Cómo funciona JustAnswer:

  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tienen muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.

Formule su propia pregunta a Abogado3044

Abogado3044
Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 5984
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
54639574
Escriba su pregunta sobre Legal aquí...
Abogado3044 está en línea ahora

Hace dos años trabajava en una s.l. como gerente de gestión

Pregunta del cliente:

Hace dos años trabajava en una s.l. como gerente de gestión con poderes mancomunados en cuanto a gestiones bancarias. Al dejar la empresa, ésta tenia una deuda por un swap con un banco. Ahora después de dos años van a juicio y la parte del banco me llama como testimonio. Está claro que la operación perjudicó a la empresa pués no se la informó bien. Mi pregunta es PUEDO TENER YO ALGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD EN EL SUPÓSITO QUE LA EMPRESA PIERDA EL JUICIO ? Gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Si bien la jurisprudencia dice que el plazo de prescripción de acciones contra los adminitradores es de 4 años, con lo que no podemos hablar de prescripción, no basta con que la empresa esté en plazo para reclamarle, si no que debe demostrar su responsabilidad personal en el daño, y que ésta este motivada sóla y exclusivamente en su actuación, dado que de otra manera serían responsabilidades compartidas y ésto a Ud le beneficia en cuanto que sólo es responsable de las acciones que personalemente se le puedan imputar y además, no sólo por mal resultado, si no que sería preciso demostrar Dolo, mala fe, o negligencia, que es mucho más que un resultado negativo de hecho

 

Le dejo sentencia sobre plazo de prescripción, pero a falta de saber más datos de su actuación, no veo muy probable que inicien acciones legales contra Ud por lo complicado que sería demostrar su negligencia y mala fe en el resultado lesivo, de forma personal y única en su persona o en los dos admisnitradores mancomunados

 

