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Buenas tardes: mi consulta es sobre la servidumbre de paso

o derecho de paso en... Mostrar más
o derecho de paso en una finca rústica . La finca está rodeada de fincas privadas por tres partes y por una por una finca municipal atravesada por un arroyo. Para poder acceder con un vehículo se ha de pasar o bien por un camino rural que pasa por otras fincas privadas sin vallar , es decir, atravesando cinco o seis fincas privadas hasta llegar a la mía ( como digo está rodeada de fincas) y me ponen objeción los particulares y no entiendo por qué o bien por la finca municipal, donde no me pone objeción el ayuntamiento pero me lo pone la Confederación Hidrográfica que no me concede la construcción de un pequeño puente o pasarela para poder acceder con un vehículo y abastecer a los animales que en ella viven. Esta opción supondría tan sólo un acceso de 40 metros hasta mi finca, la otra opción supone dos km hasta llegar a mi finca, un rodeo importante por un montón de fincas particulares. Así las cosas, debido a esta negativa de la Confederación a facilitarme el paso a la finca poniendo una pasarela o puente, la opción que me queda es bordear todas las fincas privadas ( insisto la mía es como una isla dentro de cientos de fincas privadas) ya que no tengo otra posibilidad para pasar si no es por todas las fincas que hay hasta llegar a la mía. Me gustaría saber qué derechos tengo para poder pasar, si me lo pueden impedir, pues a priori no hay voluntad de dejarme pasar, y la indemnización en caso de que esté en mi derecho de paso, quien la decide, no vaya a ser que el derecho de paso me salga más caro que la propia finca en si. Como me dicen que la compré como "cuerpo cierto" dicen que me tengo que aguantar y que si no tengo paso, pues eso, ajo y agua, pero yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque es una finca en uso y hay necesidad justificada de llevar alimento a los animales que en ella viven. Bien, es todo. Necesito aclaraciones. Gracias.
Enviada: hace 4 año.
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escribió hace 4 año.




Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro.
En relación a su consulta le respondo que :

De las servidumbres nos habla código civil y siguientes

En su caso es significativo el

Artículo 564.

El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización.

Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para todas las necesidades del predio dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el predio sirviente.

Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la finca enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a través del predio sirviente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.

Ud puede forzar la imposición de esa servidumbre desde el camino más fácil, para ello debe estudiar el camino más sencillo y demandar la imposición de la servidumbre por imposición legal

En su caso se puede complicar por cual es el camino más sencillo pero debe estudiarlo y ponerse en manos de un abogado que negocie con los dueños de los predios vecinos y si no es posible la negociación demandar judicialmente

le dejo link a la norma

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l2t7.html


Si tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dinero

Espero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.

Respuesta del cliente escribió hace 4 año.

Gracias XXXXX XXXXX respuesta: conocía la norma, gracias, XXXXX XXXXX me había leído lo que pone en el código civil, donde consta que si tengo ese derecho de paso previa indemnización, y básicamente he obtenido la misma respuesta siempre que pregunto sobre esta cuestión, pero mi pregunta, y perdone mi insistencia, pero quisiera avanzar un poco más, va más en la línea de saber si, aún con la norma en la mano, me lo pueden impedir, ya que no hay voluntad de facilitar las cosas ya que no quisiera tener que llegar a demandar a los muchísimos vecinos que son y sobre todo quién fija la indemnización, pues he visto que dice que se paga como si se comprara la parte proporcional de la tierra que se use para el paso en cada finca, pero ¿quien fija el precio? ¿ es esto así?


Por otra parte me queda la duda de saber si puedo insistir, legalmente, a la Confederación para que me conceda el puente , argumentando que es el paso más lógico, corto y con menor molestia, considerando que la única finca "afectada" es municipal y ahí no me ponen problemas de paso. No sé si hay jurisprudencia al respecto. Y al mismo tiempo si tienen razón o no en lo de que me debo aguantar porque compré como cuerpo cierto, yo creo que no y que tengo derecho de paso, pero necesito avanzar algo más...Espero respuesta, y disculpe mi insistencia. gracias.


 


 

Abogado3044, Abogado escribió hace 4 año.
La confederación se me antoja mucho más complicado, porque requiere su permiso más el paso

El precio es un precio de mercado por metro, indudablemente el propietario querra más y será un batalla complicada

