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Abogado3044
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Buenas tardes: Mi marido lleva casi 3 años con irregularidad

Pregunta del cliente:

Buenas tardes:
Mi marido lleva casi 3 años con irregularidad de pago en sus nóminas y hace unos días le han obligado a firmar todas las nóminas correspondientes a un año entero. ¿ Es posible que intenten engañarle y den por cobradas esas nóminas, sin que haya llegado el ingreso al banco? Normalmente cobra por transferencia bancaria, pero algunas veces se lo dan en mano. Gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.


Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro.
En relación a su consulta le respondo que :

 

Es completamente irregular que le hagan firmar esas nóminas

Le acosnejo que denuncie en inspeccion de trabajo

No vuelvan afirmar nóminas

Si es posible que ante un eventual concurso alegauen haber pagado

 

 

Si tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dinero

Espero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Si bien es cierto que se pueden impugnar esas firmas efectuadas por error, lo mejor es no firmar nada

Le dejo sentencia que lo aclara, es decir, que hemos cometido un error pero no es insalvable


TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 453/2008, de 22 de mayo

Recurso 421/2008. Ponente: MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA.


EXTRACTOS

Nóminas firmadas por trabajador y no ingresadas no son documento liberatorio de pago por nulidad en el consentimiento prestado por error


"... Solo consta, en el escrito de parte ejecutante de fecha 19 de febrero de 2008, el reconocimiento de las mismas, pero, con la alegación de que lo hizo: pensando que le iban a ingresar estas cantidades el 21 de diciembre siguiente, lo que el empresario no efectuó. El magistrado de instancia, valorando estas declaraciones que no tienen acceso al extraordinario recurso formulado (art. 74, 97.2, 191 .b) y 194.3 de la LPL), llega al convencimiento de que no han sido abonadas, lo que implica la prueba de un engaño por el empresario o error del trabajador, para la firma de tales documentos. Por lo que, en aplicación del art. 1.265 del código civil , "será nulo el consentimiento prestado por error", en los contratos, que implica un vicio del consentimiento expresado en las referidas nóminas que invalidan el invocado efecto por la empresa recurrente, como liquidatorio del pago. Así, ninguna infracción de normas se contiene en la resolución recurrida, ni se infringe el principio constitucional de tutela judicial efectiva, por la falta de éxito de su pretensión liquidatoria, con la aportación por la empresa de las referidas copias de nóminas. Las nóminas, prevista en el art. 29.1 del ET como documento habitual de pago, no son un documento formal o solemne, que frente a otras circunstancias acreditadas que invalidan el consentimiento plasmado a su firma, sirvan de prueba del pago de los salarios de tramitación debidos, en la ejecución seguida. Por lo que, correspondiendo en exclusiva al magistrado de instancia, la valoración conjunta de lo actuado, de conformidad con el artículo 97.2 de la LPL , incluidas las declaraciones de parte sobre los documentos aportados a la litis, sin que sus conclusiones objetivas, puedan ser sustituidas por las subjetivas de parte, salvo que documento fehaciente o prueba pericial así lo acrediten, se concluye en la presente litis, que las nóminas aportadas no constituyen tal prueba fehaciente. Y, de ser las originales firmadas, teniendo la resolución recurrida por acreditadas, otras circunstancias que demuestran el impago que documentan, pese a ser las suscritas por el trabajador, se concluye como en la instancia que la deuda continúa pendiente. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Que con fecha 10 de marzo de 2.008 se dictó auto por el Juzgado de referencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Dispongo estimando parcialmente la oposición a la ejecución instada por la empresa Eurocrédito Cotolino S.L. contra el auto de 4-2-2008 , que la cantidad objeto de la presente ejecución debe ascender a 6.337,68 €, siendo los intereses y costas de 950,65 €.".

SEGUNDO.- Que contra dicho auto anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- La resolución recurrida, dictada en proceso de ejecución de sentencia firme de despido declarado improcedente, calcula en 6.337 ,68 €, la cantidad debida por al empresa en concepto de salarios de tramitación, y 950,65 €, como liquidación provisional, en concepto de intereses y costas, deduciendo, únicamente, de la cantidad total debida, 1.176,28 € abonados por la empresa en septiembre de 2006, mediante cheque bancario; no así, gastos por utilización de vehículo, por ser materia ajena por completo a la ejecución seguida; ni el importe de nóminas firmadas por el actor en los meses de agosto a noviembre, inclusive, por la valoración conjunta de lo actuado. Fundamentalmente, con la liquidación presentada también a la firma al actor, que no ha sido suscrita de conformidad por el empleado, y el procedimiento de extinción de la relación laboral seguido ante otro Juzgado de lo Social de esta sede, sobre extinción del contrato de trabajo (en el despido se acordó la reincorporación del trabajador), por impago, según declaraciones de la parte ejecutante.

La representación letrada de la empresa ejecutada formula recurso de suplicación, al amparo de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , solicitando la revisión del derecho aplicado en la instancia, denunciando incorrecta aplicación del artículo 24 de la Constitución española, en el razonamiento jurídico primero , al no tener por acreditado el pago de lo debido por la ejecutada, puesto que considera probado que el trabajador ha percibido de la empresa el importe total, en metálico, de 6.844,27 €, que se corresponde a las nóminas de agosto a noviembre de 2007, que se unen a las actuaciones. Dichas circunstancias, considera vienen acreditadas por el reconocimiento del propio trabajador que las suscribe, y que estima, no se contradicen con la posterior liquidación de 20 de diciembre de 2007, que se presenta con la entrega del cheque (cuyo importe deduce de lo debido, el magistrado de instancia), sin firmar de este documento, únicamente. Abonando posteriormente en metálico el importe de las nóminas firmadas, constituyendo una prueba documental suficiente e idónea, para justificar el pago que acreditan, correspondiente a los salarios de tramitación objeto de la ejecución seguida. Habiendo percibido el actor, cantidad superior a la debida por la empresa, reitera, en sede de recurso, que ninguna cantidad queda pendiente, siendo el trabajador, en cambio, deudor frente a la entidad de 506,59 € que reclama.

