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Buenas tardes, mi caso es un divorcio de mutuo acuerdo, en

Pregunta del cliente:

Buenas tardes, mi caso es un divorcio de mutuo acuerdo, en donde los cónyuges residen en España desde hace cinco años y son nacionales de Rumania,y contrajeron matrimonio en dicho pais en el 2005, no tienen hijos ni bienes privativos ni comunes han abandonado el domicilio conyugal y ambos han rehecho su vida con otra pareja, mas sencillo imposible, no cabe la adopción de medida alguna sólo se solicita que se declare disuelto el matrimonio. Siendo competentes territorialmente los Tribunales españoles, ¿qué ley debo aplicar? la nacional común
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Abogado3044 :

HOLA

Abogado3044 :

Si, puedes usar la ley nacional al ser el último lugar de residencia

Abogado3044 :

769 de la ley enjuiciamiento civil

Abogado3044 :

Artículo 769. Competencia.


1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante o de los cónyuges que soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.


Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del actor.


2. En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el artículo 777, será competente el Juez del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.


3. En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor.


4. El tribunal examinará de oficio su competencia.


Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.

Abogado3044 :

la ley aplicable es la española al ser la de residencia

Abogado3044 :

Recuerda también el 777


Artículo 777. Separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro.


1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento establecido en el presente artículo.


2. Redacción según Ley 15/2005, de 8 de julio. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo.


3. Redacción según Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Secretario judicial citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Secretario judicial acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770. Contra esta resolución del Secretario judicial podrá interponerse recurso directo de revisión ante el Tribunal.


4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera insuficiente, el tribunal concederá mediante providencia a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para acreditan la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para aprecian la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador.


5. Redacción según Ley 15/2005, de 8 de julio. Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.


6. Cumplido lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges, el tribunal dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador.


7. Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponen nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente.


8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la separación o al divorcio.


La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal.


9. La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal en los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 775.

Abogado3044 :

Y el código civil

Abogado3044 :

Artículo 107. Redacción según Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.


1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la Ley aplicable a su celebración.


2. La separación y el divorcio se regirán por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la Ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.


En todo caso, se aplicará la Ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España:




  1. Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas.




  2. Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.




  3. Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público.



JACUSTOMER-vq9w8f08- :

conforme art 107 civil debo aplicar ley nacional común es decir la rumana

Abogado3044 :

Puedes usar la del lugar de residencia

Abogado3044 :

La separación y el divorcio se regirán por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la Ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

Abogado3044 :

Han residido en españa, puedes usar la española

Abogado3044 :

Son competentes los tribunales españoles y la ley española

Abogado3044 :

y lo son porque son el último lugar de residencia

Abogado3044 :

El artículo 36.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece la extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles, que se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los Tratados y Convenios internacionales en los que España sea parte.


Por lo que respecta a la petición de divorcio de los extranjeros, los Tribunales españoles son competentes en virtud del artículo 3.1 a) cirnst. 1ª del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre, en asuntos relativos a nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando los cónyuges tienen su residencia habitual en España, con independencia de la nacionalidad de los esposos y lugar de celebración del matrimonio.

La ley aplicable al divorcio, a sus efectos y a la disolución del régimen económico matrimonial es la del país del ciudadano extranjero, en virtud de lo dispuesto en los artículos 107.2 b) y 9.2 del Código Civil y en el artículo 8 del Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973, que establecen que el divorcio, los efectos del matrimonio y su liquidación se rigen por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo, tratándose de un supuesto de matrimonio internacional donde las partes tienen nacionalidad común.

Respecto a los menores, en aplicación del artículo 4 del Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973, las cuestiones relativas a la prestación de alimentos se rigen por la ley española, por ser España la residencia habitual de los acreedores. También se aplica la ley española a las medidas que han de regir las relaciones paterno-filiales, por ser ésta la ley personal de los hijos, en esta ocasión por disposición del artículo 9.4 del Código Civil.

Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, sec. 2ª, S 7-10-2009: “Al respecto, como ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sección en la Sentencia de 28 de mayo de 2008, cuyos Fundamentos reproducimos:

"La STS de 5 de marzo de 2002 recopila la doctrina de la Sala Primera de dicho Tribunal en orden a la aplicación de un derecho extranjero estableciendo que «Dado que por los recurrentes se dice desconocer esta doctrina, conviene recordar el contenido de las siguientes resoluciones de esta Sala: Las de 11 de mayo de 1989 y de 3 de marzo de 1997 que consideran al derecho extranjero como cuestión de hecho que, por tanto, corresponde alegar y probar a la parte que lo invoca. Las de 9 de noviembre de 1984 y 10 de marzo de 1993 , que afirman que los órganos judiciales tienen la facultad, pero no la obligación de colaborar a la determinación del contenido del Derecho extranjero en su caso invocado, con los medios de averiguación que consideren necesarios. Finalmente, la sentencia de 31 de diciembre de 1994 , que ha establecido la necesaria distinción entre las normas de conflicto (que se limitan a indicar cual es el derecho material aplicable a una relación jurídica controvertida) las cuales según el párrafo primero del artículo 12 del Código Civil deben ser observadas de oficio, y el propio derecho material, al que no se refiere dicho precepto y que en ningún caso puede ser determinado por el Tribunal». La falta de acreditación del contenido y vigencia de las normas sustantivas del Derecho extranjero determina que la cuestión debatida se resuelva conforme a las normas de nuestro propio ordenamiento jurídico (STS de 7 de septiembre de 1990 y 11 de mayo de 1989, 13 de diciembre de 2000 .

.

Y ello, porque como precisa la STS de 17 de julio de 2001 «... esta Sala tiene reiteradamente declarado que cuando a los Tribunales españoles no les es posible fundamentar con seguridad absoluta la aplicación del Derecho extranjero , habrán de juzgar y fallar según el Derecho patrio (entre otras, SSTS de 11 de mayo de 1989 , 7 de septiembre de 1990 , 16 de julio de 1991 y 23 de marzo de 1994 , lo que es consecuencia de la doctrina jurisprudencial relativa a que la aplicación del Derecho extranjero es cuestión de hecho y como tal ha de ser alegado y probado por la parte que lo invoque, siendo necesario acreditar, no sólo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación, de suerte que su aplicación no suscite la menor duda razonable a los órganos judiciales españoles, y todo ello mediante la pertinente documentación fehaciente (por todas, SSTS de 4 de octubre de 1982 y 12 de enero de 1989 ».

La SAP Málaga de 10 febrero 2005 (139773) refiere: "Ha de comenzar la Sala señalando que por tratarse en esta litis de una demanda de separación entre esposos de nacionalidad marroquí, es lo cierto que prima facie el art. 107 CC reenvía a la legislación del Reino de Marruecos como derecho aplicable, y asimismo que el art. 12 CC requiere a la parte que ejercita la acción la correspondiente acreditación del contenido y vigencia de ese derecho extranjero , por los medios de prueba admitidos por la Ley española. Ello no obstante, resulta conveniente,... atender también a la circunstancia del domicilio conyugal... pues el art. 769.1 LEC, en relación con el art. 22.3 LOPJ, entiende que la residencia común de los litigantes en España al tiempo de la interposición de la demanda de separación conyugan determina la competencia de los Tribunales españoles. Con todo, no se allanaría por completo la interpretación favorable a la lex civilis fori del domicilio frente a la Ley nacional común, sin proceder a atender igualmente a la razonable oportunidad de introducir la excepción del art. 12.3 CC, si de la eventual aplicación de la Ley extranjera se llegara a vulnerarse el orden público, tomado éste como conjunto de principios, públicos y privados, políticos, socio-económicos, morales y hasta religiosos que, como parámetros de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes, son tenidos como absolutamente obligatorios para la conservación de una sociedad en cada determinada época. Criterio con refrendo jurisprudencial, así en STS 5 de abril de 1996 SIC, pero cuya interpretación ha de ser siempre prudencial y restringida al objeto de evitar que resulte al cabo inasequible la aplicabilidad de legislaciones foráneas o ejecutabilidad de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros.

En igual sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería (Sección 3ª) de 28 de junio de 2004 \1440): " (Conforme a lo establecido en el artículo 107 del Código Civil ... la normativa sustantiva aplicable para regular su separación matrimonial sería la propia de Marruecos, ya que ambos son nacionales de dicho país. Sin embargo, como señala la sentencia recurrida ninguna prueba se ha propuesto en orden a demostrar el contenido de la Ley marroquí y su vigencia, como exige el art. 281.2 de la LEC. Ahora bien, la solución jurídica adecuada a esta falta de prueba sobre la Ley nacional común de los cónyuges extranjeros no puede ser la adoptada por el Juzgador «a quo», de cuyo criterio discrepa esta Sala, toda vez que en casos como el presente en que se desconoce el contenido del derecho extranjero cuya aplicación se invoca, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es pacífica en cuanto a la aplicación de la normativa española, al decir que la aplicación del derecho extranjero es una cuestión de hecho y como tal ha de ser probada por la parte que lo invoca, de suerte que su aplicación no suscite la menor duda razonable a los tribunales españoles. Cuando a éstos no les es posible fundar con seguridad absoluta la aplicación del derecho extranjero, juzgarán conforme al derecho español (SSTS de 31 de diciembre de 1994, 25 de enero de 1999, 5 de junio de 2000 y 17 de julio de 2001.

.

