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mi esposo y yo nos hemos divorciado, el se ha quedado en la

Pregunta del cliente:

mi esposo y yo nos hemos divorciado, el se ha quedado en la vivienda familiar y yo me he ido a un piso del cual ambos somos propietarios. Para entrar a vivir he tenido que gastarme dinero para ponerlo en condiciones puesto que estaba bastante deteriorado ¿ puedo reclamar la mitad de esos gastos a mi ex?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  noeliabogada escribió hace 4 año.
La respuesta a su pregunta es afirmativa siempre y cuando les quede pendiente la liquidación del régimen de gananciales. Debe guardar todas las facturas que justifiquen los gastos que ha tenido que realizar en el inmueble y presentarlos cuando procedan a liquidar la sociedad de gananciales o la comunidad de bienes que poseen de manera conjunta. Estos gastos se podrán compensar en las futuras adjudicaciones de bienes que realicen cuando liquiden lo que tienene en común.

Antes de valorar mi respuesta consulte las dudas que le surjan.
Reciba un cordial saludo.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.
Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro. En relación a su consulta le respondo que :

Tenga cuidado porque si en el convenio regulador no lo ha indicado no tiene base legal para reclamarlo

Si en su convenio no esta obligado, no tiene Ud base legal para obligarle y esos gastos sólo los soportará Ud.El sólo está obligado por lo que marque el convenio reguladorSi tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dineroEspero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.
Experto:  noeliabogada escribió hace 4 año.
Si han dejado la liquidación de gananciales para un momento posterior, lo más seguro, y lo más habitual, por otra parte, es que no se haya hecho referencia expresa a este tipo de cosas en el convenio regulador,limitándose este último a atribuir de manera temporal el uso de cada una de las viviendas, sin realizar adjudicaciones, puesto que éstas quedarían pendientes para una futura liquidación de bienes. Debe comprobar en todocaso lo suscrito en el convenio regulador del divorcio.
Si nada se establece respecto a estos extremos que le comento, las cantidades que usted ha invertido en la vivienda deben considerarse un crédito que usted tendría cuando se lleve a cabo la liquidación de los bienes, que debe ser afrontado por ambos.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Al ser ambos propietarios deben pagar ambos los gastos inherentes a la propiedad pero no los derivados de una reforma

le dejo sentencia aclaratoria.

Su señoría, el juez, puede ver que son mero capricho de Ud y no aceptarlos, tenga mucho cuidado
desde luego que si el convenio no los recoge NO le recomiendo que demande esos gastos en via judicial porque es más que probable que los pierda


AP Salamanca, Sec. 1.ª, 480/2011, de 15 de noviembre

Recurso 244/2011. Ponente: JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO.


EXTRACTOS

Se incluye como crédito a favor de la esposa los gastos comunitarios abonados por ellas tras el divorcio al no haberse podido individualizar cuáles se derivan de la propiedad y cuáles del uso de la vivienda


"... En el presente caso ha quedado suficientemente acreditado que doña Florencia , usuaria de la vivienda según lo acordado en sentencia de divorcio de 18 de noviembre de 1994 , ha venido satisfaciendo las cuotas de la comunidad de propietarios, según consta en los documentos obrantes a los folios 42 y siguientes de las actuaciones, sin que sea posible, en base a la certificación del administrador de fincas, proceder a delimitar exactamente cuáles son aquellos gastos comunitarios que redunda en beneficio de la propiedad y cuales se corresponden con usos individuales, siendo el importe de la cuota mensual invariable, con calefacción central para todo el inmueble y una única caldera, siendo la partida de gasóleo o más importante y sin que sea posible tampoco individualizar suministros de luz y agua comunitarios.

Por todo ello, según la doctrina anteriormente expuesta, procede incluir como crédito en favor de doña Florencia el importe de las cuotas de comunidad por ella abonadas desde la disolución de la sociedad de gananciales. ..."

Se excluye del inventario el valor de las reformas realizadas por la esposa y usuaria de la vivienda al no haber acreditado cuáles fueron las fugas de agua que supuestamente le obligaron a realizar una reforma completa de la cocina y baño


"... Sin embargo, respecto de las obras llevadas a cabo por doña Florencia en la cocina y en un baño de la vivienda, acierta plenamente la Juez de Instancia desde el momento en que no se ha practicado prueba alguna que acredite en qué consistió la fuga de agua que dio lugar a unas reparaciones y reformas en cocina y, al mismo tiempo, según consta en el documento obrante al folio 29 de las actuaciones, de uno de los dos baños, ya que la fuga pudo ser debida a un defecto propio de la antigüedad del edificio, y por tanto atribuible a la propiedad del mismo, o por un descuido o deficiente mantenimiento por parte de la usuaria. Y evidentemente, si ninguna prueba se ha hecho respecto del origen de la fuga de agua, menos aún se ha hecho respecto de la necesaria reforma de la cocina y de un baño, puesto que, aun en el caso de que la avería en la tubería pudiera ser imputable a la propiedad y no a quien utiliza habitualmente la vivienda, la reparación correspondiente difícilmente puede incluir una reforma completa de cocina y de un baño, por lo que ante la falta de una prueba concluyente al respecto, hay que afirmar que, dichas reformas obedecieron única y exclusivamente al propio interés de la ocupante del inmueble, y ello con independencia del posible, que no probado suficientemente, conocimiento que de dichas reformas podría tener don Ramón , sin que por otra parte se acredite la necesidad de efectuar las mismas y en que forma por el importe que consta en las facturas aportadas. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO


1º.- El día 28 de enero de 2011 por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 Ciudad Rodrigo se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: DESESTIMO la solicitud formulada por el Procurador, Sr. Cid Cebrián, en representación de Dª Florencia , de inclusión en el pasivo del inventario de la sociedad las partidas relativas a gastos ordinarios de comunidad, reformas en cocina y baño de la vivienda familiar y compra de mobiliario y electrodomésticos, como créditos de la esposa frente a la sociedad de gananciales, APROBANDO, en consecuencia, la inclusión en el inventario de las siguientes partidas:

ACTIVO:

-Vivienda, sita en la CALLE000 , Nº NUM000 . NUM001 NUM002 , de Ciudad Rodrigo.

-Plaza de garaje sita en el sótano del inmueble anteriormente indicado.

PASIVO:

-Importe del IBI abonado desde la fecha de disolución de la sociedad de gananciales (18 de noviembre de 1004).

-Crédito a favor de la Sr. Florencia por la instalación de contraventanas y balconera en la inmueble que constituyó la vivienda familiar.

