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Sancion a un vehiculo de empresa, saltar semáforo en rojo,

Pregunta del cliente:

Sancion a un vehiculo de empresa, saltar semáforo en rojo, fecha 29/02/2012, se notifica el 15/03/2012, se abona la sanción el 03/04/2012, el ayuntamiento justifica el cobro sin exigir el conductor, se abre otro expediente aunque vinculado al expediente original, sancionando con 600 € por no identificar al conductor. se notifica el 25/09/2012.
No ha prescrito la sanción, si la infracción fue cometida el 29/02, notificada el 15/03 y han pasado más de 6 meses?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Estimado cliente,

La infracción primera no ha prescrito, la de sobrepasar un semáforo en rojo.

La segunda infracción, no identificación del conductor, HA PRESCRITO, y en todo caso tendría varias vías de defensa:

- La propia prescripción, al haber transcurrido más de seis meses.

- La buena fe de la administración y el no poder ir contra sus propios actos. La administración no puede aceptar el pago de usted, como si fuera el infractor y posteriormente sancionarle por no identificar conductor (si además, no le requirió al efecto) Estaría yendo contra sus propios actos procedimentales y rompiendo el principio de buena fe administrativa.

Mis respuestas, por si le es útil para fundamentar un recurso, se basan en la siguiente normativa.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima


Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.


Artículo 18. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y un año para las infracciones muy graves y para las infracciones previstas en el artículo 67.2 de dicho texto articulado.



Estas que le indico, pueden ser el principio de fundamentación de su recurso.


Quedo a su entera disposición para dudas. Cualquier duda, puede plantearla.

Saludos cordiales,

Cliente: escribió hace 4 año.

Hola, obviamente ya sabía que ha prescrito, me ha gustado lo de la ley 30/1992 aunque no se si servirá de algo, lo que me plantea la duda es como formular ese recurso, ¿podrías aclarar un poco más?


un saludo

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Hola de nuevo,

Con carácter previo, le indico que, primero y antes del recurso, puede hacer un escrito de alegaciones, con el mismo contenido o similar del posterior recurso, le darán trámite a tal fin.

Los motivos para recurrir los puede presentar separadamente. El primero debe ser siempre el más importante, que en este caso en la prescripción. Después en otro punto, puede comentar el motivo que yo le indiqué. Pueden introducir más razones y hechos en defensa de su interés que usted estime.


Le facilito un modelo ajustado a sus necesidades. Las alegaciones las puede presentar en cualquier momento del trámite administrativo, antes de esperar a la resolución definitiva.



SR. ......................


EXPEDIENTE: ......................

FECHA DE LA DENUNCIA: ...................... LUGAR: ...................... MATRÍCULA: ......................

......................, mayor de edad, con domicilio en ............................................ , con D.N.I. núm. ...................... , comparece y respetuosamente, formula las siguientes:



EXPONE:




PREVIO.-
Fui notificado en fecha... de una resolución sancionadora por no identificar al conductor, anunciándose en el cuerpo del mismo una propuesta de sanción por cuantía de 600 euros, que no estando conforme a la misma, paso a recurrir por los siguientes motivos.



PRIMERO.- Prescripción de la sanción. (aquí exponer cuanto se ha notificado la primera resolución sancionadora -puede aportar copia de la misma. Explicar que no se le ha requerido expresamente para identificar el conductor en esa primera resolución)

Fundamentos de derecho (el citado anteriormente)

Además, son de aplicación, para casos de no identificación del conductor y prescripción de procedimientos, estas sentencias que le indico, cuya referencia puede incorporar y que tratan del mismo tema:


Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso)
Sentencia de 31 julio 1998 RJCA 1998\2565

Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala de lo Contencioso)
Sentencia núm. 13/1999 de 8 enero JUR 1999\256581

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de Contencioso)
Sentencia núm. 307/1998 de 20 marzo RJCA 1998\2271


Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo Contencioso)
Sentencia núm. 838/2002 de 15 noviembre JUR 2003\31366


SEGUNDO.- Ausencia de la buena fe administración y actuación contra los propios actos.

Explicar que se abonó la multa primera por usted y la administración no opuso impedimento. Que es posteriormente cuando se le sanciona a usted sin ese requerimiento previo, cuando se había aceptado el pago de la sanción.

Sobre que los actos de buena fe y confianza legítima que han de presidir las actuaciones administrativas procede citar el artículo que antes le indiqué y además, la siguiente sentencia:

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª)
Sentencia de 4 marzo 2005 RJ 2005\3325

Por todo ello:

SOLICITA, se sirva admitir el presente escrito, tener por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, previas las manifestaciones oportunas y demás tramites de rigor, por considerarles FUNDAMENTALES, se de traslado de las mismas a esta parte, y a su tenor acuerde dejar sin efecto la denuncia y la sanción anunciada.





