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Tengo un problema urgente para solucionar hoy. Necesito ayuda

Pregunta del cliente:

Tengo un problema urgente para solucionar hoy. Necesito ayuda para resolver este caso práctico (real) y tengo muchas dudas.Es una caso de delito contra la fauna. (medio ambiente)
SAP Granada 29 abril 2000

Tengo que hacer un estudio de la estructura i autoria del tipo: posible delito cometido de los recogidos en el código penal(analizando los elementos del tipo),grados de autoría de las personas que intervienen y possible pena a imponer.Este analisis debe ir acompañado de jurisprudencia de soporte.

Estoy buscando las sentencias por el buscador del poder judicial,pero esta sts 30 septiembre 2003 no la encuentro me podrían decir otro lugar donde buscarla?.

.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Puede ser ésta ?

 

Con los datos que aporta no le encuentro mas de la SAP de Granada.


AP Granada, Sec. 2.ª, 288/2001, de 22 de mayo

Recurso 10/2001. Ponente: JESUS FLORES DOMINGUEZ.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA

GRANADA

ROLLO SALA N° 10 DE 2.001.

Ponente: Sr. Flores Domínguez.

Causa: P. Abreviado n° 26/1.999

Juzgado de Instrucción Núm 1 de BAZA

SENTENCIA Nº 288/2001

Dictada por la Sección Segunda de la Iltma. Audiencia Provincial de Granada, en nombre de S.M. EL REY.

ILMOS. SRES.:

Presidente

DON EDUARDO RODRÍGUEZ CANO

Magistrados

DON JOSÉ JUAN SAÉNZ SOUBRIER

DON JESÚS FLORES DOMÍNGUEZ

En la ciudad de Granada, a veintidós de mayo de dos mil uno.

La Sección Segunda de esta Iltma. Audiencia Provincial, formada por los Sres. Magistrados al margen relacionados, ha visto en juicio oral y público la causa dimanante del Procedimiento Abreviado n° 26/1.999, seguido ante el Juzgado de Instrucción n° 1 de Baza, por delitos contra el medio ambiente y patrimonio,histórico, entre partes, de la una el Ministerio Fiscal, y de la otra, como acusado, JOSE LUIS FRANCO MARTINEZ, nacido el 10 de Julio de 1.962; de estado casado; natural y vecino de Macael, C/García Lorca, 41; de oficio marmolista; hijo de Vicente y de Dolores; con instrucción; sin antecedentes penales; declarado solvente; y en libertad provisional de la que no consta privado por esta causa; representado por la Procuradora Dª. Isabel Pallarés Rodríguez y defendido por la Letrado Dª. María López Navarro, actuando como Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JESUS FLORES DOMINGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO


DE HECHO

PRIMERO.- Son hechos probados que desde principios de Septiembre de 1.998 y hasta fechas no determinadas José Luis Franco Martínez, a la sazón representante legal y propietario de "Mármoles Framelo S.L.", amparándose en un permiso de investigación que le había concedido la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, explotó, mediante la extracción de roca marmórea, una cantera emplazada en el paraje conocido como "Cerro de la Fuentecica", paraje comprendido en el término municipal de Cúllar. Asimismo está probado que se acumuló piedra procedente de la explotación sobre un terreno bajo el cual se había hallado años antes una sepultura colectiva procedente de la edad del cobre; desconociéndose si en la actualidad queda allí o no algún resto arqueológico.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito contra el medio ambiente y otro contra el patrimonio histórico previsto y castigado en los artículo/s 325 y 326, b) y 323 del Código Penal, y reputando responsable de dicho delito en concepto de autor al acusado José Luis Franco Martínez, y estimando no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal solicitó se le condenase a las penas siguientes: por el delito contra el medio ambiente la pena de prisión de 5 años, multa de 30 meses a razón de una cuota de 2.000 pts diarias e inhabilitación especial por 4 años para el ejercicio de trabajos relacionados con la industria del mármol; por el delito contra el patrimonio histórico la pena de prisión de 2 años, multa de 20 meses a razón de una cuota de 2.000 pts diarias con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del C.P., accesorias, costas y a que indemnice al Ayuntamiento de Cúllar y a las Consejerías de Medio Ambiente y de Cultura los daños que se tasen en ejecución de sentencia.

TERCERO.- La defensa del referido acusado, en sus conclusiones definitivas, solicitó su libre absolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


1°.- Según tiene manifestado nuestra jurisprudencia (cfr por todas, S.T.S. 19 5-1.999) el tipo delictivo del art. 325 del C.P. (anterior art. 347 bis) viene configurado por la concurrencia de una acción típica de carácter positivo, consistente en un hacer de "provocar" o "realizar". La acción positiva de "provocar" o "realizar" se proyecta, "directa o indirectamente", sobre una variedad de conductas que se especifican en el texto legal como son "emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos". Otro elemento del tipo exige que la acción positiva de realizar o provocar una o varias de aquellas conductas concretas, ha de efectuarse "contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente", debiéndose significar que la inclusión de este elemento propio de los llamados tipos penales en blanco, ha suscitado una cierta controversia doctrinal sobre el alcance que debe otorgarse a la expresión "disposiciones de carácter general". Por lo demás, el precepto exige también que la conducta típica se lleve a cabo en alguno de los lugares que señala el precepto. A todo lo cual debe agregarse el elemento subjetivo: como señala la mencionada sentencia, "se trata de una infracción de mera actividad que, mediante las actividades que se describen -que han de poner en peligro grave la salud de las personas o el mundo animal o natural que se indica- devienen en un delito de peligro concreto" (STS de 26 de septiembre de 1.994). En definitiva, estaremos ante un delito de peligro concreto y grave (cfr también en tal sentido la S.T.S. de 13-3-2.000) que viene generado causalmente por la conducta del agente y cuya producción debe estar comprendida por la consciencia y la voluntad de éste. Este conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción es lo que configura el elemento subjetivo del delito en una gama que va desde la pura intencionalidad de causar el efecto, al dolo directo o eventual según el nivel de representación de la certeza o probabilidad del resultado de la conducta ejecutada y de la decisión de no desistir de ella a pesar de las perspectivas previstas por la mente del sujeto. Por último hay que añadir que la relevancia penal de las conductas descritas queda supeditada a que supongan un perjuicio grave para "el equilibrio de los sistemas naturales" o para la salud de las personas. Por sistemas naturales y, con fundamento en la redacción que tenía el antiguo artículo 347 bis, nuestra doctrina más autorizada opina que debe entenderse las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles.

2°.- Los hechos que se han declarado probados no integran este tipo penal. A la sala, visto el resultado de las pruebas practicadas en la sesión del juicio oral, no le cabe duda de que el acusado, al socaire del permiso de investigación que poseía, extrajo piedra de la cantera en cuantía suficiente para su comercialización. Ahora bien, como la extralimitación en que el acusado pudiera haber incurrido respecto del permiso de investigación que poseía es una cuestión de tipo administrativo, no es preciso detenerse más tiempo en justificar detalladamente las razones que nos llevan a estar convencidos de ello. Lo que sí hay que poner de relieve es que esa extralimitación no es subsumible en el delito previsto en el artículo 325 del C.P., pues la apertura de un carril, el destrozo parcial de la cumbre del cerro o el impacto visual paisajístico - escrito de acusación del ministerio público - no comportan necesariamente, y otra cosa no se ha probado, un potencial perjuicio para el equilibrio de los ecosistemas - condiciones de vida animal o vegetal de la zona -. Uno de los testigos, en concreto el Sr. Torres Cañadas, nos habló de encinas arrancadas en lo alto del cerro. Sin perjuicio, lógicamente, de otro tipo de responsabilidades que, eventualmente, pudieran exigírsele al acusado, tampoco sabemos si ello puso o no en peligro el equilibrio de algún ecosistema; no se ha practicado prueba pericial al respecto que hubiese podido aclarar el número de encinas que se arrancaron y si ello podía conllevar el riesgo de que el equilibrio de las condiciones de vida vegetal de la zona pudiese resultar alterado. En consecuencia, la acusación por este tipo penal no prosperará.

3°.- Tampoco prosperará la acusación por delito contra el patrimonio histórico al no constar probada la concurrencia en el caso de los elementos del tipo del artículo 323 del C.P. - daños en yacimiento arqueológico -. Al efecto hay que indicar que el informe que obra al folio 123 de las actuaciones se refiere a acumulación de piedra de la explotación sobre el yacimiento - debe entenderse sobre el terreno bajo el cual se emplaza el yacimiento -, lo cual sería subsanable, según dice el propio informe, quitando las que han caído sobre el mismo; sin que se haga alusión alguna a daños producidos en los restos que pudieran existir de la sepultura colectiva. El propio Sr. del Cerro Bex, en la declaración prestada en la sesión del juicio oral, añadió que las piedras que pusieron encima no dañarían el yacimiento, sino que, en todo caso, le servirían de protección. De otra parte el Sr. Martínez Fernández tuvo ocasión de exponer en la sesión del juicio oral que creía que el yacimiento, cuya existencia se conocía desde hacía ya muchos años, había sido expoliado a finales de la década de los ochenta o principios de la de los noventa, es decir antes de que el acusado comenzase la explotación de la cantera.

4° Procede declarar de oficio las costas causadas.

Vistos los artículos 141, 142, 203, 239, 240, 741 y 742 de la L.E.Cr y demás concordantes,

FALLAMOS


Que debemos absolver y absolvemos libremente a José Luis Franco Martínez de la acusación contra él deducida, declarando de oficio las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FIRME QUE SEA ESTA SENTENCIA, DEDÚZCANSE SENDOS TESTIMONIOS DE LA MISMA Y REMÍTANSE A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LAS CONSEJERÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Cliente: escribió hace 4 año.


