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hace un par de años compre unos libros a enciclopedia catalana

Pregunta del cliente:

hace un par de años compre unos libros a enciclopedia catalana para mi hija y nos los financiaron a pagar durante varios meses, al poco despues me llamaron por si queria comprar un libro y les dijimos que si en total compramos unos 3 libros sin informarnos del precio total del libro, en noviembre pasado me llamaron que al dia siguiente me llagaba un libro y les dijimos que nosotros no habiamos pedido nada y ellos contestaron que era un libro que nos faltaba vale pues , al cabo de un mes cuando me pasaron el recibo vi que no era el importe q estaba pagando y se lo devolvi al cabo de un tiempo me llamaron para que les pagara y les dije q si pero no les pague a finales de enero me volvieron a llamar y les pedi todas las facturas y un estracto de loq se les debia mi sorpresa fue ver que este ultimo libro valia 450€ ademas los otros libros iban por el estilo y decidi que no les pagaba, hace poco me llamaron y les dije que no estaba de acuerdo q el ultimo libro que no lo habia pedido y que se lo devolveria y ellos me dijeron que no que o les pagaba o me enviarian al departamento juridico pues vale, hoy me vuelven a llamar y solo quieren que les pague les he pedido que me envien la grabacion donde yo digo que compro ese libro y no me han contestado , les he dicho que mientras no arreglen lo del ultimo libro no les voy a pagar lo demas y me han contestado que vale que me denunciaran, estoy un poco harta pq este ultimo libro ni yo ni mi marido lo habiamos pedido y mi pregunta es podre conseguir algo debo denunciarlos pq ellos me denunciaran, la deuda sube a 1800€ menos el libro debe ser 1350€ yo se lo pagare siempre y cuando rectifiquen y me descuenten el libro q yo no he pedido, gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenas tardes,


Si usted no ha pedido ese ultimo libro no tiene que abonarlo, pero sí debería pagar los que sí ha solicitado. Si la empresa le demanda solo podrá acreditar que usted no ha pagado los articulos que sí ha pedido y recibido, pero no el resto de articulos.


Mi consejo es que abone los dos libros que sí ha pedido y devuelva el ultimo libro que no ha comprado por medio de una empresa de mensajería para dejar constancia de que usted se lo ha devuelto al vendedor.


Si la empresa le demanda por falta de pago de ese último libro, usted puede discutir este extremo y negar haber solicitado tal artículo, porque no ha existido un pedido por su parte y no tiene ninguna obligacion de abonar una cantidad de dinero al respecto. Será la empresa la que tendrá que probar que usted había solicitado ese artículo para que usted tenga obligacion de abonar su precio. Si finalmente le demandan y sus ingresos son inferiores a 1288 euros mensuales tiene derecho a solicitar un Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados de su domicilo.
Cliente: escribió hace 4 año.
me parece correcto pero en el recibo del banco viene todo junto
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola

 

La normativa al efecto

 

Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales ( linK )

 

Y el RDL 1/2007, texto refundido defensa consumidor y usuario ( Link ) indican que si ud no esta interesado en el material debe devolverlo en siete días

UD YA ESTA FUERA DE ESE PLAZO

 

Pasado ese plazo solo puede interponer denuncia en inspección de consumo si la información que le han dado es defectuosa y en fraude de ley

 

Si deja de pagar le pueden meter en ASNEF o similar con los perjuicios que esto conlleva

 

Denuncie en inspección de consumo por clausulado abusivo si no le indicaron el precio claramente

Enviar los libros de vuelta no adelantará nada

 

El problema esta en que al no haber ejercitado su derecho de desestimiento se puede dar por válido su aceptación

 

Hay que estudiar desde la defensa de consumidor y usuario la actuación de ellos para saber si se han atenido a la legalidad vigente, fundamentalmente informarle del precio y de su derecho de desistimiento, sin estos datos la contratación es nula de pleno derecho y Ud carece de obligaciones

 

Le dejo sentencia al efecto

 