Le busco jurisprudencia, seguro que hay mucha
Abogado3044, Abogado escribió hace 4 año.
AP Palencia, Sec. 1.ª, 322/2010, de 30 de noviembre
Recurso 388/2010. Ponente: MAURICIO BUGIDOS SAN JOSE.
EXTRACTOS
El paso concedido al demandado por la finca de los actores por su imposibilidad de acceder a su predio a través del camino que la limita encuentra su apoyo en la comunicación por la Confederación Hidrográfica al demandado de la peligrosidad de éste
"... La sentencia de instancia concede paso al demandado de forma no permanente por la firma de los actores, después de considerar la imposibilidad que tiene este de acceder a su finca de forma directa a través del camino de sirga que la limita, en razón a las normas protectoras del Canal de Castilla- al que sirve dicho camino- ..."
"... Se dice de la posibilidad de encontrar otro paso a su finca distinto del que se ha señalado, pero además de que el juzgador, después de examinada la prueba practicada, llega a la conclusión, que no se entiende errónea, de que el único paso posible que no alcance el camino de sirga es acceder a la finca nº NUM000 , por la finca nº NUM002 , esto es por la de los actores, la comunicación que se hace por dicha Confederación a D. Primitivo que obra al folio 218 de las actuaciones, aunque dice que de forma provisional puede ser autorizado el acceso a D. Primitivo por camino de sirga de Canal de Castilla desde el Puente de Cabañas de Castilla, incide nuevamente en un paso que debe hacerse por camino de sirga, con las dificultades que ello conlleva, dificultades que se extreman si se entiende que la propia Confederación Hidrográfica del Duero en comunicación remitida al juzgado "a quo", que obra al folio 171 de las actuaciones, dice de los "cierres realizados en el camino de sirga", y refiere "a los que hay que unir los que aún faltan por realizar", que tendrán por finalidad que por los caminos de sirga circule el menor número de vehículos, restringiendo dicho tránsito a los vehículos de los distintos servicios de vigilancia y control tanto de la Confederación como de la Junta de Castilla y León, así como el Seprona ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que el fallo de dicha sentencia, literalmente dice: "Que DEBO DESESTIMAR la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Hipolito y Dª Juliana contra D. Primitivo , por no haberse producido actos perturbatorios del dominio del actor, DEBO ABSOLVER de sus pedimentos a D. Primitivo , con imposición de costas a la actora.
QUE DEBO ESTIMAR la demanda reconvencional planteada y, en su virtud:
1º) CONSTITUIR por esta sentencia servidumbre no permanente de paso a favor de la finca nº NUM000 del polígono NUM001 , perteneciente a D. Primitivo , la cual se constituirá como predio dominante frente a la finca nº NUM002 , perteneciente al actor reconvenido, la cual, constituida como predio sirviente, deberá ceder el paso para todas las actividades agrícolas de cultivo y cosecha necesarias para la campaña agrícola. Dicha servidumbre tendrá una anchura de 4 metros y discurrirá por las lindes sur y oeste de la finca nº NUM002 , en la forma que se ha especificado en el FUNDAMENTO DE DERECHO 2 de esta resolución, imponiendo a la parte demandada reconvincente la obligación de indemnizar los perjuicios que ocasione el gravamen que se impone a la actora conforme a las bases fijadas en el precitado FUNDAMENTO DE DERECHO.
2º) LIBRAR despacho al Registro de la Propiedad a los efectos de que se proceda a inscribir la servidumbre como gravamen de la finca nº NUM002 descrita en el FUNDAMENTO DE DERECHO 1 de esta resolución.
3º) CONDENAR en costas de la reconvención a la actora"
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso la parte actora-demanda el presente recurso de apelación, exponiendo las alegaciones en las que se basaba su impugnación, que, que fue admitido en ambos efectos, y previo traslado a las demás partes para que presentaran escritos de impugnación u oposición fueron elevados los autos ante esta Audiencia, y al no haber sido propuesta prueba, es procedente dictar sentencia.
Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida en tanto no se opongan a los de la presente resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia de Carrión de los Condes dictó sentencia en fecha 30/07/2.010 por la que desestimó la demanda presentada por D. Hipolito e Dª Juliana contra D. Primitivo , a la vez que estimaba la demanda reconvencional planteada por este último contra los actores; y contra la misma se alza la representación de estos, en recurso del que dado traslado a la contraparte fue objeto de oposición con el resultado que obra en autos.
En el escrito de demanda se ejercitaba por los actores acción negatoria de servidumbre de paso sobre la finca de su propiedad, que se describe como la finca nº NUM002 de la hoja 2 del Plano General de Cabañas de Castilla; y a dicha demanda contestó la representación del demandado que alegó las dificultades de acceso a su finca, la nº NUM000 de la misma hoja y municipio, que hacían necesario el paso por la finca vecina, que es la de los actores; y por ello, a la vez de oponerse a la pretensión de estos últimos, ejercitaba demanda reconvencional al amparo del artículo 564 del Código Civil para que se declarase su derecho de paso a fines de realización de cultivos de su finca. El juzgador "a quo", si bien en relación con la acción ejercitada por los actores, entendía que el examen de la prueba documental practicada podría fundamentar de estimación de la demanda, consideró sin embargo el derecho del demandado a tener paso por la finca del actor al amparo del artículo 564 del Código Civil , y por ello la desestimaba. No está de acuerdo con ello la parte actora y ahora apelante que hace una serie de objeciones a las que se opone la representación del demandado.
SEGUNDO.- La sentencia de instancia concede paso al demandado de forma no permanente por la firma de los actores, después de considerar la imposibilidad que tiene este de acceder a su finca de forma directa a través del camino de sirga que la limita, en razón a las normas protectoras del Canal de Castilla- al que sirve dicho camino-, dictadas por la Junta de Castilla y León, que cita expresamente; y a las propios acuerdos de la Confederación Hidrográfica del Duero que esta ha adoptado en cumplimiento de las mismas; y lo hace no sólo advirtiéndolo, si no también describiendo de forma minuciosa las circunstancias del camino de sirga, la vegetación que le circunda, y la peligrosidad de tránsito por el mismo, que hace que incluso cuando el demandado no tenía las limitaciones ahora impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero, tuviese dificultades para encontrar trabajadores que contratasen los trabajos pertinentes para el cultivo de la finca. Al hilo de tales consideraciones es que se articulan los motivos de recurso por la representación de actores y apelantes, que ahora se estudian.
El primer motivo impugna el contenido del fundamento de derecho primero de la sentencia, y dice que el título de propiedad del demandado establece expresamente que la salida de la propiedad de este discurre a través de terreno excluido, que tal situación deriva de acta de reorganización de la propiedad en concentración parcelaria; y que ni el Decreto 154/91 de 13 de Junio , ni el Decreto 205/01 de 2 de Agosto ambos de la Junta de Castilla y León, de cita en la sentencia de instancia, el primero de los cuales declaraba bien cultural el Canal de Castilla, que bordea el camino de sirga que es el que se discute, y el segundo que es el que establecía un Plan Regional de ámbito territorial del Canal de Castilla, derogan la servidumbre de paso establecida; que además no se ha practicado prueba que certifique o acredite que la vegetación que ha crecido en las márgenes del camino tenga carácter histórico, que es la protegida por este segundo decreto, y así también que la Confederación Hidrográfica del Duero no ha dictado resolución negando o prohibiendo el acceso a la finca del actor solicitante sino que únicamente ha emitido informes provisionales, además de que no tiene autoridad para emitir resolución relativa al lugar por donde se debe autorizar el pase de una finca.
Contestando a los argumentos que se exponen de adverso, se advierte de la desestimación del motivo del recurso, y ello porque:
a) Cierto es que la Junta de Castilla y León ni la Confederación Hidrográfica del Duero hacen declaración de servidumbre de paso alguna, entre otras razones porque no podría, pero es que además en el caso no estamos hablando de ninguna servidumbre de paso, pues el mismo planteamiento del recurso dice que la Escritura de Sociedad de Liquidación Conyugal y Partición de Herencia otorgada por fallecimiento de Dª Claudia a favor de a D. Primitivo , advierte de que la finca nº NUM000 , una de las dos litigiosas, propiedad de este último, tiene su salida por camino que discurre por la linde del canal, es decir marca o establece una salida a camino público, pero no una servidumbre de paso. Además los Decretos dictados por la Junta de Castilla y León son de obligado cumplimiento, y en consecuencia que estos impongan o de ellos se deduzcan la necesidad de atenerse a determinados actitudes o comportamientos en protección del Canal, el único efecto que tiene es el respecto a tal normativa, afirmación que se hace sin necesidad de mayor consideración al respeto; simplemente de los mismos se deduce una modificación de una situación de hecho previa, y a tal modificación de la situación de hecho han de adaptarse las nuevas circunstancias para el uso y cultivo de las fincas que puedan ser afectadas por los Decretos en cuestión.
b) No es cierto que no se haya practicado prueba relativa al tipo de vegetación que circunda al Canal de Castilla, y que debe ser respetada en atención precisamente a lo que se dice en el Decreto 205/01. Es el juzgador "a quo" el que en prueba de reconocimiento judicial constata que la vegetación existente en el camino de sirga comprende especies arbóreas o arbustivas tales como Mímbreras o Chopos, y que previamente ya ha advertido que conforme a dicho Decreto se considera vegetación histórica, entre otras especies, a Sauces, MÍMBRERAS, Salgueras, CHOPO NEGRO, CHOPO BLANCO, Olmo Menor, Zarzamora, etc.
c) Es cierto que la Confederación Hidrográfica del Duero no ha dictado resolución negando o prohibiendo acceso a la finca del demandado-actor, pero si que comunicó a D. Primitivo , demandado en el procedimiento, con motivo de solicitud de este para acceso a su finca, que el camino de sirga por el que se accedía a las fincas nº NUM003 y NUM000 no se encuentra adaptado para el tránsito de maquinaria agrícola, y le decía que pidiese autorización para el acceso a su finca a través de la finca nº NUM002 . Tal comunicación de la Confederación Hidrográfica del Duero lo que hace es interpretar los Decretos antes aludidos y entender que la maquinaria agrícola no puede pasar por el camino de sirga en atención a la normativa existente. Además de ello el propio parecer del Juzgador "a quo" en la prueba de reconocimiento judicial, al hacer estudio de las circunstancias de la prueba de maquinaria agrícola, anchura del camino, etc, incide en la misma conclusión que la Confederación Hidrográfica del Duero, pero se insiste en que interpretando las circunstancias de hecho, en función de una normativa de obligado cumplimiento, cuales son los Decretos de cita en la sentencia de instancia.
SEGUNDO.- En el segundo motivo de recurso se vuelve a incidir en cuestiones ya estudiadas tales como la inexistencia de modificación o extinción del Acta de Concentración Parcelaria que recoge la salida de la finca del demandado; que no existe resolución dictada por Órgano competente; que no hay Acta de Concentración Parcelaria que modifique la anterior; que los documentos de la Confederación Hidrográfica del Duero no pueden considerarse actos administrativos vinculantes, creadores, modificadores o derogadores de derechos creados; pero también dice que el demandado ante la respuesta que dio la Confederación Hidrográfica del Duero a su petición de paso por camino de sirga, e incluso ante la colocación de dos pivotes por dicha Confederación que limitan o impiden el paso por el camino de sirga, podía haber accionado contra la Confederación Hidrográfica del Duero; que el demandado puede utilizar otro camino para su acceso a su finca, y que el uso del camino de sirga no es peligroso, extendiéndose a este respecto en una serie de consideraciones que contradicen el criterio del juzgador "a quo".
Al respecto se advierte que:
a) El hecho de que el demandado no se haya dirigido contra la Confederación Hidrográfica del Duero no obsta a la corrección de la resolución dictada. El demandado recibe una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Duero, y entiende que las acciones que pueda dirigir contra esta por el impedimento de paso por el camino de sirga, están abocadas al fracaso; y por ello que no ejercite acciones ni es inadecuado, ni imposibilita el ejercicio de la acción que en este procedimiento se ha resuelto, ni supone hacer dejación de su derecho, sino que en todo caso es un comportamiento legitimo y adaptado a las circunstancias que nacen de una concreta regulación legal.
