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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
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fallos jurisprudenciales

Pregunta del cliente:

Me podrias enviar los fallos jurisprudenciales sobre consumidores argentinos y el de Zavalia Jose Luis.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.


Me podría aclarar que tipo de fallos sobre consumidores? O puntualmente se refiere a uno?



Si mi respuesta le ha resultado util aceptela y le seguire contestando sin costo adicional. Gracias.
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Voces: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES - BASE IMPONIBLE - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR - GAS - LEGITIMACIÓN ACTIVA - PROHIBICIÓN DE INNOVAR - TELEVISIÓN POR CABLE - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Partes: Consumidores Argentinos s/ acción popular de inconstitucionalidad

Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta

Fecha: 20-abr-2011

Cita: MJ-JU-M-64528-AR | MJJ64528

Se decreta la prohibición de innovar con relación a aquellas medidas que la Municipalidad local pueda adoptar sobre la base de los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza tributaria nº 14048/10, en cuanto obliga a los usuarios de los servicios de televisión por cable y provisión de gas a abonar la denominada "contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público".

Tribunal
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Sumario:



1.-Corresponde decretar la prohibición de innovar con relación a aquellas medidas que la Municipalidad local pueda adoptar sobre la base de los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza tributaria nº 14048/10, en cuanto obliga a los usuarios de los servicios de televisión por cable y provisión de gas a abonar la denominada contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público ; ello, pues los usuarios de los servicios de gas como de la televisión por cable no parecen actualizar al sujeto pasivo de la obligación tributaria en cuestión, ya sea como contribuyentes o en la condición de responsables, ya que los usuarios de los servicios no son los concesionarios, permisionarios o usuarios de espacios del dominio público municipal, como tampoco son los propietarios o poseedores de los bienes sujetos a concesión, permiso o uso -conforme arts. 180 y 181 del Código Tributario Municipal.

2.-El cumplimiento del requisito de verosimilitud del derecho se encuentra configurado, en la especie, con la decisión de la Municipalidad demandada expresada en los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza 14048, de percibir de los usuarios de los servicios de televisión por cable y de gas la denominada contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público , donde el ejercicio de las atribuciones de índole tributaria por parte de la comuna demandada aparentaría exorbitar el ámbito de su competencia.

3.-La acción deducida como popular de inconstitucionalidad, de acuerdo con el art. 704 del CPCC., ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos con naturaleza de ... ley, decreto, reglamento u ordenanza , que tienen en común, con abstracción de la denominación que se les haya dado, el hecho de constituir mandatos generales, abstractos e impersonales; y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción.

4.-A diferencia de la acción directa, la acción popular tiene relevancia pública y la finalidad esencial es la preservación de la supremacía de la ley fundamental, siendo que tal preservación constituye un objetivo de la comunidad, más allá de los también legítimos intereses individuales.

5.-En cuanto a la legitimación activa de la actora, no puede perderse de vista que el art. 42 de la CN., como también el art. 31 de la Carta Magna local, reconoce la dimensión colectiva o supraindividual de los derechos de estos nuevos sujetos, los consumidores y usuarios, en tanto pertenecientes a categorías o grupos de personas vinculadas por la relación de consumo , calificados por su desprotección frente al prestador, distribuidor, comerciante o productor de un bien o servicio público.


Fallo:

Salta, 20 de abril de 2011.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "CONSUMIDORES ARGENTINOS - ACCIÓN POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 34.266/11), y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 53/69 vta. el apoderado de Consumidores Argentinos - Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores, interpone acción popular de inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Salta con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza Nº 14.048 en cuanto obliga a los usuarios de los servicios de televisión por cable y provisión de gas a abonar la denominada "contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público".

Detalla que el 30 de diciembre de 2010, la Municipalidad de la Ciudad de Salta promulgó la ordenanza tributaria Nº 14.048 (Boletín Oficial Nº 1794/10) que modificó ostensiblemente el marco jurídico de los usuarios, ya que su art. 33 establece que "las empresas prestadoras y los usuarios de los servicios que a continuación se detallan, deberán ingresar mensualmente y en partes iguales, en concepto de contribución por ocupación o utilización diferenciada de espacios de uso público, el importe que surja de aplicar las siguientes alícuotas sobre los importes facturados, libres de impuestos .". Por su parte, agrega, el art. 34 inc. b también incorpora al usuario del servicio como contribuyente o responsable.

En virtud de tal cambio en la ordenanza tributaria municipal es que la actora plantea su inconstitucionalidad en la comprensión de que son las prestadoras de los servicios de televisión por cable (Cablevisión S.A. y Decotevé S.A.) y Gasnor S.A. los contribuyentes de la llamada contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público.

Afirma que los hechos imponibles que dan nacimiento al pago de la referida contribución son:1) la ocupación o utilización especial o diferenciada del subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio público municipal; y 2) los permisos, concesiones, autorizaciones u otras formas de adjudicación que hagan los órganos de la administración estatal para el uso especial de la vía pública o áreas peatonales.

Con arreglo a los arts. 180 y 181 del Código Tributario Municipal, sostiene que los usuarios del servicio de televisión por cable y gas no son propietarios o poseedores de los bienes sujetos a concesión, permiso o uso, por lo que nunca pueden ser responsables del pago de la llamada contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacio de dominio público.

Considera que la ordenanza en cuestión afecta el principio de legalidad tributaria ya que los usuarios no se encuentran tipificados como obligados en calidad de contribuyentes o responsables, y esto es así, explica, porque ellos no pueden realizar el hecho imponible del art. 179 del Código Tributario Municipal, puesto que no utilizan el espacio público municipal.

A todo evento, asevera que en el caso de las empresas Cablevisión S.A. y Decotevé S.A., para la prestación del servicio de televisión por cable se sirven de los postes de luz de Edesa.Estos postes de luz, dice, si bien se encuentran asentados sobre las veredas de la ciudad de Salta, no significa que sean de dominio público municipal.

Por su parte, Gasnor S.A., continúa diciendo, para la prestación del servicio de distribución de gas cuenta con un tendido de cañerías subterráneas, siendo tal sociedad propietaria exclusiva de la red de gas y si bien se encuentra asentada debajo de las veredas de la ciudad de Salta, tampoco significa, reitera, que sea de dominio público municipal.

En dicho contexto, señala además que al no ser las veredas "del dominio público municipal", la demandada no tiene poder tributario alguno para percibir la cuestionada contribución.

También entiende violentado el principio de igualdad y capacidad contributiva, dado que interpreta que los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza Nº 14048 gravan a los usuarios de manera discriminatoria sin atender a su capacidad contributiva, sino que los igualan con las empresas de los servicios públicos, cuando son éstas quienes realizan el hecho imponible y las que en definitiva por capacidad contributiva deben pagar la gabela en cuestión.