AP Madrid, Sec. 8.ª, 401/2010, de 27 de septiembre Recurso 336/2009. Ponente: MARIA MARGARITA VEGA DE LA HUERGA. EXTRACTOS La falta de información en el contrato en el que no sólo no se recoge la posibilidad de desistimiento o de resolverlo en el plazo de tres meses, sino que contiene una cláusula absolutamente contraria a tales derechos, conlleva la nulidad del mismo "... se pone de manifiesto, tal como se recoge en la sentencia de 1ª instancia, que el contrato no tiene el contenido mínimo exigido por el artículo 9 de la Ley 42/98 , y en concreto respecto de extremos tan importantes como la descripción precisa del edificio, de su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho, con referencia expresa a sus datos registrales y al turno que es objeto del contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y termina, o la referencia expresa a la naturaleza real o personal del derecho transmitido, haciendo constar la fecha en que el régimen se extinguirá de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. A estos efectos ha de considerarse claramente insuficiente la indicación de "temporada ROJA, apartamento T-1, ocupación máxima 4, periodos semanales 1". Tampoco consta la inserción literal del texto de los arts. 10, 11 y 12 de dicha ley ni su carácter de normas legales aplicables al contrato. Igualmente se omite la referencia al derecho que asiste al adquirente a: a)Comprobar la titularidad y cargas del inmueble, solicitando la información del registrador competente, cuyo domicilio y número de fax constará expresamente; b)Exigir el otorgamiento de escritura pública y c)Inscribir su adquisición en el Registro de la Propiedad. También establece la norma referida que todo el contenido del documento informativo previsto por el apartado 2 del artículo anterior deberá incorporarse y formar parte integrante del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones implica el del deber de información a los efectos establecidos en el artículo siguiente. El artículo 10 establece que en el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los arts. 1.300 y siguientes del Código Civil . Efectivamente existe falta de información en el contrato en el que no sólo no se recoge, formando parte del mismo, la posibilidad de desistimiento (en el plazo de diez días, contados desde la firma del contrato, a su libre arbitrio) o de resolverlo en el plazo de tres meses, en los términos recogidos en el artículo 10 de la ley 42/98 , sino que contiene una cláusula absolutamente contraria a tales derechos en la que se dice que "el comprador acuerda irrevocablemente mediante su firma, quedar vinculado por las condiciones del contrato de compra que figuran al dorso de este documento, con efecto a partir de la fecha de la firma de este contrato", dando lugar a confusión la condición 8ª del mismo en la que literalmente se recoge que "este contrato es legalmente vinculante y no podrá ser desistido ni rescindido en ningún momento tras el período legal de 15 días durante los cuales el comprador puede desistir del contrato conforme a Directivas y Normas Europeas". Período que, como se ha visto, no es el establecido por la norma imperativa, articulo 10 de la ley , sin que baste con la entrega de la ley 42/1998 , entre otra documentación que se dice entregada, pues con ello no se cumple el requisito de que se haga constar el carácter de normas legales aplicables al contrato. Esta falta de información originó error y vició el consentimiento prestado por los contratantes, de manera que cabe la aplicación del artículo 1300 y siguientes del CC . Procede en consecuencia a todo ello desestimar el recurso de apelación de DATUM y confirmar la nulidad del contrato de compra de fecha 23 marzo 2006, aportado como documento 2 de la demanda, dando por reproducidos en este punto los argumentos contenidos en la sentencia de primer grado. ..." Es procedente la calificación del contrato de préstamo como vinculado al de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, al concurrir la exclusividad, pues se ofrece a cada cliente una financiación con una concreta entidad bancaria "... En el presente caso no ofrece duda que nos encontramos ante contratos vinculados, el de transmisión o concesión del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y el de préstamo para pagar el precio de la transmisión o de la concesión. En este caso, cabe admitir la calificación de contratos vinculados dada por la Juzgadora "a quo", aunque el director de la sucursal de la financiera declare que desconoce si existe algún acuerdo con DATUM. Se trata de dos contratos autónomos y como regla general, la eficacia jurídica