Cómo funciona JustAnswer:
  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tienen muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.
Formule su propia pregunta a Abogado3044
Abogado3044
Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 6056
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
54639574
Escriba su pregunta sobre Legal aquí...
Abogado3044 está en línea ahora

tengo un terreno urbano que heredé de mi hermana que falleció

Pregunta del cliente

tengo un terreno urbano que heredé de mi hermana que falleció el 16/11/2006. Ella a su vez lo habia heredado de nuestros padres, que fallecieron el 06/02/1992 (padre) y el 11/10/1986 (madre). En enero me envian dos recibos de I.V.T.N.U., con los siguientes conceptos:transmisión anterior: 11/10/1986; transmmisión actual: 16/11/2006; importe: 2.040,97 €. El otro, transmisión anterior: 06/02/1992; transmisión actual: 16/11/2006; importe: 1.428,68 €. Interpuse Recurso, pero me envían los mismos recibos con el recargo y las costas. Vuelvo a interponer Recurso y me notifican diligencia de embargo por importe de 4.216,66 €, que hecen efectivo el 25/06/2012.
Se que yo heredo los bienes y las deudas de mi hermana, pero al morir ella, no estaba prescrita la plusvalía, tanto de mi madre como la de mi padre?
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenos días,

La prescripción de la plusvalía se produciría si hubieran pasado más de 4 años desde el fallecimiento del último titular de la vivienda.

La plusvalía prescribe igual que los demás impuestos según el artículo 64 de la LGT. Prescribe a los 4 años desde la finalización del plazo para declarar que es, generalmente, de seis meses desde el fallecimiento.

Desde el mes de enero de 2012 hasta el 16 de noviembre de 2006 han transcurrido el tiempo de la prescripción, por lo que yo entiendo que estaría prescrita ya que ha pasado el plazo legal de la prescripción, sí efectivamente a usted no se le notificó ninguna resolución hasta el mes de enero del presente año.

La prescripción se produciría el día 16/05/2011.

Si ante los recurso presentados la administración ha obviado los mismos, sólo quedaría interponer recurso ante el Tribunal Económico Administrativo, como instancia jurisdiccional a la que acudir y que resuelva sobre su asunto sin la parcialidad de la propia administración.


Sigo a su entera disposición para dudas,

Saludos cordiales,
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.




Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro.
En relación a su consulta le respondo que :

Lamento comunicarle que NO tiene Ud razón y la tiene el Ayuntamiento, y me explico

Es cierto que los impuestos de plusvalías precriben como todos a los 4 años y seis meses, pero a diferencia del impuesto de sucesiones, que comienza su prescripción desde el fallecimiento, las plusvalías comienzan a prescribir desde que se notifica el cambio de titularidad, lo que hace que nunca prescriban porque antes ya nos han reclamado

La plusvalía hay que pagar desde que se escritura el cambio, no desde fallecimiento

 

Cuente si median 4 años y seis meses desde la escritura antes del primer reclamo y sólo entonces tendrá la deuda prescrita


A Ud le reclaman las dos transmisiones porque la hermana no pueso a su nombre y se hacen los dos cambios al heredar Ud


Si tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dinero

Espero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.

Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Los tribunales, a diferencia de administración municipal, que lo hace mal jurídicamente y a favor de su interés, están interpretando el momento del fallecimiento como el momento en que comienza el cómputo de la prescripción. Hay base legal para su recurso.

Le facilito sentencia al respecto:





Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz de ...
Sentencia núm. 957/1994 de 25 noviembre JT 1994\1368







IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS.
LEGITIMACION: el adquirente de los terrenos está legitimado para impugnar la liquidación de plusvalía al haberse consignado en la escritura que el adquirente correría con estos gastos lo que le confiere un interés legitimador.
PRESCRIPCION: su cómputo comienza en el momento de finalización del plazo para presentar la declaración, un mes desde la fecha del devengo.
PERIODO IMPOSITIVO: en las adquisiciones por herencia el momento inicial es el de la muerte del causante.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso núm. 1319/1993

Ponente: Ilmo. Sr. D. Oscar González González

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1994.