No se realiza expresa imposición de costas procesales a ninguna de las partes."

2º.- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandada concediéndole el plazo establecido en la Ley para interponer el mismo verificándolo en tiempo y forma, quien alega como motivos del recurso: Errónea aplicación del artículo 1 del Código Civil con infracción de la jurisprudencia reiterada existente respecto a la inclusión en el pasivo de la comunidad postmatrimonial constituida desde la disolución de la sociedad de gananciales hasta la liquidación de la misma de los importes satisfechos por una de las partes en el inmueble de titularidad conjunta y cuyo uso le fue atribuido, e inaplicabilidad de los artículos 1359, 1398 y 395 del Código Civil , para terminar suplicando que estimado el recurso de apelación, se revoque la sentencia objeto del mismo en los pronunciamientos indicados, dictando sentencia por la que estimando los pedimentos contenidos en recurso se acuerde incluir en el pasivo del inventario como crédito actualizado a favor de la recurrente los gastos de Comunidad, ordinarios y extraordinarios, desde Noviembre de 1.994 hasta el momento de la liquidación, así como los gastos ocasionados por las reformas llevadas a cabo en cocina y cuarto de baño, con expresa imposición de las costas a la demandante.

Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por la misma se presentó escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando se dicte sentencia por la que desestimando el recurso planteado por la recurrente se confirme íntegramente, en todos sus pronunciamientos, la sentencia objeto del mismo y con expresa imposición de costas de la alzada a la parte recurrente.

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo y se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día siete de noviembre de dos mil once pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.

4º.- Observadas las formalidades legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente XXXXX XXXXX RAMON GONZALEZ CLAVIJO .

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- La sentencia de instancia de 28 de enero de 2011 desestimó la demanda interpuesta por doña Florencia a fin de que se incluyera en el pasivo del inventario de la sociedad las partidas relativas a gastos ordinarios de comunidad, reformas en cocina y baño de la vivienda familiar compra de mobiliario y electrodomésticos como créditos de la esposa frente a la sociedad de gananciales, procediendo a aprobar la inclusión en el inventario de otras partidas del fondo de las anteriormente citadas.

Respecto del primer motivo del recurso, esta Audiencia Provincial de Salamanca, en reciente sentencia de 28 de febrero de 2011 ha afirmado que la obligación de pago de los gastos de la comunidad es obligación unida al concepto de propiedad sobre el inmueble de manera que la ley de propiedad horizontal no obliga a un arrendatario o a un usuario a que paguen la cuota de la comunidad, sino que eso es obligación del propietario, si bien debe tenerse en cuenta que en el caso estudiado en dicha sentencia ya se advierte que no era posible individualizar los gastos de comunidad que atañen al uso directo del inmueble, como calefacción, de aquellos otros más lejanos a ese concepto de uso como las antenas de televisión.

La sentencia del 21 de diciembre de 2007 de esta misma Audiencia Provincial de Salamanca establece: " La primera de las pretensiones del recurso del demandante no puede ser acogida, por cuanto, si bien es cierto que algunas resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales han considerado que no puede ser considerado como crédito frente a la sociedad de gananciales la cantidad pagada en concepto de cuotas comunitarias por el cónyuge que ha venido disfrutando del uso y disfrute de la vivienda, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo se ha manifestado en el sentido de que tales cantidades han de ser consideradas como crédito de tal cónyuge frente a la sociedad de gananciales, pudiendo mencionarse al respecto, como ya hace la representación de la parte apelada en su escrito de oposición al recurso del demandante, las SSTS. de 25 de mayo de 2.005 , 1 y 20 de junio de 2.006 ( y 3389 ). En la primera de las referidas sentencias de dice que "El motivo primero del recurso - al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por inaplicación del artículo 1396.3 del Código Civil, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada ha excluido del pasivo del inventario la partida correspondiente al crédito de la esposa por los pagos hechos a la Comunidad de Propietarios a la que pertenece la vivienda conyugal, con base en que la recurrente «es la única que viene usando y disfrutando de la citada vivienda y de sus servicios y suministros», sin embargo esta explicación carece de apoyo legal, pues, según el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal , la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos, sin distinción entre los comunes por naturaleza y por destino, que sean necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, de manera que la no utilización de un elemento común no exime del pago de los gastos generados en su mantenimiento, salvo acuerdo de la Junta, determinación en el Título constitutivo o en los propios Estatutos"; lo que se reitera en la sentencia de 1 de junio de 2.006 en la que se afirma que "Tampoco se estima el motivo séptimo, relativo a los gastos de comunidad que ha satisfecho la ex esposa desde la separación conyugal; respecto a la vivienda cuyo derecho de ocupación le fue atribuido. Tales gastos corresponden a la comunidad, cuyos comuneros son copropietarios (artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal ) prescindiendo de su uso efectivo, con lo que la Sala reitera el criterio que expuso la sentencia de 25 de mayo de 2005 que dice: «la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos, sin distinción entre los comunes por naturaleza y por destino, que sean necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, de manera que la no utilización de un elemento común no exime del pago de los gastos generados en su mantenimiento"; concluyendo la sentencia de 20 de junio de 2.006 que "El artículo 9.5º de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 (al igual que el art. 9º.1 f) de la vigente de 1999 ), de una forma clara e inequívoca, impone al propietario el pago de aquellos gastos ( sentencias de 25 de mayo de 2005 y 1 de junio de 2006 ). Los gastos a que no referimos en este motivo han de figurar como crédito actualizado de la actora contra la sociedad en liquidación, por imperativo del artículo 1398.3º del Código Civil".

Con carácter general las Audiencias Provinciales mantienen el criterio de que quien debe hacer frente al pago de los gastos o cuotas de la comunidad es la propiedad del inmueble, si bien es cierto que esta doctrina no es unánime y así la Audiencia Provincial de Madrid sentencia de 11 de febrero de 2011 afirma que " Por las razones indicadas, sin necesidad de su reiteración, es lo procedente confirmar el pronunciamiento relativo al pago del préstamo hipotecario, cuota de tarjetas, cuotas de comunidad de propietario, aclarando que las cuotas ordinarias que corresponden a la de uso de vivienda familiar, deben afrontarse por quien tiene atribuido tal derecho de uso ."

La Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 21 de enero de 2011 considera que deben incluirse como crédito a favor de la demandante en la fase líquida historia de los bienes comunes las cuotas por ella abonadas de la comunidad de propietarios.

La Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 12 de noviembre de 2010 afirma al respecto que: " Cierto es que, conforme declara el Tribunal Supremo (vid Sentencias de 25 de mayo de 2005 y 1 y 20 de junio de 2006 ), el artículo 9-5º de la Ley de Propiedad Horizontal, al igual que el 9º.1 f de la vigente de 1999, impone al propietario, de una forma clara e inequívoca, el pago de los gastos de comunidad, lo que, en dichas resoluciones, conduce a considerar que el abono de los mismos realizado por uno solo de los cónyuges cotitulares de inmueble, al que, en la litis matrimonial, se le atribuyó su uso, constituye un crédito de éste contra la sociedad de gananciales en liquidación .

No podemos, sin embargo, olvidar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir económicamente una serie de servicios, tales como los de portería, limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos como el presente, tan sólo benefician de modo directo y personal a uno de los cotitulares, esto es aquél que ostenta el derecho, exclusivo y excluyente, de uso. En lógica y justa correspondencia, según viene manteniendo de modo reiterado esta Sala, ha de recaer sobre el beneficiario de tales servicios los gastos inherentes a la ocupación del inmueble, en cuanto originados por quiénes moren en el mismo, redundando en su exclusivo beneficio.

No puede dejar de mencionarse, al respecto, que, dentro de la regulación del derecho de uso y habitación, figuras que guardan evidente similitud con la del artículo 96 del Código Civil , el artículo 500, por la remisión genérica efectuada en el 528 , previene que el usufructuario (en este caso el usuario) está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo; y se añade que se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación. Obvio es que si uno solo de los cónyuges está percibiendo una utilidad económica derivada del derecho de uso, que le otorga la posesión del inmueble a los fines de cubrir en el mismo sus necesidades cotidianas alojamiento, ha de entenderse que las cuotas de comunidad forman parte de los gastos que derivan del mantenimiento y uso del inmueble que dicho consorte, con exclusión del otro, hace del mismo y sus instalaciones comunes, por lo que no parece forzado incluir aquellos gastos dentro de las obligaciones que incumben al usuario, bajo la cobertura del artículo 504, en relación con el 500 , dentro del concepto de contribuciones que recaigan sobre los frutos o utilidades" .

En este mismo sentido de distinguir entre cuotas ordinarias y extraordinarias se manifiéstala audiencia Provincial de Burgos en sentencia de 22 de octubre de 2010 : " Una específica mención merece el pago de las cuotas de la comunidad de propietarios a los efectos del art.9 LPH . En principio procede distinguir entre: "las cuotas ordinarias", que se refieren a meros gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, así como de limpieza, ascensor, luz, agua comunitaria etc, que se deben de abonar por el cónyuge que tiene atribuido el uso de la vivienda, de las "cuotas extraordinarias" que se refieren a arreglos de fachada, tejado, cambio de ascensor etc, que se refieren a la propiedad y que afectan al valor y existencia del inmueble, por lo que deben de ser abonados por los propietarios del inmueble y en proporción a su propiedad. En relación con esta cuestión puede considerarse por analogía lo dispuesto en el art.501 CCV . En nuestro caso, es claro que los gastos de la vivienda, (propiedad al 50% en por indiviso de los dos litigantes), tratándose de gastos que según certificación obrante en la causa, se refieren a conceptos extraordinarios que no son ni previstos, ni periódicos como: fachada, tejado, terraza comunitaria, ascensor, cambio de TDT o porteros automáticos, deben de ser abonados por ambos propietarios en función de su cuota de propiedad" .

En análogos sentido se manifiesta también la audiencia Provincial de Vizcaya sentencia de 15 de septiembre de 2010 : " Por lo que se refiere al primer concepto, cierto es que, conforme declara el Tribunal Supremo (vid Sentencias de 25 de mayo de 2.005 y 1 y 20 de junio de 2.006 ), el artículo 9-5º de la Ley de Propiedad Horizontal, de 1.960, al igual que el 9º.1f de la vigente de 1.999, impone al propietario, de una forma clara e inequívoca, el pago de los gastos de comunidad, lo que, en dichas resoluciones, conduce a considerar que el abono de los mismos realizado por uno solo de los cónyuges cotitulares de inmueble, al que, en la litis matrimonial, se le atribuyó su uso, constituye un crédito de éste contra la sociedad de gananciales en liquidación , y así lo apreció esta sala en su Sentencia de 10 de febrero de 2010 .

No podemos, sin embargo, olvidar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir económicamente una serie de servicios, tales como los de portería, limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos como el presente, tan solo benefician de modo directo y personal a uno de los cotitulares, esto es aquél que ostenta el derecho exclusivo y excluyente de uso.

Por ello, y compartiendo el criterio que se expone en la st. de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de myo de 2009, estimamos que en lógica y justa correspondencia el pago de tales gastos debe recaer sobre el beneficiario de tales servicios al ser inherentes a la ocupación del inmueble, en cuanto originados por quienes moren en el mismo, redundando en su exclusivo beneficio, debiendo incluirse en el pasivo únicamente las cuotas extraordinarias (derramas) que usualmente van dirigidas al mantenimiento de los inmuebles tales como arreglos de fachada, tejados¿., y que por ello benefician también al propietario no usuario" .

Por último la Audiencia Provincial de León en sentencia de 27 de noviembre de 2009 es sumamente clara respecto la matización que antes nos hemos referido: " Aunque la doctrina de las Audiencias Provinciales es contradictoria, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 1 de junio de 2006 es muy clara al respecto: "Tampoco se estima el motivo séptimo, relativo a los gastos de comunidad que ha satisfecho la ex esposa desde la separación conyugal; respecto a la vivienda cuyo derecho de ocupación le fue atribuido. Tales gastos corresponden a la comunidad, cuyos comuneros son copropietarios (artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal ) prescindiendo de su uso efectivo, con lo que la Sala reitera el criterio que expuso la sentencia de 25 de mayo de 2005 que dice: "la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos, sin distinción entre los comunes por naturaleza y por destino, que sean necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, de manera que la no utilización de un elemento común no exime del pago de los gastos generados en su mantenimiento". Esta sentencia resuelve expresamente acerca de la liquidación de una sociedad de gananciales, por lo que la doctrina que se cita analiza un supuesto idéntico al que aquí estamos considerando.

La sentencia del TS que se cita en el recurso de apelación, de fecha 14 de marzo de 2000 se refiere, con en él se indica, a "gastos de conservación y mantenimiento de bienes muebles o inmuebles". En el presente caso no estamos ante gastos de conservación de bienes muebles o inmuebles, sino ante gastos de comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal que, por disposición legal (artículo 9.5 LPH ), corresponden a los propietarios, al margen de quien de ellos haga uso de la vivienda.

