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Estimado Abogado:Tngo un Titulo apostillado de Ph.D. de Atlantic

Pregunta del cliente:

Estimado Abogado:
Tngo un Titulo apostillado de Ph.D. de Atlantic International University de USA,(no acreditada, online)
1. Me sera reconocido para ejercer la docencia universitaria en Espana.
2. Me sera reconocido para ejercer la Docencia Universitaria en Israel
3. Puedo usar el titulo en Espana o Israel sin peligro de ser acusado de impostor
Muchas gracias XXXXX XXXXX respuestas
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 3 año.

Abogado3044 : Bienvenido, le atiende José M, abogado ejerciente del ICA Burgos, ruego unos minutos para preparar su consulta, Puede escribir en todo momento.
Abogado3044 : Lamento comunicarle que no hay ninguna posibilidad de que un título no oficial sea reconocido en un país tercero
Abogado3044 : solo hay convenios internacionales para reconocer en determinados casos y supuestos títulos oficiales pero nunca no oficiales
Abogado3044 : un saludo
Customer:

No es la respuesta a mi pregunta. El titulo es oficial, reconocido por el gobierno de USA y esta apostillado por el gobierno de USA, y es vinculante en Espana e Israel de acuerdo con el acuerdo de la Haya pero AIU es una Universidad no ACREDITADA, si OFICIAL no acreditada ante el Ministerio de Educacion. Mi pregunta es:

Customer:

No es la respuesta a mi pregunta. AIU es una Universidad Oficial.y mi titulo Ph.D. esta APOTILLADO y es valido de acuerdo con el acuerdo de la Haya en Israel y en Espana,. AIU no esta ACREDITADA ante el ministerio de Educacion de USA . Mi pregunta es 1. Si puedo usarlo para ejerecer la docencia universitaria a. en Israel. b. en Espana (Poner antes de mi nombre la palabra Doctor) y usarlo asi sin peligro de ser juzgado por impostor. Su respuesta me hace pensar que usted desconoce completamente la materia. Desearia recibir una respuesta valida a mi pregunta por usted u otro colega.Muy agradecido

Abogado3044 :

Estimado cliente, la respuesta es la misma. Si no es titulación oficial en le país de origen no se lo homologan

Abogado3044 :

Se que no es lo que necresita leer, pero no se le puede dar otra

Abogado3044 :

Con una titulacion no oficial no le homologan

Abogado3044 :

Saludos

Abogado3044 :

Le dejo jurisprudencia española

Abogado3044 :
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 4.ª, de 22 de marzo de 2011

Recurso 4181/2009. Ponente: ANTONIO MARTI GARCIA.


EXTRACTOS

Lo determinante para la homologación de títulos extranjeros de educación superior de cuya oficialidad no se duda, es la formación que comportan, formación que depende de sus contenidos, no del lugar en que se imparten las enseñanzas


"... El recurso de casación debe ser estimado por las razones que, cambiando el criterio observado anteriormente por la Sala, se expusieron en la Sentencia de 19 de junio de 2006 (recurso casación nº 2296/2000 ), en un supuesto semejante al que aquí se enjuicia y que tienen continuidad en la Sentencia de 30 de junio de 2006 (recurso de casación nº 4467/2000 ) y, en lo que respecta en concreto al mismo título y Universidad que suscitan la controversia actual, en sentencia de 21 de julio de 2009 (recurso de casación nº 1719/2008 ). Razones que reproducimos a continuación en aras de los principios de seguridad jurídica y de unidad de doctrina por ser plenamente aplicables en este proceso:

"QUINTO.- Para resolver el presente recurso de casación conviene precisar qué es lo que se debe decidir en este pleito. Según se ha visto el Sr. Clemente solicitó la homologación del título que expidió en su favor la Embry-Riddle Aeronautical University el 13 de agosto de 1991. Tal como afirma la Sentencia de la Audiencia Nacional , se trata de un título oficial extranjero y no se discute que sea de educación superior. Por tanto, en principio, parece que debería aplicarse al procedimiento administrativo incoado al efecto el Real Decreto 86/1987 , ya que tiene, precisamente, ese objeto. Así lo hizo el Ministerio de Educación y Cultura, que siguió los trámites previstos en esas normas reglamentarias. No obstante, en cuanto tuvo conocimiento de que parte de la enseñanza que soporta el título la siguió Don. Clemente en los campus de la University of Maryland en Rota y Torrejón, la Administración consideró inviable la pretensión del interesado porque tales centros no cuentan con la autorización prevista por el Real Decreto 557/1991 , de acuerdo con los razonamientos que se han expuesto.

Sin embargo, a juicio de la Sala, ese proceder seguido por el Ministerio de Educación y Cultura, primero, y confirmado por la Sentencia de la Audiencia Nacional, después, no se ajusta al ordenamiento jurídico. En particular, incurre en la infracción que Don. Clemente apunta en el segundo de los motivos de su recurso de casación. Es decir, se aparta del sistema de fuentes e inaplica la normativa procedente: el Real Decreto 86/1987 . Si estamos ante un título oficial extranjero de educación superior cuya homologación se pretende, hay que aplicar las reglas que rigen ese procedimiento, no las relativas a la creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios porque no es de eso de lo que aquí se discute.

De lo que se debe tratar, punto este en el que todos parecen coincidir, es de determinar si, efectivamente, hay equivalencia entre la formación gracias XXXXX XXXXX que Don. Clemente obtuvo el título que quiere homologar y la exigida en España para la expedición del título de Ingeniero, Superior o Técnico, Aeronáutico. Porque no parece preciso observar que seguir el camino de la aplicación del Real Decreto 86/1987 no significa conceder necesariamente la homologación solicitada. Supone, ante todo, comprobar si existe o no esa equivalencia. Y, si no se da, no procederá la homologación y no se producirá ninguna elusión ni fraude. Mientras que, si existe esa equivalencia, tampoco podrá considerarse que ha habido fraude porque, siendo equivalente a la exigida en España la formación en que se sustenta tal título, procederá su homologación.