de cada contrato se agota en sí mismo, sin que quepa la comunicabilidad de las consecuencias jurídicas de uno de los contratos vinculados en el otro. Ahora bien, tratándose de un contrato de consumo vinculado a otro de crédito para financiar el pago de su precio, se establecen dos excepciones a esa regla general. En lo que aquí afecta el número 2 del artículo 14 de la Ley 7/1995 regula que la ineficacia del contrato, cuyo objeto sea la satisfacción de una necesidad de consumo, determinará también la ineficacia del contrato expresamente destinado a su financiación, cuando se den las circunstancias previstas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 15 . Circunstancias que se concretan en: a) Que el consumidor, para la adquisición de los bienes o servicios, haya concertado un contrato de concesión de crédito con un empresario distinto del proveedor de aquéllos. b) Que entre el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual aquél ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los bienes o servicios de éste. El consumidor dispondrá de la opción de concertar el contrato de crédito con otro concedente distinto al que está vinculado el proveedor de los bienes y servicios en virtud de acuerdo previo. c) Que el consumidor haya obtenido el crédito en aplicación de acuerdo previo mencionado anteriormente. Aquí se entiende que concurren todos esos elementos. ..." "... Y, en base a este criterio general y flexible, concurre en el presente caso el requisito de la exclusividad, pues, a cada cliente o consumidor, no se le ofrecía más forma de financiación que con una concreta y determinada entidad bancaria, aunque a otras se les ofreciera la posibilidad de hacerlo con otra distinta. Así los testigos que declaran en el acto del juicio manifiestan que firmaron con DATUM contratos similares al aportado con la demanda, que su pago lo financiaron con la entidad que aquella les indicó (en su caso Banco Gallego), y que la documentación para formalizar el préstamo se la dieron a un empleado de DATUM que además les acompañó al Banco el día de la firma. ..." ANTECEDENTES DE HECHO La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida. PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 56 de Madrid, en fecha treinta de octubre de dos mil ocho, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador CARMEN HONDARZA UGEDO en nombre y representación de Bruno y Amparo contra DATUM PROYECTOS SL. Y CAMGE FINANCIERA debo declarar y declaro la nulidad del contrato de 23 de Marzo de 2006 suscrito entre los actores y DATUM PROYECTOS S.L. así como la nulidad del contrato de préstamo de fecha 4 de Mayo de 2006 suscrito entre los referidos demandantes con CAMGE FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, y debo condenar y condeno solidariamente a los reseñados codemandados al abono a la actora de la suma de 6.163, 13 euros que devengará el interés legal correspondiente desde la fecha de la presentación de la demanda incrementado en dos puntos hasta su total pago desde la presente resolución, así como al reintegro de todas otras sumas que hayan abonado los demandantes a los demandados como consecuencia de los referidos contratos de 23 de Marzo de 2006 y 4 de Mayo de 2006, y todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada". SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpusieron recursos de apelación por los demandados DATUN PROYECTOS S.L. y CAMGE FINANCIERA, E.F.C, S.A., que fueron admitidos, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose los recursos por sus trámites legales. TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 23 de septiembre de 2010. CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Se aceptan en lo pertinente los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida. PRIMERO.- El presente recurso trae causa del Juicio ordinario nº 1203/2007 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid seguidos a instancias de don Bruno y doña Amparo contra DATUM PROYECTOS S.L. y CAMGE FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO SA (CAMGE), sobre acción de nulidad y subsidiariamente de resolución de contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles turísticos y del contrato de préstamo personal suscrito con CAMGE, así como sobre reclamación de cantidad, más intereses y costas. Todo ello con apoyo legal en Ley 42/1998 de 15 de diciembre , sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. La sentencia estima íntegramente la demanda, declara la nulidad del contrato suscrito entre los demandantes y DATUM PROYECTOS S.L de 23 marzo 2006 , así como la nulidad del contrato de préstamo de fecha 4 mayo 2006 suscrito entre los referidos demandantes con CAMGE y condena solidariamente a ambos demandados a que paguen a la parte actora 6.163,13 € más los intereses correspondientes, así como el reintegro de todas otras sumas que hayan abonado los demandantes como consecuencia de los referidos contratos, y las costas del procedimiento. Contra dicha resolución recurren ambos codemandados. Recurso de apelación de CAMGE, que apoya en los motivos de: 1º) Errónea calificación del contrato de préstamo como vinculado, accesorio e instrumental del contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. 