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se puede trabajar en suiza con una pensión invalidez permanente

Pregunta del cliente:

se puede trabajar en suiza con una pensión invalidez permanente absoluta en españa.
¡ No me llega¡
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Estimado cliente,


No veo ningún inconveniente. El Tribunal Supremo ha dicho que la situación de incapacidad permanente absoluta no es un obstáculo para tener un trabajo. No hay incompatibilidad

Por tanto, el hecho de ir trabajar a Suiza no supone ningún inconveniente a la pensión de invalidez permanente absoluta.

Sin embargo, si debería estar disponible por si le hacen una revisión, para comprobar que su situación no ha mejorado.

Por tanto, no veo inconveniente entre su pensión y un trabajo en Suiza.

Si me lo solicita para su interés, le pasaré alguna sentencia al respecto.

Sigo a su entera disposición para dudas,

Saludos cordiales,
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Estimado cliente,

Ruego que me exponga las dudas que tenga.

Es necesario que comunique a la Seguridad Social que va a trabajar, para evitarse problemas. Si no efectúa esta comunicación puede sancionársele.

Pero usted sigue teniendo derecho a la prestación de incapacidad permanente absoluta aunque tenga trabajo.


Le dejo una sentencia que corrobora lo que le digo:

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, ...
Sentencia núm. 454/2006 de 31 mayo AS 2006\3458







PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE: prestaciones económicas: grados: incapacidad absoluta: compatibilidades: con el ejercicio de actividades como trabajador por cuenta propia o ajena: interpretación.
SEGURIDAD SOCIAL: reintegro de prestaciones indebidas: desestimación: prestaciones por IPA: incumplimiento de obligación de comunicar a la Entidad competente la realización de trabajos por cuenta propia o ajena: determina la imposición de sanción por infracción grave, pero no genera el reintegro autómatico de las prestaciones.

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 6350/2006

Ponente: IIlma. Sra. Emilia Ruiz Jarabo Quemada

El TSJestimael recurso de suplicación interpuesto por el demandante, contra la Sentencia de17-10-2005del Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Madrid, dictada en autos promovidos reclamación por incompatiblidad de pensión de incapacidad permanente absoluta y actividad laboral y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, revocándola en el sentido que se declara en su parte dispositiva.

En Madrid a treinta y uno de mayo de dos mil seis, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 003 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos./as. Sres./as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso Suplicacion(NNN) NNN-NNNN/2005, formalizado por el/la Sr./a. Letrado D/Dª. Miguel Angel Rodriguez Hernandez, en nombre y representación de Benedicto, contra la sentencia de fecha 17-10-05, dictada por el Jdo. de lo Social nº: 002 de Madrid en sus autos número Demanda(NNN) NNN-NNNN/2005, seguidos a instancia de Benedicto frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, en reclamación por invalidez absoluta, reintegro de prestaciones, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./a. Sr./a. D/Dª. Emilia Ruiz Jarabo Quemada, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO

En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

I.– Por resolución de la Dirección Provincial del INSS. en Madrid con registro de salida de 22 de septiembre de 1997 se declaró al actor (D. Benedicto, nacido el 29 de mayo de 1950 y afiliado a la Seguridad Social en el RETA bajo el núm. NUM000) afecto de Incapacidad Permanente Absoluta, con derecho a una prestación del 100% de su Base Reguladora de 74.669 ptas..

II.– el 19 de diciembre de 1997 el actor presentó escrito ante el INSS. en solicitud de información acerca de si podía realizar alguna actividad laboral no obstante haber sido declarado afecto de Invalidez.

III.– Tal solicitud de información fue contestada por el INSS. en el sentido de que« si decide iniciar trabajos, es preciso que lo comunique a esta Dirección Provincial... acompañando fotocopia del contrato de trabajo y/o parte de alta en la Seguridad Social. De no cumplir esta obligación, incurrirá en la actuación sancionable».

IV.– Con fecha 15 de marzo de 2001 se suscribió un contrato de trabajo entre el actor y la empresa Cedipsa, acogido a la modalidad de «temporal para trabajadores discapacitados», con duración de doce meses, para prestar servicios como «Expendedor-Vendedor», y salario según convenio.

V.– NO consta que por el demandante se comunicase al INSS. el inicio de esta última actividad laboral.

