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ES PRECISA UNA ORDEN DE ENTRADA Y REGISTRO EN LOS LUGARES

Pregunta del cliente:

ES PRECISA UNA ORDEN DE ENTRADA Y REGISTRO EN LOS LUGARES PUBLICOS
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenos días,

No es precisa orden de entrada y registro en locales públicos, solo en domicilios particulares o estancias reservadas de una empresa.

Existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha interpretado esto, entendiendo que no son objeto de protección los establecimientos abiertos al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial por cuenta de una sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la sociedad ni sirva a la custodia de su documentación. Tampoco, las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares.

Por lo tanto y en relación a su concreta pregunta, no es necesaria la orden de entrada y registro en los lugares públicos.



Le dejo sentencia al respecto,

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA, DE ESTE MODO LA PÁGINA ME GRATIFICA SIN COSTE PARA USTED Y SI QUIERE PUEDE SEGUIRME PREGUNTANDO CUALQUIER DUDA.


Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1ª)
Sentencia núm. 103/2010 de 21 junio JUR 2010\417966



FALTAS CONTRA EL ORDEN PUBLICO: Faltar al respeto y consideración debida a la Autoridad o sus agentes: existencia: hacer comentarios ofensivos y despectivos: negativa a identificarse. PRESUNCION DE INOCENCIA: Diligencia de entrada y registro: local en el que se desarrolla trabajo: no puede considerarse domicilio.

Jurisdicción: Penal
Recurso de Apelación núm. 35/2010

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fermín Zubiri Oteiza

S E N T E N C I A Nº 103/2010

En Pamplona/Iruña, a 21 de junio de 2010 .

El Ilmo. Sr. D. FERMÍN ZUBIRI OTEIZA, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, ha visto en grado de apelación el Rollo Penal nº 35/2010, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Pamplona/Iruña, en el Juicio de Faltas nº 76/2010, sobre falta de desobediencia a agentes de la autoridad, siendo apelante: el denunciado, D. Desiderio , asistido por la Letrada Dª June San Millán García y apelado: el MINISTERIO FISCAL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se admiten los de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Con fecha 26 de marzo de 2010, el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Pamplona/Iruña dictó en el citado procedimiento sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Que condeno a Desiderio como autor criminalmente responsable de una falta de respeto, desobediencia a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, a la pena de TREINTA días multa y fijo la cuota diaria de SEIS euros, por lo que debe pagar una multa de CIENTO OCHENTA EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, con condena en costas...".

TERCERO.- Notificada dicha resolución fue apelada en tiempo y forma por el denunciado, D. Desiderio , quien solicitó que, con revocación de la sentencia dictada en la primera instancia, se dicte nueva resolución por la que se le absuelva de la falta por la que había sido condenado.

CUARTO.- Dado traslado del recurso, el Ministerio Fiscal solicitó la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Remitidas las actuaciones, previo reparto, correspondieron a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, en donde se incoó el citado rollo, señalándose el día 18 de junio de 2010 para fallo.

II.- HECHOS PROBADOS

Se admiten y se dan por reproducidos los hechos declarados probados en la sentencia apelada, que son del siguiente tenor literal:

"..... que el Sr. Desiderio , dijo a los policías nacionales en el ejercicio de sus funciones, "ya podreis, a estos sí les identificais a los de maletín no", cuando fue requerido para identificarse en 8 ò 10 ocasiones, no atendió al requerimiento".

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia de instancia, condenó al denunciado Sr. Desiderio , como autor responsable de una falta de respeto y desobediencia leve a agentes de la autoridad, prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal, imponiéndole la pena señalada en el Antecedente de Hecho segundo de la presente sentencia.

Frente a aquélla sentencia se alza la defensa de dicho apelante, solicitando su revocación, y que, en su lugar, se acuerde su absolución.

Alega la parte recurrente como fundamento de su pretensión que no han quedado suficientemente acreditados los hechos imputados, habiéndose, en todo caso, producido los comentarios que realizó el Sr. Desiderio en el interior del establecimiento en el que desarrolla su actividad laboral, entrando en el mismo los agentes sin permiso para ello, sin haberse identificado ni hallarse uniformados, actuar éste arbitrario que justificaba la inicial negativa del apelante a identificarse, lo que, en último término, hizo el apelante.

