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jaiter
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Buenas tardes: Tenemos una pequeña empresa y con la situacion

Pregunta del cliente

Buenas tardes:

Tenemos una pequeña empresa y con la situacion actual de crisis los estamos pasando bastante mal. Tenemos una hipoteca de una nave industrial y dos prestamos ICO avalados por nuestros bienes.

Nos han aconsejado que hagamos una sociedad patrimonial para salvaguardar nuestros bienes y no tener que responder con los mismos. ¿es eso posible?. y si es así, que coste supondría.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  jaiter escribió hace 4 año.
Hola, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actos, pues pueden ser acusado de un delito de alzamiento de bienes, que consiste en ocultar bienes para evitar que los acreedores puedan cobrar. A este delito se refiere el artículo 257 del código penal, que condena ese alzamiento con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

De manera, que es una solución con sus riesgos; y encima con consecuencias penales.

Además, me imagino que su banco sabe perfectamente de sus propiedades, pues les habrán pedido toda esa información para poder darles los préstamos; de manera que tienen la manera de saber que han pasado con esos bienes.

Y luego, sepa, que uno responde de sus deudas con todos sus bienes de las deudas que pueda tener. Y esos bienes, cuales son???, pues todos, es decir, incluidas las participaciones sociales o acciones de la sociedad patrimonial que usted pueda crear, de manera, que igualmente cabe la posibilidad que el banco pueda embargar esas acciones o participaciones sociales y cobrar igualmente y que usted se quede igualmente sin sus propiedades.

De manera que yo, al menos, lo veo como una solución como mínimo arriesgada.

El coste de crearla, pues tendría que hacer sus escrituras ante notario, con gastos de registro de la propiedad y de registro mercantil. Estos gastos varían del valor de los bienes, de manera que sin saber ese valor y del número de bienes tampoco es difícil saber por cuanto le saldría. En un ejemplo, si tuviese bienes por un valor de 400000 euros, calcule que de escritura de notario le puede salir sobre 1200/1500 euros, registro de la propiedad unos 600/900 euros, y registro mercantil sobre los 400/600 euros. Pero esto se lo digo con todas las reservas del mundo, pues muy posiblemente me equivoque, al no saber muy bien ni de que bienes estamos hablando, de cuantos ni de su valor. Lo mejor sería que pasase por una notaría y le diesen presupuesto de más o menos cuanto le puede salir, pero llevando escrituras de los bienes que quiere aportar y sus recibos de contribución, pues en notaría y registro no cuesta todo igual, como en todo.

Además, con la escritura tiene que pagar impuestos. Solo por la constitución deberá de pagar el uno por ciento del valor de los bienes aportados; es decir, si los bienes tienen un valor de 400000 euros, pues 4000 euros de este impuesto.

Además, la aportación de esos bienes también le genera un incremento en renta, que tendrá que pagar en su declaración de la renta. En este impuesto tiene que pagar por el valor de los bienes cuando los compró, al valor que tiene al aportarlos a la sociedad. Es decir, si yo compré una casa por 120000 euros, y ahora la aporto por 150000 euros, la diferencia entre ambas cantidades es 30000 euros, y sobre esta cantidad hay que pagar el incremento en renta. Ese incremento además es un impuesto caro, pues los primeros 6000 euros de esos 30000 liquidan al 21 por ciento, y el exceso de esos 6000 euros hasta los 30000 al 27 por ciento. De manera que este impuesto puede ser bastante caro.

Y además puede también que pagar un impuesto más, que también puede que sea caro; este impuesto es la plusvalía municipal por fincas urbanas (=piso, casa, local comercial, garaje, trastero, solar), y lo tendría que pagar al ayuntamiento. Este impuesto es sobre el valor del suelo, y tiene en cuenta los años que hayan transcurrido desde que se compró; cuanto mayor sea el valor de ese suelo, mayor el impuesto; cuantos más años hayan pasado, más también de impuesto; para saber cuanto le saldría lo mejor sería acudir al ayuntamiento y que le hagan un cálculo.

Por lo tanto, como puede ver se lo pongo un poco negro; pues corre el riesgo de ser acusado de un delito; de que toda la operación no le valga para nada si finalmente se demuestra de que usted cometió alzamiento de bienes; y además, con la fiscalidad y gastos, a lo mejor, le sale bastante caro.