VI.– Por resolución de 24 de junio de 2004 se acordó mantener la calificación del actor como Inválido Absoluto, añadiendo que «su situación es incompatible con la actividad laboral de expendedor-vendedor gasolinera y compatible con la de conserje». Según dicha resolución, los menoscabos del actor consisten en «Trasplante pulmonar bilateral en 1997, por enfisema. Rechazo crónico. Hipertensión arterial. Insuficiencia renal. Flutter auricular. Contractilidad cardíaca levemente deprimida. Hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia. Clase funcional III».

VII.– Por resolución con registro de salida de 17 de febrero de 2005 se acodó, en relación con el actor, «declarar que laactividad de Expendedor-Vendedor Gasolinera no es compatible con el percibo de la pensión de incapacidad permanente que tiene reconocida, resultando deudor de prestaciones indebidamente percibidas por un importe de 15.407,56 euros, de acuerdo con el desglose adjunto».

VIII.– Obra en las actuaciones informe de la Guardia civil, de fecha 20 de septiembre de 2005, según el cual el actor «ha realizado gestiones con los componentes del Puesto que prestaban servicio en ese período de tiempo, informando que el reseñado siempre trabajó en el turno de noche, realizando el trabajo de cobrar el importe suministrado, por método autoservicio o prepago. No tiene constancia de que haya realizado trabajos que requieran esfuerzo físico, encontrándolo durante la prestación del servicio en el interior de la zona de venta» (Documento nº 2 de la parte actora).

IX.– Por el demandante se formuló reclamación administrativa previa, la cual fue desestimada por resolución con registro de salida de 13 de mayo de 2005. En dicha resolución se indicaba que por el «INSS. se formulará demanda reconvencional en reclamación de las cantidades indebidamente percibidas».

X.– La demanda iniciadora de estas actuaciones se presentó el 22 de junio de 2005, solicitándose en su «suplico» que se revoque la resolución del INSS. impugnada.

XI.– En el acto del juicio el INSS. formalizó la reconvención anunciada en la resolución desestimatoria de la reclamación previa.

TERCERO

En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que desestimando la demanda formulada por D. Benedicto frente al INSS, absuelvo a la entidad gestora demandada de la pretensión frente a ella deducida, manteniéndose las resoluciones del INSS. aquí impugnadas. Y estimándose la reconvención deducida frente al Sr. Benedicto, condeno a éste a reintegrar al INSS. la cantidad de 15.407,56 euros, a que se refieren dichas resoluciones, en concepto de prestaciones indebidamente percibidas.

CUARTO

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO

Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 29-12-05, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO

Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 11-05-06 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El demandante, que tenía reconocida desde 1 de agosto de 1997 la pensión de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, le fue notificada por INSS. Resolución de fecha 17 de febrero de 2005 en la que se declara que la actividad de expendedor-vendedor-gasolina no es compatible con el percibo de la pensión de incapacidad permanente que tiene reconocida, resultando deudas de prestaciones indebidamente percibidas por un importe de 15.407,56 euros e impugnada la referida Resolución, se dictó sentencia desestimando la demanda formulada, confirmando la Resolución administrativa y estimando la reconvención formulada por el INSS. condenando al actor al reintegro de la cantidad de 15.407,56 euros indebidamente percibida y frente a la misma, se interpone recurso de suplicación por la representación de la parte demandante en el que se articula un primer motivo en solicitud de revisión de los hechos declarados probados, al objeto de que se modifique el ordinal quinto de aquellos para que se refleje: «la empresa Cedipsa, comunicó al INSS. el inicio de la actividad laboral del actor remitiendo el contrato de trabajo y sus cláusulas adicionales, no cabe admitir la citada modificación porque la empresa lo que hizo fue presentar en la oficina de empleo, del INEM el contrato de trabajo temporal, que es un organismo autónomo de la Administración General del Estado, en virtud de la obligación que le viene impuesta en el artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , de comunicar a la oficina pública de empleo el contenido de los contratos de trabajo que se celebren ó sus prórrogas, sin que conste la notificación al INSS, así pues este primer motivo no puede ser acogido y respecto al motivo revisorio segundo apoyado en un informe del Director de Recursos humanos de Cepsa y otro informe del sargento comandante de puesto de la Guardia Civil de Villarejo de Salvanés (Madrid), al no ser prueba eficaz a estos efectos por ser prueba testifical, ya que los mismos contienen manifestaciones unilaterales y no constituyen documento en sentido estricto atribuido por el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , no puede tener favorable acogida.

