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eduardolm
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Recibo comunicaciuon de un juzgado en el sentido de que banco

Pregunta del cliente:

Recibo comunicaciuon de un juzgado en el sentido de que banco popular pretende cobrarme 19.ooo euros por un swaps suscrito en 2008.Al año siguiente deje de operar con el banco,pero ellos no anularon este contrato y ahora me llevan a la via judicial pretendiendo cobrar.¿Que puedo hacer?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

eduardolm :

Estimado cliente

eduardolm :

Está ud en línea?

eduardolm :

Paso a responder a su duda.

eduardolm :

Ante la reclamación bancaria, mi consejo es que se intente anular dicho contrato por vicio del consentimiento

eduardolm :

En la mayoría de esos contratos las condiciones firmadas no eran conocidas realmente por el suscriptor de este producto financiera

eduardolm :

Ante la reclamación que efectúa la entidad, sólo quedaría responder en vía judicial intentando acreditar el desconocimiento íntegro del producto, algo bastante frecuente

eduardolm :

Hay muchos casos como el suyo y que se están resolviendo favorablemente frente a la entidad

eduardolm :

Tiene ud alguna duda?


 


 

eduardolm :

Le dejo una sentencia que apoya todo lo que le estoy diciendo

eduardolm :

Audiencia Provincial de Jaén (Sección 3ª)


Sentencia núm. 1/2012 de 13 enero JUR 2012\67917






    CONTRATOS BANCARIOS: CLASES: otros contratos: contrato de permuta financiera de tipos de interés o SWAP: nulidad: estimación: devolución de prestaciones recíprocas origen del contrato: XXXXX XXXXX vicio invalidante del consentimiento: XXXXX XXXXX que exige elevado nivel de conocimiento de productos de inversión: falta de información del producto y del riesgo que conlleva.


    Jurisdicción: Civil

    Recurso de Apelación núm. 339/2011


    Ponente: Ilmo. Sr. D. Saturnino Regidor Martínez


     



    AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN


    SECCIÓN TERCERA


    S E N T E N C I A Núm. 1/12


    Iltmos. Sres.:


    Presidente


    D. JESÚS Mª PASSOLAS MORALES


    Magistrados


    D. SATURNINO REGIDOR MARTINEZ


    D. JOSE ANTONIO CORDOBA GARCIA


    En la Ciudad de Jaén, a trece de enero de dos mil doce.


    Vistos en grado de apelación, por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio de Procedimiento Ordinario, seguidos en primera instancia con el núm. 453/10, por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Villacarrillo, Rollo de Apelación de esta Audiencia núm. 339/11, a instancia de D. Raúl , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Cuadros Rodríguez y defendido por el Letrado Sr. García Cerrillo, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Méndez Vilchez y defendido por el Letrado Sr. Carrillo Aranda.


    ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, de fecha 8 de abril de 2011 .


    ANTECEDENTES DE HECHO


    PRIMERO .- Por dicho Juzgado y en la fecha indicada se dictó Sentencia que contiene el siguiente Fallo: "Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Soto Gonzalo, en nombre y representación de D. Raúl contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. , representada por el Procurador Sr. López Palomares, debo declarar y declaro la nulidad del contrato de permuta de fecha 21/02/2.007 suscrito entre la parte actora y la demandada, debiendo estar y pasar la demandada por dicha declaración; asimismo, debo condenar y condeno a la entidad Banco Popular Español S.A. a la devolución de las prestaciones recíprocas nacidas del mismo, quedando sin efecto alguno aquellas otras prestaciones económicas que igualmente hubieran tenido su origen en el citado contrato de fecha 21/02/2.007; y que debo condenar y condeno a Banco Popular Español S.A. a abonar al actor los intereses legales, en los términos expresados en el fundamento jurídico quinto; ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas."


    SEGUNDO .- Contra dicha Sentencia se preparó e interpuso, en tiempo y forma por BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, Recurso de Apelación, que fue admitido en ambos efectos por el Juzgado de Primera Instancia, presentando para ello escrito de alegaciones en el que basaba su Recurso.


