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Mariatf19
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Buenas tardes. Necesitaria ayuda con este caso en concreto

Pregunta del cliente:

Buenas tardes. Necesitaria ayuda con este caso en concreto y sus respuestas.
Muchas gracias
Reclamación de cantidad por retraso del vuelo al punto de salida y pérdida parcial del viaje (viajes contratado por Internet). María, Pedro, Celia, José y Luis son un grupo de amigos de Madrid que desean pasar las vacaciones de verano en la isla griega de Kalymnos, en el archipiélago del Dodecaneso. Para ello, tienen que volar primero a Atenas, y una vez allí, tomar el vuelo directo a Pothia (capital de esa isla) que diariamente sale desde el aeropuerto de Atenas a las 15:00 h pm, y cuyo importe es de 100 euros (y han pagado online). En Pothia, los amigos han contratado y pagado ya alojamiento en el Evanik Hotel por diez noches. Sin embargo, el vuelo de salida para Atenas, fletado por aerolínea española con sede social en Barcelona, y previsto para las 9:30 horas am, se suspende por problemas técnicos de la aeronave, obligándoles a pasar más de diez horas en el aeropuerto de Barajas, y volar en un vuelo especial habilitado por la compañía a la 19:30 horas pm. Inevitablemente, este hecho provoca la pérdida de la primera noche de hotel en la isla de Kalymnos, y obliga, además, a que el grupo de amigos tenga que contratar un hotel en Atenas, por importe de otros 100 euros, para aguardar allí el único vuelo a la mencionada isla que todos los días parte de Atenas a las 15:00 horas pm.
Se pretende reclamación de cantidad (por cuantía inferior a 2.000€) por los perjuicios causados cuando tras contratar un viaje por Internet con la aerolínea, los viajeros sufren un retraso en el vuelo de ida, con pérdida de los primeros servicios del paquete vacacional previsto por ellos (pérdida de vuelo directo a la isla y una noche de hotel) y pago de otra noche de hotel adicional en Atenas. Con el modelo de demanda no se necesita acudir a los tribunales con abogado, ni procurador, ni pagar la tasa judicial. Y permiten reclamar acumuladamente una indemnización por la demora en el vuelo, otra por la pérdida de los primeros servicios turísticos contratados y pagados directamente por el grupo de amigos (vuelo a la isla y primera noche de hotel), y otra por los perjuicios morales sufridos consecuencia de lo anterior.
Lee atentamente el caso práctico y, a continuación, redacta un escrito de demanda ajustado a las pretensiones de los viajeros. No olvides señalar detalladamente en el escrito de demanda los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional (jurisdicción, competencia objetiva y territorial), así como los presupuestos procesales de las partes (capacidad, legitimación, postulación, representación), el tipo de procedimiento que debe seguirse etc… Además responde a las siguientes cuestiones:
¿Cuál es el procedimiento que corresponde a la pretensión que desea formular el grupo contra la compañía aérea?
¿El grupo de amigos puede actuar sin necesidad de abogado y procurador para demandar a la compañía aérea? Razone la respuesta con indicación de la norma procesal concreta aplicable al caso.
En el contrato de viaje con la aerolínea hay una cláusula de sumisión expresa da los juzgados y tribunales de Barcelona, en ese supuesto ¿puede el grupo de amigos madrileños demandar directamente a la compañía en Madrid? Razone la respuesta con invocación del precepto legal aplicable.
Imaginemos que con posterioridad a la demanda de nuestro grupo de amigos afectados por el retraso, existen otros pasajeros que con motivos semejantes a nuestro grupo demandan a la compañía aérea ante los tribunales de sus domicilios respectivos (diferentes a Madrid), ¿puede acordarse de oficio la acumulación de procesos? ¿ante qué tribunal procede la acumulación?
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Legal
Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.
Hola buenas noches. Me llamo María y trabajo como abogada. Le respondo sobre las 11 sino tiene prisa.
Cliente: escribió hace 1 año.

Hola Maria.

No hay ninguna prisa, lo necesito para mañana por la noche asi que no hay problema.