Luego de efectuar una distinción entre impuestos, tasas y contribuciones, la actora concluye en que el tributo pretendido es un verdadero impuesto, por lo que considera que colisiona con el art. 123 de la Constitución Nacional y con el art. 175 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Salta que prohíbe a la Municipalidad crear o aplicar impuestos sin autorización de ley provincial.En otro orden de consideraciones, recuerda que el servicio de televisión por cable se encuentra comprendido en la Ley Nacional de Telecomunicaciones, cuyo art. 39 establece que el uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, estará exento de todo gravamen. Cita jurisprudencia.

Finalmente, solicita en el carácter de prohibición de innovar, con arreglo al art.230 del C.P.C.C., la inmediata suspensión de todo cobro compulsivo a los usuarios del servicio de televisión por cable y provisión de gas de la llamada contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público, a los fines de que el municipio no perciba el tributo cuestionado a través de las empresas de servicio publico. Peticiona que se libre oficio a la Municipalidad de la Ciudad de Salta y a las empresas Cablevisión S.A., Decotevé S.A. y Gasnor S.A para que se abstengan de realizar las percepciones impositivas previstas en los arts. 33 y 34 de la ordenanza Nº 14048.

2º) Que de conformidad con la doctrina de esta Corte a partir del precedente "Acción de inconstitucionalidad contra la ley 6618/91, interpuesta por el Partido Fuerza Republicana" (Tomo 42-2:1317), resultan de aplicación, ante la ausencia de una reglamentación autónoma del actual art. 92 de la Constitución Provincial (antes art. 89), las disposiciones de los arts. 704 a 706 del Código Procesal Civil y Comercial que rigen respecto de la "acción popular", en cuanto no se opongan a la normativa constitucional. Este criterio se ha mantenido hasta la actualidad, de manera invariable (cfr. Tomo 49:939; 53:883; 55:299; 57:995; 68:41; 88:559, entre otros).

3º) Que la acción deducida como popular de inconstitucionalidad, de acuerdo con el art.704 del C.P.C.C., ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos con naturaleza de ". ley, decreto, reglamento u ordenanza", que tienen en común, con abstracción de la denominación que se les haya dado, el hecho de constituir mandatos generales, abstractos e impersonales; y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción.

A diferencia de la acción directa, la acción popular tiene relevancia pública y la finalidad esencial es la preservación de la supremacía de la ley fundamental. Tal preservación constituye un objetivo de la comunidad, más allá de los también legítimos intereses individuales (cfr. Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente de la Provincia de Salta, Ed. Códex, 1986, 12ª reunión - 9ª sesión ordinaria, T. 3, pág. 652 y apéndice, págs. 696/700).

Atendiendo a las particularidades de la acción, es de aplicación el plazo de 30 días previsto por el art. 704 del Código Procesal Civil, que debe computarse a partir de la entrada en vigencia de la norma impugnada.

Con arreglo a la referida doctrina, la acción popular de inconstitucionalidad, en el caso, resulta temporánea ya que la ordenanza cuestionada fue publicada en el Boletín Oficial Municipal Nº 1794 del 30 de diciembre de 2010.

4º) Que en relación a la legitimación activa, se acompañó el estatuto social de la actora, Consumidores Argentinos-Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores, creada el 5 de diciembre de 1995; su personería jurídica es la Nº 473 y posee el Nº 008 del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.Los objetivos de la asociación se dirigen a velar por el cumplimiento de las leyes dictadas para proteger al consumidor; desarrollar acciones tendientes a informar y difundir los derechos y obligaciones de los consumidores; promover la mayor transparencia de los mercados; coadyudar con la investigación, estudio y análisis de la problemática ambiental, política, social y económica a nivel local, nacional y regional; promover en los ámbitos educativos formal y no formal, la educación al consumidor; y formular propuestas para la consolidación del desarrollo humano sostenible, el fortalecimiento de la democracia y el bienestar de las comunidades.

Al respecto, esta Corte señaló que no puede perderse de vista que el art. 42 de la Constitución Nacional, como también el art. 31 de la Carta Magna local, reconoce la dimensión colectiva o supraindividual de los derechos de estos nuevos sujetos, los consumidores y usuarios, en tanto pertenecientes a categorías o grupos de personas vinculadas por la "relación de consumo", calificados por su desprotección frente al prestador, distribuidor, comerciante o productor de un bien o servicio público. Siempre han existido los consumidores ("lato sensu"), pero recién con el creciente fortalecimiento de las empresas y sus técnicas de contratación masiva que aumentan cualitativa y cuantitativamente la vulnerabilidad de los consumidores y usuarios, el Estado procura su protección con remedios no individualistas. El art. 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional vuelve a mencionar al usuario y al consumidor al referirse a los derechos de incidencia colectiva. Estos nuevos derechos procuran superar la situación de desigualdad y equilibrar la "r elación de consumo" de los consumidores y usuarios (parte más débil) frente a los empresarios y proveedores (parte más fuerte) (cfr. Quiroga Lavié - Benedetti - Cenicacelaya, "Derecho Constitucional Argentino", T. I, pág.310; esta Corte, Tomo 115:925).

5º) Que ya en el análisis de la cautelar, si bien con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte, no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, ello no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie sucede, se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales (cfr. esta Corte, Tomo 51:853; 52:803; 54:839; 56:1; 64:29; 70:1025; 81:405, entre otros). De la misma manera, este Tribunal ha señalado que la naturaleza de las medidas cautelares como la solicitada en autos excluye el juicio de verdad o certeza, en tanto su finalidad es solamente atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Tomo 52:699; 64:29; 72:911, entre otros).

Con tales alcances, la apreciación de la verosimilitud del derecho, requisito para la procedencia de la medida cautelar peticionada, no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a dictarse oportunamente.

6º) Que el cumplimiento de este requisito se encuentra configurado, en la especie, con la decisión de la Municipalidad demandada expresada en los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza 14048, de percibir de los usuarios de los servicios de televisión por cable y de gas la denominada "contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio público", donde el ejercicio de las atribuciones de índole tributaria por parte de la comuna demandada aparentaría exorbitar el ámbito de su competencia.

Es que con arreglo al art.179 del Código Tributario Municipal (texto ordenado por ordenanza 13254), el hecho imponible se define "por la ocupación o utilización diferenciada del subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio público municipal y por los permisos para el uso especial de áreas peatonales o restringidas, o privadas de uso público reglamentado".

En tal contexto y en un análisis provisional, propio de las medidas cautelares, los usuarios de los servicios de gas como de la televisión por cable, no parecen actualizar al sujeto pasivo de la obligación tributaria en cuestión, ya sea como contribuyentes o en la condición de responsables, ya que "los usuarios de los servicios" no son los concesionarios, permisionarios o usuarios de espacios del dominio público municipal, como tampoco son los propietarios o poseedores de los bienes sujetos a concesión, permiso o uso (conforme arts. 180 y 181 del Código Tributario Municipal)._

En consecuencia, resulta necesario recordar que el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía sustancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (CSJN, Fallos, 329:1554).