Lo determinante para la homologación de títulos extranjeros de educación superior de cuya oficialidad no se duda, como aquí sucede, es la formación que comportan. Y esa formación depende de sus contenidos, no del lugar en el que se imparten las enseñanzas. No cabe, pues, intercalar en el régimen dispuesto para la homologación de títulos extranjeros previsiones sobre los requisitos necesarios para reconocer en España Universidades o Centros Universitarios. En definitiva, se ha producido una indebida aplicación del Real Decreto 557/1991 , mientras que se inaplicaba, también indebidamente el Real Decreto 86/1987 . ..."


Bajo la vigencia de la LO 11/83 y RD 86/87 no era exigible para la homologación el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria contaran con la autorización del RD 557/91


"... SEXTO.- Cuanto acabamos de decir se separa de lo mantenido por la Sentencia de esta Sala y Sección de 9 de diciembre de 2003 (casación 4310/1998 ) dictada en un supuesto semejante al presente, en el que la Administración aplicó los mismos criterios que en este caso, los cuales fueron asumidos por la Sentencia de la Audiencia Nacional entonces impugnada. Se trataba entonces de una solicitud de homologación del título de Bachelor of Arts expedido por la Saint Javier University de Chicago, con estudios parciales en el Instituto Europeo de Derecho y Economía de Barcelona, con el español de Licenciado en Ciencias Económicas.

Seguimos ahora un criterio diferente porque consideramos que la interpretación correcta es la mantenida en esta Sentencia por las razones que se han expuesto, las cuales se ven confirmadas por los cambios normativos que se han producido en los últimos años en materia de homologación de títulos extranjeros de educación superior. Así, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su artículo 86, apartado 3 , dispone:

"3. Los títulos y enseñanzas de educación superior correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España sólo podrán ser sometidos al trámite de homologación o convalidación si los centros donde se realizaron los citados estudios se hubieran establecido de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende estuvieran efectivamente implantadas en la Universidad o centro extranjero que hubiera expedido el título. Reglamentariamente, y a los efectos de dicha homologación, el Gobierno regulará las condiciones de acceso a los estudios en dichos centros".

Los apartados anteriores de este artículo 86 encomiendan al Gobierno la regulación del marco general en que han de impartirse en España las enseñanzas correspondientes a tales títulos extranjeros de educación superior y las condiciones que han de reunir los centros en que se impartan, los cuales deberán contar con autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. Asimismo, estarán sujetos a la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que, por Ley, señale la Comunidad Autónoma.

En coherencia con estas previsiones, el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece en su artículo 2 , al regular su ámbito de aplicación:

"Artículo 2 . Ámbito de aplicación

Este real decreto se aplica a:

b) La homologación de títulos extranjeros de educación superior cuyas enseñanzas hayan sido cursadas total o parcialmente en España en centros debidamente autorizados por las Administraciones españolas competentes.

(...)".

Y, más tarde, en el artículo 5 dice:

" Artículo 5 . Exclusiones

2. No serán objeto de homologación o convalidación los siguientes títulos o estudios extranjeros:

b) Los correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende no estuvieran efectivamente implantadas en la universidad o institución de educación superior extranjera en el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo con lo señalado en el art. 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades . No obstante, cuando esas circunstancias afecten sólo a parte de los estudios realizados, los estudios parciales que no incurran en ellas podrán ser objeto de convalidación, en su caso.

(...)".

No hay duda de que la decisión del legislador de incluir en la nueva disciplina de la homologación de los títulos extranjeros de educación superior las reglas recogidas en el precepto reproducido de la Ley Orgánica 6/2001, con su consiguiente desarrollo reglamentario, corrobora que, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 no era exigible, para obtener la homologación, el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria para obtener el título universitario extranjero contaran con la autorización prevista en el Real Decreto 557/1991 .

Por lo demás, la Sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2005 (casación 6026/2002 ) ofrece consideraciones de interés para el caso que nos ocupa. Ciertamente, se pronuncia sobre un supuesto que no coincide con el que aquí está planteado. No obstante, sí guarda con él claros elementos de afinidad. Se trataba allí de la denegación de la habilitación para el ejercicio en España de las profesiones de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial solicitada por quien poseía el título de Bachelor of Science in Technology Management with Second Class Honours , expedido por el University of Wales Institut de Cardiff (Reino Unido). Tal denegación se debió a que el solicitante se había formado en el Centro de Estudios Superiores San Valero, de Zaragoza, que no contaba entonces con la autorización administrativa española. Tras diferenciar entre homologación de títulos y habilitación para el ejercicio profesional en virtud de un título expedido por un Estado miembro de la Unión Europea, la Sentencia, respecto de la exigencia de la autorización del centro situado en España en el que se cursaron los estudios en cuestión, dice:

"En el presente caso es obvio que el interesado ha solicitado no la homologación de su título sino el reconocimiento a efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial, tal cual indicó inicialmente y en el suplico de la demanda. A estos efectos, lo importante es el título expedido al margen del lugar en que los estudios fueron realizados, pues nada impide a un Estado miembro de la Unión Europea reconocer estudios realizados en Centros de otro Estado miembro y con base en los mismos otorgar el correspondiente título. El control de calidad de los estudios y demás medidas de garantía deben reconocérsele al Estado que expide el título, que hay que presumir por su propio interés que velará por la regularidad y cualificación de los mismos. No otra cosa puede extraerse del artículo 2º del Real Decreto 1665/91 que como requisito para ejercer en España una profesión regulada por nacional de un Estado miembro de la Unión Europea únicamente exige estar en posesión de un título obtenido en un Estado de la Unión Europea, y ello con independencia del lugar en que los estudios se cursaron, pues el artículo 1º define como título, "cualquier título expedido por una Autoridad competente en un Estado miembro, que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del mismo nivel de formación y que posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en dicho Estado miembro, siempre que la formación haya sido adquirida principalmente en la Comunidad o el titular tenga una experiencia profesional de tres años acreditada por el Estado miembro que haya reconocido el título"; es decir, se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: título, superación de estudios postsecundarios de duración mínima de tres años y que la formación haya sido adquirida en la Comunidad. Dichos requisitos concurren en el interesado, por lo que debe estimarse su recurso de casación, sin que pueda observarse la existencia de un fraude de ley, en atención a lo que a continuación se dirá".