Yo de hecho lo que le planteo, que no se si puede, pero sería refinanciar con su banco las deudas; buscar como solución pactar carencia por los préstamos, período durante el cual solo se paga intereses; y pactar aumento de plazo. Esto sería medidas que le ayudarán a rebajar la cuota mensual de sus préstamos; tendrían el inconveniente de que tardará más en pagar y pagará más de interés; pero a lo mejor le da aire para poder aguantar, hasta que la situación remonte.
jaiter, Licenciatura
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Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola:

 

La opción que Ud plantea no puede prosperar en ningún caso, tal como le sugiere Jaiter y corroboro, pero puede usted iniciar un procedimiento concursal de acreedores. Es la situación que debemos iniciar cuando hay deudas coyunturales y un patrimonio que proteger.

 

Hacer una sociedad no les sirve, porque ya estan avalando las cantidades, y responden con su participación en la misma.

 

Es un procedimiento para el cual precisará nombrar abogado y procurador.

 

Le doy las principales características:

 

DEFINICION

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, (Ley 22/2003 de 9 de julio), con la regulación española de los Concursos de Acreedores se persigue satisfacer la necesidad de regular el reparto de pérdidas cuando alguien no puede hacer frente a sus deudas.

El Concurso de Acreedores es, por tanto, un procedimiento ideado para paliar los posibles efectos nocivos de la insolvencia, tanto de un empresario, como de un particular. Se trata, fundamentalmente, de organizar las finanzas del concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo máximo posible.



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA NUEVA LEY CONCURSAL

Existe un único juez para conocer de absolutamente todas las cuestiones relativas al concurso.


Par conditio creditorum:

Igualdad de todos los acreedores. Se trata de un Principio General del Derecho que implica la eliminación del principio prior in tempore potior iure, que viene a significar que el acreedor que llegue primero cobra primero. De esta manera, se hace un llamamiento a todos los acreedores del concursado para que se integren en la llamada Masa Pasiva del Concurso, y partiendo de ahí, se idee una forma de satisfacer la mayor parte posible de sus deudas en el menor tiempo posible.

Este principio es la regla general en el proceso concursal, pero encuentra algunas excepciones:

a) Créditos contra la masa, que ni siquiera entran a formar parte del concurso. De forma muy general, son aquellos créditos cuya creación es necesaria para continuar la actividad, y todos aquellos generados después de la Declaración de Concurso.

b) Créditos privilegiados, que se cobran con prioridad. Son créditos laborales hasta ciertas cuantías, créditos garantizados, créditos de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, etc.

c) Créditos subordinados, que se cobran en último lugar. Son normalmente créditos de personas relacionadas con el concursado (parientes, socios...), intereses de los créditos, etc.

Deber de solicitar el concurso, por parte del interesado


PRESUPUESTOS DE LA DECLARACION DE CONCURSO


Los presupuestos para el inicio del procedimiento de Concurso de Acreedores en España son de dos tipos:

Presupuestos subjetivos de la declaración de concurso.
Que el deudor sea persona natural o jurídica, o un patrimonio de los admitidos como sujetos pasivos de este procedimiento. Ya no es necesario ostentar la condición de comerciante.
El patrimonio admitido es "la herencia", que podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente por los herederos".
Se excluye a las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público. Esta regulación es más restrictiva que la anterior.
Presupuestos objetivos de la declaración de concurso.
Que el deudor se encuentre en estado de insolvencia considerada como la imposibilidad de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
"Cumplir regularmente" es un nuevo criterio introducido por la Ley Concursal. Se aparta de los sistemas de ponderación tradicionales hacia otro nuevo, más abstracto, pero eficiente. El ejemplo típico, y lamentablemente muy común, es conseguir hacer cumplir con los pagos mediante créditos que no podrán devolverse. Se está ocultando una situación de quiebra con una falsa apariencia de solvencia mediante un pago anormal de las obligaciones. Al final, el único que cobra es el banco, quien tiene las garantías hipotecarias de todo el patrimonio personal de los socios de la empresa, mientras que los pequeños empresarios han acumulado impagados por un importes de dos, tres y hasta cuatro veces ese patrimonio. El perjuicio a la sociedad de este tipo de prácticas, impone la necesidad de impedirlas, exigiendo la disolución de una empresa desde el momento que se tiene certeza de su inviabilidad, no el día que la situación es insostenible.

