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Abogado3044
Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
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Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
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Abogado3044 está en línea ahora

Me acusan por un delito de maltrato (1 año de carcel ) y un

Pregunta del cliente

Me acusan por un delito de maltrato (1 año de carcel ) y un delito de coacciones (1 año). No tengo antecedentes, ningun problema con la justicia. El juicio se celebra dentro de 6 horas.

Como puedo solicitar un aplazamiento en tan poco tiempo?

Puedo salir libre de uno de los dos delitos o si entro a juicio y pierdo me caen los dos por igual? Es decir,puedo salir culpable de uno de ellos,pero del otro no y asi evitar entrar en la carcel? la otra persona no tiene testigos,no tiene pruebas contra mi. Gracias
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.

Abogado3044 :

Hola

Abogado3044 :

Debe contactar con un abogado de su localidad o se le asignará uno de oficio antes de entrar

Cliente :

ya lo tengo,

Cliente :

pero no se mueve mucho

Abogado3044 :

Es el quien debe pedir ese aplazamiento si tiene motivos

Cliente :

pero que se entiende por motivos?

Abogado3044 :

Indisposición de Ud, de él

Cliente :

si decimos que aun no estamos preparados sirve? o tiene que ser un argumento de peso con papeles acreditativos de por medio?

Abogado3044 :

Si justificamos que no estamos preparados por una causa razonable si

Cliente :

por ejemplo que tenemos nuevas pruebas que pueden declararme inocente?

Abogado3044 :

Por ejempl que debemos contactar con un testigo básico y no se ha podido

Abogado3044 :

Si, el abogado puede tratar de convencer al juez de ello

Cliente :

y referente a lo mencionado abajo, se acusa de dos delitos, eso es conjunto? o puedo salir libre de uno y culpable de otro? entiendo que si salgo libre de uno pero del otro no, no iria a la carcel puesto que no tengo antecedentes

Abogado3044 :

Debe el abogado tratar de justificar las pruebas y el motivo de no poder aportarlas y así justificar la necesidad del aplazamiento

Abogado3044 :

Puede salir libre de uno, condenado por ambos, o libre de los dos si

Abogado3044 :

Otra opcion es llegar a un acuerdo, que le asegure que en ningún caso entre en prision

Cliente :

se acusa de maltrato y de coaccion , la persona denunciante no tiene pruebas, mas que un parte de lesiones unicamente

Cliente :

suficiente para perder?

Abogado3044 :

Entonces veo casi imposible que ingrese en prision

Abogado3044 :

En juez no va aplaicarle la penas solicitadas por fiscalía, lo normal, es que se las rebaje algo, como mínimo

Abogado3044 :

Con ello no ingresaría en ningún caso

Cliente :

el fiscal pide un año por cada delito, los jueces suelen aplicar algo menos?

Cliente :

porque el miedo que tengo es de entrar en juicio,perder y tener que ingresar en prision, nunca he tenido problemas con la justicia y no me gustaria tampoco perder mi trabajo

Abogado3044 :

Sí. Un parte de lesiones es bastante para declararle culpable, pero ahora podemos llegar a un acuerdo o defendernos. En ambos casos se le rebajaría y no veo probable que ingrese

Cliente :

pero con ese parte de lesiones solamente se me declararia culpable del delito de maltrato,el delito de coaccion no quedaria probado,verdad?

Abogado3044 :

Es casi imposible que ingrese, confie en ello

Abogado3044 :

Correcto

Cliente :

como podria probarse el delito de coacciones?

Abogado3044 :

Puede llegar al acuerdo de culpabilidad de lesiones, indemnizar, y ser condenado sólo 1 año.. Por ejemplo

Cliente :

es decir, puedo llegar a puerta y hablar con la abogada, ME DECLARO CULPABLE DE LESIONES,PERO NO DE COACCION,

Cliente :

correcto¿

Abogado3044 :

Es la ora parte quien debe probarlo, no Usted

Cliente :

si, pero me encuentro en una situacion que siendo una denuncia falsa puedo entrar en prision

Abogado3044 :

Si. Su abogado puede negociar anes del juicio y no se celebraría

Abogado3044 :

No tiene casi ninguna posibilidad e ingresar, no debe agobiarse por ello

Cliente :

y que recomendacion me da usted?

