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Estoy en libertad condicional por una condena de violencia

Pregunta del cliente:

Estoy en libertad condicional por una condena de violencia de genero, no tengo trabajo actualmente, aunque busco, tengo un hijo de 15 años y no puedo satisfacer la pension alimenticia, el último envío fue de 30 euros porque no puedo enviar mas. Mi exmujer de ha denunciado por que no le envío completa la pensión. Convivo con una amiga porque no puedo pagar un alquiler, estoy empadronado en su casa, quer me puede pasar a mi. Estpu perjudicando a mi amiga viviendo con ella?. Muchas gracias.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

 


Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro.
En relación a su consulta le respondo que :

 

Comenzando por el final, Ud a su amiga no le perjudica en ningún caso, este tranquilo.

 

Respecto de su responsabilidad penal por el impago, Ud como sabe arriesga el ingreso si no paga, pues bien, si le denuncian, su señoría, el juez, va a estudiar si realmente está faltando a sus obligaciones por necesidad o por voluntad propia.

 

Con la crisis las últimas sentencias al efecto están absolviendo a quien no paga porque no puede, lo cual no quiere decir que no tenga que pagar, si no que penalmente no es responsable del impago, aunque deba hacerlo.

Su posición es muy delicada, sería indudablemente mejor pagar, pero si no puede realmente hacerlo tiene opciones de no ingresar alegando no poder pagar

 

En conclusión, pague si puede, pero si no puede y es denunciado, su abogado trasladará su estado de necesidad a su señoría y éste, sólo debería ver este estado de necesidad y las pruebas aportadas para saber que si no paga no es porque no queira, por lo que no debería condenarle por una actitud, un impago, que se produce porque no puede pagar, y nada tiene que ver con su voluntad de no poder hacerlo.

 

Dicho ésto, si es denunciado, Ud arriesga su ingreso a poder demostrar que no paga porque carece de ingresos, lo cual debera Ud probar y deberá preocuparse muy mucho de que su mujer no demuestre signos externos de que Ud disponde de dinero, como puede ser el uso habitual de un coche, paseos por establecimientos hosteleros, bares, cafeterias, su forma de vetir etc, es decir, que si mantiene que no tiene dinero, que no se le demuestre que tiene signos externoso de lo contrario, lo cual pudiera ser considerado por su señoría que Ud no paga por que no quiere


Si tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dinero

Espero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.

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Experto:  DiegoAbogado escribió hace 5 año.

Buenos días y gracias XXXXX XXXXX Just Answer,

Si su capacidad economica es muy precaria y dado que le es imposible pagar la pensión establecida para evitar futuras denuncias por impago, tiene derecho a solicitar un Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados de su localidad y presentar una demanda de modificación de medidas para que le rebajen sustancialmente la cuantía de la pensión que debe abonar y se la adapte el Juez a su capacidad economica real.

En su situación está claro que han variado las circunstancias tenidas en cuenta en el momento en que se aprobó la pensión de alimentos, por lo que tiene derecho a solicitar su reducción o a que se fije una pensión de cuantía simbólica si usted no tiene medios para abonarla.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Le dejo sentencia al efecto, indudablemente puede solicitar la rebaja, pero ésto no le exime de pagar lo que la sentencia determine