TS, Sala Primera, de lo Civil, 1122/2001, de 30 de noviembre Recurso 2392/1996. Ponente: LUIS MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ. EXTRACTOS El plazo de prescripción para acciones que exigen responsabilidad de gerentes y administradores sociales será de 4 años "... Los tres Motivos fracasan, porque, (sin perjuicio de que no se comparta el plazo anual de prescripción de que parte la Sala "a quo", que difiere de ese "dies a quo" que sostiene el Motivo Primero -F.J. 4º-), frente a la línea más o menos evolutiva en cuanto a la fijación del plazo de prescripción en las acciones tendentes a reclamar responsabilidad a los administradores de las sociedades, tanto sea de responsabilidad limitada, en el caso de autos en su remisión a la de sociedades anónimas, es evidente que, el tema se ha zanjado al admitirse de forma definitiva que el plazo de prescripción es de cuatro años en los términos fijados, concretamente, tras el análisis de dicha jurisprudencia por la última Sentencia de 20-7-2001, que confirma el criterio doctrinal acertado sobre prescripción de acciones, "Al respecto se plantea la dificultad de si el tiempo para su cómputo es el que marca el Código de Comercio, art. 949, que dice que la acción para exigir la responsabilidad correspondiente de los administradores o consejeros prescribe a los 4 años desde que se produjo la conducta, o el acto lesivo (o siguiendo el dictado del art. 1964 C.C. en sede de la responsabilidad contractual de 15 años) o bien el art. 1968.2º del C.C., de un año, si el marco es la responsabilidad extracontractual...", manteniéndose que, ante la indiscutible responsabilidad contractual en que se incurre, procede el citado plazo de 4 años; en esa Sentencia se afirma: "...Siendo por tanto necesario fijar la doctrina de esta Sala, debe declararse que el plazo de prescripción aplicable a la acción individual de responsabilidad... es el de cuatro años del art. 949 C.Com. Sin desconocer los respetables argumentos de la doctrina científica mayoritaria en pro del plazo de un año del art. 1968-2º CC, son razones que apoyan la solución aquí adoptada las siguientes: A) El art. 943 C.Com., punto de partida para llegar al art. 1968-2º CC, se refiere textualmente a "las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio". Sin embargo resulta que el propio C.Com., en su art. 949, sí asigna un plazo determinado, el de cuatro años, a "la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades", sin distinción alguna, por más que su emplazamiento sistemático, a la vista del contenido de los dos artículos que le preceden, permita opinar que podría estar refiriéndose sólo a la acción que contra el administrador ejerciten los socios. B) La acción individual de responsabilidad, ya corresponda a los socios, ya a terceros, se regula específicamente en un precepto de la LSA-TR 1989, el art. 135, (ya lo sea en sede de S.R.L. art. 13.2º de la Ley ant. de 17-7-1953, aplicable a Autos) que es una norma mercantil cuyo complemento debe buscarse en el Código de Comercio, a tenor del art. 121 de este último y dado su carácter de Cuerpo legal básico en el ámbito mercantil, antes que en el Código Civil. C) Existiendo por tanto en el Código de Comercio una norma especial sobre el plazo de ejercicio de "la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades", no hay por qué acudir al Código Civil en busca de otro plazo diferente que en realidad se establece para unas acciones menos específicas, las ejercitadas para exigir responsabilidad "por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902", debiendo aplicarse la norma especial con preferencia sobre la general..."; por lo cual, se rechazan los Motivos, pues, en ese plazo de cuatro años es inoperante las vicisitudes sobre la interrupción de su cómputo relativo a los términos que están expuestos en los referidos Motivos. ..." La ley obliga a los administradores sociales a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los acreedores mediante el cumplimiento de obligaciones "... La Sala "a quo" razona esa condena partiendo de los siguientes hechos, cuya responsabilidad imputa el recurrente con base a los arts. 13 Ley 17-7-53 y, 79 y 81 L.S.A. de 17-7-51: 1º) Ha de reputarse indiscutible la real existencia de un daño a la actora concretado en la imposibilidad de hacer efectivo el importe de la deuda en la cuantía reconocida, coincidente con el segundo de los periodos de suministro reclamados, con bienes de la sociedad deudora, por la desaparición de hecho de la misma con abandono de su domicilio social. 2º) También ha de reputare concurrente la relación de causalidad entre ese daño y una conducta culpable o negligencia del codemandado, administrador único teniendo en cuenta, precisamente, la proximidad temporal entre la adquisición por el mismo de las mercancías que se estiman adeudadas y el cese de la actividad de la Sociedad prácticamente sin solución de continuidad, evidenciando así que se utilizó el importe de su reventa a terceros para liquidar el resto de las deudas de la sociedad, pago este selectivo del pasivo social que supone tanto como obviar las obligaciones que la ley impone a todo administrador de sociedad de capital de adoptar las medidas necesarias conducentes a salvaguardar los intereses de 'todos los acreedores', mediante una ordenada previsión de cumplimiento de obligaciones asumidas que desde la perspectiva de un diligente administrador se logra en estos casos de insolvencia provisional o definitiva mediante la promoción del oportuno procedimiento concursal. 3º) Consta acreditado que ha utilizado los recursos provenientes de las ventas de los productos suministrados por la actora en los dos últimos meses, para saldar las deudas contraídas con el resto de los acreedores, lo que constituye una práctica absolutamente irregular y discriminatoria susceptible de ser calificada de culpa grave. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Avilés, fueron vistos los autos, Juicio de Menor Cuantía, promovidos a instancia de Gallega de Alimentación, S.A., contra don J. L. M. G. y Granja Depablo, S.L., sobre reclamación de cantidad. Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que, a) se declare que la entidad demandada adeuda a la actora la cantidad de SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO PESETAS y, en consecuencia, se le condene a aquella a pagar a la demandante la citada cantidad, con más sus intereses legales y las costas judiciales de este procedimiento. b) se declare la responsabilidad personal del codemandado don J. L. M. G. , Director Gerente de Granja Depablo, S.L., o alternativamente, en su defecto, por imposibilidad de aquella, la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y OTRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO PESETAS, junto con más sus intereses legales desde la interpelación judicial, y al pago de las costas de este juicio. Admitida a trámite la demanda la representación procesal de los demandados contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia por la que a) estimando parcialmente las pretensiones deducidas contra Granja Depablo, S.L., condene a dicha sociedad al pago de la cantidad de 19.345.786 ptas., sin especial pronunciamiento en costas. b) desestimando las pretensiones deducidas contra don J. L. M. G. , dicte sentencia por la que se absuelva a don J. L. M. G. condenando en costas a la parte actora. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fué declarada pertinente y figura en las respectivas piezas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos. Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 9 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. López González, en nombre y representación de Gallega de Alimentación, S.A., contra don J. L. M. G. y Granja Depablo, S.L., debo condenar y condeno a los demandados solidariamente a abonar a la entidad actora la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO PESETAS (77.438.958 ptas.), absolviendo a los demandados del resto de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda, más los intereses legales correspondientes desde la Sentencia; y sin realizar expresa imposición de costas. SEGUNDO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Sexta, dictó sentencia con fecha 18 de junio de 1996, cuyo Fallo es como sigue: "SE ACOGEN PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN deducido por DON J. L. M. G. y LA SOCIEDAD GRANJA DEPABLO S.L., así como LA ADHESIÓN AL MISMO de la sociedad GALLEGA DE ALIMENTACIÓN, S.A., ambas contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Avilés, en autos de juicio de menor cuantía núm. 253/93, la que se REVOCA PARCIALMENTE: En su lugar con parcial estimación tanto de la acción de reclamación de cantidad, como de la acción individual de responsabilidad se fija la cantidad total adeudada por la entidad demandada a la actora en la de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS PESETAS, a cuyo pago se condena conjunta y solidariamente a ambos demandados. Tal cantidad devengará el interés legal de morosidad desde la fecha del emplazamiento de la sociedad demandada y el legal del art. 921 de la L.E.C., desde la de la Sentencia de Primera Instancia. Todo ello sin hacer expresa mención acerca de las costas causadas en ambas instancias". TERCERO: La Procuradora de los Tribunales, doña Amparo Naharro Calderón, en nombre y representación de DON J. L. M. G. y GRANJA DEPABLOS, S.L., formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: PRIMERO: "Fundamento del Motivo: art. 1692, motivo 4º, L.E.C. Normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico: 1. infringida, art. 1973 C.c., 2. infringida por aplicación indebida, art. 114, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.- SEGUNDO: "Fundamento del Motivo: art. 1692, motivo 4º, L.E.C. Normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringida, art. 1969 C.c., b jurisprudencia..." .- TERCERO: "Fundamento del Motivo: art. 1692, motivo 4º, L.E.C. Normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringida, arts. 1968, 2º y 1969 C.c. b) jurisprudencia...".- CUARTO: "Fundamento del Motivo: art. 1692, apartado 3º, L.E.C. Normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringidas, arts. 24., y 1 y 2 de la Constitución y arts. 359, 408 y 705 L.E.C. b) jurisprudencia.- QUINTO: "Fundamento del Motivo: art. 1692, apartado 4º, L.E.C. Normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringidas, arts. 1100, 1101 y 1108 C.c. b) jurisprudencia" .- SEXTO: ""Fundamento del Motivo: art. 1692, apartado 4º, L.E.C. Normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringidas, arts. 1, 79 y 81 de la Ley de 17 de julio de 1951 de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas; y el art. 1902 del C.c. Asimismo, se preparó recurso de Casación por la entidad GALLEGA DE ALIMENTACIÓN, S.A., y habiendo transcurrido el término concedido a dicha recurrente para comparecer en este recurso, sin verificarlo, mediante Auto de fecha 19 de septiembre de 1996, se declaró caducado y perdido, continuando el trámite en cuanto a los demás personados. CUARTO: XXXXX XXXXX recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador de los Tribunales, don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de la entidad GALLEGA DE ALIMENTACIÓN, S.A.,, impugnó el mismo. QUINTO: XXXXX XXXXXéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACIÓN Y FALLO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2001, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Avilés, de 