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Código Penal podrían encuadrarse los hechos enunciados o las

Pregunta del cliente:

Código Penal podrían encuadrarse los hechos enunciados o las razones por las que no cabría aplicar sanción penal alguna. JOSE B. J., mayor de edad, está ejecutoriamente condenado por delito de quebrantamiento de condena por sentencia de fecha 4.11.08 del Juzgado de lo Penal nº2 de XXX en la causa XXX/08 (Ejecutoria XXXX/09) a la pena de 6 meses de prisión, hallándose suspendida la ejecución de dicha pena por plazo de 2 años y notificado dicho beneficio al penado el 12.6.09.
JOSE B. J. tenía, en virtud de auto de fecha 30-7-08 dictado en DUD nº XXX/2008 (PA XX/08) del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de XXX, prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de comunicación por cualquier medio respecto de L. F.R.
A pesar de tener perfecto conocimiento de dicha circunstancia, habiendo sido notificada la mencionada resolución al acusado en el acto, el día 16.7.09 sobre las 16:30 horas, JOSE B. J. se encontraba a menos de 50 m del domicilio de L.F.R., sito en la calle XXX nº XXX de XXX.
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  noeliabogada escribió hace 3 año.

Customer:

Hola, me llamo Noelia,soy abogada ejerciente en A Coruña , paso a leer su consulta y trataré de resolver todas sus dudas.

Customer:

Cual es su duda en concreto?

Customer:

Puede leer mis respuestas?

JACUSTOMER-tt1tpcem- :

Es para un trabajo y tiene que haber alguna referencia de jurisprudencia relacionada.

JACUSTOMER-tt1tpcem- :

No veo lo que me ha enviado

Customer:

Estoy teniendo algunos problemas con la conexión.

Customer:

En estos momentos sólo puedo adelantarle algo que quizás sea de su interés

Customer:

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 5 de octubre de 2012 resuelve sobre la condena por delito de quebrantamiento de condena, de la orden de alejamiento impuesta en un procedimiento de violencia domestica, estableciendo la misma que no es necesario requerir previamente al condenado para que pueda concurrir esta figura delictiva.


En los propios fundamento de los sentencia se señala que es cuestión de interés por alegarse contra la acusaciones formuladas en los delitos de quebrantamiento de condena en el seño de la violencia domestica la necesidad de requerimiento especifico al condenado, mas allá del acto de la notificación personal de la sentencia, como así lo había hecho el condenado en el caso estudiado.


Señala la sentencia que el quebrantamiento de condena del 468 del Código Penal distingue entre dos infracciones penales una el quebrantamiento de la pena del artículo 48 del código penal que exige para su comisión la vertiente subjetiva, esto es el conocimiento de dicha medida de alejamiento y es en dicho punto, donde hay que determinar si el mero conocimiento derivado de una notificación de sentencia es suficiente o no para entender cometido el delito, en el caso de no haberse realizado el requerimiento expreso. Y ello, ante la existencia de la corriente que entiende que para la comisión del delito del 468.2 se exige que la sentencia sea firme, incoación de la ejecutoria, liquidación de condena notificada al penado determinando la fecha de inicio de la misma que se materializa en la diligencia de requerimiento de cumplimiento y apercibimiento de incurrir en quebrantamiento de condena caso de no verificarlo.


Sin embargo, la sentencia estima esta corriente minoritaria entendiendo que basta que exista la notificación del auto o la sentencia personal, para que se entienda cometido el delito si se infringe la prohibición.


El quebrantamiento de la medida cautelar, como son las medidas de protección a la víctima, para que se produzca el quebrantamiento basta con que el imputado tenga cabal conocimiento de su adopción y a pesar de ello incumpla su contenido durante la vigencia de la misma, entrando en vigor dicha medida en el momento de la notificación personal al interesado aunque el auto no sea firme.


La sentencia continua haciendo un exhaustivo e interesante análisis de las distintas situaciones procesales que pueden concurrir, en el caso de pena y medida cautelar y cuando se cometería el delito, pero no es posible reproducirlas aquí, sin perjuicio de quedarnos con lo establecido en su fundamento tercero al señalar que ninguna exigencia debe llevarse a cabo en los delitos de quebrantamiento de condena del art. 468.2 CP en materia de violencia de género de que tenga que llevarse a cabo un expreso requerimiento al penado mas allá de la notificación de la sentencia condenatoria con las modalidades señaladas a lo largo de la sentencia.


