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Hasta que punto es legal la aparición de un menor de edad en

Pregunta del cliente

Hasta que punto es legal la aparición de un menor de edad en un programa de TV en horario no infantil para hablar de temas deportivos y en compañía de su progenitora?
¿Se podrían emprender acciones contra la cadena. Gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenas noches,

Estimado cliente, considero que se pueden iniciar acciones legales siempre y cuando la aparición de ese menor haya supuesto un menoscabo para el mismo, en el sentido de menoscabar su buena imagen o reputación. Es decir, que de alguna manera se hubiera menoscabado su integridad moral o buena reputación.

Por ejemplo, esto ocurriría si en dicho programa se realizaran actos inmorales o inapropiados para la edad del menor, con divulgación de imágenes o contenidos o cualquier tipo de información obscena y/o inadecuada para el mismo. En ese sentido, si sería un hecho denunciable. Se podría poner en conocimiento del Ministerio Fiscal para que se iniciasen acciones legales contra la cadena que emitió dicho programa y contra el progenitor que prestó su consentimiento a la aparición del menor en dicho programa televisivo.

De igual modo, le informo de la concreta regulación legal, en apoyo de lo que anteriormente le manifesté:

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.

2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.


Mi consejo es que remita denuncia al Ministerio Fiscal, a poder ser incluyendo copia con la grabación de dicho programa, a los efectos de que por este Ministerio Público se visualice el vídeo y se determine el iniciar las acciones legales que correspondan.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.

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Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.


Le pongo una sentencia a título de ejemplo, de un caso de menores.

Sigo a su entera disposición,


Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Sevilla
Sentencia de 11 enero 2011 AC 2011\82







DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN: intromisión ilegítima: existencia: emisión de programas de televisión en la cadena TELECINCO sobre la relación de la menor de edad con persona adulta: consentimiento irregularmente emitido ocasionándole un menoscabo objetivo de su reputación y perjuicio a sus intereses: cuantificación de la indemnización.LEGITIMACION: activa: estimación: del Ministerio Fiscal para la defensa de los derechos fundamentales de los menores: legitimación legal por sustitución, que no está supeditada a consentimientos ni trámites previos.

Jurisdicción: Civil
Procedimiento núm. 851/2009

Ponente: Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Fernández De Los Ronderos Martín

El Juzgado de Primera Instancia nº1,Provincia de Sevilladeclara haber lugar en partea la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal.

Juicio ordinario

Autos 851/2009 2.º

SENTENCIA

En la Ciudad de Sevilla a once de enero de dos mil once.

PARTE DEMANDANTE: MINISTERIO FISCAL

PARTE DEMANDADA: GESTEVISIÓN TELECINCO S.A.

Procuradora: doña Ana María Asensio Vegas

Abogado: don Ralph Seel

PARTE DEMANDADA: CUARZO PRODUCCIONES S.L.

Procuradora: doña María del Rosario Periáñez Muñoz

Abogada: doña Rosa Rodríguez Arias

PARTE DEMANDADA: MANDARINA PRODUCCIONES S.L.

Procuradora: doña Manuela Moñiz Mestre

Abogado: don José Carlos Erdozain

OBJETO DEL PLEITO: XXXXX XXXXX derechos fundamentales

MAGISTRADO JUEZ: don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Que por el Ministerio Fiscal se interpuso demanda de juicio ordinario sobre tutela de derechos fundamentales en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando al Juzgado que dictara sentencia en los términos que constan en el suplico de la misma.

SEGUNDO. Que se dictó Auto de admisión a trámite de la demanda y se acordó emplazar a las demandadas para que se personaran y contestaran a la misma, lo que verificaron oponiéndose por los motivos que exponen e interesando su absolución.

TERCERO. Que, por Providencia de 16/11/2009, se acordó convocar a las partes a la audiencia previa el día 21/1/2010, compareciendo las mismas, quienes formularon las alegaciones complementarias y las aclaraciones que constan en el acta. Al haber alcanzado la mayoría de edad la menor identificada en la demanda como Salome ., se acordó darle la oportunidad de intervenir en el proceso como interviniente adhesiva, al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

CUARTO. Que una vez transcurrido el término del emplazamiento sin que Salome . se personara en el mismo, por Providencia de 16/4/2010 se acordó convocar a las partes para la continuación de la audiencia previa el día 22/7/2010, en cuyo acto comparecieron de nuevo todas las partes. El Ministerio Fiscal se desistió de la demanda respecto de Salome ., e interesó su continuación respecto de Elena . Se acordó el recibimiento del juicio a prueba, acordándose así y proponiéndose las que les convinieron.

QUINTO. Que se admitieron las pruebas de interrogatorio de la menor Elena ., y documental pública y privada; y para la celebración del juicio se señaló el día 16/12/2010, practicándose las mismas, con el resultado que consta en las actuaciones; y abierto el trámite de conclusiones, se cumplimentó por las partes, quedando los autos para que se dicte sentencia, habiéndose observado en su tramitación las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El Ministerio Fiscal, en virtud de la legitimación que le confieren los artículos 3 de su Estatuto Orgánico ( RCL 1982, 66) y 4.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero ( RCL 1996, 145) , de Protección Jurídica del Menor , interpone demanda de juicio ordinario para la tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de la menor que identifica como Elena ., y solicita que se declare que las entidades mercantiles demandadas, GESTEVISIÓN TELECINCO S.A., CUARZO PRODUCCIONES S.L. y MANDARINA PRODUCCIONES S.L., han incurrido en intromisión ilegítima en tales derechos, y que sean condenadas de forma solidaria a indemnizar a la menor con la suma de 100.000 € y a la publicación parcial de la sentencia, limitada a la difusión de los hechos con el nombre de la menor en siglas, en un programa de igual relevancia que los que han sido ocasión de la intromisión que se denuncia.

La demanda se articula sobre el tratamiento dado a la información sobre R. en los programas Rojo y Negro y Programa de Ana Rosa del 16 de febrero de 2009, emitidos por TELECINCO y producidos por CUARZO; así como en el programa Está Pasando del mismo día, emitido igualmente por TELECINCO y producido por MANDARINA, así como en los informativos de la cadena del día 15 a las 15.00 horas, y el 16 a las 6.00 horas.

