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letrado14
letrado14, Abogado
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Hola, buenas tardes. Me animo a preguntarles sobre lo que

Pregunta del cliente

Hola, buenas tardes.
Me animo a preguntarles sobre lo que me esta pasando apelando a la desesperacion de no saber que hacer un domingo cuando ningun despacho esta abierto y no conociendo aqui en Guadalajara donde vivio a un abogado familiar o matrimonial, no se como explicarlo.
Me llamo Socorro, y tengo un hijo de 4 años y4 meses cuyo padre cuando mi hijo tenia 1 año se fue a su pais de origen (Bolivia creo) y me dejo tirada, tal cual suena en Las Palmas, donde nos conocimos y me quede embarzada(yo trabajaba alli) muy rapido en apenas 6 meses. Al marcharse y no tener intencion de ayudarme de ningun modo yo no podia mantenerme sola por mas tiempo y decidi volver a Guadalajara con mis padres, con quienes vivo en la actualidad. Avisandole por supuesto y siendo el consentidor.He tardado tres años en pagar todas la deudas con las que me dejo, pues todo iba a mi nombre porque el apenas si trabajo un año de los 2 y tres meses que compartimos, incluido un credito qeu pedi para su familia. Durante estos 3 años, solo ha habido mails de intencionalidad por su parte de ver a Rodrigo, pero poniendo com excusa la distancia y la falta de tiempo.
Cual a sido mi sorpresa que hoy me manda un mail diciendome que su abogado ha iniciado un Proceso en el juzgado de menores y que pronto tendre noticias del Juzgdo.
Mi miedo es por mi hijo, no le conoce, imagino que solo por ser su padre(pues lo reconocio en el Libro de Famlia) tendra derecho a unas visitas. y me da miedo pues es una persona muy agresiva. Me gustaria saber de que forma se puede conseguir unas visitas minimas.Igual suena muy egoista por mi parte, pero no es mi intencion, ojala pudiera decirle yo ami hijo: Hijo tu padre es el mejor padre del mundo, pero no es asi, de hecho nunca le proceso ningun cariño.
Muchas muchas gracias.
Un saludo
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  letrado14 escribió hace 4 año.
Buenas tardes,

En primer lugar, debo recomendarle que guarde usted todos los mails, documentos con las deudas que dice que ha pagado y todo lo relacionado con el asunto, pues puede ser de elevado interés para el abogado que lleve su caso.

En cuanto al supuesto proceso iniciado, debo decirle que los Juzgados de menores no son competentes en el caso que se plantea. La posible demanda se tiene que plantear ante juzgados de Primera Instancia o Juzgados de familia si los hubiera.
Usted sólo tiene conocimiento de este proceso porque se lo ha comunicado por mail, por lo que deberá esperar a que el Juzgado le notifique. No tiene que hacer nada mientras tanto en este sentido.

Si él es el padre reconocido del hijo, tendrá derecho a un régimen de visitas, pero también obligación de prestarle alimentos al menor (es decir, tendrá que pasarle una pensión al menor si usted la solicita).
El régimen lo establecen los jueces y no hay una norma matemática para determinar cuántos días le podrá ver... En el procedimiento judicial usted podrá acreditar que el padre lleva años sin verle, que nunca se ha ocupado de él, que no le pasa pensión, etc, para que el juez lo tenga en cuenta y le limite al máximo el régimen de visitas. Esto además no limitará la pensión que le tenga que pasar.

Debo decirle que si no es cierto que el padre haya iniciado acciones contra usted, puede adelantarse usted a reclamarle esta pensión mensual.

Por último, tenga en cuenta que si gana menos de 1288 euros mensuales, puede solicitar un abogado de oficio que no le cobrará nada por llevarle el procedimiento. Esto tanto si es para defenderle en caso de que el padre le haya demandado como para iniciar acciones contra él si desea demandarle usted.


Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones considere necesarias.

