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Mariatf19
Mariatf19, licenciada en derecho
Categoría: Legal
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D. Luis Candelas acaba de quedar viudo; estaba casado en régimen

Pregunta del cliente:

D. Luis Candelas acaba de quedar viudo; estaba casado en régimen de gananciales y quiere que en la división de los bienes se le atribuya el inmueble que era vivienda familiar y que tiene carácter ganancial. Como los dos hijos se oponen, por favor, ofrezcan una solución que satisfaga los intereses de nuestro cliente. Y además se la solución necesitaría jurisprudencia.
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.

Abogado3044 :

Bienvenido, le atiende José M, abogado ejerciente del ICA Burgos, ruego unos minutos para preparar su consulta, Puede escribir en todo momento.

Abogado3044 :

Necesito saber lugar de última residencia del causahabiente

Abogado3044 :

Así mismo necesito saber de la existencia o inexistencia de testamento

Abogado3044 :

Gracias

Abogado3044 :

Espero que me complete la información requerida para responderle apropiadamente

Abogado3044 :

Un saludo

Abogado3044 :

Puede escribir para que le responda, gracias

JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

La residencia es Madrid, necesitaría que analizara si hubiera y si no hubiera testamento. Gracias

JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

Así como buscar varia jurisprudencia

Abogado3044 :

Bien. Si hay testamento, debemos conocer su literalidad para actuar en consecuencia

Abogado3044 :

Sin testamento, acudimos a ver los derechos del cónyuge viudo en el código civil

JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

Bien, pues suponiendo que no haya testamento, que habría que hacer?

Abogado3044 :

Así, el 834 del código civil nos habla de que el cónyuge viudo tiene derecho de usufructo del tercio de mejora

Abogado3044 :

Pues bien, si no hay testamento, el viudo debe indemnizar, pagar, a los hijos, por el valor de lo que tienen derecho a recibir hoy, que es un tercio de la mitad del valor del inmueble, cada uno

Abogado3044 :

Lo cabal es que se tase el inmueble y se le pague a cada hijo ese dinero

Abogado3044 :

Esa es la solución que nos da nuestro código civil.

JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

Y que sentencias de jurisprudencia nos resalta?

Abogado3044 :

Le miro alguna, un momento

JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

Gracias

Abogado3044 :

Es complicado buscar algo en jurisprudencia, po rlo básico y claro de la consulta, pero nos encontramos por ejemplo que la viuda como usufructuaria de un tercio de la herencia no está obligada al pago de la Comunidad de Propietarios por no considerarse heredera

Abogado3044 :
AP Salamanca, Sec. 1.ª, 68/2012, de 14 de febrero

Recurso 783/2011. Ponente: ILDEFONSO GARCIA DEL POZO.
Abogado3044 :

Quiere la sentencia completa ?

JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

sí por favor

Abogado3044 :
AP Salamanca, Sec. 1.ª, 68/2012, de 14 de febrero

Recurso 783/2011. Ponente: ILDEFONSO GARCIA DEL POZO.


EXTRACTOS

La viuda como usufructuaria de un tercio de la herencia no está obligada al pago de la Comunidad de Propietarios por no considerarse heredera
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"... Es cierto que en el artículo 807 del Código Civil , - que se denuncia como infringido por falta de aplicación en el recurso interpuesto por los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima -, se dispone que son herederos forzosos: 1º) los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes; 2º) a falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes; y 3º) el viudo o viuda en la forma y medida que establece el propio Código Civil. Pero tal precepto ha de ser puesto en relación con otros del mismo Código Civil, tales como el artículo 660, conforme al cual llámase heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular, y los artículos 834 y 837 , según los cuales el derecho del cónyuge viudo se limita al usufructo de una porción de la herencia, distinta según que concurra con hijos o descendientes, o con ascendientes, señalando el artículo 839 la forma en la que los herederos podrán satisfacer al cónyuge viudo su parte de usufructo.

Por ello ya desde antiguo la doctrina jurisprudencial señaló las diferencias que existían entre el verdadero y propio heredero, y la correspondiente al cónyuge viudo, en cuanto ésta carecía de las notas de totalidad y perpetuidad respecto de la sucesión del causante y por ello no le confería la representación en los derechos ni la responsabilidad por las obligaciones, tal y como señaló la STS. de 20 de junio de 1.932 ; línea jurisprudencial seguida uniformemente con posterioridad en otras diversas resoluciones, las que ya se citan y cuya doctrina se transcribe en la propia sentencia impugnada, concluyendo en forma inequívoca que el cónyuge viudo en cuanto legitimario respecto del usufructo de una parte de la herencia no es responsable de las deudas de la herencia ni puede por tal condición ser condenado a su pago.

Y tal condena al pago de la cantidad reclamada en la demanda, adeudada por cuotas comunitarias, no puede tampoco fundarse en su condición de usufructuaria de la herencia de su esposo Don Olegario , y ello por cuanto: 1º) de conformidad con lo establecido en el artículo 837 del Código Civil , al concurrir con ascendientes, la demandada Doña Elvira tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia, y así le fue reconocido en el acta notarial de fecha 11 de marzo de 2.008, pero tal derecho en modo alguno puede concretarse en la vivienda generadora de la deuda comunitaria, al desconocerse si éste es el único bien integrante de la herencia y la forma en que los otros codemandados, en cuanto herederos a título universal, procederán a la satisfacción de este derecho de usufructo del cónyuge viudo, dado que no se han practicado las pertinentes operaciones de liquidación; y b) en segundo término, porque tampoco se ha acreditado debidamente que la referida demandada venga siquiera haciendo uso de la indicada vivienda en forma tal que pudiera justificar obligarla al pago de las cuotas ordinarias de comunidad, lo que incumbía demostrar a los ahora recurrentes en cuanto pretendían su condena a pagar el 50 % de la cantidad reclamada en la demanda (los codemandados) o la que correspondiera a cuotas ordinarias (la comunidad demandante). ..."


ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- El día veintiocho de Septiembre de dos mil once, por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de Salamanca, se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente FALLO:

"Que estimando la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 NUM000 - NUM001 , representada por la Procuradora Doña Nuria Martín Rivas, contra XXXXX XXXXX Ramón , Doña Fátima , representados por la Procuradora Doña Carmen Herrero Rodríguez y desestimando la demanda interpuesta contra la señora Elvira , representada por la Procuradora Doña Manuela Peláez Cabo, debo condenar y condeno a XXXXX XXXXX Ramón y a Doña Fátima a abonar a la comunidad de propietarios DIRECCION000 NUM000 - NUM001 la cantidad de 1.482,99 Euros más los intereses generales y costas, excepto las generadas a instancia de la señora Elvira , que serán a cargo de la parte actora."

2º .- Contra referida sentencia se interpuso recurso de apelación por las representaciones jurídicas del demandante (Comunidad de Propietarios C/ DIRECCION000 nº NUM000 - NUM001 -El Encinar-) y de los demandados (D. Jose Ramón y Dña Fátima ) concediéndoles el plazo establecido en la ley para interponer los mismos verificándolo en tiempo y forma, quienes después de hacer las alegaciones que estimaron oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando la legal representación del demandante (Comunidad de Propietarios C/ DIRECCION000 nº NUM000 - NUM001 -El Encinar) que se dicte Sentencia con revocación de la de instancia, bien para condenar a ambas partes co-demandadas al pago de la cantidad de las cuotas y gastos de requerimiento de pago (1.482,99 Eur), más intereses, según el reparto de cuotas extraordinarias para los padres y ordinarias para la esposa, en liquidación que se realice en ejecución de sentencia, o bien, si se entiende que la esposa no debe pagar las cuotas, que siquiera se la condene a estar y pasar por la condena al pago de los padres pero a cargo de la herencia, mermando su cuota hereditaria en la liquidación pendiente, y en cuanto a las costas generadas a la comunidad actora en la primera instancia, solicita se impongan a las partes co-demandadas en cualquiera de las anteriores pretensiones alternativas, y en cualquier caso, que no se impongan a la comunidad actora las de la esposa co-demandada, y referencia a las costas de la segunda instancia, que se resuelva conforme al art. 398 LEC ; los demandados (D. Jose Ramón y Dña Fátima ) solicitan se dicte sentencia en la que se revoque la sentencia apelada, dictando otra por la cual: 1) Se declare que los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima vienen obligados únicamente al abono del 50 % de la cantidad reclamada en la demanda, siendo el 50 % restante de cuenta de la usufructuaria codemandada. 2) Se les tenga por allanados con la demanda en lo relativo a referido porcentaje de la cantidad reclamada a cuyo abono vienen obligados. 3) Se declare no haber lugar a la imposición de costas frente a ellos, en virtud de referido allanamiento conforme previene el art. 395 LEC , y subsidiariamente, para el caso de no acogerse las anteriores solicitudes, se declare en lo relativo a las costas que haya de abonar referida parte, que las mismas, por aplicación de lo prevenido en el art. 395 LEC , habrían de referirse en tal caso al 50 % de la Cuma reclamada (habida cuenta del allanamiento parcial de dicha parte); dado traslado de dichos escritos a las partes, por la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 NUM002 - NUM001 se presentó escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso interpuesto por la parte codemandada, para terminar suplicando tener por impugnado el recurso de apelación interpuesto de contrario, seguir el procedimiento por sus trámites y finalmente dictar Sentencia conforme con lo pedido en su recurso de apelación; asimismo, y por la representación de la demandada-apelada (Dña Elvira ),se presentó escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 NUM000 - NUM001 , haciendo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando la confirmación de la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia, se formó el oportuno rollo, turnándose el recurso de apelación y señalándose para fallo del recurso el día siete de Febrero de dos mil doce.

4º.- Observadas las formalidades legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de esta ciudad se dictó sentencia en fecha 28 de septiembre de 2.011 , la cual, por un lado, estimando la demanda promovida por la Comunidad de Propietarios de la DIRECCION000 número NUM000 - NUM001 de El Encinar-Terradillos (Salamanca), condenó a los demandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima a pagar a la referida comunidad demandante la cantidad de 1.482,99 euros, más los intereses legales correspondientes, y, por otro, desestimando tal demanda contra la demandada Doña Elvira , absolvió a ésta de las pretensiones de la misma, con imposición a los primeros demandados de las costas, a excepción de las generadas por la intervención de la demandada Doña Elvira , que serían a cargo de la comunidad demandante.

Y contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de apelación: a) de una parte, por la representación procesal de los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima por los que, con fundamento en las alegaciones realizadas por su defensa en el correspondiente escrito de interposición del recurso de apelación, se interesa la revocación de la mencionada sentencia y que se dicte otra por la que: 1) se declare que tales codemandados vienen obligados únicamente al abono del 50 % de la cantidad reclamada en la demanda, siendo el 50 % restante de cuenta de la usufructuaria codemandada; 2) se les tenga por allanados en lo referido al citado porcentaje de la cantidad reclamada a cuyo abono vienen obligados; y 3) que en virtud del referido allanamiento se declare no haber lugar a la imposición de costas a los mismos; y subsidiariamente, para el supuesto de no acogerse las anteriores pretensiones, que se declare que, al haberse allanado parcialmente, su obligación de pago de las costas habrá de referirse únicamente al 50 % de la cantidad reclamada en la demanda; y b) de otro, por la representación procesal de la comunidad de propietarios demandante, por la que se solicita, igualmente con fundamento en los motivos alegados por su defensa en el correspondiente escrito de interposición del recurso, que se revoque parcialmente la sentencia impugnada y que se dicte otra por la que se condene a todos los demandados a pagarle la cantidad reclamada de 1.482,99 euros más los correspondientes intereses, según el reparto de cuotas extraordinarias para los padres y ordinarias para la esposa en liquidación que se realice en ejecución o bien, si se entendiera que la esposa no debe pagar las cuotas, que se la condene a estar y pasar por la condena al pago de los padres pero a cargo de la herencia, mermando su cuota hereditaria en la liquidación pendiente, y en todo caso que no le sean impuestas las costas causadas por la codemandada absuelta.

Segundo.- Tanto en el recurso de apelación interpuesto por los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima , en cuanto pretenden que se limite su condena al pago del 50 % de la cantidad reclamada en la demanda, como en el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Propietarios demandante, al solicitar que se condene a todos los demandados a pagarle la cantidad reclamada, - aun cuando lo sea respecto de los demandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima de la cuotas extraordinarias y respecto de la codemandada Doña Elvira de las cuotas ordinarias -, se suscita nuevamente en esta segunda instancia la cuestión relativa a si la codemandada Doña Elvira ha de contribuir al pago de la mitad de la cantidad reclamada en la demanda, adeudada a la Comunidad de Propietarios demandante por las cuotas correspondientes al piso NUM003 NUM004 del número NUM001 , y ello en su condición de heredera, junto con los otros demandados, de Don Olegario .

Es cierto que en el artículo 807 del Código Civil , - que se denuncia como infringido por falta de aplicación en el recurso interpuesto por los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima -, se dispone que son herederos forzosos: 1º) los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes; 2º) a falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes; y 3º) el viudo o viuda en la forma y medida que establece el propio Código Civil. Pero tal precepto ha de ser puesto en relación con otros del mismo Código Civil, tales como el artículo 660, conforme al cual llámase heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular, y los artículos 834 y 837 , según los cuales el derecho del cónyuge viudo se limita al usufructo de una porción de la herencia, distinta según que concurra con hijos o descendientes, o con ascendientes, señalando el artículo 839 la forma en la que los herederos podrán satisfacer al cónyuge viudo su parte de usufructo.

Por ello ya desde antiguo la doctrina jurisprudencial señaló las diferencias que existían entre el verdadero y propio heredero, y la correspondiente al cónyuge viudo, en cuanto ésta carecía de las notas de totalidad y perpetuidad respecto de la sucesión del causante y por ello no le confería la representación en los derechos ni la responsabilidad por las obligaciones, tal y como señaló la STS. de 20 de junio de 1.932 ; línea jurisprudencial seguida uniformemente con posterioridad en otras diversas resoluciones, las que ya se citan y cuya doctrina se transcribe en la propia sentencia impugnada, concluyendo en forma inequívoca que el cónyuge viudo en cuanto legitimario respecto del usufructo de una parte de la herencia no es responsable de las deudas de la herencia ni puede por tal condición ser condenado a su pago.

Y tal condena al pago de la cantidad reclamada en la demanda, adeudada por cuotas comunitarias, no puede tampoco fundarse en su condición de usufructuaria de la herencia de su esposo Don Olegario , y ello por cuanto: 1º) de conformidad con lo establecido en el artículo 837 del Código Civil , al concurrir con ascendientes, la demandada Doña Elvira tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia, y así le fue reconocido en el acta notarial de fecha 11 de marzo de 2.008, pero tal derecho en modo alguno puede concretarse en la vivienda generadora de la deuda comunitaria, al desconocerse si éste es el único bien integrante de la herencia y la forma en que los otros codemandados, en cuanto herederos a título universal, procederán a la satisfacción de este derecho de usufructo del cónyuge viudo, dado que no se han practicado las pertinentes operaciones de liquidación; y b) en segundo término, porque tampoco se ha acreditado debidamente que la referida demandada venga siquiera haciendo uso de la indicada vivienda en forma tal que pudiera justificar obligarla al pago de las cuotas ordinarias de comunidad, lo que incumbía demostrar a los ahora recurrentes en cuanto pretendían su condena a pagar el 50 % de la cantidad reclamada en la demanda (los codemandados) o la que correspondiera a cuotas ordinarias (la comunidad demandante).

En consecuencia, ha de ser rechazada esta primera pretensión de los recursos, sin que en este procedimiento pueda accederse a la pretensión que en esta alzada formula la Comunidad demandante referente a que se condene a la codemandada Doña Elvira a estar y pasar porque el pago de las cuotas comunitarias por parte de los herederos propiamente dichos lo sea con cargo a la herencia, con la consiguiente merma en su cuota, ya que, aparte de que tal pretensión no fue formulada oportunamente en la primera instancia, tampoco corresponde a la Comunidad legitimación para hacerla.

Tercero.- La segunda de las cuestiones que se plantean en los recursos es la relativa a los pronunciamientos que en orden al pago de las costas causadas en la primera instancia se contienen en la sentencia impugnada, pretendiendo los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima que no le sean impuestas tales costas, al haberse allanado parcialmente a las pretensiones de la demandante o subsidiariamente que las mismas se refieran únicamente al 50 % de la cantidad reclamada, y la Comunidad de propietarios demandante que no se le impongan las ocasionadas por la actuación de la codemandada Doña Elvira .

En relación con la pretensión que en orden a la imposición de costas formulan los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima , ha de partirse de que éstos, ante el requerimiento de pago acordado en el procedimiento monitorio, se manifestaron conformes con el pago de la mitad de la cantidad reclamada y procedieron incluso a su inmediata consignación. Por consiguiente, la cuestión controvertida que motivó el seguimiento del posterior juicio verbal se limitó a si venían o no obligados a pagar la otra mitad, o si del pago de ella debería responder la codemandada Doña Elvira , por lo que es indudable que las costas a cuyo pago vienen condenados los referidos demandados han de limitarse a las correspondientes a esta cuantía, que fue la realmente discutida, pero sin que pueda dejarse sin efecto su condena al pago, al no ser de aplicación respecto de la cuestión propiamente discutida el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto respecto de la misma no existió allanamiento, sino el artículo 394. 1, al haber sido estimada.

Respecto de la pretensión de la Comunidad de propietarios demandante, la misma ha de ser acogida, dejando sin efecto su condena al pago de las costas causadas por la intervención de la demandada Doña Elvira , en cuanto que la misma dirigió correctamente su solicitud de procedimiento monitorio frente a los herederos del titular de la vivienda y la cuestión planteada en el procedimiento afectaba exclusivamente a los referidos herederos, siendo en definitiva ajena a la demandante. Por consiguiente, y en relación con las costas ocasionadas en la primera instancia por la intervención de la referida codemandada, no procede hacer especial imposición a ninguna de las partes.

Cuarto.- En consecuencia, han de ser estimados parcialmente los recursos de apelación interpuestos tanto por los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima como por la Comunidad de Propietarios demandante, con la consiguiente revocación asimismo parcial de la sentencia impugnada, sin hacer especial pronunciamiento por ello respecto de las costas causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.1, en relación con el artículo 394. 1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y con devolución a los recurrentes de los depósitos constituidos, en aplicación de lo prevenido en la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de la potestad jurisdiccional conferida por la Constitución,




Estimando en parte los recursos de apelación interpuestos, de un lado, por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA DIRECCION000 NÚMERO NUM000 - NUM001 DE EL ENCINAR -TERRADILLOS (Salamanca) , representada por la Procuradora Doña Nuria Martín Rivas, y, de otro, por los codemandados XXXXX XXXXX Ramón Y DOÑA Fátima , representados por la Procuradora Doña Carmen Herrero Rodríguez, debo confirmar y confirmo la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de esta ciudad con fecha 28 de septiembre de 2.011 en el Juicio Verbal del que dimana el presente rollo, a excepción de los pronunciamientos referentes a las costas, los que se modifican o revocan en el sentido de que las costas que se imponen a los codemandados XXXXX XXXXX Ramón y Doña Fátima se limitarán a las correspondientes a la mitad de la cantidad reclamada en la solicitud de procedimiento monitorio, y sin hacer especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la primera instancia por la intervención de la codemandada Doña Elvira .

No se hace especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en esta alzada y procédase a la devolución a los recurrentes de los depósitos constituidos.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.


JACUSTOMER-vz1n9g2e- :

Pero necesitaría que la contestación al caso fuese explicada bien redactada a modo de ensayo, para poder presentarla

Abogado3044 :

Un caso práctico?

Abogado3044 :

Aqui tiene materia de estudio

Customer:

Necesitaría contactar con otro de los expertos, por favor

Customer:

remita mi pregunta a otro experto si es posible

Customer:

Hola?

Customer:

Podría remitir mi pregunta a otro experto porfavor?

Customer:

Perdone?

Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.
Ya he abandonado su consulta y la dejo abierta para que otro experto le haga el caso práctico
Yo por ética no hago trabajos de estudiantes, solo os ayudo a su elaboración.
Gracias
Cliente: escribió hace 3 año.

Volver a incluir en lista: Respuesta incompleta. Me gustaría hablar con otro experto porfavor.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Hola buenos días. Me llamo María y trabajo como abogada. Voy a redactar su caso practico. Deme unos minutos.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.

Dado que el cónyuge viudo y el causante son residentes en Madrid se aplica el régimen general del código civil y una vez producido el fallecimiento del causante hay que realizar la liquidación de la sociedad de gananciales adjudicando la mitad al viudo y la otra mitad a la herencia de la causante. En el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales el viudo tiene derecho a pedir a su elección que se le atribuya la propiedad de toda la vivienda familiar o bien que se constituya a su favor sobre ella un derecho de uso o habitación. Para el caso de que el valor de la vivienda superara a su derecho en la herencia de la causante tendrá que abonar la diferencia en dinero a los demás herederos. Aunque los herederos se opongan a la adjudicación de la vivienda a favor del cónyuge de lo que nunca pueden privar es al cónyuge de su derecho de uso sobre dicha vivienda, es decir, mientras viva el cónyuge tiene derecho a vivir en la vivienda familiar se opongan o no se opongan los herederos dado que la mitad de la vivienda es propiedad del cónyuge viudo como parte en la sociedad de gananciales que se extingue como consecuencia del fallecimiento del causante. Y en la mitad de la herencia, los herederos tienen dos tercios y el cónyuge viudo tiene su derecho de usufructo sobre un tercio de la herencia. Si bien es cierto que los herederos tienen la facultad de conmutación del usufructo viudal en el ar´ticulo 839 del código civil el viudo siempre puede oponerse a dicha conmutación y si se opone será el juez el que decida. Pero en todo caso usted tiene derecho a la mitad de la vivienda y los herederos a la otra mitad gravada con su derecho de usufructo con lo cúal si no hay acuerdo se tendría que acudir a un proceso de división de cosa común en el que se adjudicaría la vivienda al cónyuge por ser en este caso el que previamente ha solicitado la adjudicación de la misma y tiene preferencia frente a cualquier otro comprador.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.

Estoy buscando jurisprudencia. Ahora tengo que salir pero en una hora más o menos la buscaré. Gracias.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.