A pesar de que por esta vía se pueda incurrir en el riesgo de dejar a la elección de las partes la cuestión de la Ley aplicable (puede no interesarles alegar el derecho extranjero designado por la norma de conflicto, prefiriendo, en cambio, la lex fori), según el Tribunal Constitucional la doctrina jurisprudencial de que en defecto de prueba del derecho extranjero debe estarse al Derecho español es más respetuosa con el contenido del art. 24.1 de la Constitución española que la solución adoptada por la sentencia recurrida de tener por decaída la demanda, «dado que el Derecho español, con carácter sustitutorio del que resulta aplicable, también puede ofrecer en una situación de tráfico externo la respuesta fundada en Derecho que el citado precepto constitucional exige» (STC 155/2001, de 2 de julio ".
JACUSTOMER-vq9w8f08- :

ambos cónyuges ahora en el momento en que se presentará la demanda tienen nacionalidad común la rumana. Rumania entró e la CEE EN 2007 son aplicabo

JACUSTOMER-vq9w8f08- :

Ambos cónyuges tienen nacionalidad común en el momento de presentar la demanda. Son rumanos pertenecen a la CEE REGLAMENTO 1259/2010 de la UE

Abogado3044 :

Es lo mismo, la norma aplicable en España es la Española, y la competencia española

Abogado3044 :

lee el PDF enviado

Abogado3044 :

Con independencia de la nacionalidad, lo que nos importa es la residencia

Abogado3044 :

Verás como la respuesta es la dada

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.
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Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.


Estimado cliente bienvenido a Just Answer,

Usted tiene toda la razón, a tenor del art. 107 del Código Civil,

 

LA LEY APLICABLE EN EL SUPUESTO QUE USTED PLANTEA ES LA LEY CIVIL RUMANA,

 

 

pues es la ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentar la demanda de divorcio.


El art. 107 del Código Civil lo dice claramente:

"La separación y el divorcio se regirán por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la Ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado".

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

En defecto, y como supletoria, siempre se admite la de residencia

Tiene todos los manuales y links que le he dado7

http://www.google.es/#hl=es&sclient=psy-ab&q=ley+aplicable+divorcio+extranjeros+espa%C3%B1a&oq=ley+aplicable+div&gs_l=hp.1.2.0l3j0i30 .1537.9799.0.12537.19.10.1.8.9.0.217.1572.0j9j1.10.0...0.0...1c.1.eL82iVe5A7A&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=8780157925e4e281&bpcl=38625945&biw=959&bih=587

 

 

http://www.rupturas.es/dudas/extranjeros.htm

 

¿Puede presentarse en España una demanda de divorcio cuando alguno o los dos cónyuges posean nacionalidad o residencia en algún país extranjero?

La determinación de la competencia de los Tribunales españoles en materia de nulidad, separación o divorcio cuando alguno o los dos cónyuges posean nacionalidad o residencia en algún país extranjero, se ha ampliado desde la entrada en vigor de diversas normas de Derecho Comunitario, que actúan de forma preferente frente al Derecho Interno Español. Por ello, los Tribunales españoles son competentes para conocer de muchos más supuestos de los que podían conocer con anterioridad, quedando la legislación interna de estos paises en un plano totalmente residual, de tal forma que sólo cuandono se deduzca la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro según la legislación comunitaria, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado.

El Reglamento actualmente en vigor es el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.

Este Reglamento se aplicará a las siguientes materias:

a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial; b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental

Tal y como indica este Reglamento, los tribunales españoles serán competentes para asuntos relativosal divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, cuando en España se de alguno de los siguientes requisitos:

- la residencia habitual de los cónyuges, o - el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o - la residencia habitual del demandado, o - en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o - la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o - la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su "domicile"; - de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del "domicile" común.

Si no se cumpliese ninguno de estos requisitos, y ningún tribunal de un Estado miembro sea competente para conocer de la acción de divorcio o separación judicial, se aplicarán las normas internas. En España, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que “en el orden civil, los juzgados y tribunales españoles serán competentes, en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro

Ejemplo: Un marroquí que reside desde hace años en España presenta demanda de divorcio contra su esposa marroquí residente en Marruecos. El R.2201/2003 es aplicable y los tribunales españoles son competentes ya que la residencia habitual del demandante se encuentra en España en el momento de presentación de la demanda.

Además, hay que tener en cuenta que, "en caso de urgencia", los tribunales de un Estado miembro pueden declararse competentes para adoptar medidas provisionales o cautelares previstas en el Derecho de dicho Estado miembro relativas a las personas o los bienes presentes en dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del Reglamento 2201/2003, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.

Por último, recordar que estas normas se refieren a la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles, no a la legislación aplicable posteriormente al proceso.

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.


Estimado cliente, como usted bien sabe LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES SON COMPETENTES PARA ESE DIVORCIO.


