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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
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Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
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necesito un fallo sobre confirmacion de actos juridicos y no

Pregunta del cliente

necesito un fallo sobre confirmacion de actos juridicos y no puedo bajar ninguno. me podrias pasar un fallo completo?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.


Estimado le adjunto un fallo sobre Accion Pauliana, si necesita algo mas concreto por favor indiquemelo y se lo envio

Si mi respuesta le ha resultado util aceptela y le seguire contestando sin costo adicional. Gracias.
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
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D Sanchez de Sepola y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
lE ENVIO UN FALLO SOBRE ACCION PAULIANA (NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS) POR FAVOR INDIQUEME SI LE SIRVE, SINO LE ENVIO LO QUE USTED REQUIERA
Cliente: escribió hace 4 año.
No me llego el fallo sobre accion pauleana!me lo podras reenviar?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Partes: Pérez Domínguez Ana María c/ Tagliaferro José Agustín s/ simulación - ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: K

Fecha: 12-abr-2011

Cita: MJ-JU-M-70741-AR | MJJ70741 | MJJ70741

La acción pauliana puede deducirse en forma subsidiaria para el caso de que no prospere la acción de simulación, y probado que la compraventa impugnada es fraudulenta, resulta inoponible a las actoras hasta el importe de sus créditos alimentarios.

Tribunal
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Sumario:



1.-El fin tuitivo del art. 1277 del CCiv. respecto del interés del cónyuge omitido sólo se cumple eficazmente mediante la nulidad de la transmisión realizada en infracción al art. 1277, ya que de ese modo el bien reingresa efectivamente y ahora al patrimonio de donde indebidamente saliera.

2.-Si bien se ha dicho que la nulidad del acto por aplicación del art. 1277 del CCiv. puede comportar una sanción excesiva, este concepto puede ser cierto si se entiende el acto como nulo. En cambio se considera que se trata de un acto anulable, el juez tendrá la posibilidad de indagar los motivos de la pretensión del cónyuge nulidicente, las particularidades del negocio, su incidencia patrimonial, etc., elementos y circunstancias valiosos para conducir, tras el examen objetivo y prudente de los intereses conyugales y familiares en juego, a un resultado también valioso.

3.-Si bien la simulación ilícita y el fraude son causas de ineficacia del negocio viciado, la primera acarrea la invalidez del acto por vía de la anulabilidad, mientras que en el fraude pauliano, la ineficacia implica la inoponibilidad del acto respecto de los terceros perjudicados. En este caso, la revocación de los actos del deudor será sólo pronunciada en el interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos (conf. art. 965 del CCiv.).

4.-La acción de simulación y la pauliana, teniendo presente su objeto, aparecen como contradictorias, y por ende, excluyentes. Por cierto, no se podría pretender simultáneamente sin caer en contradicción, atacar un mismo acto reclamando su nulidad por ser aparente o simulado y su revocación por resultar celebrado en fraude al acreedor.

5.-La acción de simulación y la de fraude son excluyentes, y por lo tanto, no pueden ser acumuladas, ni aun subsidiariamente.

6.-La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten, dispone el art. 955 del CCiv.

7.-La noción del acto simulado permite sostener que la simulación es la declaración de un contenido de voluntad real, emitido concientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo.

8.-Mientras el Juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes (que participaron del acuerdo simulatorio), no puede serlo respecto de terceros; éstos pueden acudir a toda clase de medios de prueba porque se trata de la demostración de hechos respecto de los cuales el demandante ha permanecido ajeno y que son perjudiciales para él.

9.-La conducta de las partes posterior al negocio atacado de simulación siempre resulta relevante en el cuadro general de las presunciones que deben tenerse en cuenta en la valoración judicial. Es que la conducta posterior, generalmente, pone de relieve la realidad frente al acto aparente.

10.-Para que se configure el fraude se requiere un negocio jurídico, aunque la finalidad perseguida lo vuelve 'vicioso'. El fraude es una defección en la licitud del querer. Pero no se confunde con los actos ilícitos en los que se causa el perjuicio a otro sujeto mediante el cumplimiento de una actividad dañosa prohibida; en el caso del fraude se persigue aquel resultado mediante el otorgamiento de un negocio jurídico. Se adopta un esquema permitido para obtener un resultado prohibido.

11.-Según disponen los arts. 961 y 962 del CCiv., para ejercer la acción pauliana se requiere: 1) Acreditar el carácter de acreedor perjudicado por el acto impugnado; 2) Que el deudor se halle en estado de insolvencia; 3) Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente; 4) Que el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea de una fecha anterior al acto del deudor.

12.-Si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores fuere a título gratuito puede ser revocado a solicitud de éstos, aun cuando aquél a quien sus bienes hubiesen pasado ignorase la insolvencia del deudor (conf. art. 967 del CCiv.). En cambio, si la acción de los acreedores es dirigida contra un acto a titulo oneroso, es preciso para su revocación, que el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus acreedores y que el tercero con el cual ha contratado haya sido cómplice en el fraude (conf. art. 968 del CCiv.). La exigencia de esta última disposición resulta atenuada por el art. 969 al permitir presumir el ánimo del deudor de defraudar a los acreedores por su estado de insolvencia y la complicidad del tercero por su conocimiento de ese estado de insolvencia al contratar con el deudor.

13.-Del principio por el cual se establece que el patrimonio del deudor constituye la garantía de las deudas que lo gravan, se desprende la limitación a la gestión de los bienes por parte de su titular, toda vez que quien contrae deudas o se las impone la ley no es enteramente libre; por el contrario es patrimonialmente medio soberano por virtud del deber moral y jurídico que pesa sobre él de pagar las deudas y de allí que se le reconozca a los acreedores la acción pauliana siempre que acrediten el perjuicio como requisito de la acción, el que se configura por la insolvencia del deudor y la relación causa a efecto con el negocio fraudulento.

14.-Cuando se trata de un acto a título oneroso, como en la especie, si se demuestra que el deudor recibe a cambio una prestación sin menoscabo de su patrimonio, no podrá hablarse de perjuicio para el acreedor, la excepción está dada por la entrega de valores de fácil ocultamiento, sumada a la insolvencia del deudor.

15.-El consilium fraudis consiste en el conocimiento que tiene el deudor de su propia situación económica, integrándose además por la llamada 'presciencia', o sea, el conocimiento de las consecuencias derivadas de la enajenación, la que imposibilita a su legítimo acreedor hacer efectivo su derecho.

16.-Uno de los elementos decisivos que acreditan el ánimo de defraudar está dado por la desproporción de valores de las prestaciones derivadas del contrato impugnado por el acreedor. Si bien no se ha acreditado una gran desproporción en el caso de autos, no cabe duda que la venta de una parte indivisa en el estado en que se encontraba el campo indica que el vendedor lo ha debido vender a un precio más bajo que el de plaza. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.


Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de diciembre de 2011, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto por la demandada en los autos caratulados ""PEREZ DOMINGUEZ, Ana María contra TAGLIAFERRO, Jorge Agustín y otro sobre Simulación. Ordinario", habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:

I.- La cuestión controvertida.

La actora, por sí y en representación de sus hijas menores, inicia acción de nulidad por simulación de la venta de dos fracciones de campo ubicadas en el Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, que forman parte del Establecimiento "El Timbo", de acuerdo a escritura 334, pasada con fecha 5 de mayo de 1999 por ante el escribano Hugo Gómez Croveto, celebrada por los demandados Jorge Agustín Tagliaferro y Alfredo Raúl Salvato Viola.

Asimismo, considera que la compraventa es nula por no contar con el asentimiento conyugal previsto en el art. 1277 del Código Civil.

Subsidiariamente ejerce la acción pauliana, solicitando se revoque aquella venta, celebrada en fraude a los derechos de esa parte, en su carácter de acreedoras de alimentos del Sr. Jorge Agustín Tagliaferro. Solicita que las costas se impongan a los demandados.

La sentencia de fs. 1428/1441 hace lugar a la demanda y declara la nulidad de la compraventa de la tercera parte indivisa de dos fracciones de campo que son parte del establecimiento denominado "El Timbo", en Tres Sargentos, Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, parcelas 61-p, partida 2887 y parcela 61-J, partida 6432, ambas de Circunscripción III, conforme escritura N° 334 del 5 de mayo de 1999, por ser un acto simulado entre el Sr. Jorge Agustín Tagliaferro y el Sr.Alfredo Raúl Salvato Viola, en perjuicio de la actora y de sus hijas menores de edad, extendiendo sus efectos a la escritura 334. Impone las costas a los demandados (art. 68 del Código Procesal).

Contra la sentencia de la instancia anterior apelan los herederos del demandado Alfredo Raúl Salvato Viola y expresan agravios a fs. 1670/1678, los que fueron contestados por la actora a fs. 1685/1692.