SEGUNDO

La referida pretensión de la parte apelante no puede ser acogida toda vez que, examinado lo actuado, teniendo especialmente en cuenta lo manifestado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que depusieron en el acto del juicio celebrado en la primera instancia, se acreditó la realidad de que éste realizó los comentarios ofensivos o despectivos que se le atribuyen por el Ministerio Fiscal, negándose, además, a identificarse en las varias ocasiones en las que fue requerido al efecto por aquellos agentes, los cuales se identificaron plenamente como tales agentes.

La Juez "a quo", adquirió el convencimiento acerca de la realidad de tales hechos fruto de la apreciación directa e inmediata de las pruebas practicadas a su presencia en el acto del juicio celebrado en la primera instancia, inmediación ésta que le situaba en las más idóneas condiciones en orden a valorar dichas pruebas del modo más adecuado, tratándose de pruebas de naturaleza personal, en las que resulta especialmente necesaria la inmediación para su más acertada valoración.

Y examinado lo actuado, comparte esta Sala el criterio de dicha Juzgadora, estimando suficientemente acreditada la realidad de tales hechos, no hallando fundamento alguno para apartarnos de la valoración que efectuó dicha Juzgadora, tanto respecto de la consideración como probados de tales hechos, como en cuanto a la valoración jurídica de los mismos, siendo constitutivos de la falta prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal .

TERCERO

Debe matizarse, en cuanto a la alegación de la parte apelante relativa a que resultó improcedente el acceso de los agentes al interior del local en el que desarrolla su trabajo el apelante, que dicho acceso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, no puede considerarse improcedente, no hallándonos ante un ámbito al que sea aplicable la especial protección otorgada por el artículo 18.2 de la Constitución, teniendo en cuenta que no nos hallamos ante un recinto que ostente la consideración de domicilio.

Al respecto debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha venido apreciando que tienen la consideración de domicilio, respecto de las personas jurídicas, los lugares utilizados por sus representantes para desarrollar sus actividades internas, sin embargo, dicho Alto Tribunal ha venido señalando que no son objeto de protección los establecimientos abiertos al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial por cuenta de una sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la sociedad ni sirva a la custodia de su documentación. Tampoco, las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares.

Tal doctrina ha sido sostenida por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias como la de 26 de abril de 1999 , señalando esta sentencia en concreto, en cuanto al domicilio de las sociedades mercantiles, que "sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que pueda desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constitutir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros".

En el caso que nos ocupa, el local en el que se desarrollaron los hechos no puede considerarse domicilio a los efectos señalados, al no concurrir las citadas circunstancias respecto de dicho local, por lo que, en atención al desarrollo de los hechos, en modo alguno puede considerarse injustificada y contraria a la legalidad la actuación de los agentes policiales.

CUARTO

Por todo lo expuesto debe ser desestimado el recurso de apelación y confirmada la sentencia de instancia, con declaración de oficio de las costas de esta alzada, al no hallarse motivos para imponerlas a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

IV.- F A L L O

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la defensa de D. Desiderio , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Instrucción nº 5 de Pamplona, en autos de Juicio de Faltas nº 76/2010, confirmo dicha sentencia, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de esta resolución.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Le facilito otra sentencia de su interés, en este caso del Tribunal Supremo, que confirme lo que yo le informé, los lugares abiertos al público no precisan de previa diligencia de entrada y acceso para que la autoridad proceda al registro de los mismos.

Saludos XXXXX XXXXX a su disposición,

Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)
Sentencia núm. 464/1994 de 2 marzo RJ 1994\2090







PRESUNCION DE INOCENCIA: existencia de prueba: diligencia de entrada y registro: domicilio: no se considera los lugares abiertos al público. Tráfico de drogas.

