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lautiyenzo11
lautiyenzo11, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 1944
Experiencia:  Abogada,especialista en derecho del trabajo, civil, comercial y de la Seguridad Social.
60356172
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lautiyenzo11 está en línea ahora

caso cocchia jorge

Pregunta del cliente

el caso cocchia jorge d contra estado nacional. me podrias pasar un resumen del fallo?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.
Estimado: a primera hora de la mañana se lo envío!
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.
Hechos: La Cámara hizo lugar a una acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237 en cuanto delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer los valores para determinar las tasas a percibir por la Inspección General de Justicia. La demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia. Dictamen del Procurador: El tributo discutido es una tasa, en tanto establece de modo coactivo una contraprestación pecuniaria por un servicio brindado y su presupuesto de hecho consiste en una situación que determina, o se relaciona, necesariamente, con el desenvolvimiento de una cierta actividad de un ente publico relativa, en forma individualizada, a la persona obligada a su pago (sujeto pasivo contribuyente). La tasa es una categoría tributaria derivada del poder del imperio del estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que por ello, desde el momento en que el estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar el pago aun cuando no haga uso de el, el servicio tiene en mira el interés general. El primer principio fundamental del derecho tributario es el principio de legalidad. Solo el congreso impone las contribuciones que se expresan en art. 4 y art 52 que corresponde a la cámara de diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. En el fallo "Luisa Spak de Kupchick y otro v. Banco Central de Argentina" corte estableció que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas y, ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del estado investido en tales atribuciones. El PE tiene vedado establecer tributos aun por la via extraordinaria de decretos de necesidad y urgencia toda vez que el art. 99 inc. 3 CN prohíbe emitir este tipo de disposiciones cuando se trate de materia tributaria. La delegación realizada en la jefatura de gabinete de ministros es inadmisible, porque no se estableció en ley alguna la alícuota aplicable. Debe ser la ley la que establezca el objeto y la cantidad de la prestación, es decir, el criterio con que debe valuarse la materia imponible para aplicar luego el impuesto en un monto determinado y es también la ley la que debe definir ese monto. La ley debe contener la base de medición o base imposible, esto es, la adopción de parámetros que sirvan para valorar cuantitativamente los hechos cuya verificación origina la obligación y la delimitación en el espacio y en el tiempo de esos hechos, como también la cantidad expresada en una suma finita o bien en un porcentaje o alícuota aplicable a la base imponible, que representa o arroja como resultado el quantum de la obligación tributaria. Mayoria absoluta: ni un decreto del PE ni una decisión del jefe de gabinete de ministros puede crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar un tributo. Al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del congreso, resulta invalida la delegación legislativa efectuada por la ley (25.237 art 59 parrf 2) en tanto autoriza al jefe de gabinete a fijar valores o escalas para determinar el importe de las tasas sin fijar el limite o pauta de una clara política legislativo para el ejercicio de esa atribución. El derecho tributario no puede ser delegado al PE, porque no lo autoriza ni por excepción el art 76 CN.
Cliente: escribió hace 4 año.
en el caso cocchia,cual es el criterio fundante de la disidencia de los ministros FAYT Y BELLUSCIO en cuanto a la amplitud de la delegacion
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.

Disidencia de los doctores Fayt y Belluscio.

Considerando: 1) Que la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, al confirmar lo resuelto en la instancia anterior, hizo lugar al amparo
promovido por el secretario general del Sindicato de Encargados Apuntadores,
Marítimos contra el Estado nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los arts. 34, 35, 36 y 37
del dec. 817/92 (B.O. 28/5/92). Contra ese pronunciamiento la demandada
interpuso el recurso extraordinario federal, que fue concedido a fs. 150.


