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Abogado3044
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tengo un hijo de 23 años que trabajo hasta el mes pasado durante

Pregunta del cliente:

tengo un hijo de 23 años que trabajo hasta el mes pasado durante 3 meses, y yo estoy separado, hace 10 años, pasaba la pensión a mi hijo, pero ahora me encuentro en el paro, llevo un año, cobrando el paro y no tengo trabajo, mi es esposa, me exige que le pase la pensión alimenticia a ella nuevamente, necesito saber, cuanto debe pasarle de pensiòn a mi hijo si mis ingresos ahora son 1070€, y ya llebo un año cobrando el paro y me bajara el dinero que percivo, por otro lado mi hijo no vive con mi es, si no en un piso de sus abuelos, y ahora mi es, no para de llamarme exigiendome dinero, necesito saber que hacer cuanto debo pasarle a mi hijo y no mi ex, y hasta cuando debo seguir pagando este dinero, porque no se si consiga trabajo rapido y cada vez el paro me pagara menos dinero, saludos. y gracias.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

 

Hola y Bienvenido a JustAnswer, mi nombre es José Magadán , soy abogado en ejercicio en Burgos, colaboro con JustAnswer desde 2010 y le informo que JustAnswer no es una firma de abogados, por lo que no podemos representarle, estando prohibido por el site la relación abogado cliente fuera de este foro. En relación a su consulta le respondo que :

 

Ud debe seguir pagando hasta que el juez le autorice a no hacerlo

La forma de dejar de pagar es que su abogado, con sus actuales ingresos puede solicitar uno de oficio, pida una modificación del convenio regulador

Si el hijo está independizado, Ud puede solicitar no tener que pagarle nada, máxime cuando estuvo trabajando.

 

Vaya al colegio de su provincia y solicite que se le asigne abogado de oficio que solicite al juzgado que ud deje de pagar o pague menos

 

Para tener derecho a un abogado del turno de oficio uno de los principales requisitos es que no debe cobrar más del doble del salario mínimo interprofesional, es decir, más de 1282 euros mensuales. Debe acudir al Colegio de Abogados más cercano a su localidad y allí le suministrarán un impreso para que cubra una serie de datos personales. Tras la presentación de la solicitud, los Servicios de Orientación jurídica deben examinar la documentación presentada, y si apreciaran que es insuficiente o que en la solicitud existen deficiencias, solicitarán al interesado su subsanación en un plazo de 10 días, bajo aviso de ser archivada en caso contrario. Analizada la solicitud, y subsanados en su caso los defectos advertidos, pueden darse dos posibilidades:

Si el Colegio de Abogados estimara que el peticionario cumple los requisitos legalmente establecidos, se procederá a la designación provisional de abogado en un plazo máximo de 15 días, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores para que, dentro de los tres días siguientes, se designe procurador si su intervención fuera preceptiva. Tras la designación provisional, el Colegio de Abogados debe trasladar el expediente completo a la Comisión de Asistencia jurídica Gratuita en un plazo de 3 días.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple los requisitos, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, comunicará al solicitante en un plazo de cinco días que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado y, al mismo tiempo, trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta resuelva definitivamente.

Cuando en el plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el Colegio de Abogados o desde la subsanación de los defectos advertidos el solicitante no haya recibido una respuesta, podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente, en cuyo supuesto la Comisión requerirá al Colegio la remisión del expediente, junto con un informe sobre la petición, y ordenará la designación provisional de abogado y, si fuera preceptivo, de procurador.

Tras haber recibido el expediente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrá de un plazo de 30 días para efectuar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias para verificar la exactitud y realidad de los datos declarados por el solicitante, pudiendo solicitar a la administración correspondiente la información necesaria7 . También podrá oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante. Esta fase se regirá por los principios de celeridad y sumariedad.

La resolución de la Comisión puede ser:

Estimatoria, que implicará la confirmación de las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales, o, en el caso de que no se haya producido su designación provisional, se procederá a su nombramiento.

Desestimatoria, quedando sin efecto las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente. El solicitante deberá designar abogado y procurados de libre elección, abonando los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio con carácter provisional, pero el abogado no podrá reclamar al procurador el pago de sus honorarios.

La resolución se debe dictar en un plazo de 30 días, transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas, y se comunicará al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o al juez decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado. La resolución es susceptible de impugnación por escrito en el plazo de 5 días, no siendo preceptiva la intervención de letrado, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que lo remitirá al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto. Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal que resuelva la impugnación no cabrá recurso alguno. En ese mismo auto, el Juez o Tribunal podrá imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a cincuenta mil pesetas.