SEGUNDO

Con amparo en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) se articula el último motivo de recurso a fin de examinar el derecho aplicado.

Se denuncia infracción del artículo 2 del Real Decreto 1071/1984 ( RCL 1984, 1507) , argumenta el recurrente, que las consecuencias que se derivan del incumplimiento por parte del beneficiario de la prestación de invalidez del deber de comunicar a la entidad gestora la realización de un trabajo, no por ello se pierde el derecho al cobro de la pensión, puesto que en todo caso, lo procedente es la imposición de una sanción, pero no el reintegro automático de las prestaciones indebidamente percibidas, que unicamente procede si se acredita que el trabajo que se desempeña es incompatible con la pensión de incapacidad que tiene el trabajador reconocida y en este caso el trabajo desempeñado por el actor es compatible con el estado del inválido.

Se centra la cuestión debatida en determinar la compatiblidad ó incompatiblidad de la actividad por cuenta ajena desempeñada por el actor con la pensión de incapacidad permanente absoluta que tiene reconocida, señalando al respecto que: el Tribunal Supremo en sentencia de 6-03-89 ( RJ 1989, 1794) ya tuvo oportunidad de analizar la cuestión conforme a la antigua redacción de los preceptos de la LGSS ( RCL 1974, 1482) reguladores de la materia, señalando lo siguiente «El problema se centra así en el alcance de la primera declaración que excluiría la segunda por las razones a que se ha hecho mención. Es cierto, como destaca el motivo, que de la definición legal de incapacidad permanente absoluta del artículo 135.5 de la Ley General de la Seguridad Social se deriva una cierta dificultad teórica para aceptar una actividad laboral normal por parte del inválido. Pero frente a ello hay que señalar que la aparente rigidez de la definición se relativiza en el artículo 138.2 al contemplar la posibilidad del desarrollo por parte del perceptor de una pensión de incapacidad permanente absoluta de actividades –lucrativas o no– compatibles con su estado; referencia legal que no tiene las connotaciones de ocasionalidad y discontinuidad que le atribuye el motivo, como lo confirma el artículo 2.1 del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo ( RCL 1984, 1507) , que impone a los pensionistas de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, que simultaneen la percepción de la pensión con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia, la obligación de comunicar tal circunstancia a la entidad gestora. Se ponen así de relieve los límites prácticos de la calificación de la invalidez permanente que encierra siempre un juicio problemático sobre las expectativas de empleo desde parámetros de normalidad y bajo la subsistencia de determinadas condiciones; juicio que por su propia naturaleza no excluye la posibilidad de que, por especiales circunstancias de orden individual o social, sea posible una utilización de las capacidades residuales del inválido, incluso en supuestos objetivamente cualificados como de especial gravedad.

De la declaración de incapacidad permanente absoluta no deriva ninguna prohibición para el inválido de realizar un trabajo por cuenta propia o ajena y así lo ha declarado la Sala en sus Sentencias de 6 de octubre ( RJ 1987, 6841) , 3 ( RJ 1987, 7797) y 23 de noviembre de 1987 ( RJ 1987, 8045) , 17 ( RJ 1989, 255) y 26 de enero de 1989 ( RJ 1989, 302) , con invocación expresa del derecho al trabajo que consagra el artículo 35.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) ».

El Real Decreto 1071/1984, pese a que en su exposición de motivos se refiere a la posibilidad de cocmpatibilizar las pensiones de invalidez con un nuevo trabajo y la necesidad de su control, se limita a la obligación de comunicación a la Seguridad Social por parte de los pensionistas de la realización de dicho trabajo y a determinar una posible sanción al amparo del artículo 1.8 a) en relación con el 7.1.b) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad Social ( RCL 1970, 1678) (sustituido hoy por el artículo 25 del texto refundio de 4 de agosto de 2000 [ RCL 2000, 1804, 2136] de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), con independencia de la obligación de reintegro de los importes indebidamente percibidos conforme al artículo 56.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo ( RCL 1974, 1482) .

Por otra parte la Orden de 18 de enero de 1996 ( RCL 1996, 263, 456) , que regula el procedimiento para el reconocimiento y revisión de incapacidad, en su artículo 18.4 se refiere a la revisión iniciada a consecuencia de la prestación por el pensionista de otro trabajo, y se vuelve a referir a la suspensión de la pensión cuando la actividad laboral exceda de los límites permitidos por el artículo 141.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

A su vez, la Resolución de 2 de noviembre de 1992 ( RCL 1992, 2488) de la Dirección General de la Seguridad Social se refiere a la regulación del alta en la Seguridad Social de los pensionistas de invalidez absoluta o gran invalidez y a la posibilidad de suspensión de la pensión cuando la actividad exceda de los términos permitidos por el artículo 138.2 del texto refundido de la Ley General de la Segufridad Social de 30 de mayo de 1974.