Se agravian: 1) Por la falta de valoración de las pruebas aportadas por su parte; 2) Porque se consideró simulado el acto cuando quedó demostrado la sinceridad de la compraventa; 3) Hacen hincapié en el carácter de condómino de su padre, calidad que nunca fue cuestionada y en los juicios iniciados por éste en tal carácter. 4) Aducen que se ha comprobado en estas actuaciones que el pago efectuado como precio de la compraventa fue real, 5) No se ha acreditado la íntima amistad entre los demandados; 6) Sostienen la buena fe de su padre en la operación cuestionada.

Al contestar los agravios la actora solicita se declare desierto el recurso interpuesto por los demandados por no cumplir con los requisitos de la ley de rito.

El art. 265 del Código Procesal prescribe: "El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores.". En el referido escrito deben demostrarse los errores que se atribuyen al juzgador, en cuanto a los hechos, la apreciación de éstos y de la prueba y de la interpretación y aplicación del derecho.Además, "debe bastarse por si mismo", no son suficientes las meras remisiones a escritos anteriores, ni las generalidades o referencias a cuestiones cuya decisión ya está firme.

Teniendo en cuenta que está en juego el derecho de defensa, no cabe ser extremadamente riguroso en la apreciación de la suficiencia técnica del recurso y, en caso de duda, debe estarse por la admisibilidad de la apertura de segunda instancia, debido a la gravedad de la sanción y con independencia de la suerte final que corra apelación (Gueller, Isidoro, "El excesivo ritualismo en la aplicación de la ley procesal" LL 1993-A-16; Guillot, María "Recurso desierto y rigorismo formal" DT,1997-A-405; Morello, Augusto, "Acerca del abuso en la declaración de deserción de la apelación", JA, 1978-III-750; De nuevo sobre la deserción de la apelación. La estimulante enseñanza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, JA, 1980-III-503).

Por ello, y en mérito a que en esta materia la interpretación debe ser amplia, trataré los agravios de los apelantes porque cuestionan la valoración de la prueba, advirtiendo que no estoy obligada a seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretendidos derechos pues basta que lo haga respecto de los que estimo conducentes o decisivos para resolver el caso, pudiendo preferir también algunas de las pruebas producidas a otras u omitir referencia a las que estimare inconducentes o no esenciales (esta Sala, 2000-05-30, V.D.A. c. D.S.,M.T., La ley 2000-D-603 y Concha Pardo, Juan A. c. La Primera de Martínez S.A. La Ley 2000-F-491, CNCiv. Sala B, 1999-04-26, Fernández, Antonio c. Consorcio de Propietarios Santiago del Estero 690, La Ley 1999-E-571; CNCiv. Sala F, feb.7-996, Asociación Mutual de la Industria y el Comercio de la República Argentina c.Videla, Lucía, La Ley 1996-D-868, entre otros).

También, cuando en la expresión de agravios el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la anterior instancia, peticionando la completa revocación del fallo, es resorte del tribunal de alzada conocer respecto de todas las argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no sido tratadas por el sentenciante de grado, asumiendo así la jurisdicción en plenitud. Es que, en tales términos, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del proceso a la Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas, con poderes idénticos, en su extensión y contenido, a los del juez de grado (CNCiv. Sala H, feb. 29-1996, Papelera S.A. v. Gamupel S.A., J.A. 1997-II-síntesis, Lexis 1/16854).

II.- Aclaración previa.

Sólo a manera de aclaración, pues la omisión de la sentencia no ha sido cuestionada por ninguna de las partes, diré que en lo que se refiere a la acción de nulidad por la falta de asentimiento conyugal, ésta debió haber sido tratada previamente a la de simulación, pues bastaba la demostración del carácter ganancial del bien -la que se presume ante la falta de prueba de su calidad de propio, conforme lo prescribe el art. 1271 del Código Civil- para declarar la nulidad de la compraventa.

Cuando el acto de disposición se ha cumplido sin el asentimiento del otro cónyuge, la situación jurídica de ese acto depende de los efectos de la inobservancia de tal requisito, cuestión que al no estar prevista en el texto del art. 1277 ha dividido a la doctrina.

Para un sector el acto estaría viciado de nulidad y para otro el acto sería inoponible al cónyuge omitido.La discrepancia tiene importancia ya que la nulidad significa que el acto es ineficaz ab initio o desde la sentencia (según se trate de acto nulo o anulable); en cambio el acto inoponible es válido entre las partes pero ineficaz frente a determinadas personas.

La posición a asumir no puede prescindir de las características propias de la comunidad de ganancias que gobierna las relaciones económicas entre los cónyuges. El requisito del asentimiento pone en evidencia que el cónyuge no titular tiene un interés actual -como dice Zannoni- a la integridad del patrimonio ganancial, del que va a ser cotitular a la disolución del régimen. Cómo proteger del modo más adecuado ese interés constituye en definitiva el meollo de la discusión.

En mi opinión el fin tuitivo de la ley respecto del interés del cónyuge omitido sólo se cumple eficazmente mediante la nulidad de la transmisión realizada en infracción al art. 1277, ya que de ese modo el bien reingresa efectivamente y ahora al patrimonio de donde indebidamente saliera.

Se ha dicho que la nulidad puede comportar una sanción excesiva. Ese concepto puede ser cierto si se entiende el acto como nulo. En cambio se considera que se trata de un acto anulable, el juez tendrá la posibilidad de indagar los motivos de la pretensión del cónyuge nulidicente, las particularidades del negocio, su incidencia patrimonial, etc., elementos y circunstancias valiosos para conducir, tras el examen objetivo y prudente de los intereses conyugales y familiares en juego, a un resultado también valioso.

De todas maneras admito que el planteo de la actora resulta confuso pues se refiere a que "las razones de fondo tienen que ver con el hecho de que el campo, que proviene de la herencia de la madre de Tagliaferro tiene incorporado un componente ganancial de significativa importancia en arreglos, mejoras, alambrados, establecimiento de criaderos, cosechas, cabezas de ganado, maquinarias agrícolas, cuentas a cobrar, etc.que fueron adquiridos o generados durante la vigencia de la sociedad conyugal y con dinero ganancial".

Como se advierte, parecería que en definitiva no se trataría de un bien inmueble ganancial cuya disposición requiere el asentimiento conyugal de acuerdo a lo ordenado por el art. 1277 del Código Civil, sino, en su caso, de la recompensa a favor de la cónyuge por empleo de dinero ganancial en un bien propio del marido a acreditarse en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal disuelta.

De todas maneras, no encontrándose controvertida la cuestión en esta instancia, nada corresponde decidir.

III.- Diferencias entre el fraude y la simulación.

Nuestro Código Civil, a diferencia de la posición sostenida por Chardon, cuya obra fue fuente de Vélez Sarsfield en esta materia, diferencia como causas autónomas de ineficacia el fraude y la simulación ilícita de los actos jurídicos.

Contrariamente, en una concepción amplia, el fraude entendido como una maniobra para perjudicar, no se distinguía de la simulación. Así, d ecía Chardon -citado por el Codificador en las notas a los arts. 955 , 957, 958 , 961, 963 , 964 , 968 referidos al tema- que "el daño se puede buscar por el contrato o con el contrato. En el primer caso se configura el dolo, en el segundo el fraude. El dolo es el arte de engañar a la persona a quien se despoja. El fraude es el arte de violar las leyes engañando a los magistrados o a los terceros por medio de los actos" (Chardon, Traité du dol et de la fraude, T II, Introducción).

En este sentido amplio diremos que se puede perjudicar "con el acto jurídico o con el contrato" en dos formas:1) Aparentando otorgar un acto jurídico que en realidad no se otorga, tratándose en el caso de simulación ilícita o fraudulenta; 2) Otorgando el acto que en realidad se otorga y cuyo resultado conducirá a eludir la aplicación de una ley imperativa o bien a perjudicar a un acreedor. En este último caso, tenemos el fraude propiamente dicho a través de sus dos formas: fraude a la ley y fraude en perjuicio de terceros (conf. López Olaciregui, José M., en Tratado de Derecho Civil Argentino de Raymundo M. Salvat, Parte General, T II, núm. O-2422-C, p.618).

Lo expuesto resulta suficiente para distinguir el fraude, en cualquiera de sus manifestaciones (a la ley o a los acreedores), de la simulación, y por ende, la acción de fraude de la acción de simulación. En este aspecto, se ha sistematizado el Código Civil de la siguiente manera: "a) si se busca violar la ley imperativa o perjudicar a un tercero por medio de un acto real, nos encontramos con un acto fraudulento. Se trata de un caso de fraude en el acto jurídico; b) si se trata de violar la ley o perjudicar a terceros con un acto irreal, nos encontramos en el campo de la simulación ilícita." En la nota al art. 962, Vélez, apartándose de su fuente, precisa que ". las dificultades que se exponen nacen de confundir la acción pauliana con la acción de simulación" (véase López Olaciregui, en obra y lugar citados; Mosset Iturraspe, Jorge, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios", T I, p. 155, nota 55).

