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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 604
Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
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puede un empleado de la AFIP o de otro organismo nacional hacer

Pregunta del cliente:

puede un empleado de la AFIP o de otro organismo nacional hacer validamente una inspeccion o labrar un acta sin ser inspector siendo empleado admnistrativo.? Seria anulable ese acto ?
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.
Bienvenido a Just Answer.- Soy Daniela Sanchez de Sepola, abogada experta en ley argentina, y estaré en linea para ayudarlo
Estimado, quien labre un acta, siendo de un organismo estatal, obviamente debe estar calificado para ello.-
Lo que debe tener en cuenta es que en el estado -tristemente, ya que es donde justamente no debería pasar- nombran personas administrativas sin calificación, en carácter de "interino" o provisorio, y muchísimas veces son los que ocupan de hecho este cargo indeterminadamente.-
Es una observación bastante fundada a los efectos de descalificar en primer termino la legitimidad de quien labro el acta y en consecuencia la legalidad del instrumento mismo.-
Continuo en linea ya que si me aporta mas detalles podre ayudarlo de una manera mas concisa y especifica.-
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
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Experiencia: Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
D Sanchez de Sepola y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 5 año.


Estimado, quizas le pueda resultar util esta bibliografia, es bastante interesante y practica, es importante sobre todo cuando refiere a la legitimidad de las inspecciones, facultades del inspector, etc.-

 

No es posible que inspectores, cumpliendo funciones
administrativas, utilicen las mismas con el propósito de construir un proceso
penal posterior, más cuando los inspectores intentan ejercer sus poderes para
obtener confesiones.



Aparece incuestionable que la función de inspección es una
función verificadora bajo las atribuciones inquisitivas de la ley
administrativa, pero ello no es ni puede ser asimilado a una función judicial.





La función de inspector es en esencia verificar y descubrir
hechos tributarios, pero no es función de los mismos tomar decisiones o
valoraciones de conducta a priori.





Lo expresado importa alertar que todo testimonio obtenido
por la inspección tributaria bajo compulsión en una actuación no penal, no puede
ser utilizada como soporte de un proceso penal tributario, y sobre todas las
cosas, el interés público no puede ser invocado para justificar el uso de
respuestas obtenidas compulsivamente en una actuación no judicial con el fin de
incriminar al verificado mediante juicio penal tributario.





Derecho a la información sobre el resultado de la inspeccion
¨habeas data¨



A la finalización de la inspección la administración debe
informar por escrito, con efecto vinculante para el fisco, el resultado de la
verificación, determinando en forma concreta el resultado obtenido de dicha
actividad instrumental Caso contrario el administrado está facultado para
interponer el recurso de "habeas data" en garantía de sus derechos.





Derecho a procedimientos claros y completos



Los métodos de reconstrucción de las bases imponibles
efectuados por la inspección deberán ser clara y completamente expuestos al
contribuyente a los efectos de garantizar los derechos de contradicción del
administrado en la etapa procesal respectiva Deberá ponerse en conocimiento
expreso del inspeccionado que se procederá a solicitar información adicional o
cruzada a terceras personas, a efectos de que el contribuyente pueda oponer las
acciones que entienda corresponder.





Derecho a recusar inspectores



Todo inspector tributario puede ser recusado con causa,
cuando en su proceder excede los límites que autorizan su accionar. Por
aplicación supletoria de la ley 19549, el derecho a recursar al inspector
encuentra sustento legal en el artículo 6º de la ley de procedimientos
administrativos.



Derecho a denunciar penalmente a funcionarios por violación
de los deberes de funcionario público y extorsión Ante supuesto de arbitrarias
mediciones de los hechos imponibles que realizan a priori, como auténticos
"dibujos" en los llamados informes de inspección.





En más de una ocasión dichos informes, en especial dirigidos
a causa penal tributaria, están incursos en las conductas disvaliosas
reprimidas por los artículos 248, 266 y sus concordantes del Código Penal de la
Nación, es decir, en violación de los deberes de funcionarios públicos y
extorsión respectivamente.





Tales conductas, que se observan con bastante asiduidad, en
nada hacen a una buena relación "Fisco-contribuyente", la cual es el
principal pilar del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.





Toda la protección legal del contribuyente está reducida
como consecuencia de dichas conductas disvaliosas de la administración, lo que
permite afirmar que no existe un plano de igualdad entre la demanda de percibir
impuestos y los derechos del contribuyente.





Finalización de la inspección



Como finalización de una proceso de inspección fiscal, los
inspectores y funcionarios actuante hacen entrega a los responsables de copias
de las liquidaciones practicadas para su consideración, otorgando un plazo a
los efectos de su aprobación o formulación de reparos, informando que si al
vencimiento de dicho plazo, no se prestara conformidad con las citadas
liquidaciones, las actuaciones administrativas se girarán al sector competente
para la consideración de la procedencia de la determinación de oficio.





Es importante destacar que en caso de aceptar las
liquidaciones hechas por los inspectores, tal situación no lo exime en absoluto
de la posibilidad posterior de la instrucción del respectivo sumario y la
aplicación de multas en función de la valoración jurídica de la conducta del



contribuyente.





Las liquidaciones de los inspectores y otros funcionarios no
constituyen de modo alguno determinación administrativa, la que solo compete a
los funcionarios que ejercen las atribuciones de juez administrativo, es decir,
lo que digan o hagan los fiscalizadores no obliga a la AFIP, pues únicamente la
representan los jueces administrativos.





Tal lo comentado, si el contribuyente no conformase las
liquidaciones precitadas confeccionadas por los inspectores, tales funcionarios
procederán a elevar a la sección encargada de la determinaciones de oficio el
expediente a los efectos que tal sección proceda a dar inicio al proceso
determinativo administrativo.





Tal procedimiento se inicia con una vista del juez
administrativo al contribuyente de las impugnaciones y cargos que se le
formulan, debidamente fundamentados, con la finalidad de que esta pueda ejercer
su derecho de defensa, notificándose en el mismo acto la instrucción del
respectivo sumario.





El contribuyente tiene un plazo de 15 días para expedirse
respecto de los cargos que se le formulan, manifestando por escrito su descargo
y ofreciendo o presentando las pruebas que hagan a su derecho. Este plazo puede
ser prorrogado por una sola vez por un lapso igual por resolución fundada, este
plazo extraordinario comienza a correr a partir del día siguientes al de la
notificación de la resolución que la otorga. El silencio de la administración
debe entenderse como negativa a lo peticionado, la denegatoria debe ser
notificada por lo menos con dos días de antelación al vencimiento del plazo
cuyo prorroga se solicitó.





Dicho en otras palabras, la inmunidad de declarar contra sí
mismo es una garantía que no puede ser violada por actuaciones coactivas
administrativas.



Resumiendo, la actividad inspectora, siempre deberá estar
sujeta a la justicia racional bajo supervisión de los Tribunales, y de manera
alguna puede tolerarse dicha actividad ejercida impropiamente con presión
psicológica sobre el administrado.





El punto de contacto entre dos ramas del derecho, no
legitima a que pueda entenderse que la Administración se encuentre autorizada a
manipular los procesos penales tributarios abusando de la discrecionalidad
administrativa.





Derecho a limitar el plazo de la inspección



Cualquier proceso fiscalizador no podrá exceder de tres
meses, salvo casos debidamente justificados, a cuyo vencimiento se producirá la
preclusión de inspección.





Es menester fijar un plazo máximo de duración de los
procedimientos de inspección, excepto supuestos de casos excepcionales, y no es
legal mantener al administrado en la incertidumbre del procedimiento
dispendioso y sin plazos fijos de la inspección; razón de orden constitucional,
que llama a establecer el principio de caducidad de inspección cuando la
administración abandona por un tiempo la tarea de verificación que está
ejercitando contra un contribuyente determinado.





Derecho a no suministrar documentación previamente aportada



El contribuyente no está obligado a suministrar a la
inspección copia de la documentación previamente aportada a la administración
tributaria, como tampoco está obligado a aportar datos que no contienen
trascendencia tributaria y que son propios del ámbito de su intimidad (ejemplo:
detalle cualitativo y discriminado del monto consumido).





Derecho a la asistencia de un asesor fiscal



La facultad a favor de todo contribuyente, en ocasión de una
verificación impositiva, de ser asistido por un asesor fiscal, so pena de
nulidad de la verificación, si la administración no hace constar expresamente
tal derecho o posibilidad al inspeccionado.





Es necesario e imprescindible que los profesionales en
Ciencias Económicas ejerzan en todo momento de actuación de la administración
tributaria; en salvaguardia de los inspeccionados, el arsenal de recursos que
la legislación les provee para limitar los posibles los excesos de los
inspectores en concordancia plena con las garantías supra contenidas en los
tratados internacionales incorporados al artículo 75, inciso 22), de la
Constitución Nacional, con el fin de poner limites a eventuales excesos del
actuar administrativo, es decir, interdictar los excesos del proceder de la
administración.





La existencia de poderes exorbitantes que se han dictado
para sí la administración tributaria denuncia la posición a que han sido
sometidos los contribuyentes, y tal manifiesto abuso por parte de la autoridad
es justamente el motivo que requiere poner coto a las arbitrariedades, en
especial, del accionar de la inspección tributaria.



Por ende, conviene sugerir cuán necesaria resulta la
actuación del profesional en ciencias económicas, para hacer mensurable la
actuación pública y para operar como el principio de prohibición del exceso de
las funciones de verificación.





No negamos los legítimos derechos de la administración en su
tareas de fiscalización, pero es también necesario que se deba proteger al
contribuyente de los errores y de las medidas arbitrarias, que en su caso pueda
cometer la administración fiscal.





Actualmente en nuestro país, los contribuyentes no están lo
suficientemente protegidos de las intrusiones arbitrarias del organismo público
en el fuero privado del particular, como tampoco están suficientemente
protegidos de las arbitrarias mediciones de los hechos imponibles que realizan
a priori, como auténticos "dibujos" los llamados informes de
inspección.





Es importante el rol cotidiano de Intermediación entre fisco
y contribuyente que desempeñan los profesionales en ciencias económicas, para
ello el profesional debe ser estar lo suficientemente preparado como para
defender los derechos que por ley les corresponde a sus clientes.





Es por ello que nuestra profesión, injustificadamente
atacada en más de una ocasión por funcionarios de la administración tributaria,
posee, los atributos para exponer a la opinión pública, el manto de sombra
jurídica que hoy se abate contra el contribuyente a través de potenciales
conductas inconsultas de la inspección tributaria.





(*) Contador Público, especialista en tributación, profesor
titular de la cátedra de Practica Profesional I de la Universidad de la Cuenca
del Plata, expositor en numerosas jornadas tributarias y autor de artículos de
la especialidad

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
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