Cliente :

que deberia hacer?

Cliente :

arriesgarme y declararme inocente de todo?

Cliente :

intentar negociar en la puerta de que soy culpable de uno de los dos?

Cliente :

declararme culpable y asi evitar el ingreso en prision?

Abogado3044 :

Con el parte de leiones esta bastante complicado salir de ese asunto sin culpa

Abogado3044 :

Hay que estudiar los hechos y las denuncias pero no sería mala opción declararse culpable de las elsiones y negociar sólo ésto

Cliente :

ella es una exnovia que no tiene papeles y hace esto para conseguir la nacionalidad

Abogado3044 :

Pero este tranquilo que incluso con los 2 años, sin antecedentes, no ingresaria

Cliente :

para ingresar por primera vez cuanto es la pena que deben imponer?

Abogado3044 :

Hasta 2 años, siempre que se hayan satisfecho las indemnizaciones civiles

Cliente :

entonces si salgo culpable de ambos delitos si que ingresaria,verdad?

Abogado3044 :

No, su abogado puede siempre solicitar que se conmute por multa y se suele conceder

Cliente :

de que tipo de multa estamos hablando? y se suele conceder de que porcentaje aproximado hablamos?

Cliente :

el tema del maltrato a la mujer hoy en dia es un tema muy delicado

Abogado3044 :

Para ingresar debe ser pena firme de más de dos años

Cliente :

dos años y un dia por ejemplo?

Abogado3044 :

Se conmuta por una multa que se calcula en base a sus ingresos y es diaria

Cliente :

por el dinero no habria problema,

Abogado3044 :

Pues es realmente lo que arriega

Cliente :

por supuesto trabajos sociales recaerian?

Abogado3044 :

Depende, no necesariamente

Abogado3044 :

Puede su abogado negociar ésto también

Abogado3044 :

En todo caso, a mayores ingresos de ud mayor es la multa

Abogado3044 :

Léase los artículos 80 a 85 del código penal

Cliente :

el unico miedo que tengo yo es no llegar a un acuerdo en la puerta , entrar, salir culpable y tener que ingresar en prision

Abogado3044 :

Vigente

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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TÍTULO III.
DE LAS PENAS

CAPÍTULO I.
DE LAS PENAS, SUS CLASES Y EFECTOS

SECCIÓN 1. DE LAS PENAS Y SUS CLASES

Artículo 32.

Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.

Artículo 33.

1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.

2. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Son penas graves:

  1. La prisión superior a cinco años.

  2. La inhabilitación absoluta.

  3. Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

  4. La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

  5. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

  6. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

  7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

  8. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

  9. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

  10. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La privación de la patria potestad.

3. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Son penas menos graves:

  1. La prisión de tres meses hasta cinco años.

  2. Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

  3. La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

  4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

  5. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

  6. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

  7. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

  8. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

  9. La multa de más de dos meses.

  10. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.

  11. Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días.

  12. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La localización permanente de tres meses y un día a seis meses.

  13. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duración.

4. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Son penas leves:

  1. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

  2. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

  3. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

  4. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

  5. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

  6. La multa de 10 días a dos meses.

  7. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La localización permanente de un día a tres meses.

  8. Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días.

5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.

6. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.

7. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

  1. Multa por cuotas o proporcional.

  2. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

  3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

  4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

  5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Artículo 34.

No se reputarán penas:

  1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.

  2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.

  3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas.

SECCIÓN 2. DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 35. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

Artículo 36. Redacción según Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.

Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código.

2. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma:

  1. Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.

  2. Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.

  3. Delitos del artículo 183.

  4. Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años.

El Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior.

Artículo 37. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado.

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada.

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468.

4. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.

Artículo 38.

1. Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme.

2. Cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.

SECCIÓN 3. DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS.

Artículo 39. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Son penas privativas de derechos:

  1. La inhabilitación absoluta.

  2. Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.

  3. La suspensión de empleo o cargo público.

  4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

  5. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

  6. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.

  7. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

  8. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

  9. Los trabajos en beneficio de la comunidad.

  10. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La privación de la patria potestad.