Pero LA LEY APLICABLE a tenor del art. 107 en el supuesto concreto que usted plantea es LA LEY NACIONAL COMÚN DE LOS CÓNYUGES en el momento de presentar la demanda, es decir la LEY CIVIL RUMANA.


Espero que ahora ya no tenga usted dudas al respecto.

 

Un saludo.

 

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

No creo que ningún tribunal español acepte una demanda de divorcio basada en una ley que le sea desconocida ( Rumana )

La ley aplicable es la española si tramitamos en España

Y podemos tramitar en España, sólo en base a normativa española

Ningún juzgado español va a estudiar un caso con normativa rumana

 

Le he estado estudiando el caso en varias fuentes y le he encontrado esta respuesta a una consulta de la Editorial SEPIN

 

SP/CONS/47950

Consulta. Mayo 2006
Los Tribunales españoles serán competentes para conocer del divorcio de cónyuges de nacionalidad rumana residentes en España siempre que se cumplan los requisitos del art. 3 del Reglamento CE nº 2201/2003, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Conforme al citado precepto, sí los son, ya que la competencia recae en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro, entre otros supuestos, "en caso de demanda conjunta".
En segundo lugar, la legislación aplicable, según establece el art. 9.2 del C.C., que hace una remisión expresa al art. 107.2, b) del mismo Código, será como determina el propio precepto: "en todo caso" la ley española. Cumple lo exigido porque se trata de una demanda planteada de mutuo acuerdo y además, pese a no ser españoles, tiene residencia en España no sólo uno de ellos, como determina el precepto, sino ambos.
Aqui el REGLAMENTO
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Estimado cliente,

El Reglamento CE nº 2201/2003, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, determina cual es el Juzgado o Tribunal competente para fallar asuntos de divorcio, separación y nulidad matrimonial pero no determina cual es la Ley aplicable.


En el caso concreto está claro que los órganos judiciales competentes para conocer de la demanda de divorcio de los cónyuges rumanos son los españoles.


Sin embargo, cosa distinta es la Ley aplicable que no se determina en ese reglamento, sino que hay que hay que buscarla en los arts. 9 y 107 del Código Civil.


El art. 9.2 dice: "Los efectos del matrimonio se regirán por la Ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta Ley, por la Ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la Ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio".


Y el art. 107.2: "La separación y el divorcio se regirán por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda (Ley civil rumana); a falta de nacionalidad común, por la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la Ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado".


LA LEY APLICABLE al caso que usted nos plantea de un divorcio de dos cónyuges rumanos que viven en España es la LEY CIVIL RUMANA por imperativo del art. 107.2 del Código Civil español, aunque sean competentes los Juzgados españoles.


De hecho, el art. 12 del Código Civil establece el modo en que se aplicará la Ley extranjera por los Tribunales españoles en casos como el que usted nos consulta:

"1. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la Ley española.

2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su Ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra Ley que no sea la española.

3. En ningún caso tendrá aplicación la Ley extranjera cuando resulte contraria al orden público.

4. Se considerará como fraude de Ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una Ley imperativa española.

5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado.

6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español".

 

 

Respecto a la prueba del Derecho extranjero alegado por las partes ante Tribunales españoles se manifiesta la propia Ley de Enjuiciamiento Civil española en su art. 281.2:

 

"También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación".

 

 

La parte que alegue el derecho extranjero aplicable en base al art, 107.2 del Código Civil tendrá que probarlo respecto a su contenido y vigencia de acuerdo a lo que establece el 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que evidentemente los Tribunales Españoles tienen que aceptar la demanda basada en la Ley Civil rumana, aunque los demandantes tendrán que probar el contenido y vigencia de la misma y solo si no lo hacen se aplicará la española o si aquella fuera contraria al roden publico español.

 

Cliente: escribió hace 4 año.


el contenido se prueba con traduccuón jurada ¿y la vigencia? ¿es en el consulado rumano?

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.


El contenido podría acreditarse perfectamente con una traducción jurada y la vigencia podría acreditarse con una certificacion emitida por el Consulado Rumano en España.


La vigencia y el contenido pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho. El Consulado o Sección consular puede dar fe de la vigencia de la legislacion rumana y tendría que ser admitida por el Tribunal español.

 

DiegoAbogado, Licenciatura
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Cliente: escribió hace 4 año.


pero si tenemos en cuenta el reglamento 1259/2010 UE DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010 ART8 ES aplicable la ley española

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

En base a ese reglamento si no hubo elección por las partes, sí se puede aplicar la Ley española. Aunque de todos modos, incluso si imperativamente se aplicara la ley española, solo por el hecho de no acreditar la vigencia o el contenido del derecho extranjero, finalmente se aplicaría el derecho civil español.

Pero en base al art.8 de ese reglamento si se podría aplicar la ley española directamente.

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