9 de noviembre de 1995, se estimó parcialmente la demanda interpuesta por la actora contra los demandados que constan, apelada dicha resolución tanto por los demandados como por la actora adheriéndose al mismo, fue revocada parcialmente por la de la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Sexta, en 18 de junio de 1996, frente a cuya decisión se alza el presente recurso de Casación formulado por los codemandados don J. L. M. G. y Granja Depablo, S.L., al haber sido declarado mediante Auto de esta Sala de fecha 19-9-96, caducado el recurso preparado por la actora la entidad Gallega de Alimentación, S.A. SEGUNDO: En el PRIMER MOTIVO del recurso, se denuncia al amparo del art. 1692-4 L.E.C., extinto, las infracciones de los arts. 1973 C.c., y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues, la acción había prescrito por transcurso de un año a partir del "dies a quo" (y la demanda se presentó el 28-5-93) y, según el Motivo, el 13-11-90 fué el último suministro no pagado, pues, la querella interpuesta en 20-11-90, no interrumpe ese plazo. En el MOTIVO SEGUNDO, igualmente se alega infracción del art. 1969 C.c. al igual que el anterior por el juego de la prescripción de la acción ejercitada, y se añade que, la Sentencia recurrida, en su F.J. 4º, párrafo último, para determinar el "dies a quo" del plazo de un año para el ejercicio de la acción individual, parte del día 7 de julio de 1992, fecha en la que se notificó a la representación procesal de la actora el Auto de archivo de la causa penal y, que habiendo transcurrido más de un año desde la fecha del Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo, que desestima el recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Instrucción ordenando el archivo de la causa penal, a la fecha en que la parte actora presentó la demanda -28 de mayo de 1993-, esta prescrita la acción individual formulada contra don J. L. M. G. . En el MOTIVO TERCERO, igualmente se denuncia la infracción del art. 1968.2º y 1969 C.c., en cuanto al inicio del juego de la prescripción. Los tres Motivos indicados, discrepan, pues, de la Sentencia recurrida cuando ésta aprecia la existencia de la no prescripción por la interrupción que tuvo lugar en los términos que se especifican en su F.J 4º, que entiende que es la de un año y el inicio del cómputo anual en los términos que se especifica en citado F.J. 4º: "...resulta que tampoco puede reputarse acreditado que entre la misma y la fecha de presentación de la querella (20 de noviembre de 1990, según resulta de la diligencia obrante al F. 267 de las diligencias previas a que dio lugar la misma) hubiera mediado el lapso temporal de un año. Siendo ello así, como quiera que las diligencias penales por lo mismo que entrañan una prejudicialidad a los efectos del art. 114 de la L.E.Criminal, impiden el inicio del cómputo en tanto no concluyan, habiendo sido notificada a la representación procesal de la actora el auto de archivo el día 7 de julio de 1992, es claro que en la fecha de presentación de la demanda, el día 28 de mayo de 1993, no había transcurrido desde esa última fecha el plazo de un año lo que hace decaer esta excepción". Los tres Motivos fracasan, porque, (sin perjuicio de que no se comparta el plazo anual de prescripción de que parte la Sala "a quo", que difiere de ese "dies a quo" que sostiene el Motivo Primero -F.J. 4º-), frente a la línea más o menos evolutiva en cuanto a la fijación del plazo de prescripción en las acciones tendentes a reclamar responsabilidad a los administradores de las sociedades, tanto sea de responsabilidad limitada, en el caso de autos en su remisión a la de sociedades anónimas, es evidente que, el tema se ha zanjado al admitirse de forma definitiva que el plazo de prescripción es de cuatro años en los términos fijados, concretamente, tras el análisis de dicha jurisprudencia por la última Sentencia de 20-7-2001, que confirma el criterio doctrinal acertado sobre prescripción de acciones, "Al respecto se plantea la dificultad de si el tiempo para su cómputo es el que marca el Código de Comercio, art. 949, que dice que la acción para exigir la responsabilidad correspondiente de los administradores o consejeros prescribe a los 4 años desde que se produjo la conducta, o el acto lesivo (o siguiendo el dictado del art. 1964 C.C. en sede de la responsabilidad contractual de 15 años) o bien el art. 1968.2º del C.C., de un año, si el marco es la responsabilidad extracontractual...", manteniéndose que, ante la indiscutible responsabilidad contractual en que se incurre, procede el citado plazo de 4 años; en esa Sentencia se afirma: "...Siendo por tanto necesario fijar la doctrina de esta Sala, debe declararse que el plazo de prescripción aplicable a la acción individual de responsabilidad... es el de cuatro años del art. 949 C.Com. Sin desconocer los respetables argumentos de la doctrina científica mayoritaria en pro del plazo de un año del art. 1968-2º CC, son razones que apoyan la solución aquí adoptada las siguientes: A) El art. 943 C.Com., punto de partida para llegar al art. 1968-2º CC, se refiere textualmente a "las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio". Sin embargo resulta que el propio C.Com., en su art. 949, sí asigna un plazo determinado, el de cuatro años, a "la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades", sin distinción alguna, por más que su emplazamiento sistemático, a la vista del contenido de los dos artículos que le preceden, permita opinar que podría estar refiriéndose sólo a la acción que contra el administrador ejerciten los socios. B) La acción individual de responsabilidad, ya corresponda a los socios, ya a terceros, se regula específicamente en un