Ello sustenta la verosimilitud del derecho invocado por la actora, pues la norma aquí impugnada aparece, "prima facie", excediendo el ámbito de las competencias del municipio, circunstancia que aconseja -hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en el caso- mantener el estado de cosas anterior a la vigencia de dicha norma, ya que la aplicación del precepto cuya inconstitucionalidad se peticiona, configura, de por sí, la existencia de una amenaza de lesión cierta, actual e inminente (arts. 232 y 230, inc.2º del C.P.C.C.), recaudo que torna procedente la medida cautelar solicitada.

Es así que la situación que se postula se condice con el concepto mismo de la medida cautelar peticionada, dado que la prohibición de innovar se encuentra fundada, esencialmente, en el principio de la inalterabilidad con el fin de evitar perjuicios irreparables o sentencias ilusorias. Es decir, se trata de una medida tendiente a impedir que durante el curso del pleito se modifique la situación de hecho o de derecho, cuando esa alteración podría influir en la sentencia o tornar en ineficaz o imposible su ejecución o producir perjuicios innecesarios no justificados.

Esta medida es la que concreta, en el aspecto cautelar, el principio de igualdad de las partes, fundamento y finalidad expresamente reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 247:63; 251:336; en igual sentido, L.L. 115 - 217), habiéndose dicho también que no sólo mantiene el principio de igualdad sino que está destinada a resguardar los de lealtad y buena fe (E.D. tomo 33, pág. 247), aspectos estos que justifican la admisión de la medida solicitada en el caso.

7º) Que, en tales condiciones, corresponderá decretar, bajo la caución personal del Dr. Sebastián Parmenión Espeche, la prohibición de innovar con relación a aquellas medidas que la Municipalidad de la ciudad de Salta pueda adoptar sobre la base de los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza tributaria nº 14048/10, que tengan por efecto el cobro de la gabela allí descripta. Asimismo, deberá hacerse conocer lo aquí decidido a Cablevisión S.A., Decotevé S.A. y Gasnor S.A.

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. DECRETAR, bajo la caución personal del Dr. Sebastián Parmenión Espeche, la prohibición de innovar con relación a aquellas medidas que la Municipalidad de la Ciudad de Salta pueda adoptar sobre la base de los arts. 33 y 34 inc. b de la ordenanza tributaria nº 14048/10, que tengan por efecto el cobro de la gabela allí detallada.

II. HACER CONOCER lo aquí resuelto a Cablevisión S.A., Decotevé S.A. y Gasnor S.A.

III. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente- María Cristina Garros Martínez, Gustavo A. Ferraris, María Rosa I. Ayala, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Voces: CONTIENDAS DE COMPETENCIA - COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA - MEDIDAS CAUTELARES - ACCIÓN DECLARATIVA - CONVENCIÓN CONSTITUYENTE - INCONSTITUCIONALIDAD - CONSTITUCIONES PROVINCIALES - INTERVENCIÓN FEDERAL - AMPARO

Partes: Zavalía, José Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 23-may-2006

Cita: MJ-JU-M-7605-AR | MJJ7605 | MJJ7605

Tribunal
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Sumario:



1.-Al haber concluido la intervención federal que promovió la reforma constitucional impugnada en razón de que, a raíz de los comicios realizados, asumieron sus cargos las autoridades constitucionales electas por el pueblo de la provincia, ha desaparecido el presupuesto fáctico que dio lugar al agravio constitucional que sustentó la pretensión declarativa, por lo que corresponde declarar abstracta la cuestión.

2.-A la Corte Suprema le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual.

3.-La extinción del objeto procesal por la desaparición del presupuesto fáctico y jurídico que dio pie a la demanda impide acudir al principio rector establecido en el ordenamiento procesal para pronunciarse sobre la imposición de las costas, pues la imposibilidad de dictar un pronunciamiento final sobre la procedencia substancial de la pretensión, cancela todo juicio que permita asignar a cualquiera de las partes la condición necesaria -de vencedora o de vencida- para definir la respectiva situación frente a esta condenación accesoria.

4.-Si no existen precedentes que se hubieran pronunciado sobre la suerte de asuntos sustancialmente análogos ni se observa una conducta ulterior de alguna de las partes que inequívocamente demuestre haber dado motivo a la promoción de la acción, la imposibilidad de asignar a cualquiera de las partes la condición -de vencedora o vencida- para definir la situación frente a la imposición de costas no es susceptible de ser superada por la concurrencia de alguna otra circunstancia que sostenga la conclusión de que alguna de las partes ha sucumbido respecto de la contraria.

5.-En consideración al carácter novedoso y la complejidad del asunto, corresponde distribuir las costas en el orden causado, si se ha suscitado una situación de marcada excepcionalidad, pues la pretensión, aún deducida por un senador nacional que asumió formalmente la condición de parte, tuvo por objeto preservar -en substancia- las atribuciones reservadas en materia de reforma constitucional que asistían al Estado local que invocó representar, y como contradictoras a esa misma provincia y al Estado Nacional. N.R.: Fuente de información: www.csjn.gov.ar Sumarios oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Z. 236. XL. ORI Zavalía, José Luis c/ Santiago del Estero, Provincia de y EstadoNacional s/ amparo. 23/05/2006 T. 329, P. 1898


Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 40/74 José Luis Zavalía, senador nacional por la Provincia de Santiago del Estero, en dicho carácter y por su propio derecho, inicia la presente acción de amparo contra el Estado Nacional y contra la provincia referida a fin de que se declare la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de la ley 6667, publicada en el Boletín Oficial de ese Estado provincial el 5 de agosto de 2004, por la cual el interventor federal declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero y convocó a elecciones para elegir convencionales constituyentes para el 31 de octubre de 2004.

El actor requiere que, mientras dure la sustanciación de este proceso y hasta tanto se pronuncie el Tribunal de manera definitiva, se dicte una medida cautelar por medio de la cual se suspenda el acto comicial indicado.

2°) Que, a fs. 211/219 se declara que la presente causa corresponde a la jurisdicción originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional; se hace lugar a la medida cautelar pedida y, en consecuencia, se suspende el llamado a elecciones para convencionales constituyentes, dispuesto por la ley local 6667, hasta tanto se resuelva el alcance de las atribuciones del interventor federal al respecto; y, por último, se fija un plazo para que el actor encauce la demanda por la vía contemplada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

A fs. 222/260 el actor adecua su pretensión al marco de una acción declarativa. Reitera el pormenorizado examen de los antecedentes históricos que justificaron la incorporación del instituto de la intervención federal en la Carta Fundamental, como así también sus antecedentes inmediatos en los Estados Unidos de Norteamérica y la interpretación que la Su-prema Corte de ese país ha hecho de su aplicación y alcance.Afirma sobre el objeto y los límites de la intervención judicial que ".el interventor es un delegado del presidente de la República que, de acuerdo con la ley de intervención -N° 25.881-, cumple funciones políticas para concretar los fines a los que responde la intervención y funciones de índole administrativa para el normal desenvolvimiento del estado provincial".

Relata que con el dictado de la ley 25.881, se resolvió la intervención en la Provincia de Santiago del Estero, se dispuso la caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo, y se declaró en comisión a los miembros del Poder Judicial; es decir que dicha norma legal tuvo por objeto la intervención de la provincia en "sus poderes constituidos" con la finalidad de ". asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los Poderes Provinciales" y, para ello, facultó al interventor a convocar a elecciones.