2º) Caducidad del plazo de desistimiento del artículo 10 de la Ley de aprovechamiento por turnos. Recurso de DATUM. En realidad no esgrime motivos de apelación en concreto, sino que hace alegaciones en el sentido de que los demandantes podrían, o bien haber desistido, o haber resuelto el contrato conforme al artículo 10 de la Ley ya referida, lo que no han efectuado, y que no consta acreditado el error por indeterminación del objeto. En el suplico se limita a decir que se tenga por formulado recurso de apelación contra la sentencia, sin más. SEGUNDO.- Comenzando por el recurso interpuesto por DATUM, procede su íntegro rechazo, al no poder acogerse ninguna de sus alegaciones. Consta en los autos que los demandantes firman el contrato de compra el 23 de marzo 2006, documento 2 de la demanda, así como un certificado de promoción, hoja resumen y relación de documentación entregada. El precio de compra asciende 19.520 €. Ya el mismo título de "contrato de compra para atlas- el club de los propietarios vacacionales" va en contra de lo establecido en el artículo 1.4 de la Ley 42/98 cuando dice que el derecho real de aprovechamiento por turno no podrá en ningún caso vincularse a una cuota indivisa de la propiedad, ni denominarse multipropiedad, ni de cualquier otra manera que contenga la palabra propiedad. Además se pone de manifiesto, tal como se recoge en la sentencia de 1ª instancia, que el contrato no tiene el contenido mínimo exigido por el artículo 9 de la Ley 42/98 , y en concreto respecto de extremos tan importantes como la descripción precisa del edificio, de su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho, con referencia expresa a sus datos registrales y al turno que es objeto del contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y termina, o la referencia expresa a la naturaleza real o personal del derecho transmitido, haciendo constar la fecha en que el régimen se extinguirá de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. A estos efectos ha de considerarse claramente insuficiente la indicación de "temporada ROJA, apartamento T-1, ocupación máxima 4, periodos semanales 1". Tampoco consta la inserción literal del texto de los arts. 10, 11 y 12 de dicha ley ni su carácter de normas legales aplicables al contrato. Igualmente se omite la referencia al derecho que asiste al adquirente a: a)Comprobar la titularidad y cargas del inmueble, solicitando la información del registrador competente, cuyo domicilio y número de fax constará expresamente; b)Exigir el otorgamiento de escritura pública y c)Inscribir su adquisición en el Registro de la Propiedad. También establece la norma referida que todo el contenido del documento informativo previsto por el apartado 2 del artículo anterior deberá incorporarse y formar parte integrante del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones implica el del deber de información a los efectos establecidos en el artículo siguiente. El artículo 10 establece que en el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los arts. 1.300 y siguientes del Código Civil . Efectivamente existe falta de información en el contrato en el que no sólo no se recoge, formando parte del mismo, la posibilidad de desistimiento (en el plazo de diez días, contados desde la firma del contrato, a su libre arbitrio) o de resolverlo en el plazo de tres meses, en los términos recogidos en el artículo 10 de la ley 42/98 , sino que contiene una cláusula absolutamente contraria a tales derechos en la que se dice que "el comprador acuerda irrevocablemente mediante su firma, quedar vinculado por las condiciones del contrato de compra que figuran al dorso de este documento, con efecto a partir de la fecha de la firma de este contrato", dando lugar a confusión la condición 8ª del mismo en la que literalmente se recoge que "este contrato es legalmente vinculante y no podrá ser desistido ni rescindido en ningún momento tras el período legal de 15 días durante los cuales el comprador puede desistir del contrato conforme a Directivas y Normas