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Jurisprudencia

Jurisdicción: Civil
Ponente: Ángel Vicente Illescas Rus
Origen: Audiencia Provincial de Madrid
Fecha: 12/07/2005
Tipo Resolución: Sentencia Sección: Décima
Número Sentencia: 528/2005 Número Recurso: 716/2004
Voces sustantivas: Ajuar doméstico, Competencia desleal, Compraventa, Contrato de préstamo, Depósito, División de la herencia, Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat, Ex novo, Faltas, Herencia, Impuesto sobre bienes inmuebles, Legado, Menores, Necessitas probandi incumbit ei qui agit, Negativa non sunt probanda, Non liquet, Onus probandi, Ope exceptionis, Puertos, Patentes, Per rerum naturam factum negantis probatio nulla est, Préstamo hipotecario, Reus in excipiendo fit actor, Régimen económico matrimonial, Seguro de vida, Sociedad de gananciales, Testamento, Usufructo, Amortizaciones, Ajuar de la vivienda habitual, Bienes de la sociedad de gananciales, Bienes gananciales, Bienes inmuebles, Bienes privativos, Cancelación, Cargas de la sociedad de gananciales, Consecuencias accesorias, Contrato de seguro, Daños y perjuicios, Deudas de la sociedad de gananciales, Domicilio, Domicilio conyugal, Equidad, Fondo de inversión, Haber hereditario, Hechos jurídicos, Indemnizaciones, Inventario de bienes, Legatario, Mala fe, Presunciones, Pasivo de la sociedad de gananciales, Publicidad ilícita, Recargos, Renta, Rescate, Seguro de incendios, Acta notarial, Acto ilícito, Amortización, Banco de españa, Bienes de la herencia, Bienes hereditarios, Carácter ganancial, Carácter privativo, Compañías de seguros, Cuentas bancarias, Devengo del impuesto, Embargo, Entidades financieras, Finca registral, Legado de usufructo, Matrimonio, Nulidad del contrato, Ocultación de bienes, Plazos, Presunción iuris tantum, Propiedad, Propietario, Venta de productos, Venta del inmueble, Vis attractiva, Voluntad testamentaria
Voces procesales: Auxilio judicial, Cosa juzgada, Ejecución de sentencia, Formación de inventario, Hechos excluyentes, Hechos extintivos, Hechos impeditivos, Juicio verbal, Recurso de apelación, Avalúo, Condena en costas, Carga de la prueba, Continuación del procedimiento, Derecho de defensa, Diligencias finales, Disponibilidad y facilidad probatoria, Liquidación de la sociedad de gananciales


ENCABEZAMIENTO:

Procedimiento: XXXXX XXXXX apelación
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 10
MADRID
SENTENCIA: 00528/2005
AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MADRID
Sección 10
1280A
C/ FERRAZ 41
Tfno.:NNN-NN-NNNN913971947 Fax:NNN-NN-NNNN
N.I.G. 28000 1(NNN) NNN-NNNN/2004
Rollo: RECURSO DE APELACION 716 /2004
Autos: DIVISION HERENCIA 476 /2002
Órgano Procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 5 de PARLA
De: Plácido , Soledad , Catalina
Procurador: JOSE ANTONIO SANDIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO SANDIN FERNANDEZ ,
JOSE ANTONIO SANDIN FERNANDEZ
Contra: Nuria
Procurador: MIGUEL ANGEL AYUSO MORALES
Sobre: División de herencia. Inventario.
PONENTE: ILMO. SR. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS
SENTENCIA
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS
D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS
Dª ANA MARÍA OLALLA CAMARERO
En MADRID , a doce de julio de dos mil cinco.
La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº 476/02, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Parla, seguidos entre partes, de una, como demandados-apelantes Dª Catalina , D. Plácido Y Dª Soledad , representados por el Procurador D. José Antonio Sandin Fernández y defendidos por Letrado, y de otra como demandante-apelada Dª Nuria , representada por el Procurador D. Miguel Angel Ayuso Morales y defendida por Letrado, seguidos por el trámite de división de herencia.
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo.Sr. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS.
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ANTECEDENTES DE HECHO:

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Parla, en fecha 12 de julio de 2004, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO:"Que estimando parcialmente la demanda presentada por Dª Nuria y estimando parcialmente la oposición formulada por los herederos D. Plácido , Dª Soledad y Dª María Cristina , deberá procederse a la formación de inventario de la herencia de D. Plácido de conformidad con los pronunciamientos contenidos en el fundamento de derecho primero y segundo de la presente resolución. No se hace expresa condena en costas. ".
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandados. Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.
TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 26 de mayo de 2005, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 11 de julio de 2005.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Se aceptan en lo sustancial los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en cuanto no aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación.
SEGUNDO.- (1) Mediante escrito con entrada en el Registro General de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Parla (Madrid) en fecha 27 de noviembre de 2002, la representación de Doña Nuria promovía «expediente judicial para la división de la herencia del difunto esposo de mi representada Don Clemente ...», al que solicitaba la citación de los herederos Don Plácido , Doña Soledad y Doña Catalina , y tras alegar los hechos y razonamientos jurídicos que estimaba de aplicación, los cuales se dan aquí por reproducidos en gracia a la economía procesal, terminaba solicitando que se dictase «... Sentencia que apruebe las operaciones divisorias realizadas, conforme a la voluntad testamentaria del causante y estableciendo la adjudicación de los bienes que integran la herencia, con respeto al legado de usufructo; y así mismo, establezca que la participación de la legataria en el pasivo de la herencia y gastos de la propiedad asciende a un porcentaje del 33% de los mismos y la de los herederos nudos propietarios a un 67%, estableciendo así mismo, que la cantidad adeudada por tales conceptos por los herederos nudos propietarios, a fecha 31 de octubre de 2002, asciende a la cantidad de 3.895,56 euros, sin perjuicio de las operaciones particionales realizaddas conforme al Testamento, con los apercibimientos legales, y todo ello con condena en costas a los demandados si actuaren con temeridad o mala fe».
(2) Turnado el conocimiento de la pretensión formulada al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Parla (Madrid) este órgano acordó por Auto de 4 de diciembre de 2002 admitir a trámite la solicitud y comunicar las copias de la misma y documentos presentados a los interesados designados por la peticionaria, convocando a las partes a formación de inventario para la audiencia del 29 de enero de 2003.
(3) Tras diversas vicisitudes atinentes a la averiguación del domicilio de los interesados, por proveído de 16 de diciembre de 2003 se acordó convocar a las partes a formación de inventario para la audiencia del día 29 de enero de 2004.
(4) En la fecha señalada, la representación procesal de los herederos comparecidos formuló oposición al inventario propuesto por la peticionaria, en el entendimiento de que debían ser incluidos en él: «-haber en la sociedad de gananciales perteneciente al difunto; -Vehículo Seat Córdoba; - Ajuar doméstico y mobiliario correspondiente a la vivienda privativa inventariada; -Cuentas bancarias; -Percepciones en concepto de pensiones; -Crédito frente a tercero por importe equivalente al préstamo hipotecario que aparece inventariado, e ignorando el prestatario».
En el acto se acordó la continuación del procedimiento por los trámites del juicio verbal convocando a las partes a la vista para la audiencia del 4 de marzo de 2003 [sic].
(5) Seguido el procedimiento por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Parla (Madrid) dictó sentencia en fecha 12 de julio de 2004 en la que argumentaba no existir discrepancia entre las partes respecto de «ÄViviendasita en C/ DIRECCION000 , núm. NUM000 , piso NUM001 de Parla (Madrid), finca registral núm. NUM002 , tiene carácter privativo del finado, debiendo incluirse en el activo de la herencia con tal carácter privativo; ÄIndemnización por importe de 4.490 euros abonada por Mutua Madrileña Automovilista por daños y perjuicios sufridos en el vehículo Seat Córdoba D-....-DL por accidente sufrido en fecha 6-9-02 y percibido exclusivamente por Dª Nuria , tiene carácter ganancial, por tener dicho carácter el vehículo mencionado; ÄSeguro de la vivienda, de todos los años, como pasivo de la sociedad de gananciales; ÄIBI (impuesto de bienes inmuebles) de año 2002 y 2003 como pasivo de la sociedad de gananciales».
En relación con las partidas en la que decía existir discrepancia señalaba que «... El préstamo ( con garantía hipotecaria) por importe de 4.200.000 pesetas "para financiar otros conceptos" ( distinto pues de la adquisición de la vivienda, en concreto cancelación de préstamo personal a nombre de ambos, punto 6 de escrito de BBVA de fecha 2-3-04) fue suscrito en fecha 24-10-2000 por D. Clemente y Da Nuria , por lo tanto, constante matrimonio y bajo régimen de sociedad de gananciales es una deuda ganancial y como tal debe ser liquidada. Igual carácter ganancial tendrán los seguros que sean consecuencia accesoria de dicho contrato de préstamo, en concreto los que menciona BBVA en su escrito de fecha 2-3-04 (punto 4 de dicho escrito): seguro multirriesgo del hogar nºde póliza NUM003 y seguro de protección de pagos NUM004 (conforme al principio general de que lo accesorio sigue a lo principal)
En cuanto al "seguro de vida" que mencionó la promotora por importe de 1449,82 euros, supone esta Juzgadora si se refiere al que aparece como documento n° 21 de la demanda inicial (recibo de anualidad 23-1-02 a 23-1-03 por importe de 353,05 euros y que en realidad es el ya mencionado en el párrafo anterior "seguro de protección de pagos c. hipoteca" n° de póliza 243598, por lo que según lo ya indicado debe computarse como pasivo ganancial.
Respecto a IBI del año 2001 y cuotas de comunidad (hasta la fecha de liquidación de la herencia) deben incluirse como deudas (PASIVO) de carácter privativo del finado. Dichos gastos son a cuenta de la propiedad del inmueble (salvo pacto en contrario en caso de arrendamiento), y ostentando el inmueble carácter de bien privativo del finado, los gastos del mismo deben considerarse pasivo privativo.
En cuanto al vehículo SEAT Córdoba D-....-DL , se discute por las partes si debe considerarse que la indemnización de 4.490 euros es el total de lo recibido por el siniestro de fecha 6-9-02, la respuesta debe ser negativa. A pesar de que Mutua Madrileña Automovilista no cumplimentó el requerimiento que se le envió, omitiendo contestar a lo que se le preguntaba específicamente y que la promotora tampoco ha facilitado la respuesta a esta cuestión; de la carta remitida por MMA a Nuria ( donde se le ofrece una indemnización de 4490 euros MÁS la cantidad que perciba por el importe de los restos que quedan de su propiedad o 4941 euros si cede propiedad de restos a MMA), dado que Nuria optó por la suma de 4490 euros, resulta evidente que conservó la propiedad de los restos del vehículo transmitiéndolo a un tercero, por importe que no consta. En definitiva debe incluirse asimismo como ACTIVO ganancial el valor de restos de vehículo mencionado, valoración que no corresponde resolver en esta sentencia, puesto que la cuestión litigiosa es los bienes a incluir en el inventario.
Respecto a bienes muebles, enseres y ajuar doméstico de la vivienda sita en C/ DIRECCION000 n° NUM000 , NUM001 , estos NO DEBEN INCLUIRSE en el INVENTARIO DE LA HERENCIA, sino que deben entregarse a Da Nuria sin computárselo en su haber, de conformidad con lo preceptuado en art. 1.321 CC y constituyendo la vivienda ya indicada la vivienda habitual del matrimonio.
Finalmente, el último punto litigioso, es la suma de 27.000 euros percibida por Da Nuria en enero de 2.002. De la prueba documental aportada por Da Nuria en fecha 20-4-04 consistente en escritura de compraventa en fecha 11-11-1998 de vivienda privativa en Puerto de la Cruz por importe de 10.000.000 de pesetas, ingreso de la suma de 9.665.000 pesetas en cuenta bancaria de BBVA, misma entidad financiera a través de la que gestiona y percibe los activos bancarios tres años después, se estima acreditado el ORIGEN PRIVATIVO de D ' Nuria de dichos ingresos, excluidos por tanto del inventario de la herencia (art. 1.346. 3° y 1352 CC)...».
Y resolvió finalmente que «... estimando parcialmente la demanda presentada por Da Nuria y estimando parcialmente la oposición formulada por los herederos D. Plácido , Da Soledad y Da María Cristina , deberá procederse a la formación de inventario de la herencia de D. Clemente de conformidad con los pronunciamientos contenidos en el fundamento de derecho primero y segundo de la presente resolución. No se hace expresa condena en costas.
(6) Mediante escrito con entrada en el Registro en fecha 27 de julio de 2004 la represnetación procesal de Don Plácido , Doña Soledad y Doña Catalina expresó su voluntad de preparar recurso de apelación frente a la sentencia recaída designando como impugnados los siguientes pronunciamientos: «× Exclusión del inventario como bien ganancial de la cantidad de 27000 euros percibidos por Dª Nuria en enero de 2002 por la venta de valores mobiliarios a través de la entidad BBVA; × La inclusión en el pasivo de la herencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2001; × La no inclusión en el inventario de la herencia de los bienes y enseres existentes en el domicilio conyugal; × Imputación a la herencia de los gastos de comunidad de la vivienda privativa del esposo desde la fecha de fallecimiento; × Imputación al pasivo ganancial de los gastos de seguro de vida de Dª Nuria satisfecho con posterioridad al fallecimiento».
(7) Por proveído de 28 de julio de 2004 se acordó tener por preparado el recurso de apelación intentado y emplazar a la recurrente para su interposición en tiempo y forma legales.
(8) Mediante escrito con entrada en el Registro en fecha 30 de septiembre de 2004 la representación procesal de Don Plácido , Doña Soledad y Doña Catalina interpuso el recurso de apelación anunciado fundándolo en las siguientes «... ALEGACIONES
PRIMERA.- El presente procedimiento trae causa de la demanda de D.ª Nuria de formación de inventario que consta en las actuaciones. Procedimiento en el que compareció esta parte y se celebró acto de formación de inventario al que nos opusimos al considerar que a pesar del desconocimiento del total de los bienes que formaban la herencia y la sociedad de garanciales se deberían incluir los que se hicieron constar en el acta a la que nos remitimos, y que dada la especial naturaleza de este procedimiento, y por su falta de desarrollo legal procesal en cuanto a la remisión al Juicio verbal, tiene según la doctrina carácter de demanda.
SEGUNDA.- Exclusión del inventario como bien ganancial de la cantidad de 27.000 euros percibidos por D.ª Nuria en enero de 2002 por la venta de valores mobiliarios a través de la entidad BBVA.
Con carácter previo señalar que la cantidad exacta es la de 27.461,52 Euros a que ascienden [sic] la venta de productos financieros que fueron adquiridos en fecha 3/1/2002 por 27.000 euros y vendidos en fechas 10 y 28 de enero de 2002 por importe de 695,51 Euros y 26,985,01 Euros (Tomo 2 de las actuaciones en los datos bancarios de la cta BBVA nº NUM006 Anexo V páginas 6 y 7), importes que provienen de un ingreso en efectivo por importe de 4.600.000,- ptas., de fecha 20/12/2001.
La Sra. Nuria en fecha en fecha [sic] 19/03/2001 extrae 5.000.000 pesetas de la cuenta nº NUM005 (Anexo V del Tomo 2 de las actuaciones página 5, cuenta 6263) y el día 16/03/2001 había ingresado en dicha cuenta bajo el código 283 la cantidad de 4.511.432 pesetas, cantidades que además provenían de operaciones datadas de fechas muy posteriores a la fecha del matrimonio. Ya desde el inicio de las primeras actuaciones esta parte, hijos del primer matrimonio del causante, y como consta en el acta notarial que obra en las actuaciones como (documento nº 2 aportado junto al escrito de este parte sellado en fecha 10/03/2004 obrante el Tomo 2 de las actuaciones), intentaron en fecha 17/12/2001 se formalizara inventario de bienes para proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales previa a la distribución de la herencia, sin que la demandada, y hoy recurrida, accediera en modo alguno a dicha pretensión, interponiendo sin embargo en fecha 20/11/2002 la demanda origen de las presentes actuaciones solicitando la formación de inventario de la herencia. En su demanda, propuso un inventario al que esta parte se opuso por considerar que no se incluían determinados bienes gananciales y que, por el contrario, se imputaban a la herencia otros (Deudas) que no eran del finado.
En contra de lo solicitado por esta parte en el juicio verbal al que se vio avocado [sic] el procedimiento por falta de acuerdo en el inventario, el Juzgador a quo dicta sentencia por la que declara en el último párrafo del fundamento de derecho segundo no haber lugar a incluir, en el activo de la sociedad de gananciales, al considerar probado que:
«.. De la prueba documental aportada por Dª Nuria en fecha 20-4-04 consistente en escritura de compraventa de fecha 11-11-1998 (Doc. Nº 2 de los aportados por Dª Nuria en el escrito presentado en fecha 20/04/2004, obrante al Torno 2 de las actuaciones) de vivienda privativa en Puerto de la Cruz por importe de 10.000.000 de pesetas, ingreso de la suma 9.665.000 pesetas en cuenta bancaria de BBVA, misma entidad financiera a través de la que gestiona y percibe activos bancarios tres años después, se estima acreditado el ORIGEN PRIVATIVO de Dª Nuria de dichos ingresos, excluidos por tanto del inventario de la herencia (art. 1.346.3º y 1352 CC)».
Entendemos que el Juzgado a quo vulnera lo establecido por el artículo 1361 del CC en relación al [sic] artículo 1253 del CC así como la Jurisprudencia existente en relación a [sic] ambos preceptos, a la par que erróneamente declara probado que D.ª Nuria ingresó la suma de 9.665.000 pesetas por la venta de un bien privativo, y ello en base a [sic] los siguientes argumentos:
A.- La Sra Nuria , presentó demanda originaria sin declaración de qué bienes existían en la sociedad de gananciales y cuales [sic] de los existentes a la fecha del fallecimiento del causante eran de titularidad privativa, habiendo debido justificar ya en aquel momento porqué eran de uno u otro carácter de conformidad con lo señalado en el artículo 1361 del Código Civil, y como se le había solicitado por los herederos en fecha 17/12/2001 (Requerimiento Notarial antes referido).
B.- La negativa de la Sra. Nuria en facilitar un inventario completo de bienes y derechos ha obligado a la parte actora a tener que solicitar prueba anticipada solicitando documentos a través del procedimiento, a ocultar aquella maliciosamente, bienes que la propia evidencia ha clarificado su existencia y destino:
× No es lógico que el causante y la actora, ambos pensionistas mantengan a la facha del fallecimiento 7 de julio de 2001 una cuenta bancaria con un saldo de 5,40 Euros, cuando el 29/06/2000 se habla abonado la pensión del causante por importe de 190.244 pesetas, traspasando cuatro días antes del fallecimiento, 3/7/2001, la cantidad de 130.000 pesetas a la cuenta n° NUM006 de titularidad de la Sra Nuria , cuenta esta ultima, en la que aparecen unos meses después del fallecimiento saldos por venta de participaciones de más 27.000,00.- Euros que la Sra. Nuria sostiene privativos y movimientos de dinero en metálico de varios millones de pesetas: Estos extremos constan en el informe del BBVA obrante el Torno 2 de las actuaciones pagina 8 y Anexo V pagina 1 en formato de BBVA).
× Ya en la comparecencia inicial de fecha 29 de enero de 2004 en los autos de división de herencia 476/200 como consta en su demanda, D.ª Nuria ocultó la existencia de un vehículo ganancial y es ante la oposición al inventario por ella propuesto cuando aparece el vehículo, lo que justifica con un recibo de la Mutua Madrileña Automovilística [sic] (Carta de fecha 23/09/2002 obrante al Tomo 1 de las actuaciones) declarando que el vehículo ha sido declarado siniestro y ha cobrado la cantidad de 4490 Euros. Por el contrario, como consta mediante el documento nº 1 aportado por esta parte junto al escrito sellado en fecha 10/3/2004 en el Torno 2 de las actuaciones asi como por oficios interesados a nuestra instancia, dicho vehículo sigue circulando y ha sido vendido por la Sra. Nuria además de haber cobrado el valor abonado por la Mutua.
× Por el Banco BBVA se informó mediante escrito con fecha de entrada de 2 de marzo de 2004 al contestar al apartado 9.º del requerimiento (Tomo 2 primeras páginas) que no existían movimientos de ordenes de compra, venta etc, .., y sin embargo a la vista de los extractos de las cuentas aparecen movimientos de rendimientos financieros, depósitos a plazo así como venta de fondos de inversión u otros productos financieros. En relación a [sic] esas operaciones, esta parte solicitó, y así se acordó por el juzgado se ampliara la información, sin que hasta el momento haya cumplimentado el BBVA el requerimiento.
En estas circunstancias, se interesó la práctica de diversas pruebas, oficios a las entidades financieras, Banco de España, Compañías de Seguro, Ayuntamiento de Parla, con la finalidad de poder sacar a la luz los bienes que hubiera que inventariar. A esos efectos se solicitaron nuevas pruebas, las cuales a pesar de haber sido acordadas no han llegado al Juzgado, concretamente el oficio al BBVA, acordándose sin embargo, la celebración de juicio sin que esta parte tuviera la información necesaria, faltando saldos bancarios a la fecha del fallecimiento, información de cuentas bancarias, etc, .., por lo que se solicita mediante otrosí de esta demanda su practica [sic] en esta instancia.
Por esas pruebas esta parte tuvo conocimiento de nuevos saldos y movimientos bancarios en la entidad BBVA así como que el préstamo hipotecario solicitado por el finado y la Sra. Nuria fue utilizado para cancelar un préstamo personal, préstamo este que según manifestó el padre del finado a sus hijos, se pidió para prestárselo a una hija de la Sra. Nuria para la compra de una vivienda, sin que los datos pedidos de esa operación, que deberían haber sido aportados por la Sra. Nuria hayan sido remitidos por la citada entidad bancaria.
La ocultación de bienes gananciales y de la información necesaria ha hecho que esta parte no haya estado en situación de poder hacer y proponer un inventario de bienes.
C.- Consta en la escritura le fecha 11 de noviembre de 1998 (Tomo 2 de las actuaciones aportado por escrito sellado en fecha 20/04/2004, y que fue aportado a requerimiento de esta parte) que la Sra. Nuria en esa fecha vendió una vivienda de su propiedad en Puerto de la Cruz, por la que recibió, declarado en escritura, la cantidad de 10.000.000 de pesetas, pero no consta en ningún lugar de la fundamentación jurídica de la sentencia de donde infiere el juzgador de la instancia un ingreso de 9.665.000 pesetas ni que el ingreso al que pudiera referirse proceda de la venta del citado inmueble.
Consta en la documentación bancaria unida al escrito de la Sra. Nuria sellado en fecha 20/04/2004 obrante al Tomo 2 de las actuaciones, que en la cuenta bancaria nº NUM007 de la entidad BBVA aparece un ingreso en fecha 14/10/1999 de 9.146.110 pesetas, y en fecha 19/10/1999 una disposición de 9.565.000, ambos movimientos de dinero en efectivo.
En cualquier caso, aun suponiendo que el Juzgado se refiere al ingreso de fecha 14/10/1999 por importe de 9.146.110 pesetas, dicho ingreso se ha producido en fecha CATORCE DE OCTUBRE DE 1999, cuando sin embargo la venta del inmueble es de fecha ONCE DE NOVIEMBRE DE 1998, acaso tuvo ese dinero en su casa durante un año?. Ni siquiera la Sra. Nuria ha justificado que hizo con ese dinero ingresado desde el día 11 de octubre de 1999; lo que podría haber justificado con un mero extracto de la cuenta desde aquella fecha. Por ello, entiende esta parte que no puede en ningún caso inferirse que la cantidad ingresada sea procedente de la venta de un inmueble privativo de la Sra. Nuria y que la misma se corresponda con la venta de productos financieros en el mes de enero de 2002.
El artículo 1361 del Código Civil sienta la presunción «iuris tantum» de que los bienes existentes en el matrimonio son gananciales, salvo que se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer, según sea uno u otro quien sostenga este carácter. La «vis attractiva» de la ganancialidad presumida de los bienes no es tan absoluta que impida la prueba en contrario sobre el carácter privativo del bien discutido, aunque eso si, el rigor del precepto, que excluye la prueba indiciaria, imponga la exigencia de una prueba expresa, cumplida y satisfactoria de la privatividad [sic] del bien, como tienen declarado, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo 25 de diciembre de 1992, 8 de febrero de 1993 (EDJ 1993/1076, 2 EDJ 1996/5320) y 24 de julio de 1996 (EDJ 1996/5753), 10 de marzo (EDJ 1997/1275), 7 de abril (EDJ 1997/2751) y 29 de septiembre de 1997 (EDJ 1997/6858), 14 de marzo de 1998 y 24 de febrero de 2000 (EDJ 2000/994).
Por todo ello, y habiendo podido probar la Sra. Nuria el carácter privativo de dichos fondos, de ser cierto su carácter privativo, lo que podría haber justificado si fuera cierto con los justificantes de ingreso de precio de la venta de la vivienda, las compras y ventas de activos y productos financieros en las fechas de dicha venta, cuyos datos y rastros incluso fiscales existen y estarán en su poder. Lo que sin embargo no ha hecho y ni siquiera ha aportado a los requerimientos de esta parte.
Queda par tanto que el Juzgador a quo se ha liberado de la presunción del articulo 1.381 del CC, en base a [sic] que se justifica un ingreso con fecha UN ANO POSTERIOR a la venta del inmueble por una CANTIDAD NO COINCIDENTE ni siquiera con el precio de escritura y si ni justificar DONDE ESTUVO EL DINERO DE LA VENTA DE DICHO INMUEBLE EN EL AÑO TRANSCURRIDO y SIN JUSTIFICAR QUE EL MISMO SE APLICARA A COMPRA DE PRODUCTOS FINANCIEROS de ningún tipo.
En consecuencia consideramos debe procederse a la revocación de la sentencia de instancia y sin perjuicio de que admitida y practicadas las pruebas que se soliciten pudiera acreditarse la existencia de otros bienes y saldos bancarios gananciales a la fecha del fallecimiento, se declare que la cantidad percibida por la Sra. Nuria en fecha enero de 2002 por la venta de valores por importe de 27.000,00.- Euros de fecha 03/01/2002 que se enajenan en fechas 10/01/2002 y 28/01/2002 por importes respectivos 696,51,- Euros y 26,985,01.- Euros deben formar parta del activo de la sociedad de gananciales.
Reiterar que en este extremo, la recurrente se ve avocada [sic] al recurso, por no acreditar la Sra. Marro, a quien le incumbe tal prueba, el carácter privativo del dinero y activos financieros que reclame como tales.
TERCERA.- La Inclusión en el pasivo de la herencia del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2001.
La demandada en el escrito inicial de división de herencia aportó como documento n° 19 de la demanda un justificante de haber sido pagado el recibo del Impuesto sobre bienes inmuebles de la finca propiedad del causante y correspondiente al ejercicio 2001.
Dicho informe expedido por Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Parla se expidió en fecha 5 de febrero de 2002, y justifica el pago del impuesto en el período de pago ordinario al no reflejarse en el mismo recibo la existencia o cago de recargos o mora alguna.
Sin embargo no consta en ningún lugar que ese recibo fuera pagado con posterioridad al fallecimiento del causante. El devengo del impuesto sobre Bienes inmuebles se produce el 1 de enero de cada año, y el periodo de pago como consta en el documento n° 20 de la demanda de formación de inventario es del 24 de MAYO al 24 DE JULIO.
Esta parte sostuvo en el procedimiento que el fallecimiento del causante se produjo en fecha 7 de julio de 2001, y a esa fecha el recibo estaría pagado, por lo que no procedería ingresarlo como deuda de la herencia ni como deuda de la sociedad de gananciales el haber sido abonado por el causante.
Corresponderla en cualquier caso a la demandante Sra. Nuria , que es quien reclama el pago, justificar que el mismo fue realizado por ella misma y con posterioridad al fallecimiento, lo que perfectamente pudo haber hecho aportando el recibo original con el sello de la entidad bancaria que sostiene haber pagado como de hacho ha realizado con el correspondiente al ejercicio 2002, y no con un informe municipal que no justifica tal extremo.
No obstante lo anterior, esta parte interesó por escrito de fecha 02/03/2004 se librase oficio al Excmo. Ayuntamiento de Parla, con el único pedimento de que justificasen la fecha de cobro del recibo del IBI del ejercicio 2001, remitiendo la cumplimentación, de dicho oficio que fue proveído en fecha 22 de marzo de 2004 (Tomo 2 de las actuaciones) donde no se resuelve sobre la fecha de abono del recibo.
Además de ello se solicitó por escrito de fecha 02/02/2004 como prueba anticipada se requiriera a la Sra. Nuria a aportación entre otros documentos el recibo del(NNN) NNN-NNNN así sé acordó por providencia de fecha(NNN) NNN-NNNN sin que lo llevara a cabo.
Por todo ello consideramos procedente la revocación de la sentencia en este sentido, y declarar que no procede la inclusión del recibo del IBI del ejercicio 2001 en el pasivo de la herencia dado que no consta que fuera abonado por la Sra. Nuria tras la fecha de fallecimiento y menos aún que lo hubiera sido con dinero privativo.
CUARTA.- La no inclusión en el inventario de la herencia de los bienes y enseres existentes en el domicilio conyugal.
El Juzgador de instancia pronuncia en el penúltimo párrafo del Fundamento de Derecho segundo:
«.. Respecto a bienes muebles, enseres, y ajuar doméstico de la vivienda sita en c/ DIRECCION000 , nº NUM000 , NUM001 , estos NO DEBEN INCLUIRSE EN EL INVENTARIO DE LA HERENCIA, sino que deben entregarse a Da Nuria sin computárselo en su haber, de conformidad con lo preceptuado en art. 1.321 CC y constituyendo la vivienda ya indicada la vivienda habitual del matrimonio...».
Esta parte ya solicitó se facilitara la relación de bienes existentes en el domicilio familiar, primero mediante requerimiento Notarial de fecha 17 de febrero 2001 incorporada a las actuaciones, en segundo lugar medraste escrito de esta parte de fecha 2 de febrero de 2004, acordado por providencia de 5 de febrero de 2004, y en tercer lugar por escrito fechado el 10 de marzo acordándose por providencia de fecha 11 de marzo de 2004, todo lo cual consta en las actuaciones. Sin embargo no, ha sido cumplimentado en ninguna de las formas por la Sra. Marro, por lo que esta parte no ha podido determinar cuales son los bienes existentes en el domicilio familiar, ni cuales son privativos del causante, ni de la viuda, ni si entre los bienes muebles y enseres y ajuar, existe algún o algunos bienes de alto valor que pudieran quedar fuera del concepto de ajuar o enseres atribuibles a la viuda, de tal forma que con independencia de a quien corresponda en el haber hereditario, ello no es óbice ni puede impedirse para conocer la existencia de los mismos, y el valor que los bienes pudieran tener pues no debe acodarse su exclusión, del inventario sin saber siquiera qué bienes son.
La exclusión del inventario es contraria a lo establecido en el propio art. 1.321 del CC esgrimido por el Juzgador a quo, así como causante de indefensión a no poder si quiera saber cuales [sic] son los bienes existentes en la sociedad de gananciales que hay que liquidar, pues no se debe olvidar que en este procedimiento se están inventariando los bienes de la sociedad de gananciales para poder determinar; cuales de ellos deben incluirse en el haber hereditario junto a los bienes privativos del causante. La exclusión del inventario de bienes existentes vulnera dicho precepto. Con ello el Juzgador está imputando y adjudicando a la viuda, bienes que no sabe, cuales [sic] son, y ni siquiera si los mismos son incluibles o no en la sociedad de gananciales conforme al articulo 1321 CC y dado el fallecimiento del esposo en el inventario de la herencia, pero además las normas contenidas en el art. 1357 CC que al formar el activo de la sociedad de gananciales para su liquidación determina que deben incluirse en él «1°.- Los bienes gananciales existentes en el momento de a disolución», si [sic] que dicho precepto excluya bien alguno.
El articulo 1321 CC al que se refiere la sentencia, expresamente declara que no se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos y otros de extraordinario valor. Para ello es preciso al menos saber qué bienes existen en el domicilio para posteriormente determinar si deben o no formar parte del inventario y adjudicárselos o no a la viuda sin imputación en su haber.
El finado como es natural, disponía de bienes y enseres de uso personal y privativo, algunas joyas y alhajas adquiridos por el mismo y otros regalos de sus hijos y recibidos de las herencias de sus padres, que deberían ser cuando menos valoradas para determinar su inclusión en el inventario. El desconocimiento por parte de los herederos de la existencia de dichos objetos al tiempo del fallecimiento solo puede ser resuelta con la búsqueda de los mismos y el requerimiento a quien los tenga en su poder como poseedor, esto es la Viuda D.ª Nuria .
Ademas de lo anterior es necesario en este punto hacer constar, que el Juzgador de Instancia pesar de no haberse cumplimentando por la Sra. Nuria los reiterados requerimientos de aportación de inventario, al igual que no se cumplimentó el requerimiento al BBVA, ambos realizados con los apercibimientos legales, El Juzgado, no haya deducido testimonio alguno por dichos incumplimientos, lo que además de suponer desobediencia a la orden judicial, pone trabas el derecho de defensa y al propio procedimiento judicial, al no permitir alcanzar el conocimiento de los hechos, que ocultos a esta parte, no es posible conocer si no es con el auxilio judicial.
QUINTA.- Imputación a la herencia de los gastos de comunidad de la vivienda privativa del esposo desde la fecha de fallecimiento.
La Sra. Nuria , conforme al Testamento otorgado por el causante y obrante al documento nº 4 de la demanda en el Tomo I, es beneficiaria en el mismo con el Legado del Usufructo Vitalicio de toda su herencia, legado genérico y además en usufructo.
Con dicha estipulación el causante le abonaba el usufructo viudal [sic]. Y como tal Legado, y más aún siendo genérico, la Sra. Nuria sin facultad para ello y sin solicitud a los herederos ha tornado todos los bienes de la herencia, tanto los gananciales como privativos, como es la vivienda, en la que sin autorización de los herederos continua viviendo desde el fallecimiento del causante, residencia que ella misma reconoce en su demanda inicial.
Por ello, y aun siendo la vivienda privativa y dado que la Sra Nuria reside en la misma, sin pagar renta o merced alguna, y en base a la compasión de los aquí recurrentes, consideramos no es justo que los gastos derivados del uso de los elementos comunes del inmuebles (Gastos de Comunidad) sean abonados por quienes desprovistos de los bienes de la herencia no hacen uso de los mismos, máxime si reclama y ha tomado por si el uso de todos los bienes de la herencia.
SEXTA.- IMPUTACIÓN AL PASIVO GANANCIAL DE LOS GASTOS DE SEGURO DE VIDA DE D.ª Nuria SATISFECHOS CON POSTERIORIDAD AL FALLECIMIENTO.