Las demandadas se oponen a la demanda y niegan que hayan incurrido en las intromisiones ilegítimas que se denuncian. Así, de forma sintética, parten del interés público de los hechos revelados y aducen que R. había salido con anterioridad a hablar ante otros medios, y que su imagen y aquellos hechos ya eran conocidos e, incluso, se invoca por la defensa de MANDARINA la teoría del reportaje neutral; que las entrevistas fueron consentidas por la menor y por su madre; que aquélla reúne las condiciones de madurez suficiente y que no existe daño o perjuicio ni material ni moral para la menor. Asimismo, se cuestiona por parte de CUARZO la legitimación activa del Fiscal, por cuanto que habría interpuesto la demanda sin oír previamente a los padres titulares de la patria potestad, ni a la propia menor con madurez suficiente. Igualmente, se cuestiona el alcance de la indemnización solicitada, se destaca el hecho de que la menor no reclama y, en el caso de MANDARINA, ésta discute que deba responder de forma solidaria en pie de igualdad con las otras codemandadas.

En el acto de la audiencia previa, el Ministerio Fiscal se desistió de la demanda inicial respecto de la entonces menor identificada como A; la aclaró en el sentido de interesar una condena solidaria de las demandadas, sin perjuicio de que las cuotas internas fueran de un 60% para GESTEVISIÓN TELECINCO, un 30% para CUARZO y un 10% para MANDARINA. Aceptó el Ministerio público que la actuación de las demandadas contó con el consentimiento previo, tanto de la menor con madurez suficiente como de su madre titular de la patria potestad, de tal forma que el núcleo central del proceso radica en determinar si dicha actuación ha ocasionado o puede ocasionar perjuicios a la menor.

SEGUNDO

Delimitados en la forma expuesta los términos de la controversia, y por lo que hace a sus aspectos jurídicos, las partes han venido a realizar a lo largo del proceso una amplia exposición de la doctrina legal y jurisprudencial aplicable. En todo caso, a modo de resumen y sin ánimo de resultar reiterativos, sí debe resaltarse una serie de aspectos.

Así, en primer lugar y con carácter general, hay que decir que el derecho al honor está integrado por dos aspectos: por un lado el de la inmanencia, consistente en la estimación que cada persona hace de sí misma, y por otro el de la trascendencia o exterioridad, compuesta por el reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad, es decir, que el ataque al honor se desenvuelve tanto en el marco personal como social, y así se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencias de 23 de marzo de 2003 , 23 de febrero ( RJ 1989, 1394) , 24 de abril y 12 de mayo de 1989 , y 11 de junio de 1990 ( RJ 1990, 4854) , entre otras; igualmente, el Tribunal Supremo ha entendido que la protección del honor debe realizarse atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, pudiendo reseñar en este sentido sus sentencias de 03/07/1987 , 09/01/1991 , 02/03/1991 , 06/06/1992 ( RJ 1992, 5007) y 15/06/1993 ( RJ 1993, 4834) . Y traemos a colación esta institución porque es la honra o reputación uno de los conceptos específicos que toma en consideración el fundamental artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 para excluir la eficacia sanadora del consentimiento.

En segundo término, es necesario recordar que la imagen es la representación gráfica de la figura humana, visible y recognoscible, y el derecho a la imagen es un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública ( STC 83/2002, de 22 de abril ( RTC 2002, 83) , que citan otras muchas anteriores). Tiene un aspecto negativo, como facultad de exclusión, y un aspecto positivo, como facultad de aprovechamiento; es, por tanto, una facultad del interesado de difundir o publicar su propia imagen y, por ende, su derecho a evitar su reproducción -en palabras de la sentencia de 19 de octubre de 1992 [RJ 1992, 8079], que cita otras anteriores-.

En cuanto a la intimidad, la importante Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de julio de 1999 ( RTC 1999, 134) , citada en diferentes momentos en el curso de este proceso, indica:

Lo que el Art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada personal o familiar ( SSTC 73/1982 ( RTC 1982, 73) , 110/1984 [RTC 1984 , 110 ], 170/1987 [RTC 1987 , 170 ] , 231/1988 [RTC 1988 , 231 ], 20/1992 ( RTC 1992, 20) , 143/1994 [RTC 1994 , 143 ], 151/1997 ( RTC 1997, 151) , y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo de 1985 [TEDH 1985 , 4]; caso Leander, de 26 de marzo de 1987 [TEDH 1987 , 4]; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989 [TEDH 1989 , 16]; caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993 [TEDH 1993 , 17]; caso Z, de 25 de febrero de 1997 [TEDH 1997, 13]).

De otro lado, tratándose de la intimidad, la veracidad de la información «no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión» ( STC 185/2002, de 14 de octubre ( RTC 2002, 185) , F. 4, y las resoluciones allí mencionadas).

Estas pautas generales son moduladas en un sentido mucho más restrictivo para quienes pretenden ingresar en los espacios descritos anteriormente del honor, la intimidad y la imagen cuando corresponden a una persona menor de edad. Y así, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , declara en su Exposición de Motivos que las necesidades de los menores constituyen el eje de sus derechos y de su protección, y se dice:

[...] con el fin de reforzar los mecanismos de garantía previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo ( RCL 1982, 1197) , de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se prohíbe la difusión de datos o imágenes referidos a menores de edad en los medios de comunicación cuando sea contrario a su interés, incluso cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios representantes legales o grupos en que se mueve. Completa esta modificación la legitimación activa al Ministerio Fiscal.

De esta forma, en su artículo 4.3 se establece y define como intromisión ilegítima

[...] cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

Así las cosas, el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982 debe ponerse en relación con el citado precepto, de tal forma que ni el consentimiento del propio menor, ni el de sus representantes legales -si no tuviera la madurez suficiente para prestarlo- excluyen el carácter ilegítimo de la intromisión cuando el uso de la imagen del menor menoscabe su honor o, en general, sea contraria a sus intereses, por atentar contra su integridad moral o ser negativa para su formación. Y ése es, como decimos, el auténtico núcleo central para la decisión de este asunto. Asimismo, deben tomarse en consideración las normas internacionales de protección de la infancia, con el valor interpretativo que deriva del artículo 10.2 de la CE ( RCL 1978, 2836) y, entre ellas, muy en particular, la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, que garantiza el derecho de los niños a la protección de la Ley contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada -artículo 16 -), así como la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la Carta Europea de los Derechos del Niño, en la que se establece que

[...] todo niño tiene derecho a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada, en la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales a su honor (apartado 29 del § 8 de la Resolución A 3-0172/92 de 8 de julio ).