En definitiva, el artículo 141.2 de la Ley General de la Seguridad Social declara expresamente la compatibilidad del percibo de pensiones de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez con el desempeño de actividades lucrativas siempre que concurran las dos siguientes condiciones:

Que sean compatibles con el estado del inválido, respondiendo a la finalidad de proteger su estado de salud (artículo 43.1 de la Constitución), de manera que existirá incompatibilidad con el percibo de la pensión cuando el trabajo que simultáneamente realiza sea previsiblemente perjudicial para su salud.

Que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión, puesto que carecería de sentido que continuase percibiendo una pensión que se concede para proteger una limitación de la capacidad laboral cuya intensidad ha disminuido o ha desaparecido.

Salvo en estos dos supuestos, cabe compatibilizar pensión por incapacidad permanente absoluta o por gran invalidez y trabajo lucrativo, como ha puesto de manifiesto la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencias de 20 de febrero de 2001 ( AS 2001, 1276) y 5 de marzo de 2002 ( AS 2002, 2554) . Como se afirma en la última de ellas, «nada se opone a la compatibilidad de las situaciones de continua referencia, al igual que sucede en otros casos, donde la condición de pensionistas de gran invalidez por problema de ceguera se compatibiliza con la de trabajador en activo como vendedor de cupón de la ONCE. Tanto estos casos como el que se contempla en autos son magníficos ejemplos de superación personal que se deben favorecer por los poderes públicos como cauce concreto de la reinserción que propugna el art. 49 de la Constitución Española».

Asimismo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de marzo de 2001 ( RJ 2001, 3183) , ha señalado que «la interpretación de la normativa aplicable (art. 141 LGSS [ RCL 1994, 1825] ) debe hacerse atendiendo a cada caso concreto y con las distintas circunstancias concretas que en cada caso concurren».

TERCERO

Sentado cuanto antecede, y aplicando la doctrina y normativa expuesta al presente caso, se ha de concluir que, el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 2 del Real Decreto 1071/1984 ( RCL 1984, 1507) de comunicar la realización de actividad laboral simultáneamente con la situación de pensionista de incapacidad permanente absoluta, no puede significar, por si sola, el reintegro automático de las prestaciones indebidamente percibidas la literalidad de dicho artículo es la siguiente: «1. Los pensionista de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta y gran invalidez que simultaneen la percepción de su pensión con la realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, deberán comunicar tal circunstancia a la Entidad competente.

2.El incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el número uno del artículo ocho en relación con el artículo siete número uno letra b), ambos del Reglamento General de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad Social ( RCL 1970, 1678) . Ello, con independencia de la obligación de reintegro de los importes indebidamente percibidos de la pensión, conforme a lo establecido por el artículo 56.1 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1974, 1482) ».

El número dos de este artículo dispone para caso de incumplimiento del deber de comunicar a la gestora la realización de cualquier trabajo, siendo la consecuencia de la no comunicación la imposición de sanciones previstas en el Reglamento de Faltas y Sanciones de 1970, hoy Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social ( RCL 1988, 780) , con independencia de la obligación del reintegro de los importes indebidamente percibidos, conforme a lo establecido en el artículo 56, hoy 45 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1994, 1825) .

Por lo tanto, se está castigando el incumplimiento de la obligación de comunicar con una sanción por infracción grave, pero no con el reintegro automático de las prestaciones indebidamente percibidas, el nexo utilizado, «con independencia de», lo que viene a decir es que la imposición de la sanción, no es óbice para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, pero siempre y cuando proceda dicha devolución porque se acredite que el trabajo que se desempeña es incompatible con la pensión de incapacidad que tiene el trabajador reconocida.

Esta afirmación la avala el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social ( RDLeg 5/2000 [ RCL 2000, 1804, 2136] ), en la que se establece una sanción de pérdida de tres meses de pensión. Abundando en su apartado d) en la posibilidad de la pérdida de la prestación cuando hayan dejado de cumplirse los requisitos que dieron lugar a su concesión, es decir, si se demuestra que el trabajo realizado no es compatible con el estado de incapaz.