Así pues, los gastos de comunidad de propietarios son de cuenta de la comunidad postganancial, pero con una matización importante: sólo aquellos que se corresponden con cuotas comunitarias fijas y constantes, pero no aquellos que se refieran a consumos susceptibles de individualización, ya que observamos cómo en los documentos aportados en representación de Dª Inocencia aparecen algunos en los que se reflejan coste de consumos individualizados (a modo de ejemplo citamos el detalle de recibo expresado en las comunicación de fecha 14 de octubre de 2004, en el que aparecen consumos de agua caliente-fría), y la disparidad en la cuantía de diversas mensualidades dentro de un mismo año induce a pensar que puedan englobar tanto la cuota fija de comunidad como posibles consumos individualizables. Por lo tanto, hemos de estimar parcialmente el recurso interpuesto para concretar que sólo ha de formar parte del pasivo de la comunidad postganancial los pagos realizados por la recurrida para atender a las cuotas comunitarias fijas constantes y, en general, las que no se refieran a consumos o servicios susceptibles de individualización. Superada la fase de inventario, en la de liquidación de la sociedad de gananciales se podrán concretar los importes correspondientes" .

SEGUNDO.- En el presente caso ha quedado suficientemente acreditado que doña Florencia , usuaria de la vivienda según lo acordado en sentencia de divorcio de 18 de noviembre de 1994 , ha venido satisfaciendo las cuotas de la comunidad de propietarios, según consta en los documentos obrantes a los folios 42 y siguientes de las actuaciones, sin que sea posible, en base a la certificación del administrador de fincas, proceder a delimitar exactamente cuáles son aquellos gastos comunitarios que redunda en beneficio de la propiedad y cuales se corresponden con usos individuales, siendo el importe de la cuota mensual invariable, con calefacción central para todo el inmueble y una única caldera, siendo la partida de gasóleo o más importante y sin que sea posible tampoco individualizar suministros de luz y agua comunitarios.

Por todo ello, según la doctrina anteriormente expuesta, procede incluir como crédito en favor de doña Florencia el importe de las cuotas de comunidad por ella abonadas desde la disolución de la sociedad de gananciales.

TERCERO.- Sin embargo, respecto de las obras llevadas a cabo por doña Florencia en la cocina y en un baño de la vivienda, acierta plenamente la Juez de Instancia desde el momento en que no se ha practicado prueba alguna que acredite en qué consistió la fuga de agua que dio lugar a unas reparaciones y reformas en cocina y, al mismo tiempo, según consta en el documento obrante al folio 29 de las actuaciones, de uno de los dos baños, ya que la fuga pudo ser debida a un defecto propio de la antigüedad del edificio, y por tanto atribuible a la propiedad del mismo, o por un descuido o deficiente mantenimiento por parte de la usuaria. Y evidentemente, si ninguna prueba se ha hecho respecto del origen de la fuga de agua, menos aún se ha hecho respecto de la necesaria reforma de la cocina y de un baño, puesto que, aun en el caso de que la avería en la tubería pudiera ser imputable a la propiedad y no a quien utiliza habitualmente la vivienda, la reparación correspondiente difícilmente puede incluir una reforma completa de cocina y de un baño, por lo que ante la falta de una prueba concluyente al respecto, hay que afirmar que, dichas reformas obedecieron única y exclusivamente al propio interés de la ocupante del inmueble, y ello con independencia del posible, que no probado suficientemente, conocimiento que de dichas reformas podría tener don Ramón , sin que por otra parte se acredite la necesidad de efectuar las mismas y en que forma por el importe que consta en las facturas aportadas.

CUARTO.- Estimándose parcialmente el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 398 de la misma ley, no ha lugar hacer pronunciamiento en cuanto a las costas de Primera Instancia y tampoco en cuanto a las de este recurso de apelación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.

FALLAMOS


Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA Florencia debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia de instancia de 28 de enero de 2011 en el único sentido de incluir en el pasivo del inventario de la sociedad y como crédito actualizado a favor de la señora doña Florencia las cantidades por ella abonadas o cuotas de la comunidad de propietarios desde la fecha de la liquidación de la sociedad de gananciales como consecuencia de la sentencia de divorcio de fecha 18 de noviembre de 1994 , sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas de Primera Instancia ni de este recurso de apelación.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

P U B L I C A C I O N

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Le he buscado otra sentencia donde se abunda más claramente en la NO obligatoriedad de quien no usa el inmeuble en pagar reformas, al no ser cargas del matrimonio

Si Ud en el convenio arregló quedrase con el inmueble lo hizo en su estado y no mejorado, por lo que si demanda a hora sin base en el convenio es más que probable que pierda


AP Guipúzcoa, Sec. 3.ª, 83/2008, de 25 de febrero

Recurso 3028/2008. Ponente: ANA ISABEL MORENO GALINDO.


EXTRACTOS

No cabe imponer al marido el pago de la mitad de las obras de reforma de la vivienda familiar aún no acometidas y que no constituyen cargas del matrimonio


"... Por lo que respecta a la alegación referente a la improcedencia de la solicitud efectuada por la Sra. Patricia , en la demanda presentada por la actora se manifestaba que el domicilio familiar se encuentra en un estado precario, llegando incluso a ser nocivo para la salud e integridad física de los hijos del matrimonio, por lo que el Sr. Carlos José debería abonar la mitar del coste de reforma de la citada vivienda ..."

"... no constituiran cargas del matrimonio, los gastos de mantenimiento y uso de la vivienda que son prestaciones propias de la necesidad habitacional, entre los que se incluyen los gastos de mantenimiento y reparaciones ordinarias derivados de su ocupación, incluyendo los gastos de comunidad en la medida en que constituyan contribucion a los gastos generales para el adecuado mantenimiento del inmueble de carácter ordinario pero no las derramas referentes a reparaciones extraordinarias o mejoras del edificio ..."