Europeas". Período que, como se ha visto, no es el establecido por la norma imperativa, articulo 10 de la ley , sin que baste con la entrega de la ley 42/1998 , entre otra documentación que se dice entregada, pues con ello no se cumple el requisito de que se haga constar el carácter de normas legales aplicables al contrato. Esta falta de información originó error y vició el consentimiento prestado por los contratantes, de manera que cabe la aplicación del artículo 1300 y siguientes del CC . Procede en consecuencia a todo ello desestimar el recurso de apelación de DATUM y confirmar la nulidad del contrato de compra de fecha 23 marzo 2006, aportado como documento 2 de la demanda, dando por reproducidos en este punto los argumentos contenidos en la sentencia de primer grado. TERCERO.- Recurso de apelación de CAMGE. Se discute la calificación del contrato de préstamo como vinculado, accesorio e instrumental del contrato de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, exponiendo la apelante a continuación los datos objetivos que entiende impiden aquélla consideración. Entre ellos: que todos los documentos referentes a la tramitación del préstamo han sido suscritos por los demandantes, y no ha quedado probado por estos que la documentación necesaria fuera entregada por personal de DATUM a CAM; que Humanes y Leganés están a una corta distancia; que la tramitación de la concesión del préstamo en este caso fue la misma que se sigue en los demás préstamos; que la orden de transferencia de 15.000 € fue firmada por el demandante don Bruno ; que el contrato de compraventa en ninguna de sus cláusulas dispone que la financiación se va a realizar por la CAM, como tampoco en el contrato de préstamo se indica que su finalidad sea financiar la compra realizada a DATUM; que además transcurre más de un mes entre el contrato de compraventa y el contrato de préstamo, cuyos importes no coinciden; que el contrato de préstamo fue suscrito ante Notario, quien les leyó la póliza y les explicó sus consecuencias. Insiste en que la sentencia no analiza los supuestos de la Ley de Crédito al Consumo 7/1995, artículos 14 y 15 , y que son (artículo 14. 2 ): apartados, a, b y c del artículo 15 de dicha ley . Mantiene que no es de aplicación el artículo 12 de la ley 42/1998 , habiendo transcurrido el plazo de 3 meses para resolver el contrato por los demandantes. Recurso que no va a prosperar en base a lo siguiente. Con fecha 4 mayo 2006 las demandantes firman con la CAMGE contrato de préstamo para "finalidades diversas" en la oficina nº 5580 de Humanes de Madrid, por importe de 19.953,30 €. Firman también con la misma fecha el documento de plan personal mediterráneo (plan de pensiones), contrato de cuenta de ahorro-libreta de ahorro el 3 mayo 2006, y seguro de vida de la misma fecha, (documentos 3 a 6 de la demanda). Según declara el director de la sucursal donde se tramitó el préstamo, señor Victoriano , los demandantes no eran clientes con anterioridad, existiendo sucursales abiertas de la CAMGE en Leganés (lugar de residencia de aquellos). Consta así mismo que con fecha 5-5-2006, se realiza una transferencia de 15.000 € a una cuenta titularidad de "Hutchinson & Co Trust Company LTD", que es la designada por DATUM, en el contrato de venta suscrito con los actores. En la cuenta abierta sólo aparecen los cargos relativos a la amortización del préstamo y las aportaciones al plan de pensiones, sin que se hayan domiciliado otros recibos. Partiendo de la definición de los contratos vinculados dada por Juan Manuel como "aquellos casos en que las partes yuxtaponen varios contratos típicos en un negocio único, para tratar de alcanzar con la unión de todos ellos la finalidad empírica que persiguen o que pretenden", cabe concluir que los datos anteriores, junto con los reflejados en el recurso, no desvirtúan la consideración de vinculado del préstamo, sino que pueden ser interpretados en sentido opuesto. La formalización del mismo algo más de treinta días después y por un importe similar al de la venta suscrita con DATUM, en una sucursal de entidad bancaria, de la que no eran clientes los actores y sita en una localidad diferente a su lugar de residencia, y la transferencia referida, indican una evidente relación entre ambos contratos. Además se alega por DATUM, en su recurso, que los demandantes le habían autorizado para solicitar las condiciones o gestionar la petición del préstamo, que lógicamente sólo podían firmar ellos. Se compagina mal esta autorización cuando se trata de una entidad financiera con la que no tenían relación alguna los actores, en lugar distinto al de domicilio, de no ser por la relación