No,es ésta:


 


5-Roj: SAP GR 1281/2000


 


AUDIENCIA PROVINCIAL


(Sección 1ª)


GRANADA


J. INSTRUCCIÓN Nº 4 GRANADA.- PROCEDTO. ABREVIADO Nº 290/98 -


JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 2 GRANADA (ROLLO Nº 179/99).-


APELACIÓN PENAL NÚM 85/2000.-


La Sección Primera de ésta Audiencia Provincial, formada por los Iltmos. Sres relacionados al


margen, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY, la siguiente


 


-SENTENCIA Nº 272-


ILMOS. SRES:


D. Carlos Rodríguez Valverde


D. Pedro Isidoro Segura Torres


D. Pedro Ramos Almenara


En la ciudad de Granada a veintinueve de Abril del año Dos Mil.-


Examinado, deliberado y votado en grado de apelación por la Sección Primera de esta Audiencia


Provincial, sin necesidad de celebración de vista, el Procedimiento Abreviado núm. 290/98, instruido por el


Juzgado de Instrucción Nº 4 de Granada , y fallado por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de los de esta capital


Rollo Nº 179/99, por delito contra la fauna, siendo parte, además del Ministerio Fiscal, como parte apelante


Rubén , representado por el Procurador D. Juan Luis García Valdecasas Conde y defendido por el Letrado D.


Felix Martín García y como apelado Juan Antonio , representado por la Procuradora Dª. Inmaculada Correa


Cuesta y defendido por el Letrado D. Francisco Javier Aguilera Garrido, actuando como Ponente el Iltmo. Sr.


Don Carlos Rodríguez Valverde.-



-ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.-


Por la Sra. Juez del Juzgado de lo Penal Nº 2 de los de Granada, se dictó sentencia con


fecha 14 de febrero del 2000 , en la cual se declaran probados los siguientes hechos: "Que sobre las 17


horas del día 14 de junio de 1.998, los acusados Juan Antonio y Rubén , ambos mayores de edad, sin


antecedentes penales, previamente concertados, se desplazaran hasta el paraje conocido como Barranco


Hondo de la localidad de Gójar, partido de Granada, y provistos de una red de dos bandas y cuatro reclamos,


capturaron un colorín, especie protegida a pesar de que en esa fecha era época de veda para la caza de


dicha especie.".-


SEGUNDO.- La parte dispositiva de dicha resolución expresa textualmente: "Que debo condenar y


condeno a Juan Antonio y a Rubén como autores responsables de un delito contra la flora y la fauna


previsto y penado en los arts. 335 y 337 del CP de 1.995 , sin circunstancias modificativas de la responsabilidad


penal, a la pena de multa de cuatro meses a razón de 200 pesetas de cuota diaria, privación de la licencia de


2


caza o de la facultad de obtenerla durante tres años y al pago por mitad de las costas causadas. Notifíquese


esta resolución a las partes, con la advertencia de que no es firme, pues contra la misma cabe recurso de


apelación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a su notificación, que deberá interponerse en


este juzgado.".-


TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de Rubén


en base a vulneración del principio de intervención mínima y error en la apreciación y valoración de las pruebas


practicadas, recurso al que se adhirió el también condenado Juan Antonio .-


CUARTO.- Presentado ante el Juzgado "a quo" el referido escrito de apelación se le dio traslado a las


demás partes por un plazo común de diez días, conforme el art. 795-4 de la Le y de Enjuiciamiento Criminal


, transcurrido el cual fueron remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, habiéndose señalado para su


deliberación, votación y fallo el día 24 del actual a las 12'10 horas, al no estimarse necesaria la celebración


de vista.-


QUINTO.- Se acepta íntegramente la relación de hechos probados, que contiene la sentencia apelada


y se quedó antes transcrita.-


SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.-



-FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.-


Por la parte apelante se alega como motivos de impugnación de la sentencia de instancia,


vulneración del principio de intervención mínima y error en La apreciación y valoración de las pruebas


practicadas, alegando en síntesis que el artículo 335 del Código Penal está reservado exclusivamente para las


infracciones de cierta entidad, evitando la superposición del ilícito penal y el administrativo, que en el presente


caso no ha quedado acreditado que el lugar concreto donde se realizó la captura fuese un paraje donde la


caza del pájaro en cuestión pusiese en peligro la reproducción de su especie o afectase gravemente el hábitat


y el equilibrio biológico de la misma, que además el colorín no es una especie protegida, sino que está sujeta


a autorización administrativa para su caza y que él contaba con dicha autorización, si bien estaba cazando en


época de veda lo que constituye una simple infracción administrativa.-


SEGUNDO.- Este tema ha sido recientemente tratado por el Tribunal Supremo en un caso análogo al


presente -concretamente la caza de 2 jilgueros en un bosque de la provincia de Almería- en sentencia de 8


de febrero del 2.000 en la que, entre otras cosas, se dice "la redacción completa del tipo del artículo 335,


integrando la remisión al precepto anterior, sanciona al que cace o pesque especies que no se encuentran


catalogadas en peligro de extinción, ni tampoco amenazadas, no estando expresamente autorizada su caza


o pesca por las normas específicas en la materia... la conducta así descrita no resulta subsumible en el


articulo 335 del Código Penal , que sanciona la caza o pesca de especies no autorizadas, pero no la caza


de especies autorizadas en lugares, momentos, cantidad o modo no permitidos, comportamientos éstos


últimos que pueden ser sancionados administrativamente, pero que no se incluyen en el tipo penal, pues


éste no puede aplicarse a casos distintos de los comprendidos expresamente en el mismo ( artículo 4.1º


del Código Penal de 1.995 )" y continua declarando "lo que se imputa al acusado no es la caza de una


especie cuya captura no está expresamente autorizada por la normativa específica en la materia, que es lo


que concretamente sanciona el tipo delictivo objeto de acusación, sino únicamente dar caza a dos ejemplares


de una especie para cuya captura se precisa la oportuna licencia administrativa de la Junta de Andalucía,


licencia o permiso de la que carecía el acusado, es decir que la conducta acreditada consiste en carecer


del oportuno permiso administrativo... La captura de un ejemplar en una especie cuya caza está autorizada


previa licencia o permiso especial, careciendo del mismo o fuera de los límites geográficos, temporales o


cuantitativos administrativamente establecidos, constituye una infracción administrativa, pero no se integra en


el artículo 335 del Código Penal " y concluye diciendo "se trata, en consecuencia, de una especie cuya caza


está autorizada, si bien sometida a un régimen especial de permisos y limitaciones por lo que no concurre el


elemento esencial definidor del tipo"; pues bien esto es precisamente lo que acontece en el presente caso,


ya que los acusados fueron detenidos cuando habían cazado un colorín, con artes prohibidas, en época de


veda y sin "la precisa autorización" (véase expediente sancionador, folio 5), como reconoció el apelante en


el juicio oral que "él estaba esperando que le dieran la licencia y que no sabía si la veda se había levantado


o no", conducta que integra una simple infracción administrativa y no el delito previsto y sancionado en el


mencionado artículo 335 del Código Penal , por lo que se ha de estimar el recurso y adhesión formulados.-


TERCERO.- De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal , interpretado a sensu contrario, se han de


declarar de oficio las costas de ambas instancias, al no poderse legalmente imponer a los acusados absueltos.-


3


Vistos los artículos citados y demás de aplicación, la Sección Primera de esta Audiencia Provincial


pronuncia el siguiente



-FALLO


Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Rubén , representado por el Procurador D.Juan Luis García Valdecasas Conde, así como la adhesión formulada por Juan Antonio , representado porla Procuradora Dª. Inmaculada Correa Cuesta, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la sentencia de 14 defebrero del 2.000, dictada en el Procedimiento Abreviado nº 290/98 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Granada


, absolviendo a ambos acusados del delito contra la fauna por el que venían condenados y declarando de oficio las costas de ambas instancias.-


Notifíquese en legal forma ésta resolución y a su tiempo, con certificación literal de la misma,


devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia para su conocimiento, cumplimiento y ejecución.-

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Los delitos ya los tienes

Art 335 y 337 del CP de 1.995

El autor es Juan Antonio y Rubén alega no se r autor y que ha internvenido sólo como mero acompañnte, siendo al menos complice o colaborador necesario si se puede demostrar

Que más necesitas?

Cliente: escribió hace 4 año.

Necesito hacer el análisis de éste caso,siguiendo éstos pasos,redactado unos 2 folios mínimo:


 


-el estudio de la estructura


y autoria del tipo: posible delito cometido de los recogidos en el código penal(analizando los elementos del tipo)



-Tipo objetivo :-sujeto activo-delitos comunes,delitos especiales-


-sujeto pasivo (titular del bien jurídico afectado )


-Acción


-tipos de imperfecta ejecución(actos preparatorios punibles,tentativa iniciada,tentativa acabada,cosumación)


 


-Causas de atipicidad


-Causas de justificación


-Tipo subjetivo (dolo/imprudencia)


-Concurso


-Penalidad


 


Todo acompañado de jurisprudencia de soporte.


 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Lamento decirle que sólo le puedo ayudar con dudas, no puedo realizarle el trabajo

No se si otro compñaero se lo podrá hacer

Gracias XXXXX XXXXX las molestias

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Estimada cliente,

Puede aproximarle un trabajo sobre los parámetros que indica, pero no lo podría tener hasta mañana por la mañana. No sé si le sirve esa fecha o no y quedo a su disposición para lo que me diga.