Visto, en nombre del Rey, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, el presente Recurso núm. 1319/1993, seguido a instancia de «Construcciones Marichal, SL», representado por Procurador ... y dirigido por Letrado ..., y como Administración demandada el Ayuntamiento de Arona, representado por Procurador ... y dirigido por Letrado ..., habiendo intervenido como codemandada doña María Luisa L. R., representada y dirigida por Letrado ..., versando sobre impuesto de Plusvalía, de cuantía 851.929 pesetas, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Oscar González y González, se ha dictado la presente con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El 1 de octubre de 1993 el Alcalde del Ayuntamiento de Arona aprobó las liquidaciones giradas a «Construcciones Marichal, SL» por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, como consecuencia de las adquisiciones a título oneroso el 15 de febrero de 1990, de dos fincas urbanas situadas en la Avenida de Suecia núms. 42 y 44, siendo el importe de las liquidaciones las sumas de 641.898 y 210.031 pesetas, respectivamente. Interpuesto recurso de reposición es desestimado el 2 de noviembre de 1993.

SEGUNDO.-

Por la representación del actor se interpuso recurso contencioso-administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia declarando la nulidad del acto recurrido.

TERCERO.-

La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella, con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a Derecho la resolución recurrida.

CUARTO.-

Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

QUINTO.-

Señalado día y hora para votación y fallo tuvo lugar al reunión del Tribunal en el designado al efecto.

SEXTO.-

Aparecen observadas las formalidades de tramitación que son las del procedimiento.

Vistos los preceptos citados por las partes y los que son de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Se recurren las resoluciones del Alcalde del Ayuntamiento de Arona, en virtud de las cuales se aprobaron las liquidaciones giradas a la entidad recurrente por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, como consecuencia de las adquisiciones a título oneroso el 15 de febrero de 1990, de dos fincas urbanas situadas en la Avenida de Suecia núms. 42 y 44, siendo el importe de las liquidaciones las sumas de 641.898 y 210.031 pesetas, respectivamente.

SEGUNDO.-

Una primera cuestión que debe quedar resuelta definitivamente es la relativa a la legitimación para recurrir de la adquirente de los terrenos, pues, como ya se dijo en el Auto de esta Sala de 24 marzo 1994, el hecho de que no tenga la consideración de sujeto pasivo del tributo conforme al artículo 107 b) de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, ( RCL 1988\2607 y RCL 1989\851) sobre Haciendas Locales, no quiere decir que no tenga un interés legitimador que exige el artículo 28 de la Ley Jurisdiccional, ( RCL 1956\1890 y NDL 18435) pues consignado en la escritura que el adquirente correrá con los gastos derivados del Impuesto de Plusvalía, este interés deriva de que el impuesto deba ajustarse a la legalidad evitando que se exija mayor importe del debido, pues es él en definitiva el que va a correr con el pago. Eso no quiere decir que el Ayuntamiento pueda dirigirse contra él, ya que es el vendedor el verdaderamente obligado, y en realidad nunca ha habido en el expediente iniciativa municipal dirigida a dicho cobro contra el recurrente, al que sólo se le comunicó la liquidación con el único fin de informarle, como se dice en el acto resolutorio del recurso de reposición.

TERCERO.-

Debe rechazarse la petición de prescripción alegada por el recurrente, ya que ésta no se produce a partir del inicio del período impositivo, sino a partir de la finalización del plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración-artículo 65 LGT, ( RCL 1985\968 , 1313 y ApNDL 6991) y que es un mes a contar de la fecha del devengo, es decir, a contar de la fecha de cierre del período impositivo, que en nuestro caso se produce en 15 de febrero de 1990, momento en que se eleva a escritura pública los tres documentos privados de transmisión.

CUARTO.-

En relación con la primera liquidación correspondiente al expediente 555 bis, y que tiene por objeto la finca situada en la Avenida de Suecia número 44, aunque es correcto el fin del período impositivo -el 15 de febrero de 1990-, sin embargo, habida cuenta de que la adquisición realizada por los transmitentes fue por herencia de don Félix B. G., el momento inicial debe ser el de la muerte de éste, que tuvo lugar el año 1983, como se ha acreditado en estos autos por certificado de defunción, y no más de 20 años, como consta en la liquidación, sin que quepa decir que se desconocían las anteriores transmisiones y que respecto de las mismas no se ha girado liquidación de Plusvalía, pues ello debió hacerse en su momento, pero no ampliar el período impositivo irregularmente, cuando realmente éste sólo comprende el tiempo transcurrido entre las dos últimas transmisiones. También en relación con esta liquidación una vez se practique en la forma dicha deberá notificarse no sólo a doña María Luisa L. R., sino además a su hija doña Mildred Maritza B. L., al ser ambas las vendedoras.

