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Abogado3044
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Presenté una demanda por reclamación de daños y perjuicios

Pregunta del cliente:

Presenté una demanda por reclamación de daños y perjuicios en un Juzgado de Lora del Rio, la sentencia fué condenatoria para mí y además en costas.
Presentamos un recurso en la Audiencia de Sevilla, pero mi Abogado no se personó en tiempo y lo declararon desierto por la personación y condenándome en costas.
Mi abogado reconoce el error y le escribe a la Audiencia para subsanarlo, pero no se lo admiten.
Se pone en contacto con la Compañía de seguros y les comenta su equivocación y admite su culpa para que el seguro se haga cargo por negligencia, pero el seguro contesta que no hubo indefención alguna hacia mí y se niegan a pagar nada.
¿que puedo hacer? demandar al Abogado ó a la Compañía de Seguros.
gracias
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.

Abogado3044 :

Bienvenido, le atiende José M, abogado ejerciente del ICA Burgos, ruego unos minutos para preparar su consulta, Puede escribir en todo momento.

Abogado3044 :

Estimado cliente, quien debe responder ante ud es personalmente el abogado y es a quien Ud debe demandar

Abogado3044 :

Será problema de él, y sólo de él, si la póliza de cobertura de seguro que tiene le cubre o no la reclamación.

Abogado3044 :

Pero ante Ud es responsabilidad personal del compañero y es quein debe pagar

Abogado3044 :

Ud ya ha tratado de que pague la aseguradora, que está bien intentarlo, pero ante la negativa, quien debe pagar es el compañero

Abogado3044 :

La aseguradora responde subsidiariamente, pero la responsabilidad directa es del compañero. Como ya sabe que la aseguradora no quiere pagar, reclame al compañero y que éste haga lo que estime oportuno con la aseguradora

Customer:

Cree usted que tendrá exito si presento en el juzgado una demanda al abogado, ya que el ha reconocido su error tanto ante la audiencia provincial intentando subsanar el error como el escrito dirigido a la compañía de seguros. ambos escritos están en mi poder

Abogado3044 :

Por supuesto, pero considero que no debería ni tener que demandar. Entiendo que si reclama sin tener que llegar a juicio el compañero pague. Pero si no es así, demandele

Abogado3044 :

Ha reconocido el error y Ud ha perdido toda opción, debe pagar su error

Abogado3044 :

Además entiendo que la aseguradora deberá pagar, porque para eso pagamos el seguro de responsabilidad civil

Abogado3044 :

En todo caso quien debe pagarle es el compañero, reclamelo por medio de otro compañero, y si no accede, en juicio

Abogado3044 :

Le recomiendo que lleve todo el expediente a otro abogado, que le reclame, primero extrajudicialmente, y posteriormente que le demande si no accede

Abogado3044 :

Pero siempre al compañero, la aseguradora no responde directamente ante ud

Customer:

El problema que se me plantea es que si lo demando además de las costas que ya me han condenado por su culpa, al iniciar otra demanda, tengo que ingresar otra vez gatos de abogado, de procurador y segun la nueva ley las costas del nuevo juicio, es esto así ó no.

Abogado3044 :

Si, es así. Nada tiene que ver lo anterior. Ahora Ud demanbda por una negligencia profesional. El riesgo es casi cero, habiendo él admitido el error

Abogado3044 :

Lo ilógico es que el no quiera pagar

Abogado3044 :

Lo normal, es que acceda a pagar, máxime cuando podemos probar que ha reconocido el error

Customer:

La reclamacion ha sido interpuesta por 7 personas mas y la condena en costas asciende entre los siete a 26.683.37 euros tenemos que ir todos juntos ó alguno si quiere puede desistir y pagar sus costas, ya que piensan que si se vuelve a perder serían mas costas y mas gastos.

