Cómo funciona JustAnswer:
  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tienen muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio. Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.
Formule su propia pregunta a Dr_Storni
Dr_Storni
Dr_Storni, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 421
Experiencia:  Abogado en actividad, Profesor y Asesor Gubernamental
62623878
Escriba su pregunta sobre Ley de Argentina aquí...
Dr_Storni está en línea ahora

en el caso Badaro,ADOLFO VALENTIN v,ANSES,¿cuales son los hechos

Pregunta del cliente:

en el caso Badaro,ADOLFO VALENTIN v,ANSES,¿cuales son los hechos que generan en el actor la necesidad de su reclamo judicial'
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  Dr_Storni escribió hace 5 año.
Estimados, los hechos son que no se le habian respetado la movilidad del haber. La Corte Suprema ordenó a la ANSES aplicar la evolución del índice de Salarios elaborado por el INDEC para ajustar los haberes en la causa que le sigue el mencionado jubilado. le paso en una demanda, para que le quede claro:
.- HECHOS – INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 24, 26 Y 32 DE LA LEY 24.241 y DE LAS RESOLUCIONES 918/94 Y 63/94 REGLAMENTARIAS DEL ART. 24 DE LA LEY 24.241
Con fecha 13 de noviembre de 1997, obtuve el beneficio previsional habiendo tramitado bajo el Expediente N° XXXXXXXXXXXX acredita mi carácter de beneficiario al sistema previsional el correspondiente recibo de haberes que acompaño a la siguiente litis en carácter de prueba documental.
Efectuado el reclamo Administrativo ante la UDAI PROFESIONALES, el mismo fue denegado con fecha XXXXXXXXXXX, adjunto a la presente copia de la Resolución Denegatoria que acompaño en carácter de prueba documental habiendo sido notificada esta parte con fecha XXXXXXXXXXXXXXX.
El haber de jubilación de mi mandante ha sido incorrectamente determinado desde el inicio por las razones que pasamos a exponer.
El art. 24 de la ley 24241 establece que para la determinación del haber correspondiente a la Prestación Complementaria se considerará el equivalente al 1,5% por cada año de servicio con aportes o fracción mayor de 6 meses por el período anterior a julio de 1994. Ello, hasta un máximo de 35 años, calculado sobre el promedio de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios.
De igual modo el art. 26 nos dice que el monto de la PC no puede excederse de 1 AMPO por cada año de servicios por el período anterior a 07/94.
Es preciso declarar la inconstitucionalidad de dicha norma por cuanto su aplicación resulta completamente confiscatoria. El actor debe percibir el haber que le corresponde en razón de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
Del texto de ambas normas surge que fue intención del legislador mejorar el haber de jubilación puesto que, si se hiciera una comparación con el régimen anterior, dicho régimen no preveía un aumento en el monto del haber en razón del exceso de años de servicios con aportes. Sin embargo al momento de dictar la ley 24241 el legislador ha querido prever el caso de aquella persona que se hubiera excedido de los 30 años que el régimen exige para acceder al beneficio. Sin embargo, si ése es el principio, es decir, si la idea ordenadora es la de contemplar la mejoría del haber de aquella persona que se excede por qué imponerle un límite. Es preciso destacar que por los mencionados servicios el actor realizó los correspondientes aportes y contribuciones los cuales han ingresado, como se debe, al sistema. Es decir, que no son aportes perdidos ni que el Estado no los haya percibido.
Es preciso recordar que el Estado tiene el deber de reafirmar la naturaleza tuitiva del derecho de la Seguridad Social. Sobre todo por que se trata de una etapa de la vida en que más indefensos nos encontramos y dónde más apoyo necesitamos, el derecho de la Seguridad Social justamente trata de prever las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
En virtud de lo manifestado es que esta parte solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24241 en cuanto a la liberación del tope de 35 años así como del art. 26 determinándose el haber de jubilación del actor según la real cantidad de años de servicios con aportes del actor y reales remuneraciones.
Que asimismo, esta parte viene a plantear la inconstitucionalidad de las resoluciones 918/94 y 63/94 reglamentarias del art. 24 de la ley 24241. El mencionado artículo dispone que: “... El haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de acuerdo a las siguientes normas: a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicio, con aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios. No se computarán los períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones... A efectos de practicar la actualización prevista en el párrafo anterior, la ANSeS reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de carácter oficial”.
El art. 30 de la ley 24241 al determinar la forma en que ha de computarse la Prestación Adicional por Permanencia nos dice que: “...b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción por parte del régimen público de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 17. El haber mensual de esta prestación se determinará computando ochenta y cinco centésimos por ciento (0,85 %) por cada año de servicios con aportes realizados al SIJP en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria.. Para acceder a la prestación adicional por permanencia los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23”.
Es decir que para determinar el monto de la P.C. se determinará el 1,5% por cada año de servicios con aportes realizados al SIJP anteriores a 07/94 y para la PAP el 0,85% por los años posteriores a dicha fecha.
Es importante señalar que de dicha normativa no surge que el legislador haya querido imponer un límite temporal a la actualización de las remuneraciones.
Con el fin de dar cumplimiento a la manda que el Congreso le impuso la Administración dicta las resoluciones 918/94 y Res. D.E. 63/94 mediante las cuales estipula que el índice a utilizar para la actualización de las remuneraciones sería el del Salario Básico de la Industria y Construcción por considerarlo el más apropiado. Sin embargo al elaborar dicho índice, lo hizo hasta la fecha de marzo de 1991 por considerar que a partir de esa fecha no habrían de actualizarse las remuneraciones en razón de encontrarse vigente la ley 23928 (de Convertibilidad). Dicha norma establecía la prohibición de indexar deuda mediante la utilización de índices, es así que, haciendo caso omiso de lo dicho por la mencionada ley la Anses a la hora de actualizar las remuneraciones del actor sólo lo ha hecho con las anteriores a marzo de 1991 dejando congeladas las posteriores a esa fecha. Es necesario resaltar la importancia de dicha normativa en razón de que son justamente esos años los que se habrán de tener en cuenta para la determinación del monto del haber. Así la manipulación de los índices ha provocado un grave perjuicio en el haber de mi mandante por cuanto el resultado final fue sensiblemente inferior al que le hubiere correspondido en caso de realizarse correctamente el cómputo.
La Administración, abusando de las prerrogativas dadas por el poder Legislador, manejó los índices a su antojo provocando un daño gravísimo en el haber de mi mandante lo cual influyó sin lugar a dudas en su calidad de vida.
Es preciso recordar que ya el mismo artículo 14 bis de nuestra Carta Magna pone en cabeza de nuestros legisladores la obligación de otorgar jubilaciones que tengan el carácter de integrales. Por su lado también los obliga a que dichas jubilaciones y pensiones sean móviles, es decir, que tengan actualizaciones periódicas. Históricamente nuestro sistema de Seguridad Social se encontraba apoyado sobre cuatro pilares básicos: la integralidad de los haberes, la necesaria relación entre los haberes de los activos y de los pasivos, el respeto al derecho adquirido y la movilidad de los haberes.
No ha de permitirse a la Anses que tergiverse mediante su normativa las directivas básicas que nos brinda nuestra Constitución Nacional. Así, esta parte solicita que declaren inconstitucionales las Resoluciones 918/94 y 63/94 y se ordene recalcular el monto de la P.C. y de la P.A.P. actualizando correctamente las remuneraciones.

