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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 594
Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
67879549
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D Sanchez de Sepola está en línea ahora

La Municipalidad de Villa de Las Rosas, Departamento San Javier,

Pregunta del cliente

La Municipalidad de Villa de Las Rosas, Departamento San Javier, en su Ordenanza Tarifaria, en el capítulo referido a Comercio e Industria cobra una Tasa de $ 7 por Usuario, a las Empresas prestadoras de TV Cable y Telefonía Fija (Una Cooperativa de SS PP en ambos casos) Es discutible la imposición de la tasa ?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

D Sanchez de Sepola :

Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo

D Sanchez de Sepola :

Buenas noches

D Sanchez de Sepola :

Estoy en linea si usted tambien lo esta seria un gusto para mi poder comunicarme

D Sanchez de Sepola :

en directo por este medio

D Sanchez de Sepola :

de lo contrario, cuando usted pueda leer mi respuesta, puede reformular las preguntas que desee

D Sanchez de Sepola :

hasta quedar totalmente satisfecho con la respuesta recibida

D Sanchez de Sepola :

buenas noches!

D Sanchez de Sepola :

Esta en linea?

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Hola, buenas noches.... que debo agregar a mi consulta ?

D Sanchez de Sepola :

Es sumamente interesante su pregunta!

D Sanchez de Sepola :

Nada, solo interrumpame si lo necesita

D Sanchez de Sepola :

Ya que los municipios NO PUEDEN COBRAR impuestos

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

La Municipalidad cobra en concepto de Tasa de Comercio, un 1% popr Kw

D Sanchez de Sepola :

Entonces tienen la feliz idea de colocarle el nombre de TASA

D Sanchez de Sepola :

Ya que si pueden cobrar tasas

D Sanchez de Sepola :

pero con el nombre no hacemos nada ya que es UN IMPUESTO

D Sanchez de Sepola :

es directo y grava una exteriorizacion de riqueza

D Sanchez de Sepola :

si cobran un porcentaje, u obligan a declarar una base imponible

D Sanchez de Sepola :

entonces es un impuesto

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

por Kw vendido, algo así como $ 700 por mes, más 7 pesos por usuario, algo así como $ 7850 más $7 por usuario de telefonía $ 8000 más el 25% de TAE

D Sanchez de Sepola :

la TASA debe ser RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

D Sanchez de Sepola :

Es una barbaridad

D Sanchez de Sepola :

aparte, que servicio le esta brindando como contraprestacion?

D Sanchez de Sepola :

NINGUNO!!!

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Si, así debe ser entendida una Tasa. Si abono el ABL se que voy a recibir un servicio. Ignoro cual es el servicoi que abono al pagar la Tasa de Comercio e In dustria Inspeccón talvez ?

D Sanchez de Sepola :

Inconstitucional por donde lo mire es este cobro

D Sanchez de Sepola :

Eso aducen!

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Ahora bie, puedo yo cobrar al usuario la tasa que me cobra la municipalidad ?

D Sanchez de Sepola :

Pero no, porque estan cobrando un PORCENTAJE de lo que facturan

D Sanchez de Sepola :

eso no es una tasa

D Sanchez de Sepola :

Es trasladable si lo desea

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

En el caso del teeléfono me cobran $ 7 por línea, puedo trasladarselo al usuario?

D Sanchez de Sepola :

pero realmente no resiste analisis, es inconstitucional

D Sanchez de Sepola :

Y de seguro la empresa lo hara

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

El Ersep lo aprobará?

D Sanchez de Sepola :

porque lo va a trasladar de manera automatica,

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Yo soy la Empresa.

D Sanchez de Sepola :

El Ersep no creo controle de oficio este traslado del impuesto

D Sanchez de Sepola :

Si entiendo, me lo imagine

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Mis abogados dicen que no lo haga porque el Ersep nos multará

D Sanchez de Sepola :

Pero disculpe, porque no intenta un recurso de amparo o una accion declarativa de inconstitucionalidad

D Sanchez de Sepola :

usted es de la provincia de Cordoba

D Sanchez de Sepola :

Cordoba tiene dos antecedentes de este tema

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Pago $ 9000 a Telecomo por el servicio y debo entregar $ 8750 a la Municipalaidad en concepto de tasa.

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Recaudo $ 20000

D Sanchez de Sepola :

Ganaron y lo confirmo el Tribunal Superior de Justicia

D Sanchez de Sepola :

Paladini c/ Municipalidad de Villa Maria

D Sanchez de Sepola :

es uno

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Perdón, donde puedo consultar el fallo ?

D Sanchez de Sepola :

Digale a sus abogados que busquen un buen abogado tributarista

D Sanchez de Sepola :

se lo paso yo si me puede aguardar un minuto para que lo puedabuscar

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Paladini y Jacustomer ?

D Sanchez de Sepola :

Paladini Frigorifico c/Municipalidad

D Sanchez de Sepola :

ya se lo paso, puede ser?

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Ah si, es conocido el frigorífico.

D Sanchez de Sepola :

Si si!!!

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

La espero

D Sanchez de Sepola :

Gano la inconstitucionalidad de la Tasa de Comercio e Industria

D Sanchez de Sepola :

Y eso que es un frigorifico

D Sanchez de Sepola :

que tiene controles, bromatologia, etc

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Perdón, hay 2 abogados en línea ?

D Sanchez de Sepola :































Partes: Frigorífico Paladini S.A. c/ Municipalidad de Rio Cuarto s/ c.a.p.j
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto
Sala/Juzgado: Segunda
Fecha: 20-oct-2010
Cita: MJ-JU-M-60012-AR | MJJ60012 | MJJ60012
Restitución del dinero que la municipalidad cobró a una empresa en concepto de "Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios" por encuadrar el gravamen en cuestión en el concepto de tasa no cumpliéndose con los recaudos necesarios para su devengamiento.

 

D Sanchez de Sepola :

No estimado

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Hahh jacustomer vengo a ser yo

D Sanchez de Sepola :

Alguienmas le escribe?

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

disculpa

D Sanchez de Sepola :

Si!!!!

D Sanchez de Sepola :

No hay problema

D Sanchez de Sepola :

es complicado el sistema

D Sanchez de Sepola :

Ahi le pase el nombre del Fallo

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

son los años... ya voy por los 70

D Sanchez de Sepola :

Puedo firmar el mismo contrato que firmo usted conDios?

D Sanchez de Sepola :

lo noto demasiado lucido!!!

D Sanchez de Sepola :

incluso para utilizar este sistema, que la primera vez resulta complicado para los usuarios

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

Ya tome nota del fallo y paso a copiarlo para pasarlo al estudio, de todos modos, puedo trasladarlo al abonado?

D Sanchez de Sepola :

























1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y revocar en consecuencia la resolución administrativa número 33.928 dictada por la Dirección General de Recursos de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, y de la sentencia, confirmatoria de la misma, dictada por el Tribunal Administrativo Municipal; debiendo el fisco restituirle al accionante lo que le cobró en concepto de Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios , por encuadrar el gravamen en cuestión en el concepto de tasa (al reclamarse en virtud de los servicios municipales referidos en su presupuesto de hecho, no puede ser clasificada como impuesto ya que se trata de una tasa ) y no de impuesto; para lo cual no se cumplieron con los recaudos necesarios para su devengamiento, esto es que, al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (del voto de los Dres José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola- Mayoría).

2.-Corresponde condenar a la Municipalidad de Río Cuarto a restituir a la actora el importe oportunamente cobrado en concepto de Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios , toda vez que, y sin perjuicio de ser cierto que no corresponde que el sujeto pasivo de la obligación tributaria en cuestión, deba contar con un lugar físico donde desarrollar su actividad comercial, industrial o de servicios, por el que las prestaciones generales brindadas por el municipio generen la obligación de tributar; teniendo en cuenta que dicho gravamen constituye una tasa (y no impuesto) y no habiendo sido acreditado por la demandada la existencia de una prestación de servicios que involucren a la actora, corresponde admitir el reclamo de esta última, por encontrarse ausente el presupuesto de hecho adoptado por la ley a dichos efectos, consistente en el desarrollo de una actividad estatal que ataña al obligado (del voto de los Dres José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola- Mayoría).

3.-No corresponde que la municipalidad le cobrara a la accionante en concepto de impuesto la Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios , toda vez que aquella contaba con un agente bajo relación de dependencia- a través del cual vendía sus productos en la ciudad-; implicando ello la ausencia de la nota distintiva de la tasa consistente en la prestación efectiva, real, concreta, al sujeto obligado o a sus bienes o cosas o actos, de un servicio público divisible por parte del Estado (del voto de los Dres José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola- Mayoría.)

4.-No corresponde que la municipalidad le cobrara a la accionante en concepto de impuesto la Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios , toda vez que los presupuestos de hecho que la norma impugnada adoptó para hacer nacer la obligación de pago a cargo del contribuyente (...el objetivo del tributo de marras es que las actividades lucrativas ejecutadas en su ejido, lo sean en forma ordenada, pacífica, segura y con mutuo respeto de los derechos de cada uno... lo cual se hace, ya sea controlando el buen estado de los edificios; coordinando el transporte; ordenando el tránsito y regulando el estacionamiento; denominando, numerando y asignando sentido a las calles y, en general, organizando las reglas básicas para la promoción, ejercicio y progreso de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollan en la ciudad), resultan contrarios a todas luces, a un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, lo que no aconteció en el sub lite (del voto de los Dres José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola- Mayoría).