En definitiva, el criterio que lleva a esta Sentencia a estimar el recurso de casación es, sustancialmente, el que hemos observado a propósito de la homologación del título Don. Clemente , ya que el problema que resuelve es, en el fondo, el mismo: la aplicabilidad de las normas sobre autorización de Universidades y Centros Universitarios a los procedimientos de homologación de títulos o de habilitación para el ejercicio profesional. Aplicabilidad que se estima improcedente, según la normativa anterior a la Ley Orgánica 6/2001 , en la Sentencia citada y en la que estamos dictando".

De acuerdo, pues, con el criterio jurisprudencial mencionado, plenamente aplicable al caso que se enjuicia, en el que el título que se pretende homologar -al que se refiere el suplico del escrito de interposición del recurso de casación- se otorgó el 10 de julio de 1998, debe acogerse el recurso de casación interpuesto por don Candido , debiéndose con ello estimar el recurso formulado. ..."


Procede declara que ha lugar al recurso de casación y estimar el recurso C-A, mandando retrotraerse las actuaciones al momento de la solicitud inicial de la homologación


"... La estimación del anterior motivo de casación obliga a esta Sala de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción a resolver la cuestión de fondo en los términos en que aparezca planteado el debate que, de acuerdo con las razones que han sido expuestas en el anterior fundamento, conllevan la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, mandando retrotraerse las actuaciones al momento de la solicitud inicial de la homologación, ordenando iniciar y tramitar al Ministerio de Educación y Ciencia el correspondiente expediente en el marco del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , en el que se emita el oportuno dictamen por el comité técnico competente acerca del juicio de equivalencia de la formación cursada por el interesado en relación con la exigida en España para la obtención del grado académico de Licenciado, y tras los trámites pertinentes se dicte la resolución que proceda. ..."


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO .- Por escrito de 2 de noviembre de 2007, don Candido interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 4 de julio de 2006 del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, por delegación de la Ministra del Departamento, por la que se acordó denegar la homologación del título de "Bachelor of Science in Technology Management", obtenido en la Universidad de Gales (Reino Unido), al grado académico de Licenciado, confirmada en reposición por Resolución de 13 de septiembre de 2007 del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, por delegación de la titular del Departamento, y tras los trámites pertinentes el citado recurso contencioso-administrativo terminó por Sentencia de 14 de mayo de 2009 , cuyo fallo es del siguiente tenor: "DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Lorenzo contra la resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, a que las presentes actuaciones se contraen, y confirmar la resolución impugnada por su conformidad a derecho. Sin imposición de costas".

SEGUNDO .- Una vez notificada la sentencia, la parte recurrente manifiesta su intención de interponer recurso de casación, acordando la Sala sentenciadora tener por preparado el citado recurso, siendo las partes emplazadas ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO .- En su escrito de formalización del recuso de casación, la parte recurrente interesa se dicte sentencia que "estimando el recurso, case y anule la sentencia recurrida, en su lugar dicte otra que estime íntegramente la súplica de la demanda en su día formulada, con revocación del acto administrativo recurrido, declarando haber lugar a la solicitud realizada por don Candido de homologar su título universitario de Bachelor of Science in Tecnology Management por la Universidad de Gales, al grado académico universitario español de Licenciado, por los motivos que quedan alegados, todo ello con imposición de costas de la instancia a la administración demandada".

Para ello se basa en dos motivos de casación, formulados al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por la indebida aplicación retroactiva, en cuanto al primero de ellos, de lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 5.2 .b) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Y, en cuanto al segundo, por infracción del principio de igualdad.

CUARTO .- El Abogado del Estado en su escrito de oposición al recurso de casación, interesa su desestimación por las razones que expone.

QUINTO .- Por providencia de 10 de marzo de 2011, se señaló para votación y fallo el día 15 de marzo de marzo del año dos mil once, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO .- La sentencia que es objeto del presente recurso de casación desestimó el recurso contencioso-administrativo y confirmó la resolución que en el mismo se impugnaba, refiriendo entre otros, en sus fundamentos de derecho segundo y tercero, lo siguiente:

"2.- Para un correcto enfoque de las cuestiones planteadas en el presente recurso, conviene precisar que el procedimiento instado por el demandante en el Ministerio de Educación fue el de homologación de su título, obtenido en la mencionada universidad británica tras cursar la totalidad de los estudios en España, al correspondiente español, homologación que se rige actualmente por el Real Decreto 285/2.004, de 20 de Febrero , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y no el de reconocimiento de dicho título a efectos de ejercicio profesional, conceptos utilizados indistintamente en la demanda, que es objeto de una regulación diferente derivada de diversas Directivas comunitarias, como la 89/48/CEE, incorporada al derecho español por el Real Decreto 1665/1991 u otras referidas a profesiones específicos, y está sujeto a un procedimiento también distinto, por lo que sus alegaciones tendentes al reconocimiento de su titulación a efectos del ejercicio profesional en el ámbito de la Unión Europea, sobre la base del derecho a la libertad de circulación y establecimiento, reconocido por el derecho comunitario europeo, no tienen encaje en el presente recurso, que tiene su origen en la solicitud mencionada, en que se pretende la homologación. Por ello no puede hablarse de infracción de las normas de derecho comunitario genéricamente citadas en la demanda, de aplicación en el procedimiento de reconocimiento a efectos de ejercicio profesional, pero no en el de homologación objeto del recurso.