Agrega que al decir ".en sus poderes constituidos", se refería a los poderes ordinarios del gobierno pero no a los extraordinarios representados, no solamente por el poder constituyente, sino también por el ejercicio de todas aquellas potestades destinadas a ponerlo en funcionamiento como es el poder preconstituyente.

Observa que el interventor federal de Santiago del Estero sólo recibió de la Nación el poder expresamente conferido en los términos de la ley citada, atinente a la necesidad de garantizar la forma republicana de gobierno, y fue expresamente autorizado a convocar a comicios para asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los poderes provinciales, pero no para llamar a la elección de convencionales constituyentes y, mucho menos, para establecer la necesidad de la reforma fijando los puntos a modificar.

En tal sentido sostiene que la ley local 6667, en cuanto declara la necesidad de la reforma parcial de la constitución y fija los puntos a reformar ".es una ley básica destinada a alterar el sistema constitucional".

Argumenta que el interventor federal ejerce las funciones de tal condición sólo respecto de los poderes expresamente delegados; por lo tanto, como el Congreso Nacional nopuede revisar la Constitución provincial porque se trata de un poder no delegado, tampoco puede el interventor federal ejercer el poder preconstituyente.

Por último, insiste en que la Constitución de Santiago del Estero se encuentra ordenada con relación a nuestra Ley Fundamental en los términos del art. 5° , por cuanto en ella se respeta el sistema representativo, republicano y federal.

3°) Que a fs. 304/308 se presenta el Estado Nacional, contesta la demanda y sostiene, entre otros argumentos, que con el dictado del decreto provincial 347/2004 por parte del interventor federal, mediante el cual se convoca a elecciones de gobernador, vicegobernador y diputados provinciales para el 20 de febrero de 2005 se procede a normalizar la situación institucional de la provincia, fijando como fecha para el traspaso de autoridades el 23 de marzo del mismo año.

Agrega que, con carácter previo, se había promulgado la ley 6682 de internas abiertas y simultáneas y, en virtud de ella, dictado el decreto 349/2004 que convocó para el 12 de diciembre de 2004 a fin de realizar el acto electoral.

Concluye afirmando que las normas anteriormente citadas conducen a la puesta en marcha de los procesos pre-electorales, ya que establecen la convocatoria, fijan la legislación electoral a aplicar y los cargos a elegir, razón por la cual deviene imposible de cumplir la norma impugnada por la actora.

4°) Que a fs. 311/454 vta. se presenta la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santiago del Estero contestando la demanda.

Tras abundantes y exhaustivas citas doctrinarias sobre las facultades del interventor federal, concluye en un análisis que fracciona en dos los elementos esenciales que ".deben armonizarse jurídicamente", a saber:1) los fines que tuvo el Estado Nacional para intervenir la provincia, y 2) los términos concretos del texto constitucional cuya modificación se pretende.

Con relación al primero de dichos elementos, sostiene que la necesidad de la intervención federal surge del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, según el cual los poderes constituidos de la Provincia de Santiago del Estero no garantizaban el sistema republicano de gobierno en la medida en que, en el régimen imperante, existía un verdadero avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes estaduales hasta el punto de anularlos y absorber, en los hechos, sus facultades republicanas.

Respecto del segundo de los requisitos, es decir los términos concretos del texto constitucional cuya modificación se pretende, enuncia tres: 1) el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo (art. 115 de la Constitución provincial); 2) el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Judicial (art. 201 del citado cuerpo legal) y 3) la falta de autonomía de los municipios (arts. 202 y sgtes. de la mencionada norma fundamental local).

Por último, manifiesta que la intervención federal se ve impedida de cumplir con el mandato conferido por la ley 25.881, es decir de restablecer el sistema republicano de gobierno, si no se eliminan los obstáculos constitucionales enunciados ya que lo contrario conduce a un conflicto de intereses; en consecuencia; sólo hay —en su opinión— una forma de resolverlo y ella es mediante la reforma de la constitución local.

5°) Que a fs.476 se presenta el actor y expresa que se ha tornado abstracta la cuestión planteada en autos, pues ha concluido la intervención federal de la Provincia de Santiago del Estero en razón de que, a raíz de los comicios realizados, asumieron sus cargos las autoridades constitucionales electas por el pueblo de la provincia.

Ante el traslado corrido, la representación provincial expresa —cuando ya habían asumido las autoridades electas y cesado la intervención— que la provincia no mantiene la pretensión de reformar la constitución de acuerdo a las previsiones de la ley 6667 (fs. 480). Dicha presentación, a criterio de la demandante (fs. 487/488), importa un allanamiento a la pretensión en los términos del art. 307 del código de rito, razón por la cual solicita que se dicte sentencia.

6°) Que sobre la base de las circunstancias puestas de manifiesto por la actora a fs. 476/476 vta., de la expresión vertida por el representante de la Provincia de Santiago del Estero a fs. 480 y de la evidencia empírica acerca de la situación institucional en dicho Estado local, este proceso carece de objeto actual en la medida en que, al haber concluido la intervención federal que promovió la reforma constitucional impugnada, ha desparecido el presupuesto fáctico que dio lugar al agravio constitucional que sustentó la pretensión declarativa articulada en el sub lite.

Esta conclusión obsta a cualquier consideración sobre la substancia de la cuestión constitucional debatida en la demanda y en sus contestaciones, en la medida en que, por no verificarse excepcionales razones de índole institucional que justifiquen apartarse de esa regla como sucedió en los precedentes de Fallos: 310:819 y 316:479, a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 216:147; 231:288; 243:146; 244:298; 253:346; 259:76; 267:499; 307:2061; 308:1087; 310:670; 312:995; 313:701; arg. 313:1497; arg.315:46, 1185, 2074, 2092; 316:664; 318:550; 320:2603; 322:1436, entre muchos otros).

7°) Que la extinción del objeto procesal por la desaparición del presupuesto fáctico y jurídico que dio pie a la demanda —la conclusión de la intervención federal dispuesta por ley 25.881— impide acudir al principio rector establecido en el ordenamiento procesal para pronunciarse sobre la imposición de las costas (art. 68) , pues la imposibilidad de dictar un pronunciamiento final sobre la procedencia substancial de la pretensión según lo expresado en el considerando precedente, cancela todo juicio que permita asignar a cualquiera de las partes la condición necesaria —de vencedora o de vencida— para definir la respectiva situación frente a esta condenación accesoria.