Así, no se puede afirmar, como se afirma en la sentencia, que la no comunicación del desempeño de un trabajo por un incapacitado permanente absoluto sea sancionable con la pérdida de la pensión mientras realiza dicho trabajo, que es lo que en la práctica está avalando la sentencia de instancia, sino que dicho comportamiento irregular, si se hubiera producido, es sancionable, conforme al artículo 47 del RDleg 5/2000, con la pérdida de tres meses de prestación, y sólo en el caso de que se demuestre la incompatiblidad del trabajo con el estado del enfermo con la pérdida de la prestación mientras se ha estado trabajando.

Por tanto, per se, no puede la falta de comunicación ser suficiente para hacer devolver, como indebidamente percibida, la pensión cobrada durante el trabajo, sino que para ello se deberá entrar a analizar si dicho trabajo era o no compatible con el estado del enfermo, y sólo en caso de incompatibilidad ha de proceder la devolución.

Sobre esta cuestión, el dato de que el actor realice actividad laboral como expendedor-vendedor-gasolinera, no puede significar por si sólo, que se encuentre en situación de cambio de su capacidad laboral, ni que esa actividad sea incompatible con la prestación, ya que, en fecha 22 de febrero de 1997 fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta por presentar trasplante pulmonar bilateral (24-03-97) con rotura de hemidiafragma derecho, reparada quirúrgicamente, neumonía por enterobacter cloacae, sin episodios de rechazo aumentados en la actualidad, el 19-02-97, presentó escrito ante el INSS. en solicitud de información acerca de si procedía realizar alguna actividad laboral no obstante había sido declarado afecto de invalidez y el INSS. le contestó que si decide iniciar trabajos, es preciso que lo comunique a la Dirección Provincial, requisito que el actor no ha cumplido, tramitado expediente de revisión el INSS. resolvió en fecha 24 de junio de 2004 mantener la calificación de incapacidad permanente absoluta por considerar que su estado no ha experimentado agravación, ni mejoría, luego, su estado no ha variado.

Estima la Sala, que el ejercicio de su actividad de expendedor-vendedor, en virtud de un contrato de trabajo temporal para trabajadores discapacitados, cuya actividad en el período 2-001 a 2-003, consistía en gestiones con los componentes del puesto que prestaban servicios en ese período de tiempo, siempre ha trabajado en el turno de noche, realizando el trabajo de cobrar el importe suministrado, por el método autoservicio ó prepago, sin que conste que haya realizado trabajos que requieran esfuerzo físico, encontrándose durante la prestación de servicios en el interior de la tienda que se encuentra cerrada al público por razones de seguridad, resulta compatible con dicha pensión. En efecto no consta que tal actividad perjudique su estado de salud, ni la propia Entidad gestora ha considerado que exista un cambio en su capacidad de trabajo que permita la revisión del grado de incapacidad permanente absoluta que tenía reconocida.

Al no haberlo entendido así la sentencia recurrida, procede, previa estimación del recurso, la revocación de aquella y la estimación de la demanda rectora del proceso, con revocación de la Resolución dictada por la Dirección Provincial del INSS, de fecha 17 de febrero de 2005 en la que declara que la actividad de expendedor-vendedor-gasolinera, no es compatible con la pensión de incapacidad permanente que tiene reconocida, resultando deudor de prestaciones indebidamente percibidas por importe de 15.407,56 euros.

Vistos los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por el letrado Don Miguel Angel Rodriguez Hernandez, en nombre y representación de DON Benedicto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º2 de los de Madrid de fecha 17-10-05, autos nº 293/05 promovidos a instancia de DON Benedicto contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social en reclamación por incompatibilidad de pensión de incapacidad permanente absoluta y actividad laboral y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, revocamos dicha sentencia, y, estimando la demanda rectora del proceso, revocamos la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid de fecha 17 de febrero de 2005 con todas las consecuencias inherentes a dicha declaración y condenamos a los demandados a estar y pasar por esta declaración.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, núm. 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2828/0000/00/6350/05 que esta Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ Miguel Ángel, 17, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. –Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe


Sigo a su entera disposición,

Saludos cordiales,
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.


Aquí le dejo otra sentencia más que confirma lo que le estoy asesorando.

Le repito que es posible que si usted tiene dudas me plantee las mismas a través de esta misma pregunta, no es necesario que abra una nueva pregunta y no le supondrá coste adiccional.