Esta diferencia entre el reconocimiento de títulos a efectos del ejercicio profesional y la homologación de títulos académicos de educación superior, resulta fundamental para una correcta solución de los numerosos recursos sometidos a conocimiento de esta Sala en que con frecuencia se mezclan y confunden ambas categorías pues, si lo que se pretende es el ejercicio de una concreta profesión para lo que habilita el título extranjero en el país que le otorga carácter oficial, aunque los estudios realizados para su obtención hayan sido realizados en España cuente o no el centro con la pertinente autorización administrativa, habrá de acudirse al procedimiento previsto para tal reconocimiento en función de la profesión de que se trate y no al de homologación, que tiene un contenido y un alcance distinto pues su objeto es la equiparación o asimilación del título al español correspondiente, con independencia del ejercicio profesional al que aquél vaya ligado. Así el reconocimiento profesional tiende a facilitar el ejercicio de las libertades consagradas en el derecho comunitario europeo, como la de establecimiento y prestación de servicios, en el ámbito de la Unión Europea, y se rige por las normas de derecho comunitario originario y derivado incorporadas al ordenamiento interno, en su caso, por las normas nacionales, como ocurre en España con el Real Decreto 1665/1991 que incorpora la Directiva 89/48/CEE, del Consejo , que han de respetar su contenido y finalidad, habilitando para el ejercicio de la práctica profesional regulada de que se trate, pero que no supone una equiparación o asimilación académica con títulos españoles; por su parte, la homologación de títulos académicos, está sometida a las normas del derecho interno de cada Estado y se basa en una comparación entre el contenido y duración de los estudios conducentes a la obtención de los respectivos títulos y se aplica tanto a los que pretendan la homologación de títulos expedidos en países pertenecientes a la Unión Europea, como a los de otros Estados. Así lo ha venido declarando reiteradamente el Tribunal Supremo en sentencias, por ejemplo, de 25 de Febrero de 2.000 (tres sentencias de la misma fecha ) y de 14 de Diciembre del mismo año , 15 de Enero de 2.002 , 3 de Noviembre de 2.003 y, más recientemente, en las de 12 de Abril de 2.005 y 16 de Mayo y 14 de Julio de 2.006 , en que se expone el diferente alcance de ambos procedimientos y las normas por las que se rigen.

La nueva Directiva 2.005/36/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de Septiembre de 2.005 , relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que deroga la Directiva 89/48 , citada en nuestras anteriores sentencias, y que tiene por objeto el reconocimiento por un Estado miembro de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros, para acceder en el Estado miembro de acogida a una profesión regulada o permitirle su ejercicio (art.1 ), cuyo reconocimiento tiene por efecto "permitir al beneficiario acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquélla para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales"; por su parte, los arts. 50 y 51 de la propia Directiva contienen las normas sobre documentación y procedimiento, refiriéndose siempre a las "solicitudes de autorización para el ejercicio de la profesión regulada de que se trate" ( art. 50.1 .) y faculta a la autoridad del Estado de acogida a realizar determinadas comprobaciones cuando la formación haya sido recibida en su totalidad o en parte en un centro establecido legalmente en el territorio de otro Estado miembro; por último, el art. 54 de la norma comunitaria, que regula el uso de títulos académicos, tras reconocer el derecho de los interesados a hacer uso en el Estado de acogida de los títulos del Estado de origen, establece que "En caso de que el título académico del Estado miembro de origen pueda confundirse en el Estado miembro de acogida con un título que exija en este último Estado una formación complementaria no adquirida por el beneficiario, dicho Estado miembro de acogida podrá exigir que el beneficiario utilice el título académico del Estado miembro de origen en la forma pertinente que le indique el Estado miembro de acogida", con lo que, sin perjuicio del derecho reconocido al ejercicio de la profesión regulada de que se trate en el marco de las libertades de establecimiento y prestación de servicios, se salvaguarda la competencia de los Estados en la homologación a sus propios títulos académicos, que se diferencia del reconocimiento.

La alegación sostenida en la demanda según la cual, en base al derecho comunitario europeo el trámite de homologación de grado debería limitarse a la verificación del título y de la universidad que lo emite, no se justifica en disposición normativa alguna, comunitaria o de derecho interno.

3.- La resolución impugnada tiene su fundamento en el art. 86.3. de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de Diciembre y 5.2 .b) del Real Decreto 285/2.004, de 20 de Febrero , que excluyen del trámite de homologación o convalidación los títulos de educación superior correspondientes a estudios extranjeros, cuando tales estudios se hayan realizado total o parcialmente en España en centros que no cuenten con la preceptiva autorización administrativa.

El Centro de Estudios Superiores de la Fundación San Valero de Zaragoza, donde el interesado curso sus estudios, fue autorizado para impartir enseñanzas de nivel universitario por Decreto del Gobierno de Aragón 157/1998 de 28 de julio (BOA de 9 de septiembre ) y la autorización para su funcionamiento por la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 19-2-1999 (publicada en el BOA de 3-3-1999). Los estudios cuya homologación se pretenden comprendían cuatro años y fueron cursados 94/95, 95/96, 96/97, y 97/98.

La normativa aplicable al caso es la que esta en vigor en el momento de solicitar la homologación, por lo que no hay retroactividad in peius. Además las irregularidades y dilaciones que, en su caso, hubieran podido producirse en la tramitación del expediente administrativo previo a la autorización del Centro de Estudios Superiores de la Fundación San Valero para impartir enseñanzas universitarias extranjeras, no puede llevar consigo, obviamente, la homologación de aquellas titulaciones y estudios cursados antes de la concesión de la referida autorización.

El Real Decreto 285/2.004, de 25 de Febrero, que desarrolla la LO 6/2001 en este aspecto y sustituye al Real Decreto 86/1987, establece en su Disposición Transitoria única que los procedimientos anteriores a su entrada en vigor se rigen y resuelven de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación, fecha que en cuanto a su aplicabilidad a la tramitación de las solicitudes de homologación, por el juego de los RD 1380/2004 y RD 309/2005 se ve prorrogada hasta el 1-3-2005 ( Disposición Transitoria Única del RD 309/2005 "Todas las solicitudes de homologación de títulos extranjeros de educación superior presentadas desde el 1 de marzo de 2005 se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto .") por lo que la solicitud del demandante habrá de tramitarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 285/2004 . Por tanto, no es la normativa que estaba en vigor cuando concluyeron los estudios que condujeron a la expedición del título cuya homologación se pretende la que determina las condiciones legales que han de regir la homologación sino que lo determinante a este respecto es el momento en que se solicita tal homologación y la normativa que en dicho momento la regula.