precepto de la LSA-TR 1989, el art. 135, (ya lo sea en sede de S.R.L. art. 13.2º de la Ley ant. de 17-7-1953, aplicable a Autos) que es una norma mercantil cuyo complemento debe buscarse en el Código de Comercio, a tenor del art. 121 de este último y dado su carácter de Cuerpo legal básico en el ámbito mercantil, antes que en el Código Civil. C) Existiendo por tanto en el Código de Comercio una norma especial sobre el plazo de ejercicio de "la acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades", no hay por qué acudir al Código Civil en busca de otro plazo diferente que en realidad se establece para unas acciones menos específicas, las ejercitadas para exigir responsabilidad "por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902", debiendo aplicarse la norma especial con preferencia sobre la general..."; por lo cual, se rechazan los Motivos, pues, en ese plazo de cuatro años es inoperante las vicisitudes sobre la interrupción de su cómputo relativo a los términos que están expuestos en los referidos Motivos. TERCERO: En el MOTIVO CUARTO, se denuncia al amparo del art. 1692, apartado 3º, L.E.C. las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringidas, arts. 24., y 1 y 2 de la Constitución y arts. 359, 408 y 705 L.E.C. b) jurisprudencia, aduciendo que, la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo, al resolver el recurso de apelación y la adhesión al mismo falla, entre otras cosas que mis mandantes deben satisfacer además del principal fijado en la misma, "...el interés legal de morosidad desde la fecha del emplazamiento de la sociedad demandada...". De este modo la Sentencia recurrida, al modificar el pronunciamiento firme y no impugnado por la parte apelada y adherida a la apelación establecido por la Sentencia de la Primera Instancia -los intereses a cargo de mis mandantes se devengan desde la fecha de la Sentencia-, por el fallo de que dichos intereses se devengan desde la fecha del emplazamiento-, se está excediendo del ámbito objetivo y funcional de la competencia que le es propia, al entrar a conocer los extremos del pleito consentidos por la parte apelada; el tribunal "ad quem", en definitiva no puede perjudicar al apelante -en este caso mis mandantes- en extremo del litigio, sin haber mediado excitación sobre el mismo por la parte apelada en su escrito de adhesión a la apelación; Esto es, se viene a discrepar de la fijación del cómputo de los intereses legales reclamados al declarar que, se devengarán desde la fecha del emplazamiento de la sociedad demandada y, que ese cómputo debía ser desde la Sentencia recurrida de 18-6-96, que fija la cantidad exactamente referida inferior a la postulada en la demanda. En el MOTIVO QUINTO, igualmente se denuncia al amparo del art. 1692, apartado 4º, L.E.C. las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringidas, arts. 1100, 1101 y 1108 C.c. b) jurisprudencia; y alega que, 1º) la parte actora reclama en su demanda la cantidad de 77.438.958 ptas., y se conceden 19.345.786 ptas. Hay una diferencia, entre las pretensiones de la actora y la fijada por la Sentencia recurrida, de 58.093.172 ptas. 2º) Cierto que la doctrina de esa Sala ha atenuado los efectos del principio "in iliquidis non fit mora", en situaciones, como cuando "la determinación de la cuantía de la prestación dineraria depende de una simple operación aritmética, cuyos factores son conocidos en su totalidad"... Que esos intereses legales moratorios se devengan a partir de la fecha de dicha Sentencia -18-6-1996-, sin perjuicio de que los llamados "intereses procesales" del art. 921 L.E.C., absorben o integran a los intereses moratorios (S. T.S. 5-4-1994), y que, en definitiva, la repetida cantidad de 19.345.786 pesetas, devenga el interés legal del dinero más dos puntos, desde el día 18-6-96, sin que sea conforme a Derecho exigir a mis mandantes otros intereses. Ambos Motivos, igualmente, fracasan: El Motivo Cuarto, porque, por un lado, esa condena está dentro del contenido genérico del "petitum" del actor que, reclama el pago de intereses legales que, claro es, abarca, por supuesto, los moratorios discutidos, porque la citada parte actora, hoy recurrida, también apeló la primera Sentencia por adhesión, sin que conste conformidad alguna sobre lo declarado al punto en esa decisión. En cuanto al Motivo Quinto, porque, a tenor de una doctrina jurisprudencial bien conocida sobre la elusión de la regla clásica "in iliquidis non fit mora" aún cuando la reducción de la lógica condena sea sustancial respecto a la cantidad inicialmente reclamada, lo cierto es, que esa cantidad reajustada, incluso con la deducción judicial, se debía ya al inicio de las actuaciones judiciales, por lo cual, la Sala "a quo" entiende con acierto que la fecha del devengo de intereses habrá de ser desde que se proceda a la reclamación judicial por parte de la demandante, siguiendo, pues, esa nueva doctrina que entiende que, pese a la reducción o el cambio de la cantidad expuesta, cuando la cantidad declarada "ope sententiae" es inferior, igualmente, -salvo que para ello hubiera sido preciso una complicada liquidación contable o una encrucijada de alegatos pugnantes que precisen se diriman judicialmente, que no es el caso de autos-, habrá de devengarse desde que, realmente, se debía el principal, al margen de que por este concepto se hubiese reclamado suma superior al inicio del pleito (por lo demás, en el litigio ese cómputo se justifica porque la cantidad de condena se admitió como debida por la propia recurrente), siendo por lo demás procedente los intereses llamados procesales en mor al art. 921 L.E.C. extinta. En el MOTIVO SEXTO, se denuncia al amparo del art. 1692, apartado 4º, L.E.C. las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideran infringidas: a) Normas del ordenamiento jurídico infringidas, arts. 1, 79 y 81 de la Ley de 17 de julio de 1951 de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas; y el art. 1902 del C.c.; se viene a discrepar respecto a la procedencia de la reclamación que se estima contra el Administrador Único, Director Gerente de la Sociedad Limitada, ya que debía haberse condenado sólo a la Sociedad Granja Depablos, S.L., (recurrente como se reitera en su "petitum" A) del recurso), siendo en definitiva, este el fondo del recurso y la principal discrepancia con respecto a los demás aspectos controvertidos. CUARTO: XXXXX XXXXX "a quo" razona esa condena partiendo de los siguientes hechos, cuya responsabilidad imputa el recurrente con base a los arts. 13 Ley 17-7-53 y, 79 y 81 L.S.A. de 17-7-51: 1º) Ha de reputarse indiscutible la real existencia de un daño a la actora concretado en la imposibilidad de hacer efectivo el importe de la deuda en la cuantía reconocida, coincidente con el segundo de los periodos de suministro reclamados, con bienes de la sociedad deudora, por la desaparición de hecho de la misma con abandono de su domicilio social. 2º) También ha de reputare concurrente la relación de causalidad entre ese daño y una conducta culpable o negligencia del codemandado, administrador único teniendo en cuenta, precisamente, la proximidad temporal entre la adquisición por el mismo de las mercancías que se estiman adeudadas y el cese de la actividad de la Sociedad prácticamente sin solución de continuidad, evidenciando así que se utilizó el importe de su reventa a terceros para liquidar el resto de las deudas de la sociedad, pago este selectivo del pasivo social que supone tanto como obviar las obligaciones que la ley impone a todo administrador de sociedad de capital de adoptar las medidas necesarias conducentes a salvaguardar los intereses de 'todos los acreedores', mediante una ordenada previsión de cumplimiento de obligaciones asumidas que desde la perspectiva de un diligente administrador se logra en estos casos de insolvencia provisional o definitiva mediante la promoción del oportuno procedimiento concursal. 3º) Consta acreditado que ha utilizado los recursos provenientes de las ventas de los productos suministrados por la actora en los dos últimos meses, para saldar las deudas contraídas con el resto de los acreedores, lo que constituye una práctica absolutamente irregular y discriminatoria susceptible de ser calificada de culpa grave. QUINTO: Semejante "ratio decidendi" con fundamento en citados ilícitos ha de confirmarse según se explícita en su F.J. 7º y, de consiguiente, el Motivo Sexto decae, partiendo de la aplicación de la Legislación societaria anterior, esto es, la L.S.R.L. de 17-7-1953, y en su directa conexión con la L.S.A. de 17-7-1951, (con sanciones prácticamente semejantes a las vigentes normativas: art. 69 L.S.R.L., 23-3-1995. Arts. 133 y 135 L.S.A. 22-12-1989), pues, ha de tenerse en cuenta: a) Que el art. 13 de la primera, contempla en su párrafo primero la llamada acción social de responsabilidad, esto es, cuando es la propia Sociedad la que reclama frente al Administrador/s, por los daños sufridos por la misma, por dolo, abuso o negligencia grave..., mientras que en su párrafo 2º, ya se contempla la llamada acción individual en esos mismos casos cuando los que reclaman son los propios socios o los acreedores. -caso de autos-. Normativa, básicamente coincidente con los arts. 79 y 81 L.S.A. citada. b) Que la acción ejercitada frente al recurrente, se basa precisamente en esta acción "individual" de los acreedores contra el Administrador, por su cualidad de Administrador Único y Director Gerente y, contra la Sociedad -F.J 7º de la demanda en reclamación de cantidad y, sin perjuicio de basarse tanto en el art. 79 como en el 81 citados. c) Que los ilícitos imputados al Administrador recurrente, están ya transcritos, esto es, por su mala gestión se produjo el impago de la suma adeudada que se reconoce a la recurrida, así como, no adoptar las medidas necesarias de tipo concursal ante la crisis o insolvencia de la empresa, y proceder a pagar otros créditos, en perjuicio del de la recurrida, son pues los citados resultados claramente atribuidos a una administración negligente, o como dice la Sala "a quo" constitutiva de culpa grave -F.J. 6º repetido-. Por último, esa línea decisoria, se reitera, en aplicación de la normativa precedente, está hace tiempo recogida en varias sentencias: 26-11-1991 y en la de 22-4-1994, al afirmar la primera: "...El demandado, administrador único, omitió cumplir sus obligaciones ante la situación de grave crisis económica de la sociedad, con evidente negligencia grave, conducente a la personal imposibilidad que previenen los párrs. 2º y 3º, art. 13 L.17-7-53, sobre sociedades de responsabilidad limitada, de aplicación en el ámbito temporal en el presente caso"; y la segunda: "La no liquidación en forma legal del patrimonio social cuando la sociedad se encuentra en situación de insolvencia es susceptible de inferir el daño directo contemplado en el art. 81 por configurar una negligencia grave de los administradores en el cumplimiento de sus deberes legales", con transcripción de la S. de 4-11-1991; por lo que se desestima el recurso con los efectos legales derivados. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. FALLAMOS QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de DON Rubén y GRANJA DEPABLOS, S.L., frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo en 18 de junio de 1996, que confirmamos. Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ROMÁN GARCÍA VARELA.- LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ.- RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