Jurisdicción: Penal
Recurso núm. 1387/1993

Ponente: Excmo Sr. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez

El TS declara no haber lugar al recurso de casación, por infracción de ley, interpuesto por Enrique G. G., contra sentencia de la Audiencia que le condenó como autor de un delito contra la salud pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El recurso del acusado comienza por un motivo que, comparado en el núm. 1.º del art. 849 de la Ley Procesal Penal, denuncia infracción del párrafo cuarto del art. 569 del mismo Texto Legal y del art. 2383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985\1578 , 2635 y ApNDL 8375), al haberse practicado el registro en domicilio particular sin la presencia del Secretario.

Dos razones desestimatorias de suficiente peso hacen decaer el motivo inexcusablemente. La primera derivada del propio rigor y disciplina casacional. El recurrente se acoge a la vía del « error iuris », del núm. 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia la infracción de preceptos de carácter procesal. Los arts. 569.4.º del citado Texto Rituario y el art. 238.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, no constituyen preceptos penales de carácter sustantivo ni otra norma jurídica del mismo carácter observable en la aplicación penal.

La doctrina de esta Sala ha declarado que es incorrecto formular por la vía de infracción de Ley Sustantiva unas infracciones formales de un precepto adjetivo o procesal, como lo es, sin duda, cualquier precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto el 569 citado por el recurrente -Sentencia de 30 mayo 1983 ( RJ 1983\2804 )-. El precepto citado por el recurrente, art. 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no constituye en sentido estricto un precepto penal de carácter sustantivo, ni siquiera una norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal por lo que su vulneración debe ser denunciada por una vía casacional distinta a la del art. 849.1.º utilizada por el recurrente, como han señalado repetidas sentencias de esta Sala -«ad exemplum», de 14, 18, 24 y 29 septiembre 1987 ( RJ 1987\6338 , RJ 1987\6480 , RJ 1987\6630 y RJ 1987\6655 ) y 14 octubre 1988 ( RJ 1988\8321 )-. La Sentencia de 6 julio 1990 ( RJ 1990\6255 ) señaló al respecto que la mera infracción de una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no encaja en el art. citado 849.1.º, pues dicha disposición no tiene carácter sustantivo sino procesal. Cuando se viola una norma de procedimiento, para que quepa recurso de casación, ha de tratarse de alguno de los supuestos recogidos como medios de impugnación por quebrantamiento de forma en los arts. 850 y 851, bajo el concepto de « numerus clausus » -Sentencias de 6 julio y 20 septiembre 1990-. En la misma línea se han manifestado también las Sentencias de 17 enero y 9 marzo 1992 ( RJ 1992\171 y RJ 1992\1942 ) recogiendo la anterior doctrina jurisprudencial de que es preciso que la denuncia de la violación de un precepto por la vía del núm. 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha de ser de carácter penal sustantivo y en otro caso se infringe tal cauce casacional, pues por esta vía no puede admitirse « error in procedendo » alguno -Sentencia de 6 julio 1963 ( RJ 1963\3443 )- y debiendo tratarse siempre de norma penal sustantiva u otra no penal pero también sustantiva que debe ser observada en la práctica de aquélla, como han observado los Autos de esta Sala de 18 septiembre y 13 enero 1982. Más recientemente, el Tribunal Supremo ha interpretado que el recurso por infracción de ley se interpone contra la parte dispositiva de la sentencia -Sentencia de 5 diciembre 1981 ( RJ 1981\4978 )- y que por esta vía casacional no pueden atacarse nunca infracciones formales de un precepto procesal -Sentencia de 30 mayo 1983- pues este recurso tiene únicamente por objeto corregir los errores « in iudicando » -Sentencia de 30 septiembre 1983 ( RJ 1983\4605 )-ya que la mera infracción de un precepto de la Ley Procesal Penal no encaja en este motivo -Sentencia de 6 julio 1990-.

En todo caso, el motivo tampoco puede prosperar. Dos registros aparecen practicados en la causa. El primero fue practicado con oportuno mandamiento judicial por miembros de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante en un Pub denominado «Oasis». Con razón dice el Ministerio Fiscal, que tal movimiento era innecesario y, por ende, irrelevante que concurriera el Secretario Judicial.