Además, si bien la simulación ilícita y el fraude son causas de ineficacia del negocio viciado, la primera acarrea la invalidez del acto por vía de la anulabilidad, mientras que en el fraude pauliano, la ineficacia implica la inoponibilidad del acto respecto de los terceros perjudicados.En este caso, la revocación de los actos del deudor "será sólo pronunciada en el interés de los acreedores que la hubiesen pedido y hasta el importe de sus créditos" (conf. art. 965 del Código Civil).

Como se advierte, la acción de simulación y la pauliana, teniendo presente su objeto aparecen como contradictorias, y por ende, excluyentes. Por cierto, no se podría pretender simultáneamente sin caer en contradicción atacar un mismo acto reclamando su nulidad por ser aparente o simulado y su revocación por resultar celebrado en fraude al acreedor.

Por ello, Salvat sostuvo, seguido por parte de la jurisprudencia, que la acción de simulación y la de fraude son excluyentes, y por lo tanto, no pueden ser acumuladas, ni aun subsidiariamente (ob.cit. núm. 2536 y 2537, p. 695 y ss. C.N.Civ. Sala B, La Ley 71-435; C.F.Cap. J.A. 58-48; C.F.Bahía Blanca, La Ley 25-275).

No obstante, la doctrina y jurisprudencia actual admiten mayoritariamente que la acción pauliana pueda deducirse para el caso de que no prospere la acción de simulación, basada en aspectos comunes de ambas acciones y en ventajas prácticas de la acumulación (conf. Díaz, A.M. El ejercicio simultáneo en forma subsidiaria de las acciones de simulación y fraude, en J.A. 54-60; López Olaciregui, en ob.cit. núm. 2537-A, p. 696; Mosset Iturraspe, ob.cit. T I, p. 216; Cámara H. La simulación de los actos jurídicos, p. 648; Acuña Anzorena, La simulación, p. 209; C.N.Civ. Sala A, L Ley 98-497; C.N.Com. L Ley 49-376; C.Ap. Rosario, Sala II, L Ley 34-991; C.N.Civ.2 La Plata, L Ley 72-353).

A pesar de reconocer el carácter excluyente de ambas acciones considero, al igual que la doctrina citada en último término, que pueden acumularse, aunque la de fraude subsidiariamente y para el supuesto de rechazo de la acción de simulación.

Por ello, primero deberá examinarse si se ha probado la simulación y solamente ante la conclusión negativa, considerar la acción de fraude.

IV.- La alegada simulación de autos.

La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten, dispone el art. 955 del Código Civil.

Esta noción del acto simulado permite sostener, siguiendo a Ferrara, que la simulación es la declaración de un contenido de voluntad real, emitido concientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo (conf. autor citado, La simulación en los negocios jurídicos, p. 74).

La actora pretende se declare simulada la venta de una parte indivisa de dos fracciones de campo ubicadas en el Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, que forman parte del Establecimiento "El Timbo", de acuerdo a escritura 334, pasada con fecha 5 de mayo de 1999 por ante el escribano Hugo Gómez Croveto, celebrada por los demandados Jorge Agustín Tagliaferro y Alfredo Raúl Salvato Viola.

Debe aclararse que la accionante demanda la simulación, por sí y en representación de sus hijas menores -acreedoras de alimentos devengados contra Jorge Agustión Tagliaferro- en su carácter de terceros perjudicados por la pretendida ilicitud.Esta distinción tiene importancia por cuanto la doctrina ha diferenciado la simulación alegada entre partes de la invocada por los terceros afectados, en relación a la amplitud de los medios probatorios y su apreciación judicial.

Así, se ha dicho que "mientras el Juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes (que participaron del acuerdo simulatorio), no puede serlo respecto de terceros"; señalándose también que éstos pueden acudir a toda clase de medios de prueba porque ".se trata de la demostración de hechos. respecto de los cuales el demandante ha permanecido ajeno y que son perjudiciales para él". (Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Parte General, T II, p.1188; Llambías, Jorge J. Tratado de Derecho Civil, Parte General, T II, núm. 1826, p. 515).

Con el criterio expuesto he analizado la prueba traída a estas actuaciones, concluyendo que no resultan suficientes para declarar la simulación del acto impugnado. No advierto en la litis circunstancias que acrediten a través de presunciones graves, precisas y concordantes sobre la simulación alegada.

Los demandados tienen a su favor los efectos legales resultantes del título que exhiben y para contrarrestarlos, tanto la jurisprudencia como la doctrina exigen que la prueba sea asertiva, plena y convincente. (Conf. C.N.Civ. Sala F, J.A. 1964-I-129). En la duda, debe estarse por la realidad del acto y por su subsistencia. (Conf. Fallo citado; Cámara, ob.cit. pág. 164).

Cuando diferencié la simulación ilícita del fraude a los acreedores como vicios autónomos del acto jurídico, también señalé que existen notas comunes entre ambas causales, y por ello, en sentido amplio puede sostenerse que a través de un acto simulado puede también defraudarse a los acreedores.

Creo necesario reiterar esta aclaración porque al examinar las circunstancias de autos se advierten elementos típicos del fraude que podrían confundir en cuanto a considerarlos requisitos de la simulación ilícita del acto.Por ejemplo, respecto de la "causa simulandi", tendiente a perjudicar al acreedor, pero que al no concordar con otra gama de hechos permiten concluir sobre la realidad de la compraventa y no sobre su apariencia.

En ello hacen hincapié los apelantes, como analizaré, para desvirtuar el vicio de simulación, pero ello no alcanza para excluir el fraude.

Con lo dicho, adelanto mi convencimiento de la existencia de fraude a las acreedoras de los alimentos en la celebración de los negocios impugnados, cuyos fundamentos desarrollaré en un ulterior considerando.

En cuanto a la simulación, las siguientes precisiones me llevan a concluir sobre la realidad de la compraventa.

1) La conducta de las partes posterior al negocio atacado de simulación siempre resulta relevante en el cuadro general de las presunciones que deben tenerse en cuenta en la valoración judicial. Es que la conducta posterior, generalmente, pone de relieve la realidad frente al acto aparente.

Sin embargo, en la litis, el comportamiento de los demandados corrobora la real celebración de la compraventa de la parte indivisa del campo. En efecto, el vendedor no ha ejercido ningún derecho derivado de la propiedad ni de la posesión, al menos acreditado en estas actuaciones. Por el contrario, de los expedientes acompañados surge que el comprador es quien se comportó como verdadero propietario y ejerce los derechos derivados del condominio del campo.

Así, el comprador Alfredo Raúl Salvato Viola promovió acción de desalojo por vencimiento de contrato contra Piquillin SRL del establecimiento denominado "El Timbo", en su carácter de condómino, mediante presentación de la mediación el 6 de diciembre de 1999 (conf. expediente 14.144/2000 "Salvato Viola, Alfredo Raúl contra Piquillin SRL y otro sobre Desalojo", agregado por cuerda) obteniendo la posesión de campo y ejerciendo actos en tal sentido (véase fs. 201/202; fs. 227/229 del citado expediente y fs.628 de los Tagliaferro, Jorge Agustín contra Tagliaferro, Roxana Mabel sobre Sumario", expediente 17909/2001, acompañado por cuerda en fotocopias).

Por expediente 8880/2000, iniciado e l 28 de febrero de 2000 Salvato Viola solicitó la división de condominio en los autos "Salvato Viola, Alfredo Raúl contra Tagliaferro, Roxana Mabel y otro sobre división de condominio", también acompañado a los presentes.

Además, se encuentran agregados por cuerda los autos "Salvato Viola, Alfredo Raúl contra Tagliaferro, Roxana Mabel sobre Repetición. Ordinario", en los cuales el comprador demandado inició acción de repetición contra su condómino por la suma abonada por impuestos que pesaban sobre el campo cuya venta se cuestiona en autos por la suma de $ 51.035,20 (conf. fs. 61 de expediente 3.325/2001).

Como se advierte, con las actuaciones mencionadas se ha acreditado que celebrado el contrato de compraventa y en años posteriores Salvato Viola ejerció actos de verdadero propietario, obteniendo la posesión del campo, desalojando a sus ocupantes, pagando impuestos, etc.).

Además, adquirió otras partes indivisas del mismo campo o de fracciones linderas (conf. copia certificada de escritura adjunta a fs. 199/203 de estos autos) y también acciones de la sociedad Piquillín SRL (conf. copia escritura 3362 del 19 de abril de 2001, obrante a fs. 612/614 y acompañada por la Inspección General de Justicia al contestar el oficio que se le remitiera).

Esas circunstancias parecen confirmar que la compraventa de la parte indivisa del campo ha producido sus efectos propios.

2) Tampoco me parece relevante, a los fines de presumir al acto como simulado, la diferencia de los valores que se han alegado entre el valor del campo y el precio de la compraventa.