En ......................, a ............................................ .


Fdo..: ............................................ Sr. .....................



Sigo a su disposición.

Saludos cordiales,

Cliente: escribió hace 4 año.

la ultima cuestión, me comenta otro abogado que la falta por no identificar al conductor se produce en el momento de pagar la infracción y no en el momento del la misma, por lo que no habría prescrito ya que la infracción fue abonada el 03/04/2012,


no le molesto más, muy agradecido y contento con su trabajo


 

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

En el caso de esa interpretación, discutible, el plazo de prescripción es el de caducidad del procedimiento. No son los 6 meses sino dos meses.

A eso aluden las sentencias que le remití. Podemos indicar plazo de 6 meses y también defender que en todo caso caducó por el plazo de los dos meses.


Le voy a colgar la sentencia entera, y cualquier duda me la comenta.



Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo ...
Sentencia de 31 julio 1998 RJCA 1998\2565







TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS Y SEGURIDAD VIAL: Infracciones y sanciones: infracciones: prescripción: transcurso de plazo superior a dos meses desde que la Administración tiene conocimiento de que el propietario del vehículo no es capaz de identificar al conductor infractor hasta la fecha en que tuvo conocimiento del expediente sancionador: existencia.
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: Infracciones administrativas: prescripción: existencia.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 644/1996

Ponente: Ilmo. Sr. D. Mariano Montero Martínez

La entidad «ICT,S.A.» interpuso recurso contencioso-administrativo contra resolución de la Dirección General de Tráfico de fecha 5-2-1996 desestimatoria de recurso de reposición contra resoluciones de la propia Dirección y de Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real que impuso sanción de 50.000 pesetas por no identificar al conductor del vehículo.

El TSJestimael recurso anulando la resolución impugnada por no ser conforme a derecho.

Recurso Núm.: 644/1996

Ciudad Real

SENTENCIA NUM.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Ilmos. Sres.:

D. Vicente Manuel Rouco Rodríguez (Presidente)

D. Mariano Montero Martínez

D. Jaime Lozano Ibáñez

En Albacete, a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes Autos núm. 644/1996 del recurso contencioso-administrativo seguido a instancia de «Industrias Cárnicas Tello, SA», representado por el Procurador don Manuel Cuartero Peinado y dirigido por el Letrado don Celedonio García Sánchez, contra la Dirección General de Tráfico, que ha estado representada y dirigida por el señor Abogado del Estado, sobre sanción; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero Martínez; y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 23 de abril de 1996 recurso contencioso- administrativo contra la Resolución del Director General de Tráfico de fecha 5 febrero 1996, desestimatoria del recurso de reposición entablado contra resoluciones anteriores de la propia Dirección General y de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, que habían impuesto a la actora una sanción por importe de cincuenta mil pesetas, en el expediente sancionador 13-920-050-927.3, por no identificar al conductor de un vehículo de su propiedad encartado en un expediente sancionador distinto, lo que dio lugar a estos Autos 644/1996.

Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, solicitó el dictado de una sentencia que declarara la prescripción del expediente sancionador antecitado, su caducidad o la nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado, con expresa imposición de costas procesales a la Administración demandada si se opusiera a estas pretensiones.

SEGUNDO. -Contestada la demanda por la representación de la Administración demandada, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación al caso, se solicitó por la misma una sentencia desestimatoria del recurso.

TERCERO. -Sin que se recibiese el pleito a prueba, al no estimarse necesario por la Sala, por no existir puntos de hecho controvertidos, las partes se reafirmaron por vía de conclusiones en sus respectivos escritos de demanda y contestación, y se señaló día para votación y fallo el 15 de junio de 1998, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Impugna la actora la Resolución del Director General de Tráfico de fecha 5 febrero 1996, desestimatoria del recurso de reposición entablado contra resoluciones anteriores de la propia Dirección General y de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, que habían impuesto a la actora una sanción por importe de cincuenta mil pesetas, en el expediente sancionador 13-920-050-927.3, por no identificar al conductor de un vehículo de su propiedad encartado en un expediente sancionador distinto.

SEGUNDO.-

Como quiera que, aunque mezclados los argumentos relativos a la prescripción y a la caducidad, se alega por la actora la primera, al estudio de su posible estimación se centra en primer lugar esta sentencia, porque como es obvio, de apreciarse sería innecesario entrar en los demás motivos de impugnación.

Y en tal sentido la Sala entiende que la tesis planteada en la demanda debe prosperar, puesto que es de apreciar la prescripción de la acción de la Administración para sancionar. La prescripción, instituto de orden público apreciable incluso de oficio, habría operado porque desde la fecha en que la Administración pudo actuar contra el hoy actor por la conducta omisiva consistente en no identificar al conductor de un vehículo de su propiedad, hasta que llegó a conocimiento del titular del vehículo que se había iniciado el expediente sancionador, había transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido.