"... Por lo tanto, no cabe que la parte actora incluya la reclamación efectuada por obras aún no acometidas, en el procedimiento de divorcio, dado que se está efectuando una reclamación de contribucion a las cargas del matrimonio sin que se trate de cargas propiamente dichas, según lo expuesto anteriormente, y sin que dichas cargas se hayan producido ya que tan solo se aporta en justificación de las mismas un presupuesto de reparación sin haberse practicado prueba alguna tendende a acreditar la necesidad de dichas obras ya que no se acredita si las obras reflejadas en el mencionado presupuesto se corresponden realmente con las que serían necesarias en atención al estado que presenta la vivienda a tenor de las fotografías aportadas. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia , se dictó sentencia con fecha 14-9-07 , que contiene el siguiente FALLO: "

Que estimando parcialmente la demanda promovida por DÑA. Patricia , representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan José González Belmonte; siendo parte demandada D. Carlos José , representado por el Procurador de los Tribunales D. Ángel María Echaniz Aizpuru, debo declarar y declaro DISUELTO por la causa de DIVORCIO, el matrimonio formado por los anteriormente citados cónyuges, con todos los efectos legales, estableciendo las siguientes MEDIDAS DEFINITIVAS:

1.- Se otorga la guardia y custodia de Carlos José a su madre, Dña. Patricia , manteniéndose la patria potestad compartida entre ambos progenitores en todas sus funciones y obligaciones.

2.- Se atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar sito en Azpeitia, C/ DIRECCION000 , n.º NUM000 , NUM001 , a la madre y a los hijos, con sus enseres y mobiliario previo inventario.

3.- Como régimen de visitas a favor del padre, D. Carlos José , se establece el siguiente:

Entre semana los martes y jueves desde las 19:00 horas del día precedente (lunes y miércoles) hasta las 19:00 horas del martes y el jueves. Los fines de semana alternos desde las 20:00 horas de los viernes hasta las 20:00 horas de los domingos, así como la mitad de los periodos vacacionales correspondientes a la Navidad, Semana Santa y vacaciones escolares de Verano.

En todos los casos, el padre recogerá y entregará a Iñaki en el domicilio materno. Asimismo, ambos progenitores deberán de comunicarse cualquier cambio de residencia o de domicilio así como cualquier incidencia que se produzca en el menor.

4.- D. Carlos José abonará en concepto de pensión de alimentos, para ambos hijos, la cantidad de 950 euros mensuales. Todo ello, por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la libreta de ahorro o cuenta corriente que se designe al efecto, y que será actualizada anualmente de acuerdo con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo u organismo que le sustituya.

5.- Que los gastos extraordinarios serán abonados por mitad por ambos progenitores.

6.- D. Carlos José abonará a D. Patricia en concepto de pensión compensatoria la cantidad de 400 euros mensuales sin limitación temporal. Todo ello, por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la libreta de ahorro o cuenta corriente que se designe al efecto, y que será actualizada anualmente de acuerdo con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo u organismo que le sustituya.

7.- Que las cuotas mensuales del préstamo hipotecario que gravan el domicilio conyugal sean abonados por mitades por ambos cónyuges.

8.- Que el coste de la reforma de la vivienda conyugal, a tenor del presupuesto elaborado por la mercantil Uxia Eraikuntzak, S.L., sea abonado por mitades por ambos cónyuges.

No se hace expreso pronunciamiento en costas."

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpueso recurso de apelación contra ella, que fué admitido y previa la formulación por las partes de los oportunos escritos de alegaciones, se elevaron los autos a este Tribunal, dictándose resolución señalando día para la deliberación y votación.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado los trámites y formalidades legales.

VISTO.- Siendo Ponente en esta instancia el Iltma. Sra. Magistrada Dª ANA MORENO GALINDO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en lo que no se opongan a los siguientes, y

PRIMERO.- Por la parte recurrente se interpone recurso de apelacion contra la sentencia de instancia solicitando su revocación y que en su lugar se dicte otra resolución por la cual se acuerde una temporalidad para la pensión compensatoria y se anule la medida octava acordada, ello en base a los siguientes motivos:

1.- Por error en la valoración de la prueba e infracción del art. 218 LEC y art. 97 CC y jurisprudencia que lo interpreta. El carácter temporal de la pensión compensatoria se encuentra recogido en el art. 97 CC habiendose contravenido dicho precepto así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta, habiendo reconocido la actora que hace vida normal, que tan solo está impedida para hacer esfuerzos pero que ni ha intentado buscar trabajo, habiendose comprobado de los extractos de la cuenta corriente que la actora en un año ha dispuesto de unos 18.000 euros para sus gastos personales, por lo que la pensión compensatoria debe entenderse como ya abonada.

2.- Por error en la valoración de la prueba e infracción del art. 218 LEC y art. 90 CC y arts. 70 y ss. LEC . El art. 90 no recoge ninguna medida referente a las obras en la vivienda, sin que se haya probado que la vivienda no estuviera en condiciones de habitabilidad y sin que se haya ratificado el presupuesto de obras aportado.

SEGUNDO.- A la vista de lo expuesto anteriormente, resulta evidente que son dos los aspectos que se recurren de la sentencia de instancia, por un lado la no fijación de un plazo para el devengo de la pensión compensatoria, y por otro lado la improcedencia de la obligación de abono de las obras efectuadas en la vivienda.

Así, por lo que se refiere a la primera de las cuestiones planteadas, debemos indicar que la sentencia recurrida establece a favor de la Sra. Patricia una pensión compensatoria en la cantidad de 400 euros mensuales sin límite temporal, en base a los siguientes elementos:

1.- Los cónyuges contrajeron matrimonio el 26 de abril de 1.986, teniendo dos hijos que todavía conviven en el domicilio familiar.

2.- La Sra. Patricia nació el 8 de mayo de 1.960 por lo que en la actualidad tiene 47 años de edad, teniendo problemas de salud consistentes en problemas en la rodilla, habiendo sido sometida a operaciones quirúrgicas en relación a la obesidad mórbida que padecía con repercusión especialmente relevante a nivel de aparato locomotor, teniendo reconocida una minusvalía del 48%. Carece de cualificación profesional alguna, contando con estudios básicos, habiendo sido su dedicación al cuidado de la familia, sin que haya colaborado en las actividades mercantiles, industriales o profesionales de su marido.

A la vista de tales datos la juez a quo concluye que la separación ha producido un desequilibrio económico en la Sra. Patricia .

Entrando en el análisis del recurso formulado, debemos indicar que el art. 97 CC establece que el cónyuge al que la separación o divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

En torno a la naturaleza jurídica de la pensión compensatoria existen diversas posturas doctrinales.

Un primer sector le concede un carácter compensatorio, tratándose con ello de evitar que, una vez roto el matrimonio, el cónyuge en peores condiciones económicas note tal ruptura por descender en su jerarquización el nivel de vida en relación con el otro.