5.-Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el accionante respecto del art. 173 del CTM por no resultar necesario un asiento físico en orden a la legítima exigibilidad del cobro de la contribución en cuestión (del voto en disidencia del Dr Horacio Taddei,)

6.-Corresponde rechazar la demanda incoada por Paladini, toda vez que lo dirimente y trascendente, como hecho imponible generador de la obligación tributaria en la contribución que nos ocupa, se estructura por el ejercicio dentro del ejido municipal de la actividad de que se trate (sea comercial, industrial, etc.), como beneficiaria de los servicios prestados por el municipio, no así la existencia de un local o inmueble situado en dicho ámbito, a través del cual se ejercite dicha actividad (del voto en disidencia del Dr Horacio Taddei).

7.-Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad incoado por la accionante, toda vez que, el Municipio está facultado para establecer y reclamar un tributo que en su hecho y base imponible podría aparecer como similar al aludido Impuesto sobre los Ingresos Brutos existente en la Provincia (del voto en disidencia del Dr Horacio Taddei).

Fallo:

En la ciudad de Río Cuarto a los veinte días del mes de Octubre de dos mil diez, se reunieron en Acuerdo Público los Señores Vocales de la Excma. Cámara de Apela­ciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, todo por ante mí Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FRIGORÍFICO PALADINI S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO - C.A.P.J - Expte.Nº11/2006.",

El tribunal, de acuerdo con la naturaleza y sustancia de las distintas pretensiones incoadas, fijó ordenada y sucesivamente las siguientes cuestiones a resolver:

1era.) ¿Resulta procedente la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción en cuanto pretende la anulación o revocación de la resolución adminis­trativa número 33.928 dictada por la Dirección General de Recursos de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto con fecha diecinueve de octubre de 2005, y de la sentencia número 4, confirmatoria de la misma, dictada por el Tribunal Administrativo Municipal con fecha dieciséis de mayo de 2006 (que causó estado y agotó la vía administrativa), cuyas sendas copias obran de fs. 16 a 27 y de fs. 58 a 75 (y de fs. 307 a 323 y de fs. 363 a 380, respectivamente); como así también la restitución de todas las sumas que hayan debido pagarse por los conceptos incorporados en las resoluciones impugnadas, con más sus accesorios y costas; con fundamento en la ilegalidad e inconstitucionalidad como "tasa" de la "Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Servicios" receptada en el art. 173 y siguientes del Código Tributario Municipal?

2da.) En función de la solución que se acuerde a la anterior cuestión, ¿qué corresponde decidir sobre la pretensión de igual tenor formulada respecto del "Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y Desarrollo Local y Regional" contenido en el art.276 de tal ordenamiento, respecto del cual primariamente se invoca la existencia de un vicio de procedimiento?

3ra.) Para el supuesto de resultar negativa la respuesta a la primer cuestión, ¿cabe hacer lugar al planteo de prescripción de los períodos que van de enero de 1993 a noviembre de 1999 inclusive?

4ta.) En su caso, ¿corresponde admitir los planteos subsidiarios relativos a los intereses aplicados en la resolución y a la inexistencia de mora imputable; a la alícuota del 6 o/oo del impuesto aplicada a la actividad de la actora; como asimismo a la sanción de multa que le fue impuesta?

5ta.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estable­ció que el orden de emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales Horacio Taddei, Daniel Gaspar Mola y José María Ordoñez.

A LA PRIMERA CUESTION, el señor Vocal Horacio Taddei dijo:

I) Que, a modo de compendio, asienta el representante de la actora su pretensión, a través de los siguientes argumentos, contenidos en su extenso escrito de demanda de fs. 105 a 133: que "Frigorífico Paladini S.A." (en adelante "Paladini"), es una empresa integrada cuya principal actividad es la elaboración de fiambres y embutidos, para su comercialización, integrando el ciclo productivo, desde la crianza del ganado (sin perjuicio de la adquisición a terceros de materia prima), cultivando el grano necesario para su desarrollo, hasta la comercialización exclusiva de sus productos, lo cual se lleva a cabo a través de centros de distribución estratégicamente distribuidos en todo el país. Que Paladini comercializa sólo productos que elabora, radicando su sede social en Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe, siendo contribuyente del Convenio Multilateral, Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Córdoba y respecto de la contribución de similar factura a la que se trata en la municipalidad de aquélla localidad, no teniendo agencia, establecimiento, local o representación en Río Cuarto.Que las ventas de sus productos en esta ciudad se llevan a cabo sin que exista ningún asiento ni vinculación territorial, realizando los clientes sus pedidos por diversos medios (teléfono, fax, Internet), sin perjuicio de la actuación de vendedores remunerados con comisión sobre las ventas. Que las mercaderías son remitidas por diversos medios de transporte desde la planta elaboradora de Villa Gdor. Gálvez o desde el centro de distribución de la ciudad de Córdoba, sito en Carlos Tejedor 2040 de la misma.

Formulan en primer término agravios relativos a la prescripción que fuera rechazada en la instancia administrativa con el argumento del plazo decenal previsto en la normativa municipal en los arts. 39 a 44 del Código Tributario Municipal (en adelante "CTM"), solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los mismos por encontrarse en pugna con los arts. 75 inc.12 , 31 y 17 de la Constitucional Nacional (en adelante "CN"), al establecer plazos, y medios de interrupción y suspensión diversos de aquellos previstos en la legislación nacional de fondo, por lo cual, y de acuerdo con esta, corresponde declarar prescriptos los períodos de la contribución que van de 1993 a noviembre de 1999 inclusive.

A continuación, y luego de hacer una reseña de los fundamentos volcados por la "Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto" (en adelante "el municipio") en las resoluciones impugnadas, del "bloque normativo" aplicable a la cuestión (Carta Orgánica Municipal, Código Tributario Municipal, Constitución de la Provincia de Córdoba, ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos), plantean, como pretensión principal, la ilegalidad e inconstitucionalidad de la "Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios" (en adelante "la contribución") receptada en el art. 173 del CTM, por la oposición que reconoce con las normas intra-federales (Coparticipación Federal y Pacto Federal), estableciendo un verdadero impuesto bajo el ropaje de una tasa.Argumentan que como consecuencia de la generalidad en la descripción de los servicios que tienden al bienestar general de la población, no resulta posible establecer ni la existencia de una razonable relación entre lo percibido y el costo, ni la efectiva prestación de los mismos, ni mucho menos la afectación de lo percibido al servicio de que se trate. Aducen que el discurso no puede superar la sustancial identidad existente entre la tasa o contribución pergeñada por el legislador de Río Cuarto y un típico impuesto, cuyo hecho y base imponible es idéntico al Impuesto a los Ingresos Brutos provincial y análogo al Impuesto al Valor Agregado nacional. Continúan expresando que las resoluciones dedican extensos párrafos intentando justificar la existencia de servicios uti universi que el empresario domiciliado en otra jurisdicción disfrutaría, independientemente de contar con local, sucursal o agencia en la ciudad o alguna forma de asiento territorial que de algún modo lo convierta en habitante del municipio, pero resulta claro que tal afirmación sólo es posible si se acepta que es lícito describir una tasa de un modo tan amplio y genérico que resulta imposible diferenciarla del impuesto. Expresan que si se admite que es lícito que la tasa retribuya la prestación de servicios indeterminados, incluso futuros o por crearse, totalmente desvinculados de la actividad del contribuyente, va de suyo que la calidad de habitante es indiferente, como lo es la existencia misma del servicio. Arguyen de tal modo que la identidad sustancial entre tasa o contribución y el impuesto resulta inocultable. Echan mano al conocido precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán", cuya doctrina resulta incompatible con aquella concepción, desde que dicho tribunal no acepta, para las tasas, la absoluta desvinculación entre el costo del servicio y lo percibido, exigiendo la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio vinculada a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.Alegan que si la tasa retribuye servicios que no resultan divisibles, la imposibilidad de establecer alguna correlación entre lo percibido y el costo de prestación del servicio resulta radical, infranqueable. Que la ley de Coparticipación habla de tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, lo que necesariamente supone alguna correlación, mientras que el Pacto Federal reitera el concepto y agrega como requisito de licitud de las tasas que no excedan el costo que derive de su prestación. Adicionan que no resulta posible imponerle al contribuyente la carga de probar el exceso en el costo o la desproporción, desde que es la misma administración la que admite que la correlación no existe, lo que es otra manera de decir que percibe impuestos, bajo el ropa de seudo tasas. Arguyen que el exceso de la tasa debe medirse con relación al servicio prestado, y si tal servicio es nulo, hasta $ 1 de tasa es excesivo y confiscatorio. Que para que la capacidad contributiva sea un parámetro de consideración lícito, resulta preciso que haya un servicio municipal que de algún modo se vincule con el contribuyente. Manifiestan que pretender que la base imponible no tenga conexión alguna con el servicio prestado implica desconocer el requisito de igualdad y razonabilidad en la disposición (arts. 16 y 17 CN y art. 71 Const. Cba.), resultando esencial para la validez de las tasas que ellas no sean exorbitantes y guarden proporción razonable con el costo del servicio, lo cual no ocurre cuando, por no mediar prestación del servicio o por no guardar proporción alguna con su costo, lo cobrado configura una exigencia tributaria confiscatoria. Que en el caso, invocan, el principio de legalidad se ve comprometido al exigirse la carga tributaria sobre un segmento de individuos, por una actividad estatal que despliega sus efectos sobre la totalidad de la misma, realizando de ese modo un tratam iento desigual de los que se encontrarían en idéntica condición pasiva frente al Estado.También en condición de pretensión principal, plantean la nulidad parcial del pronunciamiento con relación al "Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo local y Regional" (en adelante "F.O.P."), desde que la resolución 04/2006 admite que al disponerse la vista, dando inicio al procedimiento contradictorio de determinación de oficio, omitió incorporar toda referencia al dicho impuesto, pero pese a ello concluye en que no existe la nulidad pretendida alegando que la vigencia del tributo se reputa conocida, no configurándose ninguno de los supuestos de nulidad previstos en el art. 139 del CTM. Que lo cierto, argumentan, es que la incorporación a la decisión administrativa definitiva nro. 33.928 de condenar a pagar tal impuesto no fue regular. Que el vicio al que alude dicha norma resulta claro por cuanto hace al derecho de defensa transgredido. Que, por otra parte, tal impuesto y la norma que lo sanciona (art. 276 CTM), como su propio nombre lo indica, también resulta ilegal e inconstitucional por su evidente oposición y desarmonía con el régimen impositivo nacional y provincial. Que el impuesto no es la misma contribución agravada. Distinto es el hecho imponible pues la tasa, de algún modo, pretende ser vinculada con la prestación de diversos servicios, aún cuando se admiten uti universi, en cambio el impuesto, so pretexto de recaudar fondos para ser aplicados a la obra pública, sin crearse claramente un fondo de afectación ni preverse cuál será el tipo y naturaleza de obra que habrá de llevarse a cabo, obtiene fondos con destino a rentas generales, tratándose, en suma, de fondos detraídos del patrimonio del más amplio universo de contribuyentes, puesto que ingresan en él la virtual totalidad de los contribuyentes de todas las tasas o contribuciones que van a parar a Rentas Generales.Finalizan de todos modos expresando que va de suyo que la sola revocación de la resolución 04/2006 en cuanto condena a Paladini a pagar la contribución, implicará la misma decisión respecto del impuesto aludido, en tanto que para pagar este último es preciso ser contribuyente de la primera (art. 277 inc. b CTM).