b) Se dice de la posibilidad de encontrar otro paso a su finca distinto del que se ha señalado, pero además de que el juzgador, después de examinada la prueba practicada, llega a la conclusión, que no se entiende errónea, de que el único paso posible que no alcance el camino de sirga es acceder a la finca nº NUM000 , por la finca nº NUM002 , esto es por la de los actores, la comunicación que se hace por dicha Confederación a D. Primitivo que obra al folio 218 de las actuaciones, aunque dice que de forma provisional puede ser autorizado el acceso a D. Primitivo por camino de sirga de Canal de Castilla desde el Puente de Cabañas de Castilla, incide nuevamente en un paso que debe hacerse por camino de sirga, con las dificultades que ello conlleva, dificultades que se extreman si se entiende que la propia Confederación Hidrográfica del Duero en comunicación remitida al juzgado "a quo", que obra al folio 171 de las actuaciones, dice de los "cierres realizados en el camino de sirga", y refiere "a los que hay que unir los que aún faltan por realizar", que tendrán por finalidad que por los caminos de sirga circule el menor número de vehículos, restringiendo dicho tránsito a los vehículos de los distintos servicios de vigilancia y control tanto de la Confederación como de la Junta de Castilla y León, así como el Seprona; aserto este que evita cualquier consideración a mayores que pueda hacerse, pues la cuestión que se plantea no puede estar pendiente continuamente de circunstancias coyunturales, que además van a tener un fin que ya la propia Confederación Hidrográfica del Duero predice.
c) La parte recurrente dice que el camino de sirga no es peligroso, discute las medidas longitudinales del camino que refiere el juzgador "a quo", pretende hacer valer un informe pericial presentado a su instancia, y refiere también los perjuicios que a ella se la van a causar por el paso por su finca, pero tales argumentos no pueden conducir a la estimación del recurso. Independientemente de que es bien sabido que la posibilidad de modificar la apreciación probatoria de la sentencia de instancia únicamente es posible en esta alzada, cuando la que la misma conste sea contraria a los principios de la lógica y de la sana crítica, y que se advierte que la valoración probatoria del juzgador "a quo" no sólo es extensa sino atinente absolutamente a principios de lógica; discutir que el uso del camino de sirga no es peligroso va contra una apreciación del juzgador que además soporta en hechos físicos concretos, y así también discutir medidas del camino o pretender la preeminencia de informe pericial de parte conducen a la misma conclusión que se ha dicho, esto es que ello por si no sirve para convencer a la Sala de lo ilógico o irrazonable de la conclusión del juzgador "a quo".
De otro lado el juzgador no discute los perjuicios que deben ocasionarse a los ahora apelantes, y por ello atendiéndose al artículo 564 del Código Civil establece la forma de fijar una indemnización para subvenir a tal circunstancia.
TERCERO.- El siguiente motivo de recurso se refiere a la existencia de incongruencia "extra petitum", porque en sentencia se concede más de lo que se pidió por las partes. Tal incongruencia se describe de forma genérica como la que se produce cuando en el fallo de la sentencia se resuelva sobre cuestiones distintas de aquellas que constituyen las pretensiones que configuran la acción ejercitada, advirtiendo el Tribunal Supremo que la congruencia no exige necesariamente una correspondencia literal y rígida entre peticiones y fallo, sino que se cumple también mediante una conexión razonable y flexible del fallo con las peticiones consideradas en su contexto, esto es interpretada según hechos y fundamentos de derecho de la propia demanda. Como quiera que en el presente caso el tenor de la demanda reconvencional es claro y en su suplico se pide que se constituya por sentencia "servidumbre no permanente" de paso para la finca nº NUM000 del Polígono NUM001 de Cabañas de Castilla a través de la finca nº NUM002 ; que así se determine en sentencia no es incongruente, y la conclusión de que el paso debe hacerse por el punto que se considera menos perjudicial, atendida la prueba practicada, no hace sino responder a la exigencia que le impone el art. 564 del Código Civil , lo que además no ha producido ninguna indefensión a la parte ahora recurrente. Ello es así pues no consta que en relación a dicha circunstancia alegara nada en la contestación a la recovención ni en la Audiencia Previa, relativo a la posible existencia de una incongruencia extrapetita si se resolviese sobre sobre la acción ejercitada en demanda reconvencional.
De otro lado la alegación de que en la determinación de los perjuicios que se harán en ejecución de sentencia incidirá en una serie de circunstancias, que hay que reconocer que pueden hacer incómoda la convivencia de los que son litigantes en el pleito, no se acepta a efectos de estimación del recurso. Lo resuelto no contradice el art. 564 del Código Civil ni tampoco el 319 de la L.E.C. El art. 564 del Código Civil dice que cuando se establezca paso para el cultivo de finca enclavada entre otras para extracción de sus cosechas a través del predio sirviente sin vía permanente, la indemnización a satisfacer por el dueño del predio dominante consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen; y el art. 319 de la L.E.C . determina que la condena al pago de cantidades habrá de hacerse de forma concreta y exacta, o fijando con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética. En el caso, que el juzgador "a quo" considere que precisamente porque el paso que se establece no es permanente, no puede fijarse un perjuicio por inutilización del mismo en la finca de los actores, no es erróneo y si absolutamente asumible. Por ello que en función de tal circunstancia determine que los perjuicios habrán de fijarse una vez que estos se produzcan y en la forma que se dice, no contradice el art. 219 en cuestión, al establecer el modo de fijación de tal perjuicio; si bien parece conveniente aclarar, lo cual no supone modificación de sentencia, que la determinación de estos habrá de hacerse de forma anual, a efectos de evitar la contienda permanente.
CUARTO.- El último motivo de recurso se opone a la declaración del juez de desestimación de la demanda por inexistencia de servidumbre de paso a favor del demandado, y hace una argumentación extensa al respecto. Es el mismo juez el que en sentencia dice que de no haberse ejercitado demanda reconvencional era posible haber estimado la demanda origen del procedimiento en atención al carácter de la servidumbre que se estudia, servidumbre de paso, ya que esta no puede adquirirse por su prescripción, si solo por título, y que no existe título en las actuaciones; pero el hecho de que estime la demanda reconvencional y establezca una servidumbre de paso del art. 564 del Código Civil , imposibilita el éxito de la acción planteada de adverso, pues sería contradictorio declarar la constitución de una servidumbre y a la vez decir que el demandado no tiene derecho de paso por servidumbre.
En razón a lo anterior el recurso se desestima en su integridad.
QUINTO.- Al ser desestimado el recurso, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante.
FALLAMOS
Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Hipolito e Juliana , contra la sentencia dictada el día 30 de Julio de 2.010, por el Juzgado de Primera Instancia de Carrión de los Condes , en los autos de que este rollo de Sala dimana, debemos CONFIRMAR, como CONFIRMAMOS mencionada resolución en todas sus partes, con imposición de costas del recurso a la parte apelante.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Abogado3044, Abogado escribió hace 4 año.
AP Cáceres, Sec. 1.ª, 114/2012, de 28 de febrero
Recurso 612/2011. Ponente: ANTONIO XXXXX XXXXX FLORIANO.
EXTRACTOS
Constitución de servidumbre a favor de la finca del actor, enclavada entre otras, por el paso más idóneo de acuerdo a la Diligencia de Reconocimiento Judicial, que permitió comprobar la situación de todas las parcelas
"... en este Proceso, se ha practicado una prueba de trascendente importancia y de notable valor, constituida por la Diligencia de Reconocimiento Judicial, que permitió al Juzgado de instancia comprobar, físicamente, la situación de todas las parcelas al objeto de discernir, con razonable criterio, sobre la constitución del paso más idóneo. Y, así, esta situación ha sido ponderada en la Sentencia recurrida en una Fundamentación Jurídica que no admite ningún tipo de reproche. De este modo, se justifica que el paso más idóneo y adecuado es el propuesto por el actor en la Demanda, y que los accesos por otras parcelas distintas no son adecuados, de modo que no cabe apelar -por falta de objetiva justificación- a la oportunidad de constituir el paso por otras parcelas. Y, sobre el paso constituido a través de la finca de los demandados, convendría indicar que, además de haber sido apreciado físicamente por el Juzgado de instancia, que se conforma, asimismo, como el paso que recorre menos distancia hasta el camino público y que fue el solicitado por el actor en la Demanda, conviene indicar -decimos- que el paso constituido se corresponde con el de un camino ya existente y que es el que ha venido utilizándose por el actor como paso desde el camino público hasta su parcela, por lo que, si el camino es existente, no se advierte la existencia real del perjuicio que se alega. Y, sobre la Resolución de este Tribunal que cita la parte apelante en este motivo del Recurso, ha de indicarse que se trata de un supuesto distinto del presente. En aquél, era el actor el que proponía dos pasos diferentes y se optó por el que el demandado consideró de menor perjuicio para él; en el presente supuesto, sin embargo, el actor ha propuesto un único paso, que es el conformado por un camino ya existente que es el que se ha venido utilizando (como se viene repitiendo) y que el propio Juzgado de instancia comprobó físicamente que era el más idóneo, por lo que es éste, y no otro, el que debe establecerse al efecto de la constitución de la servidumbre. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de Coria, en los Autos núm. 520/08, con fecha 29 de Julio de 2011, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Marino , frente a Florentino y Guillerma , y en su virtud:
1º) DECLARO que la finca propiedad del actor, don Marino , identificada catastralmente como parcela nº NUM000 del polígono NUM001 del plano catastral de rústica de Cilleros, se encuentra enclavada entre otras ajenas, sin salida a camino público.
2º) CONSTITUYO a favor de la finca anteriormente identificada como predio dominante, una servidumbre de paso permanente, sobre la finca del demandado, parcela catastral nº NUM002 del polígono NUM001 , colindante con la anterior y colindante a su vez con camino público. Dicha servidumbre se establece sobre un camino que transcurre en línea recta desde la cancela de acceso al predio sirviente hasta el puente que separa ambas fincas y tendrá una anchura máxima de tres metros.
3º) El precio que ha de satisfacer el actor al demandado por la constitución de la servidumbre, vendrá determinado por el valor de mercado del terreno que ocupa la servidumbre y por la pérdida de valor de la finca derivada de su constitución, también según valor de mercado, que se fijará, salvo acuerdo de las partes, en ejecución de Sentencia mediante informe pericial, sin perjuicio de que el demandado pueda reclamar en otro proceso otros perjuicios que se generasen, si por la particularidad de las circunstancias concurrentes existieren y quedaren acreditados.
4º) CONDENO al demandado a estar y pasar por todas las anteriores declaraciones y al pago de las costas procesales.
No se aprecia mala fe procesal en la conducta del demandado."
SEGUNDO .- Frente a la anterior resolución y por la representación procesal de los demandados, se solicitó la preparación de recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
TERCERO .- Admitida que fue la preparación del recurso por el Juzgado, se emplazó a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los arts. 457.3 de la L.E.C. por veinte días para la interposición del recurso de apelación, conforme a las normas del art. 458 y ss. de la citada ley procesal.
CUARTO .- Formalizado en tiempo y forma el recurso de apelación por la parte demandada, se tuvo por interpuesto y, de conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C ., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
QUINTO .- Presentado escrito de oposición al recurso por el demandante, se remitieron los autos originales a esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, previo emplazamiento de las partes por término de 30 días.