Una segunda postura mantiene que su carácter es indemnizatorio, como un resarcimiento para cubrir un desequilibrio.

Y finalmente, una tercera que sostiene que es una figura híbrida que no participa con exclusividad de un carácter concreto.

Esta postura, la más acertada, considera como punto de arranque el desequilibrio, según dispone el párrago 1º del art. 97 CC , es decir, que en principio, su naturaleza sería compensatoria ya que el desequilibrio económico es "condictio iuris" para su reconocimiento, sin embargo, se debe armonizar dicho párrafo 1º con las demás circunstancias que enumera el precepto, de forma que éstas no sólo jueguen para graduar la pensión sino que incluso pueden eliminarla, si se observa que no obstante el desequilibrio económico, el cónyuge en esta situación no ha sufrido ningún perjuicio con la separación o divorcio que deba ser resarcido en aras de la justicia y equidad.

Es decir, que la naturaleza compensatoria o indemnizatoria no son caracteres excluyentes, sino complementarios, pues para la viabilidad de la pensión será preciso, en primer término, una descompensación entre los cónyuges a causa del divorcio y, en segundo lugar, que el cónyuge en peor situación tenga derecho a su resarcimiento por el juego de las circunstancias que enumera el art. 97 CC .

Esta peculiar naturaleza de la pensión compensatoria ha llevado a declarar que no es una renta absoluta e ilimitada en el tiempo porque sería una carga insoportable para el obligado a abonarla y en beneficio o enriquecimiento injusto para quien la recibe, debiendo concretarse necesariamente con la posibilidad de rehacer la vida y conseguir un estatus económico autónomo para el cónyuge perjudicado y con la posibilidad real de acceder al mercado de trabajo, valorando, asimismo, su edad, años de matrimonio, cualificación profesional y demás circunstancias para, como juicio ex ante, establecer el periodo de duración de la pensión, sin perjuicio de adoptarla sin fijación de plazo en los casos que proceda.

Abundando en este tipo de construcción dogmática, no se puede concluir la categoría de la pensión compensatoria como una especie de pensión vitalicia a la que supuestamente tendría un derecho absoluto, incondicional y, sobre todo. ilimitado en el tiempo, tal planteamiento significaría aceptar que la referida pensión tiene su origen y justificación en el hecho de trascendencia jurídica representado por un anterior matrimonio y significaría también, consecuentemente, admitir que la celebración del mismo llevaría incorporada algo equivalente a un derecho o beneficio futuro y vitalicio a cargo del otro cónyuge.

La concepción actual de la sociedad y el orden de valores imperante impone concebir la pensión compensatoria como un derecho relativo, condicional y circunstancial y, sobre todo, con la posibilidad de ser limitado en el tiempo. Es derecho relativo y circunstancial por cuanto dependerá de la situación personal, familiar, laboral y social del beneficiario, un derecho condicional por cuanto una modificación de las concretas circunstancias en que la pensión fué concedida puede determinar su suspensión o modificación y, en fin, un derecho limitado en cuanto al tiempo de su duración, por cuanto su legítima finalidad no puede ser otra que la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo familiar en una situacion de potencial igualdad de oportunidades a las que habría tenido de no haber mediado vínculo matrimonial.

A la vista de lo expuesto precedentemente resulta evidente que debe fijarse un límite temporal a la pensión compensatoria que se concede a la Sra. Patricia , teniendo en cuenta que los problemas de salud que padece no le impiden el acceso al mundo laboral sino unicamente a trabajos que requieran esfuerzos, y su falta de preparación académica tampoco le imposibilitan el encontrar un empleo, dado que existen trabajos para los que no se requiere cualificaciones especiales.

Por otra parte, no cabe, tal y como propugna la parte apelante, considerar que al Sra. Patricia ha cobrado la pensión compensatoria a través de una prestación única al haber tenido acceso a las cuentas del matrimonio después de la separación, ya que una vez producida la separación de hecho de los conyuges, el Sr. Carlos José siguió percibiendo su nómina a través de la cuenta común del matrimonio, donde igualmente se cargaban los gastos comunes y, no sabemos, si particulares de ambos cónyuges, es decir, se produjo la separación de hecho de los cónyuges pero no se procedió a separar los patrimonios, siendo que la pretensión ahora ejercitada excede del ámbito del procedimiento de divorcio ante el que nos encontramos, debiendo ser en el trámite de liquidación de la sociedad de gananciales donde se deduzca las cantidades que, en su caso, haya podido detraer la Sra. Patricia y que sean a cargo de la sociedad de gananciales.

Por lo tanto consideramos adecuado fijar un límite temporal a la obligación de abonar pensión compensatoria a favor de la Sra. Patricia y a cargo del Sr. Carlos José , por un periodo de diez años a partir de la fecha de la sentencia de separacion, en atención a la edad que actualmente tiene el hijo menor y en la previsión de que es su madre la que se encargará de atender sus necesidades diarias hasta que alcance una edad razonable, sin que se altere la cuantía en la que se ha establecido dicha pensión compensatoria ya que la misma no es discutida por el recurrente.

TERCERO.- Por lo que respecta a la alegación referente a la improcedencia de la solicitud efectuada por la Sra. Patricia , en la demanda presentada por la actora se manifestaba que el domicilio familiar se encuentra en un estado precario, llegando incluso a ser nocivo para la salud e integridad física de los hijos del matrimonio, por lo que el Sr. Carlos José debería abonar la mitar del coste de reforma de la citada vivienda, y a tal efecto presenta un presupuesto de obras de electricidad, fontanería y calefacción, carpinteria metálica y pintura por importe total de 25.814,67 euros, y unas fotografías de la vivienda.

En este sentido, la juez a quo determina, en base a lo dispuesto en el art. 91 CC ., que puede adoptar medidas sobre los pagos o cargas que pesen sobre la vivienda ganancial, determinando que los gastos de mejora y conservación del edificio corresponden a la propiedad y al ser ambos cónyuges dueños en común de la vivienda, deberán abonar tales cargas por mitad. Concluyendo que las fotografias aportadas acreditan la existencia de defectos que coinciden con las partidas recogidas en el presupuesto de obras, siendo que dichas obras exceden de lo que se considera gasto ordinario de mantenimiento y uso de la vivienda.

La parte recurrente considera que la decisión adoptada se encuentra fuera del procedimiento en el que nos encontramos de divorcio sin que quepa acumular al mismo la reclamación de cantidad por obras.