Igualmente, debe citarse el artículo 39.4 del texto constitucional , que dispone que

[...] los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, [...],

Y el artículo 20.4 de nuestra Constitución, que establece que las libertades consagradas en dicho precepto (libertad de expresión y derecho a la información)

[...] tienen su límite [...] en la protección de la juventud y de la infancia.

Dentro de la extensa jurisprudencia recaída en casos similares, pueden destacarse, por su interés, las consideraciones que se contienen en la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 354/2009 de 14 mayo ( RJ 2009, 3175) , y las numerosas que cita.

[...] la Constitución, en su artículo 18 , reconoce con carácter general el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en el artículo 20.1 .d) el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, especificando que esta libertad encuentra su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título y «especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».

En consonancia con lo anterior, la especial protección que debe darse a datos relativos a menores ha tenido su acogida normativa en la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero (RCL 1996, 145), de Protección Jurídica del Menor .

En la interpretación de estos derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha venido señalando que, para que el derecho a la intimidad pueda oponerse legítimamente como un límite al derecho a la libertad de recibir o transmitir información, es preciso que las noticias difundidas carezcan de interés público o que, aun siendo de interés público, carezcan de veracidad, ya que en una sociedad democrática que proclama como uno de los principios que inspiran su convivencia el respeto a la dignidad de la persona, no debe tolerarse la divulgación de hechos que pertenecen a la intimidad de ciudadanos particulares, ni tampoco se debe tolerar que las noticias que se difundan sean inveraces, no en el sentido de que las mismas coincidan exactamente con las acontecidas, sino en el sentido de que se haya desplegado por quien las publica la diligencia necesaria para cerciorarse de que lo que se divulga no es un simple rumor ( SSTC 54/2004, de 15 de abril ( RTC 2004, 54) y 61/2004, de 19 de abril ( RTC 2004, 61) ).

Sin embargo, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la doctrina constitucional ha otorgado un ámbito de superprotección que obliga a ser sumamente cautelosos en cuanto a la información que de los mismos se suministra, aunque ésta tenga interés público. Y, así, el Tribunal Constitucional ha señalado que el legítimo interés de un menor de que no se divulguen datos relativos a su vida familiar o personal «parece imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de ambos menores», incluso, aunque la noticia merezca el calificativo de información neutral ( STC de 15 de julio de 1999 ( RTC 1999, 134) ).

En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004 ( RJ 2004, 4289) razonaba que

[...] la esfera privada incluye las circunstancias que, sin ser secretas ni de carácter íntimo, merecen el respeto de todos y la protección frente a la indebida publicación de hechos particulares y familiares, aunque no sean secretos, prescindiendo de si son ciertos o inciertos. Por consiguiente, no cabe divulgar aspectos de la intimidad, aunque sean ciertos, pertenecientes al ámbito que la persona mantiene reservado, y que además no aportan nada importante a lo que pueda tener de interés público el reportaje.

TERCERO

Legitimación activa del Ministerio Fiscal.

Como se ha expuesto anteriormente, se cuestiona por parte de CUARZO la legitimación activa del Fiscal, porque habría interpuesto la demanda sin oír previamente a los padres titulares de la patria potestad ni a la propia menor con madurez suficiente. A este respecto, hay que recordar simplemente que la legitimación se configura, con carácter general, como un presupuesto de orden jurídico material previo al estudio de la cuestión litigiosa de fondo, que hace referencia a la concurrencia en los sujetos del pleito de aquellos requisitos que el ordenamiento jurídico erige en razón justificativa de los efectos jurídicos que se pretenden y frente a quien se instan. La posición habilitante para formular la pretensión ha de radicar necesariamente en la afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la obligación. La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tema de fondo que se debate en el proceso y se resuelve en sentencia, sino que ha de quedar reducida a las afirmaciones que realiza el actor, de tal suerte que éste se halle revestido de la cualidad que se atribuye en la demanda. Y así, el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) atribuye con carácter general la condición de parte procesal legítima a quien comparezca y actúe en el juicio como titular de la relación jurídica o del objeto litigioso. Es más, en relación con el recurso de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 86/1985, de 10 de julio ( RTC 1985, 86) , F. 1.º, sobre la legitimación institucional:

La legitimación para recurrir en amparo que la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal en el apartado 1.b) de su art. 162 y que aparece igualmente recogida en el punto 1 .b) del art. 46 de la LOTC ( RCL 1979, 2383) , se configura como un ius agendi reconocido a este órgano en mérito a su específica posición institucional, funcionalmente delimitada en el art. 124.1 de la norma fundamental. Promoviendo el amparo constitucional , el Ministerio Fiscal, defiende, ciertamente, derechos fundamentales, pero lo hace, y en esto reside la peculiar naturaleza de su acción, no porque ostente su titularidad, sino como portador del interés público en la integridad y efectividad de tales derechos.

A partir de esta doctrina se defiende que esa legitimación por sustitución alcance de forma general al recurso de amparo ordinario, es decir, al que se sigue ante los Tribunales integrantes del Poder Judicial, legitimación originaria fundada en el artículo 124.1 de la Constitución, dirigida al cumplimiento de su misión de «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a instancia de los interesados», por cuanto que, cuanto más importantes sean los derechos a defender, más intensa debe ser su actuación. Es decir, carece de sentido otorgar al Ministerio Fiscal la posibilidad de entablar un proceso de amparo constitucional, como hace el artículo 46.1.b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y privarle de esa misma facultad en la vía judicial precedente, dado que los tribunales ordinarios son los guardianes naturales de los derechos fundamentales, y la actuación del Tribunal Constitucional es meramente subsidiaria.

Y desde esta perspectiva de tutela integral de los derechos fundamentales de los menores, la legitimación del Ministerio Fiscal existe de forma incuestionable por definición legal, ex artículo 4.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero ; es decir, se trata de un supuesto de legitimación legal por sustitución que no está supeditada a consentimientos ni a trámites previos (las Instrucciones de la Fiscalía General del Estado no constituyen fuente del Derecho, ni vinculan a los tribunales de justicia), y existe «en todo caso», y «sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor».