Si mi respuesta le ha sido de ayuda, le ruego la acepte para que la página me bonifique por mi trabajo, lo que no tendrá coste adicional para usted.
Estaré encantado de seguir ayudándole aún después de aceptar.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola

 

Acuda al colegio de abogados de su provincia y que se le de un abogado de oficio que le ponga 1 demanda de alimentos y le de seguridad juridica en su relación con este señor

Hay que dejar claros sus derechpos y obligaciones

Este muy tranquila que con ello encontrara seguridad juridica

EL convenio regulador le dira el regumen de visitas , la custodia, que será siempre para ud `por la edad del menor, y la cantidad que ujd debe cobrar

Por sipuesto que no admita una sola amenza y denuncie cualquier arrebato de este señor en el juzgado

El convenio regulador le dará seguridad juridica y le ayudará en su economia para mantener el menor

No debe tener el menor miedo del padre y confie en su abogado.

L;o mejor que le puede pasar es llegar al juzgado y tener la seguridad jurídica de ese conveniuo regulador

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

No tiene ninguna posibilidad de que en sede judicial a él se le prohiba ver al menor en un régimen de visitas más o menos amplio pero ésto a Ud le supone una pensión de alimentos, y seguridad jurídica en su relación con él

Debe necesariamente contactar con un abogado, y puede hacerlo en el colegio en ejercicio a su derecho a la justicia gratuíta

 

Para tener derecho a un abogado del turno de oficio uno de los principales requisitos es que no debe cobrar más del doble del salario mínimo interprofesional, es decir, más de 1282 euros mensuales. Debe acudir al Colegio de Abogados más cercano a su localidad y allí le suministrarán un impreso para que cubra una serie de datos personales.
Tras la presentación de la solicitud, los Servicios de Orientación jurídica deben examinar la documentación presentada, y si apreciaran que es insuficiente o que en la solicitud existen deficiencias, solicitarán al interesado su subsanación en un plazo de 10 días, bajo aviso de ser archivada en caso contrario. Analizada la solicitud, y subsanados en su caso los defectos advertidos, pueden darse dos posibilidades:

Si el Colegio de Abogados estimara que el peticionario cumple los requisitos legalmente establecidos, se procederá a la designación provisional de abogado en un plazo máximo de 15 días, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores para que, dentro de los tres días siguientes, se designe procurador si su intervención fuera preceptiva. Tras la designación provisional, el Colegio de Abogados debe trasladar el expediente completo a la Comisión de Asistencia jurídica Gratuita en un plazo de 3 días.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple los requisitos, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, comunicará al solicitante en un plazo de cinco días que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado y, al mismo tiempo, trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta resuelva definitivamente.

Cuando en el plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el Colegio de Abogados o desde la subsanación de los defectos advertidos el solicitante no haya recibido una respuesta, podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente, en cuyo supuesto la Comisión requerirá al Colegio la remisión del expediente, junto con un informe sobre la petición, y ordenará la designación provisional de abogado y, si fuera preceptivo, de procurador.

Tras haber recibido el expediente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrá de un plazo de 30 días para efectuar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias para verificar la exactitud y realidad de los datos declarados por el solicitante, pudiendo solicitar a la administración correspondiente la información necesaria7 . También podrá oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante. Esta fase se regirá por los principios de celeridad y sumariedad.

La resolución de la Comisión puede ser:

Estimatoria, que implicará la confirmación de las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales, o, en el caso de que no se haya producido su designación provisional, se procederá a su nombramiento.

Desestimatoria, quedando sin efecto las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente. El solicitante deberá designar abogado y procurados de libre elección, abonando los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio con carácter provisional, pero el abogado no podrá reclamar al procurador el pago de sus honorarios.

La resolución se debe dictar en un plazo de 30 días, transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas, y se comunicará al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o al juez decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado. La resolución es susceptible de impugnación por escrito en el plazo de 5 días, no siendo preceptiva la intervención de letrado, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que lo remitirá al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto. Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal que resuelva la impugnación no cabrá recurso alguno. En ese mismo auto, el Juez o Tribunal podrá imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a cincuenta mil pesetas.