La Ley Orgánica 6/2001, de 20 de Diciembre, de Universidades , ha venido a dar una cobertura legal, que previamente no existía, a la postura de la Administración, al establecer en su art. 86-3 como requisito previo a la homologación, que los centros donde se realizaron los estudios con los que se obtuvo el título extranjero, se hayan establecido de acuerdo con lo previsto en la propia ley, establecimiento que ha de ser autorizado por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria (art. 86-1 de la Ley de Universidades ). El Real Decreto 285/2.004, de 25 de Febrero , que desarrolla la ley en este aspecto en su art. 5-2 b ) determina que no serán objeto de homologación o convalidación "los títulos o estudios extranjeros correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende no estuvieran efectivamente implantadas en la universidad o institución de educación superior extranjera en el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo con lo señalado en el art. 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades . No obstante, cuando esas circunstancias afecten sólo a parte de los estudios realizados, los estudios parciales que no incurran en ellas podrán ser objeto de convalidación, en su caso."

El concreto tema aquí suscitado (como tratar bajo la vigencia de la LO 6/2001 y el RD 285/2004 la homologación de títulos extranjeros sobre la base de estudios cursados, total o parcialmente, en centros radicados en España no estando autorizado dicho centro) ya ha sido objeto de resolución por sentencia de esta Sala y Sección de 27-2-2007 (Rec. 72/2006 ) en la que se confirmaba la desestimación de la homologación en un caso similar y cuyos argumentos seguidamente se reproducen:

""" Esta solución no resulta contraria a la nueva regulación contenida en la Ley de Universidades de 2.001 y en el reglamento que, en este aspecto, la desarrolla, que a su vez deja a salvo, expresamente (art. 22 del Real Decreto 285/2.004 ), lo concerniente al reconocimiento profesional; es, además, acorde con la interpretación que en relación con las normas anteriores, representadas por la L.O. 11/1983, de 25 de Agosto de Reforma universitaria y por el Real Decreto 86/1987, de 16 de Enero , que no establecían tal limitación, venía siendo reiterada por esta Sala y sección en numerosas sentencias en las que se ordenaba a la Administración, que había rechazado tramitar la homologación solicitada por el hecho de que el título que se pretendía homologar respondía a unos estudios realizados en todo o en parte en centros no autorizados en España, a seguir el procedimiento señalado en el citado Real Decreto, incluido el juicio de equivalencia entre los estudios nacionales y extranjeros para determinar la procedencia de la homologación. Así, aunque en esas sentencias se hiciera referencia a las libertades comunitarias y a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, como marco de referencia en la materia, hay que entenderlo en el sentido de la distinción entre homologación de títulos académicos, regido por las normas de derecho interno incluso para los títulos expedidos por Universidades o instituciones académicas de Estados miembros de la Unión Europea y reconocimiento a efectos de ejercicio profesional, regulado en las normas de derecho comunitario y, eventualmente, en las nacionales que las incorporan y ello aunque tales normas nacionales contengan actualmente una regulación distinta y más favorable para los títulos de países comunitarios que para los restantes, que es consecuencia de una mayor aproximación del contenido de los estudios y de la integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior (arts 87-89 de la Ley de Universidades ) y que, en el futuro, puede determinar que la distinción entre reconocimiento con fines de ejercicio profesional y homologación de títulos académicos carezca de sentido.

SEXTO.- En apoyo de la anterior consideración puede mencionarse la nueva Directiva 2.005/36/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de Septiembre de 2.005 , relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que deroga la Directiva 89/48 , citada en nuestras anteriores sentencias, y que tiene por objeto el reconocimiento por un Estado miembro de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros, para acceder en el Estado miembro de acogida a una profesión regulada o permitirle su ejercicio (art.1 ), cuyo reconocimiento tiene por efecto "permitir al beneficiario acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquélla para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales"; por su parte, los arts. 50 y 51 de la propia Directiva contienen las normas sobre documentación y procedimiento, refiriéndose siempre a las "solicitudes de autorización para el ejercicio de la profesión regulada de que se trate" (art.50.1 .) y faculta a la autoridad del Estado de acogida a realizar determinadas comprobaciones cuando la formación haya sido recibida en su totalidad o en parte en un centro establecido legalmente en el territorio de otro Estado miembro; por último, el art. 54 de la norma comunitaria, que regula el uso de títulos académicos, tras reconocer el derecho de los interesados a hacer uso en el Estado de acogida de los títulos del Estado de origen, establece que "En caso de que el título académico del Estado miembro de origen pueda confundirse en el Estado miembro de acogida con un título que exija en este último Estado una formación complementaria no adquirida por el beneficiario, dicho Estado miembro de acogida podrá exigir que el beneficiario utilice el título académico del Estado miembro de origen en la forma pertinente que le indique el Estado miembro de acogida", con lo que, sin perjuicio del derecho reconocido al ejercicio de la profesión regulada de que se trate en el marco de las libertades de establecimiento y prestación de servicios, se salvaguarda la competencia de los Estados en la homologación a sus propios títulos académicos, que se diferencia del reconocimiento.

Aunque la Directiva otorga a los Estados un plazo de transposición de sus normas que finaliza el 20 de Octubre de 2.007 (art. 63 ), y ello supondrá la revisión de las normas españolas, entre ellas del Real Decreto 1665/91 , la misma entró en vigor a los veinte días de su publicación en el DOCE, 30 de Septiembre de 2.005, (art. 64 ) por lo que sus normas han de ser consideradas en la interpretación de la materia de que se trata, y es posterior a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo (St TJCE de 13 Noviembre de 2.003, Neri, as. C-153/02 ) citada en nuestras sentencias aludidas en la contestación a la demanda, lo que justifica la matización del criterio anterior en la forma que se acaba de exponer.

A esta conclusión no puede oponerse eficazmente lo dispuesto en el art. 86.4. de la Ley de Universidades de 2.001 , citado en la demanda, en cuanto contiene la salvedad en la aplicación de sus apartados anteriores, entre ellos el del apartado 3., a lo dispuesto en los Tratados y Convenios internacionales por cuanto que esta norma se refiere a las condiciones que han de reunir los centros que impartan enseñanzas en España con arreglo a sistemas educativos extranjeros por los que se obtengan títulos extranjeros de educación superior y, por tanto, la alusión que en esta genérica alegación de la demanda pueda hacerse a las normas de derecho comunitario no es admisible pues, si se trata de un procedimiento de homologación, los títulos académicos de los Estados comunitarios están sujetos a la regulación de las normas españolas y, si se trata del reconocimiento profesional, a las del derecho comunitario, como se encarga de recordar el art. 22 del Real Decreto 285/2.004 .""".