CUARTO

Hechos relevantes.

En el presente caso existe una serie de datos acreditados por las grabaciones aportadas y, en todo caso, no cuestionados por las partes, que ponen de manifiesto que la actuación de las demandadas fue mucho más allá de la única finalidad pretendida en todo momento por la menor, que era la de desmentir el rumor de que estuviera embarazada a raíz de su relación con Teodosio y que la convivencia con él tuviera un contenido sexual.

Programa Rojo y Negro

Las preguntas se refieren a la actuación de Teodosio la noche de la desaparición de Milagrosa y, entrando en la relación personal con él, no se limitan a aquello que motivó a Elena . a aceptar su presencia física en el plató, como son las relativas a si sabía que había estado enamorada de un asesino y cómo le afectaba eso, si le había pegado o insultado, si la había engañado con otras niñas. Posteriormente, tras las advertencias del psicólogo y la pausa publicitaria, manifiesta que Elena . «se ha venido un poquito abajo». Finalmente, el rostro de la menor aparece en todo momento sin pixelar ni deformar de manera que se impida o dificulte la identificación, es decir, su imagen se difunde sin trabas de ningún tipo.

Programa de Ana Rosa

La menor vuelve a aparecer con la cara descubierta y sin deformar, al igual que en las imágenes de archivo que se utilizan. Las preguntas se refieren de nuevo a detalles de su relación personal con Teodosio . Nada sobre el embarazo a desmentir.

Programa Está pasando

Se vuelve a difundir parte de la entrevista realizada en Rojo y Negro y se utilizan las fotos de Elena . sin desfigurar. Aquí, el presentador de Rojo y Negro manifiesta de nuevo que, tras la entrevista, Elena . se derrumbó y se echó a llorar. Nada se pregunta sobre el embarazo que se quería desmentir.

Informativos de TELECINCO

Se emite una entrevista realizada a la menor Elena . en la puerta de su casa. La imagen aparece sin difuminar, y tanto ella como el domicilio son plenamente identificables. Nada se dice sobre el embarazo a desmentir.

Declaración judicial de R.

En el curso de la misma, dejó claro que toda su actuación pública en este asunto estuvo presidida por el propósito de desmentir el rumor de que hubiera tenido una relación de convivencia de tipo sexual con Teodosio , de pareja estable, y de que como consecuencia de la misma hubiera quedado embarazada. Y a estos efectos, hay que resaltar que el primer hito de esa actuación pública no se puede calificar seriamente como «rueda de prensa», como alegan las mercantiles demandadas, sino de intento de huida frente a la presión mediática que sufría en la misma puerta de su domicilio desde las ocho de la mañana del día 15 de febrero de 2009, de tal forma que salió sólo a decir que no estaba embarazada y a intentar poner fin a dicha presión. Cuando los responsables de la cadena TELECINCO la contactaron y le ofrecieron llevarla a Madrid y salir en televisión, no se le explicó ni se le informó previamente acerca de las preguntas que se le iban a formular, ni tampoco se le dio la opción de salir con su rostro pixelado u oculto de alguna forma. Realmente, sólo sabe que le dieron unos papeles a firmar. Nada más. Y declaró que no le gustó ni que le preguntaran sobre si Teodosio había tenido otras novias, hecho éste que tampoco era de su agrado, ni que el presentador de Rojo y Negro dijera públicamente que se había sentido mal durante la pausa publicitaria y que se había derrumbado un poco, es decir, que se exteriorizaran sus sentimientos.

A preguntas de los demandados manifestó que no se consideraba perjudicada por las preguntas que se le habían hecho (nada dice ni se le pregunta sobre la utilización de su imagen), y en relación con la demanda que está en el origen de este proceso, matizó -a preguntas de la Fiscal- que el pueblo se le había echado encima «por los 100.000 €».

QUINTO

Valoración de las pruebas.

Una aproximación superficial a las pruebas permitiría construir una sentencia desestimatoria de la demanda, basada en razonamientos elementales: La menor, con condiciones de madurez suficiente y en presencia de su madre titular de la patria potestad, acude voluntariamente a los programas de TELECINCO a desmentir que estuviera embarazada como consecuencia de su relación con Teodosio . Existe el consentimiento que justifica la revelación pública de su imagen y de detalles de su vida personal e, incluso, se le habría prestado un servicio a ella misma y a la sociedad al aclarar estas cuestiones. Dice que no se considera perjudicada, y que tras la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal ha tenido problemas, porque se reclaman para ella 100.000 €.

Sin embargo, como hemos expuesto anteriormente, a raíz de las previsiones del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero , el caso presenta una serie de peculiaridades que no pueden ser obviadas, pues no basta un consentimiento regularmente emitido para legitimar la utilización de la imagen de un menor y la revelación de su intimidad, cuando ello pueda ocasionar un perjuicio para su adecuado desarrollo personal, intelectual y moral, circunstancia esta que lo diferencia del resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2003 ( RJ 2003, 2596) , tantas veces citada por las demandadas. Y esas peculiaridades hacen que la valoración jurídica de los hechos deba buscarse en los matices para determinar si se ha ocasionado algún perjuicio a Elena ., matices que ponen de manifiesto que se entró en su intimidad sin tapujos de ningún tipo, de tal forma que, siguiendo una secuencia cronológica, se recaba su consentimiento sin informarle previamente del contenido de las preguntas que se le iban a formular ni de su derecho a que su imagen no fuera reconocible en pantalla. No existen opciones para ella. Desde la óptica general del caso Milagrosa , las preguntas inciden sobre cuestiones puramente anecdóticas (la conducta afectiva de Teodosio ) y exceden de la única finalidad pretendida por la menor , de tal forma que se incrementa la fuerza expansiva y el daño derivado de las eventuales intromisiones ilegítimas en la que hubieran podido incurrir otros medios de comunicación, alegato este reiterado por las defensas de las mercantiles demandadas que carece del efecto de exoneración pretendido, pues no hay que obviar al respecto dos circunstancias: la primera, que las ilegitimidades ajenas no justifican las propias; la segunda, que los precedentes se refieren a prensa escrita y a medios digitales, es decir, con un poder de penetración y difusión social muy inferiores al de una gran cadena de televisión de ámbito estatal como es TELECINCO.