Es posible la revocación de oficio del derecho por la Comisión en los supuestos en que se compruebe que entre los elementos determinantes para el reconocimiento del derecho se haya aportado una declaración errónea, o falseado o ocultado los datos por los solicitantes. La revocación obliga a pagar todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la concesión del derecho, así como la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.
Recordarle además que el derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

*Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.

*Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

*Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.

*Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

*Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.

*Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.

*Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

*Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

 

continuación le indico los documentos necesarios que debe acompañar con la solicitud.(No todos los documentos que se relacionan son necesarios en todos los casos, sino que habrá que atender a cada caso, en función de la situación propia de cada solicitante y de las circunstancias que haya alegado en su solicitud, que serán las que deberá acreditar documentalmente):

-Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante.
Certificado de liquidación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio (de toda la unidad familiar).
-Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedades (en el caso de personas jurídicas).
-Fotocopia de la declaración de utilidad publica o de la inscripción en el Registro de Fundaciones (en el caso de personas jurídicas).
Fotocopia del permiso de circulación o certificado de la Jefatura Provincial de Trafico (sólo en caso de delitos contra la seguridad del trafico).
-Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio.
-Fotocopia del libro de familia.
-Certificado de empadronamiento.
-Certificado de empresa de conceptos salariales.
-Certificado del INEM de periodo de desempleo y percepción de subsidios.
-Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual, o, en su caso, copia del recibo mensual.
Fotocopias de títulos de propiedad de bienes inmuebles. Certificado de valores.
-Otros (cualquier documento que sirva para acreditar los datos alegados).

Cliente: escribió hace 4 año.

Muchas gracias XXXXX XXXXX respuesta, de verdad. Contaba ya con esas visitas pero mi intranquilidad mas bien viene, en el numero y duracion de ellas, y sobre todo si el vive fuera de España como pudieran afectar a mi hijo, o si el lo pudiera sacar de aqui.

Quizas sea el susto del momento, pero ya me espero cualquier cosa.

Un saludo

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Si él vive fuera de España, NO tendrá ese derecho a que el menor viaje si Ud lo solicita por miedo a que el menor no regrese.

El régimen de visitas ud lo puede restringir a que sea en España y que su abogado solicite al juez que se prohiba expresamente la salida

Ud no tiene porque transigir en que el menor salga de España, y puede oponerse a que esto ocurra

El juez siempre velará por el interés del menor, pero si hay riesgo de que el menor sea arrebatado y que no regrese NO le permitirá la salida

Su abogado se encargará de que NO se le permita sacar al menor.

Le interesa a Ud denunciar cualquier amenza que él haga en este extremo, porque ésto corroborará el riesgo de que el menor no cuelva a España si sale.

Experto:  letrado14 escribió hace 4 año.
El número y la duración de las visitas las fija el juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.
Normalmente son un número determinado de fines de semana al mes.

Sin embargo, si el padre vive fuera de España y con las circunstancias que ha relatado, el juez nunca permitirá que el menor salga del país.
No debe preocuparse por esto, aunque debe exponerle toda la información al abogado para que quede reflejada en el juzgado.
letrado14, Abogado
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Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Le dejo sentencia de como ud se puede negar a esas salidas

 