2) Que el tribunal a quo fundamentó la declaración de inconstitucionalidad en
el exceso en que habría incurrido el Poder Ejecutivo Nacional al derogar
­­mediante la norma cuestionada­­ todos los convenios colectivos y normas
legales vigentes relacionados con la actividad portuaria y marítima, sin
respetar las competencias propias del Congreso de la Nación y en violación a
contenidos esenciales del sistema legal de las relaciones laborales y de los
principios de libertad sindical. Señaló que no se configuraba ningún
acontecimiento urgente e inevitable que justificase una reglamentación especial
ajena al procedimiento constitucional de sanción de las leyes y descalificó
particularmente el inc. k) del art. 35 del dec. 817/92, en razón de condicionar
la voluntad de los concertadores y privar de contenido y finalidad a las futuras
negociaciones colectivas.


3) Que en autos se ha suscitado una cuestión federal típica que determina la
admisibilidad del recurso, pues se ha puesto en tela de juicio la validez
constitucional de una norma federal y la decisión del superior tribunal de la
causa ha sido contraria a su validez (art. 14, inc. 1°, ley 48). Cabe recordar
el criterio según el cual cuando se encuentra en discusión el alcance de normas
federales ­­arts. 86, inc. 1°, y 2°, 14 bis, 31, de la Constitución Nacional;
dec. 817/92; art. 10, ley 23.696­­ esta Corte no se encuentra limitada por los
argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto disputado (Fallos 308:647 y sus citas ­­LA LEY,
1987­A, 160­­, entre otros).


4) Que el conflicto exige un pronunciamiento sobre la naturaleza de la
competencia que el órgano ejecutivo ha ejercido mediante el dictado del decreto
impugnado y sobre el marco jurídico que constituiría la fuente de su legitimidad
constitucional.


Al respecto, el dec. 817/92 invoca las leyes 23.696, 23.697, 23.928, 23.981 y
el decreto 2284/91. En el último considerando se afirma: "... el presente se
dicta en uso de las facultades que surgen de los incs. 1° y 2° del art. 86 de la
Constitución Nacional y art. 10 de la ley 23.696".


Los fundamentos expresan que el Poder Legislativo ha puesto en marcha un
profundo proceso de transformación del Estado y de la sociedad, para lo cual ha
autorizado al Poder Ejecutivo a instrumentar las medidas que se requieran para
afianzar la apertura económica y el proceso de integración al que el país se
halla obligado a partir de la suscripción del Tratado de Asunción. Según los
considerandos que se examinan, en este esquema legal deben insertarse los medios
que instrumente el Poder Ejecutivo a fin de concretar todo aquello que
contribuya al retiro de la actividad estatal de los procesos económicos.


Por ser especialmente atinentes al capítulo V del decreto ­­"regímenes
laborales", cuya constitucionalidad defiende el recurrente­­, se transcriben los
siguientes argumentos: "Que atento la privatización de los servicios portuarios
debe incluirse a tal actividad dentro de las previsiones del art. 10 de la
Reglamentación de la ley 23.696 aprobada por dec. 1105/89 y por lo tanto
excluida toda norma legal o reglamentaria que establezca privilegios,
prohibiciones o monopolios que no sean expresamente ratificados por el presente
decreto o por normas reglamentarias anteriores"; "Que dentro del concepto de
regulación también se debe comprender a aquellas que tuvieron objeto en
reglamentaciones de relaciones laborales, otorgando a determinado sector
privilegios que van más allá de las previsiones del régimen general vigente o
generando gravosos sobrecostos a la economía del país"; "Que suspender
disposiciones convencionales, legales o emanadas de actas acuerdo que regían la
actividad laboral del personal vinculado a los servicios portuarios o de la
navegación no supone la desprotección del trabajador sino la adaptación de los
regímenes respectivos a las transformaciones de las actividades navieras y
portuarias".


