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cuando los padres se han separado, la madre tiene una pareja

Pregunta del cliente:

cuando los padres se han separado, la madre tiene una pareja sentimiental con antecedentes penales, entre ellos malos tratos de genero y familia, y las niñas son maltratadas y vejadas por la pareja sentimental de la madre y ella lo consiente, se las ha llavado a vivir a otra comunidad, las ha empadronado allí, matriculado tambien, les ha quitado toda la documentacion (D.N.I. tarjeta sanitaria) movil etc., sin el conocimiento del padre ya que la custodia la tiene ella pero la patria potestad en compartida?
Se ha pedido una modificacion de medidas y las niñas ponen una denuncia que no se quieren por la madre y los motivos, se quedan con el padre y se presenta en el instituto la madre y su compañero y las meten en el coche de los pelos por la fuerza, se pone una denuncia y la guardia civil de esa comunidad los para porque iban con exceso de velocidad, entonces las niñas le dicen a los guardias que las han secuestrado, llaman al padre y este estaba con su abogado y el juez poniendo la dununcia y habla la guardia civil con el juez y este les dice que le tomen declaracion a todos (con un atestado que pone los pelos de punta al leer la declaracion de las niñas y la madre y su compañero se contradicen en la declaracion, pues bien despues de 4 horas en la comandancia se las lleva la madre porque dice el juez que tiene la custodia.
Siguen maltratandolas y no dejan que se comuniquen con su padre.
Para el dia 24 Octubre esta puesta la fecha de modificacion de medias y el juez ha pensado en trasladarlo a la comunidad en la que actualmente vive la madre.
Las niñas nos preocupan, el abogado dice que si en la otra comunidad no quieren aceptar el caso sería el tribunal supremo el que lo asignaria y que pueden pasar hasta años.
Es justo que porque un juez quiera quitarse el muerto de encima esas niñas tengan que seguir aguantando los maltratos y sin poder tener relación ninguna con su padre?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.




Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro.
En relación a su consulta le respondo que :

 

Efectivamente, las cosas pueden ir por ese derrotero, y sólo podemos tratar de salvar el problema temporal con informes psicológicos y todo tipo de pruebas que lleven a su señoría y al fiscal a la convicción de que el estado actual es de riesgo a las menores y solicitemos como MEDIDA CAUTELAR que la madre se vea privada de la custodia

 

 

Esta medida que puede poner su abogado se sustenta en las pruebas que podamos aportar para sustentarla y no va a ser fácil.

 

 

Busquen todo tipo de pruebas que concluyan que la situación es de alto riesgo a las menores y que su abogado presente la medida cautelar de privar a la madre de la custodia en beneficio de las menores

 

Es la única solución que se me ocuerre antes de comenzar el laberinto legal en el que sin duda están y en el que emplearán esos dos años fácilmente

Mi consejo es que centren sus esfuerzos en demostrar el riesgo y solicitar al juzgado que se les conceda la custodia por el grave riesgo actual de las menores


Si tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dinero

Espero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.

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Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

En asuntos de familia cada caso es un mundo pero pueden buscar jurisprudencia que les apoye

les dejo una sentencia pero conlleva mucho estudio y es complicado un caso como el suyo


AP Córdoba, Sec. 2.ª, 28/2010, de 5 de febrero

Recurso 403/2009. Ponente: JOSE MARIA MORILLO-VELARDE PEREZ.


EXTRACTOS

Se mantiene la guarda paterna ante la situación de riesgo que presenta la madre, sin estabilidad económica con su nueva pareja, ni un óptimo estado de salud y con la posibilidad de volver a incumplir el régimen de visitas por lo que ya fue condenada


"... Para decidir sobre la atribución de la guarda y custodia de los niños al padre, cuya impugnación constituye el primer motivo del recurso, la juzgadora se ha basado mediante una exhaustiva argumentación en el informe del equipo psicosocial que consta en las actuaciones.

Si bien se parte en él de la premisa de que ambos progenitores cuentan en mayor o menor medida con los recursos necesarios para cubrir las necesidades del cuidado diario de sus hijos y dar respuesta a las exigencias en orden al desarrollo intelectual de los mismos, señalan tras un extenso razonamiento que en la madre concurren determinados factores de riesgo que derivan, de un lado, de su incapacidad para reconocer las necesidades de sus hijos al margen de las suyas propias, o bien una ignorancia sobre tales necesidades o ambas cosas a la vez; de otro, del hecho de mostrar un comportamiento inadecuado en situaciones de conflicto que consiste en romper cualquier relación con la persona allegada con la que se entre en él, considerando que con tal proceder se influye negativamente sobre el desarrollo emocional de los niños.