8°) Que, por otro lado, la indefinición puntualizada no es susceptible de ser superada por la concurrencia de alguna otra circunstancia que sostenga la conclusión de que alguna de las partes ha sucumbido respecto de la contraria, pues a diferencia de lo ocurrido en otros asuntos en que el Tribunal ha hecho mérito de extremos de esa naturaleza, en el caso no existen precedentes que se hubieran pronunciado sobre la suerte de asuntos substancialmente análogos (Fallos: 316:1175). Tampoco se observa una conducta ulterior de alguna de las partes que inequívocamente demuestre haber dado motivo a la promoción de la acción (Fallos:307:2061; 317:188), pues en las circunstancias del caso la mera sanción de las normas impugnadas carece de toda incidencia para resolver sobre el punto, en la medida en que la suspensión del proceso de reforma electoral tachado de inconstitucional no fue un acto voluntario del interventor sino que obedeció al cumplimiento de la medida cautelar dictada por el Tribunal; y la cancelación definitiva de aquella decisión de ejercer el poder preconstituyente no reconoce su causa en un abandono voluntario de quien la había promovido sino, en cambio, en la natural consecuencia derivada de la conclusión de la intervención federal por la asunción de las nuevas autoridades electas, a las cuales —naturalmente— no son trasladables los fundamentos que específicamente sostuvieron la tacha de inconstitucionalidad en la condición de interventor federal de la autoridad que había sancionado la norma impugnada.

9°) Que en las condiciones expresadas y en consideración al carácter novedoso y la complejidad del asunto, corresponde distribuir las costas en el orden causado (Fallos: 325:1034; causa L.333.XXIII. "La Ibero Platense Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ capitan y/o propietario y/o armador buque ‘Corrientes II' s/ cobro de australes", sentencia del 21 de abril de 1992). Máxime, cuando en el sub lite se ha suscitado una situación de marcada excepcionalidad, pues uno de los senadores nacionales por la Provincia de Santiago del Estero demandó a ese Estado local —cuyas facultades reservadas invocó tutelar ante un acto preconstituyente del interventor federal— y al Estado Nacional, sosteniendo su legitimación en que, frente a la intervención federal dispuesta, aquella condición lo instituía como la única autoridad auténtica y legítima, subsistente y representativa, de la provincia ante el Gobierno Nacional para defender la autonomía e intereses de aquélla (fs.40 vta./41; énfasis agregado); de manera que la pretensión, aún deducida por un senador nacional que asumió formalmente la condición de parte, tuvo por objeto preservar —en substancia— las atribuciones reservadas en materia de reforma de la Ley Fundamental que asistían al Estado local que invocó representar en materia de reforma de su Ley Fundamental, y como contradictoras a esa misma provincia y al Estado Nacional, todo lo cual corrobora la distribución de costas en que se concluye (arg. decreto 1204/01).

Por ello, se resuelve: Declarar abstracta la cuestión planteada y distribuir las costas en el orden causado. Notifíquese y, oportunamente, archívese. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Profesionales: Dres. Gregorio Badeni y Alejandro Iturbe, letrados patrocinantes y apoderados de la parte actora; Dr. Alejandro Patricio Amaro, letrado patrocinante del Estado Nacional (Ministerio del Interior) y Dres. Sara Fauze y Guillermo Rezola, letrados patrocinantes y apoderados de la Provincia de Santiago del Estero.
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
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Cliente: escribió hace 5 año.
me podrias enviar el fallo de Consorcio de Carnes Argentinas Asociacion Civil c/Estado Nacional?
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Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.

Voces: TRATADOS INTERNACIONALES - CUOTAS HILTON - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN - MEDIDAS CAUTELARES - ACCIÓN DECLARATIVA

Partes: CECA Asociación Civil c/ E.N. - M° E. S.A.G.P. y A. - resol. 914/01 s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 21-nov-2006

Cita: MJ-JU-M-9395-AR | MJJ9395 | MJJ9395

Tribunal
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Sumario:



1.-No constituye sentencia definitiva -al dejar subsistente el acceso a la revisión judicial- el pronunciamiento que rechazó la acción declarativa de certeza tendiente a evitar el dictado de medidas cautelares que se alegó cercenan las facultades de la SAGPyA para distribuir la Cuota Hilton respecto de frigoríficos concursados, ya que no se demostró que ello impida la posibilidad de articular las defensas pertinentes en tales procesos -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema

2.-Corresponde rechazar el recurso extraordinario si más allá del alegado perjuicio general por la forma en que actualmente se distribuye la Cuota Hilton, no se acreditó de qué modo lo resuelto excede el interés individual de las partes, o tiene aptitud para afectar la buena marcha de las instituciones o las relaciones internacionales. Máxime cuando el pronunciamiento no obsta a que los afectados por las medidas cautelares que inciden en la distribución del cupo puedan plantear sus puntos de vista ante los tribunales habilitados para resolver definitivamente esa cuestión. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.

3.-Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el pronunciamiento que rechazó la acción declarativa de certeza tendiente a evitar el dictado de medidas cautelares que se alegó cercenan las facultades de la SAGPyA para distribuir la Cuota Hilton respecto de frigoríficos concursados (Voto de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay). N.R.: Fuente de información: www.csjn.gov.ar Sumarios oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación C. 2535. XL - CECA -Asociación Civil- c/E.N. - Mº E. S.A.G.P. y A. - resol. 914/01 s/proceso de conocimiento. - 21/11/2006 - T. 329, P. 5227


Fallo:

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e:

- I -

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó el fallo de primera instancia en cuanto rechazó in limine la acción declarativa de certeza que dedujo el Consorcio de Carnes Argentinas Asociación Civil (en adelante, CECA) contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Producción - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos [SAGPyA]) (v. fs. 158/162 y su aclaratoria de fs. 164, de los autos principales, a cuya foliatura corresponderán las siguientes citas).

Mediante esta acción, interpuesta en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la actora pretende hacer cesar el estado de incertidumbre generado por una serie de medidas cautelares, mediante una declaración judicial que disponga: a) que la competencia para adjudicar la Cuota Hilton corresponde en forma exclusiva a la autoridad federal (SAGPyA) y que su actuación se lleva a cabo en cumplimiento de convenios internacionales y con sujeción a un procedimiento administrativo global que rige las adjudicaciones; b) que dicho procedimiento global no puede ser sustituido por decisiones dictadas en procesos universales que alteran aquella competencia exclusiva de la SAGPyA y c) que la presencia de dichas órdenes judiciales no empece a la facultad privativa de la SAGPyA de distribuir la totalidad de la Cuota Hilton asignada a la Argentina con estricta sujeción a las exigencias y parámetros impuestos por el régimen jurídico aplicable en la materia, dejando con ello a salvo el derecho de los frigoríficos asociados a la CECA de concurrir en condiciones de igualdad a beneficiarse de la distribución de dicho cupo comercial.

Para resolver de este modo, en primer lugar, los jueces de la cámara precisaron la pretensión de la actora, sobre la base de lo expuesto en la demanda y de las aclaraciones que surgen del escrito de apelación, y luego de recordar los requisitos para la procedencia de la acción intentada,concluyeron que la presente no constituye una "causa", en los términos de la Ley Fundamental, porque el acto que podría causar el perjuicio no emanó de la SAGPyA, sino de los jueces del fuero comercial de la Capital Federal respecto de algunos frigoríficos concursados. En consecuencia - prosiguieron-, el cauce para cuestionarlo no es esta vía excepcional, que jurídicamente está habilitada para aquellos casos en que el demandante no tenga expedito otro medio legal idóneo, por lo cual, si el fundamento de la demanda es la satisfacción de un derecho que se afirma existente, no se verifica ningún estado de incertidumbre que haya que subsanar.