Muchas gracias

Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.
Ok perfecto. Luego le respondo.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.

Hola buenas tardes. Le voy a contestar a cada una de las preguntas formuladas y le voy a proporcionar un modelo de demanda que saqué en su momento de internet y que he utilizado en una reclamación similar aunque había excursiones también contratadas. El modelo de demanda tiene usted que ajustarlo a su concreta situación. AL JUZGADO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA Don/Dña. _______________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________________ CP______ de____________, y con DNI ________________________, actuando en nombre y representación propio (si son mas de uno los contratantes del viaje, indicar datos personales de cada uno; y para el supuesto de menor de edad indicar, “en nombre y representación del menor_nombre y apellidos_), ante el Juzgado respetuosamente comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO: Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD por importe de __________________€ contra la MERCANTIL ________________ (identificar la denominación social de la agencia de viajes) en la persona de su representante legal, con oficina abierta en ________________ , (indicar el domicilio social de la empresa), de ______________, CP ______ ; fundamentando dicha pretensión en los siguientes HECHOS Primero.- Contraté/contratamos (según proceda) por internet, en fecha ____________ con la demandada un paquete de vacaciones que, tal y como consta en el bloque documental número uno (consistente en programa o folleto informativo que contiene la oferta sobre el viaje combinado, itinerario del viaje, y factura emitida por la agencia de viajes), incluía: • Viaje en avión desde _______________________ • Estancia de __________________ • Traslados desde ____________________ • Excursión a _____________________ Como puede comprobarse, el vuelo de ida tenía prevista su salida el día ______________ a las ________ horas y llegada el día ___________ a las ________________ horas. Segundo.- Pagué el precio total del viaje combinado, tal y como consta en el bloque documental número uno. Tercero.- Una vez en el aeropuerto, nos comunicaron que _______________ (exponer los hechos), por lo cual el vuelo salió con retraso, llegando a su destino a las ___________ horas del día ____________, provocando dicho retraso la pérdida de los primeros servicios del viaje combinado, como acredita el programa y/o folleto informativo del viaje combinado adjuntado a la demanda. Cuarto.- La cuantía que por medio de esta demanda se reclama, asciende a la cantidad de ________________ € (indicar la cuantía total, que deberá NO ser superior a 2000€) , según el siguiente desglose: 1.- Indemnización por retraso aéreo (Indicar la opción a), b) o c) que correspond, según la distancia entre el lugar de salida y llegada), conforme al artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, de acuerdo con la siguiente tabla: a) 250 euros para vuelos de hasta 1 500 kilómetros; b) 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros; c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o b). 2.- Pérdida de los primeros servicios turísticos del viaje combinado, valorados prudentemente por esta parte en __________________€. 3.- Daños y perjuicios morales, que esta parte prudentemente valora en otros_______________ euros ( €). Quinto.- Todos los intentos llevados a cabo por esta parte a fin de llegar a una solución amistosa han resultado infructuosos, motivo por el cual esta parte se ha visto obligada a presentar esta demanda. Adjunto se acompaña como documento número dos, (toda aquella documentación que acredite la realización de algún requerimiento previo, como puede ser correos electrónicos, fax, burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, actuaciones realizadas a través de algún organismo de consumo…). A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Jurisdicción. Son de aplicación al caso el artículo 117 de la Constitución Española, y el artículo 21 de la L.O. del Poder Judicial, que determinan la jurisdicción ordinaria como la única competente para conocer de los negocios o demandas civiles que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. Son competentes los tribunales españoles de la jurisdicción ordinaria, para el conocimiento del asunto, incluso para el caso de que la mercantil demandada no tenga establecimiento abierto en territorio nacional, cuando el viaje combinado se haya adquirido por internet, por cuanto se dispone, entre otros, en el artículo 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. El artículo 9.2 LOPJ dispone que los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. El artículo 36 de la LEC, dispone la extensión y límites del orden jurisdiccional civil. Segundo.- Competencia. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 48 de la L.E.C., en cuanto a la competencia objetiva y funcional tiene con carácter exclusivo, para conocer del proceso que se promueve, el Juzgado de lo Mercantil de esta localidad que por turno corresponda, según el artículo 68 de la Ley 1/2000, y al resultar de aplicación lo dispuesto en el artículo 86 ter-2 b) L.O.P.J que contempla la competencia de los Juzgados de lo Mercantil para "Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional." Ello es así, incluso para los casos de acumulación de acciones como el presente, en el que acumulamos tanto la acción por retraso de transporte aéreo como la acción por incumplimiento del viaje combinado por la perdida de los primeros servicios contratados. Así lo ha venido interpretado numerosa jurisprudencia, v.gr. la Audiencia Provincial de Vizcaya en la sentencia nº 539/2011, de 