Es posible la revocación de oficio del derecho por la Comisión en los supuestos en que se compruebe que entre los elementos determinantes para el reconocimiento del derecho se haya aportado una declaración errónea, o falseado o ocultado los datos por los solicitantes. La revocación obliga a pagar todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la concesión del derecho, así como la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan. Recordarle además que el derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

*Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.

*Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

*Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.

*Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

*Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.

*Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.

*Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

*Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.

continuación le indico los documentos necesarios que debe acompañar con la solicitud.(No todos los documentos que se relacionan son necesarios en todos los casos, sino que habrá que atender a cada caso, en función de la situación propia de cada solicitante y de las circunstancias que haya alegado en su solicitud, que serán las que deberá acreditar documentalmente):

-Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante. Certificado de liquidación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio (de toda la unidad familiar). -Certificado de liquidación del Impuesto sobre Sociedades (en el caso de personas jurídicas). -Fotocopia de la declaración de utilidad publica o de la inscripción en el Registro de Fundaciones (en el caso de personas jurídicas). Fotocopia del permiso de circulación o certificado de la Jefatura Provincial de Trafico (sólo en caso de delitos contra la seguridad del trafico). -Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio. -Fotocopia del libro de familia. -Certificado de empadronamiento. -Certificado de empresa de conceptos salariales. -Certificado del INEM de periodo de desempleo y percepción de subsidios. -Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual, o, en su caso, copia del recibo mensual. Fotocopias de títulos de propiedad de bienes inmuebles. Certificado de valores. -Otros (cualquier documento que sirva para acreditar los datos alegados).

 

 

Si tiene dudas expongalas y ruego que no haga una valoración negativa para solicitar aclaraciones, basta con que exponga su duda, lo cual no le costará más dinero

Espero que mi respuesta le haya sido útil y verle por justanswer de nuevo.

 

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Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Lo que se nos va a requerir es que probemos que la modificación de su situación es sustancial y que probemos la independencia del hijo

Le dejo sentencia aclaratoria


AP Ávila, 124/1999, de 20 de mayo

Recurso 314/1998. Ponente: JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.


EXTRACTOS

Reducción de pensión de alimentos por mayor edad e independencia económica de uno de los hijos


"... De lo expuesto, cabe concluir que debe únicamente tenerse por modificación sustancial la mayor edad de su hijo Israel, junto al hecho de tener un empleo estable, por lo que si, interpretando el Fallo anterior, se concedió la suma de 45.000 pesetas para sus cuatro hijos, lo que supone la cifra de 11.250 pesetas para cada uno de ellos, la contribución alimenticia debe reducirse a la cantidad de 33.750 pesetas, ya que ambos cónyuges cuentan con ingresos propios, acogiendo de esta forma parcialmente el recurso de apelación y revocando en este sentido la Sentencia de instancia. De conformidad con el art. 93 del Código civil, de oficio, procede imponer un sistema de acomodación o actualización ..."

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- En el Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Avila se dictó Sentencia de fecha 30 de Junio de 1998 en los autos de MODIFICACION DE MEDIDAS ACORDADAS EN SEPARACION MATRIMONIAL número 292/97, de mencionado Juzgado cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Lucía Plaza Cortazar en nombre y representación de don Juan Francisco_____ contra dona Concepción_____, representada por la Procuradora Sra. Araujo Herranz y contra don Israel_____, en rebeldía legal, debo acordar y acuerdo reducir de la cantidad de 45.000 pts que se estableció en la sentencia de separación de los cónyuges litigantes de fecha 22 de mayo de 1995, en concepto de alimentos para subsistencia de la actora y los 4 hijos habidos del matrimonio la cantidad de 15.000 pts que se estima correspondía a la esposa y al hijo, Israel, ahora demandados, quedando en consecuencia fijada en 30.000 pts la cantidad que el actor deberá continuar abonando como pensión alimenticia en favor de sus otros tres hijos habidos en el matrimonio del actor y demandada; dicha cantidad deberá continuar abonándose en la- forma que se venia haciendo, oficiándose en caso de solicitarse a la Dirección Provincial del Insalud para que detraiga dicha cantidad de la pensión que cobre el demandado. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en costas.".