Se deben de destacar la novedad de "pagar regularmente", que no es hacerlo "de modo habitual" o en fecha, es realizarlo de un modo correcto.

LEGITIMITACION Y REQUISITOS PARA SOLICITA EL CONCURSO
Dentro del Concurso de Acreedores, una de las partes más importantes en la práctica, es, quién y cuándo se puede solicitar el concurso.

La legitimación para iniciar el concurso corresponde a:

Si es persona física el propio deudor o un acreedor de dicho deudor.
Si es persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación.
Entidades sin personalidad jurídica, quien tenga la representación, según la legislación aplicable.
Cuando la presenta el deudor, ya sea persona física o no, nos encontramos en presencia de un concurso voluntario y si la presenta el acreedor de un concurso necesario.

Los requisitos y forma para presentar una solicitud de concurso por el deudor son:

Debe presentarse la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
Se solicitará por escrito expresando si es insolvencia actual o inminente.
Aportará la documentación siguiente:
Poder especial para solicitar el concurso.
Memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor.
Inventario de bienes y derechos.
Relación de acreedores, por orden alfabético.
Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad:
Cuentas anuales.
Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales.
Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas anuales presentadas.
También puede iniciar el procedimiento un acreedor a quien no se abona su crédito. Debe de cumplirse el siguiente requisito inexcusable; haberse despachado ejecución o apremio y que en su cobro de a detectado la existencia de alguno de los siguientes supuestos:

El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes:
Pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso.
Pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período de tres meses.
Pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
También pueden pedir el concurso, terceros, aun cuando no sean acreedores, siempre que tengan interés legítimo y acrediten, o propongan el modo, una situación de insolvencia.

Como caso excepcional, puede iniciarse un concurso cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de la existencia de una pluralidad de acreedores.

FASES DEL CONCURSO

Las fases del concurso se describen en el artículo 183 de la Ley Concursal. Divide el procedimiento en seis secciones:

SECCIÓN PRIMERA.- Lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso.
SECCIÓN SEGUNDA.- Lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales.
SECCIÓN TERCERA.- Lo relativo a la determinación de la masa activa, a la sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción, a la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa, al pago de los acreedores y a las deudas de la masa.
SECCIÓN CUARTA.- Lo relativo a la determinación de la masa activa, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de créditos. En esta sección se incluirán también, en pieza separada los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al Concurso de Acreedores y las ejecuciones que se inicien o reanuden contra el concursado.
SECCIÓN QUINTA.- Lo relativo al convenio o, en su caso, a la liquidación.
SECCIÓN SEXTA.- Lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos.
En la práctica, aplicando un criterio cronológico, existen cuatro fases:

Actos previos.- Hasta el auto de admisión a trámite.
Fase común.- Desde el auto de admisión a trámite hasta el informe concursal.
Fase de resolución.- Convenio para continuar la actividad o liquidación.
Determinación de la responsabilidad.
Puede haber una reapertura que nos devuelve a la Fase 3.


Fase 1: Actos previos [editar]Hasta el auto judicial declarando el concurso, existe una fase previa amplia y compleja:

Presupuestos de la declaración de concurso.
Procedimiento para la declaración de concurso.

Fase 2: Fase común [editar]Tras la declaración de concurso se inician una serie de efectos, pero estos efectos ya forman parte de la fase común. Por esta causa el auto de declaración de concurso forma parte de los actos previos, cuya fase finaliza, y de la fase común, que inicia.

Debemos destacar los siguientes aspectos:

Efectos de la declaración del concurso:
Para el deudor, respecto a la legislación anterior, se atenúan y se suprimen aquellos que tenían un carácter represivo de la insolvencia.
Para el acreedor aseguran su posibilidad de cobro pero le impone nuevas obligaciones.
La administración concursal: Es el nuevo elemento sobre el cual gira la solución que regula la Ley Concursal.
Determinación de la masa activa y pasiva del concurso: auténtico punto de partida necesario para trabajar, saber cuanto tiene y cuanto debe el concursado.
El informe de la administración concursal: compendio de todo el trabajo realizado en esta fase.