Y además, entrando en las circunstancias concretas de Elena ., las preguntas denotan, en la forma de su realización, aquellos aspectos sexuales que, precisamente, son los que ella no quería que se supieran. En este sentido, resultan muy ilustrativas las realizadas en el Programa de Ana Rosa, según se desprende de la grabación aportada y de la transcripción literal que se contiene en el informe del Consejo Audiovisual de Andalucía (folio 142 vuelto), en concreto:

Porque ¿cuánto tiempo has convivido con él en la misma casa...?

[...] llama la atención que una niña tan pequeña, de sólo catorce años, ya tenga novio formal y conviva con él [...].

[...] ¿tú has vivido momentos en que la gente te mirara mal?

Es decir, en la forma misma de interrogar se insinúa la existencia de un contenido sexual, que es lo que ella no quería que pudiera trascender, y se inquiere sobre el daño público que a su imagen ha causado la difusión de su relación con Teodosio .

Y como detalle también muy esclarecedor de su actitud psicológica, que no pasó inadvertido para este juzgador, debe destacarse la expresión de disgusto patente que exteriorizó claramente cuando la interrogó en el acto del juicio la defensa de la productora MANDARINA y empleó la palabra «deshonrada», expresión esta que llevó al letrado a cambiarla inmediatamente por la más aséptica de «perjudicada». Se hizo tangible la importancia que para la menor tiene su honra. Además, como hemos expuesto anteriormente, el presentador del programa Rojo y Negro manifestó públicamente que, en el descanso, Elena . se había venido abajo; es decir, se dio publicidad a sus sentimientos, y ella misma dice que eso no le gustó. Finalmente, no se comprende ni se explica de forma razonable por qué no se ocultó su rostro, de tal forma que no hay ningún elemento que justifique su aparición sistemática a cara descubierta, error este en el que, por cierto, no incurrió ninguna otra televisión .

A partir de estos datos, y más allá de la percepción subjetiva de la menor, debe afirmarse que existe un menoscabo objetivo de su reputación propiciado por las demandadas, y un perjuicio a sus intereses. Y éstos son precisamente los hechos a los que atiende el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, pues lo que se valora en su apartado 3 es ese riesgo actual -e incluso potencial- sobre la honra o la reputación, de tal forma que es suficiente con que la utilización de su imagen «pueda» suponer un menoscabo de aquéllas. Es decir, el legislador ha optado en el caso de los menores de edad por adelantar la tutela al momento de la potencialidad dañosa, sin tener que esperar siquiera al del daño ya ocasionado, bastando con que la utilización de la imagen de la menor pueda implicar una merma, un perjuicio sobre dichos bienes jurídicos, configurándose, en terminología de la dogmática propia del derecho penal, como una suerte de ilícito civil de peligro abstracto, y es la objetiva potencialidad dañosa lo que hace nacer el ilícito; todo ello sin perjuicio de que, se reitera, aquí sí existe ese daño en la medida de que se difunde, se coadyuva de forma principal y muy eficaz por la propia naturaleza del medio televisivo empleado, a la difusión ante la opinión pública de la imagen de R., una niña de catorce años, como «la novia del presunto asesino de Milagrosa ». Es decir, se incide sobre la faceta de trascendencia o exterioridad, sobre el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad ajena.

De otro lado, desde la perspectiva de la protección de los intereses de la menor, situación que también se contempla en el artículo 4 citado, no puede obviarse la intervención de R. como testigo en un proceso penal, sujeta a penas por falso testimonio, sobre hechos muy graves en los que los cambios de versión en nada la ayudan, ni a ella misma ni a la propia investigación de tales hechos. Tan es así, que en el programa Rojo y Negro se hace una serie de preguntas sobre aspectos que inciden sobre dicha investigación y su eventual eficacia inculpatoria, que llevan al psicólogo Sr. Pedro a intervenir para recordar algo que nunca debió olvidarse, esto es, que la entrevista se hacía a una niña de catorce años.

En cuanto a la doctrina del reportaje neutral que se invoca por la defensa de MANDARINA, se ha de reiterar en primer término lo expuesto con anterioridad con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 354/2009 de 14 mayo ( RJ 2009, 3175) , en el sentido de que el legítimo interés de un menor de que no se divulguen datos relativos a su vida familiar o personal impone un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en su vida privada, incluso, en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de Julio de 1999 ( RTC 1999, 134) , aunque la noticia merezca el calificativo de información neutral. Y es que no cabe hablar de neutralidad cuando lo que está en juego es la protección de la intimidad y la imagen de una menor , cuyos intereses deben prevalecer sobre la curiosidad más o menos morbosa del público que pueda seguir los programas cuestionados, sobre el frívolo ejercicio de la profesión periodística y sobre la muy cuestionable actuación de la madre titular de la patria potestad, como primera persona llamada a velar por evitar que su hija fuera expuesta en la plaza pública virtual que es la televisión , con el objeto de desvelar aspectos de su vida íntima que sólo incumbían a ella y, a lo sumo, a su círculo de personas más próximas, de tal suerte que, como decimos, existe ese perjuicio objetivo. Y, en relación con la crítica formulada por la defensa de aquella productora en el trámite de conclusiones, en el sentido de que no se interesó por parte del Ministerio Fiscal la práctica de una prueba psicológica específica, hay que decir que la carga probatoria opera en sentido inverso, pues es precisamente la difusión pública de la imagen de una menor y de detalles de su relación sentimental con un presunto homicida lo que, por vía de la llamada presunción del hombre o presunción judicial (artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ), permite apreciar la existencia de ese perjuicio que aquélla sí pudo intentar desvirtuar con la referida prueba.

Finalmente, hemos de decir que ni R. ni su madre han expresado discrepancias con la actuación del Ministerio Fiscal, más allá de los problemas que la primera dice haber sufrido por la reclamación de 100.000 €, extremo este que deberá tener su reflejo en la fijación de la indemnización, pero no -como decimos- en la declaración de existencia de intromisión ilegítima. Es más, las anteriores consideraciones han sido asumidas por el legislador en la Ley 7/2010, de 31 de marzo ( RCL 2010, 957) , General de la Comunicación Audiovisual, en cuyo artículo 7.1 se establece que «En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación»; y en el artículo 57.4 , se tipifica como infracción muy grave «La difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o en emisiones que discutan su tutela o filiación».