SEXTO .- Recibidos los autos, registrados en el Servicio Común de Registro y Reparto, pasaron al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que procedió a incoar el correspondiente Rollo de Apelación, y, previos los trámites legales correspondientes, se recibieron en esta Sección Primera de la Audiencia Provincial, designándose Magistrado para su conocimiento y fallo; en fecha 13 de Febrero de 2012 el tribunal dictó auto denegando el recibimiento a prueba en esta segunda instancia, interesado por la representación procesal de los demandados, y, no considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, quedaron los autos para dictar resolución en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C ..
SÉPTIMO . - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la Sentencia de fecha 29 de Julio de 2.011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Coria en los autos de Juicio Verbal seguidos con el número 520/2.008, conforme a la cual, con estimación íntegra de la Demanda interpuesta por D. Marino contra D. Florentino y contra Dª. Marino , se declara que la finca propiedad del actor, D. Marino , identificada catastralmente como parcela número NUM000 del polígono NUM001 del plano catastral de rústica de Cilleros, se encuentra enclavada entre otras ajenas, sin salida a camino público; se constituye a favor de la finca anteriormente identificada, como predio dominante, una servidumbre de paso permanente, sobre la finca del demandado, parcela catastral número NUM002 del polígono NUM001 , colindante con la anterior y colindante a su vez con camino público; dicha servidumbre se establece sobre un camino que transcurre en línea recta desde la cancela de acceso al predio sirviente hasta el puente que separa ambas fincas y tendrá una anchura máxima de tres metros; se acuerda que el precio que ha de satisfacer el actor al demandado por la constitución de la servidumbre vendrá determinado por el valor de mercado del terreno que ocupa la servidumbre y por la pérdida de valor de la finca derivada de su constitución, también según valor de mercado, que se fijará, salvo acuerdo de las partes, en ejecución de Sentencia mediante Informe Pericial, sin perjuicio de que el demandado pueda reclamar en otro Proceso otros perjuicios que se generasen, si por la particularidad de las circunstancias concurrentes existieren y quedaren acreditados, y se condena al demandado a estar y pasar por todas las anteriores declaraciones y al pago de las costas procesales, sin apreciar mala fe procesal en la conducta del demandado, se alza la parte apelante -demandados, D. Florentino y Dª. Guillerma - alegando, básicamente y en esencia, como motivos del Recurso, los siguientes: en primer término, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , en cuanto al derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes en el Proceso, como expresión del Derecho a un Proceso con todas las garantías; en segundo lugar, Falta de Litisconsorcio Pasivo Necesario; en tercer lugar, la Incongruencia de la Sentencia por ultrapetición, y, finalmente - y aun cuando no se diga de manera explícita en el Escrito de Interposición del Recurso-, error en la valoración de la prueba en relación con la infracción de los artículos 565 (en cuanto a que se habría prescindido del Principio de menor perjuicio para establecer la servidumbre) y 566 (en cuanto al establecimiento de la anchura de la servidumbre) ambos del Código Civil . En sentido inverso, la parte apelada -demandante, D. Marino - se ha opuesto al Recurso de Apelación interpuesto, interesando su desestimación y la confirmación de la Sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Centrado el Recurso en los términos que, de manera sucinta, han quedado expuestos en el Fundamento Jurídico anterior y, examinadas las alegaciones que lo conforman, la parte demandada apelante esgrime, como primer motivo de la Impugnación, la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , en cuanto al derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes en el Proceso, como expresión del Derecho a un Proceso con todas las garantías; o, expresado de otra manera, la infracción de normas o garantías procesales con fundamento en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con la decisión adoptada por el Juzgado de instancia conforme a la cual se rechazó la práctica de la prueba testifical de D. Germán , que fue solicitada por la indicada parte.
Con referencia al motivo expresado, este Tribunal ya ha significado, en pretensiones análogas a la presente, que denegar la práctica de medios de prueba, cuando el Juez de instancia motiva en debida forma su decisión, no constituye, en ningún caso, una infracción de normas y garantías procesales en los términos que exige el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como motivo del Recurso de Apelación, porque la misma Ley contempla el que el Juez pueda adoptar tal tipo de decisiones. Y, así, el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza -e incluso obliga (se emplean los términos "no deberá admitir", "tampoco deben admitirse" y "nunca se admitirá")- al Tribunal para rechazar, en primer lugar, pruebas consideradas impertinentes por no guardar relación con lo que sea objeto del Proceso, o, en segundo lugar, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos, y, en tercer lugar, cualquier actividad prohibida por la Ley; y además, el apartado 2 del artículo 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en sede de Audiencia Previa al Juicio) se refiere a la admisión de pruebas "pertinentes y útiles", lo que permite que el Tribunal pueda rechazar aquellas pruebas propuestas que no reúnan estas condiciones. Y decimos que la denegación de medios de prueba no constituye infracción alguna de normas y garantías procesales a los efectos que establece el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dado que la misma Ley Procesal establece el efecto que dimana de la indebida denegación de pruebas propuestas en la primera instancia, efecto que no es otro que el que su práctica pueda pedirse en la segunda instancia, como contempla el número 1 del apartado 2 del artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , "siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución denegatoria o se hubiere formulado la oportuna protesta en la vista", tal y como ha verificado la propia parte demandada apelante en el Escrito de Interposición del Recurso de Apelación, petición que -por lo demás- ya ha sido examinada, resuelta y desestimada por este Tribunal en Resolución anterior a la presente, por lo que, sobre este particular, no cabe efectuar, en esta sede, ningún otro Fundamento Jurídico adicional.
TERCERO.- Como segundo motivo del Recurso, la parte demandada apelante reitera, en esta segunda instancia, la Excepción de Falta del debido Litisconsorcio Pasivo Necesario, en tres vertientes: por un lado, respecto de los propietarios incluidos en la parcela catastral número NUM002 del polígono NUM001 de Cilleros; en segundo lugar, respecto de la Confederación Hidrográfica del Tajo, como titular del arroyo que separa la finca del actor de la de los demandados, y, finalmente, respecto de los propietarios de otras fincas interpuestas entre la del actor y el camino público.
Pues bien, en ninguna de las tres vertientes a las que se acaba de hace referencia puede ser acogida la Excepción opuesta por la parte demandada, hoy apelante, de Falta del debido Litisconsorcio Pasivo Necesario. Sobre la primera de dichas vertientes (en relación con los propietarios incluidos en la parcela catastral número NUM002 del polígono NUM001 de Cilleros), conviene significar, en primer término, que el trazado de la servidumbre de paso se interesó en la Demanda por la finca de titularidad exclusiva del demandado inicial (D. Florentino ) y de su cónyuge (Dª. Guillerma ), con respecto a la cual se amplió después la Demanda al tener la finca carácter ganancial; en segundo lugar, el propio demandado, Sr. Florentino , se ha atribuido el carácter de propietario exclusivo de la parcela que se conformaría como predio sirviente en dos Actos de Conciliación; en tercer lugar, D. Florentino es la única persona que figura en el Registro de la Propiedad como colindante por el Oeste con al finca propiedad del actor; y, finalmente, la servidumbre de paso se ha constituido por la parcela que únicamente pertenece a los demandados, por lo que la Excepción opuesta no es viable.
Tampoco es admisible la expresada Excepción en su segunda vertiente (esto es, respecto de la Confederación Hidrográfica del Tajo, como titular del arroyo que separa la finca del actor de la de los demandados) en la medida en que tal alegación carece de fundamento sustantivo, ante la absoluta innecesariedad de que hubiera de ser llamado a este Proceso la Administración Pública del Dominio Público Hídrico respecto del arroyo que separa ambas fincas. El hecho de que las fincas del actor y de los demandados estén separadas por un pequeño arroyo no desvirtúa la realidad de que las mismas sean colindantes y que existía y existe un puente que salva el arroyo permitiendo el acceso desde la finca de los demandados a la del actor. La circunstancia de que, eventualmente, fuera necesario establecer o no algún tipo de concesión o de autorización administrativa excede del examen civil de la pretensión que se ha sometido a la consideración del Tribunal, y que afectará, en su caso, al demandante; pero no desvanece, desde luego, la oportunidad de la pretensión civil articulada a su instancia, cuando se ha acreditado, de manera harto suficiente, que ese paso se ha venido utilizando sin obstáculo alguno de orden administrativo que obstara su utilización.
Y, finalmente, tampoco asiste razón jurídica a la parte demandada apelante en la tercera vertiente de la Excepción alegada, es decir, respecto de los propietarios de otras fincas interpuestas entre la del actor y el camino público. En efecto, esta tercera pretensión no puede ser estimada por dos razones: en primer término, porque el demandante, D. Marino , ha pretendido en todo momento que la servidumbre forzosa de paso a favor de la finca o parcela de su propiedad se constituyera por el camino que habitualmente venía utilizando y que atraviesa, únicamente, la parcela propiedad de los demandados, de manera tal que la constitución -o el reconocimiento- de esa servidumbre de paso única y exclusivamente afectaría a esta parcela (y, en consecuencia, a sus titulares), sin que necesariamente hubiera que demandar, por tanto, a ningún otro titular colindante; y, en segundo lugar, porque el Tribunal Supremo, en constante y pacífica Jurisprudencia, ha declarado que, en este tipo de Procesos, únicamente debe llamarse al titular o titulares de los posibles predios afectados por la servidumbre, no a todos los colindantes, sin que por tanto quepa alegar la figura del Litisconsorcio Pasivo Necesario.
En este sentido y, como exponente de la referida Doctrina Jurisprudencial, el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2.005 , ha declarado que la pretensión de constitución forzosa de la servidumbre de paso "ex artículo 564 del Código Civil " no exige la presencia en el proceso en calidad de demandados de todos los colindantes respecto del predio enclavado; es cierto que esa Sala ha exigido por razones obvias la presencia en el Proceso en calidad de demandados de todos los condueños cuando el predio sobre el que se pretende imponer la servidumbre con carácter forzoso pertenece proindiviso a varios ( Sentencias de fechas 5 de Julio de 1.954 y de 5 de Febrero de 1.964 ), pero tal exigencia no debe extenderse a los supuestos distintos en que son distintos fundos colindantes los que inicialmente pudieran ser constituidos en predios sirvientes, y así la Sentencia de 26 de Mayo de 1.993 sienta un precedente en el sentido de que, cuando a través de la prueba practicada en autos se acredita que el camino que reúne los requisitos del artículo 565 del Código Civil discurriría por alguno de los fundos cuyos propietarios han sido traídos al pleito, no puede obligarse a la parte reclamante a demandar y traer al Proceso a personas que manifiestamente no pueden resultar afectadas por su resultado. Esta es la posición que domina en la doctrina y que está presente en la Jurisprudencia italiana en torno al artículo 1.051 del Códice, cuyo párrafo 2º también establece que la servidumbre de paso se impondrá por el predio por el que cause el menor perjuicio y sea el trayecto más breve a la vía pública. Así resulta que el propietario del predio intercluso no está obligado a demandar a todos los propietarios de los fundos contiguos que podrían, en abstracto, ser gravados con la servidumbre, pues la comparecencia de estos en el proceso instado sólo contra uno de ellos resulta innecesaria en tanto que la Resolución Judicial en nada puede afectarles y será el propio demandante quien tendrá que demostrar que la finca sobre la que pretende establecer la servidumbre es la adecuada de acuerdo con lo establecido en el artículo 565 del Código Civil y, en su caso, corresponderá al demandado acreditar lo contrario. De este modo no cabe apreciar en todos los colindantes la situación fáctica que da lugar a la exigencia del Litisconsorcio, para la que la Jurisprudencia exige que la Resolución a dictar hubiera de producir efecto de cosa juzgada respecto de los ausentes del Proceso ( Sentencias de fechas 30 de Enero de 1.982 , 14 de Enero de 1.984 , 31 de Octubre de 1.985 y de 22 de Febrero de 2.000 ), exigiéndose la concurrencia entre presentes y ausentes de un nexo común, o sea una comunidad de riesgo procesal ( Sentencias de fechas 30 de Junio de 1.967 , 6 de Diciembre de 1.977 y de 22 de Mayo de 1.988 ) y la existencia de vinculaciones subjetivas resultantes de los derechos deducidos en juicio que hiciera preciso demandar a todos los sujetos cuyos derechos se integran en la relación jurídica de derecho material que se debate, dado que todos ellos resultarían afectados por la Resolución ( Sentencias de fechas 4 de Junio , 28 y 30 de Septiembre de 1.999 ),de modo que dicha excepción se produce cuando en virtud de un vínculo que une a una persona con la relación jurídico-material objeto del pleito se produce la consecuencia de que la Sentencia necesariamente le ha de afectar ( Sentencias de fechas 22 de Octubre y 28 de Diciembre de 1.998 , y de 22 de Febrero de 2.000 ), encontrándose en su esencia la consideración de la eficacia que la Sentencia que ponga fin al procedimiento produzca necesariamente para quienes estén vinculados con la relación material que es su objeto ( Sentencia de fecha 9 de Marzo de 2.000 ), sin que un efecto reflejo o mero interés en el resultado del litigio fundamente la necesidad de una situación litisconsorcial ( Sentencias de fechas 4 de Octubre de 1.989 , 26 de Marzo de 1.991 , 25 de Febrero de 1.992 y de 1 de Diciembre de 2.001 ). A todo lo anterior cabe añadir la injusta situación que se generaría para el demandante que pretende la constitución de una servidumbre forzosa de paso si se le obligara a demandar no sólo al titular del predio que, en razón a los datos objetivos, considera que ha de ser el sirviente, sino a cualquier otro con el que pudiera obtener salida a camino público, con la necesaria consecuencia de que, en su caso, la absolución de estos con toda probabilidad le gravaría con la asunción de las costas generadas en su defensa.