II) Como pretensiones subsidiarias, invocan respecto de los intereses resarcitorios aplicados en la resolución, que, y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 17 de la Carta Orgánica Municipal, la falta de publicación de la tasa aplicable que determina la Ordenanza Impositiva - delegada en la Secretaría de Economía - obsta a la aplicación de aquéllos, más aún respecto a la capitalización mensual de tales intereses. Que la limitación al derecho de defensa resulta manifiesta puesto que Paladini no puede verificar la corrección de la tasa, y la confiabilidad de la fuente utilizada para establecerla, la existencia de capitalización y la medida de ella (total o parcial). Que tal ausencia de publicación en el año 2005 no se supera con apelar a un inexistente "orden público" o afirmando que las resoluciones pueden ser consultadas. Que, por tanto, la tasa de interés aplicable no puede ser otra que la de uso judicial, prevista en el comunicado 14290 del B.C.R.A. reglamentando el decreto 941/01.

Cuestionan asimismo que exista mora imputable a Paladini, puesto que la omisión del pago del tributo no fue producto de una actitud caprichosa o contumaz de acuerdo con lo expuesto respecto a las normas intra-federales y la jurisprudencia de la Corte Suprema, a lo cual se adiciona la aludida falta de publicación de la tasa de interés aplicable. Que tampoco resulta lícita la capitalización de intereses establecida por los arts. 47 y 50 del CTM. Argumentan que el art.91 de la Ordenanza vigente delega la fijación de la tasa en la Secretaría de Economía, no habiéndose publicado por parte de ésta, con lo que resultan cuestionables los coeficientes de interés utilizados para calcular la deuda accesoria. Capitalización que por otra parte, agregan, resulta inconstitucional al transgredir lo dispuesto por el art. 623 del C. Civil, invadiendo la zona de reserva del legislador, pues la prohibición del anatocismo remite a la relación sustancial entre deudor y acreedor, delegada por las provincias al Congreso (art. 75 inc. 12 CN). Acompañan, como anexo un desarrollo de la liquidación efectuada por el municipio expurgando de los coeficientes que dice aplicar la capitalización ilícita, advirtiéndose de ello la confiscatoriedad devenida de tal capitalización.

Expresan, para el eventual supuesto que se considere vigente la norma aludida, publicada o no, o se aplique una tasa superior a la resultante de la prueba o a la propuesta por la liquidación acompañada, que tal incremento sólo puede tener origen en la capitalización mensual, total o parcial, como establece el art. 47 del CTM. Que en tal caso, esta norma, el art. 50 y su reglamentación (Ordenanza Tributaria y la no vigente resolución de la Secretaría de Economía), devienen inconstitucionales por la referida invasión de la zona de reserva legislativa del Congreso Nacional, y, además, por cuanto la capitalización mensual de intereses, durante períodos prolongados, resulta confiscatoria comparada con la depreciación del signo monetario, puesto que los intereses que el municipio pretende percibir, que representan casi el 3 % mensual en términos reales, viola el derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional.

En definitiva, se pretende la no aplicación de intereses por inexistencia de mora imputable (art. 509 C.C.), los que solo podrían comenzar a aplicarse desde la primera intimación recibida en el mes de agosto de 2005.Y en este caso, atento la no vigencia - por ausencia de publicación - de la resolución de la Secretaría de Economía a la que remite la Ordenanza Tributaria, la tasa debe ser la de uso judicial. Que en caso que se considere vigente la tasa determinada por el municipio, debe procederse a expurgar la capitalización mensual para obtener la tasa no capitalizable para el período en cuestión, tal como se llevó a cabo en el anexo acompañado. Debiendo declararse, para ello, la inconstitucionalidad de los arts. 47 y 50 del CTM y su reglamentación en la medida que, considerándola vigente, resulte de ella una tasa superior, que implique la capitalización total o parcial de intereses, por ser contrario a lo dispuesto por el art. 623 del C.C. y de resultados confiscatorios.

III) Dentro de la subsidiaridad, se agravian de la alícuota del 6 o/oo aplicada a Paladini, en lugar de la menor del 4 o/oo, lo cual, señalan, viola cláusula comercial de la CN (arts. 10 y 11 ) al beneficiar a los fabricantes locales de los mismos productos en perjuicio de Paladini. Que, además, contraría la explícita política tributaria adoptada por la Provincia de Córdoba en el Impuesto a los Ingresos Brutos, según lo dispuesto por el último párrafo del art. 147 del Código Tributario (ley 6006). Que la actividad de Paladini es encuadrada en el código nro. 611.115 (venta de fiambres, embutidos y chacinados) o en la alícuota general (art. 16 Ord. Tarifaria), debiendo serlo en la nro. 311.162 (elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y otros preparados de carnes). Que, de ese modo, un contribuyente local que desarrolle la misma actividad, elaborando fiambres, embutidos o chacinados y vendiendo exclusivamente esos productos, tributa menos impuesto que un frigorífico asentado en otra municipalidad o provincia, lo cual no resulta razonable y sí lo sería respecto de productores extranjeros.Paladini, expresan, no es un comerciante mayorista de comestibles, sino un productor directo que comercializa sus productos sin intermediarios, organizando un sistema nacional de distribución. Que al gravarse con un 50 % más la venta de otro frigorífico productor directo que comercializa sin intermediarios en Río Cuarto, se está otorgando una clara ventaja al productor local en desmedro del extraño en clara violación del art. 11 de la CN. Señalan que no es lícito que Paladini solo comercializa en Río Cuarto, mientras que el productor local industrializa en la ciudad, pues ello oculta que este industrial local también hace lo mismo que aquél, esto es, "comercializa".

IV) También subsidiariamente se agravian de la sanción de multa aplicada a Paladini puesto que, arguyen, el elemento subjetivo que la justifica está claramente ausente (culpa o falta de cuidado), siendo que no podía prever aquél, sino sólo luego de recibir una intimación, que era plausible que se lo considerara deudor de tasa alguna en el municipio local. Agregan en ese sentido que Paladini tenía la razonable convicción acerca de la improcedencia de la pretensión fiscal, a la luz de la doctrina de la Corte en el mentado caso "Compañía Química c/ Municipalidad de Tucumán", no pudiendo escaparse también que la opinión generalizada de la doctrina autoral resulta contraria a la procedencia de las tasas del tipo de las que estructura el CTM. Que tampoco el tribunal puede desconocer que la tasa discutida es contrario a los manifiestos y claros propósitos perseguidos por la Nación y las Provincias al debatir y adherir a la Ley de Coparticipación Federal y el Pacto Federal. Manifiestan además que la resolución en recurso menciona solo la comisión de la infracción prevista en el párrafo primero del art. 78 del CTM (omisión fiscal), la que se configura ante la falta de pago de un tributo, señalando más adelante que Paladini omitió, cuanto menos culposamente, el cumplimiento total de la obligación tributaria sustancial.Afirman que ello, que prevé una sanción que va del 20 al 100 % del tributo, sin ningún aditamento, es incompatible con la confirmación de una multa de una vez y media la obligación fiscal, con lo que estamos frente a una sanción sin fundamentación adecuada. La supuesta falta de empadronamiento que justificaría una sanción de una vez y media, no integra la conducta descrita por la r esolución del Tribunal Administrativo que impone la sanción. Peticionan de modo más subsidiario aún, la reducción de la multa adecuándola a la conducta encuadrada por la norma legal citada, reduciéndosela, a todo evento, al mínimo legal previsto, especialmente teniendo en cuenta la importancia económica de la cuestión.