Hoy no veo viable realizar ese trabajo de varias horas de estudio.

Si le sirve mi compromiso, hoy de madrugada podría tener su trabajo, ante en mi caso no lo veo viable.

Todo ello sin perjuicio de que un compañero lo pueda redactar para hoy.

Quedo a disposición para lo que me diga.

Saludos cordiales,
Cliente: escribió hace 4 año.


El problema es que lo necesito para hoy.Para entregarlo a última hora de la tarde.


 

Cliente: escribió hace 4 año.


Piense q és un caso práctico para estudiantes.


No debe ser perfecto.


Solo necesito las repuestas a la del esquema.


 


Muchas gracias

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

¿Para cuando necesitaría el trabajo?

Al menos, si puede, aproxímeme hora.

Saludos cordiales,
Cliente: escribió hace 4 año.

De 17h a 18h aproximadamente.


 


De momento me podría buscar esta sentencia por favor (le pongo el escrito para q sepa de que va el caso).


 


Muchas gracias


STS 30 septiembre 2003


En el año 1995 Cipriano F. C. desempeñaba el cargo público de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Xeresa (Valencia). Como tal tuvo conocimiento de los vertidos de escombros y otros productos que se venían realizando en una serie de parcelas ubicadas en los polígonos 3 y 7 de dicho término, comprendidos en la marjal de La Safor, cuyo suelo estaba clasificado como "no urbanizable protegido, marjalería B". A fin de poder controlar tales vertidos, previa petición de los propietarios o cultivadores, fue concediendo en nombre del Ayuntamiento unas autorizaciones que decían: "En contestación a su atento escrito de fecha (la que se indica) y registro de entrada número (se indica) se le autoriza a efectuar almacenamientos de escombros, procedentes de obras, en la parcela abajo detallada, por un período de días (se indican) desde la fecha de este permiso. Esta autorización no ampara la siguiente relación de residuos: Vidrios, plásticos, cartones, papeles, neumáticos, botes, latas y otros envases; maderas, palets, muebles; chatarra, metales, electrodomésticos; productos genéricos de cualquier categoría tóxica, pinturas, alquitranes, herbicidas, aceites usados, etc.; baterías, acumuladores y similares; en general, cualquier producto considerado tóxico o peligroso, con un claro impacto negativo para el medio; todo tipo de materia orgánica. Por parte de esta Corporación se seguirá un control de los depósitos realizados, que, en caso de incumplimiento, llevará a la imposición de la oportuna sanción. Figurando la fecha del escrito, el sello del Ayuntamiento y la firma del Alcalde aquí acusado. Concediéndose en el año 1995 diez autorizaciones, en el año 1996 seis autorizaciones, en el año 1997 se concedieron dieciséis, añadiéndose el texto "que el dueño de la parcela deberá retirar los objetos flotantes"; en 1998 se concedieron diez, añadiéndose el texto "el dueño de la parcela deberá de dejar en buen estado el camino durante el depósito del material", siendo la última autorización de 13 de mayo de 1998. Si bien algunas de las autorizaciones eran para las mismas personas ampliando el tiempo de vigencia. Durante esos años y al amparo de las autorizaciones se fueron vertiendo en las parcelas principalmente escombros procedentes de la construcción, así como productos como envases, enseres domésticos, algunos envases de plástico y de productos fitosanitarios, así como arenas y otros productos inertes. Siendo todo ello depositado, no sólo sobre la superficie firme de las parcelas, sino también sobre una suerte de balsas anejas a algunas parcelas, la mayoría con cultivos de naranjos en producción, formados por la extracción de tierras que se aprovechaban para elevar el terreno, y también de forma natural por el agua que manaba de los acuíferos. Tales vertidos sobre las parcelas autorizadas y el aterramiento producido sobre parte de las balsas produjo una incidencia medioambiental de un valor "2-incidencia baja"

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Estimado cliente,

Le dejo la sentencia que me pide. Sobre las 18:00 le pasaré un trabajo esquemático, porque el tiempo no da para más.

Saludos XXXXX XXXXX esa hora le remitiré el trabajo que solicita.




Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)
Sentencia núm. 1073/2003 de 30 septiembre RJ 2003\6316







DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE: Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia: existencia: Alcalde que autoriza vertidos de escombros y otros productos sólidos en marjal, zona considerada como humedal, produciendo un aterramiento que destruye el espacio ambiental, incidiendo en el equilibrio ecológico, sin que la inexistencia de norma específica de protección impida la comisión del delito, habiendo normas nacionales y autonómicas que protegen los humedales, actuando en todo momento el alcalde con conocimiento del quebrantamiento medio-ambiental que producía y de la ilegalidad de su decisión; Responsabilidad civil: Restitución: existencia: la condena a Alcalde por autorizar el vertido de escombros en humedal lleva consigo la restitución del lugar a su costa; Concurso de delitos: concurso ideal heterogéneo con el tipo básico del art. 325 CP/1995: Alcalde que autoriza vertidos de escombros en humedal y causa una grave alteración medio-ambiental; Penalidad: prevaricación y delito contra el medio ambiente.

Jurisdicción: Penal
Recurso de Casación núm. 2863/2002

Ponente: Excmo Sr. José Antonio Martín Pallín

La Sentencia de la Audiencia de Valencia de13-06-2002, absolvió al acusado don Cipriano F. C. como autor de un delito de prevaricación medio-ambiental.

Contra la anterior Resolución recurrieron en casación la acusación particular «IDEA» y el Ministerio Fiscal, alegando los motivos que se estudian en los fundamentos de derecho.

El TSdeclara haber lugaral recurso y dicta segunda Sentencia en la que condena al acusado don Cipriano F. C. como autor de un delito de prevaricación medio-ambiental en concurso ideal con un delito contra el medio ambiente, a las penas de veinticuatro meses de multa con cuota de 50.000 pesetas diarias y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el primer delito y veinticuatro meses de multa con cuota de 50.000 pesetas diarias y dos años de inhabilitación especial para profesión u oficio por el segundo delito.

En la Villa de Madrid, a treinta de septiembre de dos mil tres.

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por el Ministerio Fiscal y acusación particular IDEA (Instituto de Defensa y Estudio Ambiental), contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvió al procesado Cipriano F. C., por delito de prevaricación y medio ambiente , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la vista y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, estando la acusación particular recurrente representada por la Procuradora señora C. V., siendo parte recurrida el procesado representado por la Procuradora señora C.

I. ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE HECHO
1

PRIMERO
El Juzgado de Instrucción número 2 de Gandía, instruyó sumario con el número 87/2001, contra Cipriano F. C. y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia que, con fecha 13 de julio de 2002 ( ARP 2002, 681) , dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados :

« Resultando : Probado, y así se declara, que el acusado Cipriano F. C., mayor de edad y sin antecedentes penales, en el año 1995 desempeñaba el cargo público de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Xeresa (Valencia). Como tal tuvo conocimiento de los vertidos de escombros y otros productos que se venían realizando en una serie de parcelas ubicadas en los polígonos 3 y 7 de dicho término, comprendidos en la marjal de La Safor, cuyo suelo estaba clasificado como “no urbanizable protegido, marjalería B”. A fin de poder controlar tales vertidos, previa petición de los propietarios o cultivadores, fue concediendo en nombre del Ayuntamiento unas autorizaciones que decían: “En contestación a su atento escrito de fecha (la que se indica) y registro de entrada número (se indica) se le autoriza a efectuar almacenamientos de escombros, procedentes de obras, en la parcela abajo detallada, por un período de días (se indican) desde la fecha de este permiso. Esta autorización no ampara la siguiente relación de residuos:

–Vidrios, plásticos, cartones, papeles, neumáticos, botes, latas y otros envases.

–Maderas, palets, muebles.

–Chatarra, metales, electrodomésticos.

–Productos genéricos de cualquier categoría tóxica, pinturas, alquitranes, herbicidas, aceites usados, etc.

–Baterías, acumuladores y similares.

–En general, cualquier producto considerado tóxico o peligroso, con un claro impacto negativo para el medio.

–Todo tipo de materia orgánica.

Por parte de esta Corporación se seguirá un control de los depósitos realizados, que, en caso de incumplimiento, llevará a la imposición de la oportuna sanción”.

Figurando la fecha del escrito, el sello del Ayuntamiento y la firma del Alcalde aquí acusado. Concediéndose en el año 1995 diez autorizaciones, en el año 1996 seis autorizaciones, en el año 1997 se concedieron dieciséis, añadiéndose el texto “que el dueño de la parcela deberá retirar los objetos flotantes”; en 1998 se concedieron diez, añadiéndose el texto “el dueño de la parcela deberá de dejar en buen estado el camino durante el depósito del material”, siendo la última autorización de 13 de mayo de 1998. Si bien algunas de las autorizaciones eran para las mismas personas ampliando el tiempo de vigencia.

Durante esos años y al amparo de las autorizaciones se fueron vertiendo en las parcelas principalmente escombros procedentes de la construcción, así como productos como envases, enseres domésticos, algunos envases de plástico y de productos fitosanitarios, así como arenas y otros productos inertes. Siendo todo ello depositado, no sólo sobre la superficie firme de las parcelas, sino también sobre una suerte de balsas anejas a algunas parcelas, la mayoría con cultivos de naranjos en producción, formados por la extracción de tierras que se aprovechaban para elevar el terreno, y también de forma natural por el agua que manaba de los acuíferos. Tales vertidos sobre las parcelas autorizadas y el aterramiento producido sobre parte de las balsas produjo una incidencia medioambiental de un valor “2-incidencia baja”».