QUINTO.-

Respecto a la liquidación correspondiente al expediente 555, correspondiente a la finca situada en la Avenida de Suecia número 42, en la que se han englobado las dos escrituras privadas de transmisión otorgadas el 18 de mayo de 1989, debemos apreciar igualmente error en la determinación del momento inicial del período impositivo, que no es más de 20 años como vuelve a indicarse en la liquidación, pues habrá que estar al momento efectivo de la última transmisión, que en relación a la porción de 112 metros cuadrados adquirida a doña Amalia F. D. es el año 1976, y la adquirida a los hermanos P. G. es el año 1985, debiendo, en consecuencia, practicarse nueva liquidación teniendo en cuenta ese menor número de años en proporción a las distintas superficies de las dos fincas separadamente.

SEXTO.-

No se dan circunstancias determinantes de una condena en costas, por falta de temeridad o mala fe en alguna de las partes, supuestos a los que el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional ( RCL 1963\2490 y NDL 15243) subordina un pronunciamiento de este tipo.

FALLAMOS:

Estimar parcialmente este recurso, anulando por contrarias a Derecho las liquidaciones recurridas, debiendo practicarse otras en la forma indicada en los fundamentos de esta sentencia, sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Por la fecha de la sentencia (94) vemos que es muy antigua, y los errores se han subsanado en las modernas normativas municipales aplicables, le dejo link ejemplo normativa ayuntamiento barcelona y todas las que ud coja ya no dejan flecos a la interpretación

 

http://www.bcn.cat/hisenda/es/principals_impostos_plusvalua_explicacio.html

 

Puede Ud presentar recursos, pero no hay sentencias modernas que actualmente le den la razón

Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Le dejo sentencia del Tribunal Supremo, también a respuesta de su pregunta y que justifica lo que le dije:

Aprovecho para comentarle que la administración no es la encargada de la interpretación de las normas, siempre va a tirar a su favor, sino los tribunales.

Saludos cordiales,



Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª)
Sentencia de 27 junio 1991 RJ 1991\6201







RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION (ART. 102 L. CONT.): Resoluciones de las Salas contrarias entre sí o con sentencias del Tribunal Supremo: requisitos: triple identidad exigida; inexistencia: falta de identidad objetiva.
TRIBUTOS: prescripción: del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación: existencia.
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS (PLUS VALÍA): PRESCRIPCION: fecha inicial del devengo: elevación a escritura pública de transmisión de inmueble plasmada en documento privado: habiéndose producido fallecimiento de alguno de los firmantes del mismo: determinación: es la fecha del documento privado; existencia: transcurso de más de cinco años desde que se produjo el devengo hasta que se practica la liquidación. Almuñécar (Granada).

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso núm. 299/1990

Ponente: Excmo Sr. Pablo García Manzano

Con motivo de escritura pública de 3 de abril de 1987 de ratificación de compraventa efectuada en documento privado de un piso sito en Avda. de la Costa del Sol nº 5 de Almuñécar (Granada), el Ayuntamiento de Almuñécar practicó liquidación a D. Ramón R.J. por el concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plus Valía).

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por D. Ramón R.J. el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada dictó Sentencia en 6 de noviembre de 1989 estimándolo, anulando la liquidación de referencia y ordenando al Ayuntamiento de Almuñécar la devolución al recurrente de la suma satisfecha por aquélla liquidación con los intereses correspondientes.

Interpuesto recurso extraordinario de revisión por el Ayuntamiento de Almuñécar, el T.S. lo declara improcedente y condena en costas a la Corporación recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

La sentencia cuya rescisión se pretende por la vía del recurso excepcional de revisión, promovido por el Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), anuló la liquidación tributaria efectuada por esta Corporación Municipal, por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía) por apreciar la prescripción quinquenal de la acción liquidadora del Ente Local exaccionante, con base en entender producida la trasmisión de los inmuebles sujeta al gravamen y consiguiente devengo del Impuesto en la fecha de fallecimiento de una de las personas otorgantes del documento privado de compraventa, el Sr. L. S., hecho que tuvo lugar el 9 de julio de 1980, atribuyendo en virtud de este hecho del fallecimiento, eficacia jurídica para el tercero que era la Hacienda Local a los documentos privados suscritos con fechas 28 de abril de 1973, 29 de abril de 1974 y 27 de julio de 1978, ratificados y elevados a escritura pública notarial con fecha 3 de abril de 1987, fecha esta última adoptada por la Corporación Municipal como la de devengo de la imposición y consiguiente «dies a quo» para el cómputo del plazo prescriptivo de cinco años, de los arts. 64 de la Ley General Tributaria ( RCL 1963\2490 y NDL 15243) y 796 de la Ley de Régimen Local ( RCL 1956\74 , 101 y NDL 611), para girar la pertinente liquidación tributaria.