22 de julio de 2011, cuyo fundamento de derecho segundo, desestima la declinatoria planteada manifestando que ‘‘… la acción no sólo se fundamentaba en la normativa relativa a los viajes combinados y en la LEDECOU sino también y sobre todo en el Reglamento (CE) nº 261/2004 …, lo que permite derivar sin mayor problema la competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil de conformidad con el articulo 86 ter-2 B) de la LOPJ; confirma lo anterior la sentencia aportada en papel por la parte recurrida en su oposición al recurso de apelación, en relación a un asunto similar resuelto en primera instancia por el juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid’’. Territorialmente, al tener el actor la condición de consumidor que se ha adherido a una oferta pública comercial, resulta competente para el conocimiento de la presente demanda el Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad al que por reparto corresponda (artículo 68 de la Ley 1/2000), conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Rituaria. Así se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo de modo pacífico y reiterado a través de los Autos de 10 de octubre de 2007; 13 de abril de 2007; 5 de noviembre de 2004 y 7 de octubre de 2004, en resolución de los conflictos de competencia elevados. Tercero.- Capacidad y legitimación. Ambas partes se encuentran capacitadas y legitimadas activamente la demandante y pasivamente la demandada a tenor de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 10 LEC. Resulta evidente que, en materia de viajes combinados según el artículo 151 del TRLGDCU, tendrá la consideración de consumidor o usuario cualquier persona en la que concurra la condición de contratante principal, beneficiario o cesionario. Según el mismo artículo es beneficiario la persona física en nombre de la cual el contratante principal se comprometa a comprar el viaje combinado, y cesionario la persona física a la cual el contratante principal u otro beneficiario ceda el viaje combinado. En cuanto a la legitimación pasiva de la agencia minorista demandada cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 2010, la cual indica: “….De este modo resulta lógico que el minorista responde frente al consumidor y para no dejarle desamparado, la regla de la solidaridad le va a permitir repetir contra el mayorista…”. Y también la sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2011, donde se dice: “…La relación existente entre la agencia y el usuario es la propia derivada de un contrato de compraventa, actuando la agencia como vendedora, en nombre y por cuenta propia, de los productos creados por ella o por una tercera (mayorista)…” Cuarto.- Postulación y representación. Se cumplen con las normas procesales de postulación conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la Ley Procesal Civil, al no exceder la cuantía de la demanda de la suma de 2.000 €. Quinto.- Procedimiento, copias de escritos y documentos y su traslado y cuantía. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248.2.2º, 250.2 LEC, corresponde dar a la presente demanda la tramitación prevista para el juicio verbal, regulado en el Título III del Libro II de la Ley (artículos 437 y siguientes), siendo así mismo de aplicación las Disposiciones Comunes a los Procesos Declarativos previstas en el Título I de dicho Libro (artículos 248 y siguientes), y con especial atención al artículo 254 siempre del mismo cuerpo legal. Respecto a la acumulación objetiva de acciones, una en materia de transporte aéreo y otra en materia de viajes combinados, resultan de aplicación los artículos 71 y siguientes de la LEC, como así lo ha entendido la Audiencia Provincia de Vizcaya en la citada sentencia 539/11. Se presentan así mismo los escritos y documentos debidamente firmados, respondiendo de su exactitud con acatamiento de lo imperado por el artículo 274 LEC. Expresa el actor su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, interesando a tenor de lo establecido en el artículo 231 LEC la subsanación de cualquier defecto en el que hubiera podido incurrirse. Por exigirlo el apartado 1º del artículo 253 LEC, manifestamos que la cuantía de esta demanda es la expresada en el hecho cuarto de esta demanda, calculada con arreglo a la regla 1ª del artículo 251 del mismo cuerpo legal. Sexto.- Fondo. A) Del principio pro consumatore. Consagran el principio pro consumatore el artículo 153 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, y los artículos 51.1 y 53.3 CE. Nos hallamos ante reglas impuestas a los poderes públicos, que en consecuencia habrán de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, vinculando en suma al legislador (STC 71/1982, de 30 de noviembre) y al juez y poderes públicos (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero). B) De la protección de los intereses económicos de los usuarios. Merecen especial tutela los intereses económicos de los consumidores según reconocen los artículos 8 b), 19, 107 y siguientes, 128, 132, 147, 148 y concordantes, así como lo dispuesto en los artículos 150 y siguien-tes, sobre viajes combinados, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU). El contrato de viaje combinado, definido en el vigente artículo 151.1 a) TRLGDCU, ha sido calificado en suma tradicionalmente por la doctrina (vid. ARCARONS, R/ CASANOVAS, O/ SERRACANT, F. Manual de Derecho Mercantil aplicado a las enseñanzas turísticas, Madrid, 1999, p.165; GÓMEZ CALLE, E.., CÁMARA LAPUENTE, S. Comentarios a las normas de protección de los consumidores, Madrid, 2011, p.1305 y siguientes) como un contrato con marcado carácter típico, bilateral o sinalagmático, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo, de resultado y de adhesión. Siendo cuestión pacífica