Por su parte, en su presentación de fs. 115/128, el Estado nacional, además
de afirmar que el dec. 817/92 no es de "necesidad y urgencia" sino un reglamento
delegado, sostiene que las leyes 23.696, 23.697 y otras posteriores que
continuaron el proceso de desregulación ­­entre ellas la denominada ley de
puertos que ratifica, complementa y profundiza la transformación portuaria­­,
dieron sustento jurídico suficiente a la desregulación y que ­­agrega­­ ante ese
programa de gobierno deben ceder las normas de todo tipo.


En síntesis, invocando la situación de emergencia económica y la profunda
transformación en la relación del Estado con la sociedad, el Poder Ejecutivo
Nacional ha dictado normas generales que regulan las relaciones laborales del
personal correspondiente a determinado sector, las que derogan normas legales
vigentes. Ello significa que ha asumido competencias que la Constitución
Nacional atribuye al Congreso de la Nación (art. 67, inc. 11).


5) Que aun cuando la invocación conjunta de los incs. 1° y 2° del art. 86 de
la Constitución Nacional pueda generar dudas sobre la naturaleza del reglamento
"sub examine", es manifiesto que el demandado no ha entendido ejercitar una
competencia extraordinaria en circunstancias excepcionales de necesidad y
urgencia, en su carácter de "jefe supremo de la Nación y cabeza de la
administración general del país", sino que ha entendido que su actuación se
hallaba comprendida en la delegación que el Congreso le habría explícitamente
conferido en el art. 10 de la ley 23.696 y en otras normas legales atinentes al
programa económico de gobierno.


6) Que, en lo que respecta a la existencia misma de tal directiva, el art. 10
de la ley 23.696 aparece notoriamente insuficiente como norma habilitante para
que el Poder Ejecutivo suspenda la vigencia de convenios colectivos de trabajo y
deje sin efecto "todo acto normativo" que establezca "condiciones laborales
distorsivas de la productividad o que impidan o dificulten el normal ejercicio
de decisión o administración empresaria, conforme lo dispuesto por los arts. 64
y 65 de la ley de contrato de trabajo 817/92", tales como las que menciona el
art. 35 del decreto impugnado, disposición aplicable a todas las "actividades
portuarias, conexas y afines".


En primer lugar, porque el citado art. 10 se limita al objeto definido por el
legislador en el capítulo II de la ley 23.696 (empresa, establecimiento, bien o
actividad declarada por ley sujeta a privatización), que remite al anexo de la
ley en lo concerniente a la "Administración General de Puertos,
descentralización y provincialización", lo cual tiene un alcance mucho más
limitado que el que resulta del ámbito personal y material de aplicación de las
normas declaradas inconstitucionales por el tribunal a quo (confr. art. 34, dec.
817/92).


En segundo lugar, en razón de que la pretensión del Estado nacional entraña
una suerte de delegación legislativa de una indeterminación y vastedad como
nunca lo ha admitido este tribunal (ver cita de precedentes en el consid
13).


7) Que el fundamento de tal negativa reposa en la esencia del sistema
constitucional argentino, en el cual ­­como en su fuente, el constitucionalismo
norteamericano­­ tanto la ruptura del equilibrio entre los poderes constituidos
como la confusión entre el poder constituyente y los poderes constituidos,
comportan la muerte del sistema y la no vigencia del estado de derecho.


En efecto, en los regímenes de ejecutivo de origen presidencialista ­­que
recibe su legitimación del pueblo soberano­­, las delegaciones legislativas que
favorecen la concentración del poder provocan ­­aun cuando estén inspiradas en
razones de emergencia y de interés general­­ la ruptura del presupuesto de base.
Si la emergencia no obtiene otra respuesta que una delegación de la facultad de
hacer la ley en cabeza del órgano ejecutivo es evidente que ha muerto el estado
constitucional de derecho.


Por el contrario, la delegación legislativa y la ampliación de competencias
en una estructura de gobierno de ejecutivo de origen parlamentario no representa
riesgos para las libertades individuales. Ello es así porque la continuidad del
ejecutivo ­­al que se le delega la capacidad de legislar­­ depende del propio
parlamento, que mediante el voto de confianza o el voto de censura ejerce un
control continuado sobre el ejercicio de las facultades conferidas, sin peligro
de que el poder ­­o el exceso de poder­­ tienda a devenir tiránico.