Abogado3044 :

Lo mejor es ponerla en conjunto, ahorraran gastos

Abogado3044 :

No entiendo el miedo a perder, dado que ya no hablamos del fondo de aquel asunto, sino de la existencia de un error en la aceptación de un mandato

Customer:

Gracias XXXXX XXXXX pero me lo podía enviar a mi correo eléctronico bien detallado de todo lo que me ha contestado.

Customer: [email protected]
Abogado3044 :

Si, lo pido a moderadores

Abogado3044 :

Por favor pídalo también Ud

Customer:

Gracias XXXXX XXXXX mas

Abogado3044 :

Le voy a añadir una sentencia que detalla la responsabilidad por negligencia del abogado en un caso similar al suyo

Abogado3044, Abogado
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Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.
AP Madrid, Sec. 21.ª, 238/2008, de 16 de mayo Recurso 243/2006. Ponente: MARIA ALMUDENA CANOVAS DEL CASTILLO PASCUAL.EXTRACTOSLa presentación de un recurso fuera del plazo legalmente establecido para ello, supone una actuación negligente en la actuación profesional de un letrado .. Conforme se ha venido reiterando por nuestro Tribunal Supremo, entre otras sentencias en la de 26 de Febrero de 2007 (recurso de casación 715/00 ), "la relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato: SSTS de 28 de enero de 1998, 23 de mayo de 2006 y 27 de junio de 2006 , entre otras muchas. El cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato debe ajustarse a la diligencia media razonablemente exigible según su naturaleza y circunstancias. En la relación del abogado con su cliente, si el primero de ellos incumple las obligaciones contratadas, o las que son consecuencia necesaria de su actividad profesional, estamos en presencia de una responsabilidad contractual, teniendo en cuenta que el deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis [reglas del oficio], pero no implica una obligación del resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta como regla general la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria (STS de 14 de julio de 2005, 14 de diciembre de 2005 y 30 de marzo de 2006 , entre otras)", En esta misma sentencia que hemos citado se dice que "Esta Sala, no sin ciertas vacilaciones, tiene declarado que, cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 )", indicándose que "el daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando hay una razonable certidumbre de la imposibilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006 )". Pues bien, aún compartiendo íntegramente los razonamientos efectuados por el Juzgador de instancia en la resolución recurrida, en cuanto al alcance y contenido de las obligaciones que asume un Letrado en la prestación de sus servicios, siendo cierto que no está obligado a conseguir el feliz resultado de todas sus gestiones, sin embargo sí le es exigible que actúe conforme a una diligencia media, realizando las actuaciones necesarias para tratar de obtener un resultado concreto, siendo por ello que esta Sala considera que la única negligencia que cabría imputar al Sr. Pablo en su actuación profesional como Letrado, fue su actuación ante el Tribunal Constitucional. En efecto, tal y como consta en los autos, y ya antes indicamos, el Tribunal Constitucional dictó Providencia con fecha 16 de Diciembre de 2001 inadmitiendo el recurso de amparo por la representación de la Sra. Dolores formulado, por estar fuera de plazo. La presentación de un recurso fuera del plazo legalmente establecido para ello supone una actuación negligente en la actuación profesional de un Letrado que debe conocer de la preclusión de los actos procesales, pero es que, aún admitiendo las alegaciones realizadas por el Sr. Pablo en la litis, y en esta alzada, en cuanto al criterio poco uniforme del Tribunal Constitucional en cuanto al dies a quo para el cómputo de los plazos, lo que debió haber hecho es recurrir tal resolución, algo que desde luego no nos consta hiciera, siendo este hecho una actuación negligente al mismo imputable si ciertamente hubiera presentado en plazo el recurso de amparo como él mantiene. ..."ANTECEDENTES DE HECHO La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid, en fecha 10 de enero de 2006 , se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por Dª Dolores, representada por el Procurador D. Alberto Carlos Ávila Salazar, y absolver a D. Pablo, Liberty Seguros, representados por la Procurador Dª. Adela Cano Lantero, y a Caja de Seguros Reunidos Cía. de Seguros y Reaseguros (Caser), representada por la Procuradora Dª Andrea de Dorremochea Guiot, de las pretensiones contra ellos deducidas con imposición a la demandante de las costas procesales".SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 8 de febrero de 2008, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 13 de mayo de 2008.CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.FUNDAMENTOS DE DERECHO Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en tanto que no se opongan a los siguientes.PRIMERO.