II

SEGUNDO
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: Fallamos: absolvemos al acusado Cipriano F. C. de los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente de que venía acusado por el Ministerio Fiscal y por la Acusación Particular , con todos los pronunciamientos favorables, dejando sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieren adoptado contra el mismo a resulta de esta causa en las distintas piezas o ramos, y declarando de oficio las costas procesales causadas.

3

TERCERO
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el Ministerio Fiscal y la acusación particular , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

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CUARTO
El Ministerio Fiscal, basa su recurso en los siguientes Motivos de Casación :

«I.–Por infracción de Ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882, 16) por inaplicación indebida del artículo 329.2º o alternativamente 404, ambos del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y también por infracción de Ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por inaplicación indebida del artículo 325 del Código Penal».

–La representación de la Acusación Particular IDEA, basa su recurso en los siguientes Motivos de Casación :

«I.–Por infracción de Ley al amparo del núm. 1 del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

II.–Por infracción de Ley del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

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QUINTO
Instruidas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

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SEXTO
Hecho el señalamiento de la vista prevenida, se celebró la misma el día 10 de julio de 2003, con la asistencia de los letrados de ambas partes. La representación de la acusación particular renuncia al segundo motivo.

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SEPTIMO
Por la complejidad de la causa, se prorroga el término para dictar sentencia, siendo la última fecha del segundo Auto de Prórroga del día 4 de septiembre de 2003, prorrogándose en éste el término por 22 días más, hasta el 30 de septiembre de 2003.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El Ministerio Fiscal recurre contra la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial ( ARP 2002, 681) y formaliza un único motivo, sistematizado en dos apartados, relativos a la absolución del delito de prevaricación medio ambiental y del delito contra el medio ambiente. La acusación particular mantiene la misma tesis, por lo que, trataremos ambos motivos conjuntamente.

1.–En lo que se denomina apartado primero, se acude al artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882, 16) , para denunciar la inaplicación 329.2º o alternativamente del artículo 404, ambos del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1995, 777) .

En su opinión se han dictado una serie de resoluciones injustas, (autorizaciones), que reúnen los requisitos jurisprudenciales exigidos para estimar la existencia de un delito de prevaricación.

Considera que la resolución es injusta, por haber adoptado acuerdos y que no se encontraban amparadas por disposición legal alguna y que afectaban al «suelo no urbanizable protegido marjalería B». Estima que se han vulnerado una serie de disposiciones de carácter general y de ámbito autonómico que examina con profusión de detalles y alegaciones técnicas. Destaca que esta situación de injusticia sobresale más, si se tiene en cuenta que, la zona afectada gozaba de protección. Pone especial énfasis en combatir los argumentos de la sentencia absolutoria, que se basa en que el terreno no había sido declarado previamente zona húmeda. Sostiene que esta naturaleza se adquiere por su propia condición y configuración y no por declaración administrativa. En su opinión esto se demuestra con la lectura del artículo 103.1 de la Ley de Aguas ( RCL 1985, 1981, 2429) , que cita a continuación, así como con una serie de disposiciones, que avalan la tesis de la vulneración de las normas administrativas, que constituyen la base de la injusticia y la arbitrariedad.

Mantiene, en contra de lo afirmado por la sentencia, que el Alcalde actuó a sabiendas y que se ha producido una conculcación flagrante, clamorosa y evidente de la normativa que se debió aplicar. Por último considera evidente que, la decisión de aterrar un humedal produjo, como pusieron de relieve los medios de comunicación, un perjuicio a terceros y a la causa pública en general.

2.–Para llegar a una conclusión sobre la cuestión planteada, es necesario analizar de los argumentos y razonamientos utilizados por la Sala sentenciadora para llegar a una conclusión absolutoria, si bien ciñéndonos, exclusivamente, al contenido del hecho probado.

Como es lógico, no se discute la condición de funcionario del Alcalde, por lo que éste tema no es objeto de debate.

La sentencia da por sentado, que el acusado tuvo conocimiento de los vertidos de escombros y otros productos que se venían realizando en una serie de parcelas ubicadas en los polígonos 3 y 7 comprendidos en «el marjal de La Safor» cuyo suelo estaba clasificado «como no urbanizable protegido marjalería B».

Sostiene que, el Alcalde actuó con el fin de poder controlar tales vertidos y concedió autorizaciones a propietarios o cultivadores para el almacenamiento de escombros procedentes de obras, excluyendo determinados residuos que se enumeran en la citada autorización. Estas autorizaciones se extendieron a lo largo de un tiempo que va, desde el año 1995 hasta el 13 de mayo de 1998.

El hecho probado admite que se fueron vertiendo escombros, no sólo sobre la superficie firme de las parcelas, sino también sobre una serie de balsas anejas a algunas parcelas, la mayoría con cultivos de naranjos en producción, formados por la extracción de tierras, que se aprovechaban para elevar el terreno y también, de forma natural, por el agua que manaba de lo acuíferos.

Como resumen valorativo de todo lo que ha descrito, la sentencia afirma y reconoce que: «tales vertidos sobre las parcelas autorizadas y el aterramiento producido sobre parte de las balsas, produjo una incidencia medio ambiental de un valor 2-incidencia baja ».

3.–Las consideraciones previas que se hacen en los fundamentos de derecho son muy interesantes para perfilar la cuestión que se somete a nuestro examen. La descripción del entorno en que se sitúan los terrenos afectados y sus sucesivos usos a lo largo de los años aparecen perfectamente descritos. Los Marjales de La Safor, constituyen, «una superficie de tipo palustre y de carácter pantanoso, formada tanto por aguas de lluvia, como arrastre de la caída de las montañas, así como la emanada de los acuíferos o hullas». Los sucesivos cultivos de diferentes especies han producido una modificación de la geomorfología y del paisaje de las zonas afectadas. Se concluye este prólogo afirmando que la «degradación del Marjal B, de menor valor ecológico que los terrenos ubicados en la zona A, se han producido mayoritariamente» por las actuaciones efectuadas con anterioridad al año 1990. Reproduce con ello el informe sobre la incidencia medio ambiental de los vertidos, de 21 de febrero de 2000, elaborado por la Unidad de Inspección Medio Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, resaltando que todo ello es anterior al año 1995, que es cuando el acusado dio las autorizaciones. Con ello delimita el enjuiciamiento, a lo sucedido, entre la primera autorización de 20 de abril de 1995 y el acuerdo municipal, de 4 de agosto de 1998, por el que se suspendía las autorizaciones concedidas hasta la fecha.

4.–La sentencia realiza un minucioso y ordenado examen de la legislación que estima aplicable, ya que el delito de prevaricación exige, como elemento subjetivo, ligado indisolublemente al principio de culpabilidad, la conciencia de la arbitrariedad o injusticia de la resolución que no es otra cosa, que el apartamiento, consciente y deliberado de las ordenaciones legales y normativas que rigen las decisiones o actividades administrativas. Precisamente, tanto la acusación pública como la ejercida por la acusación popular, representada por una Asociación ecologista, censuran e impugnan la existencia de una cobertura legal que ampare las decisiones tomadas.

La sentencia, invoca las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalidad Valencia de 31 de octubre de 1989, que enumera las actuaciones prohibidas. El artículo 16, admite indirectamente que se trataba de un terreno especialmente protegido ya que, no sólo prohibía la edificación de tipo residencial, sino también el vertido de pesticidas y plaguicidas en las «acequias» si bien no se hace mención expresa a los escombros. Estimamos que, sin distorsionar el texto, con mucha más razón estarían contraindicados los vertidos o de residuos sólidos que autorizó el acusado.

5.–Entrando en el análisis de los elementos subjetivos del tipo de la prevaricación y proyectándolos sobre la modalidad específica de carácter medio ambiental, la resolución recurrida se apunta a un criterio meramente formalista. Sienta como tesis, que no se está obligado a proteger nada de lo que no haya sido especial y anteriormente declarado o catalogado como paraje protegido. Destaca que la propia acusación popular, reconoce que el Catálogo de Zonas Húmedas, fue publicado el 2 de febrero de 1998, si bien admite que las últimas autorizaciones eran posteriores a dicha fecha. Acogiéndose a la Ley de Aguas y al reparto de competencias entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, llega a la conclusión de que el acusado no tenía ninguna facultad sobre la zona húmeda. Refuerza esta conclusión haciendo notar que, la Consellería de Medio Ambiente informó, con fecha 20 de agosto de 1998, que no tiene declarada ninguna zona dentro del término municipal como «espacio natural protegido».

Para reforzar su convicción sobre la ausencia del elemento culpabilístico, añade que la concesión de las autorizaciones se hizo con el asesoramiento del Secretario del Ayuntamiento y del Técnico Agrícola. Descarta el dolo directo afirmando que una vez que se iniciaron las actuaciones judiciales (27 de julio de 1998), la Corporación Municipal tomó dos importantes acuerdos, suspendiendo las autorizaciones para vertidos y solicitando del Juzgado la delimitación y consideración, «como zona húmeda», del término afectado.

6.–Como ya se ha venido exponiendo, alguna de las afirmaciones de la sentencia recurrida para justificar que no ha existido vulneración de la normativa medio ambiental deben ser matizadas. En primer lugar, como hemos dicho, el artículo 16 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, establece unas pautas que cualquier lector, sea cual sea su condición profesional o su formación cultural, puede comprender. La exclusión de edificaciones y vertidos químicos en las acequias, supone, con abrumadora lógica, la prohibición añadida de autorizar actuaciones muchísimo más graves y destructivas, como los vertidos de escombros, que no sólo afectan a los cauces sino que eliminan los humedales en la zona en la que se producen. Como señala el Ministerio Fiscal, la Ley de la Generalitat Valenciana del Suelo no Urbanizable 4/1992 ( RCL 1992, 1673 y LCV 1992, 170) establece, con carácter general, el deber de «abstenerse de realizar cualesquiera actividades o actos que puedan tener como consecuencia o efectos la contaminación de la tierra, el agua o el aire».