CUARTO.- El tercero de los motivos del Recurso acusa el que la Sentencia impugnada había incurrido en el vicio de la Incongruencia, en su modalidad "ultra petita", señalándose que la referida Sentencia había establecido el trazado de la servidumbre cuando en la Demanda no se había determinado. No cabe duda, sin embargo, que -a juicio de este Tribunal- el Fallo de la Sentencia apelada no incurre en el vicio de Incongruencia en la vertiente invocada por la parte demandada apelante en el tercero de los motivos del Recurso, por cuanto que la Resolución recurrida no se ha apartado ni un ápice de los términos en los que ha quedado concretada la controversia litigiosa, ni tampoco de las cuestiones que han sido oportunamente deducidas por las partes en este Proceso, ni ha dejado de resolver ninguna de las pretensiones alegadas por las partes en sus correspondientes Escritos Expositivos, ni, finalmente, existe ningún tipo de contradicción en la Fundamentación Jurídica de la Sentencia. Basta el examen del "factum" de la Demanda y del propio Suplico de la misma, para advertir, sin ninguna dificultad, que la servidumbre de paso se ha constituido por el lugar que solicitó la parte actora en la Demanda, aun cuando los términos gramaticales utilizados en la Sentencia sean distintos, en la medida en que la trayectoria del paso es el misma, coincidente, no solo con el trayecto interesado en la Demanda, sino con el del camino que ya existe en la finca y que se ha configurado como el paso que ha venido utilizando el demandante para acceder a su finca desde el camino público, atravesando la parcela propiedad de los demandados.
QUINTO.- El cuarto y último de los motivos del Recurso denuncia el supuesto error en la valoración de la prueba en el que habría incurrido el Juzgado de instancia y que habría conducido a la decisión adoptada en la Sentencia recurrida, por la que se estima la Demanda, en relación con la infracción de los artículos 565 (en cuanto a que se habría prescindido del Principio de menor perjuicio para establecer la servidumbre) y 566 (en cuanto al establecimiento de la anchura de la servidumbre) ambos del Código Civil . Respecto del indicado motivo, este Tribunal viene estableciendo, de forma constante y en términos generales, que la circunstancia de que, entre las partes contendientes, existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la cuestión litigiosa que, en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable para que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que, si la prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Ciertamente, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el Organo Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, mas no debe olvidarse que la actividad valorativa del Organo Jurisdiccional se configura como esencialmente objetiva, lo que no sucede con la de las partes que, por lo general y hasta con una cierta lógica, aparece con tintes parciales y subjetivos.
En realidad y, con el máximo rigor, la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae, en todas sus vertientes, el cuarto motivo del Recurso constituye una problemática que afecta única y exclusivamente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , precepto que, en sus apartados 2 y 3, establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1 del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 7 del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.
A la luz de las consideraciones preliminares que se acaban de indicar, este Tribunal comparte la hermenéutica apreciativa desarrollada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida por cuanto que descansa en una valoración lógica y racional de las pruebas practicadas en el Procedimiento, de modo que la mera remisión a los razonamientos jurídicos expuestos en la indicada Resolución serían suficientes para desestimar, en todas sus vertientes, el motivo del Recurso que se examina. El Juzgado a quo, en efecto, ha analizado la prueba practicada en el Procedimiento de forma conjunta, en una exégesis apreciativa razonada y razonable, llegando a una decisión absolutamente correcta que objetivamente se corresponde con los resultados de las pruebas practicadas y con las reglas generales que, sobre la carga de la prueba, establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . De esta manera, insistir en el análisis de dichas pruebas no supondría más que redundar innecesariamente sobre las mismas cuestiones para llegar indefectiblemente a conclusiones idénticas a aquellas que recoge la Sentencia recurrida.
SEXTO.- Así pues y, atendiendo -insistimos- a las referidas consideraciones preliminares, cabría reiterar que la hermenéutica valorativa desarrollada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida resulta correcta y en absoluto ha quedado desvirtuada por las alegaciones -abiertamente subjetivas y de defensa de su tesis- en las que se sustenta el planteamiento del cuarto motivo del Recurso. Efectivamente, después del análisis aséptico de las pruebas practicadas en el Procedimiento, este Tribunal no puede sino convenir necesariamente con los razonamientos expuestos por el Juzgado a quo en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia recurrida, donde, con el suficiente rigor, se han examinado todas las pretensiones ahora discutidas, sin que incluso -por las propias razones jurídicas explicitadas en aquella Resolución- fuera necesario añadir otras consideraciones adicionales o complementarias.
Difícilmente puede resultar atendible el criterio que defiende la parte demandada apelante en el cuarto motivo del Recurso ante los acertados razonamientos jurídicos puestos de manifiesto por el Juzgado de instancia en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia recurrida que no sólo no se han visto desvirtuados ni un ápice por las alegaciones en las que se sustentan todas las vertientes del indicado motivo, sino que incluso llegan a agotar cualquier otra consideración jurídica que pudiera efectuarse sobre los extremos en los que descansa el referido motivo de la Impugnación. En este sentido, puede ya adelantarse que -ante la carencia de solidez sustantiva en su postulado- las objeciones que la parte apelante opone respecto de la valoración de la prueba realizada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida no gozan -según el criterio de este Tribunal- de la habilidad material necesaria para modificar la decisión -correcta, insistimos- que, sobre los extremos discutidos, ha sido adoptada en la Resolución recurrida.
Y es que, por más que la parte demandada apelante pretenda hacer ver lo contrario en las alegaciones que comprende el cuarto motivo de la Impugnación, lo cierto y real es que la apreciación probatoria desarrollada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida resulta racionalmente acertada y, en consecuencia, no admite tacha de tipo alguno, como igualmente puede afirmarse que se han aplicado de forma correcta las normas generales sobre la carga de la prueba que contempla el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y las específicas prescripciones de los artículos 565 y 566 del Código Civil .
SEPTIMO.- El artículo 565 del Código Civil establece que "la servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y, en cuanto fuere conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia del predio dominante al camino público"; precepto que -a juicio de este Tribunal- ha sido escrupulosamente observado por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida. Convendría significar, en esta sede recursiva, que, en este Proceso, se ha practicado una prueba de trascendente importancia y de notable valor, constituida por la Diligencia de Reconocimiento Judicial, que permitió al Juzgado de instancia comprobar, físicamente, la situación de todas las parcelas al objeto de discernir, con razonable criterio, sobre la constitución del paso más idóneo. Y, así, esta situación ha sido ponderada en la Sentencia recurrida en una Fundamentación Jurídica que no admite ningún tipo de reproche. De este modo, se justifica que el paso más idóneo y adecuado es el propuesto por el actor en la Demanda, y que los accesos por otras parcelas distintas no son adecuados, de modo que no cabe apelar -por falta de objetiva justificación- a la oportunidad de constituir el paso por otras parcelas. Y, sobre el paso constituido a través de la finca de los demandados, convendría indicar que, además de haber sido apreciado físicamente por el Juzgado de instancia, que se conforma, asimismo, como el paso que recorre menos distancia hasta el camino público y que fue el solicitado por el actor en la Demanda, conviene indicar -decimos- que el paso constituido se corresponde con el de un camino ya existente y que es el que ha venido utilizándose por el actor como paso desde el camino público hasta su parcela, por lo que, si el camino es existente, no se advierte la existencia real del perjuicio que se alega. Y, sobre la Resolución de este Tribunal que cita la parte apelante en este motivo del Recurso, ha de indicarse que se trata de un supuesto distinto del presente. En aquél, era el actor el que proponía dos pasos diferentes y se optó por el que el demandado consideró de menor perjuicio para él; en el presente supuesto, sin embargo, el actor ha propuesto un único paso, que es el conformado por un camino ya existente que es el que se ha venido utilizando (como se viene repitiendo) y que el propio Juzgado de instancia comprobó físicamente que era el más idóneo, por lo que es éste, y no otro, el que debe establecerse al efecto de la constitución de la servidumbre.
OCTAVO.- Por último, el artículo 566 del Código Civil establece que "la anchura de la servidumbre de paso será la que baste a las necesidades del predio dominante"; precepto que -entendemos- tampoco ha resultado infringido. La anchura de tres metros fue la solicitada en la Demanda y ha sido la que, efectivamente, ha sido admitida en la Sentencia recurrida, justificándose la misma en términos absolutamente razonables, esencialmente en la necesidad de poder transcurrir por el paso con vehículos, para lo cual se precisa una anchura, al menos, de tres metros. La razón que esgrime la parte apelante para que la anchura del paso se reduzca a 1,32 metros carece de virtualidad material, en la medida en que el hecho de que la anchura de la puerta de entrada a la finca propiedad del demandante tenga esa dimensión, no empece para que el paso se otorgue con una anchura mayor que permita, razonablemente, no una situación más cómoda o de mera conveniencia, sino el tránsito con vehículos, que se estima absolutamente justificado para las necesidades del predio dominante; por lo que, en definitiva, no resulta procedente limitar el ancho del paso a las dimensiones solicitadas por la parte apelante en esta sede.
Consiguientemente, el cuarto motivo, en sus dos vertientes, al igual que los tres primeros y, por tanto, el Recurso, no pueden tener, en ningún caso, favorable acogida.
NO VENO.- Por tanto y, en virtud de las consideraciones que anteceden, procede la desestimación del Recurso de Apelación interpuesto, y, como consecuencia lógica, la confirmación de la Sentencia que constituye su objeto.