SEGUNDO.-

La demanda de revisión se centra en el motivo revisorio de contradicción del art. 102-1.b) de la Ley de la Jurisdicción ( RCL 1956\1890 y NDL 18435) y hace resurgir, en construcción jurídica encomiable aunque no sea compartida, una vieja polémica en torno a la eficacia jurídica de los documentos privados, o mejor, de los negocios jurídicos otorgados a través de los mismos en órden al gravamen por el Impuesto municipal de Plusvalía. La tesis que en sede de revisión mantiene el Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar puede condensarse en los siguientes términos: ha de prevalecer el art. 107.1 del Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952 ( RCL 1953\462 y NDL 15273) sobre el art. 1227 del Código Civil, y con base en aquel precepto reglamentario, vigente y más específico, la Hacienda municipal pudo desconocer, como desconoció, los documentos privados suscritos entre los representantes de «C. S. S. L.» y el adquirente de los locales Sr. R. J., de suerte que la transmisión de éstos no se operó hasta el otorgamiento de la escritura pública en 3 de abril de 1987, fecha a partir de la cual surgió el hecho imponible y consiguiente devengo del Impuesto, no prescrito en cuanto la liquidación del mismo se practicó por la Corporación local el 31 de agosto de 1987.

TERCERO.-

Al no tratarse de un recurso de apelacion sino de un recurso extraordinario, y excepcional, de revisión, dirigido a hacer cesar la firmeza de la sentencia impugnada, dictada por la Sala de la Jurisdicción en Granada con fecha 6 de noviembre de 1989, el tratamiento de la cuestión planteada y antes descrita ha de enmarcarse en el ámbito procesal de dicho remedio o recurso extraordinario. Así las cosas, ha de analizarse en primer término si se da el presupuesto básico para la concurrencia del motivo en que se funda la demanda de revisión, es decir, la alegada contradicción entre la referida sentencia y las que con ella se confrontan, principalmente las de este Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1988 ( RJ 1988\3924 ) y 13 de febrero de 1989 ( RJ 1989\1374 ), si bien también se citan como contradichas las de este Tribunal de 22 y 28 de octubre de 1982 ( RJ 1982\5795 y RJ 1982\5817 ), pues sólo en caso de apreciarse las requeridas identidades, de hechos, fundamentación y pretensiones, entre las sentencias «antecedentes» y la impugnada en revisión, podrá jurídicamente y a los efectos que nos ocupan hablarse de contradicción que haga entrar en juego el mecanismo unificador, de naturaleza casacional, de determinar cuál es la doctrina jurídicamente correcta, todo ello con base en la reiterada jurisprudencia recaída en torno al apartado b) del art. 102.1 de la Ley de esta Jurisdicción.

CUARTO.-

Ha de reconocerse que la tesis municipal encontró inicialmente un cierto respaldo jurisprudencial; la prevalencia del art. 107 del Reglamento de Haciendas Locales y su entendimiento como precepto habilitante para desconocer la eficacia de los documentos privados en que constasen negocios jurídicos de compraventa sujetos al Impuesto de Plusvalía, aunque concurriesen los motivos del art. 1227 del Código Civil, y correlativamente, entender que sólo la elevación a escritura pública de tales documentos privados hacía surgir la transmisión y devengo del impuesto, esta tesis, decimos, fue sostenida ya por una sentencia de este Tribunal de cierta antigüedad, tal la dictada por su entonces Sala Tercera de 16 de diciembre de 1968 ( RJ 1968\5574 ), criterio jurisprudencial que tuvo reflejo más tardío en otra sentencia de la propia Sala, como la de 28 de octubre de 1982. Pero es lo cierto, que a partir de esta última fecha se produce una línea jurisprudencial que trata de armonizar los dos preceptos, art. 107 del Reglamento de Haciendas Locales y art. 1227 del Código Civil, línea en la que se insertan las dos sentencias precisamente invocadas como contradichas, las de 20 de mayo de 1988 y 13 de febrero de 1989, conforme a la cual, a salvo los demás supuestos del art. 1227 del Código Civil, precepto que citan como aplicable las dos indicadas sentencias, sólo cuando la Administración local hubiera aceptado o reconocido la realidad de lo reflejado en el documento privado, la fecha de la transmisión del dominio será la de éste. Ha de añadirse que si estas dos sentencias confrontadas toman como fecha de la transmisión y devengo del Impuesto Municipal la del otorgamiento de la correspondiente escritura pública es porque no se dio, en los casos por aquellas decididos, el supuesto del art. 1227 de fallecimiento de alguno de los firmantes del documento privado, según se deduce de una atenta lectura de las mismas. En conclusión, como en el caso ahora debatido la sentencia impugnada entendió probado el dato del fallecimiento del Sr. L. S. en 9 de julio de 1980, circunstancia esta fáctica que no concurría en las sentencias confrontadas, no se da la necesaria identidad de hechos, y en el plano jurídico la sentencia recurrida se orienta en la más reciente doctrina jurisprudencial de armonización de los dos preceptos antes citados, ello en el supuesto de la vigencia y aplicación al caso del mencionado artículo 107 del Reglamento de Haciendas Locales, cuestión esta en que no es preciso realizar un pronunciamiento expreso, más propio de recurso de apelación que del de revisión que nos ocupa.