En resumen, a falta de conocer los hechos que se le pudieran imputar, como orígen de ese responsabilidad que termina en un daño, le adelanto que no basta con probar el daño, si no que deberían demostrar su negliegencia, dolo, y mala fe en ese resultado dañino, requisito sine qua non para que ud deba pagar nada

Su responsabilidad no nace de que la empresa pierda un juicio, si no de una actuación negligente y de mala fe, y la mejor prueba en su defensa es que todavía no se han iniciado esas acciones, por lo que es extraño que esperen a iniciarlas a una sentencia condenatoria

Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 5984
Experiencia: ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
Abogado3044 y otros otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle
Experto:  Mariatf19 escribió hace 5 año.
Hola buenas tardes. La respuesta a su pregunta es bien sencilla: Si usted ha sido citado como testigo a declarar en el juicio no debe preoucparse de nada porque usted no va a tener nignún tipo de responsabilidad de carácter penal salvo que usted al declarar diga mentiras y se le acuse en otro juicio por falso testimonio pero como usted mismo ha mencionado a usted le han citado en calidad de testigo y por tanto no debe preocuparse en absoluto porque solamente va a ser citado para declarar acerca de unos hechos por tanto, usted no va a tener responsabilidad porque no se le ha imputado ningún delito solamente se le cita en calidad de testigo de las operaciones que se realizaron en su momento porque usted era parte de la empresa, es más es normal que se le cite como testigo porque usted trabajaba en aquél momento para la empresa y es el banco el que le cita para que usted declare sobre las gestiones que se hicieron en la empresa pero nada más porque debe quedar tranquilo ya que anteriormente se iniciaron investigacines de los hechos y a usted solamente lo citan como testigo asique entiendo que no debe preocuparse más que declarar acerca de lo que sabe respeto a todo lo que pregunten. Espero haberle orientado y aclarado y si es así espero que acepte mi respuesta pues es la única forma que tengo de recibir una bonificación por mi tiempo sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise y reciba un cordial saludo.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Ud esta preguntando si después de ese juicio a Ud se le puede reclamar, y efectivamente se le puede reclamar, porque están en plazo, ( siempre y cuando se haga dentro de los 4 años subsiguientes a su despido ) pero es altamente improbable que esa demanda de responsabilidad civil contra Ud prospere.