de colaboración que cabe presumir entre DATUM y dicha financiera. Como recoge la sentencia de esta A.P, sección 21ª, de fecha 31-3-2009 (EDJ 2009/85990): "La Ley 42/1998 de 15 de diciembre de 1998 contempla, en su artículo 10, bajo la rúbrica de "desistimiento y resolución del contrato", tres acciones distintas. A saber, la de "desistimiento al libre arbitrio del adquirente del derecho" que deberá ejercitar en el plazo de 10 días contados desde la firma del contrato (apartado 1); la "resolutoria de la relación jurídica contractual" basada en que el contrato no contenga alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9 o el adquirente no hubiera resultado suficientemente informado por haberse contravenido la prohibición del artículo 8.1 o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo o el documento informativo entregado no se correspondiera con el archivado en el Registro, acción que deberá ejercitarse en el plazo de de 3 meses a contar desde la fecha del contrato (párrafo primero del apartado 2); Y la "acción de nulidad del contrato" en el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, que deberá ejercitarse en el plazo de 4 años del artículo 1.301 del Código Civil (párrafo segundo del apartado 2 ). Luego, en el párrafo primero del artículo 12, bajo la rúbrica de "régimen del préstamos a la adquisición", se dice que: "Los préstamos concedidos al adquirente por el transmitente o por un tercero que hubiere actuado de acuerdo con él quedarán resueltos cuando el primero desista o resuelva en alguno de los casos previstos en el artículo 10 ". En cuanto a si es de aplicación la dicción literal de este artículo 12 a la acción de nulidad del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 10 , (puesto que aquí no estamos en el supuesto de desistimiento en los 10 días ni de resolución en los tres meses desde la firma del contrato) y a pesar de la respuesta no coincidente dada por las diferentes Audiencias Provinciales, considera la sentencia mencionada de esta A.P. de fecha 31-03-09, que "en cualquier caso aunque se mantenga la postura negativa de la no aplicación, lo que no ofrece duda es que, en este supuesto, sería de aplicación la genérica legislación proteccionista del consumidor en concreto la Ley 7/1995, de 23 de marzo de 1995 que regula el Crédito al Consumo, LCC, (apartado 2 del artículo 14 en relación con las letras a, b y c del apartado 1 del artículo 15 ). De ahí que en el presente caso la resolución de la duda jurídica carezca de relevancia práctica, pues tanto por el cauce del artículo 12 de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre de 1998 como por el cauce del apartado 2 del artículo 14 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo de 1995 el préstamo...sería nulo". No obstante la apelante, quizá consciente de la diversidad de respuestas de los Tribunales en este tema, insiste en que la sentencia de primera instancia no analiza la concurrencia de los requisitos de la LCC para determinar si estamos en presencia de un préstamo vinculado. Situados en este planteamiento, y tratándose de un préstamo a consumidores, el supuesto entraría dentro del ámbito de aplicación de la LCC 7/1995, (art.1.1 ). Pues bien, continúa la sentencia referida, en los artículos 14 y 15 de dicha Ley se regula la interrelación jurídica entre un contrato cuyo objeto sea la satisfacción de una necesidad de consumo (así la transmisión de un derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico) y un contrato de crédito destinado a la financiación del pago del precio del contrato de consumo (así el préstamo concedido para pagar el precio de la transmisión del derecho de aprovechamiento por turno), siendo dos contratos vinculados. En los reseñados preceptos no se da un concepto de contratos unidos, vinculados o conexos, debiendo entenderse que están vinculados cuando varios sujetos celebran dos o más contratos distintos que representan una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o finalidad global que los informa (debe existir un nexo funcional), vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante. En el presente caso no ofrece duda que nos encontramos ante contratos vinculados, el de transmisión o concesión del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y el de préstamo para pagar el precio de la transmisión o de la concesión. En este caso, cabe admitir la calificación de contratos vinculados dada por la Juzgadora "a quo", aunque el director de la sucursal de la financiera declare que desconoce si existe algún acuerdo con DATUM. Se trata de dos contratos autónomos y como regla general, la eficacia jurídica de cada