AP León, Sec. 3.ª, 151/2010, de 1 de julio
Recurso 155/2009. Ponente: ISABEL DURAN SECO.
EXTRACTOS
Cirucnstancias que acreditan la mala situación económica del acusado, de las que no puede inferirse la voluntad de incumplimiento de sus obligaciones familiares: in dubio pro reo, procede su absolución
"... en el relato de los hechos probados no consta que el condenado hubiera impagado las prestaciones de forma voluntaria o porque no quisiera, pues se señala en el cuarto hecho probado que no consta causa que justifique el incumplimiento del mandato judicial y que Daniel trabajo como autónomo hasta el día 2 de abril de 2.009, fecha en la que se dio de alta como demandante de empleo en el INEM. Respecto a ello afirma que es incierto que se diera de alta en el INEM en esa fecha sino que la que lo hizo fue su segunda esposa ya que D. Daniel sigue siendo un trabajador autónomo que tiene más gastos que ingresos desde el año 2006.
Añade que ha reiterado los impagos por no tener capacidad para afrontarlos y que la única asistencia letrada que tuvo fue la del letrado de su exesposa y que por eso desconocía que la resolución judicial que fija el importe de la pensión puede modificarse. Insiste en que tiene otro hijo menor a su cargo y, además, se hace cargo de la manutención de los otros dos hijos aportados por su actual pareja y que conviven con ellos.
En segundo lugar afirma que los hechos no son constitutivos de delito tipificado en el art. 227.1 CP por no concurrir el elemento subjetivo del tipo ya que en este caso el impago se produjo porque no se podía cumplir. ..."
"... Discrepamos nosotros de la valoración que se efectúa en la sentencia apelada en cuanto a la concurrencia de los requisitos enunciados, entendiendo por nuestra parte que los hechos que declaramos probados no son constitutivos del delito de abandono de familia impropio- impago de pensiones del art. 227.1 C.P - por el que el apelante viene condenado, y ello, por las razones que sintéticamente pasamos a exponer.
En el caso presente no cabe duda alguna del concurso del primero de los requisitos mencionados, explícitamente consignado en el relato histórico de la sentencia y que, por otra parte, no se discute por el recurrente. El acusado tenía conocimiento de la sentencia firme de separación de fecha 28 de febrero de 2005 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Ponferrada que acordaba la obligación de Daniel de abonar mediante ingreso bancario en la cuenta designada por la madre la suma de 240 euros mensuales actualizables anualmente conforme al IPC en concepto de pensión de alimentos a favor del hijo menor.
Sin embargo, la Sala tras un examen de la prueba practicada en el acto del juicio oral y de la aportada a la causa, alberga serias dudas de que concurra en el presente supuesto el elemento subjetivo del injusto, es decir, la voluntariedad por parte del acusado de incumplir con sus obligaciones familiares sino que dicho incumplimiento puede deberse a la falta de medios para hacer frente a dichas obligaciones.
En cuanto a la imposibilidad de pago no se exige que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar.
Ahora bien, esto no obsta, como hemos dicho anteriormente, la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida.
En el caso que nos ocupa el acusado ha aportado prueba documental en la que consta que a pesar de ser un trabajador autónomo no tiene capacidad autónoma para afrontar el pago de la pensión alimenticia.
El Juez a quo encuentra indicios que le llevan a entender que el acusado tiene capacidad para afrontar los pagos y que no lo ha hecho porque no ha querido, pues entiende que ha sido trabajador autónomo de la construcción (aunque por un error dice que ahora es demandante de empleo, pero la tarjeta de demanda de empleo que presentó en el acto del juicio oral el denunciado era la de su actual pareja, no la suya, ya que él seguía siendo trabajador autónomo -folio 138-) y que durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 ha trabajado, y de ahí deduce que, por tanto, tenía posibilidad de cumplir sus obligaciones. Sin embargo esta Sala entiende que no puede dictarse una sentencia condenatoria en base a ello, pues con esa deducción se está yendo en contra del reo, lo que en Derecho penal está proscrito.
Así, a pesar de que sí que trabajaba durante ese tiempo, consta en los autos declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del año 2006 (folio 36) con un rendimiento neto negativo de menos 11.249,33 euros. Y el modelo 130 del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 2007 arroja un resultado, también negativo, de menos 42,26 euros (folio 43), de menos 303,39 euros (folio 44) y de menos 303, 39 euros. Además de ello consta una deuda con la Seguridad Social de 17.704,98 euros. Por auto del Juzgado de instrucción número 6 de Ponferrada, de fecha 25 de marzo de 2009 fue declarado insolvente. Figura igualmente en los autos certificado de empadronamiento (folio 137) en el que se observa que conviven en el domicilio además del acusado y su pareja actual, dos hijos anteriores de la pareja del acusado y una hija en común. De modo que el acusado ha logrado acreditar que concurren circunstancias que han hecho imposible el pago y, por lo tanto, no hay dolo en el impago de la prestación debida.