V) Que requeridas que fueron las pertinentes actuacio­nes administrativas producidas, se adjuntan las mismas en fotocopias de fs. 148 a 386- Corrida vista al Sr. Fiscal de Cámara a los fines de la habilitación de la instancia, se expide favorablemente al respec­to a fs. 394/395, lo que resultó receptado por el tribunal a fs. 396.

VI) Que corrido el correspon­diente traslado a la demandada, ésta, a través de su apoderado, lo evacua a fs. 417/449.Luego de efectuadas las negativas genéri­cas de rigor, niega en particular que se encuentren prescriptas las facultades del municipio para exigir el cobro de la deuda; que el municipio no preste los servicios integradores del hecho imponible que la actora pretende no acaecido; que la tasa controvertida sea un impuesto en pugna con la ley 23.548 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento; que existan vicios nulidificantes en relación a la exigencia del Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo Regional y Local, o que su cobro resulte ilegítimo; que resulte ilegítima la tasa de interés aplicada por el municipio y que los accesorios no sean debidos por la actora; que la alícuota atribuida a la actividad desarrollada por la actora resulte incorrectamente aplicada; y que no se haya cometido la infracción de omisión fiscal y que concurra algún error excusable.

Luego de una previa advertencia, pasa a continuación dicho representante a contestar los agravios formulados por la actora, lo cual, en síntesis, pasaré a reseñar. Señala que se equivoca la demandante cuando sustenta su acción petrificando conceptos didácticos que le permitan decir que solo si una figura jurídica encaja en el molde conceptual didáctico de impuesto, tasa o contribución especial es válida como tributo. Se pregunta por qué la actora cuando formula un pedido de declaración de inconstitucionalidad del tributo que cuestiona se escuda en referencias doctrinales sin citar norma constitucional alguna de la que se aparte el mismo, y responde porque no existe norma constitucional nacional ni provincial, no existe ley ni convenio que recepte el esquema conceptual de la actora, no existe norma jurídica vigente que permita concluir en la ilegalidad del tributo municipal mencionado. Arguye en tal sentido que la actora no expresa cuál es la norma legal y/o constitucional que el mismo estaría violando, simplemente porque no existe.No existe norma constitucional nacional ni provincial, no existe ley o convenio que recepte el esquema conceptual usado por dicha parte, llámese Constitucional Nacional, Constitución Provincial, Ley de Coparticipación Federal nro. 23.548, Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, Ley de Coparticipación Provincial nro. 8.663, Ley Orgánica Municipal nro. 8.102, o Carta Orgánica de la Ciudad de Río Cuarto. Que ninguna de tales normativas exige como condición de validez de las tasas que las mismas integren su hecho imponible con los servicios uti singuli o divisibles en unidades de prestación, o que exista un inmueble en el Estado pretensor. Que lo único que se exige cuando el hecho imponible de un tributo se integra con servicios estatales, es la efectiva prestación de los mismos. Prosigue manifestando y fundamentando que la "Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Servicios" es un tributo plenamente autorizado por los ordenamientos constitucionales y legales superiores vigentes, ostentando el municipio local suficiente autonomía tributaria para su creación y en pro de su funcionamiento como tal, no siendo posible encontrar en la legislación nacional ni provincial, normas vigentes que restrinjan el poder tributario municipal en cuanto al tributo de que se trata. Sostiene que el precedente "Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán", atribuible a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y demás antecedentes citados, resultan inaplicable puesto que en orden a la efectividad de la prestación de servicios, así lo lleva a cabo el municipio, y respecto a la invocada divisibilidad de los mismos en unidades de prestación, deviene desacertado que jurídicamente una tasa sólo sea válida si integra con servicios divisibles en unidades de prestación, lo cual no fue dicho por el mentado fallo ni ninguno de los otros precedentes citadas por la actora.Concluye al respecto que en la doctrina de nuestro máximo tribunal, en la medida que exista efectiva prestación de servicios habrá una pretensión válida del cobro de tributos municipales vinculados a los mismos, siendo, por lo tanto, la validez de la pretensión fiscal sólo una cuestión de hecho que no depende de que el tributo se vincule a la prestación de servicios uti singuli o uti universi. Que pretender, como lo hace la actora, que el municipio preste sólo servicios divisibles en unidades de prestación, desplegando una actividad particularizada en cabeza de un sujeto específico, implica tanto como prohibirle la prestación de servicios uti universi, ya que no podría contar con recursos correlativos. Que en orden al ejercicio de la actividad gravada de la actora y su sustento en el ejido municipal, señala que el art. 173 del C.T.M.V., al definir claramente el hecho imponible del tributo reclamado, exige dos extremos. Primero el ejercicio en el ejido municipal de actividades comerciales, industriales, etc. y los hechos y acciones destinados a promoverla, incentivarla, difundirla o exhibirla de algún modo; y segundo, la prestación por el municipio de los servicios enumerados por la norma, y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, y que tienda al bienestar general de la población. Que - argumenta - resulta así claro que la norma no exige la existencia de un inmueble (local o depósito) del contribuyente ubicado en el ejido municipal, para que se configure el hecho imponible, ello por cuanto, dentro de las variadas y crecientes modalidades del comercio moderno, es perfectamente posible que una persona, física o jurídica, realice en el ejido municipal actividades gravadas a título oneroso, efectuando gastos y obteniendo ingresos, y a su vez goce los servicios municipales ya citados, sin tener un local o depósito instalado en ese mismo municipio.Que la norma, para definir el hecho imponible no lo hace con la referida condición, si no que recepta el concepto de "desarrollo de la actividad". Cita para abono de lo expresado, los fallos "Kodak Argentina SAIC c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción", dictado por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1era. Nominación de la ciudad de Córdoba, con fecha 31 de julio de 1998 (la cual reiteró lo decidido en el caso "Nobleza Piccardo SAIC y F. c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción", confirmado por sentencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia del 26 de diciembre de 1994), y el dictado por este alto tribunal provincial en las causas "Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J. - Recurso de Casación" (Sent. nro. 206 del 9.12.99), y "Fleischmann Argentina Incorporated c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Recurso Directo" (20.2.2001), emergiendo de estos precedentes el carecer de importancia a los fines del nacimiento de la pretensión fiscal, que la actora carezca de local comercial en la ciudad de Río Cuarto, no impidiéndole ello gozar de los servicios públicos que le permiten desarrollar lucrativamente sus actividades comerciales. Que, como conclusión, arguye que cuando ha habido un gasto relacionado con la actividad gravada y además ingresos, ello implica necesariamente que hubo ejercicio de actividad, aún cuando no exista local o depósito habilitado en el ejido municipal. Detalla los elementos probatorios que son suficientes para tener por acreditada no sólo la existencia de ingresos y gastos de la actora en jurisdicción municipal, sino fundamentalmente el ejercicio de actividad gravada en el ejido municipal de Río Cuarto quedado por tanto demostrada la legalidad y legitimidad de la actuación del municipio ante la comprobación de tal ejercicio. Que en lo que hace al segundo de los requisitos exigidos por el art.173 para la configuración del hecho imponible, señala que éste se integra con una actividad estatal, y por ello es factible su encuadramiento en la clasificación didáctica de tasa, prestando el municipio, a partir de ello, efectivamente los servicios que la norma enumera para tener por configurado el hecho imponible. Que la actora, desde la postura doctrinal adoptada, pretende no recibir ninguna prestación por el municipio de Río Cuarto. Que, ante ello, reitera que el art. 173 del CTM menciona los servicios de higiene, contralor, seguridad, organización, coordinación del transporte, etc., y cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población. Que los mismos no deben considerarse en forma aislada, sino conjuntamente, y cuyo objetivo es que las actividades lucrativas ejecutadas en su ejido, lo sean en forma ordenada, pacífica, segura y con mutuo respeto de los derechos de cada uno. Eso se hace ya sea controlando el buen estado de los edificios, coordinando el transporte, ordenando el tránsito y regulando el estacionamiento, denominando, numerando y asignando sentido a las calles y, en general, organizando las reglas básicas para la promoción, ejercicio y progreso de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollan en la ciudad, entre ellas las cumplidas por la actora. Que, por otra parte, aduce que todas las nombradas son actividades de contralor y organización que no cumplimenta ninguna otra autoridad (ni nacional, ni provincial) en la ciudad. Destaca, asimismo, y respecto a la carga de la prueba de la prestación de tales servicios, que es el contribuyente, que alega la no prestación de los servicios públicos, quien debe probar dicho extremo. Afirma, sin embargo, que cuando un hecho está controvertido, debe probarlo el que lo afirma, acreditando el contribuyente que no se prestó el servicio comprometido por la norma, pudiendo también el municipio ofrecer y producir prueba en demostración de la prestación, lo que así hará su representada. Respecto al planteo concerniente a la supuesta pugna con la ley 23.548 y el Decreto nro.1807/93, lo tacha de inconsistente puesto que es razón mas que suficiente para rechazar el agravio recordar que la contribución de que se trata es un tributo cuyo hecho imponible está integrado, además del ejercicio de las actividades gravadas, con una actividad estatal y, dentro de la clasificación didáctica clásica, es una "tasa". Agrega que de aceptarse el insostenible criterio del contribuyente, caerían, por su base, todas las tasas municipales análogas existentes en la Provincia de Córdoba y a lo ancho de todo el país, toda vez los ordenamientos tributarios de todos los municipios y comunas de la Argentina, han delineado el hecho imponible de su principal tributo con similares características que en Río Cuarto. Con alusión a la supuesta pugna con el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, señala que su segundo párrafo de la declaración Primera, punto 2), sólo habla de eventual promoción de derogaciones y, para el caso de Río Cuarto, de futuras recomendaciones de la Provincia a sus municipios autónomos. Que, en consecuencia, sólo la Municipalidad de Río Cuarto (autónoma y competente para crear y derogar sus tributos) se encuentra habilitada a derogar sus propias constitucionales y legítimas normas, no teniendo incidencia práctica alguna eventuales promociones o recomendaciones de extrañas jurisdicciones que carecen de facultades para derogar o modificar por sí mismas las normas dictadas por el Poder Legislativo Municipal. Que, además, la Provincia de Córdoba apoyó expresamente la postura jurídica y fáctica de la Municipalidad de Río Cuarto ante la Comisión Federal de Impuestos por un contribuyente con ingresos y gastos en Río Cuarto y sin sustento inmobiliario (cita los precedentes emergentes de dicha Comisión).