AP León, Sec. 1.ª, 296/2007, de 23 de octubre Recurso 344/2006. Ponente: RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ. EXTRACTOS Se mantiene la prohibición de salida del menor del territorio nacional, pues su libertad de circulación, por su corta edad, está condicionada a la decisión de sus padres "... Procede mantener la medida de prohibición de salida del menor del territorio nacional, así como la retirada de su pasaporte, como medida de garantía para asegurar la efectividad de las demás medidas adoptadas en relación con custodia y comunicación del padre con el menor (artículo 91 del Código Civil ). No se vulnera derecho alguno del menor, cuya libertad de circulación, por su escasa edad, está condicionada a las decisiones de sus padres. Si se alzara la medida acordada, su libertad estaría igualmente condicionada en caso de que la madre optara por llevar consigo al menor fuera de territorio español: sería una decisión de la madre y no del menor. ..." Ante el riesgo de sustracción del menor la comunicación con sus familiares se realizará sin desplazamiento al extranjero "... En cuanto al derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y visitas, que se recoge en el artículo 37 , apartado c/, último inciso, en modo alguno se impide que el menor mantenga correspondencia con sus familiares o que puedan visitarlo. La medida adoptada no pretende impedir que puedan visitar al menor sus familiares, sino que el menor salga de territorio español para que pueda tener lugar esta comunicación del menor con sus familiares. Y se recuerda, no obstante, que también el precepto dice "salvo en circunstancias excepcionales", y por tales se puede entender el riesgo de sustracción del menor y la imposibilidad jurídica de garantizar su retorno desde el país del que es nacional Dª Esperanza . Además, el derecho del menor a comunicarse con sus familiares no puede prevalecer sobre el más importe derecho del menor a estar con sus padres, que se recoge en el artículo 9 de la citada Convención. En suma, con la medida adoptada no se vulnera derecho alguno del menor: podrá comunicarse con todos los familiares que vengan a verlo a España y, a la par, se garantizará que no sea separado de sus padres. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia num. 2 de León, en fecha 22 de mayo de 2006 , se dictó sentencia cuya parte dispositiva literalmente copiada dice así: FALLO.- 1.- Que estimando parcialmente la demanda presentada por la procuradora Sra. Izquierdo Fernández, en nombre y representación de Esperanza , contra Gerardo , debo acordar: a) Que se atribuye a la madre la guarda y custodia del hijo de ambos, Alejandro, pudiendo el padre visitarlo y tenerlo en su compañía fines de semana alternos desde las 18 horas del viernes a las 20 horas del domingo, y las tardes de martes y jueves desde las 17 horas a las 20 horas, la mitad de las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano eligiendo la madre los años pares y el padre los impares. b) El padre abonará en concepto de alimentos para el hijo la cantidad de 400 € mensuales, pagadera por meses anticipados dentro de los cinco primeros días de cada mes y anualmente actualizable conforme al incremento del IPC. 2.- No debo hacer especial condena en materia de costas procesales. SEGUNDO.- Contra la relacionada Sentencia se interpuso recurso por las partes demandante y demandada, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y seguidos los demás tramites, se señaló día para la deliberación y fallo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Motivos de los recursos. 1. Recurso de D. Gerardo . - Considera que la atribución de la custodia en su favor resultaría más idónea para el menor, tanto por razón de su estabilidad personal y laboral como por su arraigo en la población de León y su disponibilidad para atenderlo; por el contrario, la madre del menor no tiene arraigo domiciliario, al ser de nacionalidad extranjera, carece de estabilidad personal (domicilio en una casa de acogida y rasgos esquizoides) y profesional, y su disponibilidad para atender al menor es inferior a la que puede ofrecer el padre. 2. Recurso de Dª Esperanza . - Cuantía de la pensión económica insuficiente: no debería ser inferior a 600 euros. - Se opone a la medida de prohibición de que el niño salga del territorio nacional. SEGUNDO.