SEGUNDO. - Contra dicha resolución interpuso la parte demandada, Doña Concepción_____ el presente recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, y previo emplazamiento de las partes se personaron en tiempo y forma, la una en el, concepto dicho y la otra como apelado, no habiéndolo efectuado el demandado, Don Israel_____, por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal en ésta instancia; celebrándose la correspondiente vista del recurso el día 19 de mayo de 1999, con la intervención de los Letrados indicados en el encabezamiento de la presente resolución, y del Ministerio Fiscal, quienes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Se ejercita en estos autos una acción de modificación de medidas acordadas en Sentencia de separación precedente, por Don Juan Francisco_____, cuya resolución le impuso la obligación de satisfacer la cantidad de 45.000 pesetas al mes para sus cuatro hijos menores. La demanda la dirigió contra su esposa y su hijo Israel, ya mayor de edad, alegando esta circunstancia, además de la condición de trabajador del mismo, por haber conseguido un empleo en un supermercado, y el hecho de trabajar también su esposa en servicios de hostelería

SEGUNDO.- Como ya dijimos en Sentencia de esta misma Sala, "si bien el articulo 91 del Código Civil establece las medidas a que se refieren y explicitan los preceptos siguientes y el articulo 90 del mismo Texto Legal, acordadas en las Sentencias de nulidad, separación o divorcio, pueden ser modificadas con posterioridad, a tenor del carácter temporal de las mismas, para que ello se produzca es menester concurra un presupuesto fundamental., mencionado en los dos artículos precitados, cual es un cambio sustancial de las circunstancias que dieron lugar a la adopción de determinados acuerdos o determinación judicial, mutación que además de existir ha de tener relevancia y significación en el contexto de las relaciones y ha de ser sometida a consideración según lo que la experiencia haya demostrado durante el período de vigencia de las medidas cuyo cambio se pretende ". Es verdad que significan una quiebra de la llamada "santidad" de la cosa juzgada, al permitir la modificación de las decisiones judiciales en el punto relativo á los efectos o medidas económicas, personales y familiares dimanante de la situación de crisis matrimonial. Pero tal variación viene condicionada por una alteración sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta por el juzgador al dictar el último de los pronunciamientos acerca de esta materia, tan frecuentemente controvertida en los procesos de esta índole; de tal manera, en definitiva, que la fuerza argumentativa debe concentrarse en mostrar la alteración sustancial y significativa de las circunstancias o los eventos no eludibles. Ello es así porque un mínimo de seguridad jurídica, unido a los términos que- empleen los citados arts. 90 y 91, indica que la regla general es la inalterabilidad de esas medidas y la excepción su modificación (STC 86/1986), de forma que sólo podrá tener éxito la pretensión del cambio cuando se produzcan alteraciones permanentes, y no meramente transitorias o contingentes, en los ingresos dei deudor, sin que deban tenerse en cuenta las pequeñas fluctuaciones en la referida situación económica, e igualmente deberán rechazarse de plano las alteraciones por dolo o culpa de aquél. De modo que el término legal "sustancial", referido a las alteraciones que se pretendan conseguir, es el elemento normativo básico, cuya interpretación debe realizarse de acuerdo con los siguientes parámetros: a) Que por alteración "sustancial" debemos considerar aquellas de notoria entidad, con importancia suficiente para producir una modificación de lo convenido o de lo acordado judicialmente, de modo que las simples fluctuaciones de ingresos, de poca importancia, no pueden dar lugar a dicha pretensión modificativa b) Que tales cambios o alteraciones sean imprevistos, de modo que surjan por acontecimientos externos al deudor, sin posibilidad de, previsión anticipada, en términos de ordinaria diligencia c) Que tales alteraciones tengan estabilidad o permanencia en el tiempo y no sean meramente coyunturales, sino con estructuración suficiente en los ingresos o fortuna del de por que hagan necesaria la modificación de la medida, excluyéndose toda forma de temporalidad d) Que tengan por finalidad conseguir el mayor de los equilibrios en las prestaciones para con los hijos, no penalizándose, en todo caso, futuros matrimonios, a los que tienen indudable derecho los progenitores que lo deseen contraer, o la concepción de nuevos hijos, dentro o fuera del matrimonio, reequilibrándose, si fuera el caso, las prestaciones que se deben para todos los hijos, por partes iguales, anteriores y posteriores a la situación de crisis matrimonial anterior e) Que es indiferente que la situación anterior haya sido convenida anteriormente mediante concierto de voluntades plasmada en convenio regulador de la separación o el divorcio, o bien impuesta judicialmente, porque de lo que se trata es de calibrar si se han producido variaciones o modificaciones sustanciales que hagan necesario un replanteamiento de las prestaciones, sin que deba darse mayor valor a lo convenido entre las partes, por carecer de justificación. f) Que si la alteración, aunque sea sustancial, ha devenido por dolo o culpa del que tiene obligación de prestar alimentos o cualquier otra contribución económica, no puede producirse su cambio o modificación, ya que habrá sido intencional o culposamente conseguida. No se puede abandonar voluntariamente las diferentes fuentes de ingresos conque se cuente (empleos, fundamentalmente) y alegar después alteración sustancial de su fortuna para intentar así disminuir la contribución económica a su familia anterior, so pena de fraude de ley, abuso del derecho o quebrantamiento de los principios de la buena fe g) Que en dichos cambios no puede perderse de vista que cualquier medida que afecte a un hijo menor de edad debe estar inspirada en el superior principio del "bonum filii". Así lo consagra, en el marco de las normas fundamentales inspiradoras de nuestro ordenamiento jurídico, el articulo 39 de la Constitución, lo que, a nivel de legalidad ordinaria, es desarrollado por los artículos 2 y 11.2 de la Ley orgánica de Protección Jurídica del Menor, de 15 enero 1996, en cuanto proclaman el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legitimo que pudiera concurrir, así como la supremacía del mismo en cuanto pauta de actuación de los poderes públicos. Con carácter más concreto, los artículos 91 y 92 del Código Civil que, en los supuestos de separación, divorcio o nulidad del matrimonio de sus progenitores, las medidas judiciales serán adoptadas en beneficio de ellos h) Por último, dichas alteraciones sustanciales deben probarse cumplidamente ante los Tribunales (art. 1214 del Código civil).