Por tanto la demanda ha de desestimarse.".

SEGUNDO .- La índole de los motivos de casación aconseja su tratamiento conjunto. En su motivo primero, se denuncia la indebida aplicación retroactiva de lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 5.2 .b) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Se aduce la irretroactividad de las normas que establecen la necesidad de estudiar en un centro español autorizado para poder homologar el título. Por su parte, el segundo motivo, denuncia la infracción del principio de igualdad.

Se postula, en síntesis, que "lo trascendente a estos efectos es la normativa existente en el momento en el que él estudió, y en el momento que él estudió ninguna norma decía que estudiar en un centro sin autorización acarrearía la no posibilidad de homologar el título".

TERCERO .- El recurso de casación debe ser estimado por las razones que, cambiando el criterio observado anteriormente por la Sala, se expusieron en la Sentencia de 19 de junio de 2006 (recurso casación nº 2296/2000 ), en un supuesto semejante al que aquí se enjuicia y que tienen continuidad en la Sentencia de 30 de junio de 2006 (recurso de casación nº 4467/2000 ) y, en lo que respecta en concreto al mismo título y Universidad que suscitan la controversia actual, en sentencia de 21 de julio de 2009 (recurso de casación nº 1719/2008 ). Razones que reproducimos a continuación en aras de los principios de seguridad jurídica y de unidad de doctrina por ser plenamente aplicables en este proceso:

"QUINTO.- Para resolver el presente recurso de casación conviene precisar qué es lo que se debe decidir en este pleito. Según se ha visto el Sr. Clemente solicitó la homologación del título que expidió en su favor la Embry-Riddle Aeronautical University el 13 de agosto de 1991. Tal como afirma la Sentencia de la Audiencia Nacional , se trata de un título oficial extranjero y no se discute que sea de educación superior. Por tanto, en principio, parece que debería aplicarse al procedimiento administrativo incoado al efecto el Real Decreto 86/1987 , ya que tiene, precisamente, ese objeto. Así lo hizo el Ministerio de Educación y Cultura, que siguió los trámites previstos en esas normas reglamentarias. No obstante, en cuanto tuvo conocimiento de que parte de la enseñanza que soporta el título la siguió Don. Clemente en los campus de la University of Maryland en Rota y Torrejón, la Administración consideró inviable la pretensión del interesado porque tales centros no cuentan con la autorización prevista por el Real Decreto 557/1991 , de acuerdo con los razonamientos que se han expuesto.

Sin embargo, a juicio de la Sala, ese proceder seguido por el Ministerio de Educación y Cultura, primero, y confirmado por la Sentencia de la Audiencia Nacional, después, no se ajusta al ordenamiento jurídico. En particular, incurre en la infracción que Don. Clemente apunta en el segundo de los motivos de su recurso de casación. Es decir, se aparta del sistema de fuentes e inaplica la normativa procedente: el Real Decreto 86/1987 . Si estamos ante un título oficial extranjero de educación superior cuya homologación se pretende, hay que aplicar las reglas que rigen ese procedimiento, no las relativas a la creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios porque no es de eso de lo que aquí se discute.

De lo que se debe tratar, punto este en el que todos parecen coincidir, es de determinar si, efectivamente, hay equivalencia entre la formación gracias XXXXX XXXXX que Don. Clemente obtuvo el título que quiere homologar y la exigida en España para la expedición del título de Ingeniero, Superior o Técnico, Aeronáutico. Porque no parece preciso observar que seguir el camino de la aplicación del Real Decreto 86/1987 no significa conceder necesariamente la homologación solicitada. Supone, ante todo, comprobar si existe o no esa equivalencia. Y, si no se da, no procederá la homologación y no se producirá ninguna elusión ni fraude. Mientras que, si existe esa equivalencia, tampoco podrá considerarse que ha habido fraude porque, siendo equivalente a la exigida en España la formación en que se sustenta tal título, procederá su homologación.

Lo determinante para la homologación de títulos extranjeros de educación superior de cuya oficialidad no se duda, como aquí sucede, es la formación que comportan. Y esa formación depende de sus contenidos, no del lugar en el que se imparten las enseñanzas. No cabe, pues, intercalar en el régimen dispuesto para la homologación de títulos extranjeros previsiones sobre los requisitos necesarios para reconocer en España Universidades o Centros Universitarios. En definitiva, se ha producido una indebida aplicación del Real Decreto 557/1991 , mientras que se inaplicaba, también indebidamente el Real Decreto 86/1987 .

SEXTO.- Cuanto acabamos de decir se separa de lo mantenido por la Sentencia de esta Sala y Sección de 9 de diciembre de 2003 (casación 4310/1998 ) dictada en un supuesto semejante al presente, en el que la Administración aplicó los mismos criterios que en este caso, los cuales fueron asumidos por la Sentencia de la Audiencia Nacional entonces impugnada. Se trataba entonces de una solicitud de homologación del título de Bachelor of Arts expedido por la Saint Javier University de Chicago, con estudios parciales en el Instituto Europeo de Derecho y Economía de Barcelona, con el español de Licenciado en Ciencias Económicas.

Seguimos ahora un criterio diferente porque consideramos que la interpretación correcta es la mantenida en esta Sentencia por las razones que se han expuesto, las cuales se ven confirmadas por los cambios normativos que se han producido en los últimos años en materia de homologación de títulos extranjeros de educación superior. Así, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su artículo 86, apartado 3 , dispone:

"3. Los títulos y enseñanzas de educación superior correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España sólo podrán ser sometidos al trámite de homologación o convalidación si los centros donde se realizaron los citados estudios se hubieran establecido de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende estuvieran efectivamente implantadas en la Universidad o centro extranjero que hubiera expedido el título. Reglamentariamente, y a los efectos de dicha homologación, el Gobierno regulará las condiciones de acceso a los estudios en dichos centros".