entre las partes la condición de viaje combinado, y su consecuente regulación por el TRLGDCU, ha de tenerse presente para un adecuado enfoque que, por imperativo de lo dispuesto en su artículo 10, son irrenunciables los derechos reconocidos en ella a los consumidores y usuarios. El artículo 154.1.j del TRLGDCU, establece que el contrato de viaje combinado deberá formularse por escrito y contener entre sus cláusulas: “El precio del viaje combinado, desglosando los gastos de gestión, así como una indicación de toda posible revisión del mismo, ajustado a lo previsto en el artículo 157, y de los posibles derechos e impuestos correspondientes a los servicios contratados, cuando no estén incluidos en el precio del viaje combinado.” C) También resultan aplicables las normas sobre incumplimiento contractual contenidas en el Código Civil, recordando que los daños y perjuicios son reclamables, tanto en supuesto de culpa extracontractual como de culpa contractual, como responsabilidad del dañador, conforme a los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil. D) De la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico; Artículos 23 y siguientes en cuanto a la validez y normativa aplicable al contrato, y 29 en lo que se refiere a la residencia del consumidor en como lugar de celebración del mismo, al haber sido contratado el viaje por Internet. E) Respecto a la responsabilidad solidaria del operador minorista, con la compañía aérea, con los establecimientos hoteleros, y con la mayorista del viaje, es preciso recordar que la Exposición de Motivos del TRLGDCU establece como uno de los objetivos del texto armonizar el régimen de responsabilidad civil y establece un único sistema, a través de la regulación prevista en su Libro III, donde el artículo 132 prevé que tal responsabilidad tendrá el carácter necesariamente de solidaria ante los perjudicados, sin perjuicio de su posibilidad de repetir frente a quien considere responsable. A través de esta norma se superan las dudas generadas por la legislación anterior y se sigue el criterio mayoritario de la jurisprudencia. En igual sentido hay que entender la previsión del artículo 133, el cual extiende la solidaridad no sólo al caso de que el daño se haya causado por el uso del bien o servicio, sino también cuando haya intervenido un tercero en la producción de dicho daño, que igualmente responderá solidariamente, sin perjuicio de las acciones de repetición que puedan ser ejercitada entre los causantes del daño, y a todo lo anterior podemos sumar lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 162.1, relativo a la responsabilidad de los organizadores y detallistas. Así lo ha entendido la Audiencia Provincial de Burgos en sentencia nº 41/2011, de la Sección 2ª, de fecha uno de febrero, en su fundamento de derecho segundo, cuando establece: “siendo aplicable una legislación de Noviembre del año 2007 (TRLDCYU – RD 1/2007), resulta inaplicable la jurisprudencia invocada del año 2000 y 2002, procede indicar que la dicción del artículo 162.1.2, vigente y aplicable, es indubitada en el sentido de que: “la responsabilidad frente al consumidor será solidaria en cuanto empresarios, sean organizadores y detallistas, concurran conjuntamente el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos…” Así mismo, el artículo 162.2 TRLDCYU establece que: “Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato”. Y bien entendido que “detallista” es la “persona física o jurídica que organiza el viaje combinado propuesto por el organizador” (art. 151). Asimismo, el régimen de responsabilidad establecido es la “solidaridad” del art. 1144 CCv en relación con el art. 132 y aún cuando haya intervenido un tercero en la producción del daño reclamado (art. 133).” F) Del retraso del transporte aéreo. El retraso, con sus consecuencias (artículos 1101 y 1107 CC), existe cuando finalizado el plazo, el pasajero no hubiera sido transportado a su lugar de destino, siendo inconcebible según apunta lo apreciado en la SAP de Barcelona de 4 de marzo de 2002 que a algún pasajero le sea indiferente el momento en que debe llegar al destino. Esto es el régimen de horarios es elemento básico de la relación contractual. Tal y como señala la SAP de Madrid de 17 de diciembre de 2004 se integra necesariamente en el contrato, como condición esencial del mismo, sin que pueda quedar al arbitrio de ninguna de las partes –art. 1256 CC- (…). El artículo 19 del Convenio de Montreal dispone que: “El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga” y que se infiere en el art. 94 de la Ley 48/1960, de Navegación Aérea. En cuanto a normativa comunitaria, resulta aplicable el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, que entró en vigor el 17 de febrero de 2005, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91. Tras la aprobación del Reglamento comunitario, la International Air Transport Assotiation (IATA) y la European Low Fares Airline Association (ELFAA) solicitaron que se derogasen los artículos 5, 6 y 7, cuya plena validez fue reconocida por la Sentencia del TJCE Pleno, de fecha 10 enero 2006. El referido Tribunal de Luxemburgo, en sentencia de 19 de noviembre de 2009, ha reconocido la aplicación del presente texto para retrasos superiores a tres horas, pues considera que si los pasajeros de vuelos cancelados con poca antelación tienen derecho a ser indemnizados siempre que aterricen tres horas más tarde de lo previsto aún cuando la compañía aérea les ofrezca un vuelo alternativo, lo mismo debe ocurrir con los que sufren retrasos. Por lo cual, en el presente caso deberá concederse la indemnización material mínima, reconocida en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, que en el caso que nos ocupa asciende a la cuantía establecida