contrato se agota en sí mismo, sin que quepa la comunicabilidad de las consecuencias jurídicas de uno de los contratos vinculados en el otro. Ahora bien, tratándose de un contrato de consumo vinculado a otro de crédito para financiar el pago de su precio, se establecen dos excepciones a esa regla general. En lo que aquí afecta el número 2 del artículo 14 de la Ley 7/1995 regula que la ineficacia del contrato, cuyo objeto sea la satisfacción de una necesidad de consumo, determinará también la ineficacia del contrato expresamente destinado a su financiación, cuando se den las circunstancias previstas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 15 . Circunstancias que se concretan en: a) Que el consumidor, para la adquisición de los bienes o servicios, haya concertado un contrato de concesión de crédito con un empresario distinto del proveedor de aquéllos. b) Que entre el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual aquél ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los bienes o servicios de éste. El consumidor dispondrá de la opción de concertar el contrato de crédito con otro concedente distinto al que está vinculado el proveedor de los bienes y servicios en virtud de acuerdo previo. c) Que el consumidor haya obtenido el crédito en aplicación de acuerdo previo mencionado anteriormente. Aquí se entiende que concurren todos esos elementos. En cuanto al más discutible, esto es el pacto de exclusividad, se acoge el criterio que se considera más general y flexible según el cual se da ese pacto de exclusividad "cuando al cliente no se le ha ofrecido otra forma de financiación por el proveedor del bien o servicio, pues como indica alguna resolución judicial no se entiende de qué puede servir al cliente que la empresa tuviera concertados contratos con otras entidades de financiación, si a él nunca se le ha dado acceso a esas fuentes financieras, sino que se le ha dado sólo la posibilidad de contratar en cada momento con una sola entidad" (sentencia de esta AP, secc 21ª, de 4 de marzo de 2008 y las que menciona: SS de 3 de febrero de 2005 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Baleares EDJ 2005/7422 , 1 de septiembre de 2005 de la Audiencia Provincial de Cuenca , 7 de noviembre de 2005 de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Barcelona EDJ 2005/258683, 16 de enero de 2006 de la Sección 19ª de esta Audiencia Provincial de Madrid EDJ 2006/4796 , 26 de mayo de 2006 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de La Coruña EDJ 2006/94845 , y 11 de mayo de 2007 de la Sección 9ª de esta Audiencia Provincial de Madrid). Y, en base a este criterio general y flexible, concurre en el presente caso el requisito de la exclusividad, pues, a cada cliente o consumidor, no se le ofrecía más forma de financiación que con una concreta y determinada entidad bancaria, aunque a otras se les ofreciera la posibilidad de hacerlo con otra distinta. Así los testigos que declaran en el acto del juicio manifiestan que firmaron con DATUM contratos similares al aportado con la demanda, que su pago lo financiaron con la entidad que aquella les indicó (en su caso Banco Gallego), y que la documentación para formalizar el préstamo se la dieron a un empleado de DATUM que además les acompañó al Banco el día de la firma. Extremos que se repiten en la demanda, respecto a la actuación de DATUM con los aquí demandantes, si bien a ellos se les dijo que la operación se realizaría con CAMGE y en la sucursal concreta donde acudieron, junto con el empleado de la primera, a firmar el préstamo. Consideraciones no desvirtuadas por la parte demandada. En consecuencia a todo ello procede desestimar también este recurso apelación. CUARTO.- Las costas de los recursos, que se desestiman se imponen a los apelantes, en aplicación de los arts 398 y 394 de la LEC . Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación FALLAMOS Que DESESTIMANDO los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de DATUM PROYECTOS S.L. y CAMGE FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO S.A., contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 56 de Madrid, de fecha 30 de octubre de 2008 , debemos confirmar y confirmamos la misma, con imposición de las costas causadas en ésta alzada a cada parte apelante, respecto de sus respectivos recursos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , póngase en conocimiento de las partes que, en su caso, contra esta resolución cabe recurso de casación o infracción procesal si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de cinco días y ante esta misma Sala. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a