Los apartados anteriores de este artículo 86 encomiendan al Gobierno la regulación del marco general en que han de impartirse en España las enseñanzas correspondientes a tales títulos extranjeros de educación superior y las condiciones que han de reunir los centros en que se impartan, los cuales deberán contar con autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. Asimismo, estarán sujetos a la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que, por Ley, señale la Comunidad Autónoma.

En coherencia con estas previsiones, el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece en su artículo 2 , al regular su ámbito de aplicación:

"Artículo 2 . Ámbito de aplicación

Este real decreto se aplica a:

b) La homologación de títulos extranjeros de educación superior cuyas enseñanzas hayan sido cursadas total o parcialmente en España en centros debidamente autorizados por las Administraciones españolas competentes.

(...)".

Y, más tarde, en el artículo 5 dice:

" Artículo 5 . Exclusiones

2. No serán objeto de homologación o convalidación los siguientes títulos o estudios extranjeros:

b) Los correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título extranjero cuya homologación se pretende no estuvieran efectivamente implantadas en la universidad o institución de educación superior extranjera en el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo con lo señalado en el art. 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades . No obstante, cuando esas circunstancias afecten sólo a parte de los estudios realizados, los estudios parciales que no incurran en ellas podrán ser objeto de convalidación, en su caso.

(...)".

No hay duda de que la decisión del legislador de incluir en la nueva disciplina de la homologación de los títulos extranjeros de educación superior las reglas recogidas en el precepto reproducido de la Ley Orgánica 6/2001, con su consiguiente desarrollo reglamentario, corrobora que, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 no era exigible, para obtener la homologación, el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria para obtener el título universitario extranjero contaran con la autorización prevista en el Real Decreto 557/1991 .

Por lo demás, la Sentencia de esta Sala de 12 de abril de 2005 (casación 6026/2002 ) ofrece consideraciones de interés para el caso que nos ocupa. Ciertamente, se pronuncia sobre un supuesto que no coincide con el que aquí está planteado. No obstante, sí guarda con él claros elementos de afinidad. Se trataba allí de la denegación de la habilitación para el ejercicio en España de las profesiones de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial solicitada por quien poseía el título de Bachelor of Science in Technology Management with Second Class Honours , expedido por el University of Wales Institut de Cardiff (Reino Unido). Tal denegación se debió a que el solicitante se había formado en el Centro de Estudios Superiores San Valero, de Zaragoza, que no contaba entonces con la autorización administrativa española. Tras diferenciar entre homologación de títulos y habilitación para el ejercicio profesional en virtud de un título expedido por un Estado miembro de la Unión Europea, la Sentencia, respecto de la exigencia de la autorización del centro situado en España en el que se cursaron los estudios en cuestión, dice:

"En el presente caso es obvio que el interesado ha solicitado no la homologación de su título sino el reconocimiento a efectos del ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial, tal cual indicó inicialmente y en el suplico de la demanda. A estos efectos, lo importante es el título expedido al margen del lugar en que los estudios fueron realizados, pues nada impide a un Estado miembro de la Unión Europea reconocer estudios realizados en Centros de otro Estado miembro y con base en los mismos otorgar el correspondiente título. El control de calidad de los estudios y demás medidas de garantía deben reconocérsele al Estado que expide el título, que hay que presumir por su propio interés que velará por la regularidad y cualificación de los mismos. No otra cosa puede extraerse del artículo 2º del Real Decreto 1665/91 que como requisito para ejercer en España una profesión regulada por nacional de un Estado miembro de la Unión Europea únicamente exige estar en posesión de un título obtenido en un Estado de la Unión Europea, y ello con independencia del lugar en que los estudios se cursaron, pues el artículo 1º define como título, "cualquier título expedido por una Autoridad competente en un Estado miembro, que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del mismo nivel de formación y que posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en dicho Estado miembro, siempre que la formación haya sido adquirida principalmente en la Comunidad o el titular tenga una experiencia profesional de tres años acreditada por el Estado miembro que haya reconocido el título"; es decir, se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: título, superación de estudios postsecundarios de duración mínima de tres años y que la formación haya sido adquirida en la Comunidad. Dichos requisitos concurren en el interesado, por lo que debe estimarse su recurso de casación, sin que pueda observarse la existencia de un fraude de ley, en atención a lo que a continuación se dirá".

En definitiva, el criterio que lleva a esta Sentencia a estimar el recurso de casación es, sustancialmente, el que hemos observado a propósito de la homologación del título Don. Clemente , ya que el problema que resuelve es, en el fondo, el mismo: la aplicabilidad de las normas sobre autorización de Universidades y Centros Universitarios a los procedimientos de homologación de títulos o de habilitación para el ejercicio profesional. Aplicabilidad que se estima improcedente, según la normativa anterior a la Ley Orgánica 6/2001 , en la Sentencia citada y en la que estamos dictando".

De acuerdo, pues, con el criterio jurisprudencial mencionado, plenamente aplicable al caso que se enjuicia, en el que el título que se pretende homologar -al que se refiere el suplico del escrito de interposición del recurso de casación- se otorgó el 10 de julio de 1998, debe acogerse el recurso de casación interpuesto por don Candido , debiéndose con ello estimar el recurso formulado.

CUARTO .- La estimación del anterior motivo de casación obliga a esta Sala de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción a resolver la cuestión de fondo en los términos en que aparezca planteado el debate que, de acuerdo con las razones que han sido expuestas en el anterior fundamento, conllevan la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, mandando retrotraerse las actuaciones al momento de la solicitud inicial de la homologación, ordenando iniciar y tramitar al Ministerio de Educación y Ciencia el correspondiente expediente en el marco del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero , en el que se emita el oportuno dictamen por el comité técnico competente acerca del juicio de equivalencia de la formación cursada por el interesado en relación con la exigida en España para la obtención del grado académico de Licenciado, y tras los trámites pertinentes se dicte la resolución que proceda.