CUARTO: XXXXX XXXXX estas razones la Sala, como ya se dijo, alberga dudas que van mas allá de lo razonable acerca de la existencia de dolo en la conducta del acusado en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones familiares lo cual nos lleva al Principio in dubio pro reo como principio auxiliar que se ofrece al Juzgador a la hora de valorar el material probatorio en el sentido de que si su resultado no es bastante para formar convicción en orden a la condena el «dubium» ha de decantarse en favor del reo (SSTS 14 Dic. 1987 y 17 Dic. 1990 ), con pronunciamiento de sentencia absolutoria. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor siguiente: "FALLO: CONDENAR a D. Daniel como autor responsable de un DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA POR IMPAGO DE PRESTACIONES, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ MESES DE PRISIÓN, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena. CONDENAR igualmente a D. Daniel a que abone a Dª. Raimunda la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.840,94 euros) en concepto de alimentos a favor del hijo común referidos al periodo comprendido entre julio de 2.006 y junio de 2.009, ambos meses incluidos. En cuanto a las costas procesales causadas en el presente juicio, con inclusión de las de la acusación particular, las mismas se imponen al condenado".
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, por la parte apelante se interpuso recurso que fue admitido, dándose traslado a las demás partes por un plazo común de diez días, impugnándose el recurso tanto por la acusación particular como por el Ministerio Fiscal y, después de los trámites oportunos, se remitió todo lo actuado a esta Sección Tercera.
No se acepta el relato fáctico de la sentencia impugnada, que se sustituye por el siguiente:
Primero: En los autos de separación de mutuo acuerdo registrados con el número 279/2003 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada a instancia de Daniel y Raimunda se dictó sentencia de fecha 28 de febrero de 2005 en la que, entre otras medidas, se acordaba la obligación de Daniel de abonar mediante ingreso bancario en la cuenta designada por la madre la suma de doscientos cuarenta euros (240 euros) mensuales, actualizables anualmente conforme al IPC, en concepto de pensión de alimentos a favor del hijo menor de ambos.
Segundo: En los autos de divorcio de mutuo acuerdo registrados con el número 252/2007 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada a instancia de Daniel y Raimunda se dictó sentencia de fecha 28 de mayo de 2007 en la que, entre otras medidas, se acordaba la obligación de Daniel de abonar mediante ingreso bancario en la cuenta designada por la madre la suma de doscientos cuarenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (244,88 euros) mensuales, actualizables anualmente conforme al IPC, en concepto de pensión de alimentos a favor del hijo menor de ambos.
Tercero: Daniel dejó de pagar las pensiones correspondientes a las siguientes mensualidades:
- La mensualidad del mes de julio de 2006, por un importe de 263,52 euros.
- La mensualidad del mes de agosto de 2006, por un importe de 263,52 euros.
- La mensualidad del mes de septiembre de 2006, por un importe de 263,52 euros.
- La mensualidad del mes de noviembre de 2006, por un importe de 263,52 euros.
- La mensualidad del mes de diciembre de de 2006, por un importe de 263,52 euros.
-La mensualidad del mes de enero de 2007, por un importe de 270,64 euros.
-La mensualidad del mes de febrero de 2007, por un importe de 270,64 euros.
-La mensualidad del mes de marzo de 2007, por un importe de 270,64 euros.
-La mensualidad del mes de abril de 2007, por un importe de 270,64 euros.
-La mensualidad del mes de mayo de 2007, por un importe de 270,64 euros.
-La mensualidad del mes de junio de 2007, por un importe de 248,88 euros.
-La mensualidad del mes de julio de 2007, por un importe de 248,88 euros.
-La mensualidad del mes de agosto de 2007, por un importe de 248,88 euros.
-La mensualidad del mes de septiembre de 2007, por un importe de 248,88 euros.
-La mensualidad del mes de octubre de 2007, por un importe de 248,88 euros.
-La mensualidad del mes de abril de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de mayo de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de junio de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de julio de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de agosto de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de septiembre de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de octubre de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de noviembre de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de diciembre de 2008, por un importe de 259,33 euros.
-La mensualidad del mes de enero de 2009, por un importe de 265,30 euros.