TERCERO.- Aplicando las anteriores consideraciones al caso enjuiciado en estos autos, ha quedado probado que la esposa demandada trabaja en "_____, S.A.", percibiendo un salario aproximadamente de 85.000 pesetas líquidas; el hijo Israel,- en "_____, S.L." ganando, también aproximadamente, 71.000 pesetas liquidas mensuales, todo ello, como en el caso anterior, aparte pagas extraordinarias. Y que el demandante percibe la suma de 113.519 pesetas como pensión por incapacidad absoluta procedente del INSS, alega; además, en confesión judicial, posición cuarta, que espera una niña (folio 547. De lo expuesto, cabe concluir que debe únicamente tenerse por modificación sustancial la mayor edad de su hijo Israel, junto al hecho de tener un empleo estable, por lo que si, interpretando el Fallo anterior, se concedió la suma de 45.000 pesetas para sus cuatro hijos, lo que supone la cifra de 11.250 pesetas para cada uno de ellos, la contribución alimenticia debe reducirse a la cantidad de 33.750 pesetas, ya que ambos cónyuges cuentan con ingresos propios, acogiendo de esta forma parcialmente el recurso de apelación y revocando en este sentido la Sentencia de instancia. De conformidad con el art. 93 del Código civil, de oficio, procede imponer un sistema de acomodación o actualización

.

CUARTO.- Prosperando el recurso de apelación; no es procedente hacer pronunciamiento respecto de las costas causadas en esta alzada, y tampoco respecto a las producidas en la primera instancia, por estimarse parcialmente la demanda (articulo 523 de la Ley de Enjuiciamiento civil .

VISTOS los articulo; citados y demás normas de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS


QUE ESTIMANDO? el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Esther Araujo Herranz en nombre y representación de Doña Concepción_____, contra la Sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia n° 2 de Avila con fecha 30 de Junio de 1998, en los autos de MODIFICACIÓN DE MEDIDAS ACORDADAS EN SEPARACIÓN MATRIMONIAL número 292/97 de que el presente Rollo número 314/98 dimana; y CON REVOCACIÓN PARCIAL de la misma, debemos determinar en la suma de TREINTA Y TRES MIL, SETECIENTAS CINCUENTA PESETAS (33.750 pesetas), como la cantidad que el actor, Don Juan-Francisco _____ debe continuar satisfaciendo a su esposa para el mantenimiento del resto de los hijos, cuya actualización y progresión se producirá en la misma forma en que se modifiquen sus ingresos, de forma anual, pagándose por meses anticipados, dentro de a os cinco primeros días, en la cuenta que se designe al efecto, todo ello sin hacer especial pronunciamiento respecto de las causadas en ambas instancias.

Así, por ésta nuestra Sentencia, que será notificada al demandado rebelde, Don Israel_____, en la forma prevista en el art. 282 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a no ser que la parte contraria solicite su notificación personal dentro del plazo de- CINCO DÍAS, y de la que se remitirá testimonio junto con los autos originales al Juzgado de su procedencia, o pronunciamos, mandamos y firmamos.

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