Se acuerda por la sentencia de Instancia que sea con cargo a la sociedad de gananciales el coste del seguro de vida que garantiza la hipoteca.
En atención a que el referido seguro fue suscrito por lo Sra. Nuria en garantía de la vida propia, y en la que no se aseguraba la vida del causante ni siquiera como tomador del seguro o asegurado, entendemos que el coste del mismo debe ser de exclusivo cargo de la Sra. Nuria .
La determinación del Juzgador a quo de ser un producto aparejado al préstamo, dicha relación no puede ser admitida dado que es un acto voluntario de la Sra. Nuria , y no venir ni siquiera estipulado así en el préstamo hipotecario suscrito como se acredita en la propia escritura de hipoteca obrante en las actuaciones al documento nº [sic] del escrito presentado en fecha 03/03/2004 el tomo 2 de las actuaciones.
Si esta parte no podría cancelar ese contrato de seguro, y además esa obligación no está pactada por el causante en la escritura de hipoteca. ¿cómo puede imponerse su pago a esta parte?, cuando ni siquiera la LH impone la obligación de contratación nada más que del Seguro de Incendios.
Por el contrario, y por ser una cuestión pactada en la escritura de hipoteca y por imposición de la Ley Hipotecaria esta parte aceptó ya en la instancia el coste ganancial del seguro de la vivienda.
Por todo ello considere nos debe revocarse la sentencia de instancia en el sentido de declarar que el coste del seguro de vida correrá de cuenta de la Sra. Nuria mientras quiera mantenerla..».
Y tras dar «.. por reproducidos los hechos y consideraciones jurídicas contenidas en el escrito de demanda», terminaba solicitando que «.. con revocación de la sentencia de instancia se dicte otra en la que con expresa condena en costas a la Sra. Nuria y sin perjuicio de que a la vista de las pruebas que en su caso se acuerden se celebre vista y nuevas conclusiones, se declare:
a.- La inclusión en el activo de la sociedad de Gananciales de los saldos existentes en las cuentas bancarias a fecha 7/7/2001 como se solicitó en el acto de la vista de formación de inventario.
b.- La inclusión en el activo de la sociedad de Gananciales del saldo resultante por la venta de los valores adquiridos en fecha 2/1/2002 por importe de 2002 [sic] y cuyo rescate ascendió a la cantidad total de 27.461,52 Euros.
c.- La no inclusión en el pasivo de la herencia, ni de la sociedad de gananciales del recibo del seguro de vida a nombre de la Sra. Nuria siendo este de su cuenta y cargo como titular del mismo y del contrato de seguro suscrito, pudiendo darlo de baja cuando quiera.
d.- La no inclusión en el pasivo de la Herencia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2001, al no haber acreditado en modo alguno que la fecha de pago del mismo fuera posterior al fallecimiento del causante.
e.- La no inclusión en la herencia de los gastos de comunidad de la vivienda familiar que está ocupando la Sra. Nuria al haber ocupado por sí misma todos los bienes de la herencia y privativos del causante sin haber solicitado la entrega a los herederos y por ser ella la usuaria y consumidora de los servicios de la comunidad de propietarios de la finca donde está residiendo».
(9) Mediante «otrosí primero» se interesaba el recibimiento a prueba argumentando que «.. Tratándose el presente de un procedimiento en que se ha discutido sobre la inclusión o no de determinados bienes dentro del inventario de la herencia, lo que requería la previa determinación del inventario de bienes gananciales para su liquidación, y desconociendo esta parte el patrimonio matrimonial, que no ha sido facilitado por la viuda, se interesó en la instancia la práctica de determinadas pruebas que admitidos no llegaron a practicarse antes de celebración del Juicio y que incluso solicitadas para mejor proveer como diligencias finales no fueron admitidas y que han continuado sin llegar al Juzgado a pesar de haberse acordado», consistentes en:
«... A.- DOCUMENTAL: A fin de que por la Audiencia; Provincial se reitere el oficio remitido al Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA) en idénticos términos a los señalados en el escrito de esta parte de fecha 9 de marzo de 2004 y que se llevó a cabo por providencia de fecha Once de marzo de 2004, sin que el mismo a pesar del tiempo transcurrido haya sido cumplimentado por dicha entidad, todo ello con los apercibimientos legales procedentes para el caso de no cumplimentación.
B.- DOCUMENTAL: A fin de que por la Audiencia Provincial se reitere el requerimiento a la Sra. Nuria en los términos señalados en la Providencia de fecha 11 de marzo de 2004 y en tos términos señalados en la misma con indicación expresa de que debe aportar la relación de bienes muebles existentes en el domicilio familiar que abarca todo».
(10) Por auto de 26 de enero de 2005 se acordó no dar lugar a la práctica de prueba en esta segunda instancia, resolución que devino firme.
TERCERO.- I. Preliminar
La carga de la prueba de que los bienes o derechos cuya inclusión o exclusión del inventario se postule por las partes, en cuanto hecho constitutivo de su posición procesal recae con carga de su exclusiva incumbencia sobre dicha parte, de modo que en caso de suscitarse alguna clase de incertidumbre, la eventual falta de prueba solo a ella deberá perjudicar (SSTS, Sala Primera, de 19 de febrero y 30 de mayo de 1972, 8 de mayo de 1987, 25 de enero y 20 de mayo de 1988, y 18 de octubre de 1989; y SS.AA.PP. de Segovia, de 18 de diciembre de 1995 -C.D., 95CP1993-; de Salamanca, de 4 de marzo de 1997 -C.D., 97CP307-; de Cantabria, Secc. 3.ª, de 14 de enero de 1999 -C.D., 99CP338-; de Barcelona, Secc. 13.ª, de 22 de junio de 1999 -C.D., 99PC1802-; de Barcelona, Secc. 4.ª, de 21 de julio de 1999 -C.D., 99PC1732-; y de Asturias, Secc. 7.ª, de 6 de septiembre de 2000 -C.D., 00PC722-). A propósito de este particular es menester recordar que la doctrina de la carga de la prueba «onus probandi» tiene como finalidad prioritaria e inmediata determinar a cuál de los litigantes ha de perjudicar la falta de prueba de un hecho relevante para la decisión del proceso. Solamente ha de acudirse a ella, pues, cuando por existir afirmaciones sobre hechos que no resulten llanamente admitidas, precisan de la actividad ordenada a formar la convicción del órgano jurisdiccional, y de cuyo resultado ésta no aparezca demostrada.
Otra cosa es que para determinar cuál de los litigantes haya de soportar los efectos desfavorables de la precitada falta sea preciso averiguar a cuál de ellos incumbía la carga poder de ejercicio facultativo cuya inobservancia sólo acarrea consecuencias perjudiciales, sin constituir acto ilícito jurídicamente reprochable ni coercible con sanciones de acreditar el hecho de que se trate.
El fin último de la actividad probatoria es la demostración de las afirmaciones de hecho realizadas por las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus respectivas pretensiones. Desde esta perspectiva, y como regla general, es indiferente cuál de los litigantes logre la justificación de un hecho dado. A esto se refiere el principio denominado de «adquisición procesal» Vide, SS.T.S., Sala Primera, de 22 de marzo de 1983 (C.D., 83C275); 30 de noviembre de 1993 (C.D., 93C1029), según el cual «...el material instructorio valorable se compone de todo lo alegado y probado por las dos partes, de manera que las alegaciones de una parte o las pruebas que practique pueden aprovechar también a la contraria» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 10 de mayo de 1993 (C.D., 93C05025).
Como tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo: «... cuando el hecho esté acreditado en autos es irrelevante cuál sea la parte que haya suministrado el material probatorio con tal de que el Organo Judicial pueda extraer y valorar el hecho proclamado (Sentencias 3 de junio de 1935, 7 de noviembre de 1940 y 30 de junio de 1942)...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 26 de septiembre de 1991 (C.D., 91C975); «... si los hechos están suficientemente acreditados en autos, es irrelevante cuál sea la parte que haya suministrado el material de prueba, con tal que el órgano decisor pueda extraer, valorar y concretar el hecho proclamado (SS. de 10 de marzo de 1981, 6 de marzo y 30 de noviembre de 1982, 26 de febrero de 1983 y 26 de septiembre de 1991)...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 15 de julio de 1992 (C.D., 92C739); lo relevante es que un «... hecho aparezca suficientemente demostrado, para lo que no viene a ser decisorio si la aportación proviene del actor o del demandado, tomándose para ello cuantos datos obren en el proceso (sentencias de 2 de febrero de 1952, 30 de diciembre de 1954, 23 de septiembre de 1986, 24 de julio, 28 de noviembre de 1989 y 10 de mayo de 1990)...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 17 de febrero de 1992 (C.D., 92C239); «... cuando los hechos declarados responden al material probatorio, directo e indirecto, vertido en las actuaciones, no cabe sino una valoración del mismo, con abstracción de quien de los litigantes lo haya aportado ... (Sentencias de 29 de noviembre de 1950, 13 de enero y 23 de junio de 1951; 9 de abril y 30 de junio de 1954 y 30 de noviembre de 1982)...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 13 de febrero de 1992 (C.D., 92C235); «... la doctrina de esta Sala mantiene la tesis de que lo útil procesalmente, es que el Tribunal haya podido formar elementos de juicio que comporten su convicción siendo irrelevante la procedencia subjetiva del instrumental probatorio que haya contribuido a integrar la convicción del juzgador para establecer el "factum" como sustrato del tema litigioso, por lo que el motivo ha de perecer» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 26 de abril de 1993 (C.D., 93C04065).
En cambio, es precisamente si no logra quedar acreditado un determinado hecho cuando ha de determinarse a cuál de los litigantes ha de perjudicar su falta. La doctrina del «onus probandi» y los criterios legales establecidos al efecto se ordenan prioritariamente a suministrar al juzgador la regla de juicio que, en tales casos, le permitan resolver el conflicto sometido a su enjuiciamiento, pues de otro modo no podría fallar quebrantando el principio «non liquet» (art. 1 C.C.). Sólo mediata o indirectamente aquellos criterios tienen la virtualidad de orientar la actividad de las partes distribuyendo entre ellos la carga de probar.
Desde antiguo acostumbra a acudirse a ciertas reglas que atienden al carácter afirmativo o negativo del hecho necesitado de prueba. Así en el Derecho Romano se acuñaron los brocardos «Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat» Vide, SS.T.S., Sala Primera, 1 de diciembre de 1944 (C.D., 44C154); 19 de febrero de 1945 (C.D., 158); 8 de marzo de 1991 (C.D., 91C179); 28 de julio de 1993 (C.D., 93C07146); 28 de noviembre de 1996 (C.D., 96C2054) y 28 de febrero de 1997 (C.D., 97C609), entre otras; «Necessitas probandi incumbit ei qui agit»; «onus probando incumbit actori» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 9 de febrero de 1935 (C.D., 35C13); «Per rerum naturam factum negantis probatio nulla est»; «reus in excipiendo fit actor» Cfr., SS.T.S., Sala Primera, 7 de noviembre de 1940 (C.D., 40C73) y 19 de diciembre d3e 1959 (C.D., 59C4890), o «negativa non sunt probanda» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 1de diciembre de 1944 (C.D., 44C154).
Con todo, el origen particular de estas máximas, su defectuosa interpretación por los glosadores y comentaristas y, singularmente, su manifiesta insuficiencia para resolver todos los supuestos problemáticos las convirtió en blanco de aceradas críticas que, progresivamente, han provocado su rechazo generalizado.
Obsérvese que no siempre es fácil discernir cuando nos hallamos ante una afirmación o una negación; que los hechos negativos son, ante todo, hechos y, por ende, necesitados de prueba.
Tampoco resultan satisfactorios, por análogas razones y particularmente su relatividad, los principios que, en abstracto, atribuyen al demandante la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión en tanto que se hace recaer sobre el demandado la prueba de los hechos modificativos, impeditivos, extintivos o excluyentes.
De ahí que, asimismo fuera severamente criticada la regla contenida en el art. 1.214 C.C., a cuyo tenor «incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone», sugiriéndose ciertos criterios complementarios o correctores como los principios de normalidad, facilidad y flexibilidad probatoria a la luz del caso concreto, sin perjuicio de preconizar, como regla, que cada parte debe probar aquellos hechos que integran el supuesto de hecho previsto en la norma que le favorece.
El Tribunal Supremo acude con cierta frecuencia al principio de normalidad. Así, v. gr., la S.T.S., Sala Primera, de 13 de octubre de 1998 (C.D., 98C1566), señala que: «... la conocida regla "incumbit probatio qui dicit non qui negat", no tiene valor absoluto y axiomático, y que la moderna doctrina viene a atribuir al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su pretensión o necesarios para que nazca la acción ejercitada, así como al demandado incumbe, en general, la prueba de los hechos impeditivos y la de los extintivos; pero quien actúa frente al estado normal de las cosas o situaciones de hecho y de Derecho ya producidas, debe probar el hecho impediente de la constitución válida del derecho que reclama o su extinción, como también tiene declarado esta Sala (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1971)». Y acude, asimismo, al principio de flexibilidad. En este sentido, se ha afirmado «... la sentencia, que ha interpretado correctamente la doctrina legal sobre la carga de la prueba, según criterios flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y a la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte (SS. de 23 de septiembre, 20 de octubre y 19 de noviembre de 1986 y 24 de abril y 29 de mayo de 1987)» Vide, SS.T.S., Sala Primera, de 18 de mayo de 1988 (C.D., 88C479) y 3 de abril de 1992 (C.D., 92C500), entre otras. O a la doctrina de la facilidad o su inverso «de la dificultad» que para probar haya tenido cada una de las partes. Se habla así de que recae: «... sobre la demandada la carga de probar como hecho extintivo de la acción, de fácil justificación para ella, la cancelación o resolución de la relación contractual constituida con el pretendido responsable...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 15 de noviembre de 1991 (C.D., 91C1108); o se dice que: «... al actor le basta con probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama, pues si el demandado no se limita a negar tales hechos, sino que alega otros, suficientes para impedir, extinguir o quitar fuerza al efecto jurídico reclamado en la demanda, tendrá él que probarlos, como habrá de probar también aquellos hechos que por su naturaleza especial o carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin grandes dificultades...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 3 de junio de 1935 (C.D., 35C21); habiéndose señalado también que se deben «... tener en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en el hecho que haya de acreditarse, incluso la mayor o menor dificultad por una u otra parte para su demostración, habida cuenta ad exemplum del aspecto positivo o negativo del mismo...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 26 de septiembre de 1991 (C.D., 91C975); o que «... de lo que se trata, como se ha repetido, es de una probanza eludida por el interesado, no obstante haber estado a su alcance, sin mayor esfuerzo...» Cfr., S.T.S., Sala Primera, de 18 de noviembre de 1988 (C.D., 88C1155). El art. 217 LEC 1/2000 ha acogido estas orientaciones, estableciendo que: «Carga de la prueba. 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. 4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio».
CUARTO.- Con carácter general, el Derecho procesal agrupa los hechos jurídicos en estas cuatro categorías: a) hechos constitutivos; b) hechos impeditivos; c) hechos extintivos; y, d) hechos excluyentes. Esta clasificación sirve, entre otras cosas, para determinar a quién corresponde la carga de la alegación y a quién perjudica su falta de prueba. El triunfo de la demanda está supeditado a que el actor alegue y pruebe la efectiva existencia de los hechos constitutivos, esto es: de los hechos que fundan su derecho a la tutela que solicita.
Al Derecho le basta con que el actor alegue y pruebe los hechos que normalmente originan su derecho a la tutela; es decir: los que son su causa eficiente. En el caso, no es suficiente con la mera reclamación, es preciso alegar y acreditar la existencia de la relación jurídica que ampara la transmisión patrimonial y las vicisitudes que determinan, en su criterio, que la suma entregada deba serle devuelta.
Pero bien puede suceder que, antes o mientras se gestan los hechos constitutivos, se produzcan también otros hechos jurídicos que impidan a éstos desplegar su normal eficacia. A estos hechos se les llama impeditivos y, aunque su existencia no sea incompatible con la de los hechos constitutivos, su prueba destruye la eficacia jurídica que a los hechos constitutivos normalmente se atribuye. En pura teoría, al actor debería corresponder tanto la carga de alegar y probar los hechos que normalmente dan origen a la acción, como la alegación y prueba de la inexistencia de los hechos impeditivos cuya presencia obstaría la eficacia de los hechos constitutivos. El demandante tiene acción sólo si existen los primeros y faltan los segundos. No sería equitativo, sin embargo, que el Derecho arrojara sobre el actor la carga de alegar y probar todos ellos; por dos razones: a) la prueba de la inexistencia de un hecho resulta mucho más difícil --en ocasiones imposible-- que la prueba de su existencia; además, los eventuales hechos impeditivos son, siempre, muchos más que los constitutivos; b) lo normal es que no concurra ningún hecho impeditivo; su presencia es tomada por el Derecho como algo excepcional y, precisamente para evitar la indefensión que se produciría si lo que es anormal sucede, el Derecho otorga al demandado la posibilidad de ponerlo de relieve mediante el ejercicio de una excepción.
QUINTO.- Sucede que, aun concurriendo todos los hechos constitutivos y no existiendo hechos impeditivos, es posible que, con posterioridad a unos y otros, se produzcan determinados hechos, que vengan a destruir la eficacia desplegada por los hechos constitutivos. A estos hechos se llama extintivos. Con ellos no pretende el demandado negar que el actor tuviera acción frente a él, alega simplemente que, en el momento en que el actor reclama, la acción no existe ya, porque ha quedado extinguida por un hecho jurídico posterior. Puede, por fin, suceder que, aun cuando los hechos constitutivos efectivamente existan y no se hayan producido hechos impeditivos o extintivos que destruyan su eficacia, se hayan, sin embargo, originado --con anterioridad, de modo coetáneo, o con posterioridad a los hechos constitutivos-- otros hechos jurídicos que otorguen al demandado el derecho de enervar (de paralizar, o de excluir) la acción que el demandante ejercita. A estos hechos se llama excluyentes porque, aun reconociendo que el actor tiene actualmente derecho a la tutela que solicita, el demandado posee un "contraderecho" (otro derecho contrario a la acción), que le permite evitar la condena.
Son impeditivos aquéllos hechos que, siendo concomitantes en el tiempo con los hechos constitutivos, impiden, en absoluto y desde el principio, que éstos desplieguen su normal eficacia. Así, por ejemplo, la inexistencia de algunos de los requisitos del artículo 1.261 CC, los hechos que caen bajo la prohibición del artículo 6.3 C.C., etc.
La concurrencia de un hecho impeditivo produce, en todo caso, la nulidad del contrato. La razón es clara: al ser los hechos impeditivos concomitantes con los hechos constitutivos no pueden producirse con posterioridad en el tiempo; esto quiere decir que, o han sido planteados y discutidos en el proceso de declaración --y desestimados, ya que no se entiende de otro modo la condena del demandado-- y quedan, por tanto, alcanzados por la cosa juzgada, o, en el supuesto de que no se hayan planteado pudiendo haberlo sido, quedarían, en todo caso, alcanzados por la preclusión acaecida, con lo que llegamos a un resultado sustancialmente igual al anterior; los hechos impeditivos no pueden ser, en ningún caso, reproducidos en sede de ejecución de sentencia.
Excluyentes son aquellos hechos que, concomitantes o posteriores a los hechos constitutivos fundan un contraderecho a favor del demandado que le permite enervar la acción que el demandante afirma en su demanda. Así como el resultado inmediato de la concurrencia de un hecho impeditivo es que el derecho subjetivo, como tal, no ha llegado nunca a nacer y, como consecuencia la acción que el demandante afirma tener no ha existido nunca, el hecho extintivo, por el contrario, al ser posterior a los constitutivos provoca la extinción del derecho subjetivo anteriormente existente. Ello supone que la acción, que en algún momento tuvo existencia, se ha extinguido con posterioridad. Consiguientemente los hechos impeditivos y los extintivos se diferencian en que unos son concomitantes con los constitutivos y los otros son posteriores, pero se equiparan en cuanto a sus efectos, por cuanto el Juez no puede otorgar la tutela pedida si en el momento del proceso no existe el derecho material que le servía de sustento. Si el Juez se apercibe durante el proceso de la concurrencia de un hecho impeditivo o de la de uno extintivo, debe absolver de oficio la de la demanda. No es concebible, en buena lógica jurídica que el Juez dé lugar, a sabiendas, a pretensiones infundadas. Hasta aquí puede afirmarse que existe acuerdo en la doctrina, aun cuando el Tribunal Supremo no sea consecuente en sus sentencias con estos principios (de hechos impeditivos habla reiteradamente nuestro más alto tribunal --véanse sentencias de 4 de diciembre de 1964, 28 de enero de 1970, 16 de junio de 1970, etc.). Donde ya no existe tanta claridad es en la consideración de los hechos excluyentes. Por de pronto el Tribunal Supremo no habla mucho de ello, aunque se refiere a ellos sin duda, cuando habla de hechos que están destinados a "... quitar fuerza al efecto jurídico reclamado por el actor", sentencia de 19 de noviembre de 1965.
Las diferencias entre los hechos excluyentes, por un lado, y los impeditivos y extintivos, por otro, son fundamentalmente éstas: a) Cuando concurre un hecho impeditivo o extintivo la acción que el demandante afirma tener no existe, en realidad, bien porque nunca existió, o bien porque ha dejado de existir; por el contrario, cuando concurre un hecho excluyente, la acción que el actor afirma existe realmente y el derecho a la tutela jurídica también, de modo que, si aun concurriendo un hecho excluyente por no haberse ejercitado por el demandante el Juez otorga la tutela pedida, la sentencia que dicte no es injusta. b) Los hechos impeditivos y extintivos deben ser apreciados de oficio por el Juez cuando su existencia conste en autos y cualquiera que sea la parte que los ha introducido en el proceso: rige aquí el principio de adquisición procesal. Los hechos excluyentes operan siempre ope exceptionis, de modo que, si el Juez dicta sentencia apreciando un hecho excluyente no alegado por el demandado comete incongruencia.
En todo caso debe significarse que el llamado periodo probatorio del proceso no permite la averiguación «ex novo» de hechos sino únicamente la acreditación de hechos afirmados en los respectivos escritos alegatorios. No es, pues, admisible que las partes aduzcan hipótesis o conjeturas de modo tal que se propongan constatar su adecuación a la realidad en el curso del proceso, y sí sólo justificar hechos que previamente hayan afirmado no como probables sino como indiscutibles.
SEXTO.- II. Los bienes del caudal
A) Exclusión del inventario como bien ganancial de la cantidad percibida por Dª Nuria en enero de 2002 por la venta de valores mobiliarios a través de la entidad BBVA
De la documentación obrante en los autos se desprende que, a falta de otra prueba que no ha suministrado la parte oponente, la escritura de compraventa de la vivienda propiedad de la promovente en el Puerto de la Cruz proporciona la única explicación satisfactoria al ingreso en la cuenta abierta en el BBVA de la cantidad de 9.146.000,- ptas., por su aproximación al importe del precio declarado en la escritura pública de compra-venta (10.000.000,- ptas.), sin perjuicio de que el ingreso no se efectuara inmediatamente del otorgamiento de aquélla, y sin que corresponda a la promovente sino a la opositora la demostración del preciso origen diverso de dichos bienes y, de acuerdo con lo que mantiene, la ausencia de carácter privativo del mismo, lo que aboca al perecimiento de este motivo del recurso.
SÉPTIMO.- B) La inclusión en el pasivo de la herencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2001.
De acuerdo con lo razonado en el tercero de los fundamentos de derecho de la presente resolución, recae sobre la promotora del expediente la acreditación de haber abonado la cantidad de 20.977,- ptas., correspondiente al recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de la anualidad de 2001. Sin embargo, ni del documento núm. 19 aportado con el escrito inicial (f. 22 en el Tomo I) ni de la contestación de fecha 19 de febrero de 2004 a la atenta comunicación remitida al Ayuntamiento de la Villa de Parla aparece acreditado que el precitado recibo se abonase, como se pretende, tras el fallecimiento del causante y con cargo exclusivo a los bienes de la promotora. Siendo así, como lo es, no procede verificar su cómputo entre los gastos realizados por la legataria para el reintegro del 67% de su importe, imponiéndose el acogimiento del recurso interpuesto en este concreto particular.
OCTAVO.- C) La no inclusión en el inventario de la herencia de los bienes y enseres existentes en el domicilio conyugal
El objeto del inventario de bienes a practicar en los procedimientos testamentarios no es otro que concretar la masa de bienes del caudal partible, esto es, el patrimonio a liquidar y adjudicar. Carece de sentido y utilidad, por tanto, incluir en ese inventario bienes que por disposición legal quedan excluidos de esas operaciones, y esto es lo que ocurre con las ropas, mobiliario y enseres que constituyen el ajuar de la vivienda conyugal o familiar de los esposos, pues el art. 1321 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, dispone que tales bienes se entregarán al cónyuge que sobreviva, sin computárselo en su haber, en lo que la doctrina ha calificado como un legado legal, de suerte que, con independencia de su condición de bienes privativos o gananciales, y, por ejemplo, las ropas personales, tienen siempre carácter privativo (art. 1.346, 7.º C.C.), y abstracción hecha de lo que en cada caso el testador haya dispuesto respecto de ellos, esos bienes han de entregarse siempre al cónyuge viudo sin imputación alguna a lo que haya de recibir por título de herencia o legado. Siendo esto así, es patente que carece de toda utilidad y necesidad que conste en el inventario la relación de los bienes que constituyen la entrecasa y su posterior avalúo y especial adjudicación.
El juzgador de instancia desestima la pretensión de los opositores de elaborar e incluir en un inventario aquellos muebles, ropas y enseres --que por cierto no han sido nunca identificados ni descritos--, por entender éstos que no resultaba acreditado que constituyesen el ajuar de la vivienda habitual común, conclusión que ha de ser compartida por esta Sala, atendido que el inmueble que constituye el único bien privativo del causante era el domicilio habitual de los esposos y en la que tenían fijada su residencia; y falta cualquier prueba, siquiera sea indiciaria, de la existencia de las joyas, alhajas y otros bienes a que se alude por la parte opositora: no se trata de que «como es natural» pudiera o no poseerlos y que se pretenda averiguar si en efecto los tenía y cuáles pudieran ser, sino que es preciso que se afirme los que son, se acredite su existencia real y que se hallan en poder y posesión de la viuda, lo que no se ha producido en el presente caso. Cabe así concluir la desestimación de este particular del recurso interpuesto.
NOVENO.- D) Imputación a la herencia de los gastos de comunidad de la vivienda privativa del esposo desde la fecha de fallecimiento
Los argumentos con base en los cuales la parte opositora recurrente redarguye la inclusión en el pasivo de la herencia de los gastos comunes de la vivienda privativa del finado no son atendibles. Así, ni es relevante que la legataria superviviente habite la casa ni el pago de los gastos comunitarios puede esgrimirse como «sanción» de un comportamiento que los herederos reputen «no autorizado», o como elemento de compensación «en equidad» por la falta de uso de los bienes hereditarios.
Siendo un bien privativo, las deudas o cargas que genere no son de cargo de la sociedad de gananciales y los gastos de comunidad que no correspondan al uso o utilización de servicios individuales sino comunes deben repercutirse a los herederos en la proporción correspondiente. En consecuencia se impone el perecimiento del recurso interpuesto en este concreto particular.
DÉCIMO.- E) Imputación al pasivo ganancial de los gastos de seguro de vida de Dª Nuria satisfecho con posterioridad al fallecimiento
El artículo 1346 del Código Civil previene que son privativos de cada cónyuge los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad, y en consecuencia los que se consideren de esta naturaleza serán excluidos del activo del acervo común; el inicio del régimen económico matrimonial, salvo modificaciones posteriores comienza en la fecha de la celebración de dicha unión. A su vez, El artículo 1361 del Código Civil, previene que se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer, se trata pues una presunción de las llamadas «iuris tantum» --que admiten prueba en contrario--, por lo cual la carga de dicha prueba requerirá de una cumplida demostración del hecho o circunstancia capaz de sustentar la manifestación formulada. Teniendo en consideración que el préstamo hipotecario se suscribió por los cónyuges constante matrimonio y para la cancelación de un préstamo personal precedente suscrito por ambos cónyuges, son de cargo del caudal común, del mismo modo que cuantas cargas aparezcan asociadas al mismo, y en la medida en que el seguro de vida controvertido no es, pese a que otra cosa pueda parecer, sino una carga asociada al préstamo hipotecario, y en garantía de la satisfacción de las correspondientes amortizaciones (como se desprende indubitadamente de la documental incorporada a los autos en la que se denomina «seguro de protección de pagos» --vide f. 185--), no puede reputarse «voluntario» ni de exclusivo cargo de la cónyuge superviviente, sino que ha de seguir la misma suerte de aquéllas. En consecuencia se impone el perecimiento del recurso interpuesto en este concreto particular.
UNDÉCIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 398 LEC 1/2000 no ha lugar a especial pronunciamiento respecto de las costas ocasionadas en esta alzada.
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
La sentencia que le acabo de aportar es sobre la atribución al cónyuge viudo del ajuar doméstico que hay en la vivienda en base al artículo 1321 del código civil.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
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Jurisprudencia