SEXTO

Consecuencias jurídicas de la intromisión. Cuantificación de la indemnización.

La primera consecuencia de la declaración de intromisión ilegítima en la imagen y en la intimidad de la menor protagonizada por las demandadas, conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982 ( RCL 1982, 1197) , es la de la publicación parcial de la sentencia en los propios términos interesados por el Ministerio Fiscal. La segunda, atiende a la fijación del quantum de la indemnización en metálico, y ello obliga a descender a las muy peculiares circunstancias del caso concreto, pues el apartado tres dispone:

La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.

Y decimos que el supuesto litigioso presenta circunstancias muy peculiares porque la actuación de las demandadas no fue única ni exclusiva, pues concurrieron con otros medios de comunicación que previamente habían desvelado el rostro de la menor y datos de su intimidad, medios únicamente de prensa escrita y digitales en lo que respecta a la difusión de su imagen sin pixelar. En segundo lugar, porque la menor, con suficientes condiciones de madurez, consintió su presencia en los programas cuestionados, cuando es lo cierto que para conseguir su propósito de desmentir el embarazo y el contenido sexual de la relación con Teodosio , pudo hacerlo de forma que no se afectaran sus derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad, bien a través de un representante mayor de edad, bien por medio de una nota escrita dirigida a los medios de comunicación, etc., y ello sin desconocer tampoco que, como hemos dicho, la primera salida a la luz pública fue realmente una huida frente a la insoportable presión mediática. En tercer lugar, debe ponderarse igualmente el hecho de que, como manifestó la propia Elena ., su propósito inicial se consiguió -si bien, como decimos, a costa de un precio, de unos resultados, no admisibles-.

Especial relevancia debe concederse a lo manifestado por Elena ., en el sentido de que la reclamación de 100.000 € como indemnización sí le ha ocasionado perjuicios, idea esta que se liga a la percepción pública de que no es aceptable que se pueda obtener un lucro de esa entidad a costa de la muerte de Milagrosa . Como digo, es éste un punto que estimo especialmente relevante, pues el dinero vendría a propiciar un fin distinto al perseguido por el proceso que aquí se ventila, esto es, so pretexto de limpiar su imagen enturbiada se le haría pasar públicamente como persona que se lucra de la muerte ajena, efecto colateral o secundario que debe ser excluido en la medida de lo posible.

De otro lado, es preciso recordar que no existe en el Derecho español la figura de los punitive damages, daños punitivos o sanción indemnizatoria, que son propios de la jurisdicción y legislación norteamericanas y constituyen un plus de compensación por los daños y perjuicios sufridos, que fija de forma libérrima el jurado y que guarda relación con la posición económica de la parte que la sufre. Tampoco se puede convertir lo que es una pura indemnización civil en una suerte de sanción pecuniaria penal o administrativa.

En definitiva, ponderando todas estas circunstancias, debe fijarse la indemnización en la suma de 6.000 €, y declararse la responsabilidad solidaria de todas las demandadas, pues así resulta de la aplicación del artículo 65.2 de la Ley de Prensa ( RCL 1966, 519) . Y ello, sin perjuicio de que deben aceptarse en la relación interna entre las entidades deudoras las cuotas que fijó el Ministerio Fiscal en la audiencia previa, que son coherentes con el grado de participación de cada una de ellas, atendidas la duración de las intervenciones de la menor y la explotación comercial de su imagen en los distintos programas, muy superiores en los casos de Rojo y Negro y el Programa de Ana Rosa respecto a Está pasando.

Lógicamente, la suma anterior quedará depositada en una entidad bancaria mediante la constitución de un plazo fijo, y los representantes legales de R. no podrán disponer de la misma durante su minoría de edad, salvo en caso de extrema necesidad y previa autorización judicial, en los términos de los artículos 158.4 y 167 del Código civil ( LEG 1889, 27) .

SÉPTIMO

Costas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , al ser parcial la estimación de la demanda, no hago expresa imposición de las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ESTIMO en parte la demanda interpuesta por el MINISTERIO FISCAL contra GESTEVISIÓN TELECINCO S.A., CUARZO PRODUCCIONES S.L., y MANDARINA PRODUCCIONES S.L. y en consecuencia:

1

º Declaro que GESTEVISIÓN TELECINCO S.A., como empresa editora, y CUARZO PRODUCCIONES S.L., como empresa productora, han incurrido en intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la menor identificada como Elena . en los programas siguientes:

Rojo y Negro, emitido en la madrugada del 15 al 16 de febrero de 2009.

Programa de Ana Rosa, emitido el día 16 de febrero de 2009.

2

º Declaro que GESTEVISIÓN TELECINCO S.A., como empresa editora, y MANDARINA PRODUCCIONES S.L., como empresa productora, han incurrido en intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la menor identificada como R. en el programa Está pasando emitido el día 16 de febrero de 2009.

3

º Declaro que GESTEVISIÓN TELECINCO S.A., como empresa editora, ha incurrido en intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la menor identificada como R., en los informativos de la cadena emitidos los días 15 de febrero de 2009 a las 15.00 horas, y el siguiente día, 16, a las 6.00 horas.

4

º Condeno a las demandadas GESTEVISIÓN TELECINCO S.A., CUARZO PRODUCCIONES S.L., y MANDARINA PRODUCCIONES S.L., a que, de forma solidaria, indemnicen a la menor Elena . con la suma de SEIS MIL EUROS, más los intereses legales desde la fecha de la presente resolución.

5

º Ordeno la publicación del fallo de la sentencia, en un programa de igual relevancia que los que han sido ocasión de las intromisiones que se declaran.

6

º No hago expresa imposición de las costas causadas.