-La mensualidad del mes de febrero de 2009, por un importe de 265,30 euros.
-La mensualidad del mes de marzo de 2009, por un importe de 265,30 euros.
-La mensualidad del mes de abril de 2009, por un importe de 265,30 euros.
-La mensualidad del mes de mayo de 2009, por un importe de 265,30 euros.
-La mensualidad del mes de junio de 2009, por un importe de 265,30 euros.
Cuarto: XXXXX XXXXX total impagada hasta la fecha del juicio es de siete mil ochocientos cuarenta euros con noventa y cuatro céntimos (7840,94 euros).
Quinto: XXXXX XXXXX quedado acreditado que D. Daniel haya incumplido su obligación sin justa causa, es decir, que concurra la voluntariedad por parte de D. Daniel de incumplir con sus obligaciones familiares.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: No se comparte la fundamentación jurídica de la sentencia apelada.
Alega el recurrente, en primer lugar, error en la apreciación de la prueba con infracción del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la CE y subsidiariamente del principio in dubio pro reo. Así, manifiesta que en el relato de los hechos probados no consta que el condenado hubiera impagado las prestaciones de forma voluntaria o porque no quisiera, pues se señala en el cuarto hecho probado que no consta causa que justifique el incumplimiento del mandato judicial y que Daniel trabajo como autónomo hasta el día 2 de abril de 2.009, fecha en la que se dio de alta como demandante de empleo en el INEM. Respecto a ello afirma que es incierto que se diera de alta en el INEM en esa fecha sino que la que lo hizo fue su segunda esposa ya que D. Daniel sigue siendo un trabajador autónomo que tiene más gastos que ingresos desde el año 2006.
Añade que ha reiterado los impagos por no tener capacidad para afrontarlos y que la única asistencia letrada que tuvo fue la del letrado de su exesposa y que por eso desconocía que la resolución judicial que fija el importe de la pensión puede modificarse. Insiste en que tiene otro hijo menor a su cargo y, además, se hace cargo de la manutención de los otros dos hijos aportados por su actual pareja y que conviven con ellos.
En segundo lugar afirma que los hechos no son constitutivos de delito tipificado en el art. 227.1 CP por no concurrir el elemento subjetivo del tipo ya que en este caso el impago se produjo porque no se podía cumplir.
SEGUNDO: El delito de abandono de familia, tipificado en el artículo 227 del Código Penal , sanciona a quien dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o de sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio o declaración de nulidad de matrimonial.
Tal delito se configura como un delito de omisión, que viene integrado por los siguientes elementos esenciales:
a) En primer lugar, la existencia de una resolución judicial firme, en un supuesto de separación matrimonial, divorcio o nulidad, que establezca, bien directamente o a través de la aprobación del oportuno convenio regulador, una prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio.
b) En segundo lugar una conducta omisiva consistente en el impago de dicha prestación económica, pudiendo hacerlo, durante los plazos que marca el precepto legal. Se trata de un delito de mera actividad y no de resultado, que se consuma por el simple incumplimiento de la obligación impuesta en aquella resolución judicial.
c) Finalmente, en cuanto al elemento subjetivo, el dolo viene referido al conocimiento de la resolución judicial que impone la prestación y a la voluntad de incumplirla, dejando libremente de pagar aquello a lo que se está obligado, por lo cual es evidente que la imposibilidad de satisfacer la prestación por parte del obligado, bien por devenir insolvente, bien por haberse reducido su fortuna hasta el punto de no poder atender el pago exigido sin merma de su propio mantenimiento, excluye la tipicidad del hecho.
En consecuencia, la infracción prevista en el artículo 227 del Código Penal no se sustrae a la normativa general, requiriendo la conjunción de los elementos objetivos y subjetivos que le exige el tipo, puesto que, si bien es cierto que se consuma por el mero incumplimiento de la obligación que pesa sobre el sujeto de abonar las sumas a cuyo pago fue condenado en la sentencia de separación matrimonial, divorcio o nulidad matrimonial durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, no lo es menos que ha de unirse la circunstancia esencial, de carácter subjetivo, de que, el sujeto tenga conocimiento de la obligación de pago que le impone la resolución judicial y que conociendo dicha obligación y pudiendo cumplirla en todo o en parte, no quiera hacerlo. (En sentido similar, entre otras muchas, SAP Bizcaya de 19 de febrero de 2010 JUR 145976 ).
Lo anteriormente expuesto ha de completarse en un doble sentido (así sentencia de esta misma Sala de 6 de octubre de 2006 (JUR 278482 ):