Jurisdicción: Civil
Ponente: José Zarzuelo Descalzo
Origen: Audiencia Provincial de Madrid
Fecha: 12/07/2004
Tipo Resolución: Sentencia Sección: Undécima
Número Sentencia: 566/2004 Número Recurso: 852/2003
Voces sustantivas: Compraventa, Comunidad de bienes, Disolución del matrimonio, Doctrina de los actos propios, Faltas, Herencia, Partición, Sociedad de gananciales, Usufructo, Acumulación de deudas, Bienes gananciales, Bienes inmuebles, Bienes privativos, Comunidad hereditaria, Condominio, Disolución del matrimonio por muerte, Formación del inventario, Inventario de bienes, Presunciones, Principio de seguridad jurídica, Patrimonio colectivo, Presunciones legales, Presunción de ganancialidad, Renta, Bienes del matrimonio, Comunidades de bienes, Carácter ganancial, Carácter privativo, Cónyuge supérstite, Embargo, Infracciones, Legitimación, Matrimonio, Matrículas, Presunción iuris tantum, Propietario
Voces procesales: Costas procesales, Juicio verbal, Recurso de apelación, Avalúo, Carga de la prueba, Fase intermedia, Liquidación de la sociedad de gananciales, Prueba indiciaria, Pretensiones de las partes, Prueba en contrario


ENCABEZAMIENTO:

Procedimiento: XXXXX XXXXX apelación
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCION UNDECIMA
SENTENCIA Nº
Rollo: RECURSO DE APELACION 852 /2003
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. LOURDES RUIZ GORDEJUELA LOPEZ
D. FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ
D. JOSE ZARZUELO DESCALZO
En MADRID, a doce de julio de dos mil cuatro.
La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de apelación, los autos de JUICIO VERBAL 3 /2003 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 20 de MADRID seguido entre partes, de una como apelante Dª. Olga , representado por el Procurador Sr. Sánchez Izquierdo Nieto, y de otra, como apelados Dª. Elsa , representada por el Procurador Sr. Zabala Falco, Dª. Marí Jose , Dª. Gabriela , representadas por el Procurador Sr. Mairata Laviña.
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ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 20 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 11 de junio de 2003, cuya parte dispositiva dice: "ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de impugnación formulada por Dª Olga , y en consecuencia, DECLARO excluido del inventario de bienes del matrimonio Abelardo Olga el camión frigorífico Mercedes Y-....-YX y asimismo declaro incluido en aquel el 50% de la vivienda habitual de Dª Olga , sita en Madrid CALLE000 nº NUM000 , sin imposición de las costas procesales". Notificada dicha resolución a las partes, por Olga se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a las partes contrarias que lo impugnaron. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 30 de junio de 2004, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE ZARZUELO DESCALZO.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, que hacemos nuestros y damos por reproducidos para evitar innecesarias reiteraciones, en tanto no se contradigan por los de la presente resolución.
Frente a la Sentencia dictada en primera instancia por la que se estimaba parcialmente la demanda formulada por Doña Olga de impugnación del inventario de la herencia de Don Abelardo , y declaraba excluido del inventario de bienes del matrimonio Abelardo - Olga el camión frigorífico Mercedes Y-....-YX e incluida en aquél el 50% de la vivienda habitual de Dª Olga , sita en Madrid en CALLE000 nº NUM000 , sin imposición de costas procesales se formula el presente recurso de apelación que argumenta, en esencia:
1º.- La omisión en el fallo de cualquier mención al resto de los bienes sobre los que hubo controversia en el procedimiento de división de herencia 707/2.002.
2º.- Los razonamientos del juez a quo para considerar incluida la vivienda es la presunción de ganancialidad al no haberse acreditado su adquisición con fondos privativos, a pesar de que la actora acredita su condición de propietaria por medio de escritura de compraventa otorgada en mayo de 1.995, cuando ya era viuda, y considerar el camión frigorífico ya incluido en la valoración del negocio de pescadería, según deduce del documento nº 9 de la demanda.
3º.- No existe prueba alguna que acredite que dicho camión esté incluido en los bienes y derechos que fueron utilizados por la Consejería de Hacienda para obtener el valor del negocio de pescadería y tal documento no describe los elementos tenidos en cuenta para valorar el negocio, sin que exista en autos algún documento del que se desprenda la inclusión del citado camión y además, la parte de inventario no impugnada y admitida pacíficamente por todas las partes, según consta en Acta de 1 de octubre de 2002, incluye una serie de bienes y derechos que tampoco figuran en el inventario de Hacienda porque integraban el negocio de pescadería. El documento nº 1 de la actora acredita que la transferencia de dicho vehículo se realizó el 30 de mayo de 1.995 cuando hacía más de seis meses que había fallecido el Sr. Abelardo .
4º.- La inclusión del 50% de la vivienda de la actora es desacertada por haber sido adquirida el 18 de mayo de 1.995 cuando hacía más de seis meses del fallecimiento del Sr. Abelardo , por haberse disuelto el matrimonio con la muerte del Sr. Abelardo lo que origina de forma automática la conclusión de pleno derecho de la sociedad de gananciales y por tanto no existiendo no puede integrar un bien inmueble, porque se estarían duplicando valores al tener en cuenta en el inventario un dinero de la sociedad de gananciales y a la vez el inmueble que se dice comprado con dinero ganancial y, finalmente por la doctrina de los actos propios y el principio de seguridad jurídica no puede considerarse ganancial un bien que las otras partes reconocieron como privativo ante la Consejería de Hacienda según se desprende del documento nº 9.
5º.-Desafortunada valoración de la prueba por valoración desigual del mismo documento en función del bien de que se trate.
6º.-Infracción del artículo 218 de la LEC que exige que las sentencias sean congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes. Al existir diferencias entre el inventario de bienes realizado en el procedimiento seguido por la Consejería de Hacienda y el que pretendían realizar la hija y las nietas de la actora en la Junta de 1 de octubre de 2002 el fallo debe recaer sobre todos los puntos objeto de debate con independencia de que exista o no conformidad en el juicio como se relata en el fundamento jurídico primero y la sentencia debe pronunciarse sobre la inclusión o exclusión de cada uno de los bienes sobre los que hubo controversia previa al juicio.
7º.-Las costas debían ser impuestas a las otras herederas, no sólo por los razonamientos esgrimidos en el recurso que deberían dar lugar a la estimación total de la demanda sino también por la temeridad de las mismas que conocían todo el inventario de bienes y han forzado el juicio verbal.
SEGUNDO.- Planteado en tales términos el presente recurso de apelación y en referencia a la pretensión suscitada con el mismo de obtener un pronunciamiento sobre la inclusión o exclusión en el inventario de cada uno de los bienes sobre los que hubo controversia previa al juicio, que introduce en los puntos 1º y 6º del recurso, señalar en primer lugar que la recurrente parece desconocer el principio dispositivo que rige en la jurisdicción civil y el contenido del artículo 443.4 de la vigente LEC que establece:"Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, suscitadas, se resolviese por el tribunal la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente" porque una vez mostrada conformidad por las partes en el acto del juicio sobre la composición del inventario, con la salvedad del referido camión frigorífico y el 50% de la vivienda de la actora, queda fijada la controversia que ha de recibir pronunciamiento expreso y el Juez a quo debe limitarse a pronunciarse sobre los hechos debatidos y no sobre aquellos sobre los que existe total conformidad, circunstancia que pone de relieve en el fundamento jurídico primero y que, en definitiva conduce a la parcial estimación de la demanda por lo que se ha dado cumplida respuesta a cada una de las pretensiones de las partes y, en consecuencia ha de decaer tal motivo de recurso.
TERCERO.- Idéntica suerte desestimatoria ha de tener la pretensión de incluir en el inventario el camión frigorífico Mercedes de matrícula Y-....-YX , cuando es evidente que ya fue tenido en cuenta en la valoración global del negocio de pescadería realizada por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid -que consta en las actuaciones como documento nº 9 de la recurrente y como documentos nº 1 de las otras herederas- por un montante total de 39.509.375 pesetas, no sólo por su inclusión en el apartado 5 del inventario y avalúo (apdo. 5,M) del cuaderno particional de fecha 23 de mayo de 1.996 junto al resto de enseres y vehículos propios del negocio de pescadería, sino porque se observa que la valoración realizada en dicho cuaderno particional del puesto de pescadería es de 4.000.000 pesetas y para alcanzar la valoración realizada por Hacienda es necesario que se incluyan todos los enseres y vehículos reseñados, resultando además de pura lógica que un camión frigorífico esté afecto al negocio de tal tipo.
CUARTO.- En relación con los argumentos que sustentan el motivo de recurso referente a la disconformidad con la inclusión en el inventario del 50% de la vivienda, por su presunción de ganancialidad, conviene señalar, reforzando los argumentos utilizados por el Juez a quo, que para la formación del inventario que es el objeto de este proceso, ha de tenerse en cuenta los bienes existentes al momento de la disolución matrimonial, con aplicación de la presunción de ganancialidad que establece el artículo 1.361 del Código Civil, que supone la vis atractiva favorable a la ganancialidad de los bienes.
Estamos pues ante un supuesto de presunción legal que dispensa de toda prueba al favorecido por ella, ya que en definitiva se establece una presunción iuris tantum, que admite la posibilidad de contrarrestarla mediante la prueba en contrario, no siendo suficiente meros indicios y correspondiendo la carga de la prueba a quien alegue el carácter privativo de algún bien. Como señala la Sentencia de 31 de marzo de 1930 se consideran gananciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer. La Sentencia de 22 de febrero de 2000 declara: "El artículo 1361, en relación al 1316 del Código Civil, consagra la presunción ganancial, que goza de acreditada tradición en nuestro Derecho -Ley 203 de Estilo y Novísima Recopilación- habiendo declarado la jurisprudencia que procede prueba en contrario, al tratarse de presunción "iuris tantum" (Ss. de 22-12-1992 y 18-7-1994 20-6- 1995)", en parecidos términos la Sentencia de 24 de febrero de 2000 declara:
"Es cierto que la jurisprudencia ha insistido en el rigor de la presunción de ganancialidad contenida en el art. 1361 CC, declarando que para desvirtuarla no basta la prueba indiciaria, sino que es precisa una prueba expresa y cumplida, pudiendo añadirse a las numerosas sentencias que se citan en el motivo las posteriores a su interposición de 2-7-96 (recurso núm. 2516/92) y 29-9-97 (recurso núm. 2491/93). Pero también lo es que en ningún caso dicha presunción deja de admitir prueba en contrario por quien afirme el carácter privativo o no ganancial de los bienes de que se trate (STS 7-4-97 en recurso 298/93, entre las más recientes)", por ello como señala la jurisprudencia, entre otras la Sentencia de 24 de julio de 1996 las situaciones dudosas, ha de resolverse, en favor de la naturaleza ganancial de los bienes, pero para destruirla la presunción de ganancialidad el no favorecido puede acudir a cualquier medio incluida las presunciones, como admite entre otras la Sentencia de 30 de septiembre de 1989", pero en el presente caso, con la salvedad de presentar copia de escritura, de fecha posterior al fallecimiento de su esposo, que acredita la adquisición de la vivienda por la actora, no se propone prueba alguna tendente a demostrar que la adquisición se realiza con fondos privativos de la misma, prueba sencilla para la actora de ser ese el carácter de los fondos, por lo que no puede sostenerse una postura contraria a la presunción de ganancialidad.
QUINTO.- Respecto a la alegación de la recurrente sobre la conclusión de la sociedad de gananciales -art. 1392.1º C.C.- por disolución del matrimonio por muerte del cónyuge - art. 85 C.C.-, si bien es cierto que la disolución se produce en el momento del fallecimiento, debemos señalar que se está confundiendo el momento de disolución del matrimonio con el momento de liquidación de la sociedad de gananciales que será el momento en el que se produce la conclusión de la misma, intervalo en el que siguen produciéndose los efectos de la ganancialidad sobre la disposición de los bienes. Respecto a la situación en que queda la sociedad de gananciales tras la muerte de un consorte podemos remitirnos a lo expuesto en la STS de 8 de octubre de 1990, que transcribe aunque parcialmente en su recurso, a la que remite la posterior de 28 de septiembre de 1993, en la que se dice:
"... Se entra en el núcleo, técnicamente complejo, de la naturaleza jurídica de esa sociedad de gananciales disuelta por la muerte de uno de los cónyuges, en tanto en cuanto persiste la situación hasta que se proceda a la liquidación de la misma y se habla en general de que esa situación comporta la existencia de una llamada comunidad postmatrimonial en donde, aunque ya se ha truncado por esa muerte la continuidad del antiguo régimen legal de gananciales y, por lo tanto, no tiene lugar, por supuesto, ni el aspecto activo de incremento de las gananciales ni el aspecto pasivo de acumulación de deudas, ha de advertirse que sobre los bienes que, en origen, eran gananciales debe persistir también su misma naturaleza y que, en consecuencia, los cotitulares de dicha comunidad siguen manteniendo sus mismos derechos y cuotas; ahora bien, en torno a la posible delimitación de tales cuotas, en principio, parece ser que el dictado del art. 1.344 del Código Civil, supone que las "gananciales o los beneficios" esto es, los bienes gananciales, deberán atribuirse por mitad a cada uno de los cotitulares al disolverse dicha comunidad; sin embargo, la literalidad de dicho precepto no conduce a entender que tras ese efecto automático de disolución, se atribuirá por mitad a cada una de las cuotas de los participes los concretos repetidos bienes gananciales, porque al no acontecer aún en ese período provisional del funcionamiento de la repetida comunidad postmatrimonial, la liquidación de la misma, persiste, pues, ese estado de comunidad acorde con una especie de condominio o proindivisión, sin que sea posible, se repite, hasta que se produzca ese efecto liquidatorio, la adjudicación singular o individualizada de la cuota correspondiente en cada uno de los bienes gananciales conforme a lo dispuesto en los arts. 1.404 y siguientes; en definitiva, puede afirmarse que en esa fase intermedia entre la disolución automática por fallecimiento de uno de los cónyuges y la posterior liquidación, se mantiene una suerte de comunidad o proindivisión en los bienes gananciales de tal forma que cada uno de los cotitulares - en el caso de autos, se repite, la viuda y los causahabientes del premuerto- ostentará una cuota en abstracto sobre el totum ganancial, cuota que se concretará, en particular, cuando se resuelva la liquidación de la misma, adjudicándose de consiguiente por las fórmulas de aplicación de la partición hereditaria, bienes concretos para la integración de la cuota que corresponda a los citados comuneros en los términos de los preceptos citados, de lo que se deriva, como efecto básico, que mientras la pervivencia de esa denominada comunidad postmatrimonial a cada comunero le pertenece una cuota en abstracto sobre la masa ganancial, que se materializará, tras la división- liquidación, en una parte concreta e individualizada de los bienes y derechos singulares que se les adjudique correspondientemente; y todo ello está en la línea de coherencia que al respecto se sostiene por la doctrina más especializada y en términos análogos a los siguientes sostenidos en varias resoluciones de la Dirección General de los Registros, pues si bien algunas muy antiguas admitieron la titularidad del cónyuge viudo sobre la mitad de cada uno de los inmuebles gananciales, y su correlativa legitimación para enajenarlos, otras vienen aceptando, siquiera con diversas fórmulas, la falta de derecho concreto de los partícipes en la comunidad postmatrimonial sobre los bienes singulares, y por tanto la falta de legitimación para enajenar o gravar las correspondientes mitades (véase R. 10-1952 en la línea de las de 26 de julio de 1907, 30 de abril de 1908, 9 de enero de 1915, 2 de diciembre de 1929, etc.), asimismo, por la doctrina más especializada se dice al respecto: "... Producida la disolución, sea ésta automática o por declaración judicial, se abre un periodo liquidatorio.
Puede ocurrir -y no es infrecuente que ocurra- que los interesados, no obstante ello, no lleven a cabo la liquidación y que la fase de interinidad se prolongue durante un largo período de tiempo. Suele suceder así en muchos casos de disolución por muerte, entre el supérstite y los herederos de premuerto que normalmente son padre o madre e hijos, y también, aunque sea menos frecuente, entre los propios cónyuges..." y "... entonces parece más correcto entender que estamos en presencia de un patrimonio colectivo o comunidad de bienes que fueron gananciales, cuya titularidad la ostentan los cónyuges, si la causa de disolución no es la muerte de uno de ellos, o el cónyuge supérstite y los herederos del premuerto en otro caso; cabe discutir cuál es la naturaleza jurídica de este patrimonio colectivo o comunidad; en principio es razonable sostener la no aplicabilidad de los arts. 392 y siguientes, en función de la remisión que el Código hace a la partición y liquidación de la herencia (art. 1.410), es probable que sea una comunidad de naturaleza especial equiparable a la comunidad hereditaria antes de la partición; su régimen jurídico es especial; de acuerdo con los principios reseñados, las reglas que deben entenderse aplicable son las siguientes:
Primero.- La comunidad indivisa no se ve aumentada con las rentas de trabajo ni con las de capital privativo, que serán en todo caso privativas, excepto los frutos de los bienes privativos que estuvieran pendientes en el momento de la disolución, a los cuales habrá de aplicar analógicamente las normas referentes a la liquidación del usufructo; por supuesto, ingresan en el patrimonio común los frutos de los bienes comunes.
Segundo.- El patrimonio de la comunidad indivisa sigue respondiendo de las obligaciones que pesaban sobre la sociedad, pero las que contraiga con posterioridad cualquier titular recaen sobre su propio patrimonio; los acreedores podrán pedir el embargo de la cuota abstracta que su deudor tenga sobre el patrimonio común, que quedará especificada en bienes concretos, al producirse la división y adjudicación, pero no antes; no rige, pues, el art. 1.373, pensado para una sociedad de gananciales en funcionamiento..".
Pues bien, sentado lo anterior, aparece como impropio el carácter de bien privativo de la esposa al adquirirse la vivienda en ese período transitorio entre la muerte del esposo y la liquidación de la sociedad de gananciales, sin que nada se acredite sobre el carácter de privativos de los fondos utilizados para la adquisición por lo que se han reputado como gananciales, que ya, de suyo se desprende por la proyección de la anterior doctrina de la llamada comunidad postmatrimonial, no podían ser utilizados sino con el consentimiento de todos los participes en la citada comunidad, o bien considerar el bien adquirido como ganancial tal y como se ha entendido por el Juez a quo, por lo que procede convalidar tal declaración incluyéndose en el inventario para la liquidación de los gananciales así como de la testamentaria del esposo fallecido. Entender lo contrario supondría convalidar una serie de situaciones en las que para cambiar de régimen algunos bienes bastaría con realizar adquisiciones en ese período postganancial con fondos de la sociedad de gananciales y obtener así bienes con carácter de privativos.
Tampoco pueden tenerse en consideración los alegatos referidos, por un lado a la duplicación de valores, por entender que se tiene en cuenta en el inventario el dinero existente en el saldo contable y a la vez la vivienda que se dice adquirida con fondos gananciales, y ello precisamente por no existir constancia alguna de que el dinero utilizado en la adquisición de la vivienda sea el incluido en el inventario, lo que no plantearía duda alguna sobre el carácter ganancial de la vivienda, u otra cantidad no tenida en cuenta, y, por otro parte el referido a los actos propios por no haberse incluido en la relación de bienes de Hacienda, puesto que si no se incluye como ganancial por el Organismo Oficial no es imputable a los herederos y el inventario siempre puede ser completado con los bienes de que se vayan teniendo noticias.
SEXTO.- Al desestimarse el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se impondrán a la apelante las costas de esta alzada.
Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación.
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FALLO:

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Rafael Sánchez-Izquierdo Nieto, en nombre y representación de Doña Olga , contra la Sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2.003 por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia nº 20 de Madrid en los autos de Juicio Verbal núm. 3/03 y CONFIRMAR íntegramente la misma, imponiendo a la apelante las costas de esta alzada.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.
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El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.
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Jurisprudencia

Cabecera: Hijos interponen demanda juicio ordinario frente al padre - heredero del abuelo paterno- por acción reivindicatoria, y contra la abuela paterna. El padre con consentimiento de la madre adquiere por compraventa la vivienda al abuelo paterno, haciendo un primer pago, antes de contraer matrimonio, si bien la entrega se produce durante el matrimonio y se paga el resto pendiente, carácter ganancial desde el matrimonio. Ley aplicable. Muerta la esposa y madre de los demandantes, no se liquidó la sociedad legal de gananciales. El padre renunció gratuita y tácitamente a sus derechos en la sociedad de gananciales y a sus derechos usufructuarios como cónyuge viudo a favor de sus dos hijos, les trasladó su posición contractual en la venta privada de la vivienda y se adjudicaron aquéllos a la plena propiedad de la misma en proindiviso, exteriorizándose tales renuncias y negocios jurídicos mediante el otorgamiento de escritura pública de compraventa por el abuelo vendedor a los nietos, éstos representados por su padre. Se estima la propiedad de los demandantes y se obliga al demandado a entregar la posesión. Mala fe. No se ha acreditado. No procede indemnización.
Jurisdicción: Civil
Ponente: Amparo Camazón Linacero
Origen: Audiencia Provincial de Madrid
Fecha: 07/06/2010
Tipo Resolución: Sentencia Sección: Decimocuarta
Número Sentencia: 345/2010 Número Recurso: 789/2009
Voces sustantivas: Acción declarativa de dominio, Acción reivindicatoria, Compraventa, Comunidad de bienes, Comunidad de gananciales, Copropiedad, Desheredación, Disolución y liquidación, Donación, Enriquecimiento injusto, Enriquecimiento sin causa, Faltas, Fiducia cum amico, Herencia, Legítima, Menores, Prescripción, Partición, Prescripción adquisitiva, Prescripción extintiva, Préstamo hipotecario, Representación legal, Régimen económico matrimonial, Separación de bienes, Simulación, Sociedad de gananciales, Usufructo, Amortizaciones, Aceptación pura y simple, Adquisición de la propiedad, Analogía, Autocontratación, Buena fe, Bienes parafernales, Bienes gananciales, Bienes inmuebles, Bienes privativos, Cancelación registral, Cargas y obligaciones, Caudal hereditario, Causa del contrato, Cesión de derechos, Cesión del derecho hereditario, Condiciones resolutorias, Cooperativas de viviendas, Derecho de reversión, Documento privado, Documento público, Dolo, Donación onerosa, Edad, Ejercicio de los derechos, Error de derecho, Fiduciario, Formación del inventario, Haber hereditario, Herederos forzosos, Herencia yacente, Indemnizaciones, Irretroactividad, Justo título, Mala fe, Mandatario, Nacimiento, Nuda propiedad, Objeto del contrato, Otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, Presunciones, Pago del precio, Parafernales, Perfección del contrato, Precio aplazado, Presunción de ganancialidad, Rectificación registral, Renta, Renuncia a la herencia, Renuncia abdicativa, Representación de los hijos, Restitución, Régimen aplicable, Separación de hecho, Acciones reales, Acción personal, Amortización, Aprobación judicial, Beneficencia, Bienes del matrimonio, Comunidades de bienes, Carácter ganancial, Carácter privativo, Carácter subsidiario, Celebración del contrato, Créditos de la sociedad de gananciales, Cónyuge supérstite, Declaración de voluntad, Deducciones, Derecho a la tutela judicial efectiva, Derecho hereditario, Derechos personales, Disolución de la sociedad de gananciales

Esta resolución fue recurrida por: Tribunal Supremo. Sala Primera, de 06/09/2011

ENCABEZAMIENTO:

Procedimiento: XXXXX XXXXX apelación
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 14
MADRID
SENTENCIA: 00345/2010
AUD. PROVINCIAL SECCION N. 14
MADRID
Rollo: RECURSO DE APELACION 789 /2009
SENTENCIA Nº
Ilmos. Sres. Magistrados:
PABLO QUECEDO ARACIL
AMPARO CAMAZON LINACERO
PALOMA GARCIA DE CECA BENITO
En MADRID, a siete de junio de dos mil diez.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 868/2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 82 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 789/2009, en los que aparecen como parte apelante D. Jose Miguel y Dña. Carina , representados por el procurador D. GUSTAVO GÓMEZ MOLERO, y como apelados D. Armando , representado por la Procuradora Dña. ALMUDENA GIL SEGURA, y Dña. Magdalena , representada por la Procuradora Dña. FUENCISLA MARTÍNEZ MÍNGUEZ, quienes formularon oposición al recurso en base a los escritos que a tal efecto presentaron, y por último, también como partes apeladas D. Gabino , D. Martin , Dña. Africa , Dña. Felicidad y D. Jose Ramón , sobre declaración de dominio, condena de hacer y reclamación de cantidad , y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª AMPARO CAMAZON LINACERO.
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ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 82 de Madrid, en fecha 23 de junio de 2009 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "1.- estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por el procurador Sr. Gómez Molero en nombre y representación de DOÑA Carina Y XXXXX XXXXX Miguel frente a DON Armando representado por la procuradora Sra. Gil Segura, y en consecuencia debo declarar y declaro que los actores son propietarios en proindiviso de la vivienda NUM000 del nº NUM001 de la calle DIRECCION000 de Madrid, junto con su padre DON Armando , sin que haya lugar al resto de pedimentos contenidos en la demanda y por lo tanto absolviendo a DON Armando , XXXXX XXXXX Ramón , DOÑA Magdalena , DON Gabino , XXXXX XXXXX , DOÑA Africa y DOÑA Felicidad de los mismos, sin imposición de las costas causadas por la demanda respecto de DON Armando , y con imposición a la actora de las causadas con la demanda al resto de codemandados.
2.- desestimar y desestimo la reconvención formulada por DON Armando frente a los actores y al resto de demandados, absolviéndolos de los pedimentos instados en su contra, y con imposición a la parte demandada-reconviniente de las costas causadas con la reconvención.".
SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte D. Jose Miguel y Dña. Carina , al que se opuso la parte apelada D. Armando y Dña. Magdalena , y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC , se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 16 de marzo de 2009.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta Sección y a la complejidad del presente asunto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida únicamente en lo que no se opongan a los que a continuación se relacionan.
PRIMERO.- Los demandantes, XXXXX XXXXX Miguel y doña Carina , promueven juicio ordinario contra don Armando (padre de los demandantes y heredero de don Lucas , éste último abuelo paterno de los demandantes), doña Graciela (abuela paterna de los demandantes y heredera de su esposo don Lucas ), fallecida durante la tramitación del procedimiento (cuyos herederos testamentarios -legítima estricta- son, además de don Armando , padre de los demandantes y codemandado, doña Felicidad -tercio de mejora, nuda propiedad, y tercio de libre disposición-, doña Magdalena , doña Africa , XXXXX XXXXX Ramón , don Gabino y XXXXX XXXXX , tíos de los demandantes y hermanos del codemandado don Armando ), XXXXX XXXXX Ramón como heredero de don Lucas y la herencia yacente de éste último (finalmente fueron llamados los herederos testamentarios doña Magdalena , doña Felicidad , doña Africa , XXXXX XXXXX Ramón , don Gabino y XXXXX XXXXX -también eran herederos en el tercio de mejora, nuda propiedad, junto a sus tíos, los demandantes, hijos de don Armando y nietos de don Lucas , en lugar del citado don Armando ), ejercitando acción declarativa de dominio de la finca descrita en la demanda, bien por adjudicación hereditaria tras el fallecimiento de su madre, bien por la compra instrumentada en escritura pública el 13 de diciembre de 1979, bien por prescripción adquisitiva, acción reivindicatoria de dicha finca y acción indemnizatoria por ocupación de mala fe por don Armando , y formulan las pretensiones siguientes: 1.- Se declare que los actores son propietarios en proindiviso del inmueble referido en el hecho primero de esta demanda desde la escritura pública de fecha 13 de diciembre de 1979, por adjudicación hereditaria en la liquidación de la sociedad conyugal ganancial y en la partición del abintestato de su madre doña Nieves en lo referido a tal bien que tenía la condición de ganancial y son los únicos sucesores de la posición contractual de los cónyuges en la compra privada de la vivienda o, subsidiariamente, son propietarios directamente del bien por compra instrumentada en dicha escritura o, subsidiariamente, por prescripción adquisitiva. 2.- Se declare que la escritura pública de venta de 13 de diciembre de 1979 resultó efectiva y válidamente otorgada entre los abuelos paternos y los nietos, representados éstos legalmente por su padre, elevando definitivamente a pública la anterior operación de venta privada de los vendedores a favor de su hijo y nuera, actuando como definitivos compradores los nietos por ser, en el momento de la escrituración, los únicos causahabientes de iniciales compradores, sin que los mismos se titularan o adquieran el bien con sometimiento a término o condición resolutoria o de una manera fiduciaria. 3.- Se condene a los demandados a otorgar cuantas escrituras públicas se precisen para poder hacer constar la adjudicación hereditaria del bien y de su posición de herederos de los compradores privados del inmueble y, en su caso, la rectificación registral, no de la propiedad sino del título adquisitivo del inmueble y la posterior y definitiva elevación de la venta a escritura pública con los sucesores de los compradores. 4.- Se declare que el demandado don Armando es ocupante del inmueble referido en el hecho primero de la demanda, sin título legítimo y con mala fe desde el 25 de febrero de 2000. 5.- Se condene al codemandado don Armando a la entrega del bien inmueble referido en el hecho primero de la demanda. 6.- Se condene al codemandado don Armando al abono a los actores, por su enriquecimiento sin causa derivado de la abusiva ocupación del inmueble y con mala fe desde el 25 de febrero de 2000 hasta la fecha de esta demanda, en la cantidad de 59.702,79 euros y el que resulte hasta su efectiva entrega a los actores, enriquecimiento que se cuantifica y reclama a razón de una prestación periódica de 22,47 euros por cada día de ocupación.
SEGUNDO.- El demandado don Armando se opone a la demanda alegando: 1.- Defecto legal en el modo de proponer la demanda. 2.- Don Armando compró la vivienda a su padre, don Lucas , que estaba desocupada, en estado de soltero, el 1 de julio de 1975, ante la proximidad de su matrimonio, abonando como señal y pago de parte del precio 100.000 pesetas, por lo que el contrato se perfeccionó y entregó antes del matrimonio del primero y doña Nieves , madre de los actores, y el bien es privativo de don Armando , ya que no se reconoció su carácter ganancial; y aún cuando perteneciese proindiviso de forma privativa a éste y a la sociedad de gananciales, el porcentaje sería: a don Armando el 11,30% de forma privativa y a la sociedad de gananciales el 88,70%, por lo que la participación de don Armando sería del 55,65%, más su cuota legal usufructuaria sobre el tercio de mejora correspondiente a la supuesta herencia de su esposa que ascendería a un 57% dada la edad de aquél (32 años) a la fecha de fallecimiento de la misma; se pagaron los plazos sucesivos a don Lucas a razón de 6.250 pesetas al mes y los recibos de los préstamos hipotecarios y don Armando no renunció a su participación ganancial y hereditaria sobre el piso, porque exigiría acreditación plena de que abandonó simple y voluntariamente sus derechos sobre el inmueble, renunciando de manera tácita a su derecho de propiedad sobre el mismo, y lo sucedido es todo lo contrario, al haber actuado como verdadero propietario de la vivienda, haciéndose cargo de los gastos de comunidad, impuestos y reformas y pagando los préstamos hipotecarios; los demandantes, si pretendían que se declarase que el bien les pertenece por herencia, deberían haber solicitado la nulidad del contrato de compraventa, para lo que tenían un plazo de cuatro años desde la mayoría de edad, ya transcurrido; no se ha producido en ningún momento la partición de la herencia de la madre de los actores; en el momento del fallecimiento de doña Nieves el piso estaba pagado, aunque quedaban pendientes los préstamos hipotecarios, y don Armando , antes su inestabilidad psicológica por el fallecimiento de su esposa, decidió colocar a sus hijos en su lugar en el otorgamiento de escritura pública, con el fin de dejarles protegidos ante la posibilidad de que a él también le pasara algo, pues su propia situación le hacía temer por su propia vida y quería dejar a sus hijos la vida resuelta; lo que se produjo mediante la escritura pública de compraventa otorgada por don Lucas , en la intervino don Armando , en lugar de para sí, para sus hijos, fue un negocio fiduciario, de interposición real de una persona con el propósito de ocultar el auténtico titular, envolviendo la compraventa una titularidad fiduciaria de confianza, ostentando los demandantes una titularidad formal sujeta a condición -mientras rehacía su vida- que origina a favor de don Armando un derecho de reversión esgrimible en cualquier momento; no existió negocio jurídico privado particional de atribución exclusiva de la propiedad del bien comprado a los hijos, ni pago a los actores de sus derechos en la herencia de su madre y de beneficencia de su padre, ni una renuncia traslativa tácita absoluta, simultáneamente al propio negocio jurídico de la escritura pública de venta del inmueble. 3.- No hay actos propios, ni pasividad, porque la acción para exigir la restitución del bien al fiduciante es imprescriptible. 4.- Si la propiedad se reclama por prescripción adquisitiva se ha errado con el procedimiento y si lo que pretenden es oponer la prescripción extintiva de don Armando , deberían haberlo especificado en la fundamentación jurídica de la demanda. 5.- La vivienda se ocupa pagando don Armando todos los gastos de comunidad, conservación e impuestos y los demandantes, mientras viva aquél, no pueden obtener beneficio alguno de la vivienda.
Y formula demanda reconvencional contra los actores y restantes codemandados alegando que existió un negocio fiduciario en virtud del cual la finca fue adquirida formalmente por los demandantes, de 3 y 1 años de edad, pero la propiedad real le viene atribuida a él, comprando los hijos en nombre del padre y que los demandantes han incumplido sus obligaciones como fiduciarios de la vivienda, cuales eran, transmitir el dominio al verdadero comprador y solicita se declare la existencia de un negocio fiduciario entre don Armando y XXXXX XXXXX Miguel y doña Inmaculada , en cuya virtud fue adquirido el bien objeto de la presente litis por XXXXX XXXXX Miguel y doña Inmaculada , si bien el verdadero propietario es don Armando , y se condene a los herederos de don Lucas a acatar esta decisión y a todos los aquí demandados a otorgar escritura pública notarial de reconocimiento del dominio de referida vivienda, a favor de don Armando .
TERCERO.- XXXXX XXXXX Ramón se allana a las pretensiones de "todas las partes, en el sentido de acatar la resolución que en su día tome el Juzgado si lo fuera en el sentido de necesitar su intervención en calidad de heredero del fallecido don Lucas para otorgar cualesquiera escrituras públicas", si bien "cargando en ese caso los gastos a los interesados, ya que él no tiene interés alguno en el pleito porque las cuestiones afectan sólo a los demandantes y a don Armando ".
CUARTO.- Doña Magdalena , comparece como heredera de don Lucas y sucesora procesal de la fallecida doña Graciela (ésta última falleció después del emplazamiento) y se opone a la demanda alegando: falta de legitimación pasiva de la "herencia yacente" de don Lucas y de ella misma como "miembro de la herencia yacente" al no ser titular de derechos u obligaciones en la relación jurídica material u objeto litigioso, careciendo de interés subjetivo en la adjudicación hereditaria del inmueble tras el fallecimiento de la madre de los actores y en la compraventa en escritura pública de fecha 13 de diciembre de 1979, así como de interés objetivo respecto al inmueble objeto de la demanda; defecto legal en el modo de proponer la demanda; e indebida acumulación subjetiva de acciones.
QUINTO.- Los codemandados doña Felicidad , doña Africa , don Gabino y XXXXX XXXXX no comparecieron y fueron declarados en situación de rebeldía procesal.
SEXTO.- Los demandantes reconvenidos se oponen a la demanda reconvencional formulada por don Armando alegando que la propiedad del piso es de los reconvenidos porque era de la sociedad de gananciales formada por el reconviniente y su fallecida esposa o en su mayor porcentaje ganancial y no privativo, remitiéndose a lo ya expuesto en la demanda principal, así como que, en todo caso, se mantiene la liberalidad del cónyuge don Armando a favor de sus hijos respecto de todos sus derechos sobre el piso, cualesquiera que fueran los mismos, estando instrumentalizada la liberalidad en la escritura de venta a favor de los mismos, por lo que en el supuesto de que el piso fuera propio del cónyuge y sin efecto alguno en la liquidación de la sociedad conyugal y partición en la que estaban interesados él y sus hijos menores, existe el mismo ánimo de liberalidad de sus derechos sobre el piso a favor de sus hijos menores, ahora calificada como donación onerosa o parcial del inmueble, que impondría a los donatarios el gravamen de la pérdida del reintegro de las cantidades del dinero ganancial empleado en la compra del inmueble donado que pudieran corresponder a la esposa, resultando siempre en la operación un exceso donado, e igualmente instrumentalizada la donación en la escritura pública referida, operando la misma como un otorgamiento publico per saltum de la venta privada; que no existió negocio jurídico de fiducia porque resulta legalmente imposible, al operarse sobre un bien sobre el que tenían intereses legítimos hereditarios, lo que excluye la fiducia de los hijos y por la imposibilidad legal de la representación legal paterna del supuesto fiduciante sobre los supuestos fiduciarios, salvo que carezca, en virtud de las renuncias cuyas existencias postulan los actores, de intereses contrapuestos con sus hijos, renuncias que excluyen que el mismo pueda ser fiduciante y, además, no se logra siquiera expresar qué finalidad podía tener el supuesto negocio fiduciario; y que se ha producido el transcurso del tiempo con inactividad del reconviniente y producido la prescripción extintiva de la acción personal actio fiduciae (15 años desde la escritura pública de 13 de diciembre de 1979) y de la acción real inmobiliaria (30 años desde el recibo de compra de 1 de julio de 1975 al abuelo de los actores).
XXXXX XXXXX Ramón se allana a la demanda reconvencional en los mismos términos del allanamiento a la demanda principal.
SÉPTIMO.- En la audiencia previa se desestiman las excepciones opuestas por los demandados excepto la de falta de legitimación pasiva, al considerar el juez de primera instancia que se trata de falta de legitimación pasiva ad causam y debe ser resuelta en sentencia.
OCTAVO.- La sentencia dictada en la primera instancia declara los hechos probados siguientes: el 11 de abril de 1968, la Cooperativa de Viviendas del personal de Enosa adjudicó a don Lucas la vivienda sita en la planta NUM000 del número NUM001 de la calle DIRECCION000 de Madrid; don Lucas estaba casado con doña Graciela , con la que tuve siete hijos, siendo uno de ellos don Armando , padre de los actores, el cual contrajo matrimonio en fecha 4 de septiembre de 1975 con doña Nieves , quien falleció en fecha 26 de julio de 1978, dejando dos hijos menores de edad que son los actores; con anterioridad al matrimonio de don Armando , su padre vendió dicho inmueble, ignorándose si lo hizo sólo a don Armando o a éste y su esposa, recibiendo por ellos un primer pago por importe de 100.000 pesetas el día uno de julio de 1975 (documento 15 de la contestación), otro de 6.250 pesetas el día uno de agosto (documento 16 de la contestación), otro del mismo importe el día uno de septiembre (documento 17 de la contestación) y el resto de pagos que se contienen en los documentos 18 y siguientes de la contestación hasta completar el precio, que fue pagado con anterioridad al fallecimiento de la Sra. Nieves y constante matrimonio; don Lucas y don Armando celebraron la escritura pública de fecha 13 de diciembre de 1979, en la que don Lucas con el consentimiento de su esposa doña Graciela manifiesta vender la vivienda antes expresada a sus nietos, los hoy actores que, en dicho acto, al contar con uno y tres años de edad, actuaron representados por su padre don Armando ; dicho inmueble constituía la vivienda familiar en la que residieron don Armando , su esposa y la actora hasta el fallecimiento de doña Nieves y que precisamente tal fue el motivo de la venta; don Armando y su fallecida esposa trabajaban con anterioridad a contraer matrimonio y la última contribuía en la medida de sus posibilidades a los gastos anteriores a la boda.
Razona: 1.- La vivienda se vendió por los padres de don Armando con motivo de su matrimonio con doña Nieves y el nuevo matrimonio asumió que tal iba a ser su vivienda y resulta aplicable lo establecido en el Código civil con anterioridad a la reforma de 13 de mayo de 1981 , en el que no se contenían normas especiales para la vivienda familiar al modo en que se contienen en su redacción actual; conforme a la normativa vigente en el año 1975, que es cuando se adquiere la vivienda y, concretamente, al artículo 1.401 , únicamente tienen carácter ganancial aquellos bienes que se adquieren por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común; la vivienda se adquirió con anterioridad al matrimonio, por lo que no tendría carácter ganancial, si bien, el demandado don Armando no ha demostrado que su padre se lo vendiera a él en exclusiva, pues el contrato privado de venta, que se afirma está en un Banco, no se ha aportado; puede considerarse probado, por el testimonio de doña Felicidad , que ambos cónyuges trabajaban por cuenta ajena antes de contraer matrimonio y que doña Nieves contribuyó a los gastos que se iban produciendo para los futuros cónyuges, por lo que es razonable y lógico suponer que ambos pagaron tanto los plazos de la vivienda como los muebles y cualesquiera otros gastos que les fueran surgiendo antes y después de casados y, por ello, que está probado que la vivienda pertenecía en realidad a ambos cónyuges, sin que haya quedado demostrado en qué proporción y por tanto es un bien que al menos en parte perteneció a la difunta doña Nieves y a su muerte era susceptible de ser considerado parte de su herencia, de forma que tras el fallecimiento, el bien en parte era susceptible de ser heredado por sus herederos forzosos, sus hijos, sin perjuicio de los derechos que sobre el mismo pudiera tener el cónyuge viudo. 2.- Al fallecer la esposa, doña Nieves , debió liquidarse la sociedad de gananciales con los bienes que la integraran y una vez liquidada, la parte que correspondía a la difunta, en unión con la parte que le pertenecía en la vivienda, debía ser dividida entre sus herederos, con las consiguientes aceptaciones por parte de los mismos; para la realización de estas operaciones, al no existir contraposición de intereses entre los hijos menores y don Armando , puesto que en la escritura pública de compraventa viene a darse a los hijos menores la propiedad del único bien de importancia que al parecer existía, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 999 del Código civil , según el cual la aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita, aceptación de la herencia que realiza el padre en nombre y representación de los hijos menores, sin que para ello se precise una forma especial; conforme al artículo 1.060 del Código civil , relativo a la partición hereditaria, cuando los menores estén legalmente representados en la partición, no será necesaria la intervención ni aprobación judicial, sin exigir tampoco una forma especial; no hubo compraventa en la que el abuelo vendiera la vivienda a sus nietos, sino que tras este negocio jurídico simulado, existieron otros negocios y actos jurídicos reales con causa lícita, que pueden considerarse válidos. 3.- Ante el fallecimiento de su esposa, dejando dos niños de corta edad, el demandado don Armando quiso entregar a sus hijos los derechos que les pudieran corresponder sobre la vivienda como herederos de doña Nieves ; no obstante, el bien no pertenecía exclusivamente a la fallecida, ni siquiera aunque se considere ganancial le habría pertenecido en exclusiva al no alegarse, ni acreditarse, la existencia de otros bienes de valor relevante, por lo que, se considere la existencia de una comunidad sobre la vivienda o se otorgue carácter ganancial, para que los actores sean dueños de la misma, la escritura de compraventa celebrada el 13 de diciembre de 1979 hubo de esconder otro negocio jurídico simulado, cual es la donación del demandado de la parte que en dicho bien le correspondía a favor de los menores; en la parte del bien que correspondía a la fallecida doña Nieves , la transmisión de dominio a favor de sus hijos puede considerarse válida, puesto que la escritura de venta de 13 de diciembre de 1979 encierra otros negocios jurídicos que pueden reputarse válidos, pero en la parte que correspondía al demandado dicha escritura carece de validez por encubrir una donación de parte de un bien inmueble que precisa escritura pública de donación en la que se exprese la voluntad de donar y la aceptación del donatario, por lo que la demanda no puede estimarse íntegramente, ya que se solicita que se declare que los actores son propietarios en exclusiva y proindiviso del inmueble y solo lo son de la parte que les corresponde por la herencia de su madre, pues respecto de la parte de su padre no puede estimarse que haya habido donación válida. 4.- Para la prescripción adquisitiva ordinaria del dominio se necesita, según el artículo 1.940 del Código civil , poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la Ley; los actores, en este caso, no han tenido ni tienen la posesión de la vivienda, puesto que es su padre quien viene habitando en ella con su nueva familia desde hace años, por lo que no puede operar la prescripción adquisitiva. 5.- Lasrestantes pretensiones de los demandantes deben desestimarse pues parten de la premisa inicial de la titularidad exclusiva de la vivienda a favor de los actores y, sin embargo, esta pertenece también al demandado. 6.- Le anterior lleva consigo, además, la desestimación de la demanda reconvencional formulada por don Armando ; en todo caso, no se ha celebrado un negocio fiduciario, dado que al ser los hijos del demandado menores de edad, por contar con uno y tres años de edad a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa de 13 de diciembre de 1979, no podían asumir, entender o querer obligación alguna que les compeliera a devolver al demandado el inmueble en un momento posterior y precisamente por ello es éste quien actúa en su nombre y representación, y en la Notaría de su confianza, donde trabajó junto con su fallecida esposa y donde le aconsejaron que se reservara el usufructo del bien, lo que aquél no hizo. 7.- Los herederos de don Lucas y doña Graciela carecen de interés en este proceso porque el bien salió del patrimonio de ambos por venta antes de su fallecimiento y no formaba parte, por tanto, de sus caudales hereditarios, sin que alguno de sus herederos haya puesto objeción alguna a esta circunstancia de no formar parte la vivienda del haber hereditario de aquéllos, aparte de no deducirse de la demanda y reconvención pretensión concreta en relación con éstos herederos, ignorándose qué tipo de escrituras tendrán éstos que realizar para dar satisfacción a las pretensiones que se deducen en su contra. 8.- Por la estimación parcial de la demanda frente a don Armando , no se hará imposición de las causadas con dicha demanda, y las ocasionadas con la demanda al resto de los codemandados se impondrán de la parte actora; las costas causadas por la demanda reconvencional, se impondrán a don Armando ; todo de acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
Y estima en parte la demanda principal en cuanto deducida contra don Armando declarando que los actores son propietarios en proindiviso de la vivienda litigiosa junto con su padre don Armando , absolviendo al último del resto de las pretensiones deducidas en la demanda y a los demás codemandados de todas las pretensiones de la parte demandante, sin imposición de las costas causadas por la demanda respecto de don Armando y condenando a la parte actora al pago de las costas causadas con la demanda al resto de demandados; y desestima la reconvención formulada por don Armando contra los actores y el resto de codemandados, absolviéndoles de los pedimentos instados en la misma, condenando a la demandada-reconviniente al pago de las costas causadas con la reconvención.
NOVENO.- Por auto de 28 de julio de 2009 se deniega la pretensión de complemento y aclaración de la sentencia solicitada por la parte demandante, razonando que "la sentencia viene a establecer que la propiedad de la vivienda objeto de litis corresponde tanto a los demandantes como a su padre, de forma que expresamente viene a desestimar las pretensiones de la parte actora al indicarse en su fallo que se estima parcialmente la demanda, afirmando la copropiedad de la vivienda y literalmente expresando "(...) sin que haya lugar al resto de pedimentos contenidos en la demanda absolviendo (...)"; es claro a la vista del fallo que no se ha estimado ni la pretensión económica, ni la declaración de ilegalidad, ni la de entrega de la vivienda, pues al tratarse de un comunidad de propietarios no cabe estimar ninguna de estas pretensiones"; y que se pretende, en cuanto a la determinación de los porcentajes de participación en el inmueble, que se efectúen aclaraciones que no se han solicitado en la demanda ni en la reconvención.
DÉCIMO.- Los demandantes interponen recurso de apelación contra dicha sentencia alegando:
1.- Infracción de normas procesales en la sentencia (artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil) por falta de motivación de la desestimación tácita o implícita de las pretensiones de condena al pago de cierta cantidad por la ocupación del inmueble por don Armando , declaración de ilegalidad de la ocupación y entrega de la propiedad, a pesar de declararse el derecho de copropiedad de los actores y uso por aquel codemandado de la vivienda en exclusividad, pues no es motivación la dada en el auto que deniega el complemento y aclaración de la sentencia, cual es, que "al tratarse de una comunidad de propietarios no cabe estimar ninguna de estas pretensiones".
2.- Infracción de normas sustantivas: a) se aceptan los hechos siguientes: el piso se vendió privada y oralmente al futuro matrimonio y con motivo de éste, pagándose el primer plazo el 1 de julio de 1975 y celebrándose la unión el 4 de septiembre del mismo año; el piso empezó a pagarse por los futuros esposos contrayentes y el resto lo fue constante matrimonio, resultando que inicialmente fue abonado por los novios en una pequeña proporción (11,33%) y en una gran proporción por los ya esposos (88,77%), casados en régimen de gananciales; el piso constituyó el hogar conyugal, no constando la fecha de su entrega; b) deben añadirse los hechos probados siguientes: el requerimiento de desalojo por precarista efectuado por los hijos al padre y el posterior juicio de desahucio en precario sobreseído por la oposición del demandado; y el abandono del padre a los hijos y la desheredación de aquel por sus padres por causa de su comportamiento; c) se comparte la calificación jurídica de que existió un acto de liquidación de la sociedad conyugal, de aceptación y adjudicación de la herencia de la madre a los hijos con representación legal de los mismos por el padre y un acto de pura beneficencia con causa de mera liberalidad del padre hacia sus menores hijos que se deduce o resulta de representarles en una operación pública de compraventa del 100% del inmueble; b) no se comparten las calificaciones jurídicas que siguen: que los actores sólo son propietarios en parte del bien (porque lo son de todo el inmueble por los negocios jurídicos de liquidación de la sociedad de gananciales y partición, con las renuncias en dichos negocios jurídicos del padre a sus derechos); que el acto de beneficencia por causa de liberalidad fuera una donación y, además, inválida (porque el acto debe ser calificado de renuncia traslativa tácita supuesta en los negocios jurídicos de liquidación y partición hereditarias); que la escritura de venta fuera un negocio simulado (porque se otorgó una escritura real de venta a los causahabientes de los compradores); que no proceden las declaraciones y condenas por la posesión ilícita del padre de la vivienda desde que fue demandado como precarista (porque sí proceden).
Se denuncia: 1º.- Error de derecho por no declarar que los actores son los únicos propietarios del inmueble por adjudicación en la liquidación de la sociedad de gananciales y en la partición del abintestato de doña Nieves . 2º.- Error de derecho por calificarse erróneamente de donación (inválida) el acto de beneficencia por causa de liberalidad del padre de los actores.
1 a) Error de derecho por la calificación del bien inmueble como privativo común de ambos cónyuges a la vista del artículo 1.396.4º del Código civil en redacción anterior al año 1981, por cuanto son bienes de la propiedad de cada uno de los cónyuges los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del marido y aquí lo ha sido mayoritariamente con dinero ganancial (88,77%).
1 b) Error de derecho por la falta de calificación del piso como ganancial. La normativa anterior a la reforma del año 1981 era el artículo 1.401, en sus tres números, y los artículos 1.402, 1.403 y 1.404 , respecto de los bienes gananciales, en relación con el artículo 1.396, sobre los bienes privativos o de propiedad de cada uno de los cónyuges, con sus cuatro números, que a su vez se relaciona con el artículo 1.381 sobre los denominados entonces bienes parafernales de la esposa y con el capital del marido, concepto a que se refieren los artículos 1.419 y 1.423 del Código civil ; según lo proclamado en la sentencia, el piso habría sido aportado al matrimonio pero no como de su pertenencia exclusiva (en parafernal o capital del marido) sino como de pertenencia común, por lo que sería propiedad ganancial; en sede del artículo 1.401.1º , cabe también la calificación de ganancial, aplicando los artículos 609 y 1.462 del Código civil , al constar únicamente una entrega real de la vivienda durante el matrimonio, siendo adquirido, por tanto, a título oneroso durante el matrimonio y casi exclusivamente a costa del caudal común, abonándose antes del matrimonio el 11,33% y aplicando por analogía la regla "a prorrata" que se induce de los artículos del Código civil, 1.355.2 para los bienes gananciales, y 1.441 para el régimen legal de separación de bienes, sólo sería atribuible al esposo una pequeña participación del 5,66% del precio, debiendo tenerse en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1898 y 31 de octubre de 1989 , calificando la última como ganancial un bien inmueble adquirido para la sociedad conyugal antes del matrimonio y pagado igualmente antes mediante un préstamo hipotecario que se amortizó durante el matrimonio, haciendo aplicación del artículo 1.347.3º del Código civil después de la reforma, de contenido similar al artículo 1.401.1º antes de ella, considerando que fue adquirido a costa del caudal común; y si el piso no se califica ganancial por no haber sido costeado exclusivamente del caudal ganancial, según la literalidad del artículo 1.401.3º , tampoco podría ser considerado privativo y de comunidad ordinaria de los cónyuges, dado que el artículo 1.396.4º , exigía para ello que el dinero del precio fuera exclusivo de la mujer o del marido y en este caso el precio es un 88,77% ganancial; además, la ganancialidad del piso resulta de la presunción iuris tantum del artículo 1.407 del Código civil , antes de su reforma, reputándose gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer, resultando aplicable la presunción tanto a los bienes que existan constante matrimonio, como a los que resulten al disolverse éste o la sociedad conyugal, según sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 1913 .
2 a) Imposibilidad jurídica de que el objeto de la liberalidad pueda ser considerado como donación de la parte (que pudiera corresponder) del esposo en un inmueble ganancial. Si el bien es o se presume ganancial resulta que el demandado, para poder legalmente representar a sus hijos en las operaciones partitivas cuya legalidad y representación se acepta en la sentencia tuvo que renunciar a su haber en la liquidación de la sociedad de gananciales sin que el acto de liberalidad pueda calificarse como donación de un inmueble de los artículos 618 y siguientes del Código civil ya que la sociedad de gananciales no es propiamente una comunidad de bienes proindiviso romano del artículo 392 del Código civil , sino una comunidad en mano común o tipo germánico, de modo que mientras no fuera practicada legalmente la liquidación y pago de los gananciales, no cabe hablar de copropiedad del esposo sobre el piso y en tanto tal propiedad pudiera ser objeto de donación; disuelta la sociedad de gananciales, en este caso por muerte de uno de los cónyuges, y no liquidada, el supérstite sólo puede actuar previa renuncia si quiere representar a sus hijos en cualquier acto que tenga que ver con la herencia, incluida la liquidación de la sociedad conyugal; en relación con la renuncia, el artículo 1.418.1º del Código civil exime precisamente del deber de inventariar cuando disuelta la sociedad se haya renunciado a sus efectos y consecuencias.
2 b) Con carácter subsidiario: Imposibilidad jurídica de que el objeto de la liberalidad pueda ser considerado como donación de un inmueble privativo de los esposos. El bien comprado, copropiedad ordinaria de los cónyuges, en la tesis de la sentencia, como hogar conyugal que fue, resultaría aportado al matrimonio como bien parafernal de la esposa (artículo 1.381 del Código civil ) y como capital por el marido; el artículo 1.418 del Código civil exige que disuelta la sociedad de gananciales se proceda a la formación del inventario y en éste, conforme a la tesis de la sentencia, tendrían que estar tanto el crédito de la sociedad de gananciales contra el esposo por los pagos del inmueble de su copertenencia, como el crédito contra la herencia de la esposa por el mismo concepto; el vigente artículo 1.397.3º del Código civil es más explícito cuando precisa que habrán de comprenderse en el activo el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que son de cargo sólo de un cónyuge y en general las que constituyan créditos de la sociedad contra éste; según el artículo 1.419 del Código civil (antes de la reforma de 1981 ), el inventario comprenderá numéricamente, para colacionarlas, las cantidades que, habiendo sido pagadas por la sociedad de gananciales deban rebajarse de la dote o del capital del marido con lo que quede del caudal inventariado y, en relación con la renuncia, el artículo 1.418.1º , exime precisamente del deber de inventariar cuando disuelta la sociedad se haya renunciado a sus efectos y consecuencias; los artículos 1.421, 1.422 y 1.423 , disponen que terminado el inventario, se entreguen los parafernales de la mujer y se liquide y pague el capital del marido; dispone el artículo 1.424, que hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los tres artículos anteriores, el remanente del mismo caudal constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que conforme dispone el artículo 1.428 se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos; la titulación de la total propiedad del inmueble a los hijos, en la tesis de considerar que el bien no era ganancial, representa, como dice la sentencia, una aceptación y adjudicación a los dos hijos y herederos de la parte que le pertenecía en copropiedad al causante en la vivienda (y renuncia del cónyuge supérstite al usufructo viudal) y de la mitad del haber de la sociedad de gananciales y una donación paterna (nula) por el resto del inmueble, cuando esto último no puede ser posible jurídicamente, dado que la determinación de los proindivisos de la madre y del padre que se adjudican o se donan respectivamente, precisa la previa liquidación y pago de la sociedad de gananciales y en la tesis de la sentencia precisaría ineludible y previa determinación de las cuotas que adquirieron sus padres; la sentencia margina en la hipótesis de la donación: que sería el padre el que en autocontratación ilícita diría que el bien no es ganancial y en qué proporción era capital del esposo y parafernal de la esposa; qué es lo que pasa con el crédito de la sociedad de gananciales por los desembolsos por el precio del bien que representan el 88,77% del valor del bien y que pesarán sobre el capital del marido y bien parafernal de la esposa; que sería el padre el que en autocontratación ilícita se pagaría con parte del bien inmueble como privativo y sin responsabilidad por el dinero pagado por la sociedad de gananciales por el precio de la vivienda; el demandado, no puede legalmente representar a sus hijos al tener intereses contrapuestos, ni para determinar qué porcentaje adquirió él y cuál su prometida, ni para liquidar la sociedad de gananciales, sobre todo de la colación de los pagos del precio respecto a su capital, salvo que renuncie a todo; no cabría hablar de la posibilidad de donación de parte del inmueble, en la hipótesis de privacidad del piso, sino de las siguientes renuncias del viudo, deducidas de su actuación en la escritura pública de compraventa: renuncia a la liquidación de su deuda con la sociedad de gananciales por el pago del precio y al cobro de su capital, operando sobre su participación en el bien y en pago de sus deudas dinerarias con la sociedad de gananciales derivadas de los pagos del precio del inmueble a su favor (88,77%) y renuncia a su haber en la sociedad de gananciales derivado del crédito de dicha sociedad frente a los herederos del cónyuge fallecido, por el pago del precio; renuncias que se encuentran en las operaciones de liquidación de la sociedad conyugal y participación hereditaria cuando se pretendía en el suplico 1º de la demanda que se declarara que los actores son propietarios en proindiviso del inmueble por adjudicación en la liquidación de la sociedad ganancial y en la partición del abintestato de su madre y resulta de la existencia de la actuación que efectúa el padre de los actores al hacerlos figurar como parte contratante en la escritura de compra del piso.
2 c) Con carácter subsidiario: Imposibilidad jurídica de que el objeto de la liberalidad pueda ser considerado como donación de un inmueble en parte privativo de los esposos y en parte ganancial. Por similares consideraciones a las antes realizadas, existe imposibilidad de que el esposo pudiera donar parte de un bien cuya sociedad tuviera en proindiviso, a los otros interesados en la liquidación de la sociedad conyugal, pues sólo puede renunciar; en virtud de los preceptos citados, artículo 1.418 y siguientes del Código civil, y en especial el 1.422 , habría que nombrar un representante legal a los menores hijos para que de consuno con el padre procediera a determinar qué cuota del inmueble es parafernal de la esposa y cual capital del esposo, lo que según la sentencia se ignora, y a determinar qué parte es ganancial, así como proceder de consuno previamente a pagar los parafernales, las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad y sólo después de pagadas se procedería a liquidar y a pagar el capital del marido (artículo 1.423 del Código civil ) y se podría proceder a dividir el remanente líquido de los bienes entre el marido y mujer o sus respectivos herederos.
2 d) La calificación del bien de ganancialidad o privacidad (parafernalidad de la esposa y capitalidad del marido), en todo o en parte, deviene en el proceso en una cuestión meramente académica porque el viudo y padre nunca pudo donar legalmente mientras no se aprobasen por representante legal ad hoc de sus menores hijos la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que sólo pudo renunciar a todo respecto al inmueble, ya fuera ganancial o privativo o en parte ganancial y en parte parafernal de la esposa y capital del marido, y habiendo existido una renuncia traslativa tácita del padre tanto en la sociedad conyugal como en la herencia de la esposa, en las operaciones que llevó a cabo el mismo por sí y en nombre de sus hijos, y cuya existencia resulta acreditada del acto del otorgamiento de la escritura de venta, en las expresadas operaciones resulta la adjudicación a los actores del inmueble en su totalidad.
2º.- Con carácter subsidiario: a) Error de derecho por no declarar que los actores son los únicos propietarios del inmueble (por herencia de su madre y por donación de su padre). b) Con carácter subsidiario: errónea calificación de la invalidez de la hipotética donación, en el supuesto hipotético de que el bien fuera privativo común de los esposos, en todo o en parte.
Se comparte lo expresado en la sentencia sobre que existió una válida liquidación de la sociedad conyugal y aceptación y partición de la herencia del cónyuge premuerto y sobre que existió un negocio jurídico de pura beneficencia con causa de mera liberalidad, que se deduce de la escritura de venta, a favor de los hijos a cargo del padre, pero no cabe calificarlo de una autónoma donación del artículo 618 del Código civil , sino de renuncia traslativa o, si se quiere, renuncias efectuadas en el seno o dentro de las operaciones liquidatorias de los gananciales y de partición hereditaria.
3º.- Con carácter subsidiario: Error de derecho por no declarar que los actores son los únicos propietarios del inmueble por prescripción.
4º.- Error de derecho por no declarar que la escritura de venta fue válidamente otorgada por los abuelos a favor de sus nietos y error de derecho porque la escritura de venta no fue simulada sino un negocio jurídico real ya que se trata de una escritura de compraventa otorgada por el abuelo de los actores a favor de los mismos en la que efectivamente vende, aunque sea per saltum, pero vende porque lo ha hecho y ha cobrado el precio y lo hace, en acto abreviado, a la única parte compradora que subsistía, sus nietos, por la herencia de la madre y por la renuncia de su padre a sus derechos; lo único que se omitió es que en la escritura de venta otorgada por los reales interesados no se refirió la previa venta privada y el precio real pagado y cobrado y tampoco los posteriores negocios jurídicos en virtud de los cuales los nietos habían devenido en los únicos causahabientes de los compradores en la relación jurídica de compra y eran, por tanto, los únicos titulares del bien; los negocios jurídicos de aceptación de la herencia de la esposa y partición de la misma en cuyo seno se produce el acto de beneficencia por causa de mera liberalidad del esposo de sus renuncias no es que resulten simulados en la escritura de venta sino que resultan acreditados o deducidos por el otorgamiento de la escritura pública con la omisión del padre (no figurar como comprador) y con la acción del padre (hacer que figuraran sus hijos menores, por él legalmente representados, en la posición compradora suya y de la fallecida).
5º.- Error de derecho por no condenar a los demandados al otorgamiento de las escrituras públicas de partición hereditaria (escrituración de la adjudicación hereditaria frente al padre don Armando ) con infracción de lo dispuesto en el artículo 1.279 del Código civil , y de reconocimiento por la parte vendedora de la venta per saltum por ser los actores causahabientes de sus padres, los iniciales compradores (escrituración frente a los vendedores, los padres de los demandados y por su fallecimiento sus herederos, de reconocimiento del carácter de causahabientes de los compradores privados).
6º.- Error de derecho por no condenar a don Armando a la declaración de mala fe en su conducta, a entregar el inmueble y a pagar por su enriquecimiento sin causa por el disfrute ilícito del mismo.
7º.- Con carácter subsidiario: Error de derecho por no condenar a don Armando a la declaración de mala fe en su conducta, a entregar parte del inmueble y a pagar por su enriquecimiento sin causa por el disfrute ilícito de parte del mismo.
UNDÉCIMO.- El derecho a la tutela judicial efectiva incluye como contenido básico el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada en derecho y no manifiestamente arbitraria o irrazonable, aunque la fundamentación jurídica pueda estimarse discutible o respecto de ella puedan formularse reparos (sentencias del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 1990 y 14 de enero de 1991 , entre otras muchas).
La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2007, recogida en la de 15 de junio de 2009 , reiterando la doctrina de la Sala Primera al respecto, señala: la motivación «tiene una finalidad de garantía relacionada con el designio de que puedan conocerse, tanto por las partes interesadas como por los integrantes del llamado sistema jurídico interno y por la sociedad, las razones que han llevado al órgano jurisdiccional a dictar su resolución y que pueda hacerse uso por los legitimados por el ordenamiento jurídico de los medios de impugnación establecidos; y se relaciona con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE , como derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas fundada en derecho y que no pueda ser calificada de arbitraria o irrazonable (SSTS, entre otras, de 6 de noviembre de 2006, 1 de diciembre de 2006 y 31 de enero de 2007 )».
La exigencia de una respuesta motivada, expresamente sancionada por el artículo 120.3 de la Constitución, que es referible con todo rigor a las «pretensiones» de las partes(sentencias 109/1992, de 14 de septiembre y 135/1995, de 25 de septiembre, del Tribunal Constitucional ) y, acaso también, a las «cuestiones» inherentes a ellas que hayan sido objeto de controversia (sentencia 67/1993, de 1 de marzo, del Tribunal Constitucional ), no impone un paralelismo servil del razonamiento judicial con el esquema discursivo de los escritos forenses (sentencia 171/1993, de 27 de mayo, del Tribunal Constitucional ), ni reclama una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las «alegaciones» vertidas en el proceso, para las que puede bastar, en atención a las circunstancias concurrentes, con una respuesta global o genérica (sentencias 146/1990, de 1 de octubre, 144/1991, de 1 de julio, 26/1997, de 11 de febrero, 1/1999, de 25 de enero, 23/2000, de 31 de enero y 77/2000, de 27 de marzo, del Tribunal Constitucional ), ni obliga en fin al juzgador a rebatir uno a uno los «argumentos» que a lo largo de las instancias puedan desgranar las partes (sentencias de 12 de noviembre de 1990 y 27 de diciembre de 1994 del Tribunal Supremo ). Ha declarado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que el deber de motivación de las sentencias no supone que haya de hacerse un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los argumentos de las partes, y cabe así distinguir entre peticiones, a las que es exigible una respuesta efectiva, y alegaciones (SSTC 56/1996, 58/1996, 16/1998, 1/1999, 94/1999, 132/1999, 23/2000 y 77/2000 y STS 29 de mayo de 2000 , entre otras).
En el presente supuesto, la sentencia recurrida da una respuesta motivada a las «pretensiones» de las partes y a las «cuestiones» inherentes a ellas que han sido objeto de controversia en los términos exigidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional y así, expresa, las razones por las que desestima las concretas pretensiones de los actores de "condena al pago de cierta cantidad por la ocupación del inmueble por don Armando , declaración de ilegalidad de la ocupación y entrega de la propiedad". La respuesta judicial existe, está motivada suficiente aunque sucintamente y no da satisfacción rutinaria a una exigencia formalista sino que dota de verdadero sentido y realidad al derecho fundamental del ciudadano a conocer la argumentación lógica, racional y coherente que sirve de sustento al pronunciamiento judicial y, además, es congruente con las pretensiones de las partes.
Cuestión distinta es, el acierto o desacierto de la motivación, cual es, que aquellas concretas pretensiones de los demandantes deben desestimarse porque "parten de la premisa inicial de la titularidad exclusiva de la vivienda a favor de los actores y, sin embargo, esta pertenece también al demandado" y se "trata de un comunidad de propietarios".
DUODÉCIMO.- A los hechos declarados probados en la sentencia apelada debe añadirse que el 15 de enero de 2000 , el letrado de los demandantes, como mandatario de éstos, dirige carta a don Armando , recibida por éste el 24 de enero de 2000, requiriéndole para que deje libre la vivienda que ocupa como precarista en el plazo de un mes y el 10 de noviembre de 2000 los demandantes promueven juicio verbal de desahucio por precario frente a su padre don Armando , seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 36 de los de Madrid (juicio 723/00), dictándose sentencia desestimatoria de la demanda al haberse "suscitado cuestiones fácticas y jurídicas que exceden del ámbito del juicio de desahucio que deberán dilucidarse en el juicio declarativo ordinario".
No procede declarar probado el abandono del padre a los hijos y la desheredación de aquél por sus padres por causa de su comportamiento, por tratarse de hecho sin relevancia jurídica alguna en el presente litigio, probado o no probado, dado el objeto de este, aparte de no ser cierta tal desheredación porque tanto don Lucas como doña Graciela instituyeron heredero a don Armando , si bien en la legítima estricta.
DECIMOTERCERO.- Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2006 "Hay que partir de la legislación que debe ser aplicada al presente caso, ya que la Ley 11/1981, de 13 de mayo supuso un esencial cambio en la normativa del Código Civil de la comunidad de gananciales, tanto más respecto a la vivienda conyugal cuyos artículos 1357 en su remisión al artículo 1354 establece un sistema más justo en la calificación de ganancial y privativa que el antiguo régimen. Y este último es el aplicable al presente caso, por mor de la irretroactividad de las leyes, conforme dispone el artículo 2.3 del mismo código y por el indiscutible argumento de que un bien que es ganancial por la anterior norma, no puede dejar de serlo por razón de la nueva. Así lo expresa la sentencia de 8 de febrero de 1993 en estos términos: "Por otra parte, no sólo por la no concurrencia del supuesto de hecho previsto en la norma resulta inaplicable el artículo 1354 del Código Civil en su actual redacción, sino que también lo es en razón al tiempo en que se celebró la compraventa, el 14 de julio de 1969, puesto que el carácter de ganancial o privativo de un bien adquirido constante matrimonio ha de determinarse de acuerdo con la legislación vigente al tiempo en que ese bien se integra en el respectivo patrimonio; desde el momento de su adquisición ese bien ha de considerarse como ganancial o como privativo (criterio que, en la legislación reformada preside la atribución de uno u otro carácter a los bienes comprados en los artículos 1354 y 1356 ). Por todo ello, para la solución de la cuestión litigiosa ha de acudirse al texto del Código Civil anterior a la reforma llevada a efecto por la Ley de 13 de mayo de 1981". Lo que reitera la de 8 de marzo de 1996 ".
La Ley 14/1975, de 2 de mayo, publicada en el BOE del día 5 de mayo , entró en vigor a los veinte días de la publicación y estaba vigente tanto en el momento de perfección del contrato de compraventa como en el de la entrega de la vivienda a los compradores.
La legislación vigente, aplicable al supuesto presente, venía constituida por los artículos 1381 a 1391 que determinaban el régimen de los llamados bienes parafernales disponiendo el artículo 1.381 que "son parafernales los bienes que la mujer aporta al matrimonio sin incluirlos en la dote y los que adquiere después de constituida ésta, sin agregarlos a ella", el artículo 1396 que establecía cuales eran los bienes propios de cada uno de los cónyuges, entre ellos los consignados en el número 1, "los que aporte al matrimonio como de su pertenencia", y 4 de dicho artículo, "los comprados con dinero exclusivo de la mujer o el marido", y , finalmente, el artículo 1407 que estableció la presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos constante matrimonio, al decir "se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer".
En el régimen aplicable al presente supuesto no hay especialidad alguna para el inmueble que se trate de vivienda conyugal.
Y antes de la reforma operada por la Ley 11/1981, de 30 de mayo , las adquisiciones conjuntas y proindiviso de inmuebles se reputaban gananciales, si no se demostraba la procedencia privativa del dinero (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1970 ).
La sentencia de primera instancia aplica el régimen que procede y declara que la vivienda se adquirió con anterioridad al matrimonio, por lo que no tendría carácter ganancial, si bien, el demandado don Armando no ha demostrado que su padre se lo vendiera a él en exclusiva, pues el contrato privado de venta, que se afirma está en un Banco, no se ha aportado; puede considerarse probado, por el testimonio de doña Felicidad , que ambos cónyuges trabajaban por cuenta ajena antes de contraer matrimonio y que doña Nieves contribuyó a los gastos que se iban produciendo para los futuros cónyuges, por lo que es razonable y lógico suponer que ambos pagaron tanto los plazos de la vivienda como los muebles y cualesquiera otros gastos que les fueran surgiendo antes y después de casados y, por ello, que está probado que la vivienda pertenecía en realidad a ambos cónyuges, sin que haya quedado demostrado en qué proporción.
Compartimos parcialmente el razonamiento del juzgador de primera instancia; compartimos que el demandado don Armando no ha demostrado que su padre le vendiera a él el piso en exclusiva, pues no se ha aportado contrato privado escrito de venta y resulta extraño que quien guarda todos los recibos de pago del precio (don Armando ), no guarde el contrato privado o que si, como manifestó, "estaba en un Banco", no lo hubiera recogido una vez producido el efecto pretendido ante la entidad bancaria y presentado en el presente procedimiento como dijo en la contestación a la demanda y luego no cumplió; así como que está probado, por el testimonio de doña Felicidad -perceptible con esfuerzo porque la grabación audiovisual es defectuosa-, que ambos cónyuges trabajaban por cuenta ajena antes de contraer matrimonio (doña Nieves en una Notaria, como también declaró XXXXX XXXXX Ramón ) y que doña Nieves contribuyó a los gastos que se iban produciendo para los futuros cónyuges por razón de su matrimonio, por lo que ambos hubieron de pagar los plazos de la vivienda, los muebles y otros gastos que fueron surgiendo antes y después de la celebración del matrimonio; lo que no compartimos es la declaración de que la vivienda se adquirió con anterioridad al matrimonio y la calificación de bien privativo de cada esposo (copropiedad por cuotas privativas) en proporción no determinada.
Los hechos probados, coincidiendo con lo que sostienen los apelantes en el recurso de apelación, con ligeras matizaciones, son los siguientes: el piso se vendió por el abuelo de los demandantes, con el consentimiento de la esposa del vendedor, mediante contrato privado verbal de compraventa a los futuros esposos y con motivo de su matrimonio, pagándose el primer plazo ("por la compra") el 1 de julio de 1975 y celebrándose el matrimonio el 4 de septiembre del mismo año; el precio del piso empezó a pagarse por los futuros esposos y el resto lo fue constante matrimonio, resultando que inicialmente fue abonado por los novios, sin que conste la participación individual de cada uno por lo que debe presumirse que fue igual, una proporción del 11,25% (100.000 pesetas el 1 de julio de 1975 + 6.250 el 1 de agosto de 1975 + 6.250 el 1 de septiembre de 1975/112.500 pesetas) y por los ya esposos la proporción restante del 88,75% (6.250 pesetas mensuales entre el 1 de octubre de 1975 y el 1 de julio de 1977 + 25.000 pesetas el 1 de julio de 1976 + 25.000 pesetas el 1 de julio de 1977 + 700.000 pesetas el 25 de junio de 1977/887.500 pesetas), casados en régimen de gananciales; el piso constituyó el hogar conyugal, no constando la fecha de su entrega (material o ficticia) a los compradores.
No se ha acreditado quien abonó los recibos correspondientes a los préstamos hipotecarios que gravaban la vivienda desde el fallecimiento de la esposa hasta el 31 de diciembre de 1980 (Banco Hipotecario) y 15 de noviembre de 1981 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), ni siquiera quien los abonó después de éstas fechas, pues don Armando sólo ha aportado recibos a partir del 31 de diciembre de 1980 y 15 de noviembre de 1981, a nombre de su padre, y el solicitante de las cancelaciones registrales de las hipotecas fue su padre don Lucas .
Pues bien, al no constar que la entrega (real o ficticia) de la vivienda objeto del contrato de compraventa se efectuara por el vendedor a los novios antes del matrimonio, y sí, que constituyó el hogar conyugal del matrimonio, debe considerarse acreditado que la entrega (modo) se realizó después de la celebración del matrimonio y hemos de declarar que la adquisición de la propiedad de la vivienda (titulo y modo) se realizó vigente el matrimonio y, por ello, por la sociedad de gananciales, al ser este el régimen económico matrimonial.
Es decir, el simple título (contrato privado verbal de compraventa) no convirtió a los futuros esposos en dueños de la vivienda. La falta de modo o tradición de la vivienda, exigida por los artículos 609 y 1.462 del Código civil , antes de la celebración del matrimonio había impedido que el dominio se incorporara al patrimonio privativo de ambos futuros esposos porque perfecta la compraventa por la celebración del contrato verbal, no transfiere el dominio, al exigirse la concurrencia de título y modo o tradición, siendo la entrega de la cosa deber del vendedor y recíproco derecho personal del comprador, que aún no tiene el pleno poder jurídico sobre la cosa que caracteriza a la propiedad; la tradición se produjo celebrado el matrimonio en régimen de gananciales y, por ello, se incorporó al patrimonio ganancial, abonándose el resto del precio pendiente de pago y aplazado a costa del caudal común, conforme a lo establecido en el artículo 1.401.1º del Código civil en la redacción aplicable al supuesto presente.
El hecho decisivo, por tanto, es la adquisición de la propiedad por ambos cónyuges, por título oneroso y a costa del caudal común, constante matrimonio, bajo el régimen de gananciales, y el pago anterior de parte del precio por los novios no cambia su naturaleza.
Es más, la ganancialidad del piso resulta de la presunción iuris tantum del artículo 1.407 del Código civil , en la redacción vigente antes de su reforma por la Ley 11/1981, de 13 de mayo , reputándose gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativa
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Espero haber resuelto sus dudas y si es así le agradecería que realizase una valoración de mi respuesta pues si usted no valora o valora negativamente el experto no cobra sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise. Muchas gracias XXXXX XXXXX confianza y reciba un cordial saludo.
Cliente: escribió hace 3 año.