En primer lugar, debe destacarse que de la propia escritura de venta surge que el pago se realizó en efectivo en presencia del escribano y no se ha atacado por falsedad dicho instrumento público. Además con el informe de fs. 563 de Transcambio S.A.que dan cuenta de la autenticidad de la documentación acompañada al contestar la demandada a fs. 174 y los de fs. 720/722 y fs. 729/732 y 960, no sólo se ha acreditado que el comprador contaba con el dinero a la fecha de compraventa, sino también el movimiento del dinero destinado al precio del vendedor al comprador.

Obsérvese que la escritura traslativa de dominio se celebró en las oficinas de la Transcambio S.A., calle San Martín 140 de esta Ciudad (conf. fs. 5).

La propia parte actora en alguno de sus escritos se refiere a la desaparición del dinero proveniente de la venta, extremo reconocido por el demandado alegando malas inversiones bursátiles.

En cuanto al bajo precio de la venta, en mi criterio, no puede compararse el valor de la parte indivisa con el precio por el que supuestamente se habría querido vender la totalidad del campo. Como es sabido distinto es el valor de una parte indivisa, máxime cuando se trataba de un campo ocupado y en litigio entre los condóminos y componentes de la sociedad explotadora del mismo. Ello se encuentra corroborado por los distintos juicios que el comprador promovió contra la sociedad Piquillín SRL por desalojo y contra Roxana Tesgliaferro por repetición de impuestos y los juicios entablados entre los socios de la sociedad de responsabilidad limitada.

El testigo Marcelo Néstor Gasparreto, quien declara a fs.774/776, martillero y conocedor de la zona y del campo al tiempo de la venta, alrededor del año 1999 cuando hubo un acercamiento entre las partes, recuerda que en ese entonces el campo se encontraba en estado de abandono, refiriéndose al criadero, a las aguadas, a los caminos, concluyendo que "el campo dejaba mucho que desear". Agrega que vender la parte indivisa significa tener que venderla muy barata, que es muy difícil vender un campo entero, mucho más difícil vender una parte indivisa, concluyendo que el treinta y tres por ciento indiviso tendría que andar entre los doscientos veinte, doscientos ochenta mil dólares, pero todo ello es relativo porque los valores indivisos no tienen una escala, una tabla que se puedan tasar.

Resulta también relevante que Gasparreto manifiesta que cuando hubo el acercamiento entre las partes, además de Mazzinghi, el abogado de la actora, no trató con Jorge Agustín Tagliaferro sino con Salvato Viola y su letrado (conf. fs. 776).

Asimismo, cabe reiterar que como surge del juicio de repetición el comprador también se hizo cargo del pago de los impuestos anteriores a la venta que pesaban sobre el inmueble.

No debe olvidarse además que -como luego se verá- si se pretendió defraudar a las acreedoras, la necesidad de hacerlo en el corto plazo y la dificultad para vender una parte indivisa, se refleja también en el precio de venta.

3) La amistad de las partes del acto impugnado tampoco me parece un elemento válido que permita en este caso presumir la simulación.

No cabe duda, y así surge de la declaración de fs.776, que resuelta dificultoso vender la parte indivisa de cualquier inmueble, y si ello es así, y además se pretende defraudar a los acreedores debiendo realizar una venta rápida ante una abultada deuda de alimentos, no resulta extraño que la operación real se haya efectuado con una persona próxima interesada en el campo ya que, como se desprende de las actuaciones, posteriormente también adquirió una nueva parte indivisa a otro de los condóminos.

En definitiva, la amistad o la estrecha relación que mantenían comprador y vendedor resulta ser un elemento común de la simulación y del fraude, aunque -como se ha analizado- otros elementos probatorios me llevan a descartar la simulación y considerar acreditado el fraude.

V.- La prueba del fraude.

Para que se configure el fraude se requiere un negocio jurídico, aunque la finalidad perseguida lo vuelve "vicioso". El fraude -dice López Olaciregui es "una defección en la licitud del querer". Pero no se confunde con los actos ilícitos en los que se causa el perjuicio a otro sujeto mediante el cumplimiento de una actividad dañosa prohibida; en el caso del fraude se persigue aquel resultado mediante el otorgamiento de un negocio jurídico. "Se adopta un esquema permitido para obtener un resultado prohibido" (autor citado, ob.cit. T II, núm. O-2422-B, p. 617).

Según disponen los arts. 961 y 962 del Código Civil, para ejercer la acción pauliana se requiere:1) Acreditar el carácter de acreedor perjudicado por el acto impugnado; 2) Que el deudor se halle en estado de insolvencia; 3) Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente; 4) Que el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea de una fecha anterior al acto del deudor.

Asimismo, si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores fuere a título gratuito puede ser revocado a solicitud de éstos, aun cuando aquél a quien sus bienes hubiesen pasado ignorase la insolvencia del deudor (conf. art. 967 del Código Civil). En cambio, si la acción de los acreedores es dirigida contra un acto a titulo oneroso, es preciso para su revocación, que el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus acreedores y que el tercero con el cual ha contratado haya sido cómplice en el fraude (conf. art. 968 del Código Civil). La exigencia de esta última disposición resulta atenuada por el art. 969 al permitir presumir el ánimo del deudor de defraudar a los acreedores por su estado de insolvencia y la complicidad del tercero por su conocimiento de ese estado de insolvencia al contratar con el deudor.

Tratándose en la especie de una compraventa de parte indivisa de un campo contra las que se dirige la acción pauliana y a fin de fundamentar la decisión sobre su procedencia, trataré sucesivamente: 1) Calidad de acreedor de la parte actora; 2) Insolvencia del deudor y si esa insolvencia fue producida o agravada por el negocio que se ataca; 3) Complicidad del tercero.

1) Calidad de acreedor.

De acuerdo al juicio de divorcio por la causal prevista en el art. 214 inc. 2 del Código Civil (expediente 84.459/2004, acompañado por cuerda), los cónyuges se encontraban separados de hecho desde el año 1998; la sentencia de divorcio se dictó el 28 de octubre de 2004.

Surge de los autos "Tagliaferro, Solana M.C.contra Tagliaferro, Jorge Agustín sobre Autorización Proceso especial" (expediente 124.158/98, adjunto al presente), que ya desde el año de la separación el demandado incumplió con la asistencia material hacia su cónyuge e hijas menores.

Con el juicio de alimentos contra Tagliaferro (expediente 118.515/98) se acreditó que desde febrero de 1999 se fijaron alimentos provisorios (conf. fs. 229), surgen también deudas de escuela de las hijas menores y expensas de la vivienda (conf. fs. 237/238). La sentencia de alimentos definitivos tiene fecha 3 de mayo de 1999, casualmente algunos días antes de la compraventa cuestionada en estos autos de fecha 5 de mayo de 1999.

El mismo demandado no ha negado la deuda de alimentos y si bien no existe una liquidación actualizada, no se ha cuestionado la afirmación de la sentenciante en el sentido que en ese entonces ya superaba la mitad de la camioneta que se encuentra a nombre del marido como bien adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal.

En efecto, dicha afirmación de la juez a quo tiene su prueba a fs. 11 y vta. de los autos sobre ejecución de alimentos (expediente 68.997/99) y a fs. 639/651 y fs. 661/663 de la causa penal C 1540, en el sentido que el demandado se sustrajo en forma dolosa de su obligación de proveer a la subsistencia de sus dos hijas menores desde el 24 de junio de 1998 hasta el 13 de marzo de 2002, fecha hasta la cual fueron valorados los hechos en la sentencia penal.

Resulta fácil concluir que la compraventa cuestionada de fecha 5 de mayo de 1999 fue celebrada cuando la deuda por alimentos se había incrementado considerablemente, y además seguiría aumentando teniendo presente la conducta posterior del deudor en cuanto a dificultar el cobro de esos alimentos y su intención de no pagarlos.2) Insolvencia del deudor.

Del principio por el cual se establece que el patrimonio de l deudor constituye la garantía de las deudas que lo gravan, se desprende la limitación a la gestión de los bienes por parte de su titular. "Quien contrae deudas o se las impone la ley no es enteramente libre; por el contrario es patrimonialmente medio soberano por virtud del deber moral y jurídico que pesa sobre él de pagar las deudas" (Sánchez de Bustamante, M. Acción revocatoria, p. 17, núm. 16).

De allí que se le reconozca a los acreedores la acción pauliana siempre que acrediten el perjuicio como requisito de la acción, el que se configura por la insolvencia del deudor y la relación causa a efecto con el negocio fraudulento.

Cuando se trata de un acto a título oneroso, como en la especie, si se demuestra que el deudor recibe a cambio una prestación sin menoscabo de su patrimonio, no podrá hablarse de perjuicio para el acreedor, la excepción está dada por la entrega de valores de fácil ocultamiento, sumada a la insolvencia del deudor (conf. Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, T IV, p. 154).