DECIMO.- Desestimándose el Recurso de Apelación interpuesto y, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.1, en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer a la parte apelante las costas de esta alzada.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que me confiere la Constitución Española, pronuncio el siguiente:
FALLAMOS
Que, desestimando el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de D. Florentino y de Dª. Guillerma contra la Sentencia 78/2.011, de veintinueve de Julio, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Coria en los autos de Juicio Verbal seguidos con el número 520/2.008, del que dimana este Rollo, debo CONFIRMAR y CONFIRMO la indicada Resolución, con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada.
No tifíquese la presente resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009 , en los casos y en la cuantía que la misma establece.
En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Abogado3044, Abogado escribió hace 4 año.
S, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 6.ª, de 9 de febrero de 2012
Recurso 6281/2008. Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR.
EXTRACTOS
Para calcular el justo precio cuando se trata de suelo urbano consolidado, hay que acudir a precios de mercado debidamente contrastados, de no ser así, se aplicará un porcentaje sobre el valor de la edificación con arreglo al precio de las VPO
"... En su recurso contencioso administrativo, el expropiado muestra su conformidad con algunos extremos de la valoración del Jurado, en concreto, está de acuerdo con la descripción de los terrenos, su situación urbanística, la aplicación de las normas de valoración de la LSV (artículos 28 y 29), la aplicación de un aprovechamiento de 1m²/m² y la aplicación del método residual en defecto de valores catastrales aplicables, si bien difiere del Jurado Provincial de Expropiación en los valores empleados como referencia en la aplicación del método residual.
En esta oposición a la valoración del Jurado Provincial de Expropiación, la parte recurrente no desconoce la presunción de veracidad y acierto de los acuerdos valorativos del Jurado, si bien considera que ha quedado desvirtuada tal presunción, en los puntos de desacuerdo, por los dos dictámenes periciales aportados, uno de ellos acompañado por el recurrente a su escrito de demanda y el otro emitido por un perito de designación judicial.
El dictamen elaborado por la sociedad de tasación Gesvalt, acompañado con la demanda, determina el valor de los terrenos por el método residual estático, descrito en la Orden Ministerial ECO/805/2003 del Ministerio de Economía y Hacienda, con un valor unitario de 294,131€/m² y un justiprecio total de 882.392,10 €, y el dictamen emitido por el perito de designación judicial, el arquitecto D. Pablo , utiliza el método de valoración contenido en el RD 1020/1993, obteniendo un valor unitario de 192,29 €/m² y un justiprecio de los terrenos de 605.713,50 euros.
Como reconoce el propio recurrente, una consolidada doctrina jurisprudencial, recogida en la sentencia de 27 de octubre de 2009 (recurso 6973/2005 ) entre otras muchas, sostiene la presunción de veracidad y acierto de los Acuerdos del Jurado de Expropiación, en cuya virtud sus decisiones merecen ser acogidas con el crédito y autoridad que se desprende de su doble composición técnica y jurídica, y de su permanencia y especialización, si bien tal presunción es de naturaleza iuris tantum y puede ser destruida mediante prueba en contrario, que demuestre que el Jurado incurrió en errores notorios o en una desajustada apreciación de los datos fácticos probatorios o en infracción de preceptos legales.
En este caso, las pruebas periciales se separan de la valoración del Jurado al atender, en la aplicación del método residual, a los valores de mercado libre en vez de a los de vivienda de protección oficial. El dictamen acompañado a la demanda y el emitido en el periodo de prueba tomaron como referencia los valores de venta del inmueble terminado (VM ó VV) de 1.267,25 €/m² y 1.100 €/m², así como el valor o coste de la construcción de 500 € y 521,90 euros, respectivamente, si bien la Sala considera que dichos dictámenes no aportan datos debidamente contrastados sobre dichos factores tenidos en cuenta, pues falta la prueba sobre el origen fiable de los datos utilizados en la valoración, señalando incluso el perito judicial sobre el origen de los datos que utiliza que los ha obtenido de una base de datos particular.
Por tales razones, estima la Sala que las pruebas periciales carecen de eficacia para deshacer la presunción de acierto de la valoración del Jurado, que acudió a los valores de carácter objetivo, fijados administrativamente, para las viviendas de protección oficial, sin que hayan puesto de manifiesto el error o la equivocación del Jurado en sus operaciones de determinación del valor de los terrenos.
Seguimos de esta manera el criterio que hemos mantenido en ocasiones anteriores, en las que no se contaba con precios de mercado obtenidos de fuentes ciertas y seguras para la valoración de suelo urbano consolidado, recogido en las sentencias de 10 de febrero de 2009 (recurso 909/2007 ) y 7 de junio de 2010 (recurso 630/2007 ), en las que decíamos que "cuando se trata de suelo urbano consolidado resulta más adecuado a efectos de calcular por el método residual el valor urbanístico del suelo, acudir a precios de mercado debidamente contrastados en lugar de al de venta de viviendas de protección oficial, siendo imprescindible que los precios de mercado sean obtenidos de fuentes ciertas y seguras que resulten debidamente contrastadas, ya que, de no ser así, es preferible, como dice la sentencia de 23 de mayo de 2.000 , aplicar un porcentaje sobre el valor de la edificación con arreglo al precio de venta de las viviendas de protección oficial, pues el primer método se aproxima con más rigor a las circunstancias reales del suelo, ya que en el suelo urbano el valor por metro cuadrado edificable puede ser perfectamente conocido y no ser fruto de meras especulaciones, mientras que el segundo apela al carácter objetivo del valor fijado administrativamente para las viviendas de protección oficial", siendo de esta forma como procedió el Jurado Provincial de Expropiación
Por las razones anteriores hemos de estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el expropiado contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, estimando el recurso en su pretensión de declaración de ser conforme a derecho la iniciación por ministerio de la ley del expediente de expropiación y desestimando la impugnación del justiprecio determinado por el Acuerdo del Jurado. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sentencia impugnada efectuó los siguientes pronunciamientos en su parte dispositiva:
"1) La estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador DOÑA LIDON JIMENEZ TIRADO en nombre y representación del M.I. AYUNTAMIENTO DE ALDAIA y desestimación del interpuesto por la Procuradora DOÑA ALMUDENA LLORET OSUNA, en nombre y representación de DON Feliciano , asistido por el Letrado XXXXX XXXXX LUIS NOGUERA CALATAYUD, contra Resolución del JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION FORZOSA DE VALENCIA de 5.5.05, en expediente administrativo NUM000 , que se anula y deja sin efecto.
2) La no imposición de las costas causadas en el presente expediente."
SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia, la representación procesal de D. Feliciano , presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, preparando recurso de casación contra la referida resolución, y la Sala, por providencia de 20 de noviembre de 2008, tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación en fecha 5 de diciembre de 2008, expresando los motivos en que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación y, previos los trámites legales, se dictara sentencia que case y anule la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con el suplico del escrito de formalización de demanda.
CUARTO.- Se emplazó a las partes recurridas para que en el plazo de treinta días formalizaran su escrito de oposición, en cuyo trámite la representación procesal del Ayuntamiento de Aldaia presentó escrito el 19 de junio de 2009, mediante el que impugnó los motivos del recurso de casación, en virtud de las razones que estimó procedentes, y solicitó de la Sala que dictara resolución de desestimación del recurso en su integridad, confirmando la sentencia de la instancia impugnada, y el Abogado del Estado, en escrito de 23 de junio de 2009, manifestó que se abstenía de formular oposición.
QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 31 de enero de 2012, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Maria del Riego Valledor, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone frente a la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2008 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en los recursos contencioso administrativos acumulados nº 1136/05 y 1264/05, que estimó el interpuesto por el Ayuntamiento de Aldaia y desestimó el deducido por Don Feliciano , contra el Acuerdo de 5 de mayo de 2005 del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, sobre valoración de finca expropiada solicitada por sus titulares en base a lo previsto en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana , aprobado por RD 1346/1976, de 9 de Abril.
Previamente al análisis de los motivos del recurso, y para una mayor claridad expositiva reseñamos los antecedentes del caso que resultan de interés para resolver la casación que nos ocupa.
En fecha 23 de noviembre de 2001 el recurrente presentó escrito al Ayuntamiento de Aldaia en el que solicitaba que se iniciara expediente expropiatorio o que tuviera por realizada la advertencia de su propósito de iniciar expediente de justiprecio de la parcela de su propiedad de suelo urbano (3.000m²), en un tramo del Barranco de la Saleta, en los términos previstos en el artículo 202.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por el RD 1/1992, de 26 de julio, y del artículo 75.1.d, de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana , toda vez que dicha parcela fue calificada como suelo destinado a viales por el Plan General aprobado el 5 de Enero de 1991.
Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia, de fecha 30 de enero de 2002, se desestimó la anterior pretensión, en base a que el artículo 202.2 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, en el que el interesado basaba su solicitud, había sido derogado por la ley 6/1998, indicando al interesado que debía dirigirse en lo sucesivo a la Confederación Hidrográfica del Júcar por estar gravada su finca con una servidumbre de paso de agua.
Contra dicha Resolución se interpuso por el recurrente, en fecha 6 de marzo de 2002, recurso de reposición, solicitando la iniciación del procedimiento expropiatorio, el cual fue desestimado por silencio administrativo.
El recurrente presentó ante el Ayuntamiento de Aldaia, en fecha 2 de diciembre de 2003, escrito de alegaciones mediante el que solicitaba que se tuviera por iniciado de forma automática el expediente de expropiación de la finca afectada.
Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia, de 5 de febrero de 2004 se desestimó la anterior pretensión, expresando que el P.G.O.U. de Aldaia contemplaba la posibilidad de que el terreno en cuestión se pueda convertir en dotacional, en caso de desafección del dominio público hidráulico como consecuencia del desvío del barranco donde la mencionada finca se asentaba, pero mientras no se ejecutara dicho desvío el suelo estaba destinado a cauce del barranco.
En fecha 26 de julio de 2004 se formuló Hoja de Aprecio por parte del recurrente, que se concretaba en la cantidad de 863.250 euros (287,75 euros/m² por 3.000 m² afectados por la expropiación).
Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aldaia, de fecha 18 de octubre de 2004, se declaró inadmisible el inicio del expediente de expropiación por ministerio de la ley, reiterando que el destino dotacional (vial) que el P.G.O.U. de Aldaia preveía para la parcela afectada, que legitimaba la expropiación, estaba condicionado al desvío del barranco donde se asentaba, actuación que no se había producido, debiendo ser autorizado dicho desvío por la Confederación Hidrográfica del Júcar y sin el cual, por tanto, no se daban los requisitos legalmente previstos para llevarse a cabo el procedimiento expropiatorio.
En fecha 16 de diciembre de 2004 el recurrente se dirigió al Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, para que justipreciara la parcela a que se refiere esta expropiación por ministerio de la Ley.
Por parte del Ayuntamiento de Aldaia se presentó escrito de alegaciones ante el Jurado, interesando la declaración de inaplicabilidad para este supuesto del procedimiento de expropiación por ministerio de la ley previsto en la normativa urbanística.