A) En los casos de cumplimiento parcial del débito económico debe rechazarse cualquier formal automatismo que convierta en acción típica todo lo que no sea un íntegro y total cumplimiento de la prestación económica. La antijuridicidad material de la conducta -y no sólo la antijuridicidad formal de subsunción típica- exige la sustancial lesión del bien jurídico protegido. De ahí que ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relación con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito del artículo 227.1 del Código penal . Tal cuestión habrá de determinarse en el caso concreto en función de las circunstancias concurrentes, excluyendo interpretaciones que supongan la consagración de la prisión por deudas con olvido de que en definitiva se trata de una modalidad típica del "abandono" de familia".
B) En segundo lugar, de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. Ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida.
En la misma línea la STS de 3-abril-2001, en su fundamento de derecho segundo, analiza los elementos de este tipo delictivo en los siguientes términos: "Esta figura delictiva tipificada en el art. 227 C.P . constituye una segregación del tipo general de abandono de familia, incorporando al Código una específica modalidad del tipo básico, con la que el legislador trata de proteger a los miembros económicamente más débiles del cuerpo familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales del obligado a prestarlos en virtud de resolución judicial o de convenio judicialmente aprobado en los supuestos contemplados en el precepto.
TERCERO: Ahora bien, delimitados los requisitos propios de esta figura delictiva, no cabe duda de que estos elementos que la configuran son susceptibles de valoración judicial al objeto de discernir sobre su concurrencia en la conducta que se imputa; es decir, el mero impago de la prestación económica, su pago parcial o el retraso en su abono no determinan sin más la existencia del delito que sanciona el artículo 227 del Código Penal, habida cuenta de que pueden concurrir otras circunstancias que o bien justifiquen esta conducta (caso, por ejemplo, de imposibilidad objetiva en el cumplimiento de la obligación económica) o bien determinen su atipicidad en el orden penal (incumplimiento carente de trascendencia, por ejemplo, en un retraso temporal irrelevante en el abono de la pensión), pudiéndose obtener el resarcimiento del perjudicado por otra vía también hábil pero menos traumática que la apelación al Ordenamiento Jurídico Penal -Principio de Intervención Mínima-. Así lo ha señalado esta misma Sala en sentencia de 6 de octubre de 2006 (JUR 278482 ).
Discrepamos nosotros de la valoración que se efectúa en la sentencia apelada en cuanto a la concurrencia de los requisitos enunciados, entendiendo por nuestra parte que los hechos que declaramos probados no son constitutivos del delito de abandono de familia impropio- impago de pensiones del art. 227.1 C.P - por el que el apelante viene condenado, y ello, por las razones que sintéticamente pasamos a exponer.
En el caso presente no cabe duda alguna del concurso del primero de los requisitos mencionados, explícitamente consignado en el relato histórico de la sentencia y que, por otra parte, no se discute por el recurrente. El acusado tenía conocimiento de la sentencia firme de separación de fecha 28 de febrero de 2005 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Ponferrada que acordaba la obligación de Daniel de abonar mediante ingreso bancario en la cuenta designada por la madre la suma de 240 euros mensuales actualizables anualmente conforme al IPC en concepto de pensión de alimentos a favor del hijo menor.
Sin embargo, la Sala tras un examen de la prueba practicada en el acto del juicio oral y de la aportada a la causa, alberga serias dudas de que concurra en el presente supuesto el elemento subjetivo del injusto, es decir, la voluntariedad por parte del acusado de incumplir con sus obligaciones familiares sino que dicho incumplimiento puede deberse a la falta de medios para hacer frente a dichas obligaciones.
En cuanto a la imposibilidad de pago no se exige que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar.
Ahora bien, esto no obsta, como hemos dicho anteriormente, la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida.
En el caso que nos ocupa el acusado ha aportado prueba documental en la que consta que a pesar de ser un trabajador autónomo no tiene capacidad autónoma para afrontar el pago de la pensión alimenticia.
El Juez a quo encuentra indicios que le llevan a entender que el acusado tiene capacidad para afrontar los pagos y que no lo ha hecho porque no ha querido, pues entiende que ha sido trabajador autónomo de la construcción (aunque por un error dice que ahora es demandante de empleo, pero la tarjeta de demanda de empleo que presentó en el acto del juicio oral el denunciado era la de su actual pareja, no la suya, ya que él seguía siendo trabajador autónomo -folio 138-) y que durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 ha trabajado, y de ahí deduce que, por tanto, tenía posibilidad de cumplir sus obligaciones. Sin embargo esta Sala entiende que no puede dictarse una sentencia condenatoria en base a ello, pues con esa deducción se está yendo en contra del reo, lo que en Derecho penal está proscrito.