    TERCERO .- Dado traslado a las demás partes del escrito de Apelación, se presentó escrito de oposición por D. Raúl ; remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, en la que se formó el rollo correspondiente, y al no haberse practicado prueba, ni celebrado vista se declararon conclusas las actuaciones para dictar la Resolución procedente.


    CUARTO .- Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente Recurso el día referido en los Autos, en que efectivamente tuvo lugar.


    QUINTO .- En la tramitación de este Recurso se han observado las formalidades legales, redactándose la presente por el Magistrado Ponente Iltmo. Sr. D. SATURNINO REGIDOR MARTINEZ, que expresa el parecer de la Sala.


    ACEPTANDO los Fundamentos de Derecho de la Resolución impugnada.


    FUNDAMENTOS DE DERECHO


    PRIMERO


    .- Se articula recurso de apelación contra la resolución de instancia que estima la demanda articulada sobre la nulidad de un contrato de permuta financiera suscrito por las partes litigantes el 21 de Febrero de 2007.


    En el recurso articulado se discrepa de la conclusión alcanzada por el juez a quo al entender la parte apelante que no existió realmente un error en la prestación del consentimiento que invalidaría el negocio jurídico concertado.


    Con respecto al error invocado por la demandante como fundamento de su acción de nulidad contractual, debemos de recordar que para que se produzca la nulidad del consentimiento y por ende la del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.265 C.C ., es preciso que presente determinadas características, "como dispone el art. 1.266 y recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2.000 (entre otras muchas): "Debe recaer sobre la cosa que constituye su objeto (del contrato) o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; que no sea imputable a quien lo padece; que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad pretendida por el negocio concertado y que sea excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular (...)". Es decir, el error debe ser esencial, sustancial y excusable.


    Según la doctrina del T.S. la excusabilidad ha de apreciarse valorando las circunstancias de todo tipo que concurran en cada caso, incluidas las personarles de las partes, tanto de quien ha padecido el error como de las del otro contratante, "pues la función básica de este requisito es la de impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esta protección por su conducta negligente" ( S.S.T.S. de 4-1-82 y 28-9-96 ).


    La apreciación del error como vicio invalidante del consentimiento en este tipo de contratos de permuta financiera (swaps o clips) ha sido una constante en la jurisprudencia menor (pudiendo citar a tales efectos las resoluciones dictadas por esta misma Sala con fecha de 27 de Marzo de 2009, 25 de febrero de 2011, 2 y 16 de Diciembre de 2011, o las de las Audiencias Provinciales de Alava de fecha 7 de Abril de 2009, Pontevedra de fecha 7 de Abril de 2010, BURGOS de 2 DE JUNIO DE 2011, VALLADOLID 7 DE JUNIO DE 2011, ASTURIAS 10 DE JUNIO DE 2011, BALEARES 20 DE JUNIO DE 2011, ZARAGOZA 20 DE JUNIO DE 2011, TENERIFE 27 DE JUNIO DE 2011, PALENCIA 30 DE JUNIO DE 2011 o LUGO 26 DE JULIO DE 2011) apreciando precisamente dicho vicio por la actuación de las entidades financieras las cuales, aprovechándose de la confianza que en ellas depositaban sus propios clientes que tuviesen una determinada solvencia patrimonial, y bajo la falsa apariencia de comercializarles un producto para amortiguar las alteraciones o fluctuaciones de los tipos de interés existentes en un préstamo, les "colocaban" un producto cuyas consecuencias lesivas para el patrimonio de los clientes (conocidas por otra parte por las propias entidades financieras) no dejaban lugar a dudas, tal y como se refleja en las liquidaciones obrantes en el caso de autos por un importe superior a los 59.000 €.


    La propia parte actora señalaba en su demanda que, para cubrir posibles subidas de tipo de interés en el crédito que previamente tenía concertado con la entidad demandada, suscribió con ésta un contrato que, inicialmente, se le presentó por ésta como de seguro, aunque tal producto realmente, nada tenía que ver con un seguro, sino que se trataba de un instrumento financiero, más concretamente de una permuta financiera de tipos de interés, que está suponiendo para la actora unos gravísimos e inesperados perjuicios económicos, como revelan las liquidaciones practicadas en su contra.