- Recurso de D. Gerardo . Las situaciones personales y familiares no se someten a los plazos procesales ni a los avatares del procedimiento. Por ello, el artículo 752.1 de la LEC establece: "1. Los procesos a que se refiere este Título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento". Así pues, el Tribunal no va a entrar en muchos de los motivos expuestos por la parte recurrente, y no por desconsideración hacia quien los expone sino porque para determinar el régimen de custodia del menor ha de atender a las circunstancias concurrentes en el momento actual, al margen de situaciones pasadas, a no ser que éstas sean tan relevantes e influyentes que no debieran ser omitidas. Y la situación actual es la que se expone en el informe del Equipo Psicosocial adscrito al Juzgado Decano de León, que sólo fue cuestionado por el recurrente al considerarlo incompleto, pero no erróneo. En el citado informe se emiten como conclusiones que en el menor vive bajo los cuidados de la madre y en compañía de su otro hermano, de forma adecuada, escolarizado con normalidad, y sin que se observe déficit en su cuidado, así como que disfruta de la compañía y cuidados de su padre de forma regular y frecuente con el apoyo de la madre. Se presenta un panorama sumamente beneficioso para el menor, con una madre que lo atiende correctamente en compañía de otro hermano y con una labor paterna encomiable que compartir con la madre su cuidado. La pregunta a plantearse si en tal situación resulta conveniente establecer un régimen de custodia diferente del actualmente existente. Al entender de este Tribunal de apelación, por mucho que se reconozcan los méritos del padre y su idoneidad para la custodia, el cambio es un riesgo (por muy buen pronóstico que ofrezca) frente a la certeza de la situación actual (buena, aunque siempre pudiera ser mejorable). Por lo tanto, no se trata de determinar cuál de los padres pueda llegar a desempeñar mejor la labor de custodia, sino cuál es la situación que resulta más favorable para el menor. Y como se ha indicado, ante una situación idónea, como la actual, no se justifica su modificación, máxime cuando el padre del menor ha colaborado tan activamente en el cuidado de su hijo. Si la actitud de la madre fuera, en un futuro, obstruccionista, o no admitiera la flexibilidad que mantiene en la actualidad en lo relativo a la comunicación del padre con su hijo, o se dieran circunstancias sustancialmente relevantes en la evolución de las relaciones del menor con sus padres, se podría plantear las pertinentes modificaciones en el régimen de custodia. Pero, tal y como se encuentra actualmente el menor, no tiene sentido cambiar lo que es bueno por lo que -quizá, o quizá no- pudiera ser mejor. En el recurso de apelación se solicita la custodia compartida que aparece regulada, cuando no hay acuerdo entre los padres, en el apartado 8 del artículo 92 del Código Civil : "8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor". La custodia compartida se ha de solicitar ante "el Juez", concretamente ante el Juez de Primera Instancia, porque es ante él ante quien se ejercita la acción correspondiente, que se hace valer en la demanda o en la reconvención; no cabe pedir custodia compartida con el recurso de apelación. El artículo 456 de la LEC, en su apartado 1 , establece: "1. En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación". Según el tenor del citado precepto, y en atención a su naturaleza jurídica, el recurso de apelación tiene como finalidad un nuevo examen de las actuaciones que, por lo tanto, no es un proceso de instancia única ante el que cabe deducir nuevas pretensiones. La custodia de un menor no es una materia disponible, sino de orden público, por lo que ni el Juez de Primera Instancia ni el Tribunal de apelación están estrictamente sometidos a las pretensiones de las partes. Ahora bien, una cosa es la posibilidad de apartarse de las peticiones de las partes para tomar una decisión en interés del menor, y otra diferente convertir el recurso de apelación en una nueva primera instancia con posibilidad de introducir peticiones nuevas. Además, la custodia compartida se podría acordar sobre la base de un régimen concreto y predeterminado, y en atención a unas pruebas que permitan sustentarlo. Pues bien, no se ha practicado prueba alguna sobre la que apoyar un régimen de custodia compartida, que no se puede quedar en un pronunciamiento declarativo, sino que exige establecer el concreto régimen de convivencia del menor con sus padres (indicación de periodos, horarios, domicilios, regulación de la toma de decisiones sobre actividad académica y sanitaria del menor... ) En la primera instancia no se trató nada acerca de la custodia compartida, y en segunda instancia la única prueba practicada (informe del Equipo Psicotécnico) se dirigía a determinar la situación de custodia actual del menor y la conveniencia de atribuirla a su padre. Se trata de una prueba pericial no practicada en primera instancia y que no tenía por objeto dictaminar sobre la custodia compartida. La sentencia que resuelve sobre un recurso de apelación no pude adoptar un pronunciamiento con base en una petición deducida al interponerlo y sin fundamento en pruebas que se hubieran propuesto para fundar esa