- Dª Dolores formuló demanda de juicio ordinario contra D. Pablo, reclamando al mismo la suma de 60.000 €, en concepto de indemnización por el incumplimiento de éste con sus deberes profesionales como Letrado, dirigiendo igualmente su reclamación frente a la entidad Caja de Seguros Reunidos Cía. De Seguros y Reaseguros S.A que tenía concertada póliza de seguro de responsabilidad civil con el Iltre Colegio de Abogados de Madrid.La entidad Caser se personó en el procedimiento y contestó a la demanda, alegando que ella no venía obligada a responder sino de la posible responsabilidad en que hubieran podido incurrir los Letrados del Colegio de Abogados de Madrid durante el periodo de vigente de la póliza con éste suscrita, con efecto desde el 1 de Junio de 2003, no habiendo acaecido los hechos a que se refería la parte actora a partir de esa fecha.D. Pablo se opuso igualmente a las pretensiones frente al mismo deducidas, manteniendo que siempre había actuado en forma correcta, habiendo seguido en cualquier caso las instrucciones dadas por la Sra. Dolores.El Juzgador de instancia dictó sentencia desestimando las pretensiones en la litis deducidas por la parte actora, siendo contra esta resolución frente a la que ha mostrado su disconformidad la representación de la Sra. Dolores, por entender que el Juzgador de instancia no había tenido en cuenta las previsiones contenidas en el Art. 370.4 de la LECv , en cuanto a la figura del testigo-perito, no habiendo valorado correctamente la prueba en las actuaciones practicadas, sin que estuviera conforme con la desestimación de las pretensiones por ella deducidas frente a la entidad Caser por falta de legitimación de la misma, ni en cuanto al pronunciamiento en materia de costas realizado en la resolución recurrida.SEGUNDO.- Para dar respuesta a las cuestiones ante esta Sala discutidas debemos partir de los siguientes hechos: Dª Dolores convino con D. Pablo la prestación a su favor de los servicios profesionales de éste, como Letrado, comenzando su intervención una vez ya había recaído sentencia en procedimiento por aquélla instado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de los de Madrid, en el procedimiento ordinario 28/00 de los seguidos ante él mismo, con fecha 31 de Enero de 2001, en cuyo procedimiento, reiteramos, no tuvo hasta esta sentencia el Sr. Pablo intervención alguna (folio 178).Se admite por las partes litigantes que frente a la mencionada sentencia, y al no caber contra la misma recurso ordinario alguno, se formuló recurso de nulidad que fue desestimado por Auto de fecha 16 de Abril de 2001 .Contra dicha resolución se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (folio 189), recurso éste que, tal y como se desprende de la Providencia cuya copia figura unida al folio 18 de las actuaciones, no se admitió a trámite al estar presentado fuera de plazo.No se discute, por otra parte, el que el Sr. Pablo se personara ante un Juzgado de los de 1ª Instancia de Madrid para pedir testimonio de una sentencia, ni que representara a la Sra. Dolores en el recurso de apelación del que conoció la Sección 19ª de esta Audiencia Provincial -rollo 567/01 , así como tampoco que él mismo acudiera a Junta de Propietarios de la que formaba parte la Sra. Dolores, acompañando a la misma a un Notario a quien previamente él había remitido un borrador de redacción de depósito de cuotas comunitarias, y ello sin perjuicio de la valoración que tales actuaciones, que reiteramos nos constan como cierta y efectivamente realizadas, pudieran merecer a la representación de la Sra. Dolores a la vista de las preguntas que al efecto realizó al Sr. Pablo en el acto del juicio.TERCERO.