    El contrato de permuta financiera de tipos de interés es un contrato con gran implantación en el tráfico mercantil, ya reconocido expresamente en el art. 2o de la ley 24/1.988 de 28 de julio ( RCL 1988, 1644 ; RCL 1989, 1149 y 1781) , del Mercado de Valores siendo su finalidad y causa la gestión y cobertura de riesgos financieros relacionados con ellos; es un contrato generalmente asociado a otros, siendo frecuente la alegación del cliente que, como en este caso, solicita su nulidad, de que incurrió en error (o fue inducido a ello por la entidad bancaria que le ofertó el producto) al creer que se trataba de un seguro gratuito de tipos de interés, que le cubriría en sus otras operaciones de hipotéticas subidas de los tipos de interés y le permitiría pagar un tipo fijo en sus operaciones a interés variable. Pero el Swap no es un seguro, siendo así que su operativa implica la sucesión de diversas liquidaciones periódicas que pueden ser positivas o negativas, además de no cumplir siquiera con uno de los principales y más básicos requisitos del contrato de seguro, como es el pago de la prima inicial ( art. 1o de la Ley de Contrato de Seguro ).


    Las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en los que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas modalidades en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de commodities o de materias primas y de acciones.


    En el swap de tipos de interés, como el que aquí nos ocupa, las dos partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal pero con tipos de referencia distintos, de tal manera que por debajo del inferior se producen liquidaciones en contra del cliente (la actora) y por encima de éste y hasta el siguiente se producen liquidaciones en beneficio de aquélla. En esta modalidad de swaps, no hay flujos de pagos en concepto de principal (que es un importe meramente nocional), liquidándose normalmente por diferencias los saldos respectivos entre las partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el supuesto más habitual, una de las partes acostumbra a pagar intereses a tipo variable en función del EURIBOR o LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (lo que se conoce como swap de fijo contra variable o "coupon swaps"); aunque también cabe el intercambio de flujos de intereses variables (swaps de variable contra variable o "basis swaps"), ya sea con distinta periodificación (EURIBOR a tres meses contra EURIBOR a seis meses) o con distinta indexación (EURIBOR a tres meses contra LIBOR a tres meses, etc.).


    Se trata en definitiva de un producto que debe de ser calificado como complejo y que exige un elevado nivel técnico de conocimiento de productos de inversión, en donde la empresa financiera se encuentra, en general, en una posición de superioridad respecto a sus clientes, al disponer de mayor información para la gestión de sus intereses en el mercado y para asesorar o recomendar la contratación de determinados productos financieros.


    Conforme se deriva del art 217.7 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , correspondería a la entidad financiera probar que la tarea informativa previa a la firma del contrato se llevó a efecto en forma suficiente y bastante, pues es dicha Entidad quien cuenta con la facilidad probatoria para hacerlo. Y, la realidad es que, en este sentido, nada ha probado de forma objetiva, sin que pueda ser valorada como objetiva la declaración prestada por el Director de la sucursal donde se suscribió el producto financiero, al ser éste un empleado de la propia demandada.


    En efecto la referida demandada no ha probado de forma objetiva haber realizado la labor informativa indicada, pudiendo haber aportado a autos algún justificante documental que así lo expusiera, algún dossier de los manejados en la explicación de los distintos escenarios en que pudiera verse alguien que suscribía un contrato de tal naturaleza, etc. Nada se ha hecho en tal sentido.


    Aunque no resulta de aplicación al caso de autos puesto que se trata de una normativa que entró en vigor con posterioridad al contrato litigioso, sí es ilustrativo reseñar que las exigencias de información previa en este tipo de instrumentos financieros, ya recogidas en la normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), han sido incorporados a la legislación española por la Ley 47/2007 ( RCL 2007, 2302 ) y Real Decreto 217/2008 ( RCL 2008, 407 ) , que exige que las entidades que presten servicios de inversión mantengan en todo momento adecuadamente informados a sus clientes, con una información imparcial, clara y no engañosa, debiendo obtener la información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente en el ámbito de la inversión correspondiente al tipo de producto para evaluar si el mismo es adecuado a las necesidades de aquél ( art. 79 bis de la mencionada Ley y sus concordantes del RD 217/2008 ).


    Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes y no constando acreditada la existencia de una información clara y precisa sobre el producto concertado, ha de concluirse que la parte actora no tuvo conocimiento de causa suficiente a la hora de firmar el mencionado contrato, con lo que su consentimiento se encontraba viciado por error en lo que era al esencia y sustancia de dicho contrato ( arts. 1265 y 1266 cc ), un error no imputable a dicha parte actora y, por ello, debe declararse la nulidad del mencionado contrato.


    Podría argumentarse en contra de tal aserto, como de hecho se hace en la contestación a la demanda y en el recurso articulado, que la parte actora, al ser representante de varias mercantiles era una persona cualificada para entender la trascendencia de lo que firmaba, pero, a tal efecto, hay que poner de manifiesto que la complejidad de este tipo de contratos requiere para su celebración una clara exposición e información a quien los va a suscribir, sin que pueda justificarse la omisión de información invocando una preparación técnica por el otro contratante que en este caso además no existe puesto que el hecho de llevar la gestión de varias empresas no significa que tenga capacidad para comprender de forma adecuada esta clase de productos complejos.


    En definitiva, en base a tales argumentaciones, procede desestimar el recurso de apelación articulado, confirmando la resolución recurrida que declara la nulidad del contrato de permuta financiera suscrito por los litigantes. Dicha nulidad conlleva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1303 CC ( LEG 1889, 27 ) , la nulidad de las liquidaciones realizadas al amparo de dicho contrato.


    SEGUNDO


    .- Dado el sentir de esta Sentencia, por imperativo del Art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , se imponen al apelante las costas de esta alzada.


    TERCERO


    .- Desestimado el recurso de apelación y confirmada la sentencia recurrida, ello determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª, apartado 9 , de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre ( RCL 2009, 2089 ) , complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.


    Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


    F A L L A M O S


    Que DESESTIMÁNDOSE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de VILLACARRILLO con fecha 8 DE ABRIL DE 2011 en Autos de Juicio ORDINARIO seguidos en dicho Juzgado con el número 453 del año 2010, debemos de CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE la referida resolución, imponiendo al apelante las costas de esta alzada, y pérdida del depósito.


    Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso de Casación y/o por Infracción Procesal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículo 477 y ss., 469 y ss., en relación con la Disposición Final 16 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) y demás preceptos concordantes, que habrá de interponerse mediante escrito que se presentará ante este Tribunal dentro de los veinte días siguientes a su notificación, previa constitución de depósito en cuantía de 50 euros -para cada uno de ellos-, que deberá ser ingresado en la cuenta de ésta Sección abierta en Banesto al nº 0713-0000-06-0339/11, todo ello de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre ( RCL 2009, 2089 ) , salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos, así como quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita).


    Comuníquese esta Sentencia por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia, con devolución de los Autos originales para que lleve a cabo lo resuelto.


    Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.


    PUBLICACION


    .- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha durante las horas de Audiencia Ordinaria; doy fe.



    Customer:

    Puedo para este caso nombrar abogado de oficio.Mi escasa pension de jubilado no me permite pagar un abogado

    eduardolm :

    Si, perfectamente, pero solicítelo cuanto antes

    eduardolm :

    Así el el abogado tendrá más plazo para contestar la demanda

    eduardolm :

    Como ve en el ejemplo de sentencia que le puse, solo es un ejemplo, hay sentencias favorables en casos como el que me indica

    eduardolm :

    Sobre todo si usted no tiene una formación económica

    Customer:

    Adonde debo dirigirme para solicitar abogado de oficio

    eduardolm :

    Hay dos opciones


     

    eduardolm :

    Al Colegio de Abogados de su localidad más cercana

    eduardolm :

    Dónde vive ud?


     

    Customer:

    En Madrid

    eduardolm :

    Le pasó los datos del ICAM de Madrid

    eduardolm :

    A veces estas solicitudes también se pueden hacer ante los servicios sociales del Municipio, pero el caso de Madrid en concreto lo desconozco

    eduardolm :

    tiene más dudas?


     

    Customer:

    no muchas gracias

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