En punto a la excepción de prescripción, sostiene que los argumentos de la actora son inaplicables al caso, toda vez que el CTM.establece una prescripción ordinaria de 5 años, que sólo se aumenta a 10 años cuando, por un accionar contrario a derecho del contribuyente, el mismo realizó una actividad gravada en forma marginal, sin inscribirse en el municipio, impidiendo al Estado conocer la existencia del crédito que debe perseguir para no perder su acción de cobro. Que, de esa manera, el CTM respeta tajantemente la normativa sustantiva sobre prescripción dictada por el Congreso Nacional cuando tuvo en vista la materia pública tributaria y sus particularidades (ley 11.683 ), no correspondiendo en primer término aplicar la normativa civil, dado que la misma se refiere a cuestiones de derecho privado y fija plazos para la acción de los acreedores que no actúan ante un crédito y deudor que conocen. Que en la pirámide jurídica nacional poseen la misma entidad las normas sobre prescripción que figuran en el C. Civil, que las normas sobre prescripción que figuran en la ley 11.683, las que poseen entidad sustantiva pese a estar insertas en una ley que, en gran medida, regula aspectos procesales y formales. Que al momento de analizar la legitimidad del art. 39 del C.T.M., a la luz del art. 31 de la C.N., es claro que, por tratarse de problemática público-tributaria, la normativa local no puede apartarse de lo legislado por el Congreso Nacional en esa misma materia, es decir, el art. 56 de la ley 11.683, que admite la prescripción decenal para contribuyentes no inscriptos y, sólo en cuanto se refiere a contribuyentes inscriptos, coincide con el plazo de prescripción establecido por el art. 4027 inc. 3 de la ley 340. Que no puede atribuirse desidia al acreedor que no conocía ser titular de un crédito tributario, dada la falta de inscripción del deudor.Que tanto el CTM como la ley 11.683, al extender el plazo de prescripción para contribuyentes no inscriptos, es absolutamente coherente con la letra y el espíritu de la ley 340, cuando impide el inicio del cómputo de la prescripción cuando el acreedor se encuentra imposibilitado de accionar (por ej. art. 4025). Criterio que es también el receptado por el art. 3980 del C.C. Concluye afirmando que resulta improcedente la pretensión de la actora en cuanto reclama que se declaren prescriptos por cinco años los poderes fiscales para determinar sus obligaciones tributarias y pretende que el cómputo de dicho plazo no se efectúe conforme las normas del CTM.

En orden a la alegada falta de proporcionalidad entre el monto del tributo y el costo del servicio, sostiene que se trata de una posición doctrinaria anticuada brindando como ejemplo lo que sucedería con la Tasa de Justicia si se invocara que la tasa pagada no resulta proporcional al servicio de justicia prestado, pretendido probar o que el Fisco pruebe que la porción del costo del salario del juez interviniente u otros funcionarios o empleados son menores al monto del tributo reclamado, lo que resulta un absurdo. Que existe importante doctrina, con sustento jurisprudencial (que cita) que tiene demostrado que la equivalencia entre el producido del tributo y el costo del servicio es una ficción que debe ser abandonada puesto que es imposible de establecer. Que, en síntesis, expresa que tan perimida postura debe sustituirse por la noción de razonabilidad o prudencia de la tasa, a lo que no escapa el tributo pretendido por el municipio.

Respecto a lo que la actora entiende como incorrectamente aplicada la alícuota de comercio, señala, para refutar sus argumentos, que la actora no realiza en el ejido urbano del municipio ninguna actividad de tipo industrial, limitándose a comercializar sus productos dentro de su ámbito.Agrega que si un contribuyente no fabrica en Río Cuarto no puede inscribirse como fabricante, de ahí el distingo que, en materia de alícuotas, se realiza entre las actividades industriales y las comerciales, distingo razonable y fundado en cuestiones de política fiscal. Que con ello se persigue asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones y queda excluido todo distingo arbitrario, injusto u hostil.

En lo que concierne a los intereses resarcitorios reclamados, y puntualmente en relación a la falta de publicación de las normas que fijan las tasas de interés aplicables, basta con expresar - aduce - que la Ordenanza Tarifaria Anual vigente del municipio establece que aquellas son fijadas por resolución de su Secretaría de Economía. Con lo que no puede alegar la actora desconocimiento de las tasas o que éstas no estén fijadas, cuando las mismas son de orden público y pueden ser fácilmente consultadas. Con relación al planteo de confiscatoriedad de accesorios, invoca que las tasas de interés resarcitorio utilizadas por el Fisco Nacional para el mismo período que abarcó la determinación de oficio seguida a Paladini, resultan considerablemente más elevadas que las aplicadas por el Organismo Fiscal Municipal. Que, por otra parte, es lógico que los intereses que perciba el Estado por la demora en el pago de sus tributos sean superiores a aquellos por los que sea posible a los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que, de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa perniciosa para el bien común, de obtener financiamiento por vía de dejar de pagar en término sus obligaciones tributarias. Que en orden a la declamada improcedencia del reclamo de intereses resarcitorios aduciéndose la ausencia de mora culpable, recuerda que la Corte Suprema ha admitido la aplicación a la normativa tributaria de la última parte del art. 509 del C. Civil que exime al deudor de las responsabilidades derivadas de la mora cuando prueba que ésta no le es imputable.Que independientemente que se comparta o no dicha doctrina, arguye que lo cierto es que la mentada norma requiere indudablemente para eximir al deudor de las responsabilidades de la mora, que pruebe que ésta no les es imputable. Invoca, sin embargo, que la actora se limitó a afirmar que no hubo en su caso mora culpable. Que, pese a ello, afirma que quedó suficientemente demostrado que la norma del art. 173 del CTM resulta absolutamente clara y reconocida por el Tribunal Superior de Justicia, por la Comisión Arbitral y por la Comisión Federal de Impuestos, no resulta admisible pretender haberse actuado en forma diligente.

Con referencia al planteo de nulidad atinente al FOP, se defiende argumentando que este tributo es un impuesto con fines específicos, cuyo hecho imponible consiste en la circunstancia del encuadre, entre otras, en la contribución del art. 173 del CTM (art. 254). Que, así, sus sujetos pasivos son los contribuyentes alcanzados por la mencionada contribución (art. 255 inc. b) y la base imponible es un porcentaje fijado por la Ordenanza Tarifaria Anual sobre el monto de diversos tributos, entre ellos la Contribución de que se trata. Con lo que concluye que no corresponde efectuar procedimiento fiscal independiente alguno para su determinación, ya que el impuesto en cuestión constituye un accesorio de los tributos cuyos montos actúan como base imponible. Que, en consecuencia, solo demostrándose que el sujeto no se encuentra alcanzado por alguno de los hechos económicos previstos por el mencionado art. 254, la imposición del FOP devendría improcedente. Cita en apoyo de su postura un precedente de esta Cámara ("Instituto Sidus I.C.S.A. c/ Municipalidad de Río IV - C.A.P.J.", Sent. nro. 17 del 22.3.01)