- Por otra parte, debemos recordar que la Sra. Dolores en su escrito de demanda, tras relatar los hechos en que fundamentaba su reclamación, y plantear las cuestiones en que amparaba la misma, sin embargo nada dijo en cuanto a los ciertos daños y perjuicios que los hechos que imputaba como incorrectamente realizados por el Sr. Pablo le habían causado, habiéndose limitado a instar la condena del mismo al pago de cierta cantidad, en concepto de indemnización, pero sin determinar los daños o perjuicios ciertos por ella habidos.CUARTO.- Pues bien, teniendo en cuenta los hechos relatados en los dos fundamentos jurídicos precedentes, es como hemos de entrar a examinar los motivos de impugnación alegados contra la sentencia dictada en instancia por la representación de la Sra. Dolores, quien en primer lugar se refirió en su escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa a la infracción cometida por el Juzgador de instancia de las previsiones contenidas en el Art. 370.4 de la LECv , al haber indicado éste en su sentencia que había sido interrogado el testigo D. Pedro, sin que se hubiera aportado a los autos el oportuno informe o dictamen en cuanto al padecimiento psíquico de la Sra. Dolores, realizando manifestaciones similares en cuanto a las declaraciones al efecto realizadas por D. Manuel, médico especialista en valoración del daño corporal.Efectivamente en el número 4 del Art. 370 de la LECV se admite que cuando un testigo tuviera determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos sobre la materia a la que se refiriera el hecho del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos, siendo evidente que en el supuesto de hecho que nos ocupa, se permitió a los testigos a quienes se había citado a instancia de la parte ahora apelante, Sres. Pedro y Manuel, que realizaran determinadas manifestaciones sobre el estado de salud de la Sra. Dolores, y valoración del mismo, precisamente en base a los conocimientos profesionales de los mismos; ahora bien, una cosa son las manifestaciones que aquéllos pudieran haber realizado en base a sus precisos conocimientos profesionales, al amparo de las previsiones contenidas en el Art. 370.4 de nuestra Ley Procesal , y otra cosa es la valoración que de sus declaraciones pueda efectuar el Juzgador de instancia, conforme a lo dispuesto en el Art. 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con las concretas pretensiones en la litis deducidas, siendo que precisamente lo que se indica por el Juzgador de instancia en la resolución recurrida es que, al margen de las declaraciones de estos testigos, y con independencia de la valoración que de las mismas pudiera realizarse, lo cierto es que nada se especificaba en la demanda sobre los concretos daños causados a la Sra. Dolores por causa de la acción u omisión negligente que imputaba al Sr. Pablo, siendo que fue en el trámite de conclusiones, resumen de prueba e informe al que se refiere el Art. 433 de la LECv , cuando la parte ahora apelante relató que hubo de ser atendida por un psicólogo por la situación de desamparo y depresión por ella sufrida, siendo esta cuestión un hecho nuevo, no alegado en la demanda.Fue precisamente la extemporaneidad de alegación de este hecho, como cierto perjuicio sufrido por la Sra. Dolores, que imputa al malhacer profesional del Sr. Pablo, lo que le llevó al Juzgador de instancia a no valorar como tales las declaraciones de los testigo-peritos a que se refiere la Sra. Dolores en su escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa, teniendo en cuenta, como él mismo indicó al inicio del fundamento jurídico segundo de la resolución recurrida, que la presentación de la demanda constituye el momento ordinario de preclusión para las peticiones y alegaciones del actor, siendo en dicho escrito en el que deben concretarse las peticiones de pronunciamientos judiciales, y ello teniendo en cuenta además que un demandado en un procedimiento no puede defenderse ni alegar lo que a su derecho pudiera interesar respecto de hechos que no conoce cuando se da traslado al mismo de las pretensiones contra él formuladas.En base a las consideraciones hasta el momento expuestas, y compartiendo esta Sala los razonamientos realizados por el Juzgador de instancia en la resolución recurrida, en cuanto a que no habiendo concretado la Sra. Dolores en su demanda los ciertos perjuicios por ella habidos, como expresamente hemos referido en el fundamento jurídico tercero, no cabe que en fase de conclusiones pretenda amparar sus pretensiones en base a hechos nuevos no relatados en su demanda, como pudiera ser el padecimiento psicológico que dice sufrido con causa en la actuación del Sr. Pablo, no podemos sino desestimar el primero de los motivos de impugnación alegados contra la sentencia dictada en instancia.QUINTO.