Fase 3: Fase de resolución [editar]Las soluciones del concurso previstas en la Ley son:

El convenio.
La liquidación.
Cada una tiene su particular tramitación, y aún cuando solo se tramite una u otra, es posible tramitar un convenio, y por su incumplimiento, terminara en una liquidación.


El convenio [editar]El legislador prefiere el convenio, pero existen dos tipos de convenio:

Propuesta anticipada de convenio - que se puede aportar con la demanda, cuando es el propio concursado quien inicia el procedimiento concursal.
Propuesta de convenio - cuando el procedimiento no ha sido iniciado por el propio concursado, tras la fase común el concursado tiene la posibilidad de proponer un convenio que impida la liquidación.
Se regula todo un procedimiento de tramitación del convenio para determinar si es posible evitar la liquidación mediante un acuerdo. Debemos de tener muy presente que muchos acuerdos representan importantes quitas y largas esperas.

Terminados los trámites, con la aprobación de una propuesta de convenio, o la decisión de liquidación, la ley impone la apertura de la sección quinta.

Si existen una o varias propuesta de convenio se celebra la junta de acreedores, que estos aprueben o rechacen dicha propuesta de convenio.

Tras el acuerdo de la junta debe realizarse la aprobación judicial del convenio por parte del juez de lo mercantil, e incluso en este momento cabe la oposición al convenio acordado, con dos casos especiales:

Ausencia de oposición.
Denegación de oficio.
En última instancia, el convencimiento subjetivo del juez mercantil sobre la viabilidad del convenio es lo que determinará que este sea aprobado.

Con la aprobación del convenio, y aún cuando la ley lo considere dentro de la misma fase procesal, en la práctica se abre una nueva fase, la de cumplimiento del convenio, donde cambian los actores. En la mayoría de los casos será el propio concursado quien ejecute el convenio e informe al juez.

La liquidación es el último recurso, pero esta mala solución es preferible a la continuidad de una empresa que solo va a conseguir aumentar el volumen de impagados en el mercado, llevando, en cascada, a otras empresas a una situación de concurso.

Cuando se ha comprobado que una empresa no es viable, una liquidación hoy siempre es un reparto de pérdidas menor que una liquidación realizada el día de mañana.

Deben de resaltarse las siguientes partes:

Apertura de la liquidación a solicitud de una parte.
Apertura de la liquidación de oficio.
Publicidad de la apertura de la liquidación.
Operaciones de liquidación.
La Ley concede al deudor la facultad de optar por una solución liquidadora del concurso, como alternativa a la de convenio, pero también le impone el deber de solicitar la liquidación cuando durante la vigencia de un convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación.

En los casos de apertura de oficio o a solicitud de acreedor, la liquidación es siempre una solución subsidiaria.

La Ley reserva para esta fase de liquidación los clásicos efectos concursales de vencimiento anticipado de los créditos aplazados y conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones.

Aun en este último caso, la Ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa.

Las operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la masa operan con el carácter de prededucibles, en el sentido de que, antes de proceder al pago de los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos.


Fase 4 Determinación de la responsabilidad [editar]Esta es una de las materias en las que la reforma ha sido más profunda es la de calificación del concurso.

La Ley limita la formación de la sección de calificación a supuestos muy concretos:

La aprobación de un convenio que, por la cuantía de la quita o la duración de la espera, resulte especialmente gravosa.
La apertura de la liquidación.
En estos supuestos, el concurso se calificará como:

Concurso fortuito.
Concurso culpable.
La calificación de culpable se reserva a aquellos casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores.

Debemos de diferenciar, dentro de la clasificación del concurso, los siguientes apartados:

El concurso culpable.
La sección de calificación. - Es una pieza separada con los siguientes trámites fundamentales:
Formación y tramitación de la pieza de calificación.
Sentencia de clasificación del concurso y efectos.
Sustitución de los inhabilitados.
La calificación del concurso en caso de intervención administrativa.