Así, a pesar de que sí que trabajaba durante ese tiempo, consta en los autos declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del año 2006 (folio 36) con un rendimiento neto negativo de menos 11.249,33 euros. Y el modelo 130 del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 2007 arroja un resultado, también negativo, de menos 42,26 euros (folio 43), de menos 303,39 euros (folio 44) y de menos 303, 39 euros. Además de ello consta una deuda con la Seguridad Social de 17.704,98 euros. Por auto del Juzgado de instrucción número 6 de Ponferrada, de fecha 25 de marzo de 2009 fue declarado insolvente. Figura igualmente en los autos certificado de empadronamiento (folio 137) en el que se observa que conviven en el domicilio además del acusado y su pareja actual, dos hijos anteriores de la pareja del acusado y una hija en común. De modo que el acusado ha logrado acreditar que concurren circunstancias que han hecho imposible el pago y, por lo tanto, no hay dolo en el impago de la prestación debida.
CUARTO: XXXXX XXXXX estas razones la Sala, como ya se dijo, alberga dudas que van mas allá de lo razonable acerca de la existencia de dolo en la conducta del acusado en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones familiares lo cual nos lleva al Principio in dubio pro reo como principio auxiliar que se ofrece al Juzgador a la hora de valorar el material probatorio en el sentido de que si su resultado no es bastante para formar convicción en orden a la condena el «dubium» ha de decantarse en favor del reo (SSTS 14 Dic. 1987 y 17 Dic. 1990 ), con pronunciamiento de sentencia absolutoria.
El principio in dubio pro reo, tiene una finalidad instrumental y se aplica para resolver casos en los que el Tribunal sentenciador, pese a la prueba practicada, no puede llegar a alcanzar una convicción firme en su labor de evaluar críticamente la prueba practicada para declarar la existencia del hecho punible o la participación y culpabilidad del acusado, situación en la cual la duda debe resolverse dictando sentencia en la que el Tribunal ha de decantarse por una resolución en favor del reo.
En definitiva, siendo la función específica de la prueba procesal penal el llevar al convencimiento del Juzgador la certeza de los hechos sobre los que ha de pronunciarse y, por tanto, la delimitación y fijación de los mismos, que han de servirle de base para aplicar el derecho punitivo, a fin de que éste pueda cumplir la finalidad, represiva y preventiva, al mismo tiempo, que la caracteriza, resulta evidente que cuando el Juez o Tribunal que ha de fallar sobre el concreto caso a él sometido, no está plenamente convencido de la existencia de los datos necesarios que han de servirle de fundamento a su decisión, ésta no puede ser nunca condenatoria, al faltarle al juzgador la convicción absoluta y psicológica, absoluta y sin reservas, que necesita tener para imponer la sanción penal correspondiente, ya que ante dicha falta de prueba terminante, el principio penal universal de protección al inocente, que rige todo el Derecho Procesal Penal, conduce necesariamente a la solución del non liquet, por aplicación del principio in dubio pro reo, consagrado por reiterada jurisprudencia, en consonancia con el sistema de investigación de la verdad material y acusatoria formal que inspira nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el de libre apreciación de la prueba, que consagra el articulo 741 de la expresada Ley, según el cual, el Tribunal forma su convicción sobre la verdad de los hechos, objeto de la prueba, con arreglo a su conciencia (en este sentido, entre otras, SAP Zaragoza de 5 de mayo de 2009 JUR 270975 ).
Por todo lo cual procede la estimación íntegra del recurso interpuesto por la representación de D. Daniel y la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Ponferrada.
QUINTO: XXXXX XXXXXí, la revocación de la sentencia de instancia, con declaración de oficio de las costas en primera instancia y en esta alzada conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Daniel , contra la sentencia dictada el 23 de junio de 2009 por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Ponferrada, en Procedimiento abreviado 100/2009 -Rollo Nº 155/2009-, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, absolviendo al denunciado de la acusación contra él formulada por abandono de familia, con declaración de oficio de las costas, tanto en la instancia como en esta alzada.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Dese cumplimiento, al notificar esta resolución, a lo dispuesto en el art. 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto, para su notificación y ejecución, de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo.
Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION: La anterior Sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza con su firma, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.