El consilium fraudis consiste, entonces, en el conocimiento que tiene el deudor de su propia situación económica, integrándose además por la llamada "presciencia", o sea, el conocimiento de las consecuencias derivadas de la enajenación, la que imposibilita a su legítimo acreedor hacer efectivo su derecho (conf. Martín Retortello, Cirilo, La lucha contra el fraude civil. (La acción pauliana), p. 30. Barcelona 1943).

Se excluye así el llamado criterio subjetivo, sostenido por parte de la doctrina, cuando requiere el animus nocendi o propósito de dañar al acreedor. Resulta evidente que la prueba de esa intención perversa es poco menos que imposible y aceptar este requisito significaría tornar inaplicable e ineficaz el remedio paulino.

La ley presume la previsión del resultado dañoso, es decir, "el ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores" por "su estado de insolvencia" (art.969, primer párrafo del Código Civil).

Entiendo que en el caso de autos, se encuentra acreditada la insolvencia del deudor, situación que sin duda, fue producida y agravada por la venta de la parte indivisa del campo que se ataca de fraudulenta.

En este aspecto, en mi criterio, debe valorarse el daño producido al acreedor al disminuir el deudor su patrimonio al punto de no responder por todas las deudas e impedir a aquél la satisfacción de su acreencia.

En efecto, no cabe duda que el principal bien del patrimonio del demandado Tagliaferro era la parte indivisa que tenía del campo "El Timbo".

Así se pone de manifiesto en la causa penal C 1540 sobre infracción ley 13.944 (arts. 1 y 2 bis) que corre por cuerda, donde se condenó a Jorge Agustín Tagliaferro, como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en concurso real con insolvencia alimentaria fraudulenta, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, multa de diez mil pesos y costas (arts. 1 y 2 bis de la ley 13.944 y arts. 29 inc. 3, 45 y 55 del Código penal (conf. fs. 639/651 y fs. 661/663).

Respecto de la insolvencia alimentaria fraudulenta sostuvo el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 y la Cámara Nacional de Casación Penal lo hizo suyo, que "la venta del campo que realizara, ya conociendo la existencia de la deuda alimentaria y de la demanda civil que existía en su contra con la finalidad de disminuir su patrimonio para frustrar en todo o en parte sus obligaciones alimentarias también se encuentra acreditado". "...el procesado sabía que no abonaba suma alguna para cubrir las necesidades alimentarias de sus hijas, como así también que mediaba demanda alimentaria en su contra.Por ello, conocía asimismo, que al vender su parte indivisa del campo "El Timbo", el 5 de mayo de 1999, se desprendía de una parte muy importante de su patrimonio, la que servía de respaldo y garantía de la obligación alimentaria que tenía con sus hijas menores. El procesado en varias oportunidades alegó no poder cumplir con la cuota de $ 2.500, fijada judicialmente, pero a pesar de ello vendió su parte indivisa del campo, produciendo la desaparición del bien y una importante disminución patrimonial en desmedro de su obligación alimentaria y con la finalidad de frustrarla al reducir sensiblemente su posibilidad de percepción."

Por otra parte tal situación no cambió pues el mismo demandado al promover el juicio sobre disminución de cuota alimentaria da cuenta de su pésima situación económica y de la imposibilidad de afrontar las deudas por alimentos.

En estos autos, por el contrario, el accionado ha pretendido demostrar que posee bienes suficientes para responder ante su acreedor. Sin embargo, entiendo que con ello, vuelve a poner de manifiesto su mala fe.

En efecto, se refiere al contestar la demanda al departamento de la calle Posadas, al rodado que se encuentra a su nombre y a su participación en Piquillin SRL.

En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, las constancias de autos resultan contradictorias en cuanto a la participación del demandado. Así, a fs. 25 de los autos "Mazzinghi, Gabriel María contra Tagliaferro, Jorge Agustín sobre Ejecución de honorarios" (expediente 6.790/2000), la Inspección General de Justicia informó que con fecha 30 de abril de 1997, bajo el N° 2865 del Libro 106 de S.R.L. el Señor Jorge Agustín Tagliaferro cedió la totalidad de sus cuotas sociales que le pertenecían en la firma Piquilin S.R.L.

Empero, los autos "Tagliaferro, Jorge Agustín contra Piquillin SRL sobre Ordinario (expediente 57.930/2003); "Tagliaferro, Jorge Agustín contra Tagliaferro, Roxana Mabel y otro sobre simulación.Ordinario" (expediente 112.380/2002) y Tagliaferro, Jorge Agustín contra Tagliaferro Roxana Mabel y otro sobre simulación" (expediente 112.380/2002) y "Tagliaferro, Jorge Agustín contra Tagliaferro, Roxana Mabel sobre Sumario" (expediente 17.909/2001) y "Tagliaferro, Jorge A. contra Tagliaferro, Roxana Mabel sobre Sumario (expediente 042.763), todos adjuntos por cuerda, permiten tener por acreditado que los derechos sociales del demandado en aquella sociedad de responsabilidad limitada se mantenían.

De todas maneras las constancias que se recogen de las actuaciones citadas también permiten concluir que a la época de la venta de la parte indivisa del campo, la sociedad no sólo no era rentable sino que estaba en etapa de disolución (véase informes de fs. 113/142 del expediente 112.380/2002 y fs. 728/729 e informe contable de fs. 822/837 del expediente 57.930/2002).

Ello también se encuentra corroborado por el estado de abandono en que se encontraba el campo, del cual la sociedad era su explotadora, según ya se ha visto al analizar el testimonio de Marcelo Néstor Gasparreto, quien declara a fs. 774/776.

En definitiva, a la época de la venta, no sólo aparentemente el demandado había cedido la totalidad de sus acciones, sino que de no haber sido así, la sociedad estaba en vías de disolución, con quebrantos durante esos años.

Mención especial merece el departamento de la calle Posadas. En primer lugar debe destacarse al respecto que si bien ese inmueble se encuentra a nombre del demandado Tagliaferro y de la actora, se trata del último domicilio conyugal y fue constituido como bien de familia el 17 de noviembre de 1997 (conf. fs. 193/196 del juicio sobre alimentos (expediente 118.515/1998).

Como lo refiere la primer sentenciante a fs. 3 de la causa sobre homologación (expediente 112.099/1998), las partes convinieron el día 3 de noviembre de 1998 que las hijas vivieran junto a su madre en el inmueble sito en Posadas 1371, piso 1°, de Capital Federal.Ello no se encuentra desvirtuado y por el contrario el demandado en varias oportunidades de estos largos y penosos litigios ha manifestado que incluso pretendía dejar su parte en ese bien a favor de sus hijas.

Años después de la venta de autos, y ante la falta de pago de los alimentos, la mujer solicitó autorización para alquilar dicho departamento y con ello poder solventar la crianza y educación de sus hijas.

Por ello, no me cabe duda que la parte del demandado, de ese departamento no puede ser considerado prenda común de sus acreedores (su ex cónyuge y sus hijas menores), pues se trataba de la vivienda de las menores y el propio demandado había acordado mantenerla.

Entonces, pretender que las acreedoras de alimentos cobren sus créditos subastando esa vivienda, donde habitaban sus hijas a quienes debe alimentos o las rentas de la mujer con las que ésta las sostiene, como bien ejecutable demuestra -reitero- la mala fe del demandado.

No cabe duda que el 50% del valor de la camioneta Honda, modelo 1994 (véase valor a fs. 220/221 del juicio sobre alimentos), es ínfimo respecto de la deuda que por alimentos mantiene el Señor Tagliaferro.

La conducta del accionado, anterior y posterior a la compraventa del campo, permite presumir el ánimo de defraudar, evitando que ese bien permaneciera en su patrimonio, como prenda común de su acreedor. En este sentido existe cosa juzgada en sede penal.

Como se ha expresado, uno de los elementos decisivos que acreditan el ánimo de defraudar está dado por la desproporción de valores de las prestaciones derivadas del contrato impugnado por el acreedor (conf. Mazeaud, Lecons, II, núm.994). Si bien no se ha acreditado una gran desproporción en el caso de autos, no cabe duda que la venta de una parte indivisa en el estado en que se encontraba el campo indica que el vendedor lo ha debido vender a un precio más bajo que el de plaza.

2) Complicidad del demandado Alfredo Salvato Viola.

Cuando se trata de actos onerosos, la ley exige como requisito para que la acción revocatoria pueda prosperar el consilium fraudis del tercero ajeno a la deuda pero parte del acto cuestionado (conf. art. 968 del Código Civil).

Teniendo en cuenta la dificultad de la prueba de la complicidad del tercero, el art. 969 la presume cuando ese tercero conocía el estado de insolvencia del deudor. La ley marca así un paralelismo con la presunción del ánimo de defraudación del deudor derivado de su estado de insolvencia.

La relación de amistad del co-contratante con el deudor es un elemento relevante para inferir el conocimiento de la situación patrimonial de este último por Salvato Viola.