En lo tocante a los agravios de la actora relativos a la sanción pecuniaria impuesta, alega que tanto la resolución que instruyó el sumario, como aquella que aplicó efectivamente la sanción, encuadró la conducta de la firma en las prescripciones del último párrafo del art.78 del CTM y respecto de cuya calificación efectuó efectivamente la firma su argumentación defensiva. Que, en esos términos, la alusión al primer párrafo del art. 78 se debió evidentemente a un error material de la Sentencia 04/06, resultando además acreditado en autos y reconocido por la contraria que ella no se encuentra inscripta en la contribución del rubro. Agrega que resulta absurdo e insostenible pretender que no hubo conducta culposa alguna, siendo que la contraria ya conocía el criterio fiscal, con lo que, en definitiva, no pagó desde el año 1993 porque no quería. Que, por otra parte, la omisión fiscal legislada en el art. 78 último párrafo del C.T.M.V., se configura objetivamente ante la falta de pago temporáneo parcial o total de un tributo. Que la sola materialidad de ello hace que la infracción se configure y que en principio se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, sin interesar si la conducta fue sólo culposa o si el incumplimiento fue deliberado, dado que esa diferente subjetividad para nada altera la tipificación de la infracción. Que tal presunción produce la inversión de la carga de la prueba, por lo que si el acusado alega la existencia de alguna causal que elimina la subjetividad mínima requerida, es él quien debe demostrarla. Que de las constancias de autos surge que la conducta desplegada por la actora ante el Municipio, al no empadronarse ni denunciar el nacimiento del hecho imponible, encuadra en la tipificación de la norma infraccional imputada, toda vez que pese al continuo ejercicio de la actividad gravada en el municipio, ha omitido cuanto menos culposamente el cumplimiento total de la obligación tributaria sustancial exigible por el Municipio.Que no es causal de justificación suficiente y por sí excluyente del elemento subjetivo, la sola alegación de encontrarse ante un error excusable, toda vez que no cualquier error excusa, sino que debe ser esencial, decisivo y, además, no ser imputable al trasgresor, ya que la falta de diligencia marca el límite de la aceptación en cuanto al error excusable. Que es condición indispensable que el error excusable sea debidamente demostrado por quien lo alega en su descargo, no siendo suficiente la manifestación de que interpretó las normas razonablemente, máxime cuando ya tenía sentencia en contra por parte de esta Cámara y del Tribunal Superior de Justicia.

Por todo lo expuesto, solicita en definitiva el rechazo de la demanda, con costas. Hace también reserva del Caso Federal.

VII) Debe anotarse, por último, que abierta a prueba la causa por el término de ley, ofrecieron prueba ambas partes (fs. 459 y fs. 1118/1120). Clausurado el período probato­rio, y corrido traslado a las partes para alegar, ambas presenta­ron sus condignos escritos a fs. 1148/1169 y a fs. 1170/1174. Dictado el decreto de autos, quedó la causa en condiciones de ser resuelta.

VIII) Pues bien, en lo que hace a la cuestión substancial, es posible en definitiva compendiar la postura sustentada por la actora, tanto en la instancia administrativa como en esta judicial, en la circunstancia de resultar ilegal e inconstitucional la contribución receptada por el art. 173 del CTM por no contar Paladini dentro del municipio, como asiento territorial, con un local, sucursal, depósito o lugar físico susceptible de recibir de manera efectiva e individualizada los servicios genéricamente descriptos por dicha norma, para de esa forma brindar sustento territorial al tributo requerido y revestir la condición de ser sujeto pasivo del mismo, no pudiendo así tal contribución retribuir la prestación de servicios indeterminados que no se vinculen de algún modo con el contribuyente, con lo que representa un verdadero impuesto bajo el ropaje de una tasa, de ahí las mentadas censuras.Con lo que en rigor la cuestión esencial a dilucidar pasa por determinar si resulta necesario o no dicho asiento físico en orden a la legítima exigibilidad del cobro de la contribución municipal, para que de tal suerte, y según se invoca, los servicios de que habla la norma tributaria tengan o no una concreta, directa o individualizada prestación (servicios uti singuli de los que habla la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Cía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán").

IX) Es de público y notorio que dicho alto tribunal con relación al tema que nos ocupa, y en seguimiento del precitado fallo otrora dictado (Septiembre 5 de 1989, ED, t.135, pags. 740 y sig.), se pronunció recientemente en la causa "Laboratorios Raffo S.A. c/ Municipalidad de Córdoba" (S.C.L. 1303, L. WLII, 23 de junio de 2009), con reiteración, por la analogía de cuestiones, en la causa "Ivax Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto" (I. 137, XLIII, 23 de junio de 2009). No obstante que este tribunal de grado, a través del voto de la mayoría de sus miembros naturales, varió el criterio favorable a la postura municipal que, a partir de dichos precedentes, por unanimidad tenía sentado en la causa "Colgate Palmolive Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J." (Sent. nro. 15 del 12 de marzo de 2010), a través de sendos pronunciamientos dictados con posterioridad en las causas "Gillette Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J." (Sent. nro. 68 del 9.8.2010) y "Abbott Laboratories Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J." (Sent. 77 del 2.9.2010), he decidido mantenerme en la postura minoritaria que plasmé y justifiqué en tales antecedentes.Sobremanera cuando no es desconocido que luego de pronunciado el fallo por este máximo tribunal existen fallos disímiles o contradictorios sobre la materia dictados por distintas cámaras de nuestra provincia (in re: "YPF S.A. c/ Municipalidad de Laguna Larga - Plena Jurisdicción - P.J.", Cámara Cont. Adm. 1era. Nominación, Cba., Sent. nro. 286 del 27.10.2009; "Ford Argentina S.C.A. c/ Municipalidad de Villa María - C.A.P.J.", Sent. nro. 3 del 17.02.2010; "Mapa Virulana S.A.I.C. c/ Municipalidad de Río Cuarto - Dem. C.A.", Sent. nro. 16 del 19.03.2010; "Ivax Argentina S.A. c/ Municipalidad de Villa María - P.J.", Sent. nro. 26 del 12.05.2010; "Agrometal S.A.I. c/ Municipalidad de Villa María - C.A.P.J.", Sent. nro. 45 del 18.08.2010).

Siguiendo entonces el criterio que por unanimidad había adoptado esta Cámara en la anotada causa "Colgate", cabe señalar, como reiteración, que en los precitados pronunciamientos de la Corte, con referencia a la aplicabilidad de la contribución de que aquí se trata (similar a la prevista en el Código Tributario Municipal de la ciudad de Córdoba en su art. 167), se adoptó una doctrina respecto de la cual, a prima facie, podría encontrar sustento la pretensión sustancial plasmada en esta causa por Paladini.Sin embargo, y por lo que se verá, ello no resulta así, toda vez que no puede decirse que la decisión que se pronuncie en el caso, teniendo en cuenta lo en él planteado (esto es, en función de sus particularidades), pueda en rigor encontrar un enfrentamiento con dicha doctrina que imposibilite desestimar la susodicha pretensión y acordar razón a la postura esgrimida por el municipio demandado, por lo cual resulta factible entonces decir que existen en el presente elementos que abonan la adopción de una postura que pueda en todo caso - de acuerdo con el prisma con que se la mire - llegar a mostrarse "distinta" a la sentada por la Corte (dado lo escueto de sus fundamentos y acaso, con el mayor de los respetos, carente de algunas precisiones o diferenciaciones), aunque, desde ya, y como cuestión de importancia, no discordante con la autonomía económica y financiera conferida por los arts. 180 , 186 inc. 3 y 188 inc. 1 de la Constitución Provincial, a partir de lo dispuesto por los art. 5 , 75 inc. 30 y 123 de la Constitución Nacional.

Es así que este tribunal de grado en numerosos casos sometidos a su consideración tuvo oportunidad de expedirse sobre el tema central aquí bajo discusión (in re: "Instituto Sidus I.C.S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 17 del 22.3.01; "Bristol Myers Squibb Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 46 del 4.9.01;"Abbott Laboratories Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 54 del 16.10.02; "Química Montpellier S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 70 del 26.12.02; "Justeza Imagen Argentina c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J", Sent. Nro. 15 del 15.4.03; "Glaxo Welcome S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro.17 del 30.4.03; "Byc Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 18 del 15.5.03; "Laboratorios Poen S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 24 del 5.6.03; "Laboratorios Phoenix SAIC c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 27 del 17.6.03; "Rofina S.A.I.C.F. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.", Sent. Nro. 64 del 16.10.03;"Laboratorios Rontag S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nro. 82 del 23.12.03; "Boehringer Ingellheim S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. 53 del 14.6.05; "Rhone Poulenc Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. nro. 77 del 25.10.06; Novartis Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. nro. 17 del 9.3.07; "John Wyeth Laboratorios S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. nro. 86 del 19.9.07; entre otros), compartiendo el criterio que plasmó nuestro más alto tribunal provincial, a través de su Sala Contencioso Administrativa, en los casos "Banca Nazionale del Lavoro c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J. - Recurso de Casación" (Sala C.A., Sent. Nro. 206 del 9.12.99) y " Frigorífico Tinnacher c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Recurso Directo" (Sala C.A., Sent. Nro. 217 del 21.12.00), más particularmente este último.