- Por otra parte, y en cuanto a las consideraciones realizadas por la parte apelante referidas a la valoración de la prueba de interrogatorio de parte, entendemos que el Juzgador de instancia tuvo en cuenta las previsiones contenidas en el Art. 316 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que las manifestaciones efectuadas por la representación de la Sra. Dolores en cuanto a la advertencia recibida por ella por parte del Sr. Pablo, de que no cabía recurso alguno frente a la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 12 de los de Madrid, y la "insistencia" de la misma en que presentara recurso contra aquélla, afecten a la cuestión en la litis planteada, en tanto que se admite que se presentó por el Sr. Pablo recurso de nulidad contra dicha resolución, al no caber frente a la misma recurso ordinario alguno, no discutiéndose en cuanto a la certeza de estos datos, de forma que ninguna trascendencia cabe dar a la frase empleada por el Juzgador de instancia en la resolución recurrida, que cita expresamente la parte apelante en su escrito formalizando recurso de apelación, al no alterar en cualquier caso los términos de la presente litis.Igualmente, y pese a las manifestaciones realizadas por la representación de la Sra. Dolores en referencia al coste minutado por cada una de las actuaciones profesionales por parte del Sr. Pablo, a la vista de la minuta acompañada a los autos y que figura al folio 11 de las actuaciones, consideramos que el precio fijado por éste para cada una de las actuaciones profesionales que como Letrado realizó es, en principio, y sin perjuicio de las consideraciones que realicemos en cuanto a la concreta actuación del mismo ante el Tribunal Constitucional, a la vista de las alegaciones realizadas en el escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa, correcto en tanto que no desorbitado o abusivo.SEXTO.- Conforme se ha venido reiterando por nuestro Tribunal Supremo, entre otras sentencias en la de 26 de Febrero de 2007 (recurso de casación 715/00 ), "la relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato: SSTS de 28 de enero de 1998, 23 de mayo de 2006 y 27 de junio de 2006 , entre otras muchas. El cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato debe ajustarse a la diligencia media razonablemente exigible según su naturaleza y circunstancias. En la relación del abogado con su cliente, si el primero de ellos incumple las obligaciones contratadas, o las que son consecuencia necesaria de su actividad profesional, estamos en presencia de una responsabilidad contractual, teniendo en cuenta que el deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis [reglas del oficio], pero no implica una obligación del resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta como regla general la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria (STS de 14 de julio de 2005, 14 de diciembre de 2005 y 30 de marzo de 2006 , entre otras)",En esta misma sentencia que hemos citado se dice que "Esta Sala, no sin ciertas vacilaciones, tiene declarado que, cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 )", indicándose que "el daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando hay una razonable certidumbre de la imposibilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006 )".Pues bien, aún compartiendo íntegramente los razonamientos efectuados por el Juzgador de instancia en la resolución recurrida, en cuanto al alcance y contenido de las obligaciones que asume un Letrado en la prestación de sus servicios, siendo cierto que no está obligado a conseguir el feliz resultado de todas sus gestiones, sin embargo sí le es exigible que actúe conforme a una diligencia media, realizando las actuaciones necesarias para tratar de obtener un resultado concreto, siendo por ello que esta Sala considera que la única negligencia que cabría imputar al Sr. Pablo en su