petición. El único acto de prueba en el que se trató sobre la custodia compartida fue la ratificación de las integrantes del Equipo Psicotécnico, a preguntas aisladas formuladas en dicho acto. Pero estas observaciones emitidas en el acto de la ratificación de un informe no pueden ser admitidas como fundamento de una petición no deducida oportunamente, máxime cuando se producen en un momento procesal en el que la otra parte ya no puede articular su propia defensa, con vulneración, por lo tanto, del principio de contradicción y defensa. Además, tampoco las observaciones del Equipo Psicotécnico han ido acompañadas de un estudio previo de concretas propuestas de custodia compartida, analizando periodos de convivencia, alternancia, domicilio, régimen de adopción de acuerdos en relación con el menor... Por todo lo expuesto, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto. TERCERO.- Recurso de Dª Esperanza . A) Pensión de alimentos. Ya en la sentencia dictada se parte de una indeterminación de los ingresos del padre del menor, del que sólo constan como ciertos unos ingresos de 880 euros como pensión que percibe. Como D. Gerardo no cuestiona la procedencia de la cuantía fijada como pensión de alimentos, el Tribunal de apelación ha de partir de lo establecido en sentencia. Pero lo cierto es que sin más datos sobre los ingresos de D. Gerardo cualquier elevación de la pensión de alimentos resultaría arbitraria y sin fundamento alguno. Se dice en el recurso que tiene despacho abierto, como abogado, en la ciudad de León, con su propia secretaria, así como asistencia doméstica, por la que paga 400 euros mensuales, dos vehículos y varios inmuebles, así como que se dedica a la crianza de caballos y a la equitación. Que un abogado mantenga abierto un despacho no significa que disponga de elevados ingresos, máxime si ese abogado ya tiene 69 años, cuando su actividad profesional no puede ser ya muy pujante. Por su parte, la titularidad de dos vehículos y dos inmuebles alegada, así como su dedicación a la crianza de caballos, razonablemente cabe pensar que es el fruto de toda su vida profesional, y no de una capacidad de renta actual elevada. Es decir, durante muchos años D. Gerardo ha debido ir formándose un cierto activo patrimonial, lo que no revela, de por sí, que sus ingresos actuales sean significativos. Bien entendido que en momento alguno se ha negado que D. Gerardo disfrute de una posición económica acomodada, pero ha de tenerse en cuenta que la pensión fijada de 400 euros se fija a cargo de personas con rentas o ingresos significativos. Además, en este caso, dada la amplitud del régimen de comunicación del padre con el menor, los costes que genera su atención son mayores para aquél que lo tiene consigo en periodos de tiempo más amplios. A todo ello hay que añadir que la madre está capacitada profesionalmente y con posibilidad de obtener ingresos propios, y que cuanto más colabore el padre en el cuidado del menor más opciones tendrá para desarrollar su actividad profesional y dotarse de recursos propios para atender a su persona y a la de sus propios hijos; aunque sea en menor medida que el padre. B) Medida cautelar. Procede mantener la medida de prohibición de salida del menor del territorio nacional, así como la retirada de su pasaporte, como medida de garantía para asegurar la efectividad de las demás medidas adoptadas en relación con custodia y comunicación del padre con el menor (artículo 91 del Código Civil ). No se vulnera derecho alguno del menor, cuya libertad de circulación, por su escasa edad, está condicionada a las decisiones de sus padres. Si se alzara la medida acordada, su libertad estaría igualmente condicionada en caso de que la madre optara por llevar consigo al menor fuera de territorio español: sería una decisión de la madre y no del menor. En la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , en la que se recogen derechos y libertades de los menores, no se hace alusión alguna a su libertad de circulación. Y en el artículo 19 de la Constitución Española, se establece el derecho de entrar y salir libremente de España "en los términos que la ley establezca". Y la Ley faculta al juez para adoptar las medidas que resulten precisas para asegurar el cumplimiento de sus sentencias, entre las que se encuentra la prohibición de salida del territorio nacional de un menor. Medida que se adopta para garantizar que el menor siga en comunicación con ambos padres. La madre del menor podrá seguir comunicándose con su propia familia, y su familia podrá venir a España para comunicarse con el menor. Las alegadas dificultades de la madre de Dª Esperanza sólo se fundan en su avanzada edad. Salvo casos de extraordinaria longevidad, la edad no es ningún condicionante que impida viajar; otra cosa es el particular estado de