Creemos que es posible enlazar esta disposición de carácter general, con la específica configuración orográfica de ciertas comarcas de la comunidad valenciana. La cultura del agua y de los humedales está profundamente arraigada en los habitantes de los terrenos próximos o cercanos a estas masas de agua, cuya reserva principal, mundialmente conocida, es la Albufera. Estos humedales, asociados a la pesca y al cultivo del arroz, son una seña de identidad de la región, especialmente valorada en dicha comunidad y que, de manera especial, debe ser apreciada por una persona que ostenta responsabilidades públicas. El Alcalde de una localidad en la que existen, desde tiempo inmemorial, unas zonas húmedas, no puede alegar, en ese contexto social, que la inexistencia de una norma específica de carácter prohibitivo autoriza, sin límites ni condicionamientos, una actuación tan agresiva como el vertido de residuos sólidos, hasta conseguir un aterramiento, que no sólo destruye el espacio, sino que elimina de raíz sus condiciones medio ambientales, incidiendo sobre el equilibrio de la naturaleza.

7.–Relacionando estas consideraciones con la interpretación que se debe dar a la legislación protectora del medio ambiente conviene citar, tal como hace el Ministerio Fiscal, que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, en materia administrativa, ha declarado que las zonas húmedas deben ser protegidas, sin necesidad de una declaración específica que las convierta, en virtud de una especie de acto taumatúrgico, obrado por el simple impulso del Boletín Oficial, en zonas protegidas. Cualquier persona que esté simplemente inmersa en su medio, sabe de antemano y con independencia de cualquier declaración formal, que las zonas húmedas constituyen un espacio singular en nuestra geografía y que, sólo por ello, cualquier actuación sobre las mismas, debe preservarlas de cualquier peligro concreto de desaparición, como ha sucedido en el caso presente con una superficie considerable del Marjal de La Safor.

La lenta maquinaria burocrática ha confirmado la condición de Espacio Natural Protegido y ha incluido el paraje que es objeto de este enjuiciamiento en el catálogo correspondiente. Ahora bien, mucho antes, Ley de Aguas en su artículo 103.1, establecía que: «Las zonas pantanosas o encharcadas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas» sin perjuicio de que su delimitación se realice de «acuerdo con la correspondiente legislación específica».

La misma Ley de Aguas contempla como dominio público los lechos de los lagos y lagunas (art. 2.e). Otras disposiciones de este mismo texto evidenciaban, desde su entrada en vigor la especial protección de estas zonas. Al regular la planificación hidrológica, hace una referencia específica al uso del agua en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales y considera de protección especial, determinados acuíferos o masas de aguas que, por sus características naturales o intereses ecológicos, lo justificase (art. 38 y 41).

En relación con el hecho que estamos examinando ya la Ley de Aguas prohibía, con carácter general, la acumulación de residuos sólidos o escombros que constituyan un peligro para la degradación del entorno (art. 89).

Se encomienda a los organismos públicos próximos a las zonas húmedas y a la Administración ambiental, la coordinación de acciones para una eficaz protección de su interés natural o paisajístico.

El Reglamento, que desarrolla aspectos parciales de la Ley de Aguas, impone el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua para cualquier actuación sobre el dominio público hidráulico ( RD 29 de julio de 1988 [ RCL 1988, 1825, 1967] , art. 11 y 20).

Asimismo la Normativa Comunitaria desde los años setenta, al regular los vertidos, advierte de la necesidad de proteger el medio acuático frente a toda clase de actuaciones de esta naturaleza que lo pongan en peligro.

8.–Otras disposiciones de carácter general, dictadas por la Generalitat Valenciana, como la Ley 11/1994 ( RCL 1995, 394 y LCV 1995, 4) de la Generalitat Valenciana de Espacios Naturales Protegidos nos dice claramente en sus artículos 15.1 y 2 que «se entenderán por zonas húmedas, a efectos de la presente Ley, las marismas, marjales, turberas y aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales». Volvemos a insistir, añadiendo argumentos de carácter cultural y científico, que la valoración de la necesidad de mantener el medio ambiente como patrimonio y garantía de las generaciones futuras, se ha integrado en el acervo cultural de la humanidad e incluso, las legislaciones más modernas, como la española, han llegado a incluir la protección al medio ambiente en el texto constitucional. Cualquier actuación, en un medio de tan especiales características como un marjal en tierras valencianas, obliga a desechar, impedir y desterrar cualquier actuación que, como los vertidos autorizados, puedan deteriorarlo incluso de forma irreversible. Estas advertencias y consideraciones no sólo se realizan en las Leyes que desarrollan la Constitución, sino también, como ya se ha dicho, las normas ambientales de carácter supranacional, como las de la Unión Europea, que son obligatorias en nuestro país. En este caso concreto existía, además, para reforzar la exigencia de adoptar posturas conservacionistas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (art. 7 de la Ley 4/1989 [ RCL 1989, 660] ), que advierte sobre la prohibición de cualquier acto que suponga una transformación sensible de la realidad física o biológica, que pueda llegar a hacer imposible o dificultar, de forma importante, la consecución de los objetivos de la planificación.

9.–La actuación es contraria a las previsiones legales, que de forma inequívoca advertían a cualquiera y mucho más a un Alcalde, gestor de los intereses sociales, que no se podía actuar con autorizaciones agresivas como las que se describen en el hecho probado, sobre un medio específico y de singulares características que debía ser especialmente protegido. La conciencia y voluntad de actuar de forma consciente para modificar y recalificar, en un futuro, los terrenos que surgen del aterramiento provocado por los vertidos (a sabiendas de la ilegalidad de su decisión) se pone de manifiesto por la actuación sobre una norma urbanística de gran trascendencia como es en cualquier municipio, el Plan General de Ordenación Urbana. El Alcalde acusado, por Decreto de 12 de mayo de 1997, pone en marcha una maniobra atentatoria al medio ambiente, como es la de cambiar la calificación del marjal a suelo urbanizable común, lo que suponía un grave peligro para la estabilidad ecológica del sistema. Como destaca el Ministerio Fiscal, la Dirección General de Desarrollo Sostenible, no lo consintió y rechazó la propuesta del cambio de calificación.

Este dato nos sitúa ante un conflicto permanente en todos nuestros municipios. La colisión entre los intereses de un desarrollo urbanístico y la protección medio ambiental, tiene un cauce de debate en los organismos especializados, que son los que se deben pronunciar sobre la viabilidad o no de los proyectos desarrollistas y urbanísticos y atemperar o eliminar, si es posible, el impacto medio ambiental, que no es, en absoluto, obstáculo para que el ensanche de los centros urbanos, pueda perfectamente encontrar otros cauces sin necesidad de agredir y destruir parcialmente un terreno, tan intrínsecamente protegible, como es un humedal de las características de la que estamos contemplando en este caso.

10.–Se termina alegando por la sentencia absolutoria, como dato que evidencia la ausencia de dolo del Alcalde, el hecho de que al conocer la iniciación de las actuaciones judiciales suspendió las autorizaciones que había venido dando. Esta argumentación no podemos compartir, en cuanto que no elimina, por sí sola, la convicción, por las razones ya expuestas, de que el acusado conocía perfectamente la trascendencia ecológica de la zona que estaba bajo su jurisdicción y no obstante, pasando por encima de las exigencias de la Constitución, de las Leyes y del deber de preservar el medio ambiente, autorizó actuaciones que dañaron y destruyeron un amplio espacio que va a ser costoso recuperar. Es evidente que actuó a sabiendas, es decir, con dolo y a conciencia de la injusticia y la ilegalidad de su decisión. Todos los factores que hemos consignado lo acreditan. Como se ha señalado por la doctrina el conocimiento de la antijuridicidad del acto se mide en función de la especial naturaleza de la realidad sobre la que se actúa. En este caso, era perfectamente factible que el autor conociese la realidad externa sobre la que, deliberadamente estaba actuando. El objeto sobre el que recae la acción formaba parte de un mundo, perfectamente accesible a la observación de sus circunstancias específicas. Con sus autorizaciones, contrarias a la legalidad y a la más elemental racionalidad, que proporciona del conocimiento del valor ecológico del humedal, produjo un daño de incuestionable impacto ecológico como reconoce la propia sentencia recurrida.

La actuación «a posteriori», cuando ya existía un requerimiento judicial para que suspendiese las autorizaciones, sólo es la expresión de una decisión obligada que, en caso contrario, habría dado lugar a un delito de desobediencia. En todo caso podríamos considerarlo, como un elemento o dato a tomar en consideración, a la hora de individualizar la pena, aunque hay que hacer constar que la reparación o disminución de los daños va a resultar muy costosa.

11.–Como consecuencia de lo anteriormente expuesto entramos en el tema de la responsabilidad civil contraída por el acusado a consecuencia del delito medioambiental cometido. Nuestro sistema penal contempla, como aspectos sustanciales de la misma la restitución, reparación o indemnización.

Las acusaciones solicitaron, como responsabilidad civil, el pago del importe, fijado pericialmente, de las tareas de recuperación, en lo posible, del Marjal de Xeresa, para restituirlo o restablecerlo en la situación anterior a los hechos que han sido objeto de enjuiciamiento.

Nos encontramos ante un supuesto en el que la actuación reparadora de los efectos y consecuencias del delito se mueven en las dos opciones posibles, la reparación y la indemnización.