en el hecho cuarto de la presente demanda, importe que no supera los derechos especiales de giro recogidos en el artículo 22 del Convenio de Montreal. Debe prescindirse de la alusión por la demandada a cualquier cláusula exoneradora o limitativa de la responsabilidad de la compañía por razón del incumplimiento del horario fijado, por su carácter abusivo y por tanto nulo a tenor de lo dispuesto en los artículos 85 y ss TRLGDCU y aceptado de modo unánime en nuestros tribunales (SSAP de Baleares de 18 de febrero de 1998 y 16 de mayo de 2003; SAP de Barcelona de 4 de marzo de 2002; SSAP de Madrid, 15 de enero de 2002, 17 de diciembre de 2004, 15 de septiembre de 2005; SSAP de Asturias de 28 de noviembre de 2001, 24 de diciembre de 2001, 21 de enero de 2002; SAP de Vizcaya de 9 de noviembre de 2000; SAP de Sevilla de 31 de octubre de 2003). G) De incumplimiento del viaje combinado, por pérdida de los primeros servicios turísticos. El artículo 12.1 del Reglamento 261/2004 dispone “El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria” por ello, la pérdida de los primeros servicios turísticos, consecuencia del retraso del primer vuelo, se han valo-rado prudentemente por esta parte en el hecho cuarto de la demanda. Así lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 23 de octubre de 2012, en la que afirma que la obligación compensatoria por el retraso o la cancelación no impide que, si a consecuencia de estos se hayan causado daños individuales, los perjudicados puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización individuales de dichos daños. Resulta evidente que el viaje combinado contratado por esta parte tenía incluido, como elementos del mismo, servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyen una parte significativa del viaje combinado, tal y como consta en el documento número uno de esta demanda y que no pudieron ser disfrutados. La vinculación para las empresas minoristas de las ofertas emitidas y la posibilidad de los consumidores y usuarios de exigir su cumplimiento ya fue reconocida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1999, en la interpretación de los artículos de la antigua Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Y el actual artículo 61 del TRLGDCU, protege al consumidor cuyas expectativas basadas en la publicidad han quedado defraudadas con independencia de la intencionalidad o negligencia del anunciante, a lo cual podemos añadir lo dispuesto, en el mismo sentido y para el tema particular de los viajes combinados, en el artículo 153 del TRLGDCU, sobre el carácter vinculante del programa oferta. Debe exigirse a la contraria el cumplimiento del contrato en los términos pactados, también de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1088, 1089, 1090, 1091, 1254 y 1258 Código Civil, en cuanto establecen las disposiciones generales relativas a las obligaciones, y por los cuales deberá condenarse a la parte que no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, al cumplimiento forzoso en los términos y por el precio en los que se comprometió a hacerlo. El defectuoso cumplimiento por la demandada, supuso un perjuicio material que permite a esta parte solicitar la indemnización por la parte no disfrutada de los servicios turísticos contratados y pagados, según lo expuesto en los hechos primero a tercer y cuantificado en el hecho cuarto de este escrito. Huelga ahondar, conforme consolidada jurisprudencia, en la improcedencia de cualquier alegación exculpatoria basada en averías (SAP de Madrid de 15 de julio de 2007 o SAP de Sevilla de 31 de octubre de 2003) o conflictos laborales atinentes al ámbito interno de la empresa (SAP de Asturias de 24 de diciembre de 2001 o SAP de Barcelona de 19 de junio de 2002 y en el mismo sentido Tribunal de Apelación de Paris de 13 de febrero de 1970) o falta de disponibilidad de la aeronave procedente de otro aeropuerto (SAP de Sevilla de 31 de octubre de 2003) o congestión del tráfico aéreo pues son éstas mismas las responsables conforme a la doctrina del riesgo (SSTS de 20 de diciembre de 1989, 28 de mayo de 1990 o 20 de mayo de 1993) pues no pueden ser consideradas razones de fuerza mayor por no resultar imprevisibles ni inevitables. La sentencia del TJCE Pleno, de fecha 19 de noviembre de 2009, también establece que las aerolíneas quedarán exentas de la obligación de indemnización siempre que puedan probar que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias que escapan al control efectivo de la compañía y que no podrían haberse evita-do. Pero en este sentido, el Tribunal recuerda que no podrán considerarse "circunstancias extraordinarias" los problemas técnicos surgidos en el avión a menos que se deriven de acontecimientos que no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad de la compañía. H) Del reconocimiento del daño moral. A fortiori, interesa subrayar a esta parte la existencia de un daño moral indiscutible e indemnizable, reconocido en los artículos 128 del TRGDCU y 1.258 del Código Civil, así como en profusa jurisprudencia, que se han sido prudentemente cuantificados en el hecho cuarto de la demanda. Constituye pacífica doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo, aceptar sin reparo la procedencia de los mismos, en especial en los daños sufridos con relación al transporte aéreo, cuya compatibilidad con la indemnización establecida por daños materiales admite de modo indubitado (SSTS de 20 de mayo de 1998 o de 31 de mayo y 11 de octubre de 2000). La situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico (STS de 22 de mayo de 1995, STS de 19 de octubre de 1996, STS de 27 de septiembre de 1999, entre otras). La reciente jurisprudencia se ha referido a diversas situaciones, entre las que cabe citar el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual (STS de 23 de julio de 1990), impotencia, zozobra, ansiedad, angustia (STS de 6 de julio de 1990), la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (STS de 22 de mayo de 1995), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (STS de 27 de enero de 1998), impacto, quebranto o sufrimiento psíquico (STS de 12 de julio de 1999). La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 26 noviembre 2001, entendió que el daño sufrido por dos personas por la pérdida de un día de vacaciones, sumado al disgusto, el temor a perder el enlace con otro vuelo, el tránsito acelerado en los aeropuertos, y las reclamaciones extrajudiciales y judiciales, debía valorarse en 1.502,53 €. La misma Audiencia, en Sentencia de 28 noviembre 2001, y para cuatro demandantes valoró el perjuicio en 2.434,09 €. La sentencia de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Burgos nº 41/2011, de 1 de febrero de 2011, tras analizar el incumplimiento del contrato del viaje combinado establece: “Todo ello supone una limitación en las expectativas de un viaje placentero y plenamente satisfactorio, sobre todo cuando el viaje era de recreo y, sobre todo, cuando se contrataba con una agencia cuyo lema es la plena satisfacción del cliente … Considerando todos estos elementos, considerando los daños materiales probados y considerando la naturaleza de los daños morales concurrentes, procede fijar una indemnización de 450 € por daño moral y de 16,30 € por daños material acreditado” I) De la responsabilidad objetiva de los operadores. Es preciso traer a colación el régimen de responsabilidad objetiva impuesta legalmente, en los artículos 147 y 148 del TRLGDCU. En relación con la responsabilidad objetiva del transportista es de aplicación lo dispuesto en el artículo 116 Ley Sobre Navegación Aérea. Séptimo-. Valoración de la prueba. Según lo dispuesto en el artículo 217.7 LEC, corresponde al juzgador valorar las pruebas teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en el litigio. En este sentido, se ha manifestado el TS a través, entre otras, de sus Sentencias de 8 de febrero o 22 de diciembre de 2001, trasladándose de modo particular esta doctrina al usuario de transporte aéreo a título ilustrativo por la SAP de Baleares de 11 de octubre de 2000, SAP de Barcelona de 31 de enero de 2002; SAP de Madrid de 26 de septiembre de 2002, SAP de Alicante de 7 de octubre de 2004. Con relación a la carga de la prueba sobre los daños morales, presenta múltiples posibilidades, sobre todo como reconoce nuestro alto Tribunal por la variedad de circunstancias en que puede producirse. Así se explica que sostenga nuestro Tribunal Supremo que la falta de prueba no basta para rechazar de plano el daño moral (STS de 21 de octubre de 1996), o que no es necesaria puntual prueba o exigente demostración (STS de 15 de febrero de 1994), o que la existencia de aquél no depende de pruebas directas (STS de 3 de junio de 1991). Lo normal es que no sean precias pruebas de tipo objetivo (STS de 23 de julio de 1990, STS de 29 de enero de 1993, STS de 9 de diciembre de 1994 o STS de 21 de junio de 1996, entre otras), sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes (STS de 29 de enero de 1993 y STS de 9 de diciembre de 1994). Cuando el daño moral depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la in re ipsa loquitur, o cuando se da una situación de notoriedad (STS de 15 de febrero de 1994 y STS de 11 de marzo de 2000), no es exigible una concreta actividad probatoria, y resulta evidente que esta doctrina es aplicable a la aflicción producida por el retraso del avión, que además produjo la perdida de los servicios turísticos. Octavo. Intereses. Han de adicionarse al principal los intereses correspondientes por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1.108 CC, 1.101 CC y 1.124 CC, y 576 LEC. Noveno.- Costas. Han de imponerse las costas a la demandada conforme a lo establecido en el artículo 394 LE Décimo.- Iura Novit Curia. Y en todo lo no invocado resulta de aplicación el principio iura novit curia, plasmado en el art. 218.1 LEC. En virtud de lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO: Se tenga por presentado este escrito junto con los documentos y copias que se acompañan, se sirva admitirlo, y en mérito al mismo tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO VERBAL EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra la mercantil circunstanciada en su encabezamiento y, previo cumplimiento de los trámites procesales de rigor y recibimiento del pleito a prueba interesado desde este momento, se dicte en su día sentencia por la que, estimando íntegramente ésta demanda, CONDENE a la mercantil _________________ (indicar el nombre de la empresa), al pago de _____________________ euros (cuantía que deberá NO SER SUPERIOR a 2.000€) más los intereses especificados en el cuerpo de esta demanda y todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada, todo ello por ser de Justicia que respetuosamente pido en la ciudad de _______________, con fecha__________. OTROSI DIGO.- Que la presente demanda se encuentra exenta de la obligación de abono de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el órdenes civil, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en concordancia con el artículo 1.2 de la Orden HAP/2662/2012 de 13 de Diciembre, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativa y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. Adjuntando a la presente el modelo 696 debidamente validado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la citada Orden. SUPLICO AL JUZGADO, Que tenga por efectuada la anterior manifestación, y por adjuntado el modelo 696 debidamente validado. Fdo: _________________________