salud de una persona. Se cita en el recurso el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989, y ratificado por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 (publicado en el BOE el día 31 de diciembre de 1990). En ese precepto no se proclama ningún derecho del menor a residir en territorio nacional de ambos progenitores, sino el deber de inculcarle el respeto por su identidad cultural, de su idioma y sus valores, y de los valores nacionales del país en el que vive, del país del que sea originario, y de las civilizaciones distintas a la suya. En primer lugar, el menor nació en España y tiene la nacionalidad española, por lo que su identidad cultural, su idioma y sus valores son los que corresponden a nuestro país. En segundo lugar, lo que el precepto persigue no es que al menor se le inculquen unos determinados valores sino "el respeto" por esos valores. No estamos ante un precepto de tipo educativo-formativo sino ante un precepto de tolerancia y respeto. Y para educarlo en el respecto a los valores de España, de Rusia, y de todos los demás países del mundo, no es preciso que se desplace a todos ellos. En cuanto al derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y visitas, que se recoge en el artículo 37 , apartado c/, último inciso, en modo alguno se impide que el menor mantenga correspondencia con sus familiares o que puedan visitarlo. La medida adoptada no pretende impedir que puedan visitar al menor sus familiares, sino que el menor salga de territorio español para que pueda tener lugar esta comunicación del menor con sus familiares. Y se recuerda, no obstante, que también el precepto dice "salvo en circunstancias excepcionales", y por tales se puede entender el riesgo de sustracción del menor y la imposibilidad jurídica de garantizar su retorno desde el país del que es nacional Dª Esperanza . Además, el derecho del menor a comunicarse con sus familiares no puede prevalecer sobre el más importe derecho del menor a estar con sus padres, que se recoge en el artículo 9 de la citada Convención. En suma, con la medida adoptada no se vulnera derecho alguno del menor: podrá comunicarse con todos los familiares que vengan a verlo a España y, a la par, se garantizará que no sea separado de sus padres. CUARTO.- Costas. Conforme dispone el artículo 398 de la LEC, en su apartado 1 , cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394. Y en el artículo 394.1 se establece que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En este caso, como, en general, en los supuestos en los que se debate acerca de custodia del menor y alimentos, al no poder partir de certezas la concurrencia de serias dudas de hecho suelen producirse casi siempre, como ocurre en este caso, en el que ambos padres se estiman idóneos para el cuidado de su hijo, aunque se haya optado por la situación que se entiende más favorable para el menor, y en el que los datos de los que se parte para la fijación de la pensión resultan indeterminados. VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de aplicación. FALLAMOS Se desestima TOTALMENTE el recurso de apelación interpuesto por Dª María-Luisa Izquierdo Fernández, en nombre y representación de Dª Esperanza , y el interpuesto por la procuradora Dª Purificación Díez Carrizo, en nombre y representación de D. Gerardo , contra la sentencia dictada el día 22 de mayo de 2006 , y completada por auto de fecha 7 de junio de 2006, en los autos nº 231/2006 del Juzgado de Primera Instancia número DOS de León , y, en su consecuencia, confirmamos íntegramente dicha resolución, sin expresa imposición de las costas de esta alzada. Dése conocimiento, al notificar esta Sentencia, de los recursos que caben contra ella y, con testimonio de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento. Así por esta nuestra Sentencia, juzgando en apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe

Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimada cliente: Si sus ingresos son inferiores a 1288 puede solicitar un abogado de oficio que tramite las medidas paterno filiales, en cualquier caso, le informo de que no debe esperar a las acciones del abogado de su hijo, puesto que su usted interpone demanda, ellos podrán personarse en el procedimiento pero en equilibrio.

En cualquier caso y dado que el sistema jurídico Español persigue el interés del menor y como en este caso, que siga con la patria potestad de ambos, pero con su guardia y custodia, como no podría ser de otra forma, no debe temer por la salida de su hijo del territorio nacional, sin su consentimiento.

Acepte la respuesta si ha sido de su interés y reciba un cordial saludo

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Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

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