8) Que la conclusión precedente halla sustento en los regímenes vigentes.


Por ejemplo, según el art. 76 de la constitución italiana del 1° de enero de
1948, el ejercicio de la función legislativa no puede ser delegado en el
Gobierno sino con determinados principios y criterios directivos, y solamente
por tiempo limitado y para objetos definidos.


En el mismo sentido, la nueva constitución española de 1978 admite la
delegación legislativa por parte de las Cortes Generales en el Gobierno pero con
una restricción altamente significativa. En efecto, lo relativo al "desarrollo
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas" no puede ser materia
de delegación y sólo puede ser regulado por leyes orgánicas, para cuya
aprobación, modificación o derogación se exige una mayoría absoluta en el
congreso (art. 81). En las materias en las que se admite la delegación
legislativa, la constitución obliga a delimitar con precisión su objeto y su
alcance: "... la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno en forma
expresa en materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La
delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la
publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo
implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a
autoridades distintas del propio Gobierno" (art. 82.3).


En ambos casos el contrapeso de esta posibilidad del Poder Ejecutivo de
recibir por delegación del Parlamento o incluso de detraer para sí, en ciertas
condiciones excepcionales que él mismo define, una porción de la competencia
confiada al Congreso, reside en el principio que está en la base del régimen
parlamentarista y que sustenta la organización de todo el sistema, a saber, la
responsabilidad del gobierno ante la asamblea, la cual puede constitucionalmente
obligarlo a dimitir si le niega su confianza o adopta una moción de censura
(art. 94, Constitución italiana de 1948; art. 114, Constitución española de
1978).


9) Que la experiencia constitucional francesa corrobora la argumentación que
se está desarrollando.


Uno de los primeros dogmas revolucionarios fue el de la indelegabilidad de
los poderes públicos desde el momento en que "le titulaire d'aucun de ces
pouvoirs n'en a la disposition, mais seulement l'exercise" (Esmein, "De la
délégation du pouvoir législatif", Revue politique et parlementaire, 1894, p.
200). Sin embargo, en el siglo XIX la doctrina distinguió entre los poderes
reglamentarios generales que el jefe del Estado recibe de la Constitución, de
los reglamentos para la ejecución de las leyes en virtud de una cláusula
contenida en éstas. En este último supuesto la doctrina reconoció verdaderas
delegaciones legislativas. Se trataba de "une délégation spéciale qui lui est
faite par une loi determinée, en vue de completer cette loi, d'éclaircir ses
dispositions, de développer les principes qu'elle a posé, de décider comment
elle devra étre executée..." (Laferrière, Traité de la jurisdiction
administrative et du recours contencieux, t. II, p. 10, Paris, 1896).


No obstante la falta de unanimidad sobre los fundamentos teóricos de la
delegación, desde las primeras décadas de este siglo quedó firmemente
establecido en el derecho francés que, aunque el contenido del reglamento de la
administración pública sea la prolongación de la ley (Duguit, "Traité de Droit
Constitutionnel", t. IV, p. 748, 3éme éd., Paris, 1924), su rango es
indiscutiblemente subordinado a ésta y su carácter plenamente justiciable.


La potestad reglamentaria se expandió de hecho en tiempos de la primera
guerra mundial y fundamentalmente durante el ministerio Poincaré. El Consejo de
Estado no tuvo inconveniente en reconocer validez constitucional a una serie de
decretos­leyes dictados por razones de seguridad fuera del marco de la legalidad
normal. No se instrumentaron como delegaciones de legislar directamente
conferidas al gobierno por las cámaras, sino simplemente como una extensión del
propio poder reglamentario a un campo que el legislador le abría mediante leyes
periódicas de autorización. Estas normas operaban una "deslegalización" de las
materias en ellas contenidas pero, ni aun con esta técnica, se aceptó calificar
a los decretos­leyes como el resultado de una delegación "stricto sensu", lo que
significó negarles el valor de ley formal salvo en la hipótesis de ratificación
posterior por el Parlamento.


