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Tengo un juicio de filiacion post mortem con cadaver cremado

Pregunta del cliente

Tengo un juicio de filiacion post mortem con cadaver cremado contra el presunto padre y contra su hijo matrimonial, declarado heredero en la sucesión del padre. Mi cliente dejó pasar muchos años porque no pudo perdonar a su padre (así lo entendió él como castigo) por la falta de filiación paterna y el abandono sufrido. Los testigos ofrecidos por el actor son contestes en cuanto a la existencia de filiación paterna entre ambos pero el ADN realizado entre el actor y el demandado no pudo excluir el vínculo alegado pero tampoco fue eficaz para incluirlo. Amén de eso no hubo posesión de estado sino un gradual acercamiento pese a la diferencia de edad. Existe alguna norma que pueda citarse en la expresión de agravios avalando, ya que se ha apelado el fallo de 1º instancia que ha sido contraria a la pretención de mi cliente ?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 4 año.
Estimado: aguarde en linea mientras evaluo su consulta, en minutos tendra la respuesta en pantalla,muchas gracias!
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Experto:  huracan29 escribió hace 4 año.

Estimado: normativa especifica con respecto a este tipo de prubas de AND, recientemente he hecho un curso de actulizacion en derecho de filicion, lo que le aconsejo es fundarse en que la prueba no excluye el vinculo, y los testigos que oporto, cite tratados con jeraquia internacional, y jurisprudencia, te paso este fallo que puede ser util

 

FALLO COMPLETO

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I

Morales, B. c. D. de F., A.M.

20/03/2006

Publicado en la LLGran Cuyo 2006 (julio), anotado por Catalina Elsa Arias de Ronchietto LLGran Cuyo 2006 (julio), pág.732

En este caso el juez de grado hizo lugar a la acción de filiación instaurada por el actor, pero apelada la sentencia por la demandada, la Alzada revocó el decisorio. La actora dedujo recurso extraordinario por sentencia arbitraria, que fue rechazado quedando confirmado el resolutorio de Alzada.

* * *

Mendoza, marzo 20 de 2006.

1ª ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto? 2ª En su caso ¿qué solución corresponde?

3ª Costas.

1ª cuestión.- El doctor Romano dijo:

Los hechos relevantes para la solución del presente caso son los siguientes:

El Sr. B. M. interpone acción reclamando su filiación extramatrimonial y consecuentemente demandó la petición de herencia y colación contra la sucesora del Sr. S. D., Sra. A. M. D. de F. R.

Sostuvo que el día 22 de mayo del 1924, se inscribió su nacimiento como hijo natural de la Sra. L. M., quien para esa fecha, tenía relaciones amorosas con el Sr. D., las que culminaron en su embarazo y maternidad. Que si bien nunca fue reconocido por su padre, éste lo protegió de diversas maneras, llegando a darle trabajo en la finca y bodega de su propiedad e incluso, reconociéndolo frente a terceros como su hijo natural. Que a la muerte de D. S. D., su otra hija extramatrimonial reconocida, inició el trámite sucesorio, aceptando la herencia y siendo declarada su única y universal heredera. Ofreció pruebas instrumental, testimonial y pericial biológica, esta última nunca se produjo, porque fue declarada caduca.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda instaurada en su totalidad. Apeló la demandada y la Cámara de Apelaciones admitió el recurso y rechazó la demanda conforme los siguientes argumentos:

Que en razón de tratarse de una acción de filiación post morten patris y que el actor inició la misma transcurridos 7 años desde la muerte del presunto progenitor, cuando el reclamante ya contaba con 49 años de haber llegado a la mayoría de edad y sin alegar ni probar ningún impedimento para iniciarla en vida del Sr. D., se instala la duda razonable de los por qué esperó tanto tiempo y se privó de contar en vida del presunto progenitor con un reconocimiento voluntario o demandarlo judicialmente en vista del eventual resultado favorable de la prueba biológica.

Que la premoriencia de las personas cuya paternidad se intenta reclamar, motiva dos consideraciones fundamentales que exigen restringir notablemente la amplitud probatoria: la imposibilidad del extinto de contrarrestar la prueba que se produzca y las dificultades de otros interesados para hacerlo y la gran negligencia y, aun el eventual dolo, que importa para el hijo el hecho de esperar el fallecimiento del padre para recién iniciar la acción.

Que el actor reconoció al demandar que nunca gozó de la posesión de estado, por lo que resultaba indispensable la prueba del nexo biológico. Que teniendo en cuenta la falta de posesión de estado y la declaración de caducidad de la prueba biológica ofrecida, se debe ser muy estricto en la apreciación de la prueba testimonial rendida en autos, la que resulta insuficiente para acreditar la filiación planteada.

Luego de analizar las 7 testimoniales rendidas en la causa, sostiene que sólo tres señalaron que D. decía que B. era su hijo, extremo este que, más allá de ese dicho, no trasciende en el trato del presunto padre respecto del hijo y necesario para generar en el juzgador, la certidumbre necesaria acerca de la existencia del supuesto vínculo. El resto de los testigos tienen conocimiento del asunto por comentarios del pueblo.

Que aun valorando en conjunto la prueba testimonial la misma podría haber sido útil como complemento integrativo de otras pruebas, sobre todo las relativas a la demostración de la posesión de estado, situación inexistente en autos

Que por las consideraciones expuestas y el dictamen de Fiscalía de Cámaras, debía revocarse la sentencia y rechazarse la acción de filiación intentada y su acumulada de petición de herencia.

Contra este decisorio, el accionante interpone recurso extraordinario de Inconstitucionalidad, con sustento en los incs. 2), 3) y 4) del art. 150 del CPC.

Al respecto sostiene que la sentencia resulta arbitraria por adolecer de vicios en su razonamiento y motivación.

Que si bien las pruebas biológicas tienen una gran significación en procesos de este tipo, no puede sostenerse que ante su ausencia, no pueda acreditarse la filiación por otros medios probatorios. Que los testimonios rendidos en autos son abundantes, coincidentes y concordantes en afirmar que el Sr. D. era el padre de B. M. y en algunos casos, hasta explicar que le daba trato de hijo.

Que las testimoniales de fs. 57, 58 y 59 eran coincidentes en señalar que padre e hijo eran idénticos. Que la declaración de fs. 59 del Sr. L. no ha sido valorada correctamente, ya que se trataba de una persona que trabajó en el círculo más íntimo del Sr. Dubois porque era el encargado de su bodega y además porque el mismo le reconoció ser el padre del actor, lo que implica un reconocimiento de posesión de estado.

Que la testigo de fs. 60 también afirmó que D. era el padre de M. y declaró sobre el parecido físico de ambos. Que en igual sentido se expresó el testigo de fs. 62, quien además se refirió a que la paternidad en cuestión era un hecho público y notorio.

Que el Juez de primera instancia sostuvo respecto de la prueba biológica, que el organismo técnico informó que los restos cadavéricos del Sr. S. D. no contenían material genético susceptible de ser analizado, por lo que sólo restaba la valoración de las pruebas testimoniales rendidas en autos. Que de las testimoniales rendidas surgen dos hechos fundamentales que no han sido valorados por el Tribunal: la convicción de cada testigo en particular de que el Sr. M. era hijo de D. y la convicción del pueblo entero de General Ortega en tal sentido.

Que el Tribunal ha tenido en cuenta la inexistencia de la prueba biológica, pero no ha merituado en absoluto las testimoniales rendidas en autos, que afirman la existencia de la paternidad y mucho menos la absoluta ausencia de pruebas de la demandada tendientes a rebatir o demostrar lo contrario.

Que las testimoniales rendidas son más que suficientes para acreditar que M. L. M. y S. D. tuvieron relaciones sexuales durante el tiempo de la concepción y que existió un parto en el cual M. L. dio a luz al actor. Que tal circunstancia no ha sido valorada por el a quo, lo que lo lleva a restar importancia a las pruebas rendidas en autos en ausencia de la biológica.

Solución del caso:

En punto a la queja constitucional y como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido tiene dicho el Tribunal siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (LA LEY, 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad.

Esta tacha que se imputa a la sentencia como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad, supone la existencia de una notoria contradicción entre los fundamentos del fallo y las constancias indubitadas de la causa o una decisiva carencia de fundamentación (L.A 101-447; 108-23). En sentido similar se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local, reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura en el orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos absurdos o autocontradictorios. Resulta por tanto improcedente, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal.

Por aplicación de tales lineamientos, tengo para mí que la sentencia impugnada se sostiene como acto jurisdiccional válido, sin que los razonamientos del pronunciante se muestren como insuficientes o apartados de las constancias de la causa, al punto que puedan autorizar la tacha efectuada y menos aún, que las conclusiones se apoyen en consideraciones carentes de fundamentación, por lo que entiendo que los agravios vertidos por el recurrente deberán rechazarse.

En efecto, de las constancias de la causa surge que el Tribunal en su decisión, parte de considerar que el supuesto de autos se trata de una acción "post morten patris" es decir luego de la premoriencia de la persona cuya paternidad se intenta reclamar y a 7 años del deceso del presunto progenitor, cuando el actor contaba ya con 49 años de haber llegado a la mayoría de edad y sin que se alegara ni probara ningún impedimento para haberla iniciado en vida del presunto padre.

Cabe poner de resalto que ninguno de estos argumentos que surgen objetivamente de las constancias de la causa; no han sido objeto de impugnación por parte de la recurrente.

Dado ello, el pronunciante justificadamente entendió, conforme doctrina que cita, que debía restringirse la amplitud probatoria en virtud de la imposibilidad del extinto, para contrarrestar la prueba ofrecida y la grave negligencia del hijo que espera el fallecimiento del padre, para recién iniciar la acción, sin que exista ningún impedimento para ello.

También valoró el Tribunal, que el mismo actor reconoció en su demanda que nunca gozó de la posesión de estado y que la prueba biológica ofrecida y aceptada por el juzgador fue declarada caduca.

En función de estos elementos y luego de valorar uno a uno los testimonios rendidos en la causa, el Tribunal entiende que tal prueba resulta insuficiente para acreditar la filiación del actor, desde que, del total de testigos, sólo tres hacían referencia a que M. era hijo de D. y el resto sólo dicen que tienen conocimiento de ello, por comentarios del pueblo.

Ahora bien, la recurrente no sólo no se hace cargo de los sólidos argumentos dados por el Tribunal respecto de las circunstancias del caso, en virtud de las cuales debía ser más estricto en la apreciación de la prueba sino que, insiste a lo largo de todo su escrito recursivo, en que la prueba testimonial resultaba suficiente, lo que revela en definitiva su disconformidad con la valoración del material probatorio, que de por sí resulta insuficiente para la procedencia del recurso.

En este aspecto es de destacar que el fallo nunca sostuvo que la prueba testimonial resultaba inadmisible, sino que y por el contrario, expresamente se encargó de señalar que el art. 253 del CC admite en las acciones por filiación un amplio margen probatorio. Sin embargo y luego del análisis detallado de los testimonios entendió que esas pruebas aportadas, no generaban la certidumbre necesaria de la existencia del vínculo y que, en el mejor de los supuestos, tal prueba podría haber sido útil como complemento de otras, sobre todo las relativas a la posesión de estado, situación inexistente en autos. En este orden de ideas, destacó la importancia de la prueba biológica conforme el referido texto legal, la que en el caso fuera declarada caduca.

Es por ello que la afirmación de la recurrente respecto a que la prueba biológica no se realizó por falta de medios económicos del actor, no resulta atendible en esta instancia, cuando existe una declaración de caducidad de por medio y no se advirtió de tal imposibilidad, en su oportunidad.

El argumento referido a que la posesión de estado quedó acreditada con las testimoniales rendidas, tampoco resulta atendible, desde que fue la propia actora la que, en su demanda, afirmó que D. nunca le otorgó posesión de estado, circunstancia ésta que fuera expresamente advertida por la sentenciante.

Igualmente no resulta atendible el planteo referido a que la contraria nada probó. Desde que el argumento definitorio por el cual se rechazó la demanda, fue que el hecho principal invocado por la actora, esto es la filiación, no se encontraba acreditado en la causa, carga procesal esta que recaía sobre la accionante y no sobre la demandada ajena por cierto a dicha relación filial.

Lo hasta aquí expuesto, abona a mi convencimiento, respecto a que en el ocurrente nada ocurre de arbitrario en la sentencia criticada, la que encuentra sustento bastante en las constancias objetivas de la causa y en las que se apoya el Juzgador dando fundadas razones del apartamiento efectuado respecto de la prueba testimonial rendida en la causa.

Por lo que, si mi voto resulta compartido por mis Colegas de sala, deberá rechazarse el recurso articulado.

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

2ª cuestión.- El doctor Romano dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Llorente adhieren al voto que antecede.

3ª cuestión.- El doctor Romano dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente vencida (arts. 148 y 36 del CPC).

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Llorente adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, resuelve:I. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 10/16 de autos.II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.III. Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.IV. Dar a la suma de pesos cuarenta ($ 40), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 1, el destino previsto por el art. 47, inc. IV del CPC.- Fernando Romano.- Alejandro Pérez Hualde.- Pedro Llorente.

 

* * *

Comentario al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I , "Morales, B. c. D. de F.", 2006/03/20

Acción de filiación y de petición de herencia y colación "post mortem patris" - Arias de Ronchietto, Catalina Elsa *

Publicado en la LLGran Cuyo, 2006 (julio), pág.731

 

Sin perjuicio de rechazar formalmente el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad planteado por el actor, en mérito a las consideraciones que siguiendo el criterio sentado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministro preopinante Dr. Fernando Romano, sala I, de la Suprema Corte de Mendoza, desarrolla en la primera parte del fallo, este decisorio de vigorosa impronta ética, se preocupa luego en abordar la cuestión de fondo que el interesado reclama.

 

El fallo analiza entonces una cuestión siempre compleja y de trascendente resonancia personal y social por su connotación inmediata con el derecho a la identidad personal y en su consecuencia, el derecho al disfrute de todos sus efectos legales. Entre éstos, y en el caso, se trata del derecho a suceder del hijo no reconocido en vida del causante frente a su eventual medio hermana, también hija extramatrimonial, pero cuya filiación paterna fue reconocida en vida por su progenitor, y que a su muerte, inició el tramite sucesorio, aceptó la herencia y fue declarada única y universal heredera.

 

El Ministro preopinante, centra adecuadamente la cuestión al expresar: "... la premoriencia de las personas cuya paternidad se intenta reclamar motiva dos consideraciones fundamentales que exigen restringir notablemente la amplitud probatoria: la imposibilidad del extinto de contrarrestar la prueba que se produzca y las dificultades de otros interesados para hacerlo, la gran negligencia y, aún, el eventual dolo que importa para el hijo el hecho de esperar el fallecimiento del padre para recién iniciar la acción".

 

Se trata de la acción de filiación post mortem patris, de reclamo de la filiación y de petición de herencia y colación, instauradas siete años después de la muerte del presunto progenitor "... cuando el reclamante ya contaba con 49 años de haber llegado a la mayoría de edad y sin alegar ni probar ningún impedimento para iniciarla en vida del causante".

 

El subrayado es nuestro para destacar nuestra concordancia con lo merituado por el Alto Tribunal respecto de que el proceder del actor deja sin desmentir premeditada intencionalidad al aguardar la muerte del causante, por concordantes y expresivas evidencias resultantes de conductas concretas del actor, que constan en los autos de referencia:

 

a) Al demandar, el actor inicialmente reconoció que: "... nunca gozó de posesión de estado", por lo que resultaba indispensable la prueba del nexo biológico respecto del causante, su eventual progenitor;

 

b) En Primera Instancia la prueba biológica es considerada impracticable y luego, declarada caduca respecto del presunto progenitor, no siendo solicitada respecto de la eventual medio hermana.

 

c) A ello se suma la insuficiencia de la única prueba ofrecida: la prueba testimonial rendida en autos y encontrada insuficiente a su turno por la Primera Cámara de Apelaciones, apreciación que la Suprema Corte ratifica: de los siete testigos presentados sólo tres señalaron que el fallecido "decía" que el actor era su hijo, sólo uno que tenían cierto parecido físico, y los demás mencionaron que sólo conocían la posibilidad de que así fuera "por comentarios del pueblo", General Ortega.

 

d) Por lo brevemente expuesto se aprecia que aflora con coherencia la significación al respecto de todo lo reseñado al subrayarse el hecho de que el actor haya dejado transcurrir -sin aportar justificación alguna- siete años desde el fallecimiento de su presunto progenitor, pese a su largamente cumplida edad adulta.

 

e) Y, muy en especial, de las circunstancias del caso y de la falta de mención de siquiera algún impedimento concreto sufrido por el actor, queda sin explicación satisfactoria y afirma la convicción del Alto Tribunal de la "gran negligencia y aún el eventual dolo del actor por no haber iniciado la acción de filiación en vida de su presunto padre".

(*)Directora del Instituto de Derecho Civil "Profesor Dr. Guillermo A. Borda" - UM. Miembro del Instituto de Derecho Civil. Región Cuyo. Academia Nacional de Derecho de Córdoba.

Cliente: escribió hace 4 año.
Necesito la respuesta a mi pregunta o que me avise si va vía mi mail. Ya fue efectuado el deposito
Experto:  huracan29 escribió hace 4 año.

Estimado: normativa especifica con respecto a este tipo de prubas de ADN, recientemente he hecho un curso de actulizacion en derecho de filicion, lo que le aconsejo es fundarse en que la prueba no excluye el vinculo, y los testigos que oporto, cite tratados con jeraquia internacional,referentes al derecho a la identidad he chequeado la jurisprudencia con respecto la tema, y no he ha hallado caso similiar, te paso este fallo que puede ser util, hace hincapie en falta de accion y falta de posesion de estado, procesalmente, estàs a tiempo de pedir un contraprueba? ya que en este tipo de procesos la prueba de ADN es determinante

FALLO COMPLETO

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I

Morales, B. c. D. de F., A.M.

20/03/2006

Publicado en la LLGran Cuyo 2006 (julio), anotado por Catalina Elsa Arias de Ronchietto LLGran Cuyo 2006 (julio), pág.732

En este caso el juez de grado hizo lugar a la acción de filiación instaurada por el actor, pero apelada la sentencia por la demandada, la Alzada revocó el decisorio. La actora dedujo recurso extraordinario por sentencia arbitraria, que fue rechazado quedando confirmado el resolutorio de Alzada.

* * *

Mendoza, marzo 20 de 2006.

1ª ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto? 2ª En su caso ¿qué solución corresponde?

3ª Costas.

1ª cuestión.- El doctor Romano dijo:

Los hechos relevantes para la solución del presente caso son los siguientes:

El Sr. B. M. interpone acción reclamando su filiación extramatrimonial y consecuentemente demandó la petición de herencia y colación contra la sucesora del Sr. S. D., Sra. A. M. D. de F. R.

Sostuvo que el día 22 de mayo del 1924, se inscribió su nacimiento como hijo natural de la Sra. L. M., quien para esa fecha, tenía relaciones amorosas con el Sr. D., las que culminaron en su embarazo y maternidad. Que si bien nunca fue reconocido por su padre, éste lo protegió de diversas maneras, llegando a darle trabajo en la finca y bodega de su propiedad e incluso, reconociéndolo frente a terceros como su hijo natural. Que a la muerte de D. S. D., su otra hija extramatrimonial reconocida, inició el trámite sucesorio, aceptando la herencia y siendo declarada su única y universal heredera. Ofreció pruebas instrumental, testimonial y pericial biológica, esta última nunca se produjo, porque fue declarada caduca.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda instaurada en su totalidad. Apeló la demandada y la Cámara de Apelaciones admitió el recurso y rechazó la demanda conforme los siguientes argumentos:

Que en razón de tratarse de una acción de filiación post morten patris y que el actor inició la misma transcurridos 7 años desde la muerte del presunto progenitor, cuando el reclamante ya contaba con 49 años de haber llegado a la mayoría de edad y sin alegar ni probar ningún impedimento para iniciarla en vida del Sr. D., se instala la duda razonable de los por qué esperó tanto tiempo y se privó de contar en vida del presunto progenitor con un reconocimiento voluntario o demandarlo judicialmente en vista del eventual resultado favorable de la prueba biológica.

Que la premoriencia de las personas cuya paternidad se intenta reclamar, motiva dos consideraciones fundamentales que exigen restringir notablemente la amplitud probatoria: la imposibilidad del extinto de contrarrestar la prueba que se produzca y las dificultades de otros interesados para hacerlo y la gran negligencia y, aun el eventual dolo, que importa para el hijo el hecho de esperar el fallecimiento del padre para recién iniciar la acción.

Que el actor reconoció al demandar que nunca gozó de la posesión de estado, por lo que resultaba indispensable la prueba del nexo biológico. Que teniendo en cuenta la falta de posesión de estado y la declaración de caducidad de la prueba biológica ofrecida, se debe ser muy estricto en la apreciación de la prueba testimonial rendida en autos, la que resulta insuficiente para acreditar la filiación planteada.

Luego de analizar las 7 testimoniales rendidas en la causa, sostiene que sólo tres señalaron que D. decía que B. era su hijo, extremo este que, más allá de ese dicho, no trasciende en el trato del presunto padre respecto del hijo y necesario para generar en el juzgador, la certidumbre necesaria acerca de la existencia del supuesto vínculo. El resto de los testigos tienen conocimiento del asunto por comentarios del pueblo.

Que aun valorando en conjunto la prueba testimonial la misma podría haber sido útil como complemento integrativo de otras pruebas, sobre todo las relativas a la demostración de la posesión de estado, situación inexistente en autos

Que por las consideraciones expuestas y el dictamen de Fiscalía de Cámaras, debía revocarse la sentencia y rechazarse la acción de filiación intentada y su acumulada de petición de herencia.

Contra este decisorio, el accionante interpone recurso extraordinario de Inconstitucionalidad, con sustento en los incs. 2), 3) y 4) del art. 150 del CPC.

Al respecto sostiene que la sentencia resulta arbitraria por adolecer de vicios en su razonamiento y motivación.

Que si bien las pruebas biológicas tienen una gran significación en procesos de este tipo, no puede sostenerse que ante su ausencia, no pueda acreditarse la filiación por otros medios probatorios. Que los testimonios rendidos en autos son abundantes, coincidentes y concordantes en afirmar que el Sr. D. era el padre de B. M. y en algunos casos, hasta explicar que le daba trato de hijo.

Que las testimoniales de fs. 57, 58 y 59 eran coincidentes en señalar que padre e hijo eran idénticos. Que la declaración de fs. 59 del Sr. L. no ha sido valorada correctamente, ya que se trataba de una persona que trabajó en el círculo más íntimo del Sr. Dubois porque era el encargado de su bodega y además porque el mismo le reconoció ser el padre del actor, lo que implica un reconocimiento de posesión de estado.

Que la testigo de fs. 60 también afirmó que D. era el padre de M. y declaró sobre el parecido físico de ambos. Que en igual sentido se expresó el testigo de fs. 62, quien además se refirió a que la paternidad en cuestión era un hecho público y notorio.

Que el Juez de primera instancia sostuvo respecto de la prueba biológica, que el organismo técnico informó que los restos cadavéricos del Sr. S. D. no contenían material genético susceptible de ser analizado, por lo que sólo restaba la valoración de las pruebas testimoniales rendidas en autos. Que de las testimoniales rendidas surgen dos hechos fundamentales que no han sido valorados por el Tribunal: la convicción de cada testigo en particular de que el Sr. M. era hijo de D. y la convicción del pueblo entero de General Ortega en tal sentido.

Que el Tribunal ha tenido en cuenta la inexistencia de la prueba biológica, pero no ha merituado en absoluto las testimoniales rendidas en autos, que afirman la existencia de la paternidad y mucho menos la absoluta ausencia de pruebas de la demandada tendientes a rebatir o demostrar lo contrario.

Que las testimoniales rendidas son más que suficientes para acreditar que M. L. M. y S. D. tuvieron relaciones sexuales durante el tiempo de la concepción y que existió un parto en el cual M. L. dio a luz al actor. Que tal circunstancia no ha sido valorada por el a quo, lo que lo lleva a restar importancia a las pruebas rendidas en autos en ausencia de la biológica.

Solución del caso:

En punto a la queja constitucional y como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido tiene dicho el Tribunal siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (LA LEY, 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad.

Esta tacha que se imputa a la sentencia como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad, supone la existencia de una notoria contradicción entre los fundamentos del fallo y las constancias indubitadas de la causa o una decisiva carencia de fundamentación (L.A 101-447; 108-23). En sentido similar se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local, reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura en el orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos absurdos o autocontradictorios. Resulta por tanto improcedente, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal.

Por aplicación de tales lineamientos, tengo para mí que la sentencia impugnada se sostiene como acto jurisdiccional válido, sin que los razonamientos del pronunciante se muestren como insuficientes o apartados de las constancias de la causa, al punto que puedan autorizar la tacha efectuada y menos aún, que las conclusiones se apoyen en consideraciones carentes de fundamentación, por lo que entiendo que los agravios vertidos por el recurrente deberán rechazarse.

En efecto, de las constancias de la causa surge que el Tribunal en su decisión, parte de considerar que el supuesto de autos se trata de una acción "post morten patris" es decir luego de la premoriencia de la persona cuya paternidad se intenta reclamar y a 7 años del deceso del presunto progenitor, cuando el actor contaba ya con 49 años de haber llegado a la mayoría de edad y sin que se alegara ni probara ningún impedimento para haberla iniciado en vida del presunto padre.

Cabe poner de resalto que ninguno de estos argumentos que surgen objetivamente de las constancias de la causa; no han sido objeto de impugnación por parte de la recurrente.

Dado ello, el pronunciante justificadamente entendió, conforme doctrina que cita, que debía restringirse la amplitud probatoria en virtud de la imposibilidad del extinto, para contrarrestar la prueba ofrecida y la grave negligencia del hijo que espera el fallecimiento del padre, para recién iniciar la acción, sin que exista ningún impedimento para ello.

También valoró el Tribunal, que el mismo actor reconoció en su demanda que nunca gozó de la posesión de estado y que la prueba biológica ofrecida y aceptada por el juzgador fue declarada caduca.

En función de estos elementos y luego de valorar uno a uno los testimonios rendidos en la causa, el Tribunal entiende que tal prueba resulta insuficiente para acreditar la filiación del actor, desde que, del total de testigos, sólo tres hacían referencia a que M. era hijo de D. y el resto sólo dicen que tienen conocimiento de ello, por comentarios del pueblo.

Ahora bien, la recurrente no sólo no se hace cargo de los sólidos argumentos dados por el Tribunal respecto de las circunstancias del caso, en virtud de las cuales debía ser más estricto en la apreciación de la prueba sino que, insiste a lo largo de todo su escrito recursivo, en que la prueba testimonial resultaba suficiente, lo que revela en definitiva su disconformidad con la valoración del material probatorio, que de por sí resulta insuficiente para la procedencia del recurso.

En este aspecto es de destacar que el fallo nunca sostuvo que la prueba testimonial resultaba inadmisible, sino que y por el contrario, expresamente se encargó de señalar que el art. 253 del CC admite en las acciones por filiación un amplio margen probatorio. Sin embargo y luego del análisis detallado de los testimonios entendió que esas pruebas aportadas, no generaban la certidumbre necesaria de la existencia del vínculo y que, en el mejor de los supuestos, tal prueba podría haber sido útil como complemento de otras, sobre todo las relativas a la posesión de estado, situación inexistente en autos. En este orden de ideas, destacó la importancia de la prueba biológica conforme el referido texto legal, la que en el caso fuera declarada caduca.

Es por ello que la afirmación de la recurrente respecto a que la prueba biológica no se realizó por falta de medios económicos del actor, no resulta atendible en esta instancia, cuando existe una declaración de caducidad de por medio y no se advirtió de tal imposibilidad, en su oportunidad.

El argumento referido a que la posesión de estado quedó acreditada con las testimoniales rendidas, tampoco resulta atendible, desde que fue la propia actora la que, en su demanda, afirmó que D. nunca le otorgó posesión de estado, circunstancia ésta que fuera expresamente advertida por la sentenciante.

Igualmente no resulta atendible el planteo referido a que la contraria nada probó. Desde que el argumento definitorio por el cual se rechazó la demanda, fue que el hecho principal invocado por la actora, esto es la filiación, no se encontraba acreditado en la causa, carga procesal esta que recaía sobre la accionante y no sobre la demandada ajena por cierto a dicha relación filial.

Lo hasta aquí expuesto, abona a mi convencimiento, respecto a que en el ocurrente nada ocurre de arbitrario en la sentencia criticada, la que encuentra sustento bastante en las constancias objetivas de la causa y en las que se apoya el Juzgador dando fundadas razones del apartamiento efectuado respecto de la prueba testimonial rendida en la causa.

Por lo que, si mi voto resulta compartido por mis Colegas de sala, deberá rechazarse el recurso articulado.

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

2ª cuestión.- El doctor Romano dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Llorente adhieren al voto que antecede.

3ª cuestión.- El doctor Romano dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente vencida (arts. 148 y 36 del CPC).

Así voto.

Los doctores Pérez Hualde y Llorente adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, resuelve:I. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 10/16 de autos.II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.III. Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.IV. Dar a la suma de pesos cuarenta ($ 40), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 1, el destino previsto por el art. 47, inc. IV del CPC.- Fernando Romano.- Alejandro Pérez Hualde.- Pedro Llorente.

 

* * *

Comentario al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I , "Morales, B. c. D. de F.", 2006/03/20

Acción de filiación y de petición de herencia y colación "post mortem patris" - Arias de Ronchietto, Catalina Elsa *

Publicado en la LLGran Cuyo, 2006 (julio), pág.731

 

Sin perjuicio de rechazar formalmente el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad planteado por el actor, en mérito a las consideraciones que siguiendo el criterio sentado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministro preopinante Dr. Fernando Romano, sala I, de la Suprema Corte de Mendoza, desarrolla en la primera parte del fallo, este decisorio de vigorosa impronta ética, se preocupa luego en abordar la cuestión de fondo que el interesado reclama.

 

El fallo analiza entonces una cuestión siempre compleja y de trascendente resonancia personal y social por su connotación inmediata con el derecho a la identidad personal y en su consecuencia, el derecho al disfrute de todos sus efectos legales. Entre éstos, y en el caso, se trata del derecho a suceder del hijo no reconocido en vida del causante frente a su eventual medio hermana, también hija extramatrimonial, pero cuya filiación paterna fue reconocida en vida por su progenitor, y que a su muerte, inició el tramite sucesorio, aceptó la herencia y fue declarada única y universal heredera.

 

El Ministro preopinante, centra adecuadamente la cuestión al expresar: "... la premoriencia de las personas cuya paternidad se intenta reclamar motiva dos consideraciones fundamentales que exigen restringir notablemente la amplitud probatoria: la imposibilidad del extinto de contrarrestar la prueba que se produzca y las dificultades de otros interesados para hacerlo, la gran negligencia y, aún, el eventual dolo que importa para el hijo el hecho de esperar el fallecimiento del padre para recién iniciar la acción".

 

Se trata de la acción de filiación post mortem patris, de reclamo de la filiación y de petición de herencia y colación, instauradas siete años después de la muerte del presunto progenitor "... cuando el reclamante ya contaba con 49 años de haber llegado a la mayoría de edad y sin alegar ni probar ningún impedimento para iniciarla en vida del causante".

 

El subrayado es nuestro para destacar nuestra concordancia con lo merituado por el Alto Tribunal respecto de que el proceder del actor deja sin desmentir premeditada intencionalidad al aguardar la muerte del causante, por concordantes y expresivas evidencias resultantes de conductas concretas del actor, que constan en los autos de referencia:

 

a) Al demandar, el actor inicialmente reconoció que: "... nunca gozó de posesión de estado", por lo que resultaba indispensable la prueba del nexo biológico respecto del causante, su eventual progenitor;

 

b) En Primera Instancia la prueba biológica es considerada impracticable y luego, declarada caduca respecto del presunto progenitor, no siendo solicitada respecto de la eventual medio hermana.

 

c) A ello se suma la insuficiencia de la única prueba ofrecida: la prueba testimonial rendida en autos y encontrada insuficiente a su turno por la Primera Cámara de Apelaciones, apreciación que la Suprema Corte ratifica: de los siete testigos presentados sólo tres señalaron que el fallecido "decía" que el actor era su hijo, sólo uno que tenían cierto parecido físico, y los demás mencionaron que sólo conocían la posibilidad de que así fuera "por comentarios del pueblo", General Ortega.

 

d) Por lo brevemente expuesto se aprecia que aflora con coherencia la significación al respecto de todo lo reseñado al subrayarse el hecho de que el actor haya dejado transcurrir -sin aportar justificación alguna- siete años desde el fallecimiento de su presunto progenitor, pese a su largamente cumplida edad adulta.

 

e) Y, muy en especial, de las circunstancias del caso y de la falta de mención de siquiera algún impedimento concreto sufrido por el actor, queda sin explicación satisfactoria y afirma la convicción del Alto Tribunal de la "gran negligencia y aún el eventual dolo del actor por no haber iniciado la acción de filiación en vida de su presunto padre".

(*)Directora del Instituto de Derecho Civil "Profesor Dr. Guillermo A. Borda" - UM. Miembro del Instituto de Derecho Civil. Región Cuyo. Academia Nacional de Derecho de Córdoba.

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