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huracan29
huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 2431
Experiencia:  Abogada especialista en los fueros civil, comercial, laboral y previsional
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Hola, soy abogada y trabajo en un Hospital Psquiatrico, la

Pregunta del cliente

Hola, soy abogada y trabajo en un Hospital Psquiatrico, la mamá de un paciente que no esta declarado insano y desde el punto de vista del equipo terapeútico no tendria un diagnostico para ser declarado como tal, quiere asegurarle la renta de un departamento, esta medida seria para implementar cuando ella falleciera, el tema es que según el criterio de la mamá el muchacho ha dilapidado sus bienes, en tonces ella teme que el día d emañana cuando tenga el 50% de ese departamento lo dilapide.- espero no haber sido engorroza en la explicación, pueden sugerirme algo, se que hay una ley o al menos crio recordar que hay una ley que protege los bienes, pero no la recuerdo, gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 4 año.

huracan29 :

estimado: buenas noches, aguarde en linea mientras elaboro las respuesta


 

huracan29 :

para poder declarar insana a una persona, hay que probarlo


 

huracan29 :

si es como manifiesta que al solo efecto de asegurar la herencia, no ha a posperar el pedido


 

huracan29 :

para presentarse en el juzgo hay que llevar dos certificados medicios de hostipales publico


 

huracan29 :

luego se hace una pericia judicial para acreditar los dichos del denunciante


 

huracan29 :

ademas al presunto insano le nombrar un defensor de oficio, presicamente para evitar un fraude a los derechos de la persona


 

huracan29 :

tiene conocimiento si se ha iniciado el pedido de insania

huracan29 :
huracan29 :

Estimada: puede darme presicion, que es lo que desa saber?

Experto:  huracan29 escribió hace 4 año.
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Experto:  huracan29 escribió hace 4 año.

Estimada: se refiere a la ly 26657? por favor debe mas precisiones asi puedo ayudarla

Derechos y
garantías

Art. 1° - La presente
ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de
todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con
padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía
constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la
protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.


Art. 2° - Se
consideran parte integrante de la presente ley los Principios de Naciones Unidas
para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la
Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución
46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la
Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud,
para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas
Locales de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia
Rectores; para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas, del
9 de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación para la
planificación de políticas públicas.


Definición


Art. 3° - En el marco
de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por
componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos,
cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda
persona.
Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las
personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud
mental sobre la base exclusiva de:
a) Status político, socio-económico,
pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares,
laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales,
culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad
donde vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera
existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.


Art. - Las
adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud
mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen
todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su
relación con los servicios de salud.


Art. 5° - La
existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún
caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a
partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un
momento determinado.


Ambito de aplicación


Art. 6° - Los
servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma
jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios establecidos en la
presente ley.


Derechos de las personas
con padecimiento mental


Art. 7° - El Estado
reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos:
a)
Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir
del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos
necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su
salud;
b) Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de
pertenencia, su genealogía y su historia;
c) Derecho a recibir una atención
basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos;
d) Derecho a
recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más
conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la
integración familiar, laboral y comunitaria;
e) Derecho a ser acompañado
antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a
quien la persona con padecimiento mental designe;
f) Derecho a recibir o
rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso;
g) Derecho del
asistido, su abogado, un familiar, o allegado que éste designe, a acceder a sus
antecedentes familiares, fichas e historias clínicas;
h) Derecho a que en el
caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la
misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión;
i) Derecho
a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o
pasado;
j) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los
derechos que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según
las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas
para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se
comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales;
k) Derecho a poder tomar
decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus
posibilidades;
l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un
ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como
sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de
comunicación;
m) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni
tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente;
n) Derecho a
que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable;
o)
Derecho a no ser sometido a trabajos forzados;
p) Derecho a recibir una justa
compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como
laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras
o servicios que luego sean comercializados.


Modalidad de
abordaje

Art. 8° - Debe promoverse que la atención en salud mental
esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales,
técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la
autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo
social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos
pertinentes.


Art. 9° - El proceso
de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación
hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial,
basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al
reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.


Art. 10° - Por
principio rige el consentimiento informado para todo tipo de
intervenciones, con las únicas excepciones y garantías establecidas en la
presente ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la
información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.


Art. 11° - La
Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada
jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social,
trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social,
laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el
desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de
inclusión social y laboral para personas después del alta institucional;
atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y
comunitarios; servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como
otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día,
cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos
sociales, hogares y familias sustitutas.


Art. 12° - La
prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales
de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines
terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir
la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación
y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de
las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe
promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de
abordajes interdisciplinarios.


Del equipo
interdisciplinario

Art. 13° - Los profesionales con título de
grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y
gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad
para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan
el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos
asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de
su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas.


Internaciones
Art.
14° - La internación es considerada como un recurso terapéutico de
carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores
beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su
entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de
vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus
familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas
excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el
equipo de salud interviniente.


Art. 15° - La
internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos
interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las
intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede
ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda,
para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los
organismos públicos competentes.


Art. 16° - Toda
disposición de internación, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, debe
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico
interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, con la
firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la
internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico
psiquiatra;
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el
entorno familiar;
c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Sólo se considera
válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión
de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la
internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona
o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá
procederse como si se tratase de una internación involuntaria.


Art. 17. ° En los
casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese
su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con los
organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones
tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona
tuviese o indicase, o esclarecer su identidad, a fin de propiciar su retorno al
marco familiar y comunitario lo antes posible. La institución debe brindar
colaboración a los requerimientos de información que solicite el órgano de
revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.


Art. 18° - La persona
internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma
el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones
voluntarias se prolonguen por más de sesenta (60) días corridos, el equipo de
salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y
al juez. El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de cinco (5) días de ser
notificado, si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la
misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías
establecidos para esta última situación. En caso de que la prolongación de la
internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al
órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible,
comunicando dicha situación al órgano de revisión creado por esta ley.


Art. 19° - El
consentimiento obtenido o mantenido con dolo, debidamente comprobado por
autoridad judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida
en los capítulos VII y VIII de la presente ley, harán pasible al profesional
responsable y al director de la institución de las acciones civiles y penales
que correspondan.


Art. 20° - La
internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico
excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo
podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la
internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación,
debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio asistencial que
realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e
inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma
de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de
parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales
deberá ser psicólogo o médico psiquiatra;
b) Ausencia de otra alternativa
eficaz para su tratamiento;
c) Informe acerca de las instancias previas
implementadas si las hubiera.


Art. 21° - La
internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente
en un plazo de diez (10) horas al juez competente y al órgano de revisión,
debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo todas las
constancias previstas en el artículo 20. El juez en un plazo máximo de tres (3)
días corridos de notificado debe:
a) Autorizar, si evalúa que están dadas las
causales previstas por esta ley;
b) Requerir informes ampliatorios de los
profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen
la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos
necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria
y/o;
c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios
para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la
externación de forma inmediata.
El juez sólo puede ordenar por sí mismo una
internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el
artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a
realizarla.


Art. 22° - La persona
internada involuntariamente o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado.
Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la
internación. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la
externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el
control de las actuaciones en todo momento.


Art. 23° - El alta,
externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no
requiere autorización del juez. El mismo deberá ser informado si se tratase de
una internación involuntaria, o voluntaria ya informada en los términos de los
artículos 18 ó 26 de la presente ley. El equipo de salud está obligado a
externar a la persona o transformar la internación en voluntaria, cumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo
cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo,
las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del
Código Penal.


Art. 24 - Habiendo
autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una
periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de reevaluar si
persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier
momento disponer su inmediata externación.
Si transcurridos los primeros
noventa (90) días y luego del tercer informe continuase la internación
involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo
interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible
independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva
evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos
restrinja la libertad de la persona internada.


Art. 25° -
Transcurridos los primeros siete (7) días en el caso de internaciones
involuntarias, el juez, dará parte al órgano de revisión que se crea en el
artículo 38 de la presente ley.


Art. 26° - En caso de
internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder
de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la
presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se procederá de
acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de
derechos.


Art. 27° - Queda
prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios,
neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o
privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y
principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos
alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar
reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.


Art. 28°- Las
internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal
efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos
necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en
internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será
considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.


Art. 29° - A los
efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con
los servicios de salud mental, los integrantes, profesionales y no profesionales
del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado
por la presente ley y al juez competente, sobre cualquier sospecha de
irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo
tratamiento o limitación indebida de su autonomía. La sola comunicación a un
superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de
tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho procedimiento
se podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas
del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al
secreto profesional.
Debe promoverse la difusión y el conocimiento de los
principios, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades
establecidas en la presente ley a todos los integrantes de los equipos de salud,
dentro de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la presente ley, y al
momento del ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema.


Derivaciones
Art. 30° - Las
derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen
fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se
realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o
familiar. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o
afectivo de la persona. Si se trata de derivaciones con internación, debe
procederse del modo establecido en el Capítulo VII de la presente ley. Tanto el
servicio o institución de procedencia como el servicio o institución de destino,
están obligados a informar dicha derivación al Organo de Revisión, cuando no
hubiese consentimiento de la persona.


Autoridad de
Aplicación

Art. 31° - El Ministerio de Salud de la Nación
es la Autoridad de Aplicación de la presente ley, a partir del área específica
que designe o cree a tal efecto, la que debe establecer las bases para un Plan
Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos.


Art. 32° - En forma
progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la
presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un
incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo
del diez por ciento (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.


Art. 33° - La
Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las
universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en
las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y
dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo
especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en
derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover espacios de
capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se
desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país.


Art. 34° - La
Autoridad de Aplicación debe promover, en consulta con la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo
de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud
mental públicos y privados.


Art. 35° - Dentro de
los ciento ochenta (180) días corridos de la sanción de la presente ley, la
Autoridad de Aplicación debe realizar un censo nacional en todos los centros de
internación en salud mental del ámbito público y privado para relevar la
situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo,
tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial,
situación social y familiar, y otros datos que considere relevantes. Dicho censo
debe reiterarse con una periodicidad máxima de dos (2) años y se debe promover
la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización.


Art. 36° - La
Autoridad de Aplicación, en coordinación con los ministerios de Educación,
Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe desarrollar planes
de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio-laboral
para personas con padecimiento mental. Dichos planes, así como todo el
desarrollo de la política en salud mental, deberá contener mecanismos claros y
eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de
usuarios y familiares de los servicios de salud mental. Se promoverá que las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.


Art. 37° - La
Autoridad de Aplicación, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de
Salud, debe promover la adecuación de la cobertura en salud mental de las obras
sociales a los principios establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor
a los noventa (90) días corridos a partir de la sanción de la presente.


Organo de
Revisión

Art. 38° - Créase en el ámbito del Ministerio Público de
la Defensa el Organo de Revisión con el objeto de proteger los derechos humanos
de los usuarios de los servicios de salud mental.


Art. 39° - El Organo
de Revisión debe ser multidisciplinario, y estará integrado por representantes
del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, del Ministerio Público de la Defensa, de asociaciones de usuarios y
familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la
salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los
derechos humanos.


Art. 40° - Son
funciones del Organo de Revisión:
a) Requerir información a las instituciones
públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los
tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las
condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y
privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren
debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario,
pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y
eventualmente, apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las
derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente
ley;
e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las
evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;
f)
Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer
presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada
jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en
que hubiera irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de
Aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud
mental tendientes a garantizar los derechos humanos;
j) Promover y colaborar
para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones,
sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del
cumplimiento eficiente de sus funciones;
k) Controlar el cumplimiento de la
presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos
de los usuarios del sistema de salud mental;
l) Velar por el cumplimiento de
los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante
la vigencia de dichas sentencias.


Convenios de cooperación
con las provincias

Art. 41° - El Estado nacional debe promover
convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones
conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley.
Dichos convenios incluirán:
a) Cooperación técnica, económica y financiera de
la Nación para la implementación de la presente ley;
b) Cooperación para la
realización de programas de capacitación permanente de los equipos de salud, con
participación de las universidades;
c) Asesoramiento para la creación en cada
una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas
de salud mental, las que actuarán en coordinación con la Autoridad de Aplicación
nacional de la presente ley.


Disposiciones
complementarias

Art. 42° - Incorpórase como artículo 152 ter del
Código Civil:
Artículo 152 ter: Las declaraciones
judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de
facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán
extenderse por más de tres (3) años y deberán especificar las funciones y actos
que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la
menor posible.


Art. 43° -
Sustitúyese el artículo
482
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el
declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los
casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser
debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial
con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán
disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las
personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas
enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria,
disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las
personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que
requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la
declaración de incapacidad o inhabilidad.


Art. 44° - Derógase
la Ley 22.914.
Art. 45° - La presente ley es de orden público.
Art. 46° -
Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 2431
Experiencia: Abogada especialista en los fueros civil, comercial, laboral y previsional
huracan29 y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.

Estimada: a ver si comprendi su inquietud,a ud le interesaria proteger a esta persona de que se dilapide sus bienes, le envio informacion al respecto:

La importante reforma dispuesta por ley 17.711, en 1968, incorpora el art. 152 bis, que establece que podrá inhabilitarse jurídicamente:

  1. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a obtener actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio;
  2. a los disminuidos en sus facultades cuando el juez estime que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño de su persona o patrimonio;
  3. a quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá es este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviera cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes.

De esta manera se tiende a proteger más a la familia directa, del prodigo que al mismo, no hay una tutela legal por más dilapidación de bienes en que incurra, excepto que se trate de un enfermo mental.

Procedimiento: XXXXX XXXXX caso debe ser declarado por el juez remitiéndose la ley al trámite de interdicción pro insania. Haciendo referencia a los casos de demencia y rehabilitación necesitándose una nueva sentencia para el último caso.

Los efectos: El juez nombra un curador al inhabilitado, quien no podrá disponer de sus bienes por acto entre vivos, pudiendo hacerlo únicamente en los actos de administración. El curador presta su conformidad autorizando al inhabilitado a otorgarla, si requiere de la voluntad de ambos sin lo cual el acto carece de valor; es nulo. En cambio, cuando opera la representación sola se manifiesta la voluntad del representante (curador), no la del representado (demente o sordomudo interdictos).

Como consecuencia de esto se concluye que el inhabilitado, es una persona capaz de hecho con algunas limitaciones.

Cualquier otra duda estare en linea!

Si esta conforme con mi respuesta le pido que la valore positivamente, caso contrario que siga preguntando hasta quedar conforme con el servicio.

Cliente: escribió hace 4 año.

Estimada colega, la pregunta no va dirigida al proceso de insania y/o inhabilitación, sino a como trasmitir un bien limitando la disponibilidad del mismo, se que hay una ley al respecto pero no la recuerdo, de todos modos agradezco y valoro su disposición para encontrar una respuesta.-


 

Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.
Estimada: le he brindado otra respuesta, la vio?

JustAnswer en los medios:

 
 
 
Sitios web de consulta médica: Si tiene una pregunta urgente puede intentar obtener una respuesta de sitios que afirman disponer de distintos especialistas listos para proporcionar respuestas rápidas... Justanswer.com.
JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
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