Si tiene dudas consulte

Experto:  abogadoalonso escribió hace 5 año.
Estimado cliente, en el juicio debe prestar juramento o promesa de decir verdad y deberá declarar si tiene interés en el pleito, por lo que debe responder como si estuviera al margen del procedimiento, en caso contrario deberá hacer constar que tiene interes y que teme verse afectado por la resolución judicial, lo cual dejará “sin peso” su declaración.

Desde que dejó la empresa, salvo que haya habido alguna reclamación de daños y perjuicios por su gestión, no debe responder en ningún caso.

El hecho de que el Banco le llame como testigo, no deja de ser un riesgo para la entidad bancaria ya que lo que diga usted les vinculará.

Reciba un cordial saludo y acepte la respuesta si ha sido de su interés
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Ud en el juicio al que se presenta como testigo, no asume riesgos porque no se le juzga a Ud.

Ud en un hipotético juicio en el que se le reclamase responsabilidad civil por sus actos dentro de la empresa, es donde se debe preocupar.

Reitero que la empresa, puede pedirle responsabilidad por sus actos, pero no por perder el juicio donde Ud es testigo, si no demostrando culpa, y negligencia en su actuación, y en un juicio ad hoc para Ud donde Ud tendría obviamente su derecho de defensa.

Experto:  daniamador escribió hace 5 año.
Yo le pido que detalle para ajustar más nuestra respuesta a que se refiere exactamente con que no se le informó bien a la empresa pues es muy relevante a la hora de saber su responsabilidad

Muchas gracias
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

En el juicio presente a ud no se le juzga, por lo que NO puede asumir responsabilidad de ningún tipo.

Sólo a futuro y en una demanda ad hoc contra Ud, que todavía esta la entidad en plazo de interponer, se le puede demandar por esa posible responsabilidad, pero no sería, en principio, complicada su defensa, dado que NO le han reclamado nada en estos dos años

Cliente: escribió hace 5 año.

A ver, lo que no entiendo es que me cite el banco como testimonio, puesto que con mi declaración lo dejaré en evidencia, y en canvio la empresa por la que trabaje no me cite. Puede significar que la empresa tenga miedo de que pueda fastidiarlos ?

 

El jucio es del banco contra la empresa y yo voy como testigo del banco. Yo diré la verdad del caso. Puede ser que queda involucrada con la empresa de alguna forma ? El presidente éjecutivo prescindió de mis servicios , y la verdad es que la unica que sabe como fue la operación fuí yo.

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Ud debe ser coherente en su declaración, no mentir, pero tampoco dar explicaciones que no le pidan.

Trate de ser aséptica, irse por las ramas, e incluso decir que no recuerda y que le faltan datos.

Recuerde que no se la juzga a Ud pero tampoco tiene beneficio en defender a nadie que no sea Ud misma y sus intereses.

Recuerde el aforismo declaratio non petita acusatio manifiesta, que viene a decir que si Ud da explicaciones que nadie le pide o juicios de valor, pueden después ser el inicio de una acción contra Ud.

Vele por sus intereses, no se explaye en hablar ni en dar demasiadas explicaciones, y preocupese sólo de sí misma.

De ese juicio en ninguna forma Ud saldrá involucrada, pero la entidad estará a allí y si Ud dice lo que no conviene les dará pistas. Preocupese sólo de que ésto no ocurra

Este tranquila y hable lo justo

 

Experto:  abogadoalonso escribió hace 5 año.
Estimada cliente, como complemento a mi anterior respuesta, le informo que su testifical si puede afectar a la empresa, puesto que eso es lo querido por el banco que la propone y usted actuará bajo juramento o promesa de decir verdad, tiene una gran responsabilidad en ese momento pero nada le podrán exigir por lo que no recuerde de la operación aunque si que reconozca firmas, mails o notas que usted haya podido redactar.

Acepte la respuesta y reciba un cordial saludo



Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
  • eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    917
    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/ED/eduardolm/2011-9-12_172832_Recorte.64x64.jpg Avatar de eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    917
    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/JO/JoseMagadan/2013-6-27_16279_IMG6290copia.64x64.JPG Avatar de Abogado3044

    Abogado3044

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    2239
    ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/albergiud/2010-12-12_105447_mi_cuchi.jpg Avatar de Alberto

    Alberto

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    116
    Abogado especializado en laboral , reclamaciones de indemnizaciones ( tráfico) y deudas
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/fcantalapiedra/2010-11-9_1466_Dibujo.jpg Avatar de Fernando Cantalapiedra

    Fernando Cantalapiedra

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    17
    Ejerciendo desde hace cinco años
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/DI/DiegoLM/2011-3-28_102522_DSCN0258copia.64x64.JPG Avatar de DiegoAbogado

    DiegoAbogado

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    746
    Abogado colegiado ejerciente
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/EQ/EquiteLex/2011-12-4_12815_Jesús6.64x64.jpg Avatar de Jesús

    Jesús

    Licenciatura/Derecho

    Clientes satisfechos:

    52
    Abogado colegiado ejerciente /LEGAL GENERAL
  • http://ww2.justanswer.es/uploads/AR/ariatf/2015-7-28_102459_.64x64.png Avatar de Mariatf19

    Mariatf19

    licenciada en derecho

    Clientes satisfechos:

    972
    MÁSTER EN DERECHO CON DESPACHO PROFESIONAL PROPIO
 
 
 

Preguntas relacionadas con Legal