También, rogaría valorase nuevamente mis respuestas complementarias.

Saludos cordiales,



Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo Social)
Sentencia núm. 113/1993 de 15 enero AS 1993\75




INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA: compatibilidad con la realización de trabajos por cuenta ajena.

Jurisdicción: Social
Ponente: IIlma. Sra. María Eladia Felgueroso Fernández

El TSJ desestima el recurso interpuesto por el INSS y TGSS demandados contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Avilés, dictada en autos promovidos sobre invalidez permanente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Según consta en autos se presentó demanda por don Manuel G. G., ante el Juzgado de lo Social de Avilés, en reclamación de invalidez permanente absoluta-enfermedad profesional, siendo demandados «Hulleras del Norte SA», Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Administración del Principado de Asturias, y celebrado el acto del juicio oral, por el mencionado Juzgado de lo Social, se dictó Sentencia de fecha 12-5-1992 por la que se estimaba la demanda.

SEGUNDO.-

En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados, los siguientes:

«I.-El actor prestó servicios para la Empresa codemandada en el interior de una mina de carbón con la categoría profesional de rampero primero y vagonero después, entre 1951 y noviembre de 1987.

II.-Desde el año 1965 el actor es funcionario de carrera con la categoría profesional de ingeniero técnico de Obras Públicas, adscrito al puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Conservación en el Servicio de Puertos, dependiente de la Consejería de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones del Principado de Asturias.

III.-Seguidas actuaciones administrativas sobre invalidez permanente, por Resolución de 25-3-1991 de la Dirección Provincial del INSS, el actor fue declarado afecto de una Invalidez Permanente Absoluta derivada de enfermedad Profesional de Silicosis de tercer grado, con derecho a percibir pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora de 117.298 ptas. mensuales con efectos jurídicos desde el 12-2-1991, y económicos desde la fecha de cese en el trabajo que en la actualidad desempeña.

IV.-Previamente el Instituto demandado había oficiado a la Consejería de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, advirtiendo de la incompatibilidad entre la pensión concedida y el desempeño de trabajo en cualquier tipo y solicitando en consecuencia el cese del actor en su trabajo.

V.-Por Resolución de 6-5-1991 del Secretario Técnico de la citada Consejería se declaró improcedentes el cese y perdida la condición de funcionario del actor.

VI.-El 2-5-1991 el actor solicitó del INSS la declaración de compatibilidad entre la pensión y las percepciones derivadas de su trabajo profesional.

VII.-Resuelto el expediente de Incapacidad sin abono de prestaciones en tanto el actor no cese de su trabajo, éste interpuso reclamación previa que fue desestimada por Resolución de 2-7-1991.»

TERCERO.-

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte codemandada Instituto Nacional de Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, siendo impugnado, de contrario.

Elevados los autos a esta Sala se dispuso el pase a Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.-

Estimó la sentencia de instancia las pretensiones deducidas en la demanda, declarando el derecho del actor a compatibilizar el disfrute de la pensión de invalidez permanente absoluta, que por enfermedad profesional, silicosis, tiene reconocida, con el desempeño del puesto de trabajo que, como funcionario de carrera, ocupa en la Consejería de Obras Públicas del Principado de Asturias, formulando la entidad gestora frente a esta resolución un único motivo de recurso, en el que, con el adecuado amparo procesal, denuncia infracción de los arts. 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1974\1482 y NDL 27361) y 24.2 de la Orden Ministerial de 15-4-1969 ( RCL 1969\869 , 1548 y NDL 27275), normas que literalmente establece que «las pensiones vitalicias en caso de invalidez permanente absoluta o de gran invalidez no impidieran el ejercicio de aquellas actividades sean o no lucrativas, compatibles con el estado de inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión», preceptos que la entidad gestora, sobre la base de una jurisprudencia anterior a 1987, interpreta restrictivamente, refiriendo el ejercicio de las actividades que en ellos se contemplan a aquellas de carácter marginal, ocasional y discontinuo. Sin embargo, a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-1987 ( RJ 1987\6841 ), se sienta una doctrina, hoy consolidada (SS. 3 y 23 noviembre 1987 [ RJ 1987\7797 y RJ 1987\8045 ]; 17 y 26 enero 1989 [ RJ 1989\255 y RJ 1989\302 ], 20-2-1989 [ RJ 1989\908 ] y 6-3-1989 [ RJ 1989\1794 ], en la que, con una interpretación más amplia del art. 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social, y con invocación expresa del derecho al trabajo que consagra el art. 35.1 de la Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), se afirma que los inválidos permanentes absolutos pueden realizar determinados trabajos, compatibles con su estado, trabajos que no tienen que revestir necesariamente, como se alega en el motivo del recurso, aquellas características de marginalidad y ocasionalidad, como así lo confirma el art. 2.1 del Real Decreto 1071/1984, de 23 mayo ( RCL 1984\1507 y ApNDL 12709), que impone a los pensionistas de invalidez permanente total, absoluta y de gran invalidez, que simultaneen la percepción de la pensión con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, la obligación de comunicar tal circunstancia a la entidad gestora. La aplicación de esta doctrina al supuesto concreto conduce a afirmar la posibilidad legal de que el actor, declarado inválido permanente absoluto por enfermedad profesional, silicosis de tercer grado, realice las actividades laborales propias de su puesto de trabajo, Ingeniero Técnico de Obras Públicas en el negociado de conservación en el Servicio de Puertos, actividad que es compatible con su estado patológico y que éste le permite desempeñar con absoluta normalidad, conforme acredita la prueba documental practicada y aportada a las actuaciones (folio 40) sin perjuicio de las consecuencias económicas y facultad de revisión del grado de invalidez permanente que el art. 2 del Real Decreto 1071/1984, de 23 mayo, establece.
Cliente: escribió hace 4 año.