A la ausencia de "caso" en los términos indicados, los jueces también señalaron que en autos no se presenta un conflicto entre el Estado y la actora, porque ésta no acreditó la existencia de un hecho atribuible a la SAGPyA que la afecte directamente.

Por último, destacaron que no se configura una situación de incertidumbre, pues luego de varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cuestión planteada por la actora ha quedado suficientemente deslindada, a partir de los casos de Fallos: 321:190; 323:956 y 326:251.

- II -

Disconforme, la actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 165/187. El a quo lo concedió parcialmente (fs. 189) y ello dio origen a la queja que tramita por expediente C.2044, L.XL., sobre la cual también se confirió vista a este Ministerio Público.

En primer término, describe el origen y las características principales del régimen de la Cuota Hilton, luego relata los antecedentes de la causa y dice que la SAGPyA fue compelida a distribuir los cupos de la cuota en franca violación a las exigencias del marco normativo que rige la materia. Ello se debió a una serie de medidas cautelares dictadas a lo largo de los años con el propósito explícito de imponerle la asignación, judicialmente decidida, de un determinado tonelaje de aquella cuota a los frigoríficos promotores de las cautelares.El caso más grosero -continúa- lo constituye la resolución 465/03, que asigna más del cincuenta por ciento de la Cuota Hilton sobre la base de las cautelares trabadas contra el órgano administrativo, lo que significa que el cupo fue distribuido en su mayoría sin tomar en cuenta los recaudos y parámetros Reglamentariamente establecidos. Destaca que la mayor parte de las medidas judiciales se dictaron en el marco de procesos universales (concursos o quiebras), por parte de jueces incompetentes en la materia y que proyectarán sus efectos en los siguientes períodos de asignación de la cuota y luego se concentra en describir algunas de tales medidas que persisten en el tiempo (v. fs. 176/177).

Respecto de los agravios que le causa la sentencia apelada y que dan sustento al recurso del art. 14 de la ley 48 , sostiene que discute sobre la inteligencia de normas federales, como son las leyes 21.740 y 24.425 , el decreto 2284/91 y las resoluciones 914/01, 465/03 y 113/04, todas de la SAGPyA, vinculadas al régimen de la Cuota Hilton.

También aduce que el fallo es arbitrario, porque no se pronunció sobre una cuestión oportunamente propuesta. En efecto, dice que pese a que sostuvo en su memorial de agravios que en la base de esta controversia se plantea un grave conflicto de poderes que justifica la intervención de la Corte, el a quo omitió actuar en consecuencia. Por otra parte, asimismo, no valoró las constancias de la causa conducentes para la solución del caso. En concreto, la resolución 465/03 de la SAGPyA -que presentó al tribunal como hecho nuevo-

distribuye la Cuota Hilton para el ciclo comercial 2003/2004 sin ajustarse, en una porción mayoritaria del cupo, a los presupuestos y parámetros consagrados en el reglamento vigente, sino ateniéndose a decisiones adoptadas por jueces sin jurisdicción sobre la materia.

Afirma que en el caso se plantea una situación de gravedad institucional que habilita la intervención de V.E.por la vía del recurso extraordinario, por la profunda distorsión que padece el mecanismo de asignación de la Cuota Hilton, que puede llegar a afectar las relaciones comerciales internacionales del país, generando su inevitable deterioro, con detraimiento de la imagen de la Argentina ante la Unión Europea, sin que quepa descartar -dice- que esto conduzca a la pérdida del cupo asignado al país.

Por último, en subsidio del recurso extraordinario, solicita que, con arreglo a la doctrina de Fallos: 319:371, la Corte imprima al presente el trámite propio de los asuntos en los que se verifica un conflicto de poderes.

- III -

En orden a verificar si en autos se encuentra habilitada la vía del art. 14 de la ley 48, cabe recordar la doctrina del Tribunal que indica que las resoluciones anteriores al pronunciamiento que pone fin a la causa no revisten, en principio, carácter de sentencias definitivas en los términos que exige para la procedencia del recurso extraordinario (Fallos: 203:701; 274:424; 300:1004 y 326:25).

En Fallos: 318:814 , con remisión a un antiguo precedente registrado en Fallos: 137:352, V.E. ha dicho que "según se ha establecido reiteradamente por esta Corte, tratándose de abrir una tercera instancia, el legislador sólo la autoriza respecto de las sentencias definitivas y por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito, o haciendo imposible su continuación, o sea, como se expresaba en la Ley de Partidas, aquélla ‘que quiere tanto dezir como juyzio acabado que da en la demanda principal fin, quitando o condenando al demandado’ (ley 2 in fine, título 22, partida 3ra.; Fallos: 126:297, entre otros)" (considerando 3º), aunque también cabe poner de resalto que dicho principio no es absoluto, ya que cede cuando aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, o cuando se configura un supuesto de gravedad institucional (Fallos:323:337).

También es sabido que la determinación sobre el alcance de las peticiones de las partes y de las cuestiones comprendidas en la litis, constituyen extremos de índole fáctica y procesal, propios de los jueces de la causa y ajenos al recurso extraordinario (doctrina de Fallos: 310:2376; 312;195; 320:2294 ; 323:1699, entre muchos otros).

Pues bien, sobre la base de tales pautas, considero que en el sub lite no concurren los requisitos para habilitar la vía de excepción que supone el recurso extraordinario, porque no se dirige contra una sentencia definitiva ni la apelante justifica -con el grado que es menester- que le impida replantear la cuestión por las vías pertinentes o que le irrogue un perjuicio de tal magnitud que permita obviar la exigencia aludida.

Al respecto, corresponde destacar que el a quo entendió que no se reunían los presupuestos que hacen admisible la acción declarativa de certeza intentada por la actora, porque se trata de una vía excepcional que procede sólo en ausencia de otro medio más idóneo para conjugar el daño que se dice padecer y, en el caso, aquélla no demuestra que esta conclusión de la cámara le niegue la posibilidad de articular las defensas que estime pertinente en los procesos donde se dictaron las medidas cautelares por jueces incompetentes que, según alega, cercenan las facultades de la SAGPyA para distribuir la Cuota Hilton, según los parámetros que surgen de las reglamentaciones vigentes.

En tales condiciones, el fallo apelado no es definitivo, a los fines del remedio extraordinario, porque deja subsistente el acceso a la revisión judicial a través de una vía donde la recurrente podría encontrar respuesta a los agravios que aduce.Máxime cuando, reitero, ésta no acredita que no pueda utilizarla o que, de seguir ese camino, ello le produzca una lesión irreparable, extremo indispensable para habilitar esta in stancia de excepción, pues es bien sabido que la facultad de los particulares para acudir ante los jueces en tutela de los derechos que les asisten no autoriza a prescindir de las vías previstas a tal fin por el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, cabe recordar que la ausencia del requisito aludido no puede ser suplida invocando la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento, o la afectación de garantías constitucionales (Fallos: 313:511; 315:859; 316:766; 320:2999, entre tantos otros).