Asimismo señala que la ejecutoria ha de incoarse, verificar el inicio de la misma pero para que se cometa el delito es preciso que se dictara auto acordando la medida o sentencia condenatoria que incluya una de las modalidades de prohibición y que estas se notifiquen expresa y personalmente al interesado, siendo este conocimiento personal de la existencia y vigencia de la medida lo que hace vinculante y de obligado cumplimiento al penado el contenido de la resolución judicial sin que pueda oponerse la necesidad de requerimiento previo. No constituyendo un requisito de procedibilidad para que de no cumplirse sea absuelto el denunciado por este delito.


Finalmente, señala que en esta línea se ha pronunciando la Audiencia Provincial de Málaga, sección segunda en sentencia de 2 de mayo de 2007.

Customer:

http://www.rojiabogados.es/do-penal-quebrantamiento-de-condena/

JACUSTOMER-tt1tpcem- :

Esto me podría servir

Customer:

Le rogaría una valoración de mis respuestas para que la página me gratifique por mi tiempo

JACUSTOMER-tt1tpcem- :

No sé si debo seguir esperando porque me ha dicho que esto era lo que me podía adelantar, y si va a hacer más aportaciones o ya ha terminado.

Customer:

Entiendo aplicable el precepto penal mencionado

noeliabogada, Licenciatura
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Experto:  noeliabogada escribió hace 3 año.

No sé si es una cuestión que se da en el supuesto que plantea, pero si me parece relevante dejarle una evolución jurisprudencia referente al valor del consentimiento de la mujer en el quebrantamiento de condena cuando ésta deriva de un procedimiento por violencia o maltrato.

 

En la evolución jurisprudencial, el primer argumento que utilizó el TS, en la sentencia del año 2005, STS nº 1156/2005 de 26-9-2005, para otorgar relevancia al consentimiento de la mujer, fue el de considerar que actuar de otro modo produciría unos efectos tan perversos que no era preciso razonar, al suponer una intromisión del sistema penal intolerable en la privacidad de la pareja cuyo derecho más relevante es el derecho a “vivir juntos”, como recuerdan las SSTEDH de 24-3-88 y 9-6-98, entre otras. En la referida sentencia el TS razonaba que: “…En esta materia parece decisión más prudente, compatibilizando la naturaleza pública de la medida dando seguridad jurídica a la persona, en cuya protección se expide, y al mismo tiempo, el respeto al marco inviolable de su decisión libremente autodeterminada, estimar que, en todo caso, la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que esta debe desaparecer y queda extinguida, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener –en su caso– otra medida de alejamiento, circunstancia que sólo podría apreciarse en medida cautelar y no en la pena. Podemos concluir diciendo que en cuanto la pena o medida de prohibición de aproximación está directamente enderezada a proteger a la víctima de la violencia que pudiera provenir de su anterior conviviente, la decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de forma fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone de facto el decaimiento de la medida de forma definitiva, por lo que el plazo de duración de la medida fijado por la autoridad judicial, quedaría condicionado a la voluntad de aquélla, sin perjuicio de que ante un nuevo episodio de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la protección de su persona, otra resolución semejante”.

 