Artículo 40. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años; las de inhabilitación especial, de tres meses a 20 años, y la de suspensión de empleo o cargo público, de tres meses a seis años.

2. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, tendrán una duración de tres meses a 10 años.

3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta 10 años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración de un mes a 10 años.

4. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de un día a un año.

5. La duración de cada una de estas penas será la prevista en los apartados anteriores, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Código.

Artículo 41.

La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos.

Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.

Artículo 42. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.

Artículo 43.

La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena.

Artículo 44.

La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.

Artículo 45.

La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena.

Artículo 46. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El Juez o Tribunal podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o incapaces que estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades Autónomas.

Artículo 47. Redacción según Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre.

La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia.

La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia.

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte, respectivamente.

Artículo 48. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.

Artículo 49. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:

    1. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

    2. No atentará a la dignidad del penado.

    3. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.

    4. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.

    5. No se supeditará al logro de intereses económicos.

    6. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

      1. Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

      2. A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

      3. Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.

      4. Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.

  1. Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.

SECCIÓN 4. DE LA PENA DE MULTA.

Artículo 50.

1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria.

2. La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa.

3. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años.

4. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta.

5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del Capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

6. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.

Artículo 51. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Si, después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago.

Artículo 52. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el Código así lo determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo.

2. En estos casos, los jueces y tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada delito, considerando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la situación económica del culpable.

3. Si, después de la sentencia, empeorase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o autorizar su pago en los plazos que se determinen.

4. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

  1. Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

  2. Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

  3. Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Artículo 53.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el artículo 37.1 de este Código.

También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo.

2. En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de duración. También podrá el Juez o Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

3. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años.

4. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado.

5. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.

SECCIÓN 5. DE LAS PENAS ACCESORIAS.

Artículo 54.

Las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo.

Artículo 55. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia.

Artículo 56. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. En las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes:

  1. Suspensión de empleo o cargo público.

  2. Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

  3. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.

2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en otros preceptos de este Código respecto de la imposición de estas penas.

Artículo 57. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un período de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de una infracción calificada como falta contra las personas de los artículos 617 y 620.

SECCIÓN 6. DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 58. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.

2. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.

3. Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar.

4. Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.

Artículo 59.

Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada.

Artículo 60.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida. Si se tratase de una pena de distinta naturaleza, el Juez de Vigilancia Penitenciaria apreciará si la situación del penado le permite conocer el sentido de la pena y, en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo las medidas de seguridad que estime necesarias.

El Juez de Vigilancia comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la próxima extinción de la pena o medida de seguridad impuesta, a efectos de lo previsto por la disposición adicional primera de este Código.

2. Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente.

CAPÍTULO II.
DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS.

SECCIÓN 1. REGLAS GENERALES PARA LA APLICACION DE LAS PENAS.

Artículo 61.

Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada.

Artículo 62.

A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.

Artículo 63.

A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.

Artículo 64.

Las reglas anteriores no serán de aplicación en los casos en que la tentativa y la complicidad se hallen especialmente penadas por la Ley.

Artículo 65.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran.

2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.

3. Añadido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la Ley para la infracción de que se trate.

Artículo 66. Redacción según Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.

1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:

  1. Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la Ley para el delito.

  2. Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.

  3. Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la Ley para el delito.

  4. Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la Ley, en su mitad inferior.

  5. Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la Ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido.
    A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.

  6. Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

  7. Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.

  8. Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.

2. En los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior.

Artículo 66 bis. Añadido por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1ª a 4ª y 6ª a 8ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:

  1. En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:

    1. Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.

    2. Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.

    3. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control.

  2. Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.

Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

  1. Que la persona jurídica sea reincidente.

  2. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

  1. Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5ª del primer número del artículo 66.

  2. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Artículo 67.

Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse.

Artículo 68. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, atendidos el número y la entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código.

Artículo 69.

Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la Ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga.

Artículo 70. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá la extensión resultante de la aplicación de las siguientes reglas:

  1. La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.

  2. La pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.

2. A los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o superior en grado, el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuaran como unidades penológicas de más o menos, según los casos.