QUINTO.-

En conclusión de lo antes expuesto, al no apreciarse la alegada contradicción entre las sentencias enfrentadas, ha de declararse improcedente el presente recurso de revisión, lo que determina, por imperativo del art. 1809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la condena en costas de la Corporación municipal demandante.
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Por favor, no olvide valorar la respuesta y plantear cualquier duda,

Saludos cordiales,
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Le dejo sentencia moderna que aclara mi tesis


TSJ Andalucía, Málaga, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 2910/2003, de 30 de septiembre

Recurso 2820/1998. Ponente: PABLO VARGAS CABRERA.


EXTRACTOS

Sea en actos "inter vivos" como "mortis causa", la prescripción del IIVTNU comienza desde la presentación del documento privado de venta en una oficina y funcionario público a los efectos de liquidación, no desde la transmisión


"... Esta Sala, en un primer momento, en SS., entre otras, 16 diciembre 1968, 12 febrero 1979, 28 octubre 1982 y 13 febrero 1989, se decantó por la prevalencia del art. 107, 1 Reglamento, reputándolo como precepto habilitante para desconocer la eficacia de los documentos privados en que constasen negocios jurídicos de compraventa sujetos al presente impuesto, aunque concurriese alguno de los supuestos del art. 1227 CC, entendiendo, por tanto, que sólo la elevación a escritura pública de tales documentos privados hacía surgir la transmisión y devengo del impuesto; sin embargo, dicha tesis, basada no sólo en que art. 107,1 es un reglamento especial que prevalece sobre la ley general que constituye CC sino también en que tiene una finalidad distinta de la del art. 1227, cual es la de impedir directamente el fraude fiscal, ha sido sustituida, sobre todo a partir de S. de revisión 27 junio 1991, Sec. lª, de esta Sala, por el criterio, no de contraposición, sino de coordinación de ambos precepto s, pues, con abstracción de que, en tal confrontación, prevalecería siempre art. 1227, por su superior jerarquía respecto del art. 107, 1, ya que, por tanto, frente al rango no puede sobreponerse el principio de la especialidad, y lo más adecuado al ordenamiento jurídico, apreciado en su conjunto, es acudir al art. 107.1 Reglamento de 1952 (cuando estaba vigente) únicamente en los casos en que no pueda aplicarse art. 1227 CC por no haberse producido ninguno de los 3 supuestos en el contemplados.

Después de la vigencia definitiva, el 1 enero 1979, del RD 3250/76 de 30 diciembre (en cuya Tabla de preceptos derogados aparece el Reglamento de Haciendas Locales de 1952, con la nota de "vigente en su parte no derogada en cuanto no se oponga a las presentes normas"), y a tenor, también, de lo establecido en Ley 7/85 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, sobre todo, en RDLeg. 781/86 de 18 abril (que deroga, ya, Ley de Régimen Local de 1955), el sistema se plasma en arts. 95, 1 a) y 97,3 y 358,1 a) y 360,3, respectivamente, del RD 3250/76 y del RDLeg 781/86, en el sentido de que "el impuesto se devenga, cuando se transmita la propiedad del terreno, en la fecha de la transmisión" y de que la declaración -que han de presentar los contribuyentes o sus sustitutos ante la administración gestora- se acompañar el documento debidamente autenticado en que consten los actos o contratos que originen la imposición".