Sin embargo, el mismo tribunal modificó el criterio por el auto del pleno no jurisdiccional de la sala segunda del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2008, en el que se debatió sobre el merecimiento de pena del que incumple una orden de alejamiento, sobre la eficacia del perdón de la víctima y sobre los vicios del consentimiento. El auto del TS concluye que: “la protección de la mujer maltratada nunca es desmesurada y que el bien jurídico que tutela el art 468 es indisponible para las partes”. Mantiene una tesis intermedia consistente en que ese consentimiento exigiría autorización judicial para desplegar todos sus efectos” al partir de la premisa que la mujer actúa bajo el síndrome de mujer maltratada, la jurisprudencia sostenía que si se reanudaba la convivencia había un grave peligro de reiteración delictiva, que era necesario evitar. (Sentencias de la sección 22 de la AP de Barcelona, SAP B 8958/2012, y la STS de 28 de septiembre de 2007 y la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 13 de julio de 2.009). Se estableció una presunción contra reo, ya que se presumía que la reanudación de la convivencia podía conllevar la reiteración delictiva y era un riesgo que era necesario evitar, sin que se llegase a dicha presunción a partir de la existencia de antecedentes o denuncias anteriores. De ese modo dicha presunción impedía valorar otros motivos por los que la pareja podía decidir la reanudación de la convivencia, tales como motivos económicos con el fin de evitar, en los tiempos de crisis, pagar dos alquileres por casa, pagar las pensiones de alimentos y otras cargas familiares derivadas de la separación impuesta penalmente, cuando hay hijos menores. Por ello, la imposición de prohibición de acercamiento les obliga a soportar unos gastos económicos importantes para evitar una reiteración delictiva, sin justificarla más allá que en la existencia de una sentencia anterior y de una resolución ad cautelam que desde el principio de intervención mínima no tiene justificación alguna, en los casos en que al reanudar la convivencia no haya habido algún episodio de mal trato. La mayoría de argumentos esgrimidos lo que hacen es proteger a la mujer de si misma, de su propio consentimiento, porqué lo presumen viciado, porqué se presume que la mujer es vulnerable y por ello tiene su capacidad viciada, sin que en la mayoría de los casos dicha presunción venga avalada por un informe pericial. Se establece una presunción no recogida en la ley, ya que el art 30 del CC establece la presunción de capacidad a los mayores de 18 años, sin que al regular las causas de incapacidad en los art 199 y siguientes del CC, así como los vicios de consentimiento en los art 1266 y ss del CC, contemple como presunción, indicio de incapacidad o vicio del consentimiento en la mujer, el hecho que se haya dictado a su favor una orden de alejamiento, ya sea como medida cautelar o como pena, y dicha presunción de incapacidad opera contra reo. Por todo ello entiendo que si no consta ningún informe psiquiátrico que informe sobre una posible alteración de sus facultades volitivas o intelectivas a causa de la situación de violencia o de miedo que viva en su casa, entiendo que debe aplicarse la presunción de capacidad y de consentimiento libre, y debe prevalecer el interés familiar o deseo personal de reanudar la convivencia, al no concurrir los requisitos que señala la jurisprudencia del TS para proteger a la mujer de una posible situación de riesgo. La sección 20 de la AP de Barcelona SAP B 8828/2012 y la STS núm. 1199/2002, de 28 de junio tratan la posible existencia en el acusado de error de tipo o de prohibición, a partir del consentimiento emitido por la mujer, señalando que para valorar dicha circunstancia será necesario analizar el caso concreto, tomando en consideración las condiciones del sujeto en relación con las del que podría considerarse hombre medio, combinando así los criterios subjetivo y objetivo, y ha de partir necesariamente de la naturaleza del delito que se afirma cometido, pues no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento”. Considero que la exención de responsabilidad criminal se dará en los supuestos de error invencible, aplicable muy excepcionalmente a entornos culturales muy cerrados y aislados a la cultura de este país, en los que se den sus propias normas unido al hecho que haga muy poco tiempo que hayan llegado a España, debiendo equilibrarse la invencibilidad de conocimiento con la aplicación territorial del ius puniendi; en la mayoría de veces se podrá alegar un error vencible, basado en que la falsa creencia de que el consentimiento de la mujer dejaba sin efecto la orden o pena de prohibición de alejamiento, sin haber consultado con el letrado dicha creencia. La vencibilidad de la falsa creencia, a tenor del art 14 del CP, convierte la conducta en imprudente, y a tenor del art 12 del CP en impune, al no estar penada la comisión por imprudencia del delito de quebrantamiento. La jurisprudencia también ha resuelto que en el iterin en que está pendiente recurso de apelación y la sentencia de instancia es absolutoria, si existía una medida cautelar que impedía el acercamiento y en la sentencia no se ha motivado la necesidad de mantener la vigencia de la medida cautelar, dicha medida ha perdido su vigencia, en base al art 69 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la medida cautelar en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal conlleva la finalización de la vigencia de dicha medida en el momento en que tal Sentencia fue dictada. Finalmente, en la sentencia de la AP de Madrid, sección decimoséptima, ST de 13/1/2012, se sostiene el razonamiento de que el consentimiento de la víctima puede considerarse como una atenuante analógica muy cualificada, en atención, en el caso concreto que examina, a las denuncias retiradas, reanudación de la convivencia de la pareja y la lejanía de los hechos que motivaron la denuncia por violencia doméstica. Por todo ello aplica el art 21.7 del CP en relación a las atenuantes recogidas en el art 21 del CP que contemplan hechos o impulsos exteriores que inciden en la conducta del sujeto limitando su responsabilidad, vinculando la atenuante analógica a hechos exteriores e influyentes en la conducta del agente, a las atenuantes analógicas relacionadas con eximentes incompletas de legítima defensa o estado de necesidad.

Experto:  noeliabogada escribió hace 3 año.
http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia

En este enlace puede consultar jurisprudencia y encontrar alguna sentencia que se adapte a las características concretas del supuesto planteado.

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