3. Cuando, en la aplicación de la regla 1 del apartado 1 de este artículo, la pena superior en grado exceda de los límites máximos fijados a cada pena en este Código, se considerarán como inmediatamente superiores:

  1. Si la pena determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años.

  2. Si fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años.

  3. Si fuera de suspensión de empleo o cargo público, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de ocho años.

  4. Tratándose de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años.

  5. Tratándose de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.

  6. Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.

  7. Tratándose de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.

  8. Tratándose de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.

  9. Si fuera de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 meses.

Artículo 71. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. En la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la Ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente, sin que ello suponga la degradación a falta.

2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida conforme a lo dispuesto en la sección II del capítulo III de este título, sin perjuicio de la suspensión de la ejecución de la pena en los casos en que proceda.

Artículo 72. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.

SECCIÓN 2. REGLAS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS.

Artículo 73.

Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas.

Artículo 74.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.

2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

3. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.

Artículo 75.

Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.

Artículo 76. Redacción según Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:

  1. De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.

  2. De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

  3. De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

  4. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo.

Artículo 77.

1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra.

2. En estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.

3. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado.

Artículo 78. Redacción según Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.

1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

2. Dicho acuerdo será preceptivo en los supuestos previstos en los párrafos a, b, c y d del apartado 1 del artículo 76 de este Código, siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas.

3. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. En estos casos, el Juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable:

  1. Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.

  2. A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.

Artículo 79.

Siempre que los Jueces o Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras accesorias condenarán también expresamente al reo a estas últimas.

CAPÍTULO III.
DE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE LA LIBERTAD CONDICIONAL. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

SECCIÓN 1. DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

Artículo 80.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.

En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

2. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves y se fijará por los Jueces o Tribunales, previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena.

3. La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta penados.

4. Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

Artículo 81.

Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

  1. Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código.

  2. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Que la pena o penas impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

  3. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las mismas.

Artículo 82. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Declarada la firmeza de la sentencia y acreditados los requisitos establecidos en el artículo anterior, los jueces o tribunales se pronunciarán con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.

Artículo 83. Redacción según Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el juez o tribunal, conforme al artículo 80.2 de este Código. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le haya fijado de entre las siguientes:

    1. Prohibición de acudir a determinados lugares.

    2. Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos.

    3. Prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar donde resida.

    4. Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y justificarlas.

    5. Redacción según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros similares.

    6. Redacción según Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1, 2 y 5 de este apartado.

2. Los servicios correspondientes de la Administración competente informarán al Juez o Tribunal sentenciador, al menos cada tres meses, sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas.

Artículo 84.

1. Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fijado, el Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena.

2. Si el sujeto infringiera durante el plazo de suspensión las obligaciones o deberes impuestos, el Juez o Tribunal podrá, previa audiencia de las partes, según los casos:

  1. Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta.

  2. Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco años.

  3. Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera reiterado.

3. Añadido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Redacción según Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1, 2 y 5 del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.

Artículo 85. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. Revocada la suspensión, se ordenará la ejecución de la pena.

2. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena.

Abogado3044 :

Ingresar no tiene porque ingresar, no es algo que sea sencillo que ocurra, aun con los 2 años, créame

Cliente :

entonces cual seria su recomendacion?

Cliente :

intentar negociar lo primero

Cliente :

y despues?

Abogado3044 :

Lo mas fácil es que se negocie y se llegue a un acuerdo

Cliente :

entrar a juicio?

Abogado3044 :

Se fija la cantidad, se paga, y durante un plazo Ud no pued evolver a delinquir

Abogado3044 :

Con un acuerdo no entramos en juicio

Cliente :

pero se llega a un acuerdo con el fiscal o con la abogada de la acusacion?

Abogado3044 :

Si llegamos a ese acuerdo, Ud paga y no ingresa

Cliente :

porque la otra abogada no se si querra llegar a un acuerdo,

Cliente :

por eso me interesa saber con quien se debe negociar eso

Abogado3044 :

Con el fiscal

Cliente :

y todo eso antes de entrar a juicio?

Abogado3044 :

Se negocia con el fiscal, siempre antes del juicio

Cliente :

ambas partes, verdad?