Muchas gracias, XXXXX XXXXXía la redacción del caso basandose todos los argumentos el artículos del código civil. así como la jurisprudencia incluida en la redacción pero no todas las sentencias, sino únicamente la explicación de la misma y su explicación al caso. Muchas gracias

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Ok en una hora lo tengo listo.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
En el presente caso práctico se trata de resolver la adjudicación de los bienes derivados de la disolución de la sociedad de gananciales como consecuencia del fallecimiento de uno de los cónyuges. Dado que el cónyuge viudo y el causante son residentes en Madrid se aplica el régimen general del código civil. El primer paso es realizar la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales procediendo al inventario de los bienes en donde se incluirá el activo y pasivo conforme a la regulación establecida en los artículos 1392 y siguientes del código civil.

en dArtículo 1392

La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:

1.º Cuando se disuelva el matrimonio.
2.º Cuando sea declarado nulo.
3.º Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.
4.º Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.
Artículo 1393

También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:

1.º Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.
Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.

La expresión "declarado pródigo, ausente" contenida en el número 1º del artículo 1393, ha sido introducida por L.O. 1/1996, 15 enero («B.O.E.» 17 enero), de Protección Jurídica del Menor, en sustitución de la anterior "declarado ausente". Ir a Norma
2.º Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.
3.º Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.
4.º Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.
En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código.

Artículo 1394

Los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se producirán desde la fecha en que se acuerde. De seguirse pleito sobre la concurrencia de la causa de disolución, iniciada la tramitación del mismo, se practicará el inventario, y el Juez adoptará las medidas necesarias para la administración del caudal, requiriéndose licencia judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria.

Artículo 1395

Cuando la sociedad de gananciales se disuelva por nulidad del matrimonio y uno de los cónyuges hubiera sido declarado de mala fe, podrá el otro optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de esta Sección o por las disposiciones relativas al régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.

Artículo 1396

Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y pasivo de la sociedad.

Artículo 1397

Habrán de comprenderse en el activo:

1.º Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.
2.º El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados.
3.º El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en general las que constituyen créditos de la sociedad contra éste.
Artículo 1398

El pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas:

1.ª Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
2.ª El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad.
Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad.

3.ª El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.
Artículo 1399

Terminado el inventario se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en cualquier caso, tendrán preferencia.

Respecto de las demás, si el caudal inventariado no alcanzase para ello, se observará lo dispuesto para la concurrencia y prelación de créditos.

Artículo 1400

Cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de las deudas podrán ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales, pero si cualquier partícipe o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su importe.

Artículo 1401

Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial.

Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro.

Artículo 1402

Los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las Leyes en la partición y liquidación de las herencias.

Artículo 1403

Pagadas las deudas y cargas de la sociedad se abonarán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad.

Artículo 1404

Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad entre los cónyuges o sus respectivos herederos.

Ir a Norma modificadora Artículo 1404 redactado por el apartado dieciséis del artículo único de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio («B.O.E.» 2 julio).Vigencia: 3 julio 2005
Artículo 1405

Si uno de los cónyuges resultare en el momento de la liquidación acreedor personal del otro, podrá exigir que se le satisfaga su crédito adjudicándole bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente.

Artículo 1406

Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance:

1.º Los bienes de uso personal no incluidos en el número 7 del artículo 1.346.
2.º La explotación económica que gestione efectivamente.
Ir a Norma modificadora Apartado 2.º del artículo 1406 redactado por el apartado 3 de la disposición final primera de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada («B.O.E.» 2 abril).Vigencia: 2 junio 2003
3.º El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
4.º En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia habitual.
Artículo 1407

En los casos de los números 3 y 4 del artículo anterior podrá el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o el derecho superara al de haber del cónyuge adjudicatario, deberá éste abonar la diferencia en dinero.

Artículo 1408

De la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajarán de éste en la parte que excedan de los que les hubiese correspondido en razón de frutos y rentas.

Artículo 1409

Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos por una misma persona para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventarios. En caso de duda se atribuirán los gananciales a las diferentes sociedades proporcionalmente, atendiendo al tiempo de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges.

Artículo 1410

En todo lo no previsto en este capítulo sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de los bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se halle expresamente determinado, se observará lo establecido para la partición y liquidación de la herencia.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Según el Código Civil español, el cónyuge viudo tiene derecho al ajuar doméstico constituido por las ropas, el mobiliario y enseres que son el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos, sin computárselo en su haber, con independencia de que los cónyuges hubieran estado casados en gananciales, separación de bienes u otro régimen económico matrimonial. No se incluirán en el ajuar de la casa los bienes que son de extraordinario valor como las alhajas, objetos artísticos, históricos y culturales. Es el denominado derecho de predetracción a favor del cónyuge viudo en base al artículo 1321 del código civil siendo reconocido este derecho por jurisprudencia entre otras sentencia nº 459 de la Audiencia Provincial nº 2 de Burgos que literalmente dispone" por aplicación del art 1321 CCV , y en una especie de "legado legal" o derecho de pre-detracción viudal y por imperativo legal, el ajuar de la vivienda se atribuye al que sobreviva sin computarlo en su haber y, por lo tanto, no puede computarse en la herencia de la causante, pues el ajuar es un patrimonio que pasa directamente al sobreviviente sin que forme parte del caudal partible del fallecido.

En lo que respecta a la vivienda familiar, si los esposos estaban casados bajo el régimen de gananciales, al fallecer uno de los esposos se liquida la sociedad de gananciales, adjudicándose una mitad al cónyuge viudo y la otra mitad forma la herencia del difunto. Por tanto, la herencia estará compuesta por la mitad de los bienes gananciales que correspondían al fallecido y por todos los bienes privativos del fallecido.
El cónyuge viudo podrá pedir que se le atribuya la propiedad plena de la vivienda familiar o que se constituya en su favor un derecho de usufructo sobre la vivienda familiar. Si el valor de cualquiera de estas dos opciones fuera más elevado del que le corresponde en la herencia, el viudo deberá abonar la diferencia en dinero a los herederos. Esta es una manera de impedir que los hijos priven al cónyuge casado en gananciales del uso de la vivienda familiar. Y aunque se adjudicaran la propiedad, nunca podrían dejar al viudo sin el uso o usufructo de la vivienda. Por eso son nudo propietarios,es decir, tienen la propiedad de la vivienda pero grabada con el derecho de usufructo del cónyuge viudo que recogen los artículos Artículo 834

El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.

Ir a Norma modificadora Artículo 834 redactado por el apartado uno del artículo segundo de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio («B.O.E.» 9 julio).Vigencia: 10 julio 2005
Artículo 835

Si entre los cónyuges separados hubiera mediado reconciliación notificada al Juzgado que conoció de la separación de conformidad con el artículo 84 de este Código, el sobreviviente conservará sus derechos.

Ir a Norma modificadora Artículo 835 redactado por el apartado uno del artículo segundo de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio («B.O.E.» 9 julio).Vigencia: 10 julio 2005
Artículo 836

...

Artículo 836 derogado por Ley 11/1981, 13 mayo («B.O.E.» 19 mayo), de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.
Artículo 837

No existiendo descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia.

...

Ir a Norma modificadora Párrafo 2.º del artículo 837 suprimido por el apartado dos del artículo segundo de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio («B.O.E.» 9 julio).Vigencia: 10 julio 2005
Artículo 837 redactado por Ley 11/1981, 13 mayo («B.O.E.» 19 mayo), de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.
Artículo 838

No existiendo descendientes ni ascendientes el cónyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de la herencia.
Si bien cabe la posibilidad de que los herederos puedan conmutar el usufructo vidual conforme a la faculta de conmutación que le atribuye el código civil en los artículos 839 y 840 del código civil siempre es necesario el consentimiento del cónyuge viudo para realiza la conmutación y si no media consentimiento del viudo es necesario acudir a un proceso judicial en que será el juez el que determine si procede o no la conmutación.Artículo 839

Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.

Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo que corresponda al cónyuge.

Artículo 839 redactado por Ley 24 abril 1958, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil («B.O.E.» 25 abril).
Artículo 840

Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Hola de nuevo estimado cliente.Si no tiene más dudas le agradecería que reslizase una valoraciòn pues si usted no valora o valora negativamente el experto no cobra. Muchas gracias XXXXX XXXXX confianza y reciba un cordial saludo.
Cliente: escribió hace 3 año.

Necesitaria una segunda parte: Antes de hoy a las 11 de la noche, si es posible. Todas las respuestas han de estar basadas en artículos.


 


 


El 29 de septiembre de 2005, la Agencia Estatal de Administración Tributaria notificó a Benito, casado en gananciales con Lidia, un acuerdo por el que se le declaraba responsable subsidiario de las deudas tributarias contraídas por la mercantil X, S.L., de la que Benito es administrador único, en concepto de Impuesto de Sociedades e I.V.A., actas de Inspección de los ejercicios 1995-1998, y se le requería al ingreso de dichas deudas en período voluntario de pago.


 


Al no efectuarlo, el 3 de marzo de 2006, fueron emitidas las correspondientes providencias de apremio.



Mediante escritura de capitulaciones matrimoniales, Benito. y su esposa Lidia, el 6 de abril de 2006, declararon disuelta la sociedad de gananciales, haciéndose constar en la misma escritura que el único bien que constituye el patrimonio ganancial, es el inmueble objeto del embargo preventivo cuyo valor, deducidas las cargas que pesan sobre el mismo, asciende a 61.361,20 € que se divide por mitad entre ambos cónyuges, adjudicándose a la esposa reclamante el pleno dominio del mismo. Asciende pues el total adjudicado a la esposa Lidia a 61.361,20 € ya deducidas las cargas, señalándose haber satisfecho previamente a su esposo, B, con dinero privativo, 30.680,60 €.


 


La escritura de capitulaciones matrimoniales por la que se adjudica el inmueble a Lidia se inscribe en el Registro Civil el 7 de Agosto de 2006 y continuación en el Registro de la Propiedad el 4 de Septiembre de 2006.


 


La Agencia Estatal de Administración Tributaria, inició un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria contra la Lidia, como esposa adjudicataria del inmueble al amparo del artículo 42.2 a) de la LGT de 2003, por las deudas contraídas por su cónyuge, Benito como administrador de X, S.L., en fecha 12 de septiembre de 2008, el Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acordó la medida cautelar consistente en el embargo preventivo de un bien inmueble propiedad de la interesada, para cubrir un importe de 225.675,96 €. Este inmueble sigue constituyendo la vivienda habitual de la familia.


 


 


PREGUNTAS.



1º.- ¿las deudas de Benito derivadas de su condición de administrador de la sociedad X S.L, son privativas o gananciales? ¿por qué?


 


2º.- ¿responderían los bienes gananciales de esas deudas contraídas? ¿y sus bienes privativos? ¿y los bienes privativos de Lidia?


 


3º.- ¿si no hubieran hecho capitulaciones matrimoniales Benito y Lidia, podría Hacienda Pública embargar la mitad del piso perteneciente a Benito? ¿por qué? ¿qué debería embargarse en tal caso?


 


4º.- Una vez hechas capitulaciones ¿podrá anotarse el embargo derivado de este apremio administrativo en el Registro de la Propiedad?


 


5º.- ¿cuál es el momento determinante de la eficacia de los capítulos respecto de terceros?


6º.- ¿qué acciones tiene Hacienda Pública si estima que las capitulaciones matrimoniales fueron hechas para defraudar sus intereses e impedir el pago de los impuestos devengados?


 


7º.- ¿es posible derivar responsabilidad directamente a la esposa Lidia como obligada tributaria?


 


8º.- ¿podría embargarse el piso adjudicado a Lidia si se demostrara que la deuda era ganancial con anterioridad a los capítulos? ¿Quién puede declarar la ganancialidad de la deuda?


 


9º.- ¿puede la Agencia Tributaria embargar las participaciones que Benito o Lidia tengan en la sociedad X SL?


 


10º.- ¿puede la Agencia Tributaria embargar los bienes de la sociedad X SL de la que es administrador único Benito? ¿e impedir que la sociedad venda sus bienes y se despatrimonialice?


ESTUDIAR:


 


Artículos del Código Civil relativos a las deudas de la sociedad de gananciales (1362 y siguientes); el artículo 1401 C.C.; el artículo 1111 y demás relativos a la acción rescisoria o pauliana (1290 y siguientes); artículos 42 y 170.6 de la Ley General Tributaria este último en la redacción dada por Ley 7/2012, de 29 de Octubre.


 


BUSCAR:


 


Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre embargo de bienes gananciales y jurisprudencia sobre la materia.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Hola de nuevo. No habría problema en ello y lo tendría sobre las 10 y media mas o menos. Pero le agradecería que valorase igualmente la respuesta pues si usted no valora o valora negstivamente el experto no cobra y aún no ha valorado mi trabajo. Gracias
Cliente: escribió hace 3 año.

No se preocupe, siempre me acuerdo de valorar las respuestas. Muchas gracias. Un saludo

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Ok. Gracias.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Hola de nuevo estimada cliente.En cuanto a la primera pregunta las deudas de Benito en principio tendrían el carácter de privativas si no responden a ninguno de los supuestos que contempla el artículo 1362 y siguientes del código civil.
En cuanto a la segunda pregunta los bienes gananciales responderán conforme a lo previsto en los Artículo 1362

Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas:

1.ª El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia.
La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán sufragados por la sociedad de gananciales, pero darán lugar a reintegro en el momento de la liquidación.

2.ª La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes.
3.ª La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges.
4.ª La explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge.
Y en todo caso por la aplicabilidad del artículo Artículo 1369

De las deudas de un cónyuge que sean, además, deudas de la sociedad responderán también solidariamente los bienes de ésta.
Es decir primeramente responderían los bienes privativos de Benito conforme dispone el Artículo 1373

Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla.

Si se realizase la ejecución sobre bienes comunes, se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquéllos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal. y si éstos no fueran suficientes responderían los bienes gananciales y si la deuda es de carácter gananciale en último termino se podría reclamar contra los bienes privativos de LIdia por aplicación de los artículos 1362 y siguientes del código civil.
En cuanto a la tercera pregunta si no se hubiera realizado y otrogado capitulaciones matrimoniales primero la administracción tributaria tendría que embargar los bienes privativos de Benito.
En cuanto a la cuarta pregunta si se han inscrito las capitulaciones con la disolución de la sociedad de gananciales en principio no podría practivarse el embargo privativo sobre el bien que ya no es de la sociedad de gananciales.
En cuanto a la quinta pregunta el momento de la eficacia de las capitulaciones frente a terceros es desde la inscripición en el registro momento en el que resulta oponible frente a terceros.
En cuanto a la sexta pregunta.
La administracción tributaria como acreeedora tiene derecho a solicitar el embargo de todos los bienes que tiene el deudor y ejercitar la acción pauliana que recoge el código civil en el artículo 1111 asi como solicitar la rescinsión del contrato celebrado entre los cónyuges para la disolución de la sociedad de gananciales por existir fraude a los acreedores, esto es, para la administracción tributaria, facultad que le conceden los Artículo 1290

Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley.

Artículo 1291

Son rescindibles:

1.º Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubieren sido objeto de aquéllos.
La expresión "sin autorización judicial" contenida en el número 1º del artículo 1291 ha sido introducida por L.O. 1/1996, 15 enero («B.O.E.» 17 enero), de Protección Jurídica del Menor, en sustitución de la anterior "sin autorización del consejo de familia". Ir a Norma
2.º Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
3.º Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
4.º Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente.
5.º Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley.
En cuanto a la séptima pregunta.Lidia no es una obligada tributaria sino que solamente podrá verse afectada en lo que a la parte de sus bienes gananciales se refiere por el embargo de bieens de su marido pero nunca podrá tener responsabilidad tributria.Artículo 1401

Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial.

Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro.
En cuanto al a octava pregunta.Si podría decretarse el embargo de los bienes gananciales y el embargo podría sser solicitado por la adminsitracción tributria
En cuanto a la novena pregunta. Si la deuda era privativa de Benito si se podrían embargar las participaciones privativas de Benito y para embargar las participaciones de Lidia tendrían que ser insuficinetes los bienes privativos para cubrir la deuda y entonces responderían los bienes gananciales.
En cuanto a la Décima pregunta si la deuda se contrajo por falta de diligencai en el cargo de administrador de Benito éste como responderá frente a la sociedad y frente a los accionistas y terceros con sus bienes.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Hola de nuevo estimada cliente. Tiene alguna duda más? Le agradecería que valorase la respuesta pues si usted no valora o valora negativamente el experto no cobra. Muchas gracias XXXXX XXXXX confianza y reciba un cordial saludo.
Cliente: escribió hace 3 año.

Buenas tardes
Le escribo porque ya he leido lo que me mandó ( la primera parte)( el primer caso) y lo que me ha contestado no es lo que buscaba.
Lo que necesito es lo siguoente:
Con el caso que le mandé, usted tendria que actuar como si fuera mi abogada, a la que yo acudo para pedirle consejo y que usted me estblezca cuales son todoas las opciones que tengo .argumentando sus respiestas con preceptos legales, pero no sólo pegando el artículo sino explicando con sus argumentos. así como la jurisprudencia,que no es solo pegar la sentencia sino citar la sentencia que haya encontrado y explicar el porque le va a nuestro caso, brevemente.
Partiendo de la base en el caso de que estamos en madrid.


Lo necesitaría para el jueves.


D. Luis Candelas acaba de quedar viudo; estaba casado en régimen de gananciales y quiere que en la división de los bienes se le atribuya el inmueble que era vivienda familiar y que tiene carácter ganancial. Como los dos hijos se oponen, por favor, ofrezcan una solución que satisfaga los intereses de nuestro cliente. Y además se la solución necesitaría jurisprudencia.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Ok lo miraré y lo escribiré.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.

Hola de nuevo María. Voy a explicar el caso como si el cliente estuviera en el despacho. Tras el fallecimiento de uno de los cónyuges que estaban casados en régimen de sociedad de gananciales se tienen que practicar dos liquidaciones: 1º.- Se liquida la sociedad de gananciales, adjudicando una mitad al viudo y la otra mitad se ingresa en la herencia. 2º.- Liquidación y partición de la herencia que estará compuesta de la mitad de los bienes gananciales que correspondían al fallecido y por la totalidad de los bienes propios o privativos que tenía. A pesar de que los herederos del causante se opongan a la adjudicación al cónyuge viudo de la vivienda familiar, éste tiene un derecho de adjudicación a su favor que le otorga el artículo 1406 que le permite incluir en su haber en la liquidación de la sociedad de gananciales la vivienda donde tuviese la residencia habitual en caso de fallecimiento del otro cónyuge como ocurre en su caso. Y no solo tiene esa posibilidad sino que incluso tiene derecho a elegir si recibe ese derecho en propiedad o que se constituya a su favor sobre la vivienda un derecho de uso o habitación conforme al artículo 1407 del código civil. Así resulta de abundante jurisprudencia en la materia, entre otras la sentencia de la AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 LEON SENTENCIA: 00106/2005 que literalmente dispone" Para el caso de liquidación de la sociedad de gananciales el artículo 1406 del Código Civil dispone que "cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance: 4. En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia habitual", y el artículo 1407 que "en los casos de los números 3 y 4 del artículo anterior podrá el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o el derecho superara al del haber del cónyuge adjudicatario, deberá éste abonar la diferencia en dinero".Como señala la doctrina estamos ante un derecho potestativo o de formación jurídica; se trataría de un derecho preferente, concretamente de una opción legal, de carácter personalísima y no sujeta a plazo. El beneficiario debe decidir si opta por la adjudicación en forma de propiedad, o en la de uso o habitación, y si opta por la propiedad, ha de ser íntegra, y si opta por el uso o la habitación estos vendrían configurados como resulta de los artículos 523 y ss. del Código Civil." Por lo tanto y con apoyo legal y jurisprudencial el viudo tiene un derecho preferente a la adjudicación de la vivienda habitual y si bien los herederos también tienen mecanismos a su favor como es la posibilidad de solicitar la conmutación del usufructo viudal en la forma establecida en en el Artículo 839 del código civil al disponer que los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo bien mediante una renta vitalicia, o bien mediante los productos de detemrinados bienes o un capital en efectivo, es el viudo el que tiene el derecho de elegir y si no lo hiciere, los herederos no tendrán otra vía legal que la interposición de la correspondiente demanda judicial. Por lo tanto y a modo de conclusión el cónyuge viudo tiene un derecho preferente a la adjudicación de la vivienda y aunque los herederos podrán solicitar la adjudicación de la propiedad de la misma de lo que nunca podrán privar al viudo es de su derecho de uso sobre la misma, derecho que le reconoce el artículo 1407 del código civil, con lo que el viudo tendrá derecho al uso de la vivienda y eso significa que mientras viva no podrán privarle de su uso aunque la nuda propiedad sea adjudicada a los herederos.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Esa sería la respuesta que tendría un cliente al venir al despacho con esa consulta. Le agradecería que realizase una valoración de mi respuesta pues si usted no valora o valora negativamente el experto no cobra sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise. Muchas gracias XXXXX XXXXX confianza y reciba un cordial saludo.
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