El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, en Acuerdo de 5 de Mayo de 2005, procedió a la valoración de los terrenos expropiados, y atendiendo a su clasificación como suelo urbano en el PGOU de Aldaia, consideró de aplicación el criterio de valoración establecido en el artículo 28.1 de la Ley 6/1998 . Al no ser de aplicación los valores catastrales, por no adecuarse a los valores de mercado para la zona y fecha de valoración, calculó el valor de repercusión por el método residual, a partir del precio de las viviendas de protección oficial, al que aplicó el aprovechamiento de 1 m²/m² fijado por el artículo 110.2 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana , aprobado por Decreto 201/1998, para los suelos de esa clase, resultando un valor de los terrenos (30,95 €/m² x 3.000 m²) de 92.850 euros. El valor de los terrenos fue incrementado en el 5% de premio de afección, resultando el justiprecio de 97.492,59 euros.
La sentencia del TSJ de Valencia, impugnada en este recurso de casación, estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Aldaia y desestimó el recurso interpuesto por el expropiado, anulando por tanto el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación a que acabamos de hacer referencia, al considerar que el Ayuntamiento de Aldaia había inadmitido la solicitud de inicio del expediente expropiatorio y declarado su incompetencia en resoluciones que ganaron firmeza. Así razonaba este extremo la sentencia impugnada:
Del propio modo, es cierto que el artículo 202 2 citado prevé una advertencia a la Administración del propósito de iniciar el expediente de justiprecio y prevé asimismo la consecuencia jurídica si la Administración no lo lleva a cabo y transcurren dos años y de nuevo prevé que ante la hoja de aprecio de la parte y el transcurso de tres meses con silencio por la Administración, se acuda al Jurado Provincial de Expropiación, pero nada de eso es lo ocurrido aquí. Aún cuando pudiéramos obviar la negativa expresa de la Administración a iniciar el expediente expropiatorio tendríamos la segunda negativa, declarando la inadmisibilidad y reiterando la incompetencia, resolución que, de nuevo, es consentida y alcanza firmeza, por tanto no estamos ante el supuesto de la norma que se dicta para el caso de reiterado silencio administrativo que no puede bloquear el legítimo ejercicio de sus derechos al particular. Estamos en presencia de dos resoluciones administrativas que hay que considerar a todos los efectos consentidas y firmes respecto al propietario en la medida en que no ha instado ante esta Jurisdicción su declaración de disconformidad a derecho y anulación y ello supone la inexistencia de expediente expropiatorio alguno en el que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa pueda dictar un justiprecio.
SEGUNDO.- Contra la sentencia indicada, se interpuso por la representación del propietario de los terrenos el presente recurso de casación, articulado en dos motivos por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia. En el primer motivo se denuncia infracción del artículo 126.1.3 de la Ley de Expropiación Forzosa , y en el segundo infracción, por inaplicación, del artículo 28.4 de la Ley 6/1998 .
TERCERO.- El primer motivo de casación denuncia la infracción por la sentencia impugnada del artículo 126.1 y 3 de la Ley de Expropiación forzosa , al basar su decisión en la falta de impugnación jurisdiccional de las resoluciones del Ayuntamiento que denegaron la iniciación del expediente de justiprecio, cuando según el tenor del artículo 126.1.3 de la LEF , y la jurisprudencia que lo interpreta, todas las cuestiones contra el inicio del expediente expropiatorio se han de resolver en el correspondiente recurso jurisdiccional que se interponga contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación.
El artículo 75.1.d) de la ley 6/1994 , reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana, permite a los propietarios de suelo urbano, en determinados supuestos, solicitar la expropiación del terreno a los 5 años de su calificación, si esta conlleva el destino público, para lo que se remite de forma expresa al artículo 202 del Texto Refundido de la ley del Suelo de 1992 , si bien la petición del recurrente ha de entenderse formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976, dada la anulación de lo dispuesto en el artículo 202 del TR de la Ley del Suelo de 1992 por la Sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional .
El artículo 69 del TR de la Ley del Suelo de 1976 permite, una vez transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Plan o programa de actuación urbanística, que se lleve a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria, por no resultar posible la justa distribución de beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, siempre que el titular de los bienes o sus causahabientes adviertan a la Administración de su propósito de iniciar la tramitación del expediente de justiprecio, pudiendo llevarse a cabo por ministerio de la ley si transcurrieren otros dos años más.
La parte recurrente, considerando que concurrían las condiciones y plazos señalados por indicado precepto, presentó escrito que advertía al Ayuntamiento de Aldaia de su propósito de iniciar la tramitación del expediente de justiprecio, y transcurridos dos años desde la advertencia, presentó su hoja de aprecio, rechazando el Ayuntamiento tanto la advertencia como la hoja de aprecio, mediante resoluciones en las que, como más adelante veremos, aducía la existencia de circunstancias que impedían la ejecución del planeamiento, condicionado a una actuación de otra entidad.
La Sala entiende que nos encontramos en un supuesto de inicio del expediente por ministerio de la ley, por concurrir los presupuestos requeridos por el artículo 69 TR de la Ley del Suelo de 1976 , frente al cual los acuerdos denegatorios del Ayuntamiento, que se basaban en que la ejecución del planeamiento dependía de una actuación previa de la Confederación Hidrográfica del Júcar, equivalen al rechazo de la hoja de aprecio. La expropiación se inicia por ministerio de la ley al concurrir los presupuestos previstos por la norma, siendo el momento procedente para oponerse el Ayuntamiento al inicio del expediente el de los recursos contra el acto de fijación del justiprecio, de acuerdo con las previsiones del artículo 126 de la Ley de Expropiación Forzosa .
Así resulta de los pronunciamientos de este Tribunal en un supuesto similar al presente, que se recogen en la sentencia de 27 de marzo de 2001 (recurso 7970/1996 ), que razonó lo siguiente:
"Los acuerdos del Ayuntamiento denegatorios de la incoación del expediente de justiprecio son la expresión de la voluntad del Ayuntamiento contraria a dicha iniciación. Sin embargo, el Ayuntamiento carece de facultades para decidir sobre la iniciación del expediente de justiprecio, pues éste tiene lugar por ministerio de la Ley mediante la presentación ante el mismo de la hoja de aprecio. (...) El acto administrativo denegatorio de la incoación no produce efectos preclusivos, sino que equivale -en último término- al rechazo de la hoja de aprecio presentada. No es menester que sea impugnado específicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Del artículo 126 de la Ley de Expropiación forzosa se desprende que el recurso contencioso-administrativo contra el acto que fija el justiprecio es adecuado para plantear la procedencia o no de la iniciación del expediente expropiatorio ope legis. Dicho precepto dispone que ambas partes podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. Añade que el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos establecidos en la misma Ley. Por extensión podrán invocarse cualesquiera defectos que afecten a los requisitos y procedencia de la expropiación establecidos en leyes especiales. En consecuencia, éste es el momento en que el Ayuntamiento, si considera que no concurren los requisitos legales, debe plantear su oposición a la expropiación."
Sin embargo, la sentencia impugnada, como antes se ha visto, estimó el recurso contencioso administrativo y anuló el acuerdo de fijación del justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación, lo que nos conduce a la estimación del recurso de casación por infracción del artículo 126 de la Ley de Expropiación Forzosa , que permite impugnar la procedencia o no de la iniciación ope legis del expediente expropiatorio en el recurso que se interponga contra el Acuerdo de fijación del justiprecio, sin que sea preceptiva en el presente caso la impugnación por el propietario de las resoluciones del Ayuntamiento de denegación o inadmisión del procedimiento expropiatorio por estar condicionada la ejecución del planeamiento a la intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar, debiendo haber resuelto la sentencia impugnada las alegaciones de las partes sobre si se cumplían o no las condiciones legalmente exigidas para la expropiación por ministerio de la ley, y en caso de respuesta positiva, debió analizar igualmente las alegaciones del propietario de los terrenos relativas al justiprecio fijado por el Jurado.
CUARTO.- La estimación del anterior motivo examinado conduce directamente a casar la sentencia impugnada y a entrar a resolver, conforme preceptúa el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional , según los términos en que el debate aparece planteado. Hemos de abordar en primer término, por razones de índole procesal, si tal y como sostiene el Ayuntamiento de Aldaia en su escrito de demanda no existe causa de expropiación al no existir programación que la justifique en el planeamiento vigente.
El Ayuntamiento de Aldaia se remite al informe emitido por el Arquitecto municipal de fecha 18 de octubre de 2004, (folios 170- 172 del expediente administrativo), en el que se afirma que los terrenos sobre los que el interesado interesa su expropiación son un tramo de los terrenos que ocupa el cauce del Barranco de la Saleta a su paso por Aldaia. El Barranco de la Saleta constituye el único cauce de drenaje del llano de inundación conocido como Plá de Quart, por lo que el PGOU de Aldaia incluyó en sus determinaciones el desvío de dicho barranco en cumplimiento de las Normas de Coordinación Metropolitana (DOGV 25-7-1998). Y la consecuencia de ello fue que el PGOU contempló la ejecución de un paseo en el lugar que ocupa el cauce del referido barranco a su paso por la población. Para ello calificó los terrenos como viales y programó la actuación consistente en la ejecución de un Paseo, bajo el código G08-2, denominado "Passeig de la Rambla ", con la descripción de "conversión en un bulevar verde del tramo de la Rambla de la Saleta desde la estación hasta las casas del Baranquet, Urbanización y ajardinamiento." Añade el informe del Arquitecto municipal que estamos reseñando que se incluyeron las siguientes observaciones: "La sección del paseo debe de permitir el que bajo el mismo pueda discurrir un colector de gran capacidad. Esta actuación requiere el previo desvío del actual barranco de la Saleta tal como esta previsto por las Normas de Coordinación Metropolitana"
El Ayuntamiento de Aldaia mantiene que, como el desvío del barranco de La Saleta no se ha producido, la previsión del PGOU, de conversión de su cauce en un bulevar verde en su tramo de casco urbano, no puede ejecutarse, pues el cumplimiento de esa previa condición de la desviación del barranco no depende de la voluntad del Ayuntamiento. Además el cauce del Barranco La Saleta, donde se ubica la finca objeto de expropiación, es una corriente de agua natural discontinua, y por tanto se le aplicaría el artículo 2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2001 , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, constituyendo dominio publico del Estado.
Todo lo anterior lleva a decir al Ayuntamiento, que las determinaciones del PGOU de Aldaia en este extremo deben entenderse como una declaración de intenciones futura del planeamiento, y concluye en este punto señalando que el terreno afectado por la expropiación no tiene ni puede tener la condición de vial, no solo porque el mismo está en pleno cauce del barranco, y de la corriente natural de las aguas, dominio público hidráulico, sino porque el PGOU ha condicionado la calificación de dichos terrenos como viales al previo desvío del barranco y del curso natural de las aguas, habiendo además fenecido el proyecto de desvío del barranco, pues el Tribunal Supremo ha anulado las normas de Coordinación Metropolitana.
El propietario de los terrenos, por su parte, alega que el Ayuntamiento no ha desplegado ninguna actividad probatoria para acreditar la existencia de cualquier tipo de servidumbre en favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que la falta de ejecución del planeamiento es imputable al Ayuntamiento, pues no puede sostenerse que el administrado deba soportar la falta de certidumbre por la indefinida ejecución del PGOU.
QUINTO.- Frente a la oposición del Ayuntamiento, procede comprobar si concurren en el presente caso los requisitos legalmente exigidos para la expropiación por ministerio de la ley, institución cuya versión original procede del artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 , luego reproducido por las legislaciones urbanísticas autonómicas, y en lo que afecta a este caso, aplicable por la remisión que efectúa el artículo 75.1.d) de la Ley 6/1994 , reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana, a que antes nos hemos referido.