Tratándose de un delito cometido contra un paraje de valor ecológico incuestionable, como reconoce la propia sentencia, el efecto reparador de la actuación del derecho penal, debe poner especial énfasis en la recuperación, a ser posible total, de la configuración del Marjal antes de que se empezase a actuar por parte del acusado, ya que no es posible establecer responsabilidad civil subsidiaria en este trámite, porque la Corporación Local no ha sido parte en el recurso de casación, ni ha sido oída.

El efecto más adecuado de la actuación del derecho penal, sería el de conseguir, en primer lugar, la restitución íntegra e indemne del objeto del delito o la reparación del daño o, en último caso, obtener una satisfacción indemnizatoria que no siempre colma las exigencias de las partes. En este caso la solución ajustada es la de realizar, a costa del causante, las actuaciones necesarias para retirar los escombros vertidos, levantando el aterramiento y restituyendo al Marjal de La Safor su estado anterior a los vertidos derivados de las autorizaciones ilícitas concedidas o actuaciones concertadas por el acusado.

En el ámbito del medio ambiente la búsqueda de la regeneración de los espacios afectados, es una aspiración del legislador que impone, según los casos, la reforestación o reposición de los elementos dañados. La reversibilidad del espacio a su situación anterior, la tiene en cuenta el propio Código Penal, al considerar como una agravante específica, el mero riesgo de que el daño sea catastrófico o irreversible.

Por lo expuesto esta parte del motivo debe ser estimada .

SEGUNDO

La segunda parte del recurso de las acusaciones versa sobre la existencia añadida, de un delito contra le medio ambiente al margen del delito de prevaricación que ya ha sido examinado.

1.–Los delitos contra el medio ambiente contemplan la posibilidad ilimitada de que cualquier persona pueda ser autora de los mismos, en función de la realización material de las conductas que se describen en el tipo básico del artículo 325 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) . No se trata, por tanto, de un delito especial propio, que exige una determinada cualidad o condición en el autor del hecho punible, por lo que, cualquiera que actúe en el marco punitivo previsto puede ser considerado autor del mismo. Ello no evita que, en algunos casos, que nada tienen que ver con el presente, como cuando se actúa en el seno de las personas jurídicas tengamos que indagar a quiénes se puede y se debe imputar la actividad delictiva.

En el caso presente, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento, desarrolla una doble actividad; concede autorizaciones de vertidos, que suponen un aterramiento, actuando al margen y con vulneración de las obligaciones específicas de vigilancia y protección del medio ambiente y como consecuencia directa de este comportamiento ilícito, ocasiona un daño medio ambiental específico, del que es responsable directo ya que, sin su autorización, no se habría llevado a cabo. El daño ambiental al margen de la actuación prevaricadora, tenía además, como desvalor añadido, el hecho de querer transformar un paraje de protección natural, por sus especiales características en suelo urbanizable, lo que demuestra que, además de su actuación administrativa irregular, estaba cometiendo, de forma directa y material, una de las conductas típicas previstas en el artículo 325 del Código Penal. Las personas que solicitaron la autorización para hacer los vertidos y que la obtuvieron, no aparecen implicados en unos actos, cuya materialización dependía directamente del acusado.

2.–La cuestión que debemos solventar es la relativa a punición de ambas conductas, en función de la posible conexión concursal, abriéndonos a todas las variantes posibles, según el texto punitivo, desde la concurrencia de normas, hasta las modalidades concursales de carácter real, ideal o medial. Esta cuestión tiene diversos precedentes en nuestra literatura jurisprudencial, lo que nos obliga a ponderar todas las tesis manejables, desde el punto de vista doctrinal y legal para buscar las que mejor solucionen el conflicto, que se nos presenta.

Para enfrentarnos a este dilema debemos partir, por razones lógicas y sistemáticas, del tipo penal que constituye el inicio de la vulneración de los derechos y bienes jurídicos tutelados. No cabe duda que la agresión al medio ambiente tiene su origen en una conducta, que hemos estimado prevaricadora y que tiene entidad propia e independiente, sin perjuicio de su conexión con la prevaricación genérica del funcionario, que se contempla en el actual artículo 404 del Código Penal. A consecuencia de esta decisión prevaricadora, se da vía libre para la realización de las conductas típicas que inciden de manera directa y con carácter autónomo, sobre otro bien jurídico protegido como es el medio ambiente, que tiene, a su vez, un rango constitucional. Desde este punto de vista, podemos aislar dos modalidades delictivas distintas, lo que descartaría los problemas y cuestiones derivadas de los conflictos de normas que confluyen sobre una determinada conducta. En términos más sencillos, podemos afirmar que, se ha prevaricado y además se ha ocasionado un daño al medio ambiente que, de otra manera, no se hubiera producido. Es precisamente la conducta prevaricadora del funcionario, garante de la protección de ambos bienes jurídicos, la que, que con su actuación dolosa, da vía libre a la producción del riesgo o daño.

4.–El concurso entre la prevaricación y las consecuencias derivadas o anudadas a la ejecución de la decisión prevaricadora, ha dado lugar a un debate doctrinal que se ha tenido en cuenta en algunas resoluciones jurisprudenciales. En las sentencias de 7 de noviembre de 1986 ( RJ 1986, 6813) y 10 de abril de 1992 ( RJ 1992, 2954) , se contemplan supuestos en los que la decisión prevaricadora ha ido seguida de un desalojo o demolición de una vivienda. En estos casos, se ha considerado que existía un concurso de normas, que producía la absorción de todo el desvalor del ordenamiento jurídico en el delito de prevaricación, llegando a considerar que, la demolición del edificio, no eran daños adicionales, sino secuelas civiles de la prevaricación.

Sin embargo, en otra sentencia de 22 de abril de 1996 ( RJ 1996, 2893) , que aborda una doble condena por cohecho y prevaricación, considera que no ha existido vulneración del «ne bis in idem». Establece como doctrina que la recepción de dinero por abstenerse de vigilar, es antecedente de la efectiva dejación de funciones que permitió que se llevaran el tabaco almacenado. Considera que ambas conductas son perfectamente separables y cada una de ellas merece su propia sanción.

5.–El punto sobre el que gira la construcción de las alternativas concursales, se centra en torno a la naturaleza y conformación del acto delictivo. Es decir debemos dilucidar si nos encontramos ante un solo hecho, en su sentido natural y jurídico, o ante varias acciones que pueden ser descompuestas, desde la perspectiva de lo que, en la doctrina se conoce como acción natural.

Desde el punto de vista del concurso de acciones, se puede admitir, a efectos puramente doctrinales y jurisprudenciales, que el delito de prevaricación es compatible con el delito contra el medio ambiente, si se cumplen las reglas generales de la autoría y participación. Se puede producir una connivencia entre el funcionario y el particular que lleve a aquel a la comisión de un delito de prevaricación, del que se puede considerar inductor al extraño, y por supuesto una cooperación necesaria en el delito medio ambiental.

Ahora bien, para ello es necesario contemplar las vicisitudes reales de cada caso y, en concreto, lo que ha sucedido, en el supuesto que ha sido objeto de recurso. El autor de la autorizaciones de vertidos ilegales fue el propio Alcalde, por lo que se considera autor de un delito de prevaricación específica contra el medio ambiente. No consta que ninguna otra persona haya participado, por inducción o compra de voluntades, en la expedición de las autorizaciones, lo que impide que busquemos responsabilidades mas allá de la actuación del funcionario público. Los terrenos sobre los que se producían los vertidos autorizados, eran de dominio Público y lo que pretendía el recurrente es que, por este medio se ganase ilícitamente una superficie, que después pretendía reconvertir en suelo urbanizable, lo que le transforma también, en autor del delito contra el medio ambiente.

6.–Si tenemos en cuenta que toda la lesión a los bienes jurídicos protegidos tiene su origen y causa directa en las autorizaciones ilegales, estimamos que nos encontramos ante un supuesto de concurso ideal heterogéneo, ya que la acción delictiva se proyecta sobre dos bienes jurídicos protegidos. Serían de aplicación, por tanto, las reglas previstas en el artículo 77 del Código Penal, que nos lleva a considerar, «a priori», la imposición, en la mitad superior, la pena correspondiente al delito que tenga fijada una sanción más elevada. Todo ello, sin perjuicio de buscar la formula más adecuada y proporcionada, cuando sea posible llegar a una solución más favorable para el reo, si se procede a penar por separado cada una de las infracciones constatadas.

7.–La pena correspondiente al delito de prevaricación del artículo 329 del Código Penal es la genérica de la prevaricación (artículo 404): inhabilitación especial para empleo o cargo Público por tiempo de siete a diez años, complementada por la pena específica del delito especial, que es la de seis meses a tres años de prisión o alternativamente, la multa de ocho a veinticuatro meses. Por su lado, la pena correspondiente al tipo básico del delito contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, es la de seis meses a cuatro años de prisión, con multa conjunta de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Como puede verse la combinación de opciones condenatorias, de muy diversa naturaleza e índole, y la necesaria búsqueda de la proporcionalidad e individualización de la pena, plantea problemas a la hora de escoger la pena imponible, según el artículo 77 del Código Penal.

En principio parece que la existencia de un delito cometido por un servidor público, que ostenta además la confianza de sus votantes, por ser un cargo electivo, aconsejaría decantarse como pena más grave por la de prevaricación, que permitiría una inhabilitación específica para cargo o empleo público por un tiempo mínimo de siete años y máximo de diez. A ello se acompañaría una pena privativa de libertad, que, situada en la mitad superior, nos llevaría a una duración de un año y nueve meses mínimo a tres años máximo. Como hemos señalado, cabe la alternativa por una pena de multa que afectase de forma importante al patrimonio del autor. Esta opción, en principio, podría satisfacer la adecuación de la pena a las circunstancias personales del autor y al contexto en el que se produce.