- IV -

Como la recurrente también aduce que la sentencia provoca una situación de gravedad institucional que haría admisible el recurso intentado, corresponde abordar el examen de tal cuestión recordando que, de los diversos criterios y alcances con que la jurisprudencia de la Corte hizo uso de la pauta valorativa de la gravedad institucional como medio para admitir el recurso extraordinario, es posible reconocer, en términos amplios, que esa expresión alude a las organizaciones fundamentales del Estado, nación o sociedad, que constituyen su basamento y que se verían afectadas o perturbadas en los supuestos en que se invoca.

Pienso que la actora no demuestra, con el rigor que es menester, que el fallo del a quo provoque una situación como las anteriormente descriptas, porque más allá del alegado perjuicio general por la forma en que actualmente se distribuye la Cuota Hilton, no acredita de qué modo lo resuelto excede el interés individual de las partes, o tiene aptitud para afectar la buena marcha de las instituciones o las relaciones internacionales.Máxime cuando el pronunciamiento no obsta a que los afectados por las medidas cautelares que inciden en la distribución del cupo, como alega la actora, puedan plantear sus puntos de vista ante los tribunales habilitados para resolver definitivamente esa cuestión.

Tampoco pienso que en autos se suscite un conflicto de poderes como el aducido por la actora, que habilitaría a la Corte a obviar los cauces procesales ordinarios para ponerle fin. En primer término, porque no lo invoca el poder o la autoridad afectada por las decisiones judiciales que se critican, que sería el interesado en defender sus competencias y en resolver una situación de este tipo, sino un tercero ajeno al supuesto conflicto. En segundo término, porque, en caso de existir esa contienda institucional, ella no se produce en estos autos, sino en los expedientes judiciales donde se trabaron las medidas cautelares -que ni siquiera se individualizan con precisión, tanto que, de las mencionadas a fs. 176, se desconoce si tramitan en la justicia nacional o provincial-, sin que nada haga suponer que en dichos procesos no se estén arbitrando los medios para repararlo. Por ello, pienso que el sub lite es sustancialmente distinto a la situación planteada en Fallos: 319:371 que la actora invoca en apoyo de su pretensión.

- V -

Opino, por lo tanto, que el recurso extraordinario deducido es formalmente inadmisible.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2005.-

Ricardo O. Bausset

ES COPIA

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2006.

Vistos los autos: "CECA "Asociación Civil" c/ E.N. - M° de E.S.A.G.P. y A. - resol. 914/01 s/ proceso de conocimiento".

Considerando:

Que el Tribunal comparte las razones expuestas en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razón de brevedad.

Por ello, se desestima el recurso extraordinario parcialmente concedido a fs. 189. Notifíquese y, oportunamente, remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto) - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA

VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON E. RAUL ZAFFARONI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) . Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se lo desestima. Notifíquese y, oportunamente, remítase. E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso extraordinario interpuesto por Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas - Asociación Civil - (CECA), representado por el Dr. Ignacio M. de la Riva, con el patrocinio de los Dres. Juan C. Cassagne y Máximo J. Fonrouge Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Puedo ayudarte en algo mas?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Continuo en linea para ayudarla y no olvide ACEPTAR mi pregunta si le ha sido UTIL
Cliente: escribió hace 5 año.

Con respecto al fallo "comunidad homosexual argentina c/ resolucion inspeccion general de justicia s/ persona juridica y recurso de hecho"¿que fundamento juridico utiliza la inspeccion general de justicia para degenar a la CHA la personeria juridica?

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Estoy trabajando en su pregunta,en breve le responderé
No olvide ACEPTAR mis respuestas si le han sido útiles, gracias
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Los propósitos perseguidos por la `ALITT - Asociación de lucha por la identidad Travesti - Transexual´ y que se encuentran especificados en el artículo 2º de su estatuto, no encuadran, a mi juicio, en el concepto de "bien común´ aludido por el artículo 33 del Código Civil, pues no parece que la `lucha para que el Estado y la sociedad acepten al travetismo como una identidad propia´ ( primero de los propósitos de la aludida asociación ) ni la `construcción de una ciudadanía travesti - transexual´ ofrezca un marco valioso para el desarrollo de la convivencia, integrando así el patrimonio espiritual y cultural de la comunidad ( CNCivil, Sala I, Julio 12 de 1990, ED 138 - 788 y siguientes ), cual es, se reitera, condición esencial para que una asociación de naturaleza civil pueda obtener el reconocimiento del Estado en lo que se refiere a sus actividades y objetivos.

Por otra parte, predicar el reconocimiento del Estado a los fines de `lograr que las personas travestis y transexuales se conviertan en sujetas/os de derecho´ ( segundo propósito de la nueva asociación ), no parece finalidad congruente con lo expresamente dispuesto por el artículo 30(ref:LEG1308.30) del Código Civil y en lo que respecta a los demás objetivos previstos en el artículo 2º de su estatuto, claramente explicados por las autoridades de la asociación civil presentante a fs. 36 y 37 de estas actuaciones, y centrados en la necesidad de combatir la discriminación a la cual se encuentran sometidos, ellos bien pueden ser obtenidos sin necesidad de la autorización estatal, en tanto nada impide seguir actuando a la misma como simple asociación, en apoyo de sus principios ( art. 46 del Código Civil ). Recuérdese al respecto que una asociación sin fines de lucro puede no recibir una autorización para funcionar, pero igualmente será considerada sujeto de derecho - persona jurídica - cumpliendo con el simple requisito formal exigido por el aludido artículo 46. Esto significa que podrá gozar de la plenitud del status jurídico de las personas jurídicas para adquirir derechos y contraer obligaciones, para gozar y ejercer los derechos constitucionales susceptibles de ser gozados y ejercidos por las personas ideales, en tanto revisten el carácter de `personas´ en los términos del artículo 30 del Código Civil.