CUESTIONES ADICIONALES

La conclusión del concurso La Ley regula detalladamente las causas de conclusión del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa:

Porque la apertura no se ajustó a derecho (revocación del auto de declaración de concurso).
Porque el procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de todos los acreedores).
Por su frustración del objeto (inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los acreedores).
Por el ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el procedimiento (desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos transacción del deudor con ellos, causas éstas que, por sus características, sólo pueden operar una vez terminada la fase común del procedimiento y que exigen aceptación u homologación del juez, previo informe de la administración concursal).
Además, es un imperativo lógico y jurídico, que quien ha realizado funciones por designación judicial rinda cuentas de su actuación en la administración. El contenido de esta rendición será:

Se incluirá una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración concursal previos al auto de conclusión del concurso.
Se informará en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas.
La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales, pero la desaprobación comportará su inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos.

También se prevé el fallecimiento del concursado que no será causa de conclusión del concurso.

La reapertura del concurso Procede la reapertura en el caso de deudor, persona física, dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de otro anterior por inexistencia de bienes, si se descubrieran, o si viniera a mejor fortuna.

NORMAS PROCESALES GENERALES Y SISTEMAS DE RECURSOS

La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y simplicidad.

La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales

Se regula un procedimiento abreviado que el Juez podrá aplicar cuando el deudor sea:

Persona natural o persona jurídica.
Que conforme a la legislación mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado.
Que la estimación inicial de su pasivo no supere 1.000.000 de euros.
Pieza básica en este sistema procesal de la nueva Ley es el incidente concursal, un procedimiento especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la Ley otra tramitación distinta. Este incidente se configura con dos modalidades procesales distintas, según la materia sobre la que verse:

Tiene por objeto resolver aquellas materias de índole laboral que se planteen en el marco del procedimiento concursal.
Para materias estrictamente concursales.
La celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del concurso. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de apelación.

Sólo se admite el recurso de casación y el extraordinario de infracción procesal.

Se introduce el recurso de suplicación y los demás que prevé la Ley contra las resoluciones en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

 

Si le he aclarado su duda puede aceptar la respuesta sin perjuicio de que trataré de resolverle cualquier duda posterior al respecto.

 

 

Experto:  jaiter escribió hace 4 año.

Cuidado, el concurso de acreedores, puede ser una solución para la sociedad; pero el incumplimiento de las obligaciones por la sociedad, en un concurso de acreedores, no evita que usted como persona física tenga que responder con su patrimonio, con todos sus bienes, de esas deudas.

 

Además, los bancos suelen incluir como causa para resolver los préstamos y poder reclamar a los avalistas el concurso de acreedores de los prestatarios

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Se responde de las deudas, y no se evita tener que hacerlo, pero se reducen las cantidades a abonar por intereses moratorios, salvo en los hipotecarios.

Es la solución cuando tenemos un patrimonio en peligro y deudas coyunturales, no es barato, pero sí factible. No digo que sea una solución buena, pero quizás sí la menos mala.

La opción de una empresa patrimonial, no es ni barata ni factible.

Y no es factible porque no soluciona nada, Ud responde con la participación en la empresa.

Experto:  jaiter escribió hace 4 año.

Hola, observo que ha leido nuestras respuestas. Y le solicito que acepte alguna de las respuestas, pues de lo contrario la página web no nos gratifica por nuestro tiempo y se queda íntegro el depósito, gratificándose solo al experto al que se acepte su respuesta. La aceptación no impide que siga preguntando cualquier duda que tenga.

 

En todo caso, reciba mis saludos cordiales.

Cliente: escribió hace 4 año.
Buenos dias:

Muchas gracias por la información que me facilitó, pero aún tengo dudas:

* Si aún no tengo ninguna diligencia de embargo, (aunque la situación no es buena en nuestra empresa), ¿como podrían acusarnos de alzamiento de bienes?.

Muchas gracias.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

El alzamiento de bienes se produce con el resultado lesivo de una situación de insolvencia provocada o sobrevenida en perjuicio de los deudores

El hecho de que ahora haya patrimonio con el que responder y hacer cambios patrimoniales sin su corrrespondiente asiento en el activo, es dicir, si cambiamos activo sin contraprestación, ante una eventual falta de pago, se nos acusará de alzamiento

Es decir, que si hay patrimonio por x euros y cambiamos la titularidad de los inmuebles por euros, no habrá problemas, pero si transferida la titularidad, no hay contrapartida contable, LOS ACTUALES DEUDORES, pueden denunciarnos por alzamiento de bienes.

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