A partir de las normas citadas, se ha producido, pues, amen de una implícita y lógica derogación del art. 107,1 Reglamento de 1952, una simbiosis de los preceptos tributarios precedentes con los requisitos fijados, para el caso de que el negocio jurídico se haya plasmado en documento privado, en art. 1227 CC, asumiendo, así, el nuevo criterio sentado en la última jurisprudencia antes comentada.."

En definitiva, en concordancia con el magisterio de la Casación expresado en aquella resolución, en el presente caso consta la presentación del documento privado de venta en una oficina y funcionario público a los efectos de liquidación de la enajenación dimanante de aquel documento privado de venta, por lo que, transcurridos en exceso los plazos de prescripción tributaria establecidos en los artículos 64 y 65 de la Ley General Tributaria, se ha de estimar el recurso. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Que por el Procurador D. Jesús Olmedo Cheli , actuando en nombre y representación de INMOBILIARIA ACINIPO S.A., se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por la que se desestimaba el recurso de reposición contra la liquidación nº 472512 del impuesto de incremento del valor de los terrenos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por importe de 121.372 pesetas, registrándose el recurso con el número 2820/98, y de cuantía 121.372 pesetas.

SEGUNDO.- Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que se suplicaba se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso contencioso-administrativo, declare nula la liquidación al estar prescrita, y condenando en todo caso a la Administración demandada a estar y pasar por dicha declaración ", interesando el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO.- Dado traslado al demandado para contestar la demanda, lo efectuó mediante escrito, que en lo sustancial se da por reproducido en el que suplicaba se dictase sentencia "por la que desestime por ser ajustado a derecho el acto administrativo impugnado".

CUARTO.- Recibido el juicio a prueba fueron propuestas y practicadas las que constan en sus respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebración del vista pública, pasaron los autos a conclusiones, que evacuaron las partes en tiempo y forma mediante escritos que obran unidos a autos.

QUINTO.- Mediante resolución de 26 de mayo del presente año se nombró Ponente a Don Pablo Vargas Cabrera, constituyéndose la Sala exclusivamente con el mismo, en virtud de lo dispuesto en el punto 2 de la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 6/1.998, de 13 de julio.

SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la impugnación de la Resolucióndel Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por la que se desestimaba el recurso de reposición contra la liquidación nº 472512 del impuesto de incremento del valor de los terrenos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por importe de 121.372 pesetas.

La pretensión que se ejercita por la parte actora es el dictado de sentencia anulatoria de la referida Resolución a estar presecrita la deuda, mientras que por la Administración demandada se solicita la confirmación de la misma.

SEGUNDO.- Considera la entidad actora como principal argumento de su pretensión ,no serle exigible el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos por cuanto enajenó la finca objeto del mismo en documento privado el 20 de enero de 1977 a un tercero, liquidándose ante la Administración tributaria el ITAJD ( ejercicio de 1980 Oficina liquidadora de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Ronda). El citado contrato fue concertado en nombre y representación de la actora por D. Alvaro , persona fallecida en 1984, elevándose a escritura pública posteriormente. Por ello, no puede excepcionar la administración demandada el artículo 1227 del Código Civil para exigirle el pago del referido tributo , pues la deuda estaría prescrita al no haber recibido notificación válida interruptiva del período señalado legalmente para ser operativa la prescripción .

Como dice el magisterio de la Casación ,TS 3ª, sec. 2ª , St de 10-10-2000, rec. 5779/1999; (vid. la sentencia TS 3ª sec. 2ª , de 21-6-1999, rec. 882/1994 ) "..En efecto, lo que aquí importa es determinar la verdadera fecha "erga omnes" del contrato o documento privado de compraventa, para así concretar cuando se ha producido la transmisión de la posesión y la adquisición de la propiedad (según la teoría del título y el modo y de acuerdo con el clausulado del contrato) del inmueble objeto de la compraventa y determinar el momento del devengo del Impuesto, el ITP y AJD, y tal fecha, en el caso que se analiza (con abstracción de que la propia Diputación Foral ha declarado que la entrega de la vivienda -y, con ella, el devengo antes comentado- se materializó el 3 de octubre de 1983) tuvo lugar cuando tal documento fue presentado o entregado, por razón de su cargo, al pertinente funcionario de la Dirección Provincial en Pamplona del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, porque el precepto del Código Civil citado no distingue entre funcionarios estatales, autonómicos o locales, sino que sólo exige que sea el funcionario competente por razón de su cargo (y en el año 1983 era la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la Administración la encargada de emitir y conceder las Cédulas de Habitabilidad de las viviendas).

