 30 de diciembre de 2000 y 31 de mayo de 2001, según las cuales "...la infracción del art.260.4 trae como consecuencia objetiva, art.262.5 de la ley ...la responsabilidad solidaria de los administradores entre sí y con la sociedad, por las deudas sociales. Cuarto: XXXXX XXXXX lo dicho, procede comprobar si la sociedad incurrió en alguna de las causas de disolución obligatoria, tales como tener pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, o por imposibilidad manifiesta de conseguir el objeto social, o por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Cuando concurran alguna de esas circunstancias, el administrador deberá convocar Junta General, en el plazo de dos meses, para adoptar el acuerdo de disolución, de tal forma que si no lo hace responderá solidariamente de las deudas sociales, al igual que convocada la misma los socios no lo acordasen y no se solicitase la disolución por vía judicial. Se alega por la actora que la sociedad administrada por la demandada ha incurrido en varios de esos motivos, en concreto el de haberse reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a partir de la deuda que ahora se reclama. En prueba de ello, se aporta una nota informativa del Registro Mercantil, en el que se hace constar que el capital de la sociedad asciende a 3.006 €, sin que exista una ampliación del mismo A parte de todas estas argumentaciones, y retornando a la argumentación esgrimida por la actora, cabe concluir que la sociedad ha visto como su patrimonio contable ha quedado reducido a menos de la mitad del capital social, debiendo añadirse las deudas con la Seguridad Social por importe de 108.372 € y la inexistencia de bienes titularidad de la demandada (según el resultado del juicio tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca). Con ello queda claro que concurren las causas de disolución y liquidación de la sociedad ITALIA CRISTAL PALACE SL Por todo lo dicho queda acreditada la circunstancia del art.104 c) y e) del TRSLRL. Como consecuencia, el administrador o administradores debían haber convocado, en el plazo de dos meses, junta general para acordar la disolución de la sociedad, de tal forma que al no haberlo realizado procede aplicarle la responsabilidad solidaria. Quinto: XXXXX XXXXX reclamados por el actor son los denominados intereses moratorios. La mora de los demandados determina la condena al pago del interés legal del dinero de la cantidad adeudada (art.1101 y 1108 del Código Civil ) Para la determinación del momento en que se inicia su devengo es necesario tener en cuenta el artículo 1100 del Código Civil que constituye en mora al deudor desde que el acreedor le interpela judicialmente. Esta circunstancia tiene lugar el día 7 de febrero de 2006, fecha de la demanda, respecto del íntegro importe debido al ser imputable al comportamiento de la demandada la iliquidez de la cantidad reclamada. Sexto: XXXXX XXXXX a las costas y en concreto en virtud del principio de vencimiento recogido en el art.394 de la LEC procede su imposición, también, a los demandados. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación FALLAMOS Que con estimación de la demanda interpuesta, a instancia del Procurador D. Francisco Arbona Casanovas, en nombre representación de Dña. Almudena (Cristaleria Benbor), y defendido por el Letrado D. Juan Sastre Ramón, contra D. Gonzalo con domicilio en la PLAZA000 , numero NUM000 , de Palma de Mallorca, y contra D. Matías con domicilio en la CALLE000 , numero NUM001 - NUM002 , de Palma de Mallorca, declarados en rebeldía DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. Gonzalo y a D. Matías a que pague a la actora la cantidad de 18.646 €, más los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda y con expresa condena en costas a la demandada. Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de CINCO días Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca. Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.

Experto:  daniamador escribió hace 4 año.
el administrador convoca, es la junta la que tiene que tomar la decisión por las mayorias reservadas para la modificación de estatutos
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Pero el socio es minoritario, no puede imponer nada.

Si tiene alguna duda adicional ruego la exponga, en caso contrario ruego acepte la respuesta para poder cobrar del sitio

Si Ud no acepta el sitio se reserva el depósito y el experto no cobra

Experto:  daniamador escribió hace 4 año.
de todas formas también hay que recordar que en el caso de que las pérdidas dejen la cifra de capital social por debajo del minimo (3000 euros) o que el patrimonio neto sea inferior a la mitad del capital social la sociedad está en causa de disolución.

En este caso el administrador debe convocar la junta en el plazo de dos meses desde que ocurre la causa de disolución. De no hacerlo respondereis solidariamente los dos personalmente desde que ocurre de las obligaciones posteriores a la causa de disolución.

Con lo cual lo que os queda ante una reclamación es demostrar que la causa de disolución es posterior a reclamación porque si no tendreis que responder personalmente.

Con lo cual despues de darle alguna vuelta mi recomendación es , de no tener mayoria para ampliar, disolver la sociedad cuanto antes ante eventuales reclamaciones. No se si tendrás pendiente alguna reclamación, ya os demandaron?

Un saludo, puede aceptar mi respuesta sin perjuicio de que le responda todas las dudas que tenga
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

El socio sin responsabilidades de administrador JAMAS tiene responsabilidad por la gestión de la que no forma parte....

Es socio, no administrador.

Si no puede decidir, malamente se le puede imputar responsabilidad en una gestión de la que no forma parte

Experto:  daniamador escribió hace 4 año.
pero el tema es que no se sabe quien es el administrador. es evidente que algun administrador habrá y no queda claro si es el minoritario o no. Si el cliente aclara si es administrador o no pues aclararemos la respuesta

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