A lo largo de seis abigarradas páginas, la Juez glosa in extenso el referido informe y asume sus conclusiones para llegar a la determinación de que el principio del favor filii tiene adecuada satisfacción con el desempeño por el demandado hoy recurrido de la guarda sobre los menores. ..."

"... los factores de riesgo que se exponen en el informe pericial son compatibles con la dedicación normal que la apelante ha venido teniendo con sus hijos; lo que realmente denotan es una reacción anómala y perjudicial para ellos en el caso, nada extraño, de que la situación de conflicto se recrudezca respecto de quien fue su pareja y es el padre de los menores, pues entonces la apelante tiende sencillamente a ignorarlo tanto para sí como para éstos, anteponiendo sus propias necesidades a la de los hijos.

Pero es que, además, la sentencia hace alusión a una serie de circunstancias, cuya realidad no se discuten en el recurso, que sugieren una mayor estabilidad de toda índole en el progenitor.

Así, la actual pareja de la apelante, de quien depende económicamente ésta, no tiene un trabajo legalizado, sino que obtiene ingresos mediante actividades no regladas laboralmente; la pareja resultante de la nueva unión carece de redes de apoyo estable; el estado de salud de la apelante al tiempo del informe pericial no es óptimo dado que padece una adenopatía cervical de origen incierto que la ha tenido durante más de medio año y, pese a tenerlo contraindicado, logró quedarse embarazada, persistiendo en su propósito de un nuevo embarazo pese a los riesgos que pudiera depararle para el embrión y para ella misma; existe riesgo de que vuelva a entorpecer el cumplimiento del régimen de visitas como ya lo hizo con anterioridad, al tener un concepto propio del sistema ideal en que debe desarrollarse, cuyo dato quedó corroborado por la condena de la apelante como autora de una falta del artículo 618.2 del Código Penal también considerada en la sentencia; y, finalmente, no ofrece garantías de que cambie de población de residencia en atención a sus circunstancias laborales.

Ningún óbice, por el contrario, se ha encontrado en el apelado, perfectamente capacitado como se ha indicado al principio para desempeñar su cometido de padre, por lo que, en definitiva, cabe señalar que las conclusiones de la sentencia se adecuan a la pauta establecida en el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que la Sala encuentre razones suficientes para considerar que se aquéllas no obedecen a la más estricta racionalidad, por lo que el motivo ha de ser desestimado. ..."

Tratándose de una pareja de hecho y siendo además la vivienda de propiedad exclusiva de uno de los conviviente no es posible aplicar las reglas de gananciales, es ajeno a este procedimiento todo lo relativo a la eventual enajenación de la vivienda


"... En el último motivo la apelante denuncia la infracción del artículo 96 del Código Civil , sobre atribución del uso de la vivienda familiar, lo que no deja de sorprender en la medida en que la sentencia no hace ningún pronunciamiento sobre el particular.

Realmente sostiene que hizo dejación de su derecho con la intención de que los hijos vivieran en él, pero posteriormente ha sabido que el padre, junto con sus hijos, han cambiado de domicilio.

En este sentido, es criterio de la Sala que salvo la protección legal que la vivienda familiar tiene en el ámbito de los procesos de familia, la decisión de los justiciables sobre el mantenimiento de la misma o su cambio por otra no tiene ninguna cortapisa que merme el contenido del artículo 19 de la Constitución que reconoce el derecho a la libre residencia, esto es, la autodeterminación del ciudadano respecto del lugar físico en el que desarrollar los aspectos más íntimos de la vida.

Pero en el caso que nos ocupa, se trataba de una vivienda propia del apelado, cuyo uso no fue discutido por la recurrente en la medida en que no ha solicitado la guarda y custodia de sus hijos en el domicilio que fue familiar, ya que se ha desplazado a Madrid donde convive con su actual pareja.

Por otra parte, la invocación del interés de la sociedad conyugal a que se apela en el recurso carece de todo sentido, pues los litigantes constituyeron una pareja de hecho que impide aplicar las reglas propias de la comunidad de gananciales, por lo que es ajeno a este procedimiento especial todo lo relativo a la eventual enajenación de la vivienda. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO


Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia recurrida, y

PRIMERO.- El día catorce de julio de dos mil nueve, el Juzgado de 1ª Instancia referido dictó sentencia cuya parte dispositiva establece:

«»

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se preparó en tiempo y forma recurso de apelación por la parte demandante que con posterioridad y en virtud del traslado conferido fue interpuesto en base a la argumentación de hechos y fundamentación jurídica que expresó, dándose traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a la parte contraria por el término legal, que se opusieron; tras lo cual se remitieron las actuaciones a este Tribunal que formó el correspondiente rollo.