Ello se explica pues no había riesgos de que la III República perdiera su
esencia por exceso en la "puissance exécutive", habida cuenta de que el jefe de
Estado era elegido por las dos cámaras reunidas en Congreso, el gobierno era
responsable ante la asamblea y caía en caso de aprobación de una moción de
censura. Este principio de responsabilidad política frente al Parlamento
permitía contrarrestar toda tendencia al totalitarismo.


10) Que ni aun con el fortalecimiento del jefe de Estado francés en la
Constitución gaullista de 1958, se llegó a legitimar abiertamente la técnica
delegativa. Incluso entonces se mantuvo el principio teórico de la
indelegabilidad propia de los poderes. El art. 38 de la Constitución de la V
República faculta al Parlamento a autorizar al gobierno para adoptar durante un
plazo determinado medidas que son normalmente del dominio de la ley, que se
denominan ordenanzas. En una decisión del Consejo de Estado considerada de
importancia capital, esa alta jurisdicción anuló por exceso de poder una
ordenanza del 1 de junio de 1962, dictada en aplicación de una directiva dada en
el art. 2° de la ley del 13 de abril de 1962 (ley votada por el pueblo por vía
de referéndum), que autorizaba al Presidente de la República a tomar por vía de
ordenanzas o de decreto "todas las medidas legislativas o reglamentarias
relativas a la aplicación de las declaraciones gubernamentales del 19 de marzo
de 1962" (los Acuerdos de Evian, que pusieron fin a la guerra con Argelia). El
Consejo de Estado dijo que de los términos del texto legal resultaba que el
objeto de la norma no había sido habilitar al presidente a ejercer el Poder
Legislativo por sí mismo, sino solamente autorizarlo a usar excepcionalmente de
su poder reglamentario, dentro del marco y de los límites que le fueron
precisados ("Sieurs Canal", 19 de octubre de 1962, Recueil des décisions du
Conseil d'Etat, année 1962, p. 552).


En decisiones del Consejo Constitucional más recientes (1987), se ha
mantenido el criterio de que la "ordenanza" tiene un rango inferior a la ley,
habida cuenta de que el legislador puede modificarla incluso antes de que el
período de habilitación en favor del órgano ejecutivo haya expirado (Favoreu,
"Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel", p. 723, 6éme, èd., Sirey,
Paris, 1991).


Este marco jurídico expresa la necesidad del constitucionalismo francés de
lograr un nuevo equilibrio ante el fortalecimiento de la figura presidencial,
elegida por sufragio popular a partir de 1962. La Asamblea conserva el control
político del gobierno, dada su facultad de obligarlo a dimitir mediante la
adopción de una moción de censura o la desaprobación de su programa general
(arts. 49 y 50, Constitución de la V República).


11) Que, en síntesis, la pretensión de transponer en el marco de juridicidad
en el que se esfuerza por vivir la República Argentina, soluciones al estado de
emergencia ­­o, incluso sin requerir la configuración de tal extremo, soluciones
tendientes a cumplir un programa determinado de gobierno­­ mediante prácticas en
vigor en sistemas políticos que se sustentan en fundamentos diferentes a los que
han inspirado nuestras instituciones, conlleva la ruptura del marco
constitucional de equilibrio entre la independencia y la complementación de los
órganos que ejercen el poder público. Ello sólo conduce al descrédito de nuestra
Constitución, cuyos principios son obviados por quienes precisamente reciben de
ella la fuente de su legitimidad, lo cual sume a la Nación en una crisis aún más
profunda.