2.3. En definitiva: entiendo de suma importancia destacar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la `Comunidad Homosexual Argentina´, en el sentido de que la autorización prevista por el artículo 33 del Código Civil es de interés predominantemente estatal.Ello significa, a mi juicio, que la autorización otorgada por el Estado a las asociaciones civiles que se presentan para obtener la misma, implica hacer suyos los objetivos que persigue esa entidad y no creo -mas allá de las alusiones efectuadas por los presentantes en torno a la necesidad de combatir la discriminación que son objeto, lo cual bien pueden efectuar sin contar con la autorización que requieren - que constituya una prioridad del Estado la aceptación del travetismo como una identidad propia o la construcción de una ciudadanía travesti - transexual, según los expresos propósitos que han inspirado su fundación.
Cliente: escribió hace 5 año.
cuales son los objetivos de la entidad?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
LOS OBJETIVOS eran fomentar el trasvestismo, la no discriminación y la inclusión de los gay en la comunidad.-
Cliente: escribió hace 5 año.
¿cuales son los derechos que ve vulnerados la actora?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Estimada no entiendo a que se refiere con la pregunta
Cliente: escribió hace 5 año.
la que impuso la accion que derechos ve vulnerados?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
EL NO RECONOCIMIENTODE LA PERSONERIA JURIDICA.-
Cliente: escribió hace 5 año.
que principios contitucionales se invocan en el recurso extraordinario?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Estimada desea que le envíe todo el fallo así puede extraer la información que necesita?
D Sanchez de Sepola y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 5 año.
No, el fallo lo tengo completo...nesecito estas preguntas para un practico!
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Estimada ya se lo aporto, pero por favor no olvide aceptar mi pregunta si le ha sido clara y seguiré respondiendo sin costo alguna
Cliente: escribió hace 5 año.
bueno espero tu respuesta
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Invocan el derecho a la no discriminación, el derecho a ser aceptados en la comunidad, y el bien común, siendo este el punto que IGJ cuestiona, no considera que es un BIEN COMÚN sino un derecho subjetivo y que por ello no podía ser sustentado por el Estado.-
Cliente: escribió hace 5 año.
que dispone en su sentencia la sala III de la camara federal de la seguridad social?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
En el caso de no cumplir con los requisitos ordenados por el ordenamiento vigente debe ser
rechazado la solicitud de personería jurídica por la autoridad competente. Siendo requisito ineludible el
cumplimiento del bien común y no quedando incluido en dicho concepto, como afirma la recurrente, la
articulación y el equilibrio de los distintos intereses que la sociedad de hoy alberga, entre los que
incluye al reconocimiento de las diversidades que existen, y su armonización, en tanto y en cuanto
tengan un objeto considerado como lícito y que no interfiera con la libertad y la diversidad de terceros.
Cliente: escribió hace 5 año.
perdon,me equivoque con la pregunta anterior,la pregunta es la siguiente:¿por que la camara deniega la personeria teniendo en cuenta el bien comun?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Las normas y tratados internacionales imponen al Estado el tratamiento legal igualitario para todos
los integrantes del núcleo social, lo que se cumple acabadamente en tanto los ciudadanos y las
asociaciones de cualquier naturaleza, como sujetos de derecho, pueden recurrir a los organismos
específicamente implementados para verificar sus reclamos, sin discriminación alguna, pero no obligan
a los gobiernos a reconocer personería a aquellas asociaciones que no favorezcan los principios de
utilidad y bienestar común que son el objeto final de su creación.
6.- La garantía constitucional a la libertad de asociación del art.14 de la Constitución Nacional no trae
aparejado el derecho a que la asociación produzca el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho con
reconocimiento estatal. La garantía constitucional se limita a declarar lícita toda unión de personas con
un fin también lícito. De lo contrario funcionarán como asociaciones irregulares, sujetas al régimen
especial en cuanto a la responsabilidad de sus miembros – art.46 del Código Civil -, bastando que su
objeto sea lícito y posible - art.1655 del Código Civil-. En dicho ámbito nada impide que toda
persona ejercite su derecho a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los
derechos humanos y a preconizar su aceptación, pero sin el aval que significa el reconocimiento estatal.
Buenos Aires, abril 19 de 2004.-
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
ESTIMADA, DENTRO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE INVOCABAN TAMBIÉN ES MUY IMPORTANTE EL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN
Cliente: escribió hace 5 año.
¿cual es el argumento del doctor cavanga martinez para denegar el recurso?
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
ESTE DR ES EL fISCAL DE cAMARA? pODRIAS PRECISARME A QUIEN TE REFERIS?
Cliente: escribió hace 5 año.
la verdad no se quien es!
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Del Fallo no surge a quien se refiere.-
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Si se refiere al argumento del Fiscal de camara, es este: Las conclusiones a que arriba la recurrente son totalmente erróneas y para mencionarlas por su orden baste decir que:a) no se ha demostrado y mucho menos "cabalmente" el empleo por parte de la resolución atacada de una de las "calificaciones sospechosas" señaladas en los arts.2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde que la "orientación sexual" a que se alude no es siquiera mencionada como motivo fundante de lo decidido, siendo otras las razones que sustentan la denegatoria, como se ha tenido oportunidad de destacar reiteradamente a lo largo del análisis de los agravios ; b) La Inspección General de Justicia no ha necesitado justificar el presunto empleo de dicha calificación toda vez que la misma resulta en este caso, inexistente, y c) Las razones alegadas son las que surgen de la ley vigente en el país, y lejos de resultar excesivamente genéricas son bien específicas al determinar que los objetivos perseguidos no responden al requisito del "bien común" que se tipificara "ab initio" y que se requiere como condición indispensable para obtener la autorización de que se trata, por más que el concepto se lea de la manera que se quiera y se vincule con otros como el de ciudadanía, pluralidad y derechos humanos, por cuanto ninguno de ellos resulta siquiera rozado por la resolución cuestionada
El "derecho a tener derechos" por parte de quienes se consideran marginados no es negado en modoalguno, estando al alcance de la requirente implementar en su carácter de sujeto que legalmente lereconoce el art.46 del Cód. Civil los medios para lograr su inserción en el ámbto socio cultural que lorodea, mediante la utilización de los medios pacíficos de convivencia y respeto mutuos que son propiosde toda sociedad civilizada, sin que sea necesario para ello recurrir a subvenciones oaportes delEstado.Por lo antedicho, ajustándose lo resuelto a fs.39/45 al régimen legal vigente, y no resultandoarbitrarias o ilegítimas las fundamentaciones vertidas para la denegatoria, y oído el Sr.Fiscal deCámara, el Tribunal;
Cliente: escribió hace 5 año.
en la siguiente pregunta :necesito explicar el voto de disidencia del dr Fayt
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
8°) Que en igual sentido el voto disidente del juez
Fayt (Fallos: 314:1531) subrayó que frente a la existencia de
un grupo de personas que desea organizarse a efectos de preservar
su dignidad ante posibles afectaciones, la protección
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constitucional de ese derecho legitima la asociación perseguida.
Con esa comprensión, se enfatizó que la protección de
un valor rector como la dignidad humana implica que la ley
reconozca, en tanto no ofenda el orden y la moral pública, ni
perjudique a un tercero, un ámbito íntimo e infranqueable de
libertad, de modo tal que pueda conducir a la realización
personal, posibilidad que es requisito de una sociedad sana.
La protección del ámbito de privacidad, se concluyó, resulta
uno de los mayores valores del respeto a la dignidad del ser
humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el estado
de derecho y las formas autoritarias de gobierno (considerandos
9° y 10).
Cliente: escribió hace 5 año.
con respecto al fallo de la corte suprema ,necesito relacionar conceptos de:bien comun,arbitrariedad,libertad de expresion y principio de reserva.
Cliente: escribió hace 5 año.
segun el fallo de la corte, como se relaciona el bien comun, arbitrariedad, libertad de expresion y principio de reserva?
Cliente: escribió hace 5 año.
en el fallo Halabi Ernesto,c/pen ley 25873 dto.1563/04 s/amparo ley 16986.¿que motivo llevan a halabi imponer el amparo?