No sólo se ha acreditado que al momento de la venta Salvato Viola había albergado en su hotel al codemandado a partir de la separación de los cónyuges, sino también que se encontraba interiorizado de los negocios de éste y de su situación familiar (conf. declaraciones de Domingo Zoilo Víctor Pasaporte a fs. 392/399, de María Fernanda Orcajada a 759/763 y de Roxana Mabel Tagliaferro a fs.809/814). Ello, además de la compra de la parte indivisa de un campo ocupado, en estado de abandono y con litigios entre los condóminos, son circunstancias que permiten presumir que este contratante conocía que esa venta producía una verdadera insolvencia en el patrimonio de Tagliaferro respecto de sus acreedoras de alimentos.

No se me escapa que Salvato Viola fue sobreseído en la causa penal en orden a la participación delictual que se imputó por la venta del campo "El Timbo", con la declaración de que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado y esa parte ha traído dicho pronunciamiento como defensa a estas actuaciones.

En doctrina se ha discutido si el sobreseimiento que dicta el juez penal poniendo término al proceso, con el aditamento de no haber sido afectado el buen nombre ni el honor del procesado, equivale a la absolución que prevé el art. 1103 del Cód. Civil e impide que se dicte en sede civil sentencia que condene a aquél a la reparación del perjuicio. Así, alguna doctrina entiende que la autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no depende de su forma -sentencia o sobreseimiento- sino de su contenido ( Llambías, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T IV-B, p. 97, núm. 2783 y en Límites de la cosa juzgada penal, ED 84-780, núm. 17; Kemelmajer de Carlucci, en com. art. 1113, en Código Civil Comentado. dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, T V, p. 318; Creus, Influencia del proceso penal sobre el proceso civil, p. 120).

La posición mayoritaria sostiene que resulta necesaria la sentencia absolutoria dictada en el plenario, para encuadrar el sobreseimiento en la cosa juzgada a que se refieren los supuestos del art. 1103 Cód.Civ. (Orgaz, El sobreseimiento y la acción civil, en Estudios, p. 115, núm, 3 y ss. Borda, Obligaciones, T II, p.437; Salvat Acuña Anzorena, T IV, núm, 2957; Alterini, Ameal, López Cabana, Curso de Obligaciones, T I, p. 529: Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, T I, p. 295; Trigo Represas, Félix, Compagnucci de Caso, Rubén, Responsabilidad Civil por accidente de automotores, T 2-b, p. 650; Verdaguer, Alejandro, El sobreseimiento definitivo fundado en la inexistencia del hecho punible ¿hace cosa juzgada en los procesos civil y concursal?, La Ley 1993-D-215) .

La jurisprudencia es pacífica en considerar que el sobreseimiento no hace cosa juzgada en lo civil ni aun cuando se fundara en la inexistencia del hecho mismo que sirve de base a la acción civil. Es decir que el sobreseimiento definitivo no es equivalente a la sentencia absolutoria, respecto de sus efectos sobre la acción civil. Resulta relevante al respecto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 25 de noviembre de 1960 (J.A. 1961-II-566), y la amplitud de fundamentos del Dr. Boffi Boggero, respecto de la diferencia entre la sentencia absolutoria y el sobreseimiento definitivo, principalmente en cuanto a que este último se dicta antes de que el proceso llegue a la etapa del plenario.

En la Capital Federal, es también la doctrina del fallo plenario en autos "Amoruso, Miguel Gerrado c/ Casella, José Luis (J.A. 1946-I-803 y La Ley 42-156), donde la Cámara Civil resolvió que "el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria recaída en el juicio criminal no hacen cosa juzgada en el juicio civil; el primero en lo absoluto, y la segunda respecto del autor del hecho en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados." Dicho fallo plenario mantiene su vigencia a pesar del tiempo transcurrido desde su dictado, máxime cuando no han cambiado los presupuestos señalados en el plenario con el nuevo procedimiento penal.En este último sentido se ha considerado que las modificaciones introducidas en el Código Procesal Penal confirman la doctrina del plenario al disminuir la fuerza probatoria de los medios de prueba producidos en la instrucción (Verdaguer, nota citada en La Ley 1993-D, p. 218). También un fallo con voto de la Dra. Highton de Nolasco, sigue la doctrina del plenario y consideró que no ejerce cosa juzgada sobre la sentencia civil el sobreseimiento dictado con fundamento en el art. 336, inc. 4 del Código Procesal Penal, por lo que aquélla puede ser dictada libremente (C.N.Civ. Sala F, núm. 0014828 de la Base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín 19/2002, en autos Guerra Fernández, R. c/Ledesma, M. s/ Daños y perjuicios, del 26 de marzo de 2002).

De todas maneras en la causa penal se ha valorado el dolo en vista al delito imputado, mientras que en esta causa civil está en juego la mala fe del contratante.

Entiendo entonces que se ha demostrado en autos la mala fe del comprador, por lo que se dan todos los requisitos exigidos por el los arts. 962 y conc. del Código Civil.

En consecuencia, la acción pauliana interpuesta en subsidio recibirá favorable acogida, por lo que deberá revocarse la sentencia en cuanto hace lugar a la simulación y declararse que la compraventa impugnada resulta inoponible a las actoras hasta el importe de sus créditos (art. 968 del Código Civil).

VI.- Las costas del juicio serán soportadas por los demandados vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Por las consideraciones expuestas, oída la Sra. Defensora de Menores e Incapaces a fs. 1727, en caso de resultar compartido este voto propongo al acuerdo:1) Revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la acción de simulación y declara la nulidad de la compraventa de la tercera parte indivisa de dos fracciones de campo que son parte del establecimiento denominado "El Timbo", en Tres Sargentos, Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, parcelas 61-p, partida 2887 y parcela 61-J, partida 6432, ambas de Circunscripción III, conforme escritura N° 334 del 5 de mayo de 1999; 2) Hacer lugar a la acción pauliana interpuesta en subsidio. En consecuencia, se revoca la compraventa celebrada entre los demandados Jorge Agustín Tagliaferro y Alfredo Raúl Salvato Viola ya referida en el apartado anterior, resultando dicho contrato inoponible a las actoras hasta el importe que resulte de sus créditos (conf. art. 965 del Código Civil); 3) Con costas en la forma dispuesta en el apartado VI; 3) Las costas de alzada se imponen por su orden atento la forma en la cual se resuelve la cuestión planteada (art. 71 del Código Procesal).

El Dr. Ameal por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Hernández, vota en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, Diciembre de 2011.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por mayoría de votos, el Tribunal decide: 1) Revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la acción de simulación y declara la nulidad de la compraventa de la tercera parte indivisa de dos fracciones de campo que son parte del establecimiento denominado "El Timbo", en Tres Sargentos, Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, parcelas 61-p, partida 2887 y parcela 61-J, partida 6432, ambas de Circunscripción III, conforme escritura N° 334 del 5 de mayo de 1999; 2) Hacer lugar a la acción pauliana interpuesta en subsidio. En consecuencia, se revoca la compraventa celebrada entre los demandados Jorge Agustín Tagliaferro y Alfredo Raúl Salvato Viola ya referida en el apartado anterior, resultando dicho contrato inoponible a las actoras hasta el importe que resulte de sus créditos (conf. art. 965 del Código Civil); 3) Con costas en la forma dispuesta en el apartado VI; 4) Las costas de alzada se imponen por su orden atento la forma en la cual se resuelve la cuestión planteada (art. 71 del Código Procesal).

Previo al tratamiento de las regulaciones de honorarios indique el Juzgado en forma numérica la base regulatoria tenida en cuenta al fijarse los mismos.

La Dra. Silvia A. Díaz no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. LIDIA B. HERNANDEZ- OSCAR J. AMEAL- RAQUEL ELENA RIZZO- (ES COPIA).





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Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Estimado si no es lo que necesita, no dude en acotar los criterios de búsqueda así le envío uno correcto
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Continuo en linea por si necesita algo mas.-
Cliente: escribió hace 4 año.
con respecto al fallo que me envio. cual seria la sintesis?donde esta el acto de confirmacion de acto juridico?que doctrina asienta?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Estimado, usted necesita de NULIDAD o validez del acto juridico? Podría explicitarme mas concretamente?
Igualmente le envió de ahora en mas síntesis del fallo.-
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Voces: HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS - ACTOS DE ADMINISTRACION - ACTOS DE
DISPOSICION - VALIDEZ DE LOS ACTOS JURÍDICOS - ACCIÓN DE NULIDAD - VICIOS DE
LOS ACTOS JURIDICOS - VICIOS DE LA VOLUNTAD - ERROR - PERSONAS FÍSICAS CAPACIDAD
- INCAPACIDAD - DEMENTES - CURATELA - ENFERMEDAD MENTAL INSUFICIENCIA
DE LAS FACULTADES MENTALES - PARTICIÓN HEREDITARIA AUTORIZACIÓN
JUDICIAL - INHABILITACIÓN CIVIL - MINISTERIO PÚBLICO VALORACIÓN
DE LA PRUEBA

Partes: A. G. G. y otro c/ A. G. Á. y otros | nulidad de acto jurídico

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha B.O.: 7-jun-2007

Cita: MJ-JU-M-13985-AR | MJJ13985

Producto: MJ

¿Los actos anteriores a la declaración de inhabilitación pueden ser anulados cuando la causa de la
inhabilitación declarada por el juez existía públicamente en la época en que los actos fueron
ejecutados?