12) Que el régimen presidencialista de los Estados Unidos de Norteamérica
justifica el desagrado con que el derecho constitucional de aquel país ve al
reconocimiento de una delegación legislativa "strictu sensu". Sin embargo, la
Corte Suprema norteamericana elaboró una serie de principios para equilibrar el
respeto a la separación constitucional de poderes y la necesidad de enfrentar
sin dilación situaciones de urgencia mediante medidas de índole legislativa. El
principio es que el Congreso no puede delegar la función de legislar, pero sí
puede transferir ciertos poderes para "llenar los detalles" (fill up the
details), para lo cual debe establecer un "patrón inteligible" (inteligible
standard, llamado también discernible standard).


Ciertamente, en tiempos de la segunda guerra mundial se morigeraron las
exigencias. Así, en "Yakus v. United States" (321 US 414; 1944), el patrón
contenido en la Emergency Price Control Act de 1942 era sumamente vago. En época
más reciente y también en materia de regulación de precios, aquel alto tribunal
admitió la validez de una delegación de poderes contenida en una ley sin
"standards" (caso "Amalgamated Meat Cutters v. Connally" (337 F. Supp. 737;
1971). Cabe destacar que la tendencia se muestra más favorable a admitir la
delegación cuando se trata de materias técnicas; cuando están involucrados
derechos individuales, la garantía del debido proceso exige que la restricción
tenga su origen en una ley en sentido formal y material.


13) Que siguiendo el principio formal elaborado por la Suprema Corte
norteamericana, este tribunal ha distinguido desde antiguo entre la delegación
de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo
o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles
necesarios para su ejecución, sosteniendo que lo primero no puede hacerse, pero
lo segundo es admitido "aun en aquellos países en que, como los Estados Unidos
de América, el poder reglamentario se halla fuera de la letra de la
Constitución" (Fallos 148:430; 246:345; 286:325; 298:609; 270:42; 280:25;
304:1898; 307:539; 310:418 y 2193; 311:2339; 312:1098; causa M. 455. XXIII.
"Massalín Particulares S. A. c. resolución N° 37/90 de la Subsecretaría de
Finanzas Públicas de la Nación s/acción de amparo", del 16 de abril de
1991).


Es así como, sin alterar el principio de la división de poderes, este
tribunal admitió una suerte de impropia delegación legislativa a fin de afrontar
situaciones cambiantes con una eficacia propia del órgano ejecutivo, mediante
una controlada y limitada apertura que el Congreso hace en favor del reglamento,
en áreas inicialmente reservadas a la ley, extendiendo la potestad reglamentaria
más allá de su ámbito ordinario, pero con carácter ocasional, teniendo en miras
una regulación concreta, habilitando al ejecutivo caso por caso, sin quebrar por
ello el principio constitucional de subordinación del reglamento a la ley
(Fallos 311:2339, con remisión al dictamen del Procurador General).


En Fallos 304:1898, este tribunal sostuvo que no le es lícito al Poder
Ejecutivo, "so pretexto de las facultades reglamentarias que le concede el art.
86, inc. 2°, de la Constitución, sustituir al legislador y por supuesta vía
reglamentaria dictar, en rigor, la ley previa que requiere la garantía
constitucional del art. 18".


En la causa P.573.XXII "Propulsora Siderúrgica S. A. I. C. s/recurso de
apelación ­ANA", del 1 de setiembre de 1992, se dijo que el reconocimiento legal
de atribuciones libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo es a
condición de que la política legislativa haya sido claramente establecida (voto
de los jueces Levene, Cavagna Martínez, Fayt, Belluscio y Petracchi). En fecha
aún más reciente, "in re": C.339.XXIII "Casier, Miguel A. c. Corporación del
Mercado Central de Buenos Aires s/nulidad de acto administrativo", esta Corte
declaró inválido el art. 15 del estatuto del personal dictado por el directorio
de la entidad pública interestadual demandada, por apartamiento de la política
legislativa fijada en el caso y consecuente alteración del orden de competencias
previsto en la Constitución (sentencia del 23 de junio de 1992, voto de
mayoría).