 

DENUNCIE EN INSPECCION DE CONSUMO, PERO NO ENVIE LOS LIBROS DE VUELTA, LA NORMATIVA NO LE DICE QUE HAGA ESTO.

Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
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Cliente: escribió hace 4 año.
NO ME HAN FACILITADO NUNCA UN CONTRATO DONDE DIGA QUE YO LO HE PEDIDO
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Si no le han dado un contarto por escrito en donde se digan CLARAMENTE sus derechos y se le reconozca expresamente su derecho de desistimiento Ud no esta obligado a nada porque todas las actuaciones son NULAS de pleno derecho

Ellos están obligados a darselo y mientras no cumplan Ud puede resolver todo el contrato y exigir que se le devuelva TODO lo pagado

 

puede ud verlo en los artículos 3, y 4 de la norma primera que le comente Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales ( linK )

 

Artículo 3. Confirmación documental de la contratación efectuada.

1. Celebrado el contrato, el predisponente deberá enviar al adherente inmediatamente y, a más tardar, en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación por escrito o, a propuesta del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de comunicación empleado y en su propio idioma o en el utilizado por el predisponente para hacer la oferta, relativa a la contratación efectuada donde deberán constar todos los términos de la misma. A los efectos de lo indicado en este apartado, el predisponente deberá indicar en la información previa a que se refiere el artículo anterior los distintos tipos de soportes entre los que podrá elegir el adherente como medio de recepción de la justificación de la contratación efectuada.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable a los contratos relativos a servicios de tracto único que se ejecutan mediante el empleo de técnicas de comunicación a distancia y cuya facturación sea efectuada por un operador de tales técnicas de comunicación, y sin perjuicio de informar en todo caso al adherente de la dirección del establecimiento del proveedor donde pueda presentar sus reclamaciones y del coste especifico y separado de la comunicación y del servicio.

3. Se entiende por soporte duradero cualquier instrumento que permita al consumidor conservar sus informaciones sin que se vea obligado a realizar por si mismo su almacenamiento, en particular los disquetes informáticos y el disco duro del ordenador del consumidor que almacena los mensajes del correo electrónico.

Artículo 4. Derecho de resolución.

1. Cumplidas las obligaciones a que se refieren los artículos 2 y 3, el adherente dispondrá de un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien.

El ejercicio del derecho a que se refiere este apartado no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite, en cualquier forma admitida en derecho.

2. El plazo para el ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior se computará, en el caso de que el contrato tenga por objeto la entrega de bienes, a partir de su recepción por el adherente, y en los casos de prestaciones de servicios a partir del día de celebración del contrato.

3. Si la información sobre las condiciones generales o la confirmación documental tiene lugar con posterioridad a la entrega de los bienes o a la celebración del contrato, respectivamente, el plazo se computará desde que tales obligaciones queden totalmente cumplidas. En caso de cumplimiento defectuoso o incompleto de la obligación de remitir justificación documental de los términos del contrato a que se refiere el artículo anterior, la acción de resolución no caducará hasta transcurridos tres meses computados en la forma establecida en el apartado anterior.

4. Ejercitado el derecho de resolución el predisponente estará obligado a devolver las cantidades recibidas sin retención alguna inmediatamente y nunca después de treinta días.

5. Queda excluido el derecho de resolución en aquellos casos en que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios sufridos

 

estos derechos son indisponibles a ud, es decir que aún habiendo firmado que rechaza a ellos, dicho acuerdo tambien es nulo

Cliente: escribió hace 4 año.
ESTO QUIERE DECIR QUE NO LES DEBO PAGAR NADA, LES DEBO INFORMAR A LA EMPRESA QUE ME EXIGUE EL PAGO
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Efectivamente, si es una venta fuera de establecimiento, es completamente irregular y no se ajusta a derecho

Como ve, no se han ajustado a la normativa aplicable a las ventas fuera de establecimiento comercial, y si ud denuncia les puede exigir el reintegro íntegro de las cantidades

Puede Ud denunciar estos hechos en el servicio de proteccion al consumidor de su Ayuntamiento y en el servicio de inspeccion de consumo de su Comunidad Autónoma

El primero puede otorgarle el derecho a ser reintegrado todo el capital entregado, y el seguno puede imponer una sancion por malas prácticas comerciales

 

Cliente: escribió hace 4 año.
DEBO INFORMAR A LA EMPRESA
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Puede denunciar sin más o enviarles burofax amenzando a denunciarles si no aceptan lo que Ud pretenda de ellos

Ud puede solicitar su contrato y una vez que lo tenga decidir si contrata o no, pero hasta que no haya acuerdo de voluntades plasmada en un documento, no hay contrato, y en ese contrato deben estar claramente recogidos sus derechos como consumidor

Debe Ud decidir que quiere, pero le recomiendo denunciarles sin mayor aviso en consumo y que se aclare la situación

Denuncie en los dos puntos, inspeccion de consumo de su CCAA y oficina del consumidor de su Ayuntamiento

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
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