necesito solo respuesta a si se cruzan datos con seguridad social española y suiza dentro de algun ambito , y cual puede ser la sancion si no lo comunico

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Hola de nuevo,

La Seguridad Social española y la Suiza sólo cruzan datos para el caso de que un solicitante de una pensión necesite utilizar períodos de cotización de ambos países.

En un caso como el suyo, en principio, no se cruzan esos datos por lo que el riesgo de que la Seguridad Social conozca que usted está trabajado en Suiza es muy bajo. No obstante, no podemos prever como se evolucionará y si dentro de x tiempo cambiará el sistema o la normativa vigente, por eso no quise hablarle antes de este punto, porque a futuro, es bastante impredecible.


La sanción por no comunicar es en torno a 626 euros como cuantía mínima, que es lo que se puede imponer a una persona no reincidente en materia de infracciones de seguridad social. Es la multa que se pondría en su caso.. Si fuera reincidente se podría interponer hasta unos 6.250 euros pero esta cuantía la reservan para casos muy graves, por lo que he apreciado a lo largo de la práctica y para numerosas reincidencias.


Artículo 40. Cuantía de las sanciones.

1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:



Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros; en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.



Quedo a su disposición nuevamente,

Saludos cordiales,
Cliente: escribió hace 4 año.

Hay un servicio de estadísticastica, donde se hace una relación de las personas dentro un pais como Suiza, los trabajan , estudian etc. se puede leer através de la pagina web de la Seguridad. Social España,¿ podria ser una forma de contról de España?


Gracias XXXXX XXXXX pero es que trato de mirar todos los puntos, ya es muy dificil tener que marchar de tu pais con 51 años y enferma, un poco a la aventura porque no conozco ni bién el idioma, como para peder lo poco que tengo,¡ tambien es verdad que si no hago algo perderé la casa.¡


Bueno ¡nada nuevo hoy dia¡.


Muchas gracias XXXXX XXXXX paciencia y ayudeme por favor.

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Hola de nuevo,

Eso son datos confidenciales que no se comparten entre países. Igual que el INE no puede ceder datos de personales concretos porque estaría incurriendo en una gravísima falta al amparo de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)

Igualmente sucede en Suiza, donde salvo causas legales justificadas (estoy pensando en el orden penal) no se ceden esos datos.

Entiendo su preocupación pero a día de hoy esa situación no es fácil de detectar por el Estado español.

Personalmente y desde un punto de vista sincero, yo no comunicaría eso, aunque sea faltar a la legalidad vigente y como abogado no debería desaconsejárselo desde un punto de vista ético. Pero desde un punto de vista práctica, el riesgo de que detecten su situación es muy bajo.

Si usted comunica, aunque no puedan quitarle la pensión, pueden empezar a llamarla a revisiones del EVI en España, etc.

Además, la sanción en su grado mínimo no es una cuantía muy elevada y por ello yo no comunicaría.

Sigo a su entera disposición como sabe,
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