El confiscatorio haber inicial fue luego objeto de la aplicación del confiscatorio sistema de movilidad previsto por el art. 32 de la ley 24.241, sistema este que no guarda ninguna relación con los Indices del costo de vida, ni tampoco con la evolución de los salarios en actividad; ello trajo consigo el efecto de disminuir cada vez mas en mayor medida mi haber jubilatorio con respecto a los haberes de trabajadores en actividad.
En suma por aplicación del sistema que ahora se ataca, ha resultado agraviada la garantía Constitucional de la Propiedad como así también de la movilidad, de las jubilaciones y de la integralidad de los beneficios de la Seguridad Social.
En forma paulatina el Ente Previsional reduciendo a niveles insostenibles mi haber jubilatorio hasta llegar a la suma de $XXXXXXX.- (pesos XXXXXXXXX) que percibo al momento de iniciar el presente reclamo, motivando con el un perjuicio notable a mi patrimonio ya condenándome a vivir de manera indecorosa, atento el magro haber que percibo, incumpliendo no solo la ley vigente sino la profusa Jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los sucesivos aumentos otorgados por el Organismo Administrativo resultaron insuficientes para mantener la movilidad del haber previsional, más aún, lograron bajar cada vez más la remuneración previsional atento a que se otorgaba un porcentaje de incremento que no guardaba relación alguna con el sistema económico imperante que determina cual es un sistema de vida digno del trabajador.


Cualquier duda aguardo en linea.
Dr_Storni y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  Dr_Storni escribió hace 5 año.
En concreto: falta de movilidad del beneficio en el período que se inició el 31 de marzo de 1995 en adelante
Experto:  Dr_Storni escribió hace 5 año.
el actor plantea la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley 26.198, pues sostiene que no cumplen con las pautas fijadas por esta Corte en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad (fs. 204/225). Destaca que la aplicación de los incrementos del decreto 764/06 y de la ley 26.198 no han recompuesto su prestación sino que la han dejado en un nivel muy inferior a los haberes de actividad acreditados, correspondientes al año 2003 (fs. 101), y con una mayor desproporción aún respecto del salario a julio de 2006 cuya constancia acompaña (fs. 209), por lo que entiende que su jubilación ha sufrido una disminución confiscatoria al punto que ha perdido el carácter sustitutivo del ingreso.
Experto:  Dr_Storni escribió hace 5 año.
Por eso se resolvio:Declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, disponer que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y ordenar a la demandada que abone el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo previsto por el art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el precedente de Fallos: 327:3721 ("Spitale"), autorizándose la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del decreto 764/06