Abogado3044 :

No, sólo Ud,

Cliente :

es decir , mi abogada y yo hablariamos con el fiscal primero?

Abogado3044 :

Si

Cliente :

de que manera puedo tratar el asunto con el fiscal para que salga favorable?

Cliente :

la abogada de oficio que me han asignado no parece entender demasiado del tema, y eso que es experta

Abogado3044 :

Primero se comunica que se quiere llegar a un acuerdo, se escucha que proponen y en base a ésto se acepta o no

Abogado3044 :

Lo normal es que se le condenase a un 1 año por ejemplo, Ud lo cepta, paga, paga la indemnización civil y no hay juici

Cliente :

de cuanto dinero estamos hablando?

Cliente :

y que oferta le haria usted que entiende en la materia al fiscal?

Abogado3044 :

1 año, entre 6 y 15 euros por día, por ejemplo

Abogado3044 :

La cantidad esta en funcion de los ingresos de Ud+

Cliente :

1000 euros,

Cliente :

mileurista

Cliente :

seria un año pagando 6 euros al dia?

Abogado3044 :

Dos mil euros o algo más

Abogado3044 :

si

Abogado3044 :

Sería una sancion razonable

Abogado3044 :

También puede pedir aplazamiento y fraccionamiento, es decir que page al mes unos 200 por ejemplo

Cliente :

y usted cree que el fiscal aceptaria eso sin tener antecedentes?

Abogado3044 :

si, es lo normal

Cliente :

no tengo nisiquiera una sola multa de trafico

Cliente :

siempre al dia de pagos y demas

Abogado3044 :

no se agobie, que todo saldrá bien

Cliente :

y si la parte denunciante si quiere entrar a juicio¿

Cliente :

o eso decide el fiscal?

Abogado3044 :

Es el fiscal quien decide

Abogado3044 :

Si ella quiere puede ejercitar acusacion particular pero sin el fiscal lo tiene muy complicado

Abogado3044 :

No es nada habitual que sigan sin el fiscal

Cliente :

y en su experiencia, que deberiamos decir al fiscal para llegar a un acuerdo conociendo el caso?

Cliente :

que aceptamos uno de los dos delitos y que no queremos entrar a juicio?

Cliente :

que aceptamos una multa y ahi acaba el tema?

Abogado3044 :

Que estamos de acuerdo en las lesiones que queremos llegara un acuerdo

Abogado3044 :

Correcto

Abogado3044 :

Escuchamos que nos pide, lo aceptamos, pagamos o proponemos como pagar y resuelto

Abogado3044 :

Sin juicio

Cliente :

se puede negociar esa cantidad de dinero?

Cliente :

o eso no es negociable?

Abogado3044 :

Si,

Abogado3044 :

Pero no hay mucho margen

Abogado3044 :

Es decir que no podemos discutir, dado que si no pasamos a juicio

Abogado3044 :

QUe su abogado lo intente antes del juicio y le comunique que le piden

Cliente :

pero estariamos en las mismas, en el juicio me declaran culpable por lesiones y por coaccion no

Cliente :

seria lo mismo que hablar con el fiscal anteriormente

Abogado3044 :

No necesariamente

Cliente :

si negociamos se reduce la pena, y si entramos a jucio no,verdad?

Abogado3044 :

De las lesiones si, de las coacciones si no hay pruebas...

Abogado3044 :

correcto

Abogado3044 :

Por ello le conviene llegar a ese acuerdo

Cliente :

y un solo parte de lesiones puede hacer que salga culpable??

Cliente :

sin testigos

Abogado3044 :

del delito de lesiones es casi seguro que salga culpable, si

Abogado3044 :

salgo que tenga pruebas en contrario7

Cliente :

de que tipo de pruebas estamos hablando?

Abogado3044 :

testigos, que Ud no estuviera ese dia en ese lugar, etc

Cliente :

los antecedentes por este tipo de actos se quedan registrados de por vida o se borran al tiempo?

Abogado3044 :

Se borran

Cliente :

los antecedentes por este tipo de actos perduran o se borran con el tiemop?

Cliente :

de que tiempo estamos hablando?

Cliente :

3 , 5 años?¿

Abogado3044 :

3 años

Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.
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