Esta Sala se reunió para deliberación el día cuatro de febrero de dos mil diez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Conforme al artículo 748.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la parte demandante, por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 91 del Código Civil , dedujo demanda ante los Juzgados de familia de esta ciudad con el objeto de que se acordasen medidas sobre guarda y custodia de los hijos habidos en el seno de la convivencia more uxorio que sostuvo con el demandado.

En su contestación a la demanda, éste interesó que la guarda y custodia de los menores le fuera atribuida y se estableciera un régimen de visitas a favor de la madre, con la obligación con cargo a ésta de pagar una pensión por alimentos.

La sentencia de instancia desestimó las pretensiones de la actora y falló acordando el establecimiento de las medidas que solicitó el demandado, en los términos que constan en el antecedente de hecho primero de esta resolución.

Frente a ella se alza el recurso, que combate todos y cada uno de los pronunciamientos de la sentencia.

SEGUNDO.- Para decidir sobre la atribución de la guarda y custodia de los niños al padre, cuya impugnación constituye el primer motivo del recurso, la juzgadora se ha basado mediante una exhaustiva argumentación en el informe del equipo psicosocial que consta en las actuaciones.

Si bien se parte en él de la premisa de que ambos progenitores cuentan en mayor o menor medida con los recursos necesarios para cubrir las necesidades del cuidado diario de sus hijos y dar respuesta a las exigencias en orden al desarrollo intelectual de los mismos, señalan tras un extenso razonamiento que en la madre concurren determinados factores de riesgo que derivan, de un lado, de su incapacidad para reconocer las necesidades de sus hijos al margen de las suyas propias, o bien una ignorancia sobre tales necesidades o ambas cosas a la vez; de otro, del hecho de mostrar un comportamiento inadecuado en situaciones de conflicto que consiste en romper cualquier relación con la persona allegada con la que se entre en él, considerando que con tal proceder se influye negativamente sobre el desarrollo emocional de los niños.

A lo largo de seis abigarradas páginas, la Juez glosa in extenso el referido informe y asume sus conclusiones para llegar a la determinación de que el principio del favor filii tiene adecuada satisfacción con el desempeño por el demandado hoy recurrido de la guarda sobre los menores.

Como puede fácilmente colegirse, el núcleo fundamental del motivo de impugnación que esgrime la apelante tiende a desvirtuar esa valoración probatoria que sostiene el fallo recurrido.

Su concreto desarrollo responde a dos líneas argumentales bien definidas, en las que la primera es la falta de consideración en el informe y en la sentencia apelada del comportamiento del apelado en la época inmediatamente posterior a la ruptura de la pareja, en que incumplió el régimen de visitas y se apoderó de cierta cantidad en metálico procedente de los ahorros familiares, en tanto que la segunda se refiere al correcto desempeño por la apelante de sus obligaciones maternas. No obstante, estas consideraciones no son suficientes para desvirtuar la apreciación que del conjunto de la prueba ha realizado la juzgadora.

Ha de indicarse que el estudio realizado por los técnicos ha sido profundo y dilatado en el tiempo, habiéndose extendido al examen pormenorizado de las circunstancias que rodeaban a los progenitores, tanto en el aspecto personal como en su nueva vida, y a los menores, sin que en ningún momento se haya cuestionado que la madre cumpliera sus cometidos.

Dicho análisis se refiere a un lapso de tiempo posterior a la ruptura, que de suyo propicia inestabilidad emocional a quienes la sufren en los momentos subsiguientes a la misma, por lo que realmente adquiere mayor valor la observación de las conductas desplegadas al cabo del tiempo respecto de las que se encuentran dominadas por tal circunstancia emotiva.

Por otra parte, los factores de riesgo que se exponen en el informe pericial son compatibles con la dedicación normal que la apelante ha venido teniendo con sus hijos; lo que realmente denotan es una reacción anómala y perjudicial para ellos en el caso, nada extraño, de que la situación de conflicto se recrudezca respecto de quien fue su pareja y es el padre de los menores, pues entonces la apelante tiende sencillamente a ignorarlo tanto para sí como para éstos, anteponiendo sus propias necesidades a la de los hijos.

Pero es que, además, la sentencia hace alusión a una serie de circunstancias, cuya realidad no se discuten en el recurso, que sugieren una mayor estabilidad de toda índole en el progenitor.