Como ya dijo la Sentencia de esta Sala de 18 marzo 1992 ( RJ 1992\2363 ), tanto en sentido etimológico, gramatical, histórico y lógico no pueden equipararse domicilio y propiedad. En su acepción etimológica, derivada de «domus» y de «colere», es equivalente a habitar una casa, significando el vocablo «domicilium», casa, habitación, estancia y morada y, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es equivalente a «morada fija y permanente», «casa que uno habita o se hospeda» y «lugar en que legalmente se considera establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos».

Pero a más del indicado significado, también existe un concepto legal de domicilio que equivale a una interpretación auténtica y que reputa por tal «el edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de ser familia» (art. 554.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Así se ha entendido siempre -arts. 189, 191.1.º y 571 del Código Penal- sobre todo en el paralelismo del delito del art. 191.1.º, cometido por el funcionario público y el allanamiento de morada del art. 490, cuyo sujeto activo es un particular y que para su consumación requieran la entrada en la morada ajena.

Ya este Tribunal, desde muy atrás en el tiempo -Sentencia de 28 noviembre 1887- destacó esta equiparación al señalar que es morada el lugar que sirve para descanso y cuidado de las personas, constituyendo propiamente su domicilio.

Más recientemente ha puesto de relieve la doctrina de esta Sala que bajo la denominación de «domicilio» se comprende gramatical y administrativamente el lugar donde el hombre desenvuelve normalmente sus actividades sociales y también donde radica su vivienda o habitación, y por ello cuando tal expresión se completa con la indicación precisa, no sólo del núcleo de población a quien se refiere, sino a las indicaciones de calle, núm. y piso de casa, respondiendo a la descripción urbana del mismo y si se le atribuye un posesivo denominador, es tanto como expresar que aquella vivienda es la morada de la persona de que se trate y constituye su habitación -Sentencias de 12 marzo 1954 ( RJ 1954\553 ), 12 diciembre 1955 ( RJ 1956\17 ) y 8 octubre 1956 ( RJ 1956\3044 ), entre otras-.

Ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 22/1984, de 17 febrero ( RTC 1984\22 ), que la protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de una persona. Se entiende así garantizar el ámbito de privaticidad de la persona en el ámbito espacial limitado, que el propio sujeto elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública, pero que no se proyecta sobre bienes materiales, ni en defensa de la propiedad.

El mandamiento judicial sólo es exigible para los registros domiciliarios, como se deduce del art. 18.2 de la Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), que sólo declara inviolable el domicilio, no el negocio o la propiedad y ello se repite en los arts. 545 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que considera un bar como cualquier otro lugar cerrado que no constituye domicilio de un particular -art. 547.3.º de la citada Ley- y que tan sólo pudiera reputarse como domicilio, si constituyera la vivienda de taberneros, hosteleros, posaderos y fondistas -art. 557 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-. Por lo demás, la doctrina de esta Sala ha excluido estos establecimientos -Sentencias de 11 junio y 4 diciembre 1991 ( RJ 1991\4594 y RJ 1991\8982 )-. El motivo debe desestimarse por ello, pero es que, además, se produce la flagrancia con las manifestaciones del recurrente a su compañera para hacer desaparecer la droga y con el consumo de la misma en el local público. El art. 553 de la citada Ordenanza Procesal Penal permite a los agentes de policía proceder por su propia autoridad a la inmediata detención en caso de flagrante delito, pudiendo utilizarse para tal interpretación el art. 779 del citado texto en su originaria redacción.

Cuando se trata de bares, cafeterías, «pub» y otros lugares de recreo y esparcimiento «abiertos al público», al no constituir «domicilio», no precisa de resolución judicial, ni por consiguiente, del oportuno mandamiento del Juez -ver arts. 545 y 547.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 18.2 de la Constitución y Sentencias de 27 diciembre 1989 ( RJ 1989\9800 ), 19 junio y 5 y 24 octubre 1992 ( RJ 1992\5794 , RJ 1992\7737 y RJ 1992\8515 ), 1033/1993, de 10 mayo ( RJ 1993\3775 ), 1403/1993, de 5 junio ( RJ 1993\4847), 1775 bis/1 993, de 9 julio ( RJ 1993\6059 ) y 2021/1993, de 16 septiembre ( RJ 1993\6734 )-. Por consecuencia, la referencia a la presencia del Secretario Judicial resulta más superflua aún.