El citado artículo 69 del TRLS de 1976 dispone que "Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley si transcurrieran otros dos años desde el momento de efectuar la advertencia."
Como esta Sala ha señalado en sentencia de 20 de diciembre de 2011 (recurso 5528/2008 ), es claro que la expropiación por ministerio de la ley -que constituye una excepción a la regla general según la cual no cabe, en principio, obligar a la Administración a expropiar- tiene un marcado carácter tuitivo: sirve para evitar la indefensión de los propietarios que, como consecuencia del planeamiento urbanístico, quedan sin aprovechamiento alguno, facultándoles para forzar a la Administración a que les expropie, impidiendo así que su derecho de propiedad quede vacío de contenido económico.
Por otra parte, el ordenamiento jurídico define las expropiaciones urbanísticas como aquellas operaciones expropiatorias destinadas al cumplimiento de alguno de los fines perseguidos en la legislación urbanística ( art. 34 LRSV .) Y el art. 33 de la misma norma dispone que "La aprobación de Planes de ordenación urbana y de delimitaciones de ámbito de gestión a desarrollar por expropiación implicara la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos..."
En el caso que analizamos, el PGOU de Aldaia clasificó los terrenos de 3.000 m² de extensión de la parte recurrente como suelo urbano, y los calificó como vial, siendo el sistema de gestión el de expropiación. Lo anterior determina el cumplimiento de los presupuestos establecidos por el artículo 69 del TRLS de 1976, que ante la imposibilidad de obtener el propietario la edificación de sus terrenos correspondiente a su calificación urbanística, le concede la facultad de interesar la expropiación forzosa, transcurridos los plazos marcados por el propio precepto.
Frente a los argumentos del Ayuntamiento de que el terreno afectado por la expropiación no tiene la condición de vial, porque el PGOU ha condicionado la calificación de dichos terrenos como viales al previo desvío del barranco y del curso natural de las aguas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, hay que señalar que cualquiera que fuera el contenido de la Resolución que en su día pudiera dictar la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cierto es que los terrenos están calificados como viales por el planeamiento municipal, cuestión esta expresamente reconocida por el arquitecto municipal, y tal calificación comporta la inedificabilidad de los mismos, sin que quepa trasladar responsabilidad alguna al propietario puesto que la indeterminación de la ejecución pudo haber sido considerada por el planeamiento, a fin de no permitir la calificación de los terrenos en los términos en que lo fueron.
Pero además el Ayuntamiento ha de adquirir la titularidad del suelo para ejecutar el planeamiento, y por tanto es dicha administración municipal quien deberá obtener las autorizaciones precisas en la legislación sectorial, sea las contempladas en materia de aguas o aquellas otras que pudiera precisar.
En base a los anteriores razonamientos, consideramos que el recurrente no puede ser privado del derecho que le reconoce el artículo 69 del TRLS de 1976 al igual que la legislación autonómica valenciana, a obtener la expropiación de los terrenos en los términos solicitados, desde el momento en que, de acuerdo con el PGOU, los mismos están calificados como viales, sin que aparezca condicionada o suspendida dicha calificación, y sin que exista razón o argumento suficiente para denegar al actor el derecho a obtener la expropiación de los bienes en los términos previstos en el indicado precepto, ya que no es el propietario el que tiene que esperar indefinidamente o cargar con las consecuencias del retraso en la ejecución del planeamiento.
Procede pues desestimar el recurso contencioso administrativo del Ayuntamiento de Aldaia contra el Acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa de Valencia.
SEXTO.- Desestimado el recurso contencioso administrativo del Ayuntamiento, por entender que resultaba procedente la incoación de expediente expropiatorio instando por la vía del artículo 69 del TRLS de 1976, deberemos pronunciarnos seguidamente sobre el recurso formulado por el propietario de los terrenos, cuya primera pretensión, referida a que se declarara correctamente iniciado el expediente expropiatorio por ministerio de la ley, ya ha sido estimada en los razonamientos precedentes.
Resta por analizar el justiprecio del terreno fijado por el Jurado Provincial de Expropiación, que a juicio del recurrente no se ajusta a los valores de mercado, y se remite a los informes periciales, tanto al aportado junto con su demanda como al practicado en sede judicial.
El Jurado valoró los terrenos principiando por determinar que el método o criterio aplicable, de acuerdo con su clasificación urbanística de suelo urbano, es el establecido por el artículo 28.1 LSV, conforme al cual el valor del suelo se determinará por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar.
Dado que en este caso el planeamiento no había establecido aprovechamiento al ámbito de gestión en el que este suelo estaba incluido, el Jurado tuvo en cuenta el aprovechamiento establecido por el artículo 110.2 B) del Decreto del Gobierno Valenciano 201/1998, de 15 de diciembre , por el que se aprobó el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana que, en defecto de previsión expresa del Plan, fija un aprovechamiento tipo de 1m²t/m²s para los suelos de esta clase.
El Jurado también apreció que en el presente caso no eran de aplicación los valores de las ponencias catastrales, por no adecuarse estos a los valores de mercado para la zona y la fecha de valoración, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4° del artículo 28 de la LSV, consideró aplicables los valores de repercusión, que obtuvo por el método residual para las Viviendas de Protección Oficial, que era de 112,92 €/m² según los cálculos que el Acuerdo del Jurado detalla, procediendo a deducir los costes de urbanización y los de financiación y gestión que estimó en 81,97 €/m².
De acuerdo con los anteriores planteamientos, el valor unitario del suelo a expropiar aplicado por el Jurado fue de 30,95 €/m², que multiplicado por 3.000 m² de superficie de los terrenos a expropiar, da como resultado una valoración de 92.850 €, que incrementada con el 5% de premio de afección, resulta un justiprecio de 97.492,50 euros.
SÉPTIMO.- En su recurso contencioso administrativo, el expropiado muestra su conformidad con algunos extremos de la valoración del Jurado, en concreto, está de acuerdo con la descripción de los terrenos, su situación urbanística, la aplicación de las normas de valoración de la LSV (artículos 28 y 29), la aplicación de un aprovechamiento de 1m²/m² y la aplicación del método residual en defecto de valores catastrales aplicables, si bien difiere del Jurado Provincial de Expropiación en los valores empleados como referencia en la aplicación del método residual.
En esta oposición a la valoración del Jurado Provincial de Expropiación, la parte recurrente no desconoce la presunción de veracidad y acierto de los acuerdos valorativos del Jurado, si bien considera que ha quedado desvirtuada tal presunción, en los puntos de desacuerdo, por los dos dictámenes periciales aportados, uno de ellos acompañado por el recurrente a su escrito de demanda y el otro emitido por un perito de designación judicial.
El dictamen elaborado por la sociedad de tasación Gesvalt, acompañado con la demanda, determina el valor de los terrenos por el método residual estático, descrito en la Orden Ministerial ECO/805/2003 del Ministerio de Economía y Hacienda, con un valor unitario de 294,131€/m² y un justiprecio total de 882.392,10 €, y el dictamen emitido por el perito de designación judicial, el arquitecto D. Pablo , utiliza el método de valoración contenido en el RD 1020/1993, obteniendo un valor unitario de 192,29 €/m² y un justiprecio de los terrenos de 605.713,50 euros.
Como reconoce el propio recurrente, una consolidada doctrina jurisprudencial, recogida en la sentencia de 27 de octubre de 2009 (recurso 6973/2005 ) entre otras muchas, sostiene la presunción de veracidad y acierto de los Acuerdos del Jurado de Expropiación, en cuya virtud sus decisiones merecen ser acogidas con el crédito y autoridad que se desprende de su doble composición técnica y jurídica, y de su permanencia y especialización, si bien tal presunción es de naturaleza iuris tantum y puede ser destruida mediante prueba en contrario, que demuestre que el Jurado incurrió en errores notorios o en una desajustada apreciación de los datos fácticos probatorios o en infracción de preceptos legales.
En este caso, las pruebas periciales se separan de la valoración del Jurado al atender, en la aplicación del método residual, a los valores de mercado libre en vez de a los de vivienda de protección oficial. El dictamen acompañado a la demanda y el emitido en el periodo de prueba tomaron como referencia los valores de venta del inmueble terminado (VM ó VV) de 1.267,25 €/m² y 1.100 €/m², así como el valor o coste de la construcción de 500 € y 521,90 euros, respectivamente, si bien la Sala considera que dichos dictámenes no aportan datos debidamente contrastados sobre dichos factores tenidos en cuenta, pues falta la prueba sobre el origen fiable de los datos utilizados en la valoración, señalando incluso el perito judicial sobre el origen de los datos que utiliza que los ha obtenido de una base de datos particular.
Por tales razones, estima la Sala que las pruebas periciales carecen de eficacia para deshacer la presunción de acierto de la valoración del Jurado, que acudió a los valores de carácter objetivo, fijados administrativamente, para las viviendas de protección oficial, sin que hayan puesto de manifiesto el error o la equivocación del Jurado en sus operaciones de determinación del valor de los terrenos.
Seguimos de esta manera el criterio que hemos mantenido en ocasiones anteriores, en las que no se contaba con precios de mercado obtenidos de fuentes ciertas y seguras para la valoración de suelo urbano consolidado, recogido en las sentencias de 10 de febrero de 2009 (recurso 909/2007 ) y 7 de junio de 2010 (recurso 630/2007 ), en las que decíamos que "cuando se trata de suelo urbano consolidado resulta más adecuado a efectos de calcular por el método residual el valor urbanístico del suelo, acudir a precios de mercado debidamente contrastados en lugar de al de venta de viviendas de protección oficial, siendo imprescindible que los precios de mercado sean obtenidos de fuentes ciertas y seguras que resulten debidamente contrastadas, ya que, de no ser así, es preferible, como dice la sentencia de 23 de mayo de 2.000 , aplicar un porcentaje sobre el valor de la edificación con arreglo al precio de venta de las viviendas de protección oficial, pues el primer método se aproxima con más rigor a las circunstancias reales del suelo, ya que en el suelo urbano el valor por metro cuadrado edificable puede ser perfectamente conocido y no ser fruto de meras especulaciones, mientras que el segundo apela al carácter objetivo del valor fijado administrativamente para las viviendas de protección oficial", siendo de esta forma como procedió el Jurado Provincial de Expropiación
Por las razones anteriores hemos de estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el expropiado contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia, estimando el recurso en su pretensión de declaración de ser conforme a derecho la iniciación por ministerio de la ley del expediente de expropiación y desestimando la impugnación del justiprecio determinado por el Acuerdo del Jurado. OCTAVO.- La estimación del recurso de casación implica la no imposición de costas, de conformidad con la regla del artículo 139.2 LJCA , sin que deba efectuarse tampoco condena en costas la instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguno de los recurrentes.
FALLAMOS
HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Feliciano , contra la Sentencia de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada por Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el recurso contencioso administrativo número 1136/05 y acumulado 1264/05, que anulamos.
DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 1136/05 interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Aldaia contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 5 de mayo de 2005 y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo 1264/2005, interpuesto por la representación procesal de Don Feliciano contra el referido Acuerdo del Jurado, declarando conforme a derecho la iniciación por ministerio de la ley del expediente de expropiación de los terrenos propiedad del recurrente, y desestimando el recurso en el resto de sus pretensiones.
Sin imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jose Maria del Riego Valledor, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.
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