En este sentido indicar que dicha petición ha sido incluida por la juez a quo a través de lo señalado en el art. 91 del CC , en el que se dispone que el juez en sentencia puede adoptar medidas en relacion con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidacion del régimen económico y las cautelas o garantias respectivas, es decir, en los procedimientos de separación o divorcio, el juez puede adoptar las medidas que estime adecuadas en atención, entre otros extremos, a la vivienda familiar y a las cargas del matrimonio.

A este respecto la jurisprudencia viene declarando que, por lo que respecta a las cargas del matrimonio, debe distinguirse, a los efectos de su fijación, los gastos afectantes e inherentes a la propiedad de la vivienda y los derivados del uso de la misma. Así pues, no constituiran cargas del matrimonio, los gastos de mantenimiento y uso de la vivienda que son prestaciones propias de la necesidad habitacional, entre los que se incluyen los gastos de mantenimiento y reparaciones ordinarias derivados de su ocupación, incluyendo los gastos de comunidad en la medida en que constituyan contribucion a los gastos generales para el adecuado mantenimiento del inmueble de carácter ordinario pero no las derramas referentes a reparaciones extraordinarias o mejoras del edificio, mientras que constituirán cargas del matrimonio los gastos ocasionados por la amortización del préstamo hipotecario constituido para la compra de la vivienda por ambos cónyuges, los gastos extraordinarios de la comunidad de propietarios y el impuesto sobre bienes inmuebles, al ser éste último un impuesto directo, real y objetivo que grava la titularidad de los bienes inmuebles, es decir, se distingue entre aquellos gastos derivados de un uso normal y ordinario de la vivienda, que en cuyo caso serán satisfechos por aquel conyuge a quien se le haya atribuido el uso de la misma, de aquellos otros gastos que exceden de dicho concepto en la medida que incide en la titularidad misma del bien, la cual es compartida por ambos cónyuges.

Por lo tanto, no cabe que la parte actora incluya la reclamación efectuada por obras aún no acometidas, en el procedimiento de divorcio, dado que se está efectuando una reclamación de contribucion a las cargas del matrimonio sin que se trate de cargas propiamente dichas, según lo expuesto anteriormente, y sin que dichas cargas se hayan producido ya que tan solo se aporta en justificación de las mismas un presupuesto de reparación sin haberse practicado prueba alguna tendende a acreditar la necesidad de dichas obras ya que no se acredita si las obras reflejadas en el mencionado presupuesto se corresponden realmente con las que serían necesarias en atención al estado que presenta la vivienda a tenor de las fotografías aportadas.

Es por ello que dicho concepto reclamado no tiene cabida en el presente procedimiento de divorcio, sin perjuicio de que, en caso de producirse las obras en la vivienda, se entienda que su cuantía pueda ser reclamada en el correspondiente procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales si se cumplieren los requisitos exigidos para ello.

CUARTO.- Se declaran de oficio las costas generadas en esta alzada (art. 398 LEC ).

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular, y en nombre de S. M. el Rey.

FALLAMOS


Que ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por D. Carlos José , frente a la sentencia dictada en fecha 14 de septiembre de 2.007 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Azpeitia , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución en los siguientes aspectos:

1.- Que D. Carlos José abonará a Patricia , enconcepto de pensión compensatoria, la cantidad de 400 euros mensuales, durante un periodo de diez años desde la fecha de la sentencia de separación, por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la libreta de ahorro o cuenta corriente que se designe al efecto y que será actualizada de acuerdo con las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo u organismo que le sustituya.

2. -Que el Sr. Carlos José no está obligado a satisfacer la mitad del coste de la reforma de la vivienda conyugal.

3.- Quedan inalterables el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida y que no se opongan a lo aquí expuesto.

4.- No se efectúa pronunciamiento en cuanto a las costas generadas en esta alzada.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedecia junto al testimonio de la presente resolución para su ejecución y cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.

Experto:  noeliabogada escribió hace 4 año.
Si lee detenidamente las sentencias es probable que llegue a la conclusión siguiente: los gastos por el uso (recibos de consumo; gas, agua, luz...) los debe afrontar quien está efectivamente disfrutando del inmueble. Las obras que realice deben ser afrontadas por ambos propietarios, porque benefician a la propiedad en su conjunto. No se trata de otra cosa que de mejoras en la propiedad y que a ambos benefician.
Sigo manteniendo que usted debe presentar las facturas de als inversiones que ha realizado el inmueble y utilizarlas como un crédito contra la comunidad de gananciales en una futura liquidación de los mismos.
" Una específica mención merece el pago de las cuotas de la comunidad de propietarios a los efectos del art.9 LPH . En principio procede distinguir entre: "las cuotas ordinarias", que se refieren a meros gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, así como de limpieza, ascensor, luz, agua comunitaria etc, que se deben de abonar por el cónyuge que tiene atribuido el uso de la vivienda, de las "cuotas extraordinarias" que se refieren a arreglos de fachada, tejado, cambio de ascensor etc, que se refieren a la propiedad y que afectan al valor y existencia del inmueble, por lo que deben de ser abonados por los propietarios del inmueble y en proporción a su propiedad. En relación con esta cuestión puede considerarse por analogía lo dispuesto en el art.501 CCV . En nuestro caso, es claro que los gastos de la vivienda, (propiedad al 50% en por indiviso de los dos litigantes), tratándose de gastos que según certificación obrante en la causa, se refieren a conceptos extraordinarios que no son ni previstos, ni periódicos como: fachada, tejado, terraza comunitaria, ascensor, cambio de TDT o porteros automáticos, deben de ser abonados por ambos propietarios en función de su cuota de propiedad" .
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Los gastos de uso, como impuestos, o necesarios para habitabilidad, reformas indispensables o reparaciones son conjuntas, indudablemente

Las mejores no

En caso de duda a su caso, pongase en la posición de que ud ha arrendado la propiedad y el inquilino le solicita esa reforma, si Ud la ve como indispensable para el úso, reclamela, pero si para ud no sería esencial al uso, tampoco lo será para su ex, el cual reclamará y seguramente su señoría le de la razón

Cliente: escribió hace 4 año.
no han respondido a mi pregunta sobre cual es la clase de demanda que puedo interponer ahora para reclamar los gastos de mejora necesarios de la vivienda a mi exposo. El regimen era de separación de bienes y el piso que ocupo no se me otorgó ni mediante convenio ni por sentencia sino simplemente el juez dijo que teniamos otra vivienda y por tanto la podia ocupar. La vivienda familiar era propiedad de mi ex.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

La demanda es una demanda de cantidad por el valor de la reforma,

Para cantidades superiores a 2000 euros requiere abogado.