En cuanto al registro en la Avenida de Ronda núm. 43, 7.º, I en Santa Pola (Alicante) consta la autorización previa de su titular -folio 20- y, por tanto, la presencia del Secretario del Juzgado en una diligencia policial de tal clase hubiera resultado superflua a todas luces.

El consentimiento, conforme al art. 545 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza la entrada de una o varias personas en su domicilio, y con tal permiso desaparece la inviolabilidad, como se deduce del art. 18.2 del Texto Fundamental y de diversas normas internacionales, como el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ApNDL 3626), del 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( RCL 1977\893 y ApNDL 3630) y del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ( RCL 1979\2421 y ApNDL 3627).

Aunque la interpretación ha de hacerse con criterio restrictivo, de la manera más favorable al titular, cuando existe una constancia previa, documental y escrita, no puede dudarse razonablemente -ver al respecto las Sentencias de 8 marzo 1991 ( RJ 1991\1937 ), 27 enero, 13 junio y 5 octubre 1992 ( RJ 1992\457 , RJ 1992\5285 y RJ 1992\7737 ) y 21 julio 1993 ( RJ 1993\6420 )-.

SEGUNDO.-

Se acoge el correlativo al cauce procesal del núm. 2.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia error de hecho en la apreciación de las pruebas en el acto del juicio oral.

El motivo con dicho planteamiento se encuentra inexcusablemente abocado a su desestimación, porque no señala documento alguno que patentice el error o la equivocación denuncia y no lo hace ni en el escrito de formalización, ni en el de preparación.

Como la vía del « error facti » tan sólo se permite abrir cuando se cita un documento que obre en la causa, que patentice y proclame la equivocación en que haya incurrido el relato fáctico de la sentencia de instancia y no aparezca desvirtuada por otras pruebas de la causa, el motivo debe ser desestimado.

Lo que no permite la vía casacional en su cauce procesal, es que al socaire del motivo se intente realizar una valoración de la prueba a gusto del recurrente, pues ello comporta exclusivamente al Tribunal de instancia, ni siquiera a esta Sala, ni al propio Tribunal Constitucional, pues así aparece consagrado en el art. 117.3 de la Constitución y en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.-

El motivo correspondiente se acoge al núm. 1.º del art. 849 de la Ley Procesal Penal y denuncia infracción del principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 de la Constitución Española.

Pocas veces ha examinado este Tribunal un motivo tan ausente de fundamento y razón y reincide en su planteamiento frente a las declaraciones que recoge el fundamento jurídico primero de la sentencia impugnada.

Sintéticamente se ha de destacar en este momento: a) Le fue ocupada una cantidad de cocaína cuando se registró el «Pub», detrás del mostrador. b) Al ser examinadas sus ropas también se encuentra dicha sustancia. c) En el local se encuentra un dinamómetro. d) En su domicilio se halla una balanza de precisión y molinillo con polvo blanco. e) El mismo recurrente reconoce de forma paladina que llegó a destruir dos gramos de dichas sustancia destinada a su consumo y «al de sus amigos». Si a ello se unen las declaraciones de los miembros de la Guardia Civil que depusieron en el plenario, todo ello constituye un complejo de prueba incriminatoria sobradamente bastante para la destrucción de la presunción de inocencia, de naturaleza « iuris tantum ».

CUARTO.-

El cuarto y último motivo por el mismo cauce casacional que el precedente, denuncia la indebida aplicación de los arts. 344 y 344 bis, d) y e) del Código Penal. El motivo, subsidiario, lo es para el supuesto que se acojan los precedentes y ello no ocurre, debe ser desestimado.
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Si tiene más dudas, tiene libertad para exponerlas.

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