De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el término de cinco días, para su resolución por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Diligencia: Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha, doy fe.
Experto:  daniamador escribió hace 4 año.
Otra sentencia interesante del Supremo que mantiene que no hay vulneración ya que media el consentimiento de la madre pero que advierte que hay que ir caso por caso viendo las circunsitancias. Tambien relevante el tema del consentimiento escrito



Antecedentes de Hecho

 

 

E.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Fiscal de menores , en representación del menor José, interpuso demanda de juicio de protección a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra la Sociedad Mercantil DIRECCION000., D. Alonso, D. Jose Francisco, y D. Juan Francisco, y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dicte sentencia por la que se declare que la sociedad de televisión privada DIRECCION000., la persona o personas responsables del programa "DIRECCION001", D. Juan Francisco director de DIRECCION000, D. Alonso, como director del mismo, así como a D. Jose Francisco, han llevado a cabo una intromisión ilegítima en la imagen e intimidad del menor José, condenando a la citada sociedad y a las persona o personas responsables a dar publicidad a la sentencia condenatoria que se pretende, en el mismo programa y en las mismas condiciones en que se llevó a cabo la intromisión ilegítima. Así como a que indemnicen al menor José a la suma de ocho millones de pesetas por perjuicios causados. 2.- El Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre y representación de "DIRECCION000.", D. Juan Francisco, D. Jose Francisco y D. Alonso , contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y alegando la excepción de falta de legitimación pasiva de "El Periódico de Aragón", terminó suplicando al Juzgado dicte en su día sentencia en la que 1º) Con admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva de D. Juan Francisco, absuelva libremente a éste de cuanto se le exige en la presente litis, con expresa imposición en costas a la parte actora. 2º) Y respecto de los demás demandados, desestime íntegramente las pretensiones que la demanda formula frente a ellos, por los motivos de fondo que han quedado desarrollados en el cuerpo del presente escrito, condenando igualmente en costas al actor. 3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, se trajeron los autos a la vista para sentencia, con citación de las partes. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, dictó sentencia con fecha 24 de enero de 1.995, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Estimando esencialmente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal en representación del menor José se declare que en el programa "DIRECCION001" emitido el 14 de octubre de 1993 se cometió una intromisión ilegítima en los derechos de la intimidad personal y de la propia imagen del menor José, de las que son responsables de forma solidaria "DIRECCION000.", D. Juan Francisco, D. Jose Francisco y D. Alonso, condenando a dichos demandados a que abonen en concepto de daños y perjuicios al citado menor de forma solidaria la cantidad de 4.000.000 de pesetas cantidad que se ingresará en una cuenta bancaria a nombre del citado menor hasta su mayoría de edad, condenándose igualmente a los demandados a que la sentencia se divulgue en el mismo programa u otro semejante la sentencia una vez firme la misma. Todo ello con imposición de las costas a los demandados. SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de la parte demandada, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 23 de mayo de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso de apelación formulado por los demandados D. Juan Francisco, D. Jose Francisco, D. Alonso, y DIRECCION000. contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid en los autos originales de los que el presente rollo dimana, revocamos parcialmente la sentencia apelada en el sentido de absolver de la demanda a D Juan Francisco y del pago de las costas de la primera instancia y confirmamos los demás pronunciamientos de la misma, sin hacer condena en las costas de la apelación. TERCERO.- 1.- El Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre y representación de "DIRECCION000." y de D. Alonso interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: UNICO.- Al amparo del art. 1692 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 20.1.d) de la Constitución y 2.2) y 3.1º) de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, así como de la jurisprudencia aplicable a ambos. 2.- El Procurador D. Isacio Calleja García, en nombre y representación de D. Jose Francisco, interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 20 de la Constitución y de la normativa reguladora del derecho a la información y de la jurisprudencia aplicable. SEGUNDO.- Al amparo del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de la jurisprudencia relativa al denominado reportaje neutral. TERCERO.- Al amparo del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 2.2 y 3 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, en relación con el artículo 162 del Código civil. CUARTO.- Al amparo del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 1902 del Código civil. 3.- Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido, el Ministerio Fiscal en representación del menor José, presentó escrito de impugnación a ambos recursos. 4.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 11 de marzo del 2003, en que tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

 

 

 