Si cobra menos de 1288 euros brutos al mes puede solicitar para ello abogado de oficio al colegio de su provincia en ejercicio a su derecho a la justicia gratuíta.

Si el juez le dió el derecho de uso, u la reforma es indispensabel para hacerla habitable si tiene base para reclamarla

Apoye la demanda en la necesidad y la inhabilidad del inmueble para ser habitado sin ella

En resumen, busque abogado, y que base la demanda en la NECESIDAD por las condiciones del inmueble

Un aspecto importante sería aportar pruebas documentales de como estaba la vivienda antes de la reforma

Cliente: escribió hace 4 año.
la demanda seria un proceso monitorio?
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Tan pronto él no reconozca el origen de la deuda puede oponerse y pasaríamos a un juicio verbal en reclamación de cantidad, que ya si precisa abogado, y es el escenario probable en el que se vea Ud. desde luego que yo no lo intentaría en monitorio porque sería perder el tiempo, dado que presumo que él se opondrá.

le adjunto modelo de demanda, aunque su abogado tendra el suyo

DEMANDA DE JUICIO VERBAL SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Legislación relacionada

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE __________

Nota

D./Dª. __________, Procurador de los Tribunales Nota , colegiado n.º _____, en nombre y representación de D./Dª. __________ Nota , con domicilio en __________, según acredito mediante escritura de poder que acompaño a la presente, bajo la dirección del Abogado Nota D./Dª. __________, colegiado n.º _____, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que por la representación que ostento, y siguiendo las instrucciones de mi mandante, formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL contra D./Dª. __________ Nota , con domicilio en __________ Nota EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD de __________ EUROS (_____ €) Nota , en base a los siguientes

HECHOS

Nota

PRIMERO.- En el día __________ mi mandante entregó a D./Dª. __________ la cantidad de __________ €, en concepto de préstamo, asumiendo éste la obligación de devolverlas en el plazo de tres meses. La entrega se realizó ante varias personas, que se encontraban en aquel lugar.

Se aporta como documento n.º 1, recibo de la entrega del dinero firmado por el demandado.

SEGUNDO.- Concluido, en exceso, el plazo en el que D./Dª. __________ debía haber devuelto el dinero y tras varios requerimientos es por lo que se presenta esta demanda. Concretamente con fecha __________ se requirió fehacientemente al demandado a fin de que abonase las cantidades reclamadas. Se acompaña como documento n.º 2 burofax acreditativo de dicho extremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

CAPACIDAD.- Las partes ostentan capacidad procesal para comparecer en juicio, conforme el art. 6 y ss.

II

REPRESENTACION.- D./Dª. __________ está representado por el Procurador que suscribe, habilitado en el partido de este Juzgado, y está asistido por el Letrado D./Dª. __________ del Ilustre Colegio de Abogados de __________ Nota .

III

LEGITIMACIÓN.- Mi representado está legitimado activamente para formular la presente demanda al ser acreedora de la relación obligatoria; y el demandado pasivamente, por ser deudor de la misma.

IV

JURISDICCION.- Es competente para conocer la demanda presentada la jurisdicción civil, conforme a los arts. 9.2 y 21.1 de la LOPJ.

V

COMPETENCIA.- Se presenta ante este Juzgado de conformidad con el art. 50 LEC, al ser el lugar del domicilio del demandado.

VI

CUANTÍA.- La cuantía de la demanda, es la reclamada que asciende a __________ €, correspondientes a principal e intereses vencidos, conforme a lo dispuesto en en los arts. 251.1 y 252.2 de la LEC Nota .

VII

PROCEDIMIENTO.- La presente demanda ha de seguir los cauces establecidos para el juicio verbal que se recogen en los arts. 437 a 447 de la LEC, de conformidad con lo establecido en el art. 250.2 del mismo texto legal.

VIII

ASUNTO DE FONDO.- La acción que se ejercita es de reclamación de cantidad derivada de un contrato de préstamo, siendo de aplicación lo dispuesto en los arts. 1.088, 1.089, 1.091, 1.124 Nota , 1.740, 1.753 específicamente referidos a contrato de préstamos y demás concordantes del Código Civil. Nota

Las obligaciones que nacen de los contratos han de cumplirse al tenor de las mismas, conforme a lo dispuesto en el art. 1.091. Habiendo asumido el demandado una obligación de restituir la cantidad entregada, en el plazo pactado, art. 1.753 CC, procede estimar esta demanda en el sentido de condenar al demandado al pago de la cantidad adeudada.

IX

INTERESES.- Procede, asimismo, imponer intereses sobre dicha cantidad, de conformidad con los arts. 1.101 y 1.108 del Código Civil.

X

COSTAS.- Es preceptiva la condena en costas, incluso aunque se produzca allanamiento, toda vez que, en otro caso, sería un sistema fácil y abusivo esperar al proceso judicial para cumplir lo que antes le correspondía. Es claro que el demandado ha infringido la Ley y ni siquiera ha dado solución a la situación, a pesar de ser requerido previamente, por lo que entendemos existe temeridad y mala fe, conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 395 de la LEC.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y sus copias Nota , se me tenga por personado y parte en la representación que ostento, y seguido el trámite de ley, dicte sentencia que condene a D./Dª. __________ ; al pago de la cantidad de __________ €, por principal e intereses vencidos hasta la fecha de interposición de la demanda, cantidad que habrá de ser incrementada con el interés legal, con expresa imposición de costas.

PRIMER OTROSI DIGO: Que al amparo de lo dispuesto en el art. 440.1 tercer párrafo de la LEC, y ante la imposibilidad de presentar esta representación los testigos propuestos,

SUPLICO AL JUZGADO: se cite a:

D./Dª. __________ con domicilio en __________ .

D./Dª. __________ con domicilio en __________ . Nota

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que necesitando el poder general para pleitos para otros asuntos legales,

SUPLICO AL JUZGADO: que dicho poder sea desglosado y devuelto a esta parte una vez tomada nota en autos.

Principal y otrosí, por ser Justicia que pido en __________ Nota .

Fdo.: D./Dª. _________Fdo.: D./Dª. _________

Col. n.º _____________Col. n.º _____________

Cliente: escribió hace 4 año.
para la demanda si no supera los 2000 euros necesito tambien abogado si es un juicio verbal'
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Si, el juicio verbal siempre necesita abogado

El monitorio es para deudas donde esta claro el origen y prácticamente no cabe discusiónsobre ese origen

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