Sumario:

1.-Se confirma la sentencia que dispuso la nulidad solicitada por el asesor de menores e incapaces a
raíz de haberse suscripto el acto particionario de bienes por quien, al momento del otorgamiento, se
encontraba internado y se hallaba proclive a padecer crisis o episodios de obnubilación mental, lo que
podría colocarlo en la situación de demente en sentido jurídico, hechos éstos de pleno conocimiento por
el resto de los involucrados en el acto.

2.-La ley estima correctamente que las enfermedades mentales son susceptibles de grados y, en
atención a ello, prevé un instituto para que, cuando el grado de la alteración no sea tal que merezca el
tratamiento del artículo 141 , las personas que padecen enfermedades mentales u otro tipo de
afecciones que afecten sus facultades, no queden sin protección. No se encuentra óbice, entonces, para
la aplicación lisa y llana de un artículo que intenta únicamente facilitar una prueba en orden a la
nulidad o anulación de los actos jurídicos otorgados por dementes e inhabilitados -el Art. 473 CCiv-.

3.-El régimen de la flexibilización probatoria es adecuado a los fines de tutelar la posición jurídica del
inhabilitado. Por supuesto, que ello no significa excluir la aplicación del segundo párrafo del artículo
473, que sí se refiere a los contratos, pues el régimen es único, aunque en el caso de autos no se
presenta la hipótesis prevista en aquél, a tenor de los sujetos involucrados en el acto cuestionado, que


no pueden argumentar el desconocimiento del estado de quien otorgó el acto jurídico particionario de
bienes cuya nulidad se pretende (del voto del Dr. Giardulli al que por idénticos fundamentos adhiere el
Dr. Mayo y el Dr. Kiper).

4.-El principio pretoriano de acuerdo al cual no resulta aplicable al supuesto de la inhabilitación lo
dispuesto en el artículo 473 no encuentra en el caso un ámbito en el que se justifique su utilización,
sino más bien todo lo contrario. Cabe disentir con la destacada doctrina y coincidir con la casi solitaria
posición según la cual no existirían argumentos de peso para hacer el distingo entre notoriedad y no
notoriedad en el inhabilitado del estado de dependencia de estupefacientes, embriaguez o disminución
de facultades mentales -que no llegan a ser aquellos del art. 141 Cciv en orden a no declarar la nulidad
de un acto celebrado por un inhabilitado, por directa aplicación del artículo 473 del mismo cuerpo
legal. Téngase en cuenta que en el inciso 2 del artículo 152 bis se prevé una enfermedad mental,
aunque menos grave, pero enfermedad al fin, sinónimo de demencia -no tomada en estricto sentido
psiquiátrico-, según resulta del artículo 141. La solución que se propone debe ser seguida siempre que
las circunstancias del caso así lo hagan necesario (del voto del Dr. Giardulli al que por idénticos
fundamentos adhiere el Dr. Mayo y el Dr. Kiper).

5.-Así como la sentencia de interdicción es constitutiva, envuelve el pasado, también lo hace la de
inhabilitación, cuando el factum es el mismo, en la especie, el estado de alienación -nótese que a los
inhabilitados del inciso 2 se los denomina semialienados- De ese modo lo han entendido los autores:
“la referencia expresa que se hace del artículo 141 del Código en el 152 bis, inc. 2, sitúa esta norma en
el terreno de las enfermedades mentales, por ello al igual que en el caso de demencia, se requiere que la
enfermedad configure un estado, una afección de carácter permanente (del voto del Dr. Giardulli al que
por idénticos fundamentos adhiere el Dr. Mayo y el Dr. Kiper).

6.-El inhabilitado en los términos del Art. 152 bis, inc. 1 y 2 CCiv.- para poder realizar actos de
disposición no sólo deberá contar con la conformidad del curador a sus efectos, sino que aun en casos
peculiares, también tendrá que contar con la autorización judicial. En el supuesto de autos los peritos
médicos dictaminaron que debido a las enfermedades físicas que padece el inhabilitado, se halla
proclive a padecer crisis o episodios de obnubilación mental, lo que podría colocarlo en la situación de
demente en sentido jurídico, y en el peligro de efectuar enajenaciones por presiones de terceros, como
ya ocurriera y se da cuenta en autos -respecto del otorgamiento de acto jurídico particionario de
bienes-. Es cierto que dependería de la conformidad del curador para poder disponer de sus bienes, pero
ello no obsta a que el curador no pueda integrar la voluntad del incapaz, ya que en tal situación
carecería de capacidad éste, por lo que la asistencia devendría representación de la que carece el
curador, así la autorización judicial deviene necesaria (del voto del Dr. Giardulli al que por idénticos
fundamentos adhiere el Dr. Mayo y el Dr. Kiper).

7.-La idea general de la institución de la inhabilitación judicial es que el inhabilitado puede administrar
sus bienes, pero no disponer libremente de ellos, pues para hacerlo requiere la conformidad de un
curador que debe nombrársele. En el supuesto de análisis, el inhabilitado ni siquiera está autorizado
para realizar esos actos de administración, mucho menos los de disposición como resulta ser el
otorgamiento de acto particionario de bienes, respecto del cual se solicita la nulidad (del voto del Dr.
Giardulli al que por idénticos fundamentos adhiere el Dr. Mayo y el Dr. Kiper).

8.-La particular figura creada en cuanto a los actos de disposición asimila al actor a un incapaz, regido
por lo tanto para tales actos por las normas de la insania y no de la inhabilitación. Por lo tanto, a esos
efectos se admite que continúe la intervención del Ministerio Público, como medida de protección del
interés del inhabilitado, aunque se entiende que hubiera bastado con el control judicial para que tales
intereses estuvieran salvaguardados plenamente.

9.-Los apelantes intentan salvar la nulidad de la partición arguyendo que existió adecuado control