8.–Ahora bien el delito contra el medio ambiente, supone una infracción grave, que perjudica no sólo el buen funcionamiento de la Administración Pública, sino que supone un riesgo potencial o en todo caso una agresión, prácticamente irreversible, a una paraje medio ambientalmente protegido a través de una conducta típica, como es el aterramiento. La pena prevista en orden a privación de libertad es más extensa, seis meses a cuatro años lo que nos sitúa en una pena mínima de dos años y un mes a cuatro años de prisión, debiendo acumularse la pena de multa y manteniendo una inhabilitación que no afecta al cargo Público y sí solamente a la profesión u oficio. Como diremos más adelante, al motivar la individualización de la pena, los titulares de los poderes públicos y especialmente los Alcaldes, tienen un especial deber de cumplir con el mandato constitucional y legal que impone conservar y proteger el hábitat natural, no sólo en función del respeto por la calidad de vida, sino asumiendo que nos encontramos ante un bien permanente, que no es patrimonio de los actuales habitantes, sino que debe transmitirse a las generaciones futuras como muestra de una insoslayable solidaridad colectiva.

9.–No obstante, el artículo 77 del Código Penal, impone la punición por separado de ambas conductas delictivas cuando la pena que resulte de la aplicación de las reglas anteriores (delito más grave en su mitad superior) es superior a la que resultaría de penar los delitos separadamente.

En el caso presente la prevaricación permite una pena de multa, alternativa a la prisión, que va desde los ocho a los veinticuatro meses. Aplicando las previsiones del Código Penal sobre la forma de cuantificar la pena de multa, la cuota diaria, cuando todavía no se había adoptado el euro era de un mínimo de doscientas y un máximo de cincuenta mil pesetas. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, el impacto medioambiental producido y la desatención de los intereses generales, por parte de un servidor público elegido por voluntad ciudadana, estimamos que la cuantía ajustada y proporcionada del día-multa debe ser la de cincuenta mil pesetas. A su vez, por las mismas razones y por haberse sustituido la pena privativa de la libertad por una sanción pecuniaria, la cantidad debe calcularse sobre su duración máxima, es decir, veinticuatro meses. En relación con la pena de inhabilitación especial, su duración se debe fijar en ocho años, que equivalen a dos períodos electorales.

Por su parte el delito contra el medio ambiente nos permite imponer una pena de un año de prisión, una multa de veinticuatro meses en la cuantía de día-multa de cincuenta mil pesetas y una pena de inhabilitación especial para profesión u oficio de dos años.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado .

FALLO

Fallamos: que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusacion popular encarnada por el Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA), casando y anulando la sentencia dictada el día 13 de julio de 2002 ( ARP 2002, 681) por la Audiencia Provincial de Valencia, en la causa seguida contra Cipriano F. C., por un delito de prevaricación medio-ambiental y contra el medio ambiente. Declaramos de oficio las costas causadas . Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Don José Antonio Martín Pallín.–Don Julián Sánchez Melgar.–Don Diego Ramos Gancedo.

SEGUNDA SENTENCIA NUM. 1073/2003

En la Villa de Madrid, a treinta de septiembre de dos mil tres.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gandía, con el número 87/2001 contra Cipriano F. C., con DNI núm. ..., hijo de Francisco y de Concepción, nacido en Xeresa (Valencia), el día 20 de octubre de 1959, vecino de Xeresa, con domicilio en calle Colón número ..., sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en situación de libertad provisional por esta causa, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 13 de julio de 2002 ( ARP 2002, 681) , que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que hace constar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE HECHO
1

UNICO
Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia recurrida.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1

UNICO
Se dan por reproducidos los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia antecedente.

FALLO

Fallamos: que debemos condenar y condenamos a Cipriano F. C. como autor responsable de un delito de prevaricación medio ambiental en concurso ideal con un delito contra el medio ambiente a las penas de :

Por el delito de prevaricación medioambiental , veinticuatro meses de multa a razón de cincuenta mil pesetas por día y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Por el delito contra el medio ambiente , un año de prisión, una multa de veinticuatro meses a razón de cincuenta mil pesetas por día-multa y dos años de inhabilitación especial para profesión u oficio.

Además las correspondientes accesorias y las costas causadas. En ejecución de sentencia se hará la conversión de la multa a euros.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Don José Antonio Martín Pallín.–Don Julián Sánchez Melgar.–Don Diego Ramos Gancedo.

PUBLICACION. –Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
Cliente: escribió hace 4 año.


Quedo en espera de su respuesta.


 


Por cierto muy importante q halla algo de juríspudencia.


 


Muchas gracias XXXXX XXXXX ayuda.


 


Saludos Cordiales.

Cliente: escribió hace 4 año.


La valoración es referente a lo q queda pendiente que me remita esta tarde.


Gracias

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Por supuesto, a esa hora aproximadamente le tendré mi trabajo, con las limitaciones de tiempo que le indiqué.
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Una última aclaración por favor. Entiendo que el trabajo que me solicita versa sólo sobre la sentencia de la audiencia de granada, no sobre la del STS sobre caso distinta.

Confírmeme este punto, si es posible.
Cliente: escribió hace 4 año.


Si solo sobre la sentencia de Granada,la otra no.

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Le aproximo el trabajo y lo comentamos si usted quiere:



TRABAJO SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA, Secc 2ª, 1281/2000



I.ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA Y ANTECEDENTES DE HECHO

La estructura de la sentencia de referencia, dispone de una estructuración típica de antecedentes de hecho, funtamentos de derecho y fallo.

En relación a los antecedentes de hecho, se alzan los apelantes contra la sentencia de instancia, dictada por el juzgado de lo penal nº2 de Granada, que había fallado a en su contra, condenándolos como autores de un delito contra la fauna tipificado en el artículo 335 y 337 del Código Penal de 1995.
Se esgrimen los argumentos relativos a la vulneración del bien jurídico protegido y error en la apreciación y valoración de las pruebas practicadas.
Resuelve la sentencia de apelación revocar la sentencia de instancia. Fundamenta la misma de forma sucinta ern base a la Setencia del Tribunal Supremo que, en casuística similar sobre la caza de dos jilgueros en un bosque, resuelve revocar la sentencia del tribunal a quo en base a que el tipo específico del mentado artículo “sanciona al que cace o pesque especies que no se encuentran calogadas en peligro de extinción, ni tampoco amenazadas, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por las normas no descritas en la materia”
Concluye la Audiencia que no se está ante tal conducta típica, sino en todo caso ante una infracción de carácter administrativo, toda vez que la caza de la especie del supuesto de autos (colorín) está autorizada por la legislación en aquél momento vigente.



II.ESTRUCTURA DEL TIPO

En primer lugar hay que referir que la redacción original del artículo 335 del Código Penal, modificado en su redacción por la LO 15/2003 de 25 de noviembre, que establecía lo siguiente:

“El que cace o pesque especies distintas a las indicadas en el artículo anterior, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por las normas específicas en la materia, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses”

El tipo penal en su configuración primigenia ha sido muy amplio, interpretado a veces de forma amplia, sin pasar esa interpretación a través del filtro de lo que constituye su bien jurídico protegido, que se analizará en otro epígrafe.

El tipo penal lo integra el mero hecho de cazar o pescar, cualquier especie que no esté protegida ni en peligro de extinción, sin que existe expresa autorización (entiéndase normativa administrativa que autorice a tal fin) Dicho sea en otras palabras, la totalidad de la fauna que no tenga reservado un tipo penal más severo, como es el caso de las especies en peligro de extinción.

En la casuística de la jurisprudencia nos encontramos a menudo con casos singulares, donde una intepretación literal y ajena al bien jurídico protegido, ha catalogado como punibles conductas tales como la caza de gorriones comunes (SAP de Almería, de 3 de junio de 1998) o la pesca de un galápago común (SAP de Cáceres de 25 de mayo de 1998)

Esta interpretación ha sido matizada posteriormente por sentencias que han entendido que para apreciar la tipicidad de la conducta hay que poner ésta en relación con el bien jurídico protegido. Entronca esto también con el supuesto que analizamos, porque la caza de una especia que está autorizada, nos debe llevar a concluir que no hay afectación del bien jurídico protegido y la inaplicación del precepto, en relación a un principio de intervención mínima del derecho penal.

Entender el precepto de un modo literal y alejado del bien jurídico, ha sido calificado por el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de febrero de 2000, como una interpretación inconstitucional.

Tipo penal parcialmente en blanco o en blanco.
Numerosas sentencias han afirmado que este tipo penal es un tipo penal parcialmente en blanco, dado que remite a normativa subsidiaria, como la administrativa, que es la que nos dice la autorización existente o no para cazar una especial.

Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, en fecha de 4 de octubre de 2004, ha establecido que se trata de un precepto penal en blanco de dudosa constiticionalidad, estableciendo que:

“no puede ignorarse que la técnica de tipificación utilizada, sancionando como delictiva toda acción de caza o pesca que tenga por objeto una especie animal cuya captura no esté "expresamente autorizada" por la normativa administrativa aún cuando tampoco esté "expresamente prohibida", constituye una técnica difícilmente compatible con el principio de legalidad, que exige que el ámbito de lo delictivo se concrete a las conductas "expresamente prohibidas" (principio "pro libertate") y no a todo aquello que, sin estar prohibido, simplemente no está "expresamente" permitido”

Confirmando lo que numerosa jurisprudencia menor había advertido, el Tribunal Constiticional declaró inconstitucional dicho precepto por sentencia núm. 101/2012 de 8 may. En otros argumentos, indicó:

No sucede, sin embargo, lo mismo con las otras dos exigencias, pues, aun cuando el art. 335 CP 1995 (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) cuestionado señala la pena aplicable al delito que tipifica, no contiene el núcleo esencial de la prohibición ni satisface tampoco la exigencia de certeza.