Del íntegro motivo del recurso, se deduce que la parte recurrente pretende que la resolución recurrida le causa indefensión, pues, a pesar de declarar probado la firma de las nómicas por el trabajador, no considera probado el pago que documentan. El mismo que se le exige en el trámite de ejecución seguido. En concreto, en la liquidación de los salarios de tramitación a consecuencia de sentencia de despido, declarado improcedente, con readmisión del trabajador, desde agosto a noviembre de 2007 , inclusive. No se discuten, pues, los parámetros de cálculo de los referidos salarios, ni su devengo, sino su pago, y la prueba del mismo. Luego, aunque no se exprese formalmente, en la resolución atacada, y dada la formalidad del recurso, lo que está impugnándose por el recurrente, con relación al precepto constitucional invocado, es la indebida aplicación de lo preceptuado en el art. 29.1 del Estatuto de los Trabajadores , con relación al artículo 217 de la LEC , sobre la carga de la prueba del pago de salarios, en este caso, de tramitación.

En primer término destaca que los antecedentes fácticos que fundan la resolución recurrida, no son los que fundan el recurso, ya que aquella, se limita a aludir a nóminas "presuntamente abonadas al trabajador y firmadas por él". Las nóminas que constan unidas a las actuaciones, en los folios 106, 107, 108 y 109, lo son, en copia, sin que conste reconocimiento de firma (que además precisaría aportar original), y el recurrente no solicita la revisión fáctica. Y, dichas copias, no serían adecuadas, al efecto, por más que dicha revisión fáctica no se inste en debida forma. Solo consta, en el escrito de parte ejecutante de fecha 19 de febrero de 2008, el reconocimiento de las mismas, pero, con la alegación de que lo hizo: pensando que le iban a ingresar estas cantidades el 21 de diciembre siguiente, lo que el empresario no efectuó. El magistrado de instancia, valorando estas declaraciones que no tienen acceso al extraordinario recurso formulado (art. 74, 97.2, 191 .b) y 194.3 de la LPL), llega al convencimiento de que no han sido abonadas, lo que implica la prueba de un engaño por el empresario o error del trabajador, para la firma de tales documentos. Por lo que, en aplicación del art. 1.265 del código civil , "será nulo el consentimiento prestado por error", en los contratos, que implica un vicio del consentimiento expresado en las referidas nóminas que invalidan el invocado efecto por la empresa recurrente, como liquidatorio del pago. Así, ninguna infracción de normas se contiene en la resolución recurrida, ni se infringe el principio constitucional de tutela judicial efectiva, por la falta de éxito de su pretensión liquidatoria, con la aportación por la empresa de las referidas copias de nóminas.

Las nóminas, prevista en el art. 29.1 del ET como documento habitual de pago, no son un documento formal o solemne, que frente a otras circunstancias acreditadas que invalidan el consentimiento plasmado a su firma, sirvan de prueba del pago de los salarios de tramitación debidos, en la ejecución seguida. Por lo que, correspondiendo en exclusiva al magistrado de instancia, la valoración conjunta de lo actuado, de conformidad con el artículo 97.2 de la LPL , incluidas las declaraciones de parte sobre los documentos aportados a la litis, sin que sus conclusiones objetivas, puedan ser sustituidas por las subjetivas de parte, salvo que documento fehaciente o prueba pericial así lo acrediten, se concluye en la presente litis, que las nóminas aportadas no constituyen tal prueba fehaciente. Y, de ser las originales firmadas, teniendo la resolución recurrida por acreditadas, otras circunstancias que demuestran el impago que documentan, pese a ser las suscritas por el trabajador, se concluye como en la instancia que la deuda continúa pendiente. En especial, al valorar el magistrado de instancia que en el momento coetáneo a su firma se produce la extinción del contrato de trabajo del actor (parece ser en otra resolución judicial dictada en Juzgado Social de la misma sede), con abono de cantidades, en cheque, al momento de la liquidación, sin que acceda a la firma de la liquidación y finiquito, el trabajador, que también la empresa le presenta a la firma.

En atención a lo expuesto procede la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Dado que la empresa recurrente no tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, conforme al artículo 233 de la LPL , procede la imposición de costas a la parte recurrente, al existir escrito de impugnación al recurso, en la cuantía de 600 €, en concepto de honorarios de Letrado.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


Desestimamos el recurso de Suplicación formulado por EUROCRÉDITO COTOLINO S.A. frente al auto del Juzgado de lo Social número Tres de Santander, de fecha 10 de marzo de 2008 , en virtud de ejecución de sentencia firme de despido Autos 561/07 , promovida por D. Felipe contra la empresa recurrente, y, en consecuencia, confirmamos la resolución recurrida.

Se hace expresa imposición de costas a la parte recurrente, en la cuantía de 600 €, en concepto de honorarios de letrado de la parte impugnante del recurso.

Dese a los depósitos constituidos el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para la unificación de doctrina, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación. El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 Euros (50.000 pesetas) en la cuenta nº 2410/0000/60/0421/08, abierta en la entidad de crédito Banco Banesto, Sucursal de Madrid, C/ Barquillo nº 49 Oficina 1006, para la Sala Social del Tribunal Supremo.

Devuélvase, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

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