QUINTO .- No hacemos declaración especial sobre las costas de la instancia y en cuanto a las del presente recurso que cada parte satisfaga las suyas.


FALLAMOS


Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por don Candido , que actúa representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Nuria Lasa Moro, contra la Sentencia de fecha 14 de mayo de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 839/2007 , y en su virtud: PRIMERO.- Casamos y anulamos la citada sentencia. SEGUNDO .- Estimamos el recurso contencioso administrativo, interpuesto por don Candido contra la Orden de 4 de julio de 2006 del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, confirmada en reposición por Resolución de 13 de septiembre de 2007 del Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, por delegación de la titular del Departamento, y anulamos la citada Orden de 4 de julio de 2006 y la resolución de 13 de septiembre de 2007 por no resultar ajustada a Derecho. TERCERO.- Ordenamos la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Cuarto. CUARTO .- No hacemos declaración especial sobre las costas de la instancia y en cuanto a las del presente recurso que cada parte satisfaga las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.


Abogado3044 :

Siempre se va a exigir que sea OFICIAL

Customer:

Estimado abogado:El titulo que tengo Ph.D. esta APOSTILLADO El acuerdo de La Haya esta firmado por Espana y tambien por Israel y esta otorgado por AIU una Universidad Oficial de USA,, pero que no esta ACREDITADA ante el ministerio de Educacion de USA. Cuando usted dice OFICIAL se refiere a OFICIAL o a ACREDITADA que no es lo mismo.

Customer:

Estimado Abogado: El titulo que poseo es de PH.D. esta APOSTiILLADO (Espana e Israel firmaron el acuerdo de La Haya) El titulo lo otorgo AIU una universidad OFICIAL en USA que no esta ACREDITADA ante ningun MInisterio de Educacion. Cuando Usted dice OFICIAL se refiere a OFICIAL o ACREDITADA que no es lo mismo. Suponiendo que no pido homologacion ni reconocimiento, puedo en Espena o en Israel (le recuerdo el titulo esta APOSTILLADO) llamarme y figurar como Dr. XXXX sin ser contraventor o ser acusado de fraude

Abogado3044 :

Estimado cliente, que esté apostillado sólo verifica la autenticidad del titulo, extremo éste que no se discute

Abogado3044 :

Una Universidad no acreditada, no es titulación oficial.

Abogado3044 :

Lamento ser tan pesimista pero faltaría a mi ética si le digo que le van homologar el título

Abogado3044 :

Para mi sería mucho más fácil ponerle lo que quiere leer, pero le estaría engañando

Abogado3044 :

Supongo que busca un servicio honesto y de calidad y no un engaño

Abogado3044 :

Un saludo

Customer:

No necesito homologar el titulo.ni pedir que me lo reconozcan para trabajar. quiero saber si como le pregunte, si puedo llamarme Doctor y escribir que soy doctor sin ser contraventor o ser acusado de fraude. . No pienso radicarme en Espania ni trabajar en Espana en forma permanenete.

Abogado3044 :

No, no puede. Legalmente no puede

Abogado3044 :

Se le puede acusar de intrusismo

Customer:

No tengo necesidad de homologar mi titulo, ni de convalidarlo ni de que me lo reconozcan en Espanya, ni deseo

Abogado3044 :

Pues bien, sin él homologado no puede ejercer

Customer:

No tengo necesidad de homologar mi titulo, ni de convalidarlo,ni que me lo reconozcan profesionalmente.y no pienso radicarme en Espana ni seguir estudios. ni es lo que estoy esperando leer. Le agradezco ademas su honestidad. Estoy trabajando como profesor visitante estranjero en Espana desde 1981. Lo que quiero saber es si puedo llamarme y escribir ahora que soy Doctor sin que se me acuse de ser un transguesor y de fraube.

Abogado3044 :

Reitero, estimado cliente, sin pretensión de ser soez, y si honesto que no debe hacer eso, no obstante, si es sólo una firma, la responsabilidad tampoco es alta

Abogado3044 :

En resumen, legalmente no puede, pero el riesgo de tener problemas si lo hace, si sólo es un afirma, no es alto

Abogado3044 :

Un saludo

Customer:

No necesito homologar mi titulo, ni convalidarlo, ni pedir reconocimiento profesional ni me voy a radicar en Espanya ni seguir alli estudios, ni quiero leer nada en ese sentido. Estoy trabajando en Espana como profesor invitado desde el anyo 1981. Lo que quiero saber es si ahora teniendo este nuevo titulo puedo llamarme y escribir Doctor xxx sin ser un transgresor y ser acusado por fraude.

Abogado3044 :

Reitero, estimado cliente, sin pretensión de ser soez, y si honesto que no debe hacer eso, no obstante, si es sólo una firma, la responsabilidad tampoco es alta








En resumen, legalmente no puede, pero el riesgo de tener problemas si lo hace, si sólo es un afirma, no es alto









Un saludo



Customer:

Le agradezco su honestidad. Si quisiera homologarlo yo se como hacerlo. El Rector de la Universidad Politecnica de Barcelona tiene autoridad para homologar o convalidar titulos para continuar estudiando. Parte de mi doctorado lo efectue en Barcelona en la Universidad de Barcelona, indiscutiblemente acreditada, la tesis y mucho mas la hice en AIU USA no acreditada. La homologacion no es ahora mi tema. Por favor puede Ud. responderme a mi pregunta especifica: Puedo o no utilizar en Espanya el titulo de Doctor. En Israel el titulo es legal de ser usado segun los juriconsultos consultados alli. Usted que opina ?

Abogado3044 :

Pues bien, usar el título sin estar acreditado en el país de origen, no es esctrictamente legal. A efectos prácticos no le va a dar mayor problema y no creo que nadie le busque problemas por ello, con el objeto que Ud quiere usarlo. En resumen, puede usarlo porque no le va a causar problemas, pero no es estrictamente legal

Customer:

Muchisimas gracias, XXXXX XXXXX me es muy util.

Abogado3044 :

Gracias XXXXX XXXXX

Abogado3044 :

Le agradecería una valoración positiva del servicio prestado

Abogado3044 :

Pase una buena noche

Abogado3044 y otros 2 otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle