Cómo funciona JustAnswer:

  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tienen muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.

Formule su propia pregunta a huracan29

huracan29
huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 2431
Experiencia:  Abogada especialista en los fueros civil, comercial, laboral y previsional
60127592
Escriba su pregunta sobre Ley de Argentina aquí...
huracan29 está en línea ahora

Necesito cuantificar los daños y perjuicios por secuela de

Pregunta del cliente:

Necesito cuantificar los daños y perjuicios por secuela de fractura de femur ocurrida a un joven de 18 años por un accidente mientras realizaba prácticas de educación física bajo la responsabilidad de un establecimiento educativo privado. Se trata de un joven que al momento del hecho cursaba el 5to. año de bachiller, excelente deportista, que quedó con una secuela incapacitante permanente estimada en un 34% sumada la física y psíquica. Quedó severamente limitado para actividades deportivas, bailar, etc., con daño estético y limitaciones para deambular. Debió desistir de su concurrencia a viaje de fin de curso y postergar por más de un año el inicio de su carrera universitaria. No encontré en los sitios consultados casos actuales y similares. Si me pueden aportar alguna información desde ya muchas gracias. Mi e-mail: [email protected]
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.

Estimado: aqui hay varios daños a cuantificar, primero

Fisico: depende del tiempo que haya demorado en recuperarse, si hubo intervenciones quirurjicas, dias de internacion,secuelas, calcule entre 40 y 60 mil pesos

daño moral; este el daño ocasionado por la angustia de la lesion, esto depende de cuanto haya afectado a la persona, calcule entre 20 y 30 mil pesos

Daños estetico: esto dependera del daños ocasionado, no puedo aproximarlo

Daño al poyecto de vida: por las cosas y activadades que tuvo que dejar de hacer alredor de $10000

Le aconsejo qeu vea a un abogado especilista para que haga un liquidacion detallada con ayuda de un medico legista que determine el quamtun de las lesiones y secuelas

Cliente: escribió hace 5 año.
No dijo nada que no supiese de antemano. La clasificación de los daños a mi criterio es muy poco afortunada y no coincide con la jurisprudencia. Lo que necesitaba son precedentes jurisprudenciales similares y recientes. Fallos en concreto. Considero la respuesta muy poco seria. Solicito restitución de lo abonado.
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.
Estimado: entiendo que ud es abogado, es una siemple y clara calsificacion para una persona neofita en le tema, si lo que necesita jurisprudencia, aguarde unos instantes
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.

Estimado: este fallo es bastante nuevo y lo podes aplicar analogicamente, tambien podes usar los baremos, pero es relativo, ya que, cada caso es particular por las complicaciones y secuelas

Cámara Civil le ordenó a un automovilista indemnizar con 160 mil pesos a una mujer que fue embestida cuando se desplazaba como a bordo de un cuatriciclo en la ciudad balnearia de Pinamar.

De todos modos, la mujer también fue considerada responsable del accidente porque, según la Justicia, "no correspondía" que ese rodado llevara acompañantes"...

La sala L del Tribunal condenó al conductor del vehículo y a la compañía de seguros a indemnizar a una joven de 20 años que viajaba como acompañante en el cuatriciclo, y que como consecuencia del accidente padeció "politraumatismos, fractura expuesta de fémur izquierdo, fractura de platillos tibiales izquierdos" sumado a "un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo", según los peritos.

Sin embargo, los camaristas señalaron que "parte de la responsabilidad debe atribuirse a los actores (conductor y demandante) por cuanto no correspondía que dicho móvil llevara acompañantes, lo cual contribuyó a aumentar los daños producidos",y así le atribuyeron un 30 por ciento de culpabilidad.

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2003, cuando la jovenentonces de 18 años viajaba como acompañante en el cuatriciclo por una calle de la localidad bonaerense de Pinamar, y fue embestido por un automóvil que intentaba girar hacia la izquierda. Pese a que los jueces les dieron la razón a los demandados sobre que "la ley no veda el giro a la izquierda cuando la calle no cuenta con semáforo" señalaron que el automóvil fue el"embistente" y por eso la responsabilidad atribuida.

"El conductor del Chevrolet se desplazaba con pendientes en ascenso, por lo que recién pudo ver al cuatriciclo cuando éste llega al tramo horizontal de la calle Buen Orden y que los conductores pudieron entrar en contacto visual a unos 48 metros del lugar del hecho, distancia que se considera suficiente para el frenado o disminución de velocidad a fin de evitar una colisión", consideraron.

Al mismo tiempo, aseguraron que "la parte demandada ha logrado probar que la conducta del conductor del cuatriciclo fue en parte, factor coadyuvante en la entidad del siniestro pese a que tuviera un adecuado control sobre el manejo", y agregaron que "con un pasajero se afecta el balance y el manejo e incrementa el riesgo de perder el control".

"La actora presenta una incapacidad laborativa de carácter parcial y permanente del 39% desde el punto de vista traumatológico", consta en el fallo al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

Los camaristas Hilario Rebaudi Basavilbaso, Fernando Líberman y Marcela Pérez Pardo incrementaron en 70.000 pesos la indemnización que deberá pagar el conductor del vehículo en concepto de incapacidad física y psíquica.

Además, según los peritos, la víctima del accidente deberá someterse a un tratamiento psicológico durante un año y medio, con frecuencia de dos sesiones semanales, para contrarrestar las secuelas.

En cuanto al daño moral producido a la joven, estudiante universitaria, quien debió permanecer varios meses inmovilizada, los camaristas fijaron la suma en 60.000 pesos.

En tanto, confirmaron la cifra de 30.000 pesos que se deberá pagar a la joven por los gastos médicos, así como también las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida tras el accidente.

Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.

Estimado: este fallo es de 2009

CALOCERO, Angela C/EXPRESO LA NUEVA ERA SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS S/INTERRUPCIÓN
DE LA PRESCRIPCIÓN (EXPTE. n1 52.282/2001)

En Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los días del mes de octubre de dos mil nueve, reunidos en
Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo
Civil, Sala D, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados A
CALOCERO, Angela C/EXPRESO LA NUEVA ERA SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS S/INTERRUPCIÓN
DE LA PRESCRIPCIÓN @, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a
resolver:

)Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el
sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores
jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri. El
señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse en uso
de licencia.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de
Serrat, dijo:

I.- La sentencia de fs.920/27 hizo lugar a la demanda por
daños y perjuicios interpuesta por Angela Calocero contra Expreso La Nueva Era
Sociedad Anónima y Carlos Jorge Giménez Melgarejo y condenó a éstos y a la
citada en garantía Trainmet Seguros Sociedad Anónima a abonarle la suma de $
62.520, con más sus intereses y las costas del juicio.
El fallo fue apelado
por la actora y la citada en garantía, quienes expresaron agravios a fs. 963/69
y 956/62 respectivamente. Corrido el traslado de ley, sólo fue contestado por la
aseguradora a fs. 979/82.
II.- La juez de primera instancia otorgó a la
actora por incapacidad física la suma de $ 28.000.
Ello causa agravio a la
demandante, quien sostiene que la suma es exigua porque el juzgador se apartó
del dictamen pericial al establecer el quantum indemnizatorio y que, tal como se
esgrimió al impugnar la pericia, el porcentaje de incapacidad que la aqueja es
del 55% y no del 20%, teniendo en cuenta las limitaciones que presenta en los
movimientos de la cadera.
Por su parte, la citada en garantía solicita la
reducción del rubro, quejándose de que la Aa quo@ no haya meritado su
impugnación a la pericia médica ni haya considerado que la actora evolucionó
favorablemente, presentando sólo una limitación moderada en la cadera derecha.
Subraya además que, para que sea procedente una indemnización por incapacidad,
debe existir un detrimento económico, el cual, alega, no se ha
probado.

En primer lugar, debe establecerse que, como he resuelto
reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo
abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda
afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de
relación.
En efecto, la noción de Alo patrimonial@ en el derecho de daños es
más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar,
más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las
potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que,
aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser
aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona
presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de
beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de
desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta
ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código
Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, Aen el examen
complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona
desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades
culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas,
sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden
acarrear consecuencias de carácter patrimonial@ (AResponsabilidad por daños@,
t.II-B, p. 194).
Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas
producidas en relación a la cuestión.
La perito médica designada en autos
informó a fs. 326/31 que la demandante sufrió, como consecuencia del hecho que
dio origen a la litis, fractura precantérea de fémur derecho, que fue tratada
con osteosíntesis y consolidó en eje. Como consecuencia, presenta en la
actualidad cicatriz quirúrgica en el muslo derecho de 17 cm de longitud, leve
hipotrofia muscular de ese miembro y limitación en los movimientos de la cadera
derecha respecto de los valores normales y los de la cadera izquierda. La fuerza
de la pierna se halla levemente disminuida. Deambula con ayuda de un bastón, su
marcha es claudicante, refiere dolor en la zona inguinal derecha y en la columna
lumbar. La experta estimó la incapacidad consecuente en un 20% de la total
obrera.

La pericia fue impugnada por la actora a fs. 361, quien alegó que
la incapacidad que padece asciende al 55% de la total vida, teniendo en cuenta
que, además de la importante limitación funcional descripta en la cadera
derecha, como consecuencia de la adopción de una posición antálgica presenta
escoliosis y cifosis de columna y afectación de la movilidad de la cadera
izquierda. La perito respondió a dichas observaciones a fs. 378, ratificando sus
conclusiones anteriores y negando la relación causal de la patología columnaria
con el accidente, la que atribuye a un proceso de desgaste osteoarticular de
larga data propio del paso de los años.
La demandada y la citada en garantía,
por su parte, a fs. 369 impugnaron el porcentaje de incapacidad estimado por la
perito, calificándolo de elevado con relación a lo establecido en el baremo del
Dr.Basile. A fs. 468, la perito ratificó nuevamente el porcentual informado en
el dictamen.
Se ha dicho reiteradamente que cuando el dictamen del perito se
encuentra fundado en principios técnicos o científicos inobjetables y no existe
otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones
frente a la imposibilidad de oponer argumentos de mayor valor; por lo que para
desvirtuar su informe resulta imprescindible contar con elementos de juicio que
permitan concluir fehacientemente el error o uso inadecuado de los conocimientos
científicos que por su especialización posee.
La discrepancia de las partes
con relación al porcentaje de incapacidad estimado por la experta no resulta,
pues, atendible, máxime cuando las limitaciones que padece la actora como
consecuencia de la fractura de fémur han sido descriptas pormenorizadamente por
aquélla y, por lo demás, en atención a la relativa importancia de los
porcentuales fijados por los baremos.

Debe recordarse en este punto, lo
expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización
por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes
extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en
concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y
social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo,
condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las
lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado
pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente
determinante del monto a reconocer.
Por otra parte, claramente distinguió la
perito médica las patologías que aquejan a la actora que son ajenas al
accidente.
Teniendo en cuenta la incapacidad que padece, su edad a la fecha
del hecho -73 años-, su estado civil -casada, con dos hijos mayores de edad-, su
actividad laboral -era modista, actividad que, según los testigos, no
reemprendió luego del accidente-, su situación socioeconómica, su estado físico
con anterioridad a él, que le permitía llevar una vida social activa, considero
que la indemnización acordada es fruto de prudente estimación, por lo que
propicio se la confirme.
III.- El magistrado de la anterior instancia
reconoció por incapacidad psíquica y por tratamiento psicológico las cantidades
de $ 6.000 y $ 11.520 respectivamente.
La actora solicita la elevación de la
partida otorgada por incapacidad psíquica, destacando que tanto la pericia
médica como la psicológica solicitada como medida para mejor proveer por el Aa
quo@ coincidieron en que presenta un 25% de minusvalía de esta
naturaleza.
Por su parte, la citada en garantía esgrime que se ha otorgado
una doble partida indemnizatoria al hacerse lugar a la pretensión por daño
psicológico y por daño moral. Añade que no se ha tenido en cuenta la incidencia
del proceso orgánico cerebral que presenta la actora y de su avanzada edad en el
proceso depresivo que se informó, tal como esgrimió al impugnar la pericia
médica con asesoramiento médico y psicológico. Invoca también respecto del daño
psicológico que no se demostró que haya generado un detrimento
patrimonial.
Se agravia además de que se haya otorgado una partida por
incapacidad psicológica y otra por gastos de asistencia de esa naturaleza
tendiente a posibilitar su mejoría, lo que a su juicio importa una duplicidad de
indemnizaciones por el mismo rubro.

En primer lugar, y pese a que la
citada en garantía no funda su afirmación de que existe una superposición entre
la indemnización del daño psicológico y la del daño moral, corresponde aclarar
que se trata de conceptos diferentes. En efecto, el primero se configura
mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del
equilibrio emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose
en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y que,
como toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud. Se
trata de una alteración o modificación patológica del aparato psíquico como
consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o
simbólica.
En cambio, el daño moral es una lesión a los sentimientos, que
puede definirse como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un
valor importante en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad del
espíritu, la libertad individual, la integridad física y los demás
afectos.
La diferencia, pues, es clara, pues al resarcir el daño psíquico no
se trata de comprender ni de identificarse empáticamente o moralmente con el
damnificado, sino de objetivar un diagnóstico clínico que tenga entidad
psicopatológica. En cambio, el daño moral supone un sufrimiento subjetivo que
puede no trascender en modificaciones psicopatológicas que tengan entidad
clínica, por lo que su evaluación queda sometida a los valores de quien lo
estima. (Ghersi, Carlos A., Accidentes de Tránsito - Derechos y reparación de
daños, pág. 130/137)

La perito médica, con base en un informe
psicodiagnóstico que le fue solicitado a la actora, informó que ésta presenta un
Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo reactivo al
accidente, cuadro que le genera un 25 % de incapacidad. Se describe en el
informe psicodiagnóstico que la actora posee una personalidad de base dinámica y
emprendedora y a la fecha del accidente continuaba con sus actividades laborales
y sociales, pero éste motivó la ruptura de su equilibrio personal, con
perturbaciones en su círculo de relaciones y sentimientos de inadecuación,
dependencia de los otros, minusvalía física y emocional; todo lo exterior es
vivido como amenazante generando conductas evitativas y de aislamiento con
profundo malestar psicológico. Recomendó un tratamiento psicoterapéutico a fin
de elaborar lo padecido y permitir una reconexión con su yo corporal, de un año
de duración y frecuencia de dos sesiones por semana (v. fs. 316/19 y 329 y
vta.).
La demandada observó el dictamen pericial, objetando que la actora
pudiera dedicarse a tareas de modista cuando la psicóloga dio cuenta de sus
dificultades en el control motor de las manos debido a la edad. Vinculó su
trastorno depresivo a su edad avanzada y cuestionó el porcentaje de incapacidad
atribuido. La perito ratificó su dictamen a fs. 468 sin dar mayores
fundamentos.
Como medida para mejor proveer, la Aa quo@ dispuso una nueva
pericia psicológica sobre la reclamante, la que fue realizada a fs. 889/902.
Informó la perito entonces que se trataba de una persona de 81 años que a lo
largo de su vida trabajó, formó una familia y sostuvo lazos sociales y objetivos
personales satisfactorios. Actualmente presentaba un deterioro orgánico de
reciente inicio que disminuía sus funciones intelectuales, encontrándose
especialmente afectada la esfera motriz y práctica y la memoria anterógrada,
pero que no la afectaba significativamente para las tareas cotidianas.
Paralelamente, presentaba un trastorno depresivo reactivo a las dificultades
locomotoras, la pérdida de independencia y la limitación para autoabastecerse
que esto le implicaba. Señaló la experta que era altamente probable que, si bien
había un trastorno cerebral orgánico de base, el trastorno depresivo reactivo
aumentara su expresión clínica. Aconsejó un tratamiento de dos años de duración
y frecuencia semanal y estimó la incapacidad generada por el trastorno depresivo
en un 25%.

La pericia es clara y fundada en cuanto a que este cuadro
tiene relación causal con el accidente y no con el deterioro orgánico de la
reclamante, que señala la experta era de reciente aparición al momento de la
pericia y cuyas manifestaciones, por el contrario, fueron agravadas por el
proceso depresivo en cuestión. También que al momento del hecho desplegaba una
actividad laboral y social de exigencia que el deterioro motor posterior al
accidente coartó, conclusión que reafirma la experta al contestar a la
impugnación de la citada en garantía a fs. 914.
Por lo demás, las
observaciones realizadas por la citada en garantía, aunque estuvieran fundadas
en el asesoramiento de un especialista -lo cual, de todos modos, no consta-,
fueron formuladas en abstracto y sin un examen personal de la damnificada, por
lo que carecen de fuerza convictiva en su propósito de lograr un apartamiento de
las conclusiones de la perito de oficio.
Pues bien: considero que asiste
razón a la actora en cuanto a que el monto de $ 6.000 en que se cuantificó el
daño psíquico es exiguo, teniendo en cuenta las secuelas detalladas, Propicio,
por ello, ponderando además de las circunstancias personales de la reclamante,
el tratamiento psicoterapéutico indicado y que se indemniza en forma autónoma,
desestimar la queja de la citada en garantía y acoger parcialmente la de la
actora, elevándolo a la suma de $ 12.000.
En lo que respecta al tratamiento
psicológico, dado que en ninguna de las pericias se asevera que la incapacidad
de esta índole sea transitoria y pueda remitir total o parcialmente a través del
mismo, no corresponde presumirlo, sino suponer que su objetivo es permitir a la
damnificada convivir con las secuelas y evitar su agravamiento, por lo que debe
ser desestimada la queja de la aseguradora también en este aspecto.
IV.- La
actora se queja de que la Aa quo@ haya omitido expedirse acerca del reclamo por
costo del tratamiento kinesiológico efectuado con posterioridad al
accidente.

En efecto, ello fue objeto de la demanda y la perito médica
designada para evacuar el punto atinente a la cuestión, según se ordenó como
medida para mejor proveer, respondió a fs. 869 que en los supuestos de fractura
de cuello de fémur tratadas quirúrgicamente como la de la actora, el paciente
requiere asistencia kinesiológica mientras permanece en cama y al iniciar la
deambulación, pues debe indicar el uso correcto del andador, bastones, etc.
Estima que la actora requirió este tipo de tratamiento, en cantidad aproximada
de veinte sesiones, a un costo a la fecha del informe de entre $ 50 y $ 70 por
sesión.
Pese a que no se acreditó a través de facturas o recibos la
prestación en cuestión, dada la naturaleza de la lesión y lo informado por la
perito debe presumirse que ha sido realizada. Propongo, por ello, acoger . Estima que la actora requirió este tipo de tratamiento, en cantidad aproximada
de veinte sesiones, a un costo a la fecha del informe de entre $ 50 y $ 70 por
sesión.
Pese a que no se acreditó a través de facturas o recibos la
prestación en cuestión, dada la naturaleza de la lesión y lo informado por la
perito debe presumirse que ha sido realizada. Propongo, por ello, acoger
favorablemente la queja y hacer lugar al rubro por la suma de $ 1.000.
V.- Se
queja la demandante, asimismo, de que la magistrada de grado haya rechazado su
reclamo por tratamiento kinesiológico futuro. Sostiene que la Aa quo@ debió
apartarse de lo dictaminado por la perito médica en el sentido de que la
examinada no lo requería, dado que, pasados tres años del accidente, a la fecha
de la pericia aún presentaba dolor, hipotrofia muscular y limitación de la
movilidad en la cadera afectada.
La subsistencia de secuelas a que alude la
apelante no autoriza a presumir la necesidad de tratamiento kinésico, pues si la
perito dictaminó que el mismo no era necesario, fue evidentemente porque
consideró que aquéllas se encontraban consolidadas.
No encuentro, pues,
motivos para apartarme de lo dictaminado, por lo que propicio la desestimación
de la queja en análisis.
VI.- Ambos apelantes se agravian de la cuantía del
resarcimiento por daño moral -$ 15.000-.
En relación a este rubro, debe
reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues
tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el
damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que
puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las
circunstancias particulares acreditadas en la causa.

Ponderando la honda
repercusión que en los sentimientos de la actora debió generar la ocurrencia del
accidente, por tratarse de una inesperada y violenta agresión a su integridad
física; los dolores físicos padecidos a raíz de la fractura de fémur; la
internación, intervención quirúrgica y tratamiento de rehabilitación a que debió
someterse; el largo lapso de convalecencia hasta el alta, que importó la
interrupción absoluta de todas sus actividades; la incapacidad física permanente
que presenta; el daño psíquico comprobado, que permite presumir la profunda
conmoción sufrida; la circunstancia de que debió desde entonces deambular con
apoyo de bastón y abandonar su actividad laboral y social, pero obviando los
factores concurrentes que en la actualidad le generan incapacidad y que son
propios de su edad o de otras patologías, entiendo que la cantidad acordada por
daño moral es fruto de prudente estimación, por lo que propongo su
confirmación.
VII.- En la sentencia recurrida se fijaron los intereses sobre
el monto de condena al 6% anual desde la fecha del accidente y hasta la del
pronunciamiento, y desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva; con
excepción de los gastos por tratamiento psicoterapéutico, los cuales, por
tratarse de daños futuros, devengarían intereses desde la sentencia a esta
última tasa.
Se agravia la actora de la aplicación de la tasa del 6%, por
cuanto, según afirma, no habría modo de saber si efectivamente los valores se
encuentran actualizados o no. Discrepa asimismo con la aplicación de la tasa
pasiva y solicita se disponga otra que cubra la depreciación de la moneda.
El
plenario de esta Cámara "Samudio de Martínez Ladislaa c/Transportes Doscientos
Setenta S.A. s/daños y perjuicios", con fecha 20 de abril de 2009 estableció
como doctrina obligatoria para los tribunales del fuero: A1) "Corresponde dejar
sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios "Vázquez, Claudia Angélica
c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios" del 2/8/93 y "Alaniz, Ramona
Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios" del
23/3/04"; 2 ) "Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio"; 3)
"Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina"; 4) "La tasa de interés
fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la
sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado
de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital
de condena que configure un enriquecimiento indebido".

Tal como ha
decidido esta Sala por mayoría (in te "Rozadilla, Cristina Leonor c/Renzullo,
Miguel y otros s/daños y perjuicios", "Alonso Silvina Vanesa c/ Cruz Julio Cesar
y otros s/ daños y perjuicios", ambos del 21 de mayo de 2009, "Carreira, Daniel
Emilio c/Espinola, Luis Roberto s/daños y perjuicios" del 26 de mayo de 2009;
@Ríos Marza, Carlos Alberto y otros c/ López Carlos Javier y otros s/ Daños y
Perjuicios@ del 29 de septiembre de 2009; ALuraschi, Elsa Susana c/Carballo,
Carlos Eduardo y otros s/daños y perjuicios@ del 9 de septiembre de 2009;
ARodríguez, José María c/Ausa s/daños y perjuicios@ del 14 de octubre de 2009),
en casos como el presente, en que se han fijado resarcimientos a través de una
estimación actual del valor de los bienes afectados, la aplicación de la tasa
activa entre la fecha de punto de partida del cómputo y la de la sentencia
importaría un enriquecimiento indebido a favor de la parte actora en los
términos del punto 4 del plenario, pues las tasas bancarias contienen un
componente destinado a enjugar la pérdida del valor adquisitivo del dinero, el
cual también ha sido contemplado al estimar el daño a valores actuales.
Sin
embargo, la citada en garantía, al contestar la expresión de agravios de su
contraria, esgrime que, dada la obligatoriedad del plenario AVázquez Claudia
c/Bilbao, Walter@, corresponde mantener la tasa pasiva desde la fecha del
siniestro.
En virtud de ello y en atención al principio de congruencia,
corresponde hacer lugar parcialmente al agravio de la reclamante y disponer la
aplicación de la tasa pasiva desde la fecha de inicio del cómputo de los
intereses hasta la del presente fallo y, desde hoy hasta el efectivo pago, a la
tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del
Banco de la Nación Argentina.
La indemnización por gastos de tratamiento
psicológico devengará intereses a la tasa citada en último término desde la
fecha determinada por la Aa quo@ como punto de partida para su
cómputo.

VIII.- La citada en garantía se agravia de que la Aa quo@ haya
aplicado al caso el plenario "Gauna, Agustín c/La Economía Comercial S.A. de
Seguros Generales" y "Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro",
disponiendo que la franquicia estipulada en la póliza no era oponible a la
actora.
Esta Sala ha sostenido reiteradamente, en los autos "Gaillard,
Norberto c/Colazo, Amílcar del 2 de marzo de 2007, "Andreacchio, Alicia
c/Transporte Automotor Plaza SACI Línea 114" del 16 de abril de 2007, "González,
Mirta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo" del 6 de noviembre de 2007 y "Fara,
Teresa Catalina c/Línea 17 S.A." del 20 de marzo de 2007, entre otros: "En el
fallo plenario de fecha 13 de diciembre de 2006 recaído en autos "Obarrio María
Pía c/ Microómnibus Norte SA y otro c/ La Economía Comercial SA de Seguros
Generales y otro s/ daños y perjuicios", la minoría expresamente destacó, y en
esto coincido, que las normas procesales que establecen el principio de
congruencia son siempre aplicables (CPCC: 34, inc. 4, 163, inc. 6, 277 y concs.)
razón por la cual, como digo, no corresponde en el caso declarar la
inoponibilidad como lo estableció la decisión mayoritaria".
Sin perjuicio de
la jurisprudencia plenaria antes citada y de los nuevos fallos dictados por la
Corte Suprema de Justicia en los autos "Gauna, Agustín c/La Economía Comercial
S.A. de Seguros Generales" y "Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y
otro" con fecha 4 de marzo de 2008, en los que el Tribunal reiteró su criterio
en favor de la oponibilidad de la franquicia al tercero damnificado, en autos se
advierte que la parte actora no realizó ningún planteo en torno a la
inoponibilidad a su parte de la misma, ni siquiera al corrérsele traslado de la
pericia contable mediante la cual se acreditaba la autenticidad de la póliza
acompañada por la aseguradora.
Debe concluirse que el juez no respetó el
principio de congruencia al fallar más allá de lo peticionado por las partes.


Si bien el juzgador debe elegir y aplicar correctamente el derecho,
independientemente del error en que las partes pudiesen incurrir en su
individualización principio "iura novit curia" , debe tenerse presente que el
mismo debe resultar necesariamente de los hechos y planteos formulados por las
partes, dado que el magistrado se encuentra constreñido por la determinación de
personas, objeto y causa especificados en la demanda. Ello así, con el objeto de
evitar que se puedan introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de
hecho respecto de las cuales las partes no puedan ejercer su derecho de
defensa.
Se ha dicho respecto de la cuestión que nos ocupa: "No resulta
necesario invocar una sentencia plenaria para que su doctrina sea aplicada en un
caso concreto, y, más todavía, aunque fuesen citados precedentes
contradictorios, igualmente debe serlo, pues, en virtud del principio iura novit
curia, le incumbe al juez aplicar la doctrina plenaria. La sentencia que no
siguiera la doctrina legal establecida viola el art. 303 C.P.C.C.N. e incurre en
arbitrariedad. Sin embargo, esta regla no es absoluta, toda vez que debiendo
respetar las sentencias el principio de congruencia, no será obligatoria la
doctrina plenaria establecida cuando de los actos de la parte por él favorecida,
emerja la voluntad expresa o tácita de que no se la aplique. Desde otra
perspectiva, también se puede decir que cuando ello ocurre, en realidad, con su
actitud el justiciable ha quitado alguno de los presupuestos considerados por la
cámara al dictar la sentencia plenaria, y, por consiguiente, tal como quedaron
las pretensiones de las partes para resolver, el caso no encuadra en la doctrina
legal sentada" (Leguisamón, Héctor Eduardo, Improcedencia del recurso
extraordinario federal contra fallos plenarios (A propósito del plenario sobre
inoponibilidad de la franquicia en el seguro del transporte público de
pasajeros), elDial.com, 26/2/2008).

Y comentando concretamente el fallo
de esta Sala "González, Mirta Gladys c/Salvatierra, Víctor Hugo", el mismo autor
sostuvo: "Al no efectuar la actora cuestionamiento alguno, ello implicó, si bien
tácito, un allanamiento a la defensa de limitación de cobertura, es decir, el
sometimiento a la pretensión absolutoria de la aseguradora, y, con ello, quitó
del debate la defensa articulada por ésta y, por ende, este planteo quedó fuera
de la discusión y de la decisión, en tanto el allanamiento constituye una
renuncia voluntaria a asumir la defensa en el proceso controvirtiendo el derecho
del oponente. Más todavía, como señala la Cámara, desde tal oportunidad la
actora no se volvió a pronunciar sobre el tema, ni requirió la condena a la
aseguradora, ni contestó siquiera sus agravios. Así, entiendo que hizo bien la
Sala D de la Cámara Civil al considerar que la sentencia de grado violó el
principio de congruencia puesto que, de oficio y sin respetarlo, aplicó el
plenario "Obarrio" y "Gauna" sin hacerse eco del allanamiento de la actora a la
defensa de la aseguradora".
En virtud de estas consideraciones, propongo al
Acuerdo modificar la sentencia en este aspecto y disponer que la franquicia
estipulada le será oponible a la parte actora.
Por estas consideraciones, doy
mi voto para que:
1) Se modifique parcialmente la sentencia apelada, elevando
la indemnización por daño psíquico a la suma de $ 12.000 y reconociendo por
gastos de tratamiento kinesiológico la de $ 1.000.
2) Se la modifique,
asimismo, disponiendo que los intereses se computarán a la tasa pasiva desde la
fecha de inicio de su cómputo hasta la del presente fallo y, desde hoy hasta el
efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con excepción de la
indemnización por gastos de tratamiento psicológico, que los devengará a la tasa
citada en último término desde la fecha determinada por la Aa quo@ como punto de
partida.
3) Se haga lugar a la queja de la citada en garantía, disponiendo
que la franquicia estipulada en la póliza de seguro le será oponible a la parte
actora.
4) Se confirme la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido
materia de apelación y de agravio.
5) Se impongan las costas de alzada a la
citada en garantía que ha resultado vencida en lo principal (art. 68
CPCC).

Así lo voto.

La señora juez de Cámara doctora Patricia
Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara
doctora Ana María Brilla de Serrat , votó en el mismo sentido a la cuestión
propuesta. El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por
hallarse en uso de licencia.

Con lo que terminó el acto. ANA MARIA
BRILLA DE SERRAT- PATRICIA BARBIERI.

Este Acuerdo obra en las páginas n1
a n1 del Libro de Acuerdos de la Sala D, de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil.




Buenos Aires, de octubre de
2009.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede,
SE RESUE LVE: 1) Se modifique parcialmente la sentencia apelada, elevando la
indemnización por daño psíquico a la suma de pesos doce mil ($ 12.000) y
reconociendo por gastos de tratamiento kinesiológico la de pesos un mil ($
1.000); 2) Se la modifique, asimismo, disponiendo que los intereses se
computarán a la tasa pasiva desde la fecha de inicio de su cómputo hasta la del
presente fallo y, desde hoy hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera
general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación
Argentina, con excepción de la indemnización por gastos de tratamiento
psicológico, que los devengará a la tasa citada en último término desde la fecha
determinada por la Aa quo@ como punto de partida; 3) Se haga lugar a la queja de
la citada en garantía, disponiendo que la franquicia estipulada en la póliza de
seguro le será oponible a la parte actora; 4) Se confirme la sentencia apelada
en todo lo demás que ha sido materia de apelación y de agravio; 5) Se impongan
las costas de alzada a la citada en garantía que ha resultado vencida en lo
principal (art. 68 CPCC). Notifíquese por Secretaría y devuélvase. El señor juez
de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse en uso de licencia.

huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 2431
Experiencia: Abogada especialista en los fueros civil, comercial, laboral y previsional
huracan29 y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
  • pcarruego

    pcarruego

    Abogada

    Clientes satisfechos:

    163
    Derecho
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/PC/pcarruego/2011-10-13_134953_pato3.2.64x64.jpg Avatar de pcarruego

    pcarruego

    Abogada

    Clientes satisfechos:

    163
    Derecho
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/HU/huracan29/2013-7-18_153346_20130718120300.64x64.jpg Avatar de huracan29

    huracan29

    Doctorado

    Clientes satisfechos:

    2417
    Abogada especialista en los fueros civil, comercial, laboral y previsional
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/XI/ximena2011/2011-4-17_11178_P2030640.64x64.JPG Avatar de Mariana Gonzalez

    Mariana Gonzalez

    Asesoramiento Integral

    Clientes satisfechos:

    588
    ABOGADA
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DA/DAVIDBERTOLASI/2012-5-9_143457_barb.64x64.jpg Avatar de DAVID_ABOGADO

    DAVID_ABOGADO

    Abogado de Argentina

    Clientes satisfechos:

    535
    Abogado en el ejercicio de la profesión.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/LA/lautiyenzo11/2012-2-3_225338_16642416539501426321053414430314276267938775n.64x64.jpg Avatar de lautiyenzo11

    lautiyenzo11

    Doctorado

    Clientes satisfechos:

    1936
    Abogada,especialista en derecho del trabajo, civil, comercial y de la Seguridad Social.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/AV/avilacamps/2013-9-6_203122_yo2.64x64.jpg Avatar de Pablo Avila Camps

    Pablo Avila Camps

    Abogado de Argentina

    Clientes satisfechos:

    650
    Abogado con 20 años de experiencia en materias laborales, previsionales, civiles y comerciales. Gran experiencia en resolución de conflictos por la vía conciliatoria.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DA/daniluchis/2016-3-10_15171_o.64x64.jpg Avatar de D Sanchez de Sepola

    D Sanchez de Sepola

    Abogada Especializada

    Clientes satisfechos:

    576
    Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
 
 
 

Preguntas relacionadas con Ley de Argentina