14) Que sobre la base de los principios constitucionales expuestos y que
resultan aplicables al "sub lite", cabe concluir que las leyes 23.696, 23.697,
23.928, 23.981 y 24.093, aun cuando establezcan una política gubernamental de
privatizaciones y desregulaciones, no pueden ser invocadas como normas que
brinden un "patrón inteligible" (discernible standard) que habilite al Poder
Ejecutivo bajo el subterfugio de las facultades contempladas en el art. 86,
incs. 1° y 2°, de la Constitución Nacional, a derogar leyes laborales, a
suspender o derogar convenciones colectivas de trabajo o a limitar derechos y
garantías personales consagrados en la Ley Fundamental, en un evidente exceso,
respecto de las materias, esencialmente técnicas, que han constituido
normalmente el objeto de las limitadas delegaciones consentidas por este
tribunal.


La privatización o habilitación para la concesión total o parcial de los
servicios portuarios y navieros no comporta en modo alguno la entrega en blanco
por parte del Congreso de la competencia legislativa para restringir derechos
que gozan de amparo legal e incluso constitucional. Toda duda conduce a la
indelegabilidad. Se trata del criterio opuesto al expresado en los fundamentos
del dec. 817/92. En efecto, al afirmar que "dicha delegación de facultades no
debe ser entendida en sentido restrictivo y por lo tanto es aplicable a las
regulaciones que se eliminen dentro de un proceso de privatización y más allá de
los mismos ... que atañe a cualquier actividad en la que un comportamiento
suponga la existencia de monopolios o de regulaciones y que en definitiva
importen mecanismos que atenten contra la libertad y fluidez de los mercados",
el órgano ejecutivo enfrenta claramente la doctrina de esta Corte citada en el
consid. 13, en lo que el Justice Cardozo ha considerado "un vagar a voluntad
entre todas las materias posibles de lo que constituye el objeto de la
autorización" ("Panamá Refining Co. c. Ryan", 293 US 388, citado por Sebastián
Soler en Fallos 237:636 esp. 645), lo cual significa un Poder Ejecutivo que
dicta la ley, es decir, entraña un ejercicio inconstitucional de
competencias.


15) Que la misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener
dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben
a otros poderes, pero sin renunciar a la jerarquía que la Constitución Nacional
­­como su modelo norteamericano­­ reserva al acto de juzgar como acción propia
del Poder Judicial, a cuya cabeza se halla este tribunal, con capacidad de
control constitucional, como custodio de los valores básicos del sistema
político jurídico. Tan celosa debe mostrarse esta Corte en el uso de sus
facultades, cuanto en el respeto que la Ley Fundamental asigna a los otros
poderes.


El mantenimiento de ese delicado equilibrio es la más grande contribución que
el Poder Judicial debe prestar a la seguridad jurídica y al bienestar general a
fin de evitar que la concentración o la confusión de competencias entre el Poder
Ejecutivo de tipo presidencial y el Poder Legislativo ­­que se sustenta como el
anterior en el sufragio popular­­ conduzca a un abuso o desborde de poder que,
bajo la aparente intención de una mayor eficacia en el logro del bienestar
general rompa con el ordenamiento jurídico vigente, con prescindencia de la
Constitución y de la democracia.


16) Que por los fundamentos expuestos cabe concluir que las normas contenidas
en el capítulo V, "Regímenes laborales" (arts. 34, 35, 36 y 37), del dec. 817/92
impugnados en esta causa, traducen un exceso en el ejercicio de las facultades
legítimas del Poder Ejecutivo Nacional, lo que conlleva su invalidez
constitucional.


Por ello, se confirma la sentencia de fs. 110/112 vta. Con costas. ­­ Carlos
S. Fayt. ­­ Augusto C. Belluscio

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