Se dijo así en ellos, en cuanto al carácter de la "Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Servicios", que la clásica distinción entre impuestos, tasas y contribuciones especiales realizada por la doctrina tradicional, no sólo que carecía de aceptación unánime (Giuliani Fonrouge, "Derecho Financiero", Ed. 1987, Vol 1., pag.313 y sgtes.), sino que, además, había perdido sus perfiles nítidos con la adopción de nuevos mecanismos tributarios, acorde con las mayores exigencias derivadas del incremento de las necesidades sociales. Que conforme al mismo autor (Vol. II, pag. 1061 y sgtes.), no existía entre impuestos y tasas una diferencia estructural, desde que ambos se sustentaban en el poder tributario y, por consiguiente, en el imperium anejo a la soberanía del Estado. Citando a Cocivera ("Principii de Diritto Tributario", T. 1., pag. 263), indicaba que no existía entre las categorías referidas una diferencia sustancial sino meramente instrumental. Que, por otra parte, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia tenía sostenido que ".los Municipios tienen expresa habilitación constitucional para percibir impuestos (art. 188 inc. 1ero.), por lo que la definición legal de un mismo hecho imponible, tal lo que acontecía con la descripción contenida en el art. 178 del C.T.M. - sustancialmente idéntico al art. 173 del C.T.M. Ord. 48/96 del municipio local - operará como "tasa" o como "impuesto" según la modalidad de prestación de la actividad sobre la cual recaiga el tributo y en ambos casos lo será en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población. Ello se corrobora fácilmente cuando se trata de actividades cumplidas en el ámbito del ejido del municipio, sin que exista un local o establecimiento asentado en él, pero cuya realización se ve favorecida y facilitada por los servicios que presta el municipio", concluyendo en definitiva que ".no puede establecerse de manera categórica y excluyente que se trate siempre y en todos los casos de una tasa, pues el mismo hecho generador puede operar como un impuesto, que tiene su justificación en virtud de los servicios municipales." (Sentencia citada caso "Frigorífico Tinnacher"). Se expresó a su vez que aún en el supuesto de enmarcar exclusivamente como tasa la contribución que el mentado art.173 del actual Código Tributario riocuartense determinaba, resultaba dable señalar que conforme una modernizada concepción, ésta es "la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado y relacionada con la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado" (Giuliani Fonrouge, ob. cit, pag. 319, quien expresaba seguir en tal sentido la definición proporcionada por el art. 16 del Modelo OEA/BID). Que, desde tal enfoque, sólo resultaba indispensable la organización estatal de un servicio de interés general, independientemente de que éste fuera utilizado o no por el particular afectado. Que el hecho imponible surgía, entonces, en razón de la configuración efectiva del presupuesto normativo - en el caso concreto, el ejercicio de una actividad comercial, industrial o de servicios - y en tanto mediara estructurado un servicio público concerniente a dicha actividad, sin que la concreta utilización que de él efectuara el contribuyente se erigiera en presupuesto determinante del surgimiento de la obligación tributaria. La divisibilidad de la prestación, constituía, por lo tanto, un dato inocuo a los fines de la percepción del tributo; siendo que la tasa resultaba derivada del poder tributario del Estado, su obligatoriedad sólo devenía de la configuración del presupuesto fáctico establecido por la norma, "no siendo posible rehusarse a su satisfacción una vez organizado el servicio respectivo, aunque éste no sea utilizado individualmente" (Giuliani Fonrouge, ob. cit., pag. 1066). Es que, tal como lo señalaba el autor, la totalidad de los servicios estatales se estructuraban tomando en consideración el interés general, y no el beneficio particular del sujeto obligado; aún más, la propia conceptualización del art. 173 del C.T.M permitía extraer tal conclusión.Que, en efecto, el establecimiento de servicios relacionados con la higiene, salubridad, contralor, seguridad, asistencia social, organización, coordinación de transporte u otros comprendidos en la norma, tenían por finalidad el resguardo del bienestar general de la población, esto es se estructuraban y organizaban para la satisfacción de intereses de carácter general, antes que proporcionar una ventaja o beneficio individual al contribuyente, siempre y cuando éste ejercitara una actividad que guardara atinencia con el servicio instituido por el municipio. Siguiendo a dicho autor, se agregó que era inadmisible radicar el fundamento jurídico de la tasa en circunstancias que podían darse accidentalmente, como el hecho de que el servicio fuera en favor del obligado, que le reportara alguna utilidad o ventaja, que fuera de uso facultativo y no obligatorio. Que los servicios del Estado se organizaban en función del interés público, y no del particular. Que cuando se aplicaba una tasa por la inscripción de actos jurídicos en Registros oficiales se contemplaban razones de seguridad pública y de certeza del derecho; cuando se inspeccionaban comercios, establecimientos fabriles, o que desarrollaban tareas peligrosas o insalubres, se atendía a circunstancias de seguridad colectiva, de salud pública, de higiene del trabajo. Que esas tasas reportaran beneficios o ventajas era una cuestión accidental y accesoria, no siendo extraño el caso de que pudiera derivar en perjuicio del obligado al pago de la tasa, como ocurría en el supuesto de sanciones derivadas de un régimen de vigilancia de tarifas y precios (obra citada, pag.1066).