actuación profesional como Letrado, fue su actuación ante el Tribunal Constitucional.En efecto, tal y como consta en los autos, y ya antes indicamos, el Tribunal Constitucional dictó Providencia con fecha 16 de Diciembre de 2001 inadmitiendo el recurso de amparo por la representación de la Sra. Dolores formulado, por estar fuera de plazo.La presentación de un recurso fuera del plazo legalmente establecido para ello supone una actuación negligente en la actuación profesional de un Letrado que debe conocer de la preclusión de los actos procesales, pero es que, aún admitiendo las alegaciones realizadas por el Sr. Pablo en la litis, y en esta alzada, en cuanto al criterio poco uniforme del Tribunal Constitucional en cuanto al dies a quo para el cómputo de los plazos, lo que debió haber hecho es recurrir tal resolución, algo que desde luego no nos consta hiciera, siendo este hecho una actuación negligente al mismo imputable si ciertamente hubiera presentado en plazo el recurso de amparo como él mantiene. SÉPTIMO.- Por otra parte, entendemos que de la prueba practicada en las actuaciones no cabe sino concluir que el Sr. Pablo cumplió no solo con su obligación de custodia de los documentos que obraban en su poder y necesarios para la defensa de su cliente, sino que además se los devolvió a la misma, pese a las alegaciones al efecto realizadas, tal y como se desprende del recibo firmado por la Sra. Dolores con fecha 1 de Abril de 2002, unido al folio 198 de las actuaciones.OCTAVO.- Teniendo en cuenta las consideraciones hasta el momento realizadas, entendemos que debemos estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por la Sra. Dolores contra la sentencia dictada en instancia, por considerar esta Sala negligente la actuación profesional del Sr. Pablo en cuanto a su actuación ante el Tribunal Constitucional.No habiéndose concretado por la Sra. Dolores los ciertos perjuicios habidos por ella como consecuencia de esta negligente actuación del Letrado, y teniendo en cuenta las consideraciones que al efecto hemos realizado en el fundamento jurídico sexto de la presente resolución, entendemos que la cantidad que en concepto de indemnización debe satisfacer el Sr. Pablo a aquélla no es sino la suma de 500 €.NOVENO.- Finalmente, y pese a las alegaciones efectuadas por la parte apelante en cuanto a la condena de la entidad Caser, codemandada en el procedimiento, basta ver la fecha en que el Sr. Pablo prestó sus servicios profesionales como Letrado a favor de la Sra. Dolores, y la fecha en que entró en vigor la póliza de seguros suscrita por esta entidad con el Colegio de Abogados de Madrid, para concluir que desde luego la actuación negligente imputada al Sr. Pablo no tiene cobertura en la póliza citada, no viniendo la entidad Caser obligada a responder frente a terceros en base a un siniestro por la misma no cubierto.DÉCIMO.- No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales devengadas en primera instancia, respecto de las causadas por el llamamiento a la litis del Sr. Pablo, debiendo satisfacer la Sra. Dolores las costas procesales causadas a la entidad Caja de Seguros Reunidos Cia de Seguros y Reaseguros S.A, conforme a lo dispuesto en el Art. 394 de la LECv .Tampoco procede que realicemos especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en esta alzada.Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.FALLAMOS Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales Sr. Avila Salazar, en nombre y representación de Dª Dolores, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de los de Madrid, con fecha diez de Enero de dos mil seis, debemos revocar y revocamos la misma en el sentido de estimar parcialmente las pretensiones por Dª Dolores deducidas contra D. Pablo, condenando como condenamos a este último a que abone a aquélla la suma de quinientos euros, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la misma, siendo de cuenta de la Sra. Dolores el pago de las costas procesales causadas a la entidad Caja de Seguros Reunidos Cía. De Seguros y Reaseguros S.A, y sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto al resto de las costas procesales devengadas en primera instancia, ni tampoco respecto de las causadas en esta alzada.Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

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