Y el art. 1227 no hace la distinción comentada porque lo que pretende, exclusivamente, es dar carta de naturaleza a la fecha del contrato privado a partir de un momento que goce de verosimilitud por mor de la intervención de un organismo público, cualquiera que éste sea, que de fe, con su presencia, de que tal documento ha sido firmado o suscrito con anterioridad al hecho ex post facto que determina la fuerza erga omnes de su realidad y de la fecha inicial de su perfección y extensión.

Ergo si en este caso el contrato privado fue entregado a un funcionario estatal el 28 de septiembre de 1983 por razón de su cargo, desde esa fecha debe "contarse, respecto a terceros -y la Diputación Foral efectivamente lo es- la del propio documento".

C) Así lo ha reconocido, además, de un modo general (sin el matiz intercedente del carácter, estatal o autonómico, del funcionario a quien se le entrega el documento), la sentencia de esta Sección y Sala, de 5 de diciembre de 1998, que, contrastando el contenido de los arts. 94.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (cuya redacción es prácticamente idéntica a la del art. 39.5 de la Norma Foral de autos) y 1227 del Código Civil, ha concluido que, en vista de tales preceptos, se pueden establecer los siguientes supuestos:

a) Regla General: Documentos privados con indicación de su fecha: sea cual sea ésta, se considera como tal, a efectos de tributarios, la del día de su presentación ante la oficina liquidadora.

b) Primera Excepción: Documentos privados en los que se ha producido, antes de la presentación en la oficina tributaria, su incorporación o inscripción en un registro público, la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o su entrega a un funcionario público por razón de su oficio: prevalece, a efectos de prescripción, la fecha de la incorporación, registro, fallecimiento o entrega.

c) Segunda Excepción: Documentos privados -los descritos en la primera excepción- respecto a los que se demuestra por cualquier medio de prueba admisible en derecho que fueron otorgados o suscritos con anterioridad a la fecha resultante de la incorporación, registro, fallecimiento o entrega: prevalece la fecha real del otorgamiento o suscripción, en contra de la que hemos denominado primera excepción, prevalencia que únicamente no se tendrá en cuenta en lo relativo a la prescripción del derecho de la Administración a practicar la liquidación (que se seguirá rigiendo por la primera excepción). ".

El TSJ de Cantabria , en su sentencia de 14-07-1998, rec. 478/1997, viene a decir que ; "...Como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1995:

Este último precepto, complemento de los dos anteriores, parece que presenta una cierta contradicción con el art. 1227 CC, que tiene declarado, con carácter general, que "la fecha de un documento privado no se contar respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, o desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio".

Por su parte la sentencia de 27 de octubre de 1995 establece que:

"Como se establece en SS 2 junio 1987 y 21 diciembre 1990, de esta Sala, el derecho de la administración pública para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, nace con el perfeccionamiento de la obligación y se extingue en virtud de las modalidades comunes, entre las que se encuentra la prescripción, que exige, en el ámbito fiscal, la concreción del hito temporal o momento a partir del cual ha de computarse el plazo de 5 años establecido en art. 64 Ley General Tributaria, para prescribir el derecho a la administración anteriormente aludido, contemplándose en ap. a) del siguiente art. 65, en redacción anterior a Ley 10/85 de 26 abril, que el aludido periodo de 5 años empezará a contarse desde el día del devengo, lo que acudiendo a la norma reguladora del tributo que ahora nos ocupa, y que es el denominado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, conduce a establecer que en dicho impuesto el nacimiento de la obligación tributaria se produce en la fecha de transmisión del terreno, tanto se trate de actos "inter vivos" como "mortis causa", fecha que así se fija en art. 514, 1 Ley de Régimen Local de 1955, en art. 95, 1 a), RD 3250/76 de 30 diciembre, y en art. 358, l a), RDLeg. 781/86 de 18 abril.