La norma penal cuestionada en el presente proceso constitucional no contiene efectivamente el núcleo esencial de la prohibición toda vez que remite íntegramente y sin ninguna precisión añadida la determinación de las especies no expresamente autorizadas a las normas específicas en materia de caza, de modo que es el Gobierno, a través de normas reglamentarias y, en particular, de los correspondientes listados de especies cinegéticas, y no el Parlamento, el que en forma por completo independiente y no subordinada a la Ley termina en rigor por definir libremente la conducta típica.



III.SUJETOS ACTIVOS Y DELITO DE NATURALEZA COMÚN.


No nos encontramos a nuestro juicio en el presente caso ante un supuesto de delito especial, sino común, toda vez que no se exige que en el sujeto recaiga ninguna cualidad especial para que pueda ser idóneo como sujeto activo. No concurre en los sujetos del presente caso ninguna cualidad personal singular, al menos, de la información obtenida del material objeto de estudio.

Basta la comisión por cualquier persona del acto de caza o pesca no protegido.

A diferencia de este precepto, encontramos otros integrados sistemáticamente en el mismo capítulo del Código Penal, que establecen un delito de naturaleza especial, como por ejemplo el precepto que a continuación se cita:

Artículo 329.
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses.
2.Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.


A diferencia del anterior tipo penal, en el precitado, se exige la cualidad de “autoridad o funcionario público” lo que constituye ese elemento singular que ha de concurrir en la persona del sujeto activo, que configura el delito como especial.



IV.SUJETO PASIVO

El sujeto pasivo de la conducta descrita en el tipo penal del artículo 335 y en general de los delitos contra la flora y la fauna, lo constituye la “diversidad biológica” o “biodiversidad”, que constituye el bien jurídico afectado.

Este término se define en sentencias como la STS 19/5/1999 o SAP de Jaén de 22/02/2000 que puede ser definida como la variabilidad de organismos vivos y de complejos ecológicos de los que forman parte, a saber, diversidad genética, de especies y de ecosistemas.

Por otra parte, Biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano.

Podemos concluir en relación al epígrafe primero, que no todo animal es susceptible de esta protección, sino sólo aquellos cuya caza no esté expresamente autorizada, habiendo sido matizado esto según antes se señaló y con la casuística jurisprudencial variada que sobre el precepto se aplicó.


V.ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES. TENTATIVA Y CONSUMACIÓN.

El delito del artículo 335 CP está considerado como delito de resultado material, concretado en el hecho de cazar o pescar especies no autorizadas, por tanto, no hay obstáculo legal para que se considere viable la tentativa, no así los actos punibles, no expresamente tipificados en ninguno de los tipos penales del capítulo.

En apoyo de nuestro argumento hacemos cita de la sentencia núm. 34/1999 de 23 enero de la Audiencia Provincial de Granada que condena por un delito contra la fauna, si bien del artículo 334:

“Aparece evidente que los acusados fueron sorprendidos cuando pretendiendo cazar, mediante redes, aves fringilidas, especie que se halla protegida. Así pues se dan los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo, si bien no lograron su propósito, por lo que el grado de perfección del delito ha de estimarse en tentativa; y teniendo en cuenta además que el peligro inherente al intento fue escaso y de grado de ejecución alcanzado, procede imponer la pena inferior en dos grados.”


VI. CAUSAS DE ATIPICIDAD. DOLO E IMPRUDENCIA.


Entre las causas de atipicidad más reseñables, a nuestros juicio estaría el dolo o error en el tipo o en la prohibición. Cabe el dolo eventual y no existen tipos por imprudencia.

Todo los tipos penales de los delitos contra flora y fauna no admiten la imprudencia, han de ser necesariamente delitos dolosos. Por tanto el dolo es un elemento subjetivo del tipo, también del artículo 335 CP.

Otra vía de restricción de la aplicación del tipo es el error de hecho o de derecho.
En este sentido, se puede ver la SAP de Soria de 8 de enero de 1998.

A nuestro juicio, como se trata de un tipo penal en blanco, el error de hecho o de prohibición, también dependerá de si existió error de hecho o de prohibición de la respectiva norma administrativa.

Existiendo error sobre la especie cazada, por citar ese ejemplo, el tipo penal no puede ser aplicado.

Existiendo error sobre una norma de prohibición administrativa, tampoco puede ser aplicado.

Aquí hay que mencionar que la jurisprudencia establece que basta tener una cierta conciencia de ilicitud de la actuación para que el error de prohibición no pueda ser invocado.

En relación a los delitos de flora y fauna cuando el error recae en normativa extrapenal, se puede comprobar la Sentencia 168/98 de la Audiencia Provincial de Jaén.

Desconocemos en grado de desconocimiento del caso de los sujetos de la sentencia, en el caso presente, sobre la posibilidad de caza en esa zona.

En todo caso, a nuestro criterio, el uso de instrumentos de caza no selectiva, como redes, parece indicar que se asume, al menos con dolo eventual, la caza de cualquier especie, del mismo modo es significativo que no hayan procedido a la suelta de la misma.

VII. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

Entendemos tales causas las señaladas como:

Legítima defensa.
Cumplimiento de un deber

Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Estado de necesidad.


No hay obstáculo para advertir la existencia de las mismas en este precepto. Pensemos en una cazador que se encuentra con una especie cuya caza no está autorizada, pero que sufre una ataque de la misma, donde habría un supuesto jurídico más valioso que proteger (su vida) que debe prevalecer.

Obviamente, no son causas de justificación que se hayan presentado en el presente supuesto que analizamos.



VIII. CONCURSO

El concurso es posible con las figuras de los artículos 332 y 333 del CP de 1995.

No obstante, entendemos que se trata de un tipo subsidiario del artículo 334 y 336 del Código Penal, siendo excluyentes los tipos que indico, no pueden concursar con el artículo 335.

Aunque el presente caso no presentase relevancia penal ni entidad de delito, de haberlo existido, parece adecuado calificar por hechos por el artículo 335 frente al 336, toda vez que no se empleó veneno, ni explosivo ni instrumentos de similar impacto para la fauna.


IX. PENALIDAD

La penalidad del precepto 335 y del 337, al que va unido, viene constituida por una multa de 8 a 24 meses y inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres a ocho años.

La sentencia de primera instancia condenó, dentro del marco penal abstracto, a la pena mínima, ante la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (agravantes o atenuantes)

Probablemente se dencantó por tal concreción del marco penal por la escasa entidad del hecho y el nimio o nulo impacto en la biodiversidad de la región.



Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.


El trabajo es limitado por el tiempo, no obstante, he tocado los puntos que me indico con jurisprudencia y reflexiones sobre el caso en concreto.

Si tuviera varios días para prepararlo el resultado sería mejor. Incluso hoy he tenido tiempo libre para dedicárselo al misma, otro día no hubiera podido.

Otra vez le rogaría nos lo comunicase con más antelación.

A su disposición,
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Para cualquier duda, estoy a tu disposición.

En otro caso, agradecería una valoración del servicio prestado.

Saludos,
Cliente: escribió hace 4 año.


Buenas tardes ,


disculpe la tardanza de mi respuesta,no he podido conectarme hasta ahora.


 


En cuanto al bien juridicoo protegido cual sería?


 

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Biodiversidad. Está explicado conjuntamente con el sujeto pasivo.

A su disposición nuevamente,
Cliente: escribió hace 4 año.

El autor es Juan Antonio y Rubén alega no se r autor y que ha internvenido sólo como mero acompañnte, siendo al menos complice o colaborador necesario si se puede demostrar, o son los dos?


 

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.


Ese dato no lo veo en la sentencia.

En todo caso, si tiene el dominio de la acción y colaboró activamente en la caza, es autor.

Para definir si es autor y cómplice hay que ver si tiene el dominio de la acción o no.

Si ambos pusieron la trampa, por ejemplo, eran autores los dos.

La coautoría se presume salvo que pudiera probar que no manejó las trampas de caza. Cuestión ésta que dependería de muchos hechos.

A su disposición nuevamente,
Cliente: escribió hace 4 año.

los dos son acusados como autores no?


Con ésto,ya estaría zanjado el tema.


Muchas gracias XXXXX XXXXX y por su rapidez.


 


Saludos cordiales

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Hola,

La sentencia condena a los dos como autores, después los absuelven pero por otro motivo distinto. La petición del Fiscal es la de coautoría, la lógica en esos casos. En otro caso, el juez de primera instancia no hubiera podido condenar a más de lo que pidió el Fiscal (se deduce por la praxis habitual de la sentencia, aunque no aparezca el escrito) Esto son cuestiones procesales que tal vez ud no conozco si aun no ha dado la materia.

En el caso de una actuación conjunta de un delito poniendo trampas de caza, se presume la coatuoría de ambos, salvo casos de prueba marcadísima que exculpe de la autoría a uno de ellos.

El hecho de colocar la trampa ambos, quién se queda con la presa de caza, etc. Es muy difícil en una caso así defender la simple complicidad. La sentencia en los antecedentes de hecho por permite hablar de complicidad, no hay elementos suficientes para eso, sino de autoría.


Agradezco su confianza y confío valore positivamente mi respuesta.


Quedo a su disposición,

Eduardo,
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