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Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.
En cuanto a su primera pregunta la pretensión a ejercitar es la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad por incumplimiento contractual de la empresa, por ser la cuantía de la reclamación inferior a 6000 euros en cuyo caso sería demanda de juicio ordinario.
En cuanto a su segunda cuestión al ser la cuantía inferior a 2000 euros no es necesario la asistencia de abogado y procurador conforme determina el artículo 23.2 de ley de enjuciamiento civil.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos:
1.º En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.º En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.º En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
Respecto a la tercera pregunta si hay una cláusula de sumisión expresa a los tribunales de Barcelona la demanda tendrá que interponerse en Barcelona conforme determina el artículo 55 y el artículo 57 de la LEC.
Artículo 57 Sumisión expresa y reparto
La sumisión expresa de las partes determinará la circunscripción cuyos tribunales hayan de conocer del asunto. Cuando en dicha circunscripción existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los asuntos determinará a cuál de ellos corresponde conocer del asunto, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con exclusión de los otros.
En cuanto a su última pregunta efectivamente que cabe la acumulación de procesos que puede ser solicitada por las partes interesadas o apreciada de oficio por el tribunal y se acordará en los supuestos previstos en el artículo 76 de la ley de enjuciamiento civil.
Espero haber resuelto sus dudas y si es así le agradecería que valorase mi respuesta con las estrellitas 3 a 5 ya que de otro modo el experto no cobra por su tiempo. Muchas gracias por su confianza y reciba un cordial saludo.
Cliente: escribió hace 1 año.

Hola Maria.

Muchas gracias.

La demanda tengo que resumirla a 3 paginas, y realmente no se de que partes puedo prescindir.

Las primera parte donde expongo los hechos y los datos es fundamental y tb la ultima pero entre medio hay algo que se pueda suprimir?

Gracias

Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.
Hola de nuevo estimada cliente. Puedes suprimmir parte de la jurisprudencia, cita solo las sentencias y no su contenido.
Cliente: escribió hace 1 año.

Hola Maria.

Segun la LEC Art 54, al ser juicio verbal la sumision expresa o tacita no sera valida.

Lo que cambiaria la respuesta en la tercera pregunta?

Es correcto o me equivoco?

Gracias

Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.
Hola de nuevo estimado cliente. Exacto es como usted dice, al ser un juicio verbal no es válida la sumisión expresa o tácita a los Tribunales de Barcelona y se aplicará la ley del lugar donde haya abierto una sucursal la entidad demandada, puede ser en Madrid si a los demandantes le interesa dicha opción. Veo que has comprobado los artículos y eso es muy bueno porque has aprendido con el caso práctico y sabes de ello más que yo. Un saludo y sigo a tu disposición para lo que precises.
Cliente: escribió hace 1 año.

Muchas gracias.

Es que normalmente hago el caso y despues comparo con sus aportaciones para ver si no voy muy desorientado, pero desde luego yo aun no se nada.

Un saludo

Experto:  Mariatf19 escribió hace 1 año.
Gracias a usted por su confianza. Mucha suerte y reciba un cordial saludo.

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