Fundamentos de Derecho

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se ha ejercitado la acción de protección a los derechos de intimidad e imagen reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española y regulados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La demanda la ha interpuesto el Ministerio Fiscal en defensa del menor de edad José, por un programa emitido por televisión y la ha dirigido contra el presentador del mismo D. Jose Francisco, el director del programa titulado "DIRECCION001" D. Alonso y contra la sociedad titular del canal de televisión "DIRECCION000.". Los hechos se reducen a una entrevista al menor de 14 de años de edad, cuyo entrevistador no aparece, en el Hospital "12 de octubre" de Madrid, donde se halla en la cama y cuenta cómo fue agredido por otros jóvenes, que le golpearon y le asestaron varios navajazos, de cuyas heridas se restablece en dicho Hospital; cuenta también que su madre le pegaba con la mano y que se marchó de casa y fue llevado a un centro de menores; a continuación, el mencionado presentador entrevista a la madre, que manifiesta que su hijo es muy agresivo, que un familiar la indujo a actuar contra la madre, que la denunció por malos tratos, que se escapaba e iba por la calle vendiendo pañuelos y que se junta con malos amigos. La sentencia objeto del recurso de casación, de la Audiencia Provincial, Sección 8ª, de Madrid, de 23 de mayo de 1997, estimó la demanda y condenó a los tres codemandados (absolvió a un cuarto, director de la cadena de televisión, revocando en este extremo la dictada por el Juzgado de 1ª Instancia) al abono de cuatro millones de pesetas y a la divulgación de la sentencia. La idea esencial de ésta se resume en una conclusión que expone tras la explicación de los hechos y que es del siguiente tenor literal: "...serie de datos pertenecen a la esfera familiar y privada y las tensiones entre el niño y la familia y sus consecuencias han sido dadas a la publicidad, con un resultado evidentemente negativo para él, cuya imagen en la pantalla queda asociada a este conjunto de circunstancias influyentes desfavorablemente en quien está afectado por las mismas, cuya notoriedad y publicación por la cadena televisiva necesariamente agrava el mal, por lo que se incurre en las conductas previstas en el artículo 7-3-5 de la Ley Orgánica 1/82". Frente a esta sentencia han interpuesto sendos recursos de casación, tanto la sociedad y el director del programa, en un único motivo, como el presentador del mismo, en cuatro motivos. SEGUNDO.- Se presenta una vez más, en el presente caso, la colisión del derecho a la información, que proclama como derecho fundamental, el artículo 20.1 d) de la Constitución Española y los derechos a la intimidad y a la imagen, derechos de la personalidad que los recoge también como fundamentales el artículo 18 de la misma. La libertad de información, como la de expresión, es uno de los pilares del sistema democrático, básico para que éste se mantenga; lo cual se ha dicho innumerables veces en sentencias de esta Sala y del Tribunal Constitucional; se considera como un indiscutible punto de partida en los frecuentes temas de la aludida colisión; se parte por ello, de que tiene una posición prevalente, que no preferente, sobre los demás derechos, que no son absolutos, como no lo es ningún derecho y como tampoco es absoluta aquella libertad. A su vez, el derecho de la intimidad es expresión de la dignidad del ser humano y alcanza el círculo íntimo que tiene cada persona de sí mismo y de su familia; concepto un tanto etéreo, pues no es posible precisar con detalle el contenido del "círculo íntimo" El derecho a la imagen tiene un concepto más exacto al referirse a la representación gráfica de la figura humana, visible y reconocible y comprender el aspecto negativo, de impedir su reproducción y el positivo de disponer del mismo. La relación entre aquella libertad -o derecho- de información y estos derechos de intimidad e imagen, por más que haya una abundante doctrina juriprudencial, no puede tratarse dogmáticamente ni puede fijarse a priori. Es imprescindible ir al casuismo y contemplar el caso concreto, a conciencia de que no hay dos casos iguales. Por tanto, no pueden hacerse aquí generalizaciones sobre reportajes en que aparecen menores de edad y dar conceptos abstractos sobre si atenta a su intimidad y a su imagen; se debe analizar este caso, ver el contenido, su alcance y comprobar si queda bajo la libertad de información, una vez bien delimitado el derecho a la intimidad y ver el consentimiento del menor y de su madre, indudable y claramente expresado, para aquel contenido de la intimidad y la aparición en televisión de la imagen. Cuya intimidad e imagen se presentan aquí confundidos y unidos inseparablemente, pues los datos que pueden ser del círculo íntimo, se expresan al tiempo de aparición de la imagen del menor. También en la sentencia de esta Sala de 16 de mayo de 2002, en un caso bien distinto, se entremezclaban los derechos de intimidad e imagen. TERCERO.- En cuanto al contenido, debe partirse del evidente interés público de los hechos expuestos, no sólo relativos a la persona del menor y a la angustia de la madre, sino también referentes a la vida de menores, en general, en situación de precariedad económica, familiar y social y a la relación con el centro de menores, donde se hallaba cuando, al salir con unos compañeros, sufrió la agresión. Con la noticia de interés público, que se explica en la doble entrevista, quedan inmersos unos aspectos de la vida del menor, que antes se han detallado: los cuales, estima esta Sala, no atentan a la intimidad del menor; es decir, el contenido de la doble entrevista no alcanza a ser considerada una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad; entender otra cosa significaría dar un sentido amplísimo al concepto de "círculo íntimo". Lo anterior debe relacionarse con el consentimiento que alcanza a lo manifestado en la entrevista relativo a la supuesta intimidad y a la imagen. Tanto lo que se dice, como la imagen que aparece, se hace en presencia y con consentimiento de la madre, representante legal del menor; es cierto que debería haber otorgado el consentimiento por escrito y haberlo puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, tal como obliga el artículo 3.2 de la Ley de Protección del derecho al honor, intimidad e imagen, cuyo incumplimiento le afecta a ella, no a los demandados, Además, a mayor abundamiento, el artículo 3.1 dispone que el consentimiento lo preste el menor si sus condiciones de madurez lo permiten, lo que coincide con el artículo 162, segundo párrafo, 1º, del Código civil. No está claro si reunía las condiciones de madurez: la sentencia de instancia dice que "sufría un ligero retraso mental" pero no especifica y lo cierto es que ni estaba incapacitado ni el retraso era notorio; la sentencia de instancia deduce -no lo declara como hecho probado- que "no había tal madurez" de la situación de limitación por haber recibido dos días antes cinco puñaladas, pero tal deducción no puede aceptarse, partiendo de que se presume una capacidad normal, mientras no se acredite una incapacidad, y el joven de 14 años, de una vida -como el mismo relata- desgraciada y agitada, no permite negar unas claras condiciones de madurez, para consentir una entrevista por televisión. CUARTO.- De lo expuesto hasta ahora se desprende que deben ser estimados ambos recursos de casación, pues en los dos se mantiene la prevalencia del derecho de información, la falta de intromisión ilegítima en la intimidad del menor y el consentimiento en la divulgación de hechos personales y de la aparición de la imagen del menor en la televisión. Todo ello es cierto y así se declara. El recurso que ha interpuesto DIRECCION000. y D. Alonso tiene un único motivo, que se estima, pues se considera que la sentencia de la Audiencia Provincial ha infringido el artículo 20.1.d) de la Constitución Española, relativo al derecho de información y los artículos 2.2 y 3.1 de la ley de protección civil del derecho al honor, intimidad e imagen, relativo al consentimiento, tal como se ha expuesto. Lo cual coincide con el motivo primero del recurso interpuesto por D. Jose Francisco, que alega la infracción del artículo 20 de la Constitución Española, que ciertamente y como se ha dicho, sí se ha producido: por lo cual debe estimarse este motivo, careciendo de interés entrar en el análisis de los restantes. Al ser estimados motivos de infracción comprendidos en el ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como dice el artículo 1715.1.3º de la misma ley, la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate. Es evidente, tras lo que se ha expuesto, que la resolución no puede ser otra que la desestimación de la demanda que ha interpuesto el Ministerio Fiscal. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

 

 

 

 

 

Fallo

 

 

FALLAMOS QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION formulados por el Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre y representación de "DIRECCION000." y de D. Alonso y por el Procurador D. Isacio Calleja García, en nombre y representación de D. Jose Francisco, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 23 de mayo de 1.997 que CASAMOS y ANULAMOS y, en su lugar, desestimamos la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal en la defensa del menor José contra los mencionados recurrentes. No se hace condena en las costas causadas en estos recursos. Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.-CLEMENTE AUGER LIÑAN.-JOSE ALMAGRO NOSETE.- XAVIER O´CALLAGHAN MUÑOZ.-FRANCISCO MARIN CASTAN.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

 

 

 






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