Que en lo concerniente a la ausencia de un local, establecimiento o depósito que justificara el cobro de la contribución pretendida por el Fisco en razón de la prestación concreta e individualizada de servicios de contralor, seguridad, asistencia, salubridad, higiene y similares estatuidos en miras al bienestar general de la población, se puso de manifiesto que a los fines del correcto encuadramiento del problema, que los períodos cuyo cobro pretendía el municipio riocuartense quedaban, en su mayoría, subsumidos bajo las disposiciones que contenía el Código Tributario anterior al ordenamiento actualmente vigente, cuál era el contenido en la Ordenanza Nro. 644/2026, siendo que el nuevo Código Tributario Municipal sancionado por Ordenanza Nro. 48/96, había comenzado a regir el día 11 de junio de 1996 (cabe denotar que ello en alguna medida también aquí acontece, si se repara que los períodos reclamados por el municipio local van del 01 de 1993 al 02 de 2005, situación que, desde ya adelanto, y según se verá, no reviste empero y en definitiva mayor implicancia en la cuestión). Se expuso al respecto, que resultaba un principio de aplicabilidad general el que imponía la irretroactividad de las leyes (art. 3ero. C. Civil), mucho más en tanto había adquirido jerarquía constitucional a través de la disposición que el art. 118 de la Constitución de la Provincia. Que se tenía sostenido que "la existencia de la obligación tributaria y la consecuente determinación de la base imponible para su cuantificación y pago, debían ser juzgados a la luz de la normativa que sirvió de fundamento a los actos de determinación enjuiciados y sujetos a los períodos de determinación que allí se especificaron" (TSJ, caso "Tinnacher" ya referenciado). Que, de acuerdo a ello, la obligación tributaria cuya percepción perseguía el Fisco y que la actora cuestionaba, quedaba atrapada por la legislación anteriormente vigente (Ord.644/2026). Que la invocación de una normativa distinta por parte de los litigantes no obligaba al juzgador, a quien correspondía señalar el derecho aplicable (iura novit curia), resultándole sólo vedado modificar o extender en su resolución, las pretensiones sustentadas por las partes en base a circunstancias de hecho no esgrimidas y decidir de tal modo ultra o extra petita. Pues bien, y de conformidad al principio de legalidad (propio al derecho tributario), se dijo no sólo que la ley resultaba ser el único medio de expresión del poder de imposición que le era propio al Estado, sino que además ella debía contener en forma precisa todos los elementos que configuraban la obligación del contribuyente, a través de una clara descripción del hecho imponible, de la determinación de la base del cálculo y de la alícuota, porcentual o monto fijo que debe abonarse al Estado (conf. Martín-Rodríguez Usé, "Derecho Tributario General", Depalma, 1986, pag. 101 y sgtes.). Que, en tal sentido, el art. 104 de la Ord. 644/2026 estructuraba una contribución con incidencia sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios y definía el hecho imponible pertinente, sustentando la obligación tributaria en "La prestación de los servicios existentes y a crearse en el futuro, higiene, seguridad, contralor, organización, coordinación de transporte, asistencia social, promoción de la comunidad, salud pública y todos aquellos que faciliten o promuevan el ejercicio y el progreso dentro del Municipio, de las actividades comerciales, industriales, agropecuarias, profesionales, artesanales, de servicio y en general, cualquier otro negocio con o sin local y/o depósito habilitado.", generando a favor del municipio el derecho de percibir el tributo legislado en el título respectivo.Que, como se podía advertir, la existencia de un local resultaba indiferente a los fines de la tributación exigida por la norma, que sólo requería del contribuyente el efectivo d espliegue de las actividades lucrativas señaladas por la disposición de referencia, por una parte; y del organismo recaudador, la organización de servicios destinados a la promoción o facilitación de aquéllas, por la otra. Que, en tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia tenía decidido, luego de justificar, con sobradas razones, la autonomía municipal para establecer tributos (impuestos, tasas o contribuciones) en el ámbito de su jurisdicción, y su armonización con el régimen impositivo provincial y federal, tomando particularmente en cuenta lo dispuesto por la Ley de Coparticipación Federal nro. 23.548, y el Convenio Multilateral, al que adhirió la Provincia de Córdoba mediante ley nro. 6119, que: ".los municipios no pueden ejercer una potestad tributaria sobre hechos imponibles que no tengan una vinculación o asiento territorial en el ámbito jurisdiccional del respectivo municipio. El principio de territorialidad queda suficientemente satisfecho con el ámbito espacial de actuación del contribuyente (v.gr.: desarrollar una actividad en el ámbito del ejido municipal, con o sin local o depósito habilitado). El sustento territorial del tributo no debe confundirse con el ámbito espacial de aplicación del gravamen, el cual se extiende exclusivamente al ámbito del territorio sobre el cual tiene imperium el poder tributario que lo establece. El sustento territorial del tributo se refiere, en cambio, al momento de vinculación del hecho imponible con el sujeto pasivo de la obligación tributaria que, por ley, puede hacerse con criterio territorial, personal o político. En el caso de la contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios, el sustento territorial está dado por la prestación de un servicio municipal respecto a una actividad gravada, desarrollada en el ámbito municipal.Al tomarse como base imponible los ingresos brutos totales, en tanto los mismos sean el resultado de una actividad gravada, desarrollada por un sujeto que actúa en la jurisdicción municipal, y respecto de la cual los servicios municipales prestados han facilitado o promovido su ejercicio, el tributo se aplica a la totalidad de los ingresos brutos, aún en la parte de éstos que provengan de una jurisdicción distinta del municipio, pero que es producto o resultado de la actividad gravada desarrollada en el municipio." (caso "Banca Nazionale del Lavoro SA" ya citado). Se adicionó que tampoco el art. 173 del Código Tributario actualmente vigente exigía, para la configuración del hecho imponible y para generar a favor del municipio el derecho a percibir el tributo, la existencia de un inmueble o local en el ámbito del municipio ("El ejercicio de cualquier tipo de actividad comercial, industrial, de servicios . y todo hecho o acción destinada a promoverla, incentivarla, difundirla o exhibirla de algún modo, está sujeta al pago del tributo establecido por este Título., en virtud de los servicios de higiene, contralor, seguridad, asistencia social, organización, coordinación del transporte, y cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población. Estarán gravadas las actividades desarrolladas en sitios pertenecientes a jurisdicción Federal o Provincial enclavados dentro del ejido municipal, con acceso al público"). Que, como se podía advertir, la existencia de un local resultaba indiferente a los fines de la tributación exigida por la norma, que sólo requería del contribuyente el efectivo despliegue de las actividades lucrativas señaladas por la disposición de referencia, por una parte; y del organismo recaudador, la organización de servicios destinados a la promoción o facilitación de aquéllas, por la otra.Que, en tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia tenía decidido, luego de justificar, con sobradas razones, la autonomía municipal para establecer tributos (impuestos, tasas o contribuciones) en el ámbito de su jurisdicción, y su armonización con el régimen impositivo provincial y federal, tomando particularmente en cuenta lo dispuesto por la Ley de Coparticipación Federal nro. 23.548, y el Convenio Multilateral, al que adhirió la Provincia de Córdoba mediante ley nro. 6119, que: ".los municipios no pueden ejercer una potestad tributaria sobre hechos imponibles que no tengan una vinculación o asiento territorial en el ámbito jurisdiccional del respectivo municipio. El principio de territorialidad queda suficientemente satisfecho con el ámbito espacial de actuación del contribuyente (v.gr.: desarrollar una actividad en el ámbito del ejido municipal, con o sin local o depósito habilitado). El sustento territorial del tributo no debe confundirse con el ámbito espacial de aplicación del gravamen, el cual se extiende exclusivamente al ámbito del territorio sobre el cual tiene imperium el poder tributario que lo establece. El sustento territorial del tributo se refiere, en cambio, al momento de vinculación del hecho imponible con el sujeto pasivo de la obligación tributaria que, por ley, puede hacerse con criterio territorial, personal o político. En el caso de la contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios, el sustento territorial está dado por la prestación de un servicio municipal respecto a una actividad gravada, desarrollada en el ámbito municipal.Al tomarse como base imponible los ingresos brutos totales, en tanto los mismos sean el resultado de una actividad gravada, desarrollada por un sujeto que actúa en la jurisdicción municipal, y respecto de la cual los servicios municipales prestados han facilitado o promovido su ejercicio, el tributo se aplica a la totalidad de los ingresos brutos, aún en la parte de éstos que provengan de una jurisdicción distinta del municipio, pero que es producto o resultado de la actividad gravada desarrollada en el municipio." (caso "Banca Nazionale del Lavoro SA" ya citado). Que lo dirimente y trascendente entonces en los dispositivos legales, como hecho imponible generador de la obligación tributaria en la contribución que nos ocupa, se estructuraba por el ejercicio dentro del ejido municipal de la actividad de que se trate (sea comercial, industrial, etc.), como beneficiaria de los servicios prestados por el municipio, no así la existencia de un local o inmueble situado en dicho ámbito, a través del cual se ejercite dicha actividad. Que confundía así la parte actora - como aquí también acontece - los aspectos de sustento territorial (que es el ejercicio de la actividad gravada dentro del ámbito municipal), con el concepto de sustento inmobiliario (que no resulta ser una exigencia legal para la configuración del hecho imponible).

Se puso además de relieve en los aludidos antecedentes judiciales, que de los términos del citado Convenio Multilateral también se infería la innecesariedad de la radicación de un establecimiento o local, a efectos de considerar incluidas las actividades del contribuyente en sus disposiciones legales. Que dicho convenio, que procuró evitar la superposición impositiva y coordinar el ejercicio concurrente de los distintos poderes tributarios locales, resultaba de indudable aplicación, en tanto su presupuesto fáctico estaba constituido por una actividad que se desarrollaba en varias jurisdicciones fiscales.Que, en tal aspecto, se tenía dicho que "los municipios no son partes contratantes directas del Convenio Multilateral, no obstante lo cual están obligadas por sus disposiciones, dado que éste, al ser ratificado por ley de la provincia, pasa a ser parte integrante del orden jurídico provincial que, como tal, les resulta plenamente aplicable en lo que sea pertinente" (Bulit Goñi, Enrique, "Convenio Multilateral", Depalma 1992, pag. 9). Que, a su vez, el art. 150 del Código Tributario Provincial disponía que cuando la actividad gravada se ejerciera por un mismo contribuyente en dos o más jurisdicciones, serían de aplicación las normas contenidas en el Convenio Multilateral vigente, el que tendría en caso de concurrencia, preeminencia. Que el art. 1ero. del primero de los cuerpos normativos citados, definía su ámbito de aplicación y determinaba, en su último apartado, en concordancia con lo dispuesto por los incs. a) y b) in fine del art. 2do, que cuando se habían realizado gastos vinculados con las actividades que realizaba el sujeto obligado en más de una jurisdicción (gastos estructurados, a tenor del art. 3 del Convenio, y entre otros rubros, por sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, etc.), tales actividades estaban comprendidas en las disposiciones del convenio cualquiera fuera el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso (correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, fax etc.), debiendo atribuirse el ingreso originado por dicha operación a la jurisdicción correspondiente al adquirente de los bienes, obras o servicios de que se trate. Señala Bulit Goñi que el último párrafo del art. 1ero. del Convenio Multilateral determina que la realización de gastos en la jurisdicción del comprador, vinculados con la actividad del contribuyente, y en supuestos de las denominadas "operaciones entre ausentes", es decir, llevadas a cabo por un medio de comunicación a distancia, hacía presumir jure et de jure que mediaba actividad efectiva en aquélla y por tanto sustento territorial suficiente a los fines del gravamen.La pretensión tributaria sostenida por el organismo que correspondiera al domicilio del adquirente, tendrá entonces, a la luz de la normativa citada, adecuado justificativo legal. (Bulit Goñi Enrique, "Convenio Multilateral", Depalma 1992, pág. 42). Que, a modo de conclusión, valía decir que el asentamiento físico dentro del ejido urbano resultaba un dato intrascendente a los fines del tributo, el que sólo requería para su configuración el ejercicio efectivo de la actividad gravada. Que, más aún, el art. 35 del citado Convenio "atribuía base imponible a los municipios en que se ejerza a ctividad, aunque no se tenga en él local habilitado" (Bulit Goñi, ob. cit. pag. 168), permitiendo a las Municipalidades gravar las actividades ejercidas en su ámbito jurisdiccional, "en concepto de impuestos, tasas.o cualquier otro tributo". Ello conformaba, así, el marco jurídico adecuado para la imposición del tributo en cuestión que respeta, en un todo de acuerdo con lo expresado al principiar el examen de la causa, el denominado "principio de legalidad". Bien señaló en su momento, y de manera consonante, la Cámara colega de nuestra ciudad (in re: "New Holland Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. nro. 6 del 26.2.02; "CTI Norte Cía. de Teléfonos del Interior S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.", Sent. nro. 38, del 9.8.04), que obviamente devendría inaplicable lo dispuesto por el primer párrafo de la norma, si en cualquier supuesto se exigiera la existencia de un ám­bito físico en la jurisdicción municipal, para poder gravar los ingresos brutos del contribuyente. Que se desprendía de la norma la facultad acordada a los municipios de gravar la misma actividad, sólo que precisando límites a la base imponible.Se añadió también, al respecto, que la "Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18.8.77", con fecha 26 de noviembre de 1998, y ante la presentación formulada ante la misma por la empresa "Laboratorios Bagó S.A.", había resuelto no hacer lugar al recurso interpuesto por esta empresa contra la determinación impositiva efectuada por la Municipalidad de Río Cuarto, con relación a la Contribución