Así, la actual pareja de la apelante, de quien depende económicamente ésta, no tiene un trabajo legalizado, sino que obtiene ingresos mediante actividades no regladas laboralmente; la pareja resultante de la nueva unión carece de redes de apoyo estable; el estado de salud de la apelante al tiempo del informe pericial no es óptimo dado que padece una adenopatía cervical de origen incierto que la ha tenido durante más de medio año y, pese a tenerlo contraindicado, logró quedarse embarazada, persistiendo en su propósito de un nuevo embarazo pese a los riesgos que pudiera depararle para el embrión y para ella misma; existe riesgo de que vuelva a entorpecer el cumplimiento del régimen de visitas como ya lo hizo con anterioridad, al tener un concepto propio del sistema ideal en que debe desarrollarse, cuyo dato quedó corroborado por la condena de la apelante como autora de una falta del artículo 618.2 del Código Penal también considerada en la sentencia; y, finalmente, no ofrece garantías de que cambie de población de residencia en atención a sus circunstancias laborales.

Ningún óbice, por el contrario, se ha encontrado en el apelado, perfectamente capacitado como se ha indicado al principio para desempeñar su cometido de padre, por lo que, en definitiva, cabe señalar que las conclusiones de la sentencia se adecuan a la pauta establecida en el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que la Sala encuentre razones suficientes para considerar que se aquéllas no obedecen a la más estricta racionalidad, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO.- En el siguiente motivo, la apelante no deja claro si impugna el régimen de visitas establecido en la sentencia como consecuencia de haber otorgado la guarda y custodia al padre, con lo que quedaría contestado con lo dicho anteriormente, o solicita para sí la modificación del judicialmente fijado.

En cualquier caso, debe correr la misma suerte desestimatoria del anterior porque no existen reglas positivas que regulen esta materia, quedando a la discrecionalidad del juzgador, asentada en el principio de protección del interés de los menores, su concreta fijación.

Examinado con detenimiento este apartado de la sentencia, no encuentra este tribunal motivo alguno para sustituir el establecido en ella por el propuesto por la demandante, ni se ha razonado por ésta los motivos de los concretos puntos en que disiente ni en qué medida la propuesta satisface mejor aquel principio, por lo que puede concluirse que sencillamente pretende sustituir de forma injustificada el criterio el de la juzgadora de instancia por el suyo propio, intención que la Sala no puede sancionar.

CUARTO.- Seguidamente la apelante impugna la determinación del fallo en la que se fija la contribución que la madre ha de aportar para coadyuvar al sostenimiento de sus hijos, de cien euros por cada una de ellos.

De nuevo el recurso articula este pedimento subordinado a la petición que encerraba su primer motivo, por lo que, desestimado aquél, cae por su base éste. Además, no discute en absoluto el alcance de la obligación establecida en la sentencia sino que se limita a señalar la cantidad que le correspondería abonar al padre para el supuesto de que el recurso se estimara, lo que no es el caso.

QUINTO.- En el último motivo la apelante denuncia la infracción del artículo 96 del Código Civil , sobre atribución del uso de la vivienda familiar, lo que no deja de sorprender en la medida en que la sentencia no hace ningún pronunciamiento sobre el particular.

Realmente sostiene que hizo dejación de su derecho con la intención de que los hijos vivieran en él, pero posteriormente ha sabido que el padre, junto con sus hijos, han cambiado de domicilio.

En este sentido, es criterio de la Sala que salvo la protección legal que la vivienda familiar tiene en el ámbito de los procesos de familia, la decisión de los justiciables sobre el mantenimiento de la misma o su cambio por otra no tiene ninguna cortapisa que merme el contenido del artículo 19 de la Constitución que reconoce el derecho a la libre residencia, esto es, la autodeterminación del ciudadano respecto del lugar físico en el que desarrollar los aspectos más íntimos de la vida.

Pero en el caso que nos ocupa, se trataba de una vivienda propia del apelado, cuyo uso no fue discutido por la recurrente en la medida en que no ha solicitado la guarda y custodia de sus hijos en el domicilio que fue familiar, ya que se ha desplazado a Madrid donde convive con su actual pareja.

Por otra parte, la invocación del interés de la sociedad conyugal a que se apela en el recurso carece de todo sentido, pues los litigantes constituyeron una pareja de hecho que impide aplicar las reglas propias de la comunidad de gananciales, por lo que es ajeno a este procedimiento especial todo lo relativo a la eventual enajenación de la vivienda.

SEXTO.- No procede hacer expresa condena en cuanto a las costas de la alzada.

VISTOS los preceptos mencionados y los demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS


Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Fátima contra la sentencia dictada con fecha catorce de julio de dos mil nueve por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de esta ciudad , cuyo fallo se confirma, sin hacer expresa imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y verificado, expídase testimonio de la misma que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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