Esta Sala, en un primer momento, en SS., entre otras, 16 diciembre 1968, 12 febrero 1979, 28 octubre 1982 y 13 febrero 1989, se decantó por la prevalencia del art. 107, 1 Reglamento, reputándolo como precepto habilitante para desconocer la eficacia de los documentos privados en que constasen negocios jurídicos de compraventa sujetos al presente impuesto, aunque concurriese alguno de los supuestos del art. 1227 CC, entendiendo, por tanto, que sólo la elevación a escritura pública de tales documentos privados hacía surgir la transmisión y devengo del impuesto; sin embargo, dicha tesis, basada no sólo en que art. 107,1 es un reglamento especial que prevalece sobre la ley general que constituye CC sino también en que tiene una finalidad distinta de la del art. 1227, cual es la de impedir directamente el fraude fiscal, ha sido sustituida, sobre todo a partir de S. de revisión 27 junio 1991, Sec. lª, de esta Sala, por el criterio, no de contraposición, sino de coordinación de ambos precepto s, pues, con abstracción de que, en tal confrontación, prevalecería siempre art. 1227, por su superior jerarquía respecto del art. 107, 1, ya que, por tanto, frente al rango no puede sobreponerse el principio de la especialidad, y lo más adecuado al ordenamiento jurídico, apreciado en su conjunto, es acudir al art. 107.1 Reglamento de 1952 (cuando estaba vigente) únicamente en los casos en que no pueda aplicarse art. 1227 CC por no haberse producido ninguno de los 3 supuestos en el contemplados.

Después de la vigencia definitiva, el 1 enero 1979, del RD 3250/76 de 30 diciembre (en cuya Tabla de preceptos derogados aparece el Reglamento de Haciendas Locales de 1952, con la nota de "vigente en su parte no derogada en cuanto no se oponga a las presentes normas"), y a tenor, también, de lo establecido en Ley 7/85 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, sobre todo, en RDLeg. 781/86 de 18 abril (que deroga, ya, Ley de Régimen Local de 1955), el sistema se plasma en arts. 95, 1 a) y 97,3 y 358,1 a) y 360,3, respectivamente, del RD 3250/76 y del RDLeg 781/86, en el sentido de que "el impuesto se devenga, cuando se transmita la propiedad del terreno, en la fecha de la transmisión" y de que la declaración -que han de presentar los contribuyentes o sus sustitutos ante la administración gestora- se acompañar el documento debidamente autenticado en que consten los actos o contratos que originen la imposición".

A partir de las normas citadas, se ha producido, pues, amen de una implícita y lógica derogación del art. 107,1 Reglamento de 1952, una simbiosis de los preceptos tributarios precedentes con los requisitos fijados, para el caso de que el negocio jurídico se haya plasmado en documento privado, en art. 1227 CC, asumiendo, así, el nuevo criterio sentado en la última jurisprudencia antes comentada.."

En definitiva, en concordancia con el magisterio de la Casación expresado en aquella resolución, en el presente caso consta la presentación del documento privado de venta en una oficina y funcionario público a los efectos de liquidación de la enajenación dimanante de aquel documento privado de venta, por lo que, transcurridos en exceso los plazos de prescripción tributaria establecidos en los artículos 64 y 65 de la Ley General Tributaria, se ha de estimar el recurso.

TERCERO.- A los efectos previstos en el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, no se aprecia temeridad ni mala fe en ninguna de las partes litigantes, por lo que no procede especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia.

VISTOS los preceptos citados y demás normas de general y pertinente aplicación

FALLAMOS


Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Jesús Olmedo Cheli , actuando en nombre y representación de INMOBILIARIA ACINIPO S.A., contra la Resolución impugnada que en Antecedente de Hecho Primero se reseña, que se anula por estar prescrita ; sin hacer imposición de costas procesales.

Líbrese y únase certificación de esta sentencia a las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro correspondiente. Y a su tiempo, también con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma es firme, ya que contra ella no cabe interponer recurso ordinario.

Así por ésta, sentencia del Tribunal, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-

 

 

Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Otros.
Debo decirle al experto 3044 que mi hermana escrituró la herencia de mis padres el 29/07/2003
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Pues bien, debe Ud solicitar al Ayuntamiento de la localidad, copia de todo el expediente

Si hay un lapso de tiempo desde que su hermana escritura Y NO SE LE RECLAMA de 4 años y seis meses, entonces está prescrito

Si se le estuvo reclamamando a su hermana y no se permitió dicho plazo NO estaría prescrito

Como Ud sabe Ud hereda los bienes y obligaciones de su hermana

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Revise todo el expediente, pero lo más probable, a la vista de que el recurso se lo han inadmitido, es que no haya prescripción

Puede iniciar un contencioso, pero le costará el abogado y las posibilidades de perderlo son bastante altas salvo que acredite realmente que hay prescripción por haner pasado los 4 años y seis meses sin reclamación desde la fecha de transmisión registral, no defunción

Si tiene dudas consulte, si no le agradecería una opinión positiva del servicio prestado, sin la cual el experto no cobra