TERCERO.-

En efecto, la actora recibe el acuerdo de incoación de un expediente sancionador por exceso de velocidad, cometido presuntamente por alguien vinculado a la misma, y es requerido para que identifique al conductor, que se dice no lo pudo ser por los Agentes que cuidaban del tránsito por «causas justificadas», aunque ni se dice cuáles fueron ni se han aclarado después.

En fecha 27 de enero de 1992, el actor remite un escrito de alegaciones a la Administración en el que, entre otros particulares, hace ver que no es capaz de identificar al conductor de aquel día, en que se pudo haber cometido la infracción de exceso de velocidad, y ese escrito -ver expediente, folio dos- tiene entrada en la Delegación del Gobierno de Toledo (en Toledo tiene su sede la empresa denunciada) el mismo día 27 de enero. Es decir, desde ese día la Administración tiene constancia de que el propietario del vehículo que estaba implicado en la posible infracción de exceso de velocidad no es capaz de identificar al conductor; a partir de ahí es cuando puede pensarse -y perseguirse al infractor de esta nueva conducta tipificada en el art. 72.3 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ( RCL 1990\578 y 1653)- en la incoación de un expediente sancionador diferente al de exceso de velocidad, el cual suele quedar impune, al ser personalísima la conducta sancionable.

La Administración, efectivamente, incoa (más bien formula denuncia), en fecha 24 de marzo de 1992, el nuevo expediente sancionador, al que da distinto número, el 13-920-050-927-3; en fecha 26 de marzo, dos días después -folio 12 del expediente- oficia el Jefe de Sección de Tramitación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real a la hoy actora, comunicándole:

En relación a las alegaciones formuladas por Vd. en expediente referenciado (y se refiere al de exceso de velocidad, tanto porque es en éste donde había alegado, como por el número que se cita arriba), no se encuentran razones que desvirtúen el hecho denunciado, sino que, al no haber procedido a la correcta identificación del conductor infractor, incurre en falta grave según lo previsto en el art. 72.3 de la Ley de Seguridad Vial, por lo que oportunamente se le incoará expediente en esta Jefatura (lo remarcado en negrita es de la Sala).

Es decir, que dos días después de haber formulado denuncia por no identificar al conductor, le avisan de que se le incoará. Pues bien, el primer conocimiento que tiene la recurrente -siempre, como es obvio, por lo que consta en el expediente administrativo sancionador, piedra angular en la materia- del nuevo expediente sancionador se produce en fecha 1 de abril de 1992, en que ella misma lo reconoce, en el escrito de fecha 2 de abril que consta en el folio 14 del expediente; a falta de cualquier tipo de notificación o comunicación de la Administración que conste en el expediente, es esa la fecha que la Sala ha de tomar como cierta, que es cuando tiene cabal conocimiento de que se sigue contra él el expediente sancionador, criterio reiteradamente expuesto por la Jurisprudencia.

CUARTO.-

Disponía el art. 81 del Real Decreto Legislativo 339/1990, Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, vigente en el momento de aquellos hechos: «La acción para sancionar las infracciones prescribe a los dos meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiesen cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, o por la notificación efectuada de acuerdo con lo establecido en el art. 78». Ninguna de las circunstancias excepcionales se dan en el supuesto de autos, con lo que subsiste el mencionado plazo, luego modificado (en enero de 1998) a tres meses.

Con lo cual se aprecia de forma palmaria que desde el 24 de marzo de 1992 hasta el 1 de abril del mismo año transcurrieron seis días más del plazo de prescripción, con lo que no cabe sino estimar el recurso interpuesto, pues había prescrito la acción de la Administración para poder perseguir la presunta infracción; por ende, procede anular todas las resoluciones impugnadas, que no tuvieron en cuenta este planteamiento.

QUINTO.-

No se aprecian razones que aconsejen un especial pronunciamiento en costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 131 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa ( RCL 1956\1890 y NDL 18435).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

FALLAMOS

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución del Director General de Tráfico de fecha 5 febrero 1996, desestimatoria del recurso de reposición entablado contra resoluciones anteriores de la propia Dirección General y de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, que habían impuesto a la actora una sanción por importe de cincuenta mil pesetas, en el expediente sancionador 13-920-050-927.3, por no identificar al conductor de un vehículo de su propiedad encartado en un expediente sancionador distinto, todas las cuales anulamos por no ser conformes a Derecho, sin que se aprecien razones que aconsejen un especial pronunciamiento en costas procesales.

Así, por esta sentencia, contra la que no cabe interponer recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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