judicial por parte del curador. Lo cierto es que el pedido de nulidad por parte del Asesor de menores e
incapaces se encontraba en pleno trámite durante las gestiones del curador, mal podrían considerarse
las actuaciones que éste llevó a cabo a fin de salvaguardar el patrimonio de su curado como un aval a la
partición cuando, a todas luces, es quien, al presentar el detallado, serio y fundado informe en el
expediente sobre inhabilitación pone de manifiesto los desapoderamientos que advirtió desde que su
curado estuvo internado.
Cliente: escribió hace 4 año.
Necesito un fallo completo sobre confrmacion de actos juridicos, de ahi hacer una sintesis, dejar constancia donde esta la confirmacion del acto y decir cual es la doctrina que asienta el fallo.
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Le envio el fallo
Cliente: escribió hace 4 año.
espero el fallo
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Voces: SUBASTA JUDICIAL - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - ADQUIRENTE JUDICIAL -
CESIÓN DE CRÉDITOS - GARANTÍA DE EVICCIÓN - COMPRA EN COMISIÓN - ACTUACIÓN
DE OFICIO - VALIDEZ DE LOS ACTOS JURIDICOS - INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE
LA LEY
Partes: Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Agüero Ricardo Luis y otro | ejecución hipotecaria
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: G
Fecha: 3-jul-2007
Cita: MJ-JU-M-19543-AR | MJJ19543
Producto: MJ,SOC
La prohibición legal de efectuar la compra en comisión de un inmueble en una subasta judicial no es
extensiva a la cesión de créditos que puede efectuar el adquirente en subasta a un tercero y , por tanto,
esta cesión, debe interpretársela válidamente efectuada.
Sumario:
1.- Deben recogerse los agravios de la cesionaria y revocarse la resolución por la que el a quo, de oficio
y con fundamento en la prohibición legal de compra en comisión, rechazó la cesión de derechos
efectuada por el adquirente en la subasta. Aún cuando esta cuestión relativa a la validez de la cesión del
boleto de compra y venta perpetrada por el comprador en subasta judicial ha merecido disímil
consideración en las decisiones de esta Cámara, es propicio admitir la validez de tal negocio jurídico,
atento al espíritu que informa a las normas sobre la materia -arts. 3936(reF:LEG1308.3936), inc. c,
Cciv. y, 598 , inc. 7º, CPCC- , es decir, procurar la mayor transparencia en las ventas judiciales. (Del
voto de la Dra. Beatriz Areán y Dr. Carlos Carranza Casares, mayoría)
2.- La compra en comisión y la cesión de derechos son figuras claramente diferentes. Entre las
principales diferencias de ambos negocios, se advierte que en la compra en comisión, el comisionista
queda desligado de toda obligación desde el momento que revela el nombre de la persona para quien
adquirió y ella la acepta . Por el contrario, en la cesión -tal como ocurre en autos- el cedente responde
por evicción respecto de la existencia y legitimidad del crédito. No siendo cuestionada la cesión de
derechos en estas actuaciones ni por el actor ni por el demandado -sujetos con interés en hacerlo ante
eventuales perjuicios- debe estarse por la validez de la misma. (Del voto de la Dra. Beatriz Areán y Dr.
Carlos Carranza Casares, mayoría)
3.- Debe confirmarse la resolución del a quo que priva de validez a la cesión de derechos obrante en
autos acerca de la cesión de derechos del boleto de compra en subasta judicial pues, si bien las normas
de fondo y las rituales -art. 3936 y art. 598 respectivamente- solo consignan la prohibición de la compra
en comisión en las ejecuciones hipotecarias, debe hacerse extensiva esta prohibición a la cesión del
boleto, por configurar un acto que, aunque bajo apariencia distinta, inequívocamente está enderezado a
sortear el impedimento legal. (Del voto del Dr. Bellucci, en disidencia, minoría)
Buenos Aires, tres de julio de 2.007.
Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
A fs. 392, oficiosamente y con fundamento en que se pretendía soslayar la prohibición legal de compra
en comisión, la Sra. Juez de grado resolvió no aceptar la cesión de derechos efectuada por el adquirente
en la subasta (v. escritura de fs. 389) y tenerlo por comprador definitivo al cedente. De dicha decisión
se agravia la cesionaria.
No escapa al conocimiento de la mayoría de esta Sala, que la cuestión relativa a la validez de la cesión
del boleto de compra y venta perpetrada por el comprador en subasta judicial de manera contemporánea
a la realización del remate en el que resultó adquirente, ha merecido disímil consideración en las
decisiones de esta Cámara, al punto de originar un pedido de unificación de jurisprudencia del Sr.
Fiscal por ante este colegiado, resuelto desfavorablemente (Acordada nº 1031, del 13 de julio de 2004).
Pese a los sólidos argumentos en que se apoyan quienes sostienen la postura contraria, entre ellos
nuestro distinguido colega Sr. Bellucci; al espíritu que informa a la disposición legal (arts. 3936, inc. c,
de la ley fondal y, 598, inc. 7º, de la ley adjetiva), que no es otro que procurar la mayor transparencia
en las ventas judiciales obstaculizando la participación de postores coaligados, y sin desatender que no
pocas veces la mentada valla es eludida mediante la utilización de otros mecanismos legales, como
podría efectivamente suceder en la especie, no podemos sino inclinarnos por el criterio que admite tal
negocio jurídico.
En efecto, la compra en comisión y la cesión de derechos son figuras claramente diferentes. La primera
es un negocio en nombre propio, con la facultad, "ab initio", de transferir los derechos y obligaciones
emergentes del contrato a un tercero (conf. Highton, Elena "Juicio hipotecario" t.2, pág.265/6). La
segunda, en cambio, es un contrato mediante el cual un sujeto de derechos, sin estar sujeto a plazo
perentorio alguno, enajena libremente a otro un derecho cuya titularidad ejerce, para que este último lo
continúe a nombre propio. Entre las principales diferencias de ambos negocios, se advierte que en la
compra en comisión, el comisionista queda desligado de toda obligación desde el momento que revela
el nombre de la persona para quien adquirió y ella la acepta (conf. Borda, Guillermo, "Tratado de
Derecho civil", T.1 -Contratos- pág. 296 x 438, 1997). Por el contrario, en la cesión el cedente
responde por evicción respecto de la existencia y legitimidad del crédito (art. 1476, de la ley
sustantiva).
Sentado ello, es dable recordar que el art. 598 del ritual prohíbe que en la ejecución hipotecaria la
compra en subasta sea efectuada "en comisión", empero nada dice (como tampoco el art. 3936 de la ley
sustancial) sobre idéntico impedimento en el caso de la cesión de derechos. Por ello, no puede por vía
judicial crearse un impedimento que norma legal alguna instituye.
Adviértase que la capacidad para otorgar actos jurídicos constituye la regla, mientras que la aludida
prohibición es excepcional y como tal de restrictiva aplicación, de manera que no puede extenderse a
supuestos que la norma no contempla (conf. CNCiv., Sala B, "Mirochnik c/ Zolorza", del 19-9-2001).
Cabe destacar, además, que la cuestionada cesión no ha sido objetada ni por el actor ni por el
demandado que serían los interesados en hacerlo, por ser los hipotéticamente perjudicados por un
eventual menor precio obtenido en una subasta (conf. Rivera, "Instituciones de Derecho Civil", t.II, p.
881, nº 1452), como así también que no se ha alegado la existencia de maniobra o irregularidad alguna
en la realización del remate.
Por lo expuesto, la mayoría del Tribunal, RESUELVE: Revocar el decisorio de fs. 392, en todo cuanto
allí se decide y fue motivo de atendibles agravios.Sin costas, por tratarse de una decisión dictada de
oficio por la "a quo" y no merecer contradicción. Regístrese y devuélvase, encomendándose a la
instancia de grado la notificación del presente a los interesados.
Carlos A. Bellucci
(en disidencia)
Beatriz Areán
Carlos A. Carranza Casares
Disidencia del Dr. Bellucci:
Como ya lo sostuviera en precedentes de esta Sala en su anterior composición, a cuyos términos me
remito (r.313.787, del 27-2-01; r.252.507, del 15-9-03; r.446.075, del 22-12-05; r. 470.610, del
17-11-06; entre otros), a pesar que los arts. 3936, inc. c, de la ley fondal y, 598, inc. 7º, de la ley
adjetiva, en su actual redacción (texto conf. ley 24.441), sólo consignan la prohibición en las
ejecuciones hipotecarias de la "compra en comisión", considero que debe hacerse extensiva la
interdicción a la cesión del boleto, por configurar un acto que, aunque bajo apariencia distinta,
inequívocamente está enderezado a sortear el impedimento legal. Además, al estar involucrado el orden
público, estamos en presencia de una nulidad absoluta, por lo que, conforme a lo establecido en los arts.
18, 21, 953 y 1047 del código de fondo, es procedente declararla de oficio, sin perjuicio de la eficacia
de la convención entre cedente y cesionario y de las acciones que tengan derecho a promover en razón
de las prestaciones cumplidas.
Por ello, considero que en la especie corresponde confirmar con los alcances antedichos, el
pronunciamiento recurrido.
Carlos A. Bellucci
Cliente: escribió hace 4 año.
y en este fallo cual seria el acto de confirmacion?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
ESTIMADO: EN EL ENCABEZADO, DONDE DICE SUMARIO: ES EL RESUMEN DEL FALLO.-


El fallo trata sobre la validez o no de la cesión de una adquisición de un inmueble en un juicio de ejecución hipotecaria.-

El comprador en subasta, cedió la compra en el mismo expediente y antes de su inscripción en el Registro de la Propiedad.-

El Juez de primera instancia declaro la nulidad de tal cesión, equiparándola a la compra en comisión (la cual esta prohibida en ejecuciones hipotecarias)

La Cámara,CONFIRMO la VALIDEZ de la cesión, invocando que la SEGURIDAD JURÍDICA es quien debe primar, y que no puede decretarse porque si la nulidad de un acto jurídico efectuado en sede judicial.-



Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Pese a los sólidos argumentos en que se apoyan quienes sostienen la postura contraria, entre ellos nuestro distinguido colega Sr. Bellucci; al espíritu que informa a la disposición legal (arts. 3936 , inc. c, de la ley fondal y, 598 , inc. 7º, de la ley adjetiva), que no es otro que procurar la mayor transparencia en las ventas judiciales obstaculizando la participación de postores coaligados, y sin desatender que no pocas veces la mentada valla es eludida mediante la utilización de otros mecanismos legales, como podría efectivamente suceder en la especie, no podemos sino inclinarnos por el criterio que admite tal negocio jurídico.
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
CONCRETAMENTE, LA PARTE QUE TRANSCRIBI ES EL HOLDING DEL FALLO.-
O SEA EL CRITERIO O ARGUMENTO CENTRAL, EN CUAL SE BASO EL FALLO
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Le ha sido de utilidad la información?
Necesita algo mas?
Cliente: escribió hace 4 año.
en lo que me envio de : Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Agüero Ricardo Luis y otro | ejecución hipotecaria es el fallo comleto?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Primero le envié el fallo completo que es el que usted me indica.-

Desde donde dice SUMARIO hasta que empieza la sentencia, es el RESUMEN del fallo.-

Y lo ultimo que envié es lo mas importante del fallo, el argumento que da sustento a la sentencia.-
Cliente: escribió hace 4 año.
Barbaro muchas gracias por la informacion y muy atenta de tu parte...
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Gracias a usted, espero que te sea util!

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