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a-m-t-i, Abogada
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Dr. Tengo un caso y no encuentro la jurisprudencia RESPONSABILIDAD

Pregunta del cliente

Dr. Tengo un caso y no encuentro la jurisprudencia: "RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS , PARTICULARMENTE POR LA MORDEDURA DE UN PERRO A UNA PERSONA".. serìa tan amable de orientarme con UN CASO de jurisprudencia DONDE ESTEN LOS FUNDAMENTOS DOCRINALES y SOBRE TODO JURISPRUDENCIALES del mismo. Atte. Adriàn Gustavo Zàrate.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  Mariana Gonzalez escribió hace 5 año.

Estimadado usuario:

Fijese con respecto a Jurisprudencia en esta pagina a ver si se orienta.

http://www.ecoanimal.com.ar/legis_4_2.htm

Debe buscar mas que mordedura a personas, daños de animales a personas.

Tratare de buscarle algo mas pero le voy acercandole esta pagina que es muy buena

Cliente: escribió hace 5 año.
no termine de leer aun
Cliente: escribió hace 5 año.
lo que necesito es un caso concreto de jurisprudencia con cita datos de publicacion, fuente consultada, es decir un fallo. donde este el tomo año de la jurisprudencia. lo necesito urgente. gracias
Experto:  Mariana Gonzalez escribió hace 5 año.

Tratare de buscarsela lo antes posible.

Mariana Gonzalez, Asesoramiento Integral
Categoría: Ley de Argentina
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Experiencia: ABOGADA
Mariana Gonzalez y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta imprecisa..
lo que necesito es un caso que asento jurisprudencia argentina con respecto a responsabilidad civil de daños por mordedura de animales, concretamente un perro, cita del fallo tomo partes fundamentos del fallo o sentencia.
Experto:  lordjames83 escribió hace 5 año.
Estimado,

Tenga paciencia, la búsqueda de jurisprudencia lleva un trabajo de estudio, permítale a mi colega al menos un día para encontrar la información.

Ella sabrá responderle en breve.
Cliente: escribió hace 5 año.
no lo lei aun
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
ACA TIENE ESPERO QUE LE SIRVA

Experto:  Mariana Gonzalez escribió hace 5 año.

MI colega ya le acerco varios casos de jurisprudencia , este me parece el mas indicado para lo que esta buscando.

No acepte ninguna respuesta mas pues ya lo ha hecho ,saludos

Fojas: 118

En Mendoza, a los trece días del mes de febrero del dos mil cuatro, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 148.585/27.711, caratulados "Deputat Frenk C. c/ Staiti Sansone Gladys y Ots. por Daños y Perjuicios", venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 83 en contra de la resolución de fs. 81/82.

Practicado a fs. 117 el sorteo establecido por el art. 130 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Bernal - González - Rodríguez Saa.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe confirmarse la sentencia?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta el señor Juez de Cámara Dr. Jorge A. Bernal dijo:

I.- La sentencia desestimatoria, que luce a fs. 81/82, de los daños y perjuicios que demandara el señor Frenk Carlos Deputat, por la mordedura de un perro, propiedad de la demandada señora Gladys Dolores Stati Sansone, se encuentra apelada a fs. 83 por el actor, quien expresa agravios a fs. 104/105; éstos son contestados por la accionada a fs. 109/110, solicitando el rechazo de la queja.

No obstante separar en cuatro los agravios que entiende el apelante le causa la sentencia, aprecio la crítica queda centrada en la falta de valoración de cierta prueba, pues, sostiene, que la señora Juez "a-quo" habría omitido la declaración testimonial de la señora Patricia Rosa de Meller Dione que obra conjuntamente con la denuncia prevensional en el expediente N° 93.245, en tanto, en el primero de los agravios sólo disiente con la juzgadora en que ésta sostenga y funde su sentencia en que no se probó que existió la mordedura del perro, basándose en prueba testimonial -que no indica- que a su entender no tiene relevancia jurídica; en el segundo agravio, sin mencionar cuales, critica que no fueron valoradas todas las prueba y por último el cuarto sólo contiene afirmaciones dogmáticas.

II.- Aprecio que el recurrimiento del accionante no puede tener andamiento, por las razones que a continuación expondré.

A) Ante todo rememoro, respetuosamente por cierto, que tenemos dicho que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino en las que consideren conducentes a la solución del pleito, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas ofrecidas por aquellas, sino las que sean pertinentes, pudiendo escoger las que estimen decisivas (ver L.S.111:006), agregando que si se trata de una pretensión revisora, vía apelación, la crítica a la sentencia de la instancia anterior, con mayor razón, debe contener indicación precisa de cuales son las probanzas erróneamente y porque mal valoradas y cuales son las que se han omitido considerar y en que medida resultan decisivas para la solución contraria a la adoptada por el sentenciante. No basta, como en el especie, sostener que "el resuelvo de V.S. en 1ªInstancia se basó en una prueba testimonial que a mi entender no tiene relevancia jurídica" (ver primer agravio de fs. 104): ¿ cual es la prueba y por qué se entiende que no tiene relevancia jurídica ?; falta, en todo caso la crítica concreta y razona que exige el art. 137 del C.P.C..

B) Pasando a la responsabilidad por los daños causados por animales, rápidamente recordaré que el tema se encuentra legislado por nuestro Código Civil a partir del art. 1.124, sosteniéndose que si se trata de un animal feroz no hay duda que se adopta una base objetiva de responsabilidad (teoría del riesgo creado), mientras que si el animal dañador es doméstico o domesticado, hay quienes entiende que, por las eximentes contenidas en el art. 1.127 del mismo ordenamiento legal, en tanto le permite a su dueño la demostración de su falta de culpa, podría considerarse un sistema de atribución subjetiva (ver Sagarna, Fernando Alfredo, "Responsabilidad civil por los daños causados por animales", Bs. As. 1.998, ps. 69 y sig., Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Felix A., "Derecho de las obligaciones", T. 4, La Plata 1.981, ps. 600 y sig., "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado" Dir. Belluscio y Zannoni, T. 5, Bs. As. 1.990, ps. 676 y sig.).

C) Pero me detengo sólo en el precedente enunciado del tema, habida cuenta que la adopción de una u otra corriente adquiere importancia para las partes en el proceso, cuando, no se cuenta con las probanzas necesarias que permitan la reconstrucción histórica de los hechos tal cual han sucedido, pues en ese caso, adquiere plena y total vigencia uno u otro sistema de atribución de responsabilidad, por cuanto, conforme sea el que se adopte, es quien sufrirá las consecuencias ante la falta de demostración de la culpa del dueño o guardián del perro en la causación del daño (criterio subjetivo) o éstos por no haber probado la existencia de alguna causal eximitoria (criterio objetivo).

Consecuente con dcho pensamiento y como principio general hemos dicho que la actividad probatoria en el proceso civil constituye una carga para los litigantes, la cual puede ser definida como un poder o facultad de ejecutar libremente ciertos actos o adoptar cierta conducta prevista en la norma para beneficio y en interés propio, sin sujeción, y coacción y sin que exista otro sujeto que tenga derecho a exigir su observancia, pero cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables. El "onus probandi" es el imperativo que pesa sobre el litigante de suministrar la demostración de un hecho controvertido, mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso; se trata, entonces, de la conducta impuesta a los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones y a falta de ella, el juez deberá fallar de acuerdo a la posición o vertiente que siga, en el "sub-iudice", de atribución de responsabilidad.

C) Pero resulta que en los presentes obrados y coincidiendo con la señora Juez "a-quo" valoro que se ha demostrado fehacientemente que el perro doverman de la señora Staiti Sansone, no fue el que mordió al señor Deputat, en segundo término, que el animal no lo atacó, que se trataba de una pelea de perros, en donde participaban o al menos se encontraban varios, posiblemente por la presencia de una perra en celo y por último que el señor Deputat fue quien voluntaria y libremente intervino intentando separarlos, golpeando, para ello al doverman.

Bien dice la juzgadora que el testigo Fornés (fs. 56) recuerda que iba caminando, ve la pelea de perros -aclara que estaba lleno de perros-, que uno grande había agarrado de la boca a uno chiquito y que el señor Deputat le empieza a pegar con una lata en la cabeza al perro grande, agregando que "...no lo vi morderlo y no creo que lo haya podido morder porque en toda la pelea el perro grande sostenía al chiquito y no lo soltaba y no lo soltó"; también merita que el testigo Marcheta (fs. 57) declara que se veía que el perro grande estaba entretenido con el otro perro y que tampoco vio que lo mordiera, coincidiendo ambos, también en no ver sangre en la mano del señor Deputat (fs. 81 vta./82).

A lo que antecede debo agregar que, el señor Fornés también declaró que él no se metió porque "si te agarra ese perro te parte y habían muchos perros" o que el señor Marcheta aclarara que había un montón de perros tipo jauría y cree que había una perra, agregando que estaba el dueño del perro que lo quería separar.

D) Del precedente relato de los hechos fehacientemente acreditados por la declaración de dos testigos presenciales, sin haber sido objetos de tacha alguna, aprecio necesario, ante todo rememorar, con respeto ciertamente, que cuando la asunción de los riesgos evidencian una conducta culpable del damnificado, vale decir, exponerse a un riesgo anormal o extraordinario, la obligación de resarcir resulta modificada y hasta suprimida (C. Civ. y Com. Santiago del Estero, 2ª, 08/04/1997, - GARCÍA DE GALVÁN REINA ISABEL v. A.T.S.A-,SE Z0101649).

No es necesario recurrir a nuevas caracterizaciones como la "aceptación del riesgo" o la "autoexposición del peligro", ya que dentro del marco de nuestro derecho positivo esas conductas encajan perfectamente en la definición de la imprudencia que configura la culpa, en este caso de la víctima. La asunción deliberada del riesgo implica una infracción al deber de obrar con prudencia para consigo mismo. Este deber impone evitar las consecuencias dañosas del acto, que pueden ser previstas por una persona de prudencia común. No obra con la debida prudencia, sino que se arriesga hasta la temeridad quien atraviesa una vía férrea por un lugar no habilitado. Esta actitud configurativa de culpa -y grave- debe pesar sobre la víctima en los términos del art. 1111 del Cód. Civil (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, 4/6/1998, - Souza Reis, María v. Transporte Metroplitano Gral. San Martín s/ Daños y perjuicios-,BA B1700555, C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, 18/8/1998, - Limerti, Norberto v. Biscay, Marcelo s/ Cumplimiento de contrato y cobro de pesos).

No es sino lo que valoro ocurrió en el evento investigado en autos, en tanto y no es que deje de reconocer la actitud de una persona de intentar proteger a un perro chiquito que está siendo atacado por uno más grande, pero tampoco parece prudente intervenir de la forma en que el señor Deputat lo hizo, no sólo por los dichos de los testigos, sino por sus propias afirmaciones, en el sentido que conocía al dovernan del vecindario y que sabía que era un perro bravo; aprecio hubo por su parte una asunción del riesgo configurativa de una conducta culposa y que, por otra parte, fue la única causa adecuada del daño que él denuncia haber sufrido; su intervención, e incluso por la manera en que lo hizo (pegándole en la cabeza al doverman) fue, en todo caso, la única y verdadera causa del daño que sufre.

En este sentido se dice que el hecho de la víctima (art. 1.128 CC) puede cortar el nexo causal total o parcialmente. En el primer supuesto -que es el que aprecio ocurre en el caso de autos- el damnificado fue el que sólo intervino en la producción del daño, liberando, consecuentemente, a los sindicados como responsables (confr. Sagarna, F. A., ob. cit., p. 151).

Ello, por cierto, admitiendo, por hipótesis sus dichos, en el sentido que el doverman fue el que lo mordió, pues, como ya viéramos, los testigos presenciales declaran exactamente lo contrario; es decir, que no vieron que ese perro lo mordiera.

E) Me ocuparé a continuación de su tercer agravio, según el cual la señora Juez "a-quo" no valoró la declaración de la Srta. Patricia Rosa de Meller Dione.

Sin perjuicio de lo antedicho en cuanto al derecho del juzgador respecto de la valoración de las probanzas rendidas en autos, además cabe aclarar que en el formulario de "Acta de procedimiento" de la causa agregada a fs. 1 del expediente Nº 93,245 venido ad effectum videndi, como testigo presencial figura, efectivamente la señorita De Meller Dione, pero los casilleros "Dichos expontáneos del testigo" y en "Manifiesta haber presenciado el hecho", se encuentran vacíos, no surgiendo, tampoco con claridad si ella firma o no el acta.

Pero más allá de esos aspectos formales, no por ello menos importantes, ésta persona no declara luego en sede judicial, cuando este Cuerpo tiene dicho que el acta labrada por la autoridad policial es un instrumento público que hace plena fe respecto de terceros sólo en lo que hace a su fecha y otorgamiento, pero no de su contenido, agregando que son terceros a ese instrumento las personas que resulten alcanzadas por él, incluso aunque lo hayan firmado, terceros respecto de los cuales el contenido del instrumento no hace plena fe, pudiendo desvirtuarlo sin necesidad de probar su falsedad por acción civil o criminal, utilizando todos los medios de prueba, incluso las presunciones (ver L.S.117:323).

Además tenemos expresado que si se intenta hacer valer la prueba contra quien no fue parte en el proceso donde se produjo o se trata, como por ejemplo la recibida en el proceso penal sin audiencia del imputado, debe ser ratificada en el proceso que se intenta hacer valer con citación de las partes (Roland Arazi, "La prueba en el proceso civil", ed. 1976, p.47). Agregábamos que en el mismo sentido se pronuncia Hernando Devis Echandía , quien asimila la prueba rendida en esa forma a la extrajudicial, requiriéndose en ambos casos, para su eficacia jurídica, su ratificación; "lo que da valor a las pruebas practicadas en juicio es que lo hayan sido con intervención de las partes y previa la observancia de las formalidades establecidas por la ley a modo de garantía de la verdad y la justicia("Teoría general de la prueba judicial", T. 1, ps. 373(374 y T 2., p. 245). También expresa el autor citado, al referirse al principio de contradicción de la prueba, según el cual quien se pretende oponer, debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, es decir debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes , que es tan importante que debe negársele valor a la prueba practicada con desconocimiento de la contraria (ob.cit., T. 1, p. 123) (ver L. S. 127:367)

En semejante sentido se ha expresado que el Juez no se encuentra determinado por la existencia del sumario vial y en la interpretación de sus constancias y de las demás pruebas producidas en la causa, debe procederse según las reglas de la sana crítica. Los elementos de convicción del sumario policial, producido sin el contralor de las partes, carecen de eficacia probatoria en sede civil por daños y perjuicios, si no fueron reiterados o ratificados en este juicio. Por tanto al impugnar la demandada en su contestación el fallo vial y las pruebas testimoniales en que el mismo se fundamentó, la actora debe ser más cuidadosa en la producción de su prueba. Debe por ejemplo diligenciar nuevamente la prueba testimonial para permitir el adecuado esclarecimiento con el control de las partes de la contradicción existente (ver CC3° L:S. 069:484).

Concluyo en que esa llamada "declaración" -y digo llamada, pues no estoy convencido aún que así sea- de la señorita De Meller Dione, en manera alguna puede desvirtuar los dichos de los testigos presenciales del hecho, cuyas declaraciones se prestaron en sede judicial, con todas las garantías requeridas para ambos litigantes.

III.- En consecuencia y por los argumentos desarrollados supra, aprecio, como lo adelantara debe desestimarse la queja de la parte actora y consecuentemente voto, respecto de esta primera cuestión propuesta, por la afirmativa.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta los señores Jueces de Cámara, Dres. Fabián G. González y Adolfo M. Rodríguez Saa, dijeron:

Que por las razones expuestas por el miembro preopinante se adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta el señor Juez de Cámara, Dr. Jorge A. Bernal, dijo:

Las costas en esta segunda instancia las debe soportar exclusivamente el apelante, en tanto y en cuanto resulta vencido en su intento por modificar el fallo dictado en la instancia anterior y que le resultara adversos a sus pretensiones resarcitorias (arts. 35 y 36 inc. I del C.P.C.). Así voto.

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta los señores Jueces de Cámara, Dres. Fabián G. González y Adolfo M. Rodríguez Saa, dijeron:

Que por razones análogas se adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 13 de febrero del 2.004.

Y VISTOS: Por las razones expuestas, el Tribunal

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 83 por el señor Frenk Carlos Deputat contra la sentencia de fs. 81/82, la que se confirma.

2°) Imponer las costas en la Alzada al apelante vencido.

3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en ésta vía impugnativa de la siguiente forma: Dres. José Osvaldo Gutiérrez (matrícula 1528) y Carlos Francisco Torres (matrícula 4668) en las sumas de CIENTO CUARENTA Y CUARTO ($ 144) y CIEN ($ 100) (arts. 2,3,4 inc. a, 15 de la ley arancelaria)

Cópiese,regístrese,notifíquese y bajen.

dal/jab

Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Calidad de la respuesta.
ENVIE CAUSA 64.490 DIAZ WALTER GUSTAVO C/ AZZALI TULIO S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LOMAS DE ZAMORA SALA I 27/03/2008
Experto:  a-m-t-i escribió hace 5 año.
Esta es la causa de su interés, si desea consultar, estaré a su disposición para responderle.


1.-El dueño o guardián del perro que escapó de la casa y mordió al actor cuando éste caminaba por la vereda debe responder por los daños ocasionados, porque un animal es una cosa animada que en algunas oportunidades no puede ser controlada; y esa imposibilidad de vigilancia y autoridad sobre el animal crea un riesgo, lo que conduce a proteger a los damnificados por el hecho que produzca. El factor de atribución es objetivo, se funda en el riesgo creado, no constituyendo la culpa o la negligencia elementos exigidos por el precepto para hacer la imputación, presumiéndose la responsabilidad del demandado.

2.-El art. 1124 del C.C. se refiere a un hecho autónomo del animal, esto es, que haya provenido de un acto propio sin intervención fáctica de la conducta del hombre. Debe ser espontáneo o sea instintivo, reflejo o natural, y la participación activa del animal debe corresponderse necesariamente con su conducta instintiva, propia de su condición biológica. La referencia al propietario y al guardián está indicando sin hesitación que dicha normativa se aplica a los daños causados por animales sobre los cuales una persona pueda ejercer un poder de mando.

3.-Probado que el actor trabajaba como ayudante de albañil, sin trabajo fijo dependiente, aunque haciendo changas , que estuvo imposibilitado de desempeñarse laboralmente aproximadamente por treinta días, y que el testigo refiere que lo había contratado para efectuar un trabajo, y que el accionante no pudo prestar esos servicios por encontrarse en recuperación tras el suceso dañoso de autos, corresponde reducir la indemnización por lucro cesante a la suma que dejó de percibir por dicho trabajo.


Fallo:

En la Ciudad de Lomas de Zamora, a los 27 días del mes de Marzo de dos mil ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala I, de este departamento judicial, Doctores Norberto Horacio Basile, Carlos Ricardo Igoldi y Rodolfo Miguel Tabernero, con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Despacho para dictar sentencia la causa N° 64.490 caratulada "DIAZ WALTER GUSTAVO C/ AZZALI TULIO S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS". De conformidad con lo dispuesto por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, la Excma. Cámara resolvió votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ª)-¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación concedido a la parte actora?

2ª)-¿Es justa la sentencia dictada?

3ª)-¿Qué corresponde decidir?

Practicado el sorteo de ley (art. 263 , últ. Parte CPCC), dio el siguiente orden de votación: Dres. Tabernero, Igoldi y Basile.-

V O T A C I O N

A la primera cuestión, el Dr. Tabernero dijo:

Que por auto de fs. 199 fué puesta la causa en Secretaría, a los fines de que los apelantes expresaran agravios, de conformidad y en el plazo previsto por el art. 254 del CPCC.-

Notificada debídamente esta providencia (fs. 201), la parte actora efectuó la presentación de su expresión de agravios en forma extemporánea, por lo cual se ordenó el desglose de dicha pieza procesal a fs. 210. Consecuentemente, la accionante no cumplió con su carga procesal en tiempo oportuno, perdiendo el derecho que para hacerlo tenía.-

Consecuentemente estimo que debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 184, y que fuera concedido libremente a fs. 185 (art. 261 del CPCC).-

VOTO POR LA AFIRMATIVA

A la primera cuestión, los Dres.Igoldi y Basile dijeron, que por compartir los fundamentos, VOTAN TAMBIEN POR LA AFIRMATIVA.-

A la segunda cuestión, el Dr. Tabernero dijo:

I.- El Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número cuatro de este Departamento Judicial, dictó sentencia a fs. 175/179 vta., rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva y haciendo lugar a la demanda incoada por Wlter Gustavo Diaz contra Tulio Azzalim declarando la responsabilidad del accionado por el ataque que sufriera el accionante por parte del can de su propiedad, condenandolo consecuentemente, a abonar dentro de los diez días, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($8.500) con mas los intereses. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida, difiriéndose la regulación de honorarios.-

A fs. 181 apeló la demandada, concediéndosele dicho recurso libremente a fs. 186.-

A fs. 184 apeló la actora, concediéndosele el recurso deducido, líbremente a fs. 185.-

A fs. 202/204 expresó agravios la accionada, recibiéndo la replica de la actora a fs. 212/215.-

A fs. 210 se desglosó la expresión de agravios de la actora por haberse presentado en forma extemporánea.-

A fs. 216 se llamaron autos para sentencia, por providencia que se encuentra consentida.-

II.-ANTECEDENTES DE LA CAUSA.

A fs. 5 Walter Gustavo Díaz, promovió demanda, por daños y perjuicios contra Tulio Azzali, en su calidad de poseedor, propietario y tenedor del perro que le ocasionó lesiones y/o quien resulte civilmente responsable.Refirió que el 7/5/02, siendo apróximadamente las 16:30 horas, en circunstancias en que se encontraba caminando por calle Miles a la altura del Nº 945 de la localidad de Monte Grande, cuando fué mordido por un perro de gran tamaño, de propiedad o guarda del aquí demandado, debiendo ser trasladado al Hospital Santa Marina de Monte Grande, donde se le efectuaron nueve puntos de sutura en el muslo superior izquierdo en la zona interna, debido a que el corte causado por la mordida, tenía ocho centímetros de profundidad.-

Expresó que requirió atención en el centro de Zoonosis Municipal de la localidad de Monte Grande, por la eventual rabia del perro, ya que el accionado negó no solo el hecho sino la posibilidad de revisar al animal a esos efectos.-

A fs. 44 contestó el demandado. Opuso excepción de falta de legitimación pasiva. A todo evento negó los hechos y expresó que nunca ha sido poseedor, propietario, tenedor, ni guardador del animal a quien el actor atribuye la producción de supuestas lesiones. Dijo también, que nunca vivió , ni es titular del domicilio de Miles Nº 945 de la localidad de Monte Grande.-

A fs. 51 contestó la actora el traslado que le fuera conferido y desistió del codemandado genérico.-

A fs. 57 de procedió a la apertura a prueba de estos autos, proveyendose la ofrecida por las partes a fs. 59/60. Producida la pertinente, a fs. 173 se llamaron autos para sentencia, dictandose el pronunciamiento respectivo a fs. 175/179 vta.-

III.- DE LOS AGRAVIOS:

Se agravia la accionada por la inadecuada valoración de la prueba rendida en autos, sosteniendo que no existe identidad entre la persona que se demanda y el sujeto pasivo de la relación controvertida.-

Se agravia la apelante por la falta de apreciación por parte del a quo, de la exclusión de su responsabilidad por la exclusiva culpa de la víctima, lo que a su criterio ha sido suficientemente probado.Dice que se ha arribado a una solución incongruente.-

Se alza por el monto asignado al rubro lucro cesante, entendiendo que se decidió ultra petita ya que la actora pretendía la suma de Pesos Ochocientos ($800) en ese concepto, y el a quo, le fijó la suma de Pesos Tres Mil ($3.000) en el mismo.-

Se agravia por la procedencia del rubro daño moral y asimismo por el monto que se ha determinado en ese concepto, el que a su juicio resulta elevado y desproporcionado.-

IV.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

La quejosa en su recurso mezcla críticas a lo resuelto en el fallo que impugna, trayendo argumentos simplistas y subjetivos, aunque del escrito en cuestión se desprende la existencia de agravios, pero como se confunde en dicha presentación el concepto de «agravio» y «argumento» me veo obligado al planteamiento de esta cuestión previa.-

La Excma. Suprema Corte, con el carácter de doctrina legal, ha sostenido que debe diferenciarse el concepto de «agravio» del de «argumento».-

Esta Sala, siguiendo la doctrina legal de la Excma Suprema Corte, tiene dicho que debe ser considerada «agravio» toda crítica dirigida a las denominadas «cuestiones esenciales», que son las que hacen a la estructura de la litis y su esquema jurídico. Que sin su consideración no sería posible resolver el caso planteado. Va de suyo que su tratamiento es obligatorio para la Alzada. En cambio, debe entenderse como «argumento» toda mención efectuada por la parte apelante destinada a sostener su posición, pero que no se refiere a las ya citadas «cuestiones esenciales». Los argumentos no son de tratamiento obligatorio en segunda instancia (SCBA Ac 32953 del 12-VI-84, Ac. 42311 del 31-X-89, Ac. 43836 del 20-XI-91, Ac. 43658 del 17-III-92, Ac. 50762 del 7-III.-95, Ac. 54992 del 19-X-96, Ac. 67337 del 1-VII-97; CALZ, Sala I, Reg. Sent. Def.92-93, 116-94, 272-93, 48-96, 126-93, 32-90, 35-96, 159-96, 45-00 y otros).-

Es indudable que el Juez debe pronunciarse sobre todas las cuestiones de la pretensión y de la contestación; es decir sobre las cuestiones esenciales cuando su consideración tenga influencia en la resolución del caso. No debe dejar de advertir -al analizarlo cuidadosamente- que se ha omitido separar cada aspecto de la cuestión debatida, como tampoco que la resolución aparezca sin fundamento porque la parte dispositiva no guarda congruencia con los considerandos que la preceden.-

Ingresando al planteamiento de la recurrente, advertiré que los Jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino que basta que hagan mérito de aquéllas que consideren más adecuadas para sustentar sus conclusiones (CSN noviembre 8-1981,«Dos Arroyos SCA C/Ferrari de Noailles», en «Actualización de Jurisp.», N 1440, La Ley, 1981-D, pág. 781; CALZ Sala I Reg. Sent. Def. 32/90m 172/00 entre muchas otras).-

Tales cuestiones esenciales son ésas que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y vienen constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento y que -por su naturaleza- influyen preponderantemente en el fallo, las vinculadas a la dimensión cuantitativa del objeto de la pretensión (SCBA. Ac. 21917, DJBA T III, pag. 15, ídem Ac. 35221 «Ramos de Pagella C/Escot», 22-4-86).-

Efectuadas estas consideraciones previas y haciendo aplicación de la «doctrina amplia», en cuanto a la valoración del recurso deducido, pasaré a continuación a tratar las quejas planteadas por la recurrente.-

V.-CONSIDERACIÓN DE LAS QUEJAS.

1)-De la falta de legitimación pasiva:

Advertiré que en el marco de la queja vertida por la demandada y atendible proposición lógica, no se repara adecuadamente que en la sentencia y órden de su encuadramiento en las disposiciones se le ha dado carácter decisorio a la constatación de fs.28/29, además de los testimonios que se describen y de la prueba informativa adunada, sin que la parte demandada, haya ofrecido y producido prueba idónea en contrario.-

Tal como lo ha expresado esta Sala, a través de la cita de Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", en las causas 39.488 RSD 64 del 24-III-94 entre otras, "La prueba en derecho es demostración o comprobación más allá de toda duda de los hechos controvertidos y su teoría, tanto como la regulación de los medios probatorios admitidos ritualmente al efecto, y proporciona principios para la valoración de los distintos medios aportados al proceso, para la ilustración del Juez.", conocimiento este del que es intruido por las partes y en virtud del cual ha de lograr sino una certeza absoluta, si una razonable moral. dentro de la cual llegue a apreciar su acercamiento a la verdad, bajo convincente probabilidad, la que en definitiva habrá de proporcionarle la ratio decisoria" (Conf. Esta Sala Causa Nº 36.863 RSD 40/93 del 4-III-1993, Causa Nº 40.832 RSD 54/95 del 30-III-95; doct. arts. 375 y 384 CPCC).-

Valga para el demandado, que es del caso atribuir inoperancia al intento de probar un hecho a través de la personal interpretación de las pruebas, bajo la pretensión de que el sentenciante que decide de acuerdo a los datos que considere dirimentes, deba explicar en cada caso, el porque prescinde de la valoración de unos u otros, cosa que importaría, sin lugar a dida una declinación del principio del art. 384 y cc. del CPCC.-

Cosecuentemente, entiendo que el agravio vertido por la accionada, no puede prosperar por lo que propicio confirmar la sentencia cuestionada en este punto.-

2)-Responsabilidad:

Partiendo de tal base de que el suceso se encuentra plenamente acreditado en autos, y en la igualmente admitida inteligencia, de que en el incidente intervino el can del accionado, corresponde el análisis, a la luz de los arts.1124 , 1125 , 1127 , y 1128 , del C.C.-

En virtud de ello, se percibe que el dueño o guardian del perro, es responsable por los daños causados por este, si no acredita la concurrencia de las causales de exclusión de responsabilidad previstas por la citada preceptiva, a las que cabe agregar aún el hecho causal de la propia víctima (arts. 1111 y 1113 2ª parte del Código Civil).-

Surge de la constatación de fs. 28/29 que los animales tenían acceso a la calle en la medida en que la reja estuviera abierta, y ha quedado probado con la testimonial, la informativa y la percial, que el perro del demandado mordió al actor, causándole un daño.-

Es incoducente para el estudio de la responsabilidad determinar la envergadura de ese daño.-

Admitida como quedó, entonces, la ocurrencia del daño (presupuesto básico de la responsabilidad), corresponde ingresar al conocimiento sobre la existencia de las causales de exclusión.-

Respecto a la forma en que habría ocurrido el evento, los testigos expresan que el perro salió de la vivienda y atacó al actor, quien caminaba por la vereda.-

Como ya ha dicho esta Sala, que no se trata de calificar la conducta de quienes responden por su carácter de dueño o guardián, pues en los casos de riesgo o vicio de la cosa, la culpa, la negligencia o la falta de previsión, no constituyen elementos exigidos al tiempo de computarse una eventual situación que excluya su responsabilidad; no podrá dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas desde una perspectiva integral (SCJBA Ac. 34.608 del 27-VII-85 id. Ac. 36.006 del 27-V-86).-

Como oportunamente ha expresado esta Sala, en un caso de similares características: "Se resolvió la cuestión atento lo normado por el art. 1124 y concordantes del Código Civil.En estos casos, la responsabilidad del daño causado por animales cae bajo la aplicación de la teoría del riesgo creado. Se trata de un daño causado por la cosa y su disciplina está regida por el art. 1113 del mismo código en cuanto responsabiliza indistintamente al dueño o guardián sin que aquel artículo autorice ninguna excepción (SCBA Ac. 32.287, S 17-9-85).-

Es así como la mayor parte de nuestra doctrina resalta que los principios emanados del Capítulo I del Título IX (arts. 1124 a 1131) son aplicación del art. 1113 cuando dispone que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños causados por las cosas de que se sirve o que se tiene a su cuidado (orgàz, Nuevos Estudios, pag. 345).-

Opina Spota que hizo bien el legislador nacional en regular separadamente estos daños, sin limitarse a repetir el pricipio del art. 1113. Los artículos en cuestión "constituyen preceptos cuya adecuada inteligencia puede ahorrarnos muchas de las largas consideraciones, estudios y dudas que han atormentado a la doctina extranjera" (Spota Alberto G. La presunción de responsabilidad en materia de daños causados por animales, JA 76-889)" (CALZ Sala I RSD 301-98 "Benitez Ramón y Ot. C/ Couto Traverso Mario J. Y Ot. S/ Daños y Perjuicios").-

Ingresamos en consecuencia, en la teoría del riesgo creado, que regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector en el caso en análisis. Cuando el daño se produce en virtud de haber actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, los responsables son el dueño o guardián de la cosa que lo generó. Y, siempre con arreglo a lo normado por el art. 1113 del Código Civil, aquellos han de quedar total o parcialmente excluídos de responsabilidad cargando con la prueba de los eximentes ya enunciados (CBA 9-4-91 DT 1992-A-576 y AS-1991-I-476 (voto de la mayoría); id.12/897, JUBA 7 B40662 (voto de la mayoría)).-

"De los daños causados por animales se ocupan los arts. 1124 y siguientes del Código Civil, es así que el propietario de un animal -dice el art. 1124-, doméstico o feróz, es responsable del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de el, salvo su recurso contra el propietario. La norma se refiere a un hecho autónomo del animal, esto es que haya provenido de un acto propio sin intervención fáctica de la conducta del hombre. Debe ser espontáneo o sea instintivo, reflejo o natural. La participación activa del animal debe corresponderse necesariamente con su conducta instintiva, propia de su condición biológica.-

La referencia al propietario y al guardián está indicando sin hesitación que dicha normativa se aplica a los daños causados por animales sobre los cuales una persona pueda ejercer un poder de mando" (CACC Morón Sala I RSD 327/04 "Torres Nilda Magdalena c/ Romano de Silva Olga Beatríz s/ daños y perjuicios Causa 50.829).-

"Los animales para el derecho son cosas, perteneciendo a la categoría de "cosas animadas". El ser titular de un animal -en la especie- crea una situación de peligro, porque se trata de una cosa animada que en algunas oportunidades no puede ser controlada. Esa imposibilidad de vigilancia y autoridad sobre el animal crea un riesgo, lo que conduce a proteger a los damnificados por el hecho que produzca. El factor de atribución es objetivo, se funda en el riesgo creado, no constituyendo la culpa o la negligencia elementos exigidos por el precepto para hacer la imputación, presumiéndose la responsabilidad del demandado. Basta tan solo con demostrar que un animal causó un daño para que brote la peligrosidad del mismo o el riesgo creado por su dueño o guardián" (Kemelmajer, op. Cit. Pag. 677; Borda, op. Cit., pag. 270 y otros comentando fallo de la CNCiv. Sala D L.L.1992-C-242 en "Torres Nilda Magdalena c/ Romano de Silva Olga Beatríz s/ daños y perjuicios Causa 50.829 Cam. Apel. Civ. Y Com. Morón -Sala I -RSD 327/04).-

Asimismo resulta a mi criterio, necesario, efectuar una nueva valoración integral de la prueba, ponderando en su conjunto, la testimonial, la confesional, la prueba informativa y le pericial rendida en estas actuaciones, de conformidad con lo noramdo por el art. 384 del C.P.C.C.-

Ello sin perder de vista que es el juzgador quien se encuentra facultado, para tomar en cuenta los elementos probatorios mas idóneos, sobre la base del empleo de la "sana crítica", entendiendo por tal a la denominación del sistema de apreciación de pruebas adoptado por nuestra legislación, que se convierte en el elemento esencial a la hora de la valoración, es decir, que se refiere a los principios de la lógica y observancia que corresponde al comportamiento humano (Palacio Lino Enrique "Derecho Procesal Civil Tº IV, Actos Procesales. Abeledo Perrot, pag. 411,415, esta Sala I, RSD 43/03; 403/05 entre muchos otros), no he de descalificar por ello el decisorio de grado.-

Las reglas de la sana crítica se integran con los principios de la lógica y las máximas de experiencia (también la vital del Juez), que son principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científico verificables, unos y otras actúan como fundamentos de posibilidad y realidad (SCBA Ac.45.723, 24-III-92).-

De las constancias objetivas de la causa surge con claridad, que el dueño o guardian del perro, no tomó la debída precaución que se impone, en mérito al riesgo que supone tener un perro suelto, cuando al mismo solo lo separa de la acera, una pequeña puertita de rejas.-

El animal, poseedor de un porte grande, salió de la propiedad -y probado está que podía hacerlo con facilidad-. Agredió al actor de autos, mordiéndolo en la parte superior de una de sus piernas, y asimismo fué identificado por los testigos, como de propiedad del demandado.-

La testimonial aportada me convence respecto a que el actor de autos simplemente transitaba por la acera, sin haber efectuado en momento alguno, movimientos o indicadores que pudieran alertar, asustar o exitar al can.-

El art. 1128 del Código Civil, expresa que el hecho de la víctima como causal liberatoria, debe ser una conducta idónea para romper el nexo de causalidad, esto es que debe constituir una causa adecuada al decir del art. 966 del mismo Còdigo, y debe por tanto ser plena y fehacientemente acreditada por quien la invoca (art. 375 C.P.C.C.).-

De la totalidad de las probanzas aportadas, no extraigo elemento alguno que logre conmover, lo decidido en la instancia de grado.-

Para concluir mi voto en punto a esta cuestión, he de decir que, según se ha probado, vistas las conductas de ambas partes en el momento del evento dañoso, tengo la convicción de que la conducta del dueño del perro (aquí accionado) es la que se presenta como disvaliosa, y por ello no es dable eximir ni siquiera en parte la responsabilidad que le cabe en el evento dañoso, como lo prentende, al formular esta queja.-

Las conductas asumidas con posterioridad al hecho que motiva los presentes, resultan también ilustrativas para el caso.-

Propongo en consecuencia confirmar la sentencia, en este punto, respecto a la atribución de responsabilidad (arts.1111, 1113, 1124, 1128 del Cód. Civ.; 375, 384 , 474 del C.P.C.C.).-

3)-Lucro cesante:

El lucro cesante se vincula con la ganancia o utilidad de que se vió privado el reclamante como consecuencia de no haber podido realizar sus actividades laborales normales (arts. 519 y 1069 del Código Civil), de modo que para su admisión se requiere la demostración cierta del perjuicio.-

Con respecto al monto a concederse en este concepto, el juez debe ser muy parco en la apreciación de la prueba a fin de viabilizar a este reclamo.-

Por ello, a mi modo de ver, resulta asertado lo manifestado por el demandado respecto de este rubro, en tanto, si bien cuando el demandante sujeta la determinación del monto de un reclamo "a lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse" o "lo que VS estime conforme al mérito de la prueba de la causa" o "lo que arroje la prueba a producirse" o alguna similar expresión, dejando a la prudencia de los jueces su valoración económica, la decisión otorgando más de lo inicialmente pretendido no resulta ultra petita ni viola el principio de congruencia (art. 34 , inc. 4 y 163(ref.LEG1312.163) del CPCC), no es menos cierto que también el juez debe ceñirse a los hechos alegados y probados (arts.330, 376, 456 del CPCC) por lo cual entiendo que, probado como quedara que el actor trabajaba como ayudante de albañil, sin trabajo fijo dependiente, aunque haciendo "changas"; que estuvo imposibilitado de desesmpeñarse laboralmente apróximadamente por treinta días, y que el testigo Schessner refiere que lo había contratado para efectuar un trabajo, por el que iba a pagarle la suma de Pesos Ochocientos ($800) y que el accionante no pudo prestar esos servicios por encontrarse en recuperación tras el suceso dañoso de autos, corresponde reducir a la suma de Pesos Ochocientos ($800) el importe por el concepto en estudio.-

Por ello propongo al Acuerdo, hacer lugar a la queja vertida y modificar en este sentido la sentencia apelada.-

4)-Daño moral:

En cuanto a la queja formulada por la demandada respecto tanto a la procedencia como al monto establecido para resarcir el daño moral, diré que en casos como el presente, lo que se indemniza a modo de Daño Moral, trasunta sobre toda lesión a la integridad física sea temporal o definitiva, siendo en el ámbito de lo espiritual en que se insertan los derechos personalísimos donde se produce el menoscabo (arts. 1068 , 1078 del Código Civil).-

Presumido entonces el menoscabo, su resarcimiento depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de su existencia, sin otra precisión y no requiere acreditación específica alguna, cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la omisión antijurídica.-

El daño moral es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los mas sagrados afectos. (art. 1078 del C.C.Y su doctrina; SCBA 13-6-89, "Miguez Rubén y otro c/ Comarca S.A. y otro" -L 40.790- El derecho Tº 136 pág.526).-

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que al no requerir prueba específica alguna, ha de tenerselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- correspondiendo al responsable del hecho dañoso acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de dicho daño. (conf. causas Ac. 55.648, sent. Del 14-VI-96; Ac. 57.523, sent. del 28-V-96; L.38.931, sent. del 10-V-88 en A y S1988-II-114, entre otras).-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha impuesto la doctrina que establece que el daño moral tiene carácter resarcitorio, el que surge de textos legales expresos (arts. 522 y 1078 del C.C.), no teniendo que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este ("Forni, Francisco y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Indemnización de Daños y Perjuicios" F 439.XXI, setiembre 7 de 1989).-

Como bien dice Von Ihering, en "Ouvres Choisies" Paris, 1893, Tº II Pags. 154,155 y 179, al que sufre un perjuicio debe serle reparado no solamente por las pérdidas pecuniarias sino también por las restricciones llevadas a su bienestar, a sus conveniencias, por los disgustos, las agitaciones del espíritu que le han sido causadas. La persona, según este autor, puede ser lesionada por lo que es y por lo que tiene. En lo que es: su cuerpo, su libertad, su honor y en lo que ella tiene en sus relaciones con el mundo exterior.-

No puede dejar de considerarse que la reparación del agravio moral corresponde no solo por lo dispuesto por los arts.522 y 1078 del C.C., sino también por lo establecido en la Constitución Nacional al jerarquizar los tratados como el Pacto de San José de Costa Rica -art.11- (esta Alzada, Sala I RSD 53/00 y 270/05 entre otros).-

La cuantificación del daño moral queda sujeta mas que cualquier otro concepto, al prudente arbitrio judicial, dependiendo del hecho generador, así como las particulares situaciones que en cada supuesto se verifican (SCBA Ac. 42.303, 3-4-90).-

Tratándose de un perjuicio que por su propia naturaleza, no resulta mensurable, se debe recurrir entonces a pautas de razonabilidad, que intenten acercar equitativamente la tasación a la realidad del perjuicio.-

Y en esa misma dirección, siendo que el daño moral es una alteración profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación debe ser naturalmente objetiva y abstracta. Para ello debe tomarse en consideración cual pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones que se halló el damnificado. (Bustamante Alsina, Jorge "Equitativa valuación del daño mensurable", en La Ley 1993-H-347 y ss).-

Lo que se procura, en definitiva, es alcanzar un objetivo justo dentro de una seguridad mínima, que no priorice la situación del dañador, ni automatice la indemnización, desentendiéndose de las particularidades de cada suceso.-

La suma a asignar no cabe dentro del concepto de ondemnización simbólica o de enriquecimiento injusto, ni a una tarifación con piso y techo, como tampoco a porcentajes de otros daños, debe serlo atendiendo a las particularidades del caso y en armonía con casos semejantes, lo cual hace a mi propuesta de no receptar la queja vertida, y por ende no modificar lo decidido.-

Estimo, entonces, que la traducción económica del aludido quebranto que en el fallo se efectúa, refleja suficientemente los sufrimientos espirituales de la víctima. En resumen, propongo confirmar tanto el acogimiento de este rubro como el monto de la indemnización fijado en concepto de daño moral (Art. 1078 del C.C.y Arts. 165, 384 del C.P.C.C.).-

En virtud de las razones y fundamentos expuestos, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, por no ser íntegramente justo, voto por modificar parcialmente el decisorio apelado y así lo propongo al Acuerdo.-VOTO POR LA NEGATIVA

A la segunda cuestión, los Dres. Igoldi y Basile dijeron que, por compartir los fundamentos, VOTAN TAMBIEN POR LA NEGATIVA.

A la tercera cuestión el Dr. Tabernero expresa:

Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede corresponde confirmar la sentencia apelada en la medida del recurso y agravios con la salvedad del monto asignado en concepto de lucro cesante, el que debe reducirse a la suma de Pesos Ochocientos ($800) con más los intereses correspondientes a calcularse del modo en que se ha determinado en la sentencia de anterior grado. Asimismo corresponde, imponer las costas de la Alzada en el 80% a la demandada y en el 20% a la parte actora (art. 71 C.P.C.C) y proceder en su oportunidad a la regulación de los honorarios profesionales correspondientes, de conformidad con lo normado por la ley 8904.- ASI LO VOTO

A la tercera cuestión los Dres. Igoldi y Basile expresan que, por compartir los fundamentos, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.-

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

En el Acuerdo celebrado quedó establecido que la sentencia apelada no es íntegramente justa y debe modificarse parcialmente. Y que las costas de la Alzada, deben imponerse en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora conforme lo normado por el art. 71 del C.P.C.C. Por ello y fundamentos consignados en el Acuerdo;

1º)-Modifícase el monto asignado por Lucro Cesante, el que se reduce a la suma de Pesos Ochocientos ($800) con más los intereses del modo en que se resolviera en la sentencia apelada.-

2º)-Confírmase en lo demás, la sentencia apelada en la medida del recurso y agravios.-

3º)-Costas en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora. (art. 71 del C.P.C.C.).-

4º)-Difiérese la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (conf. Ley 8904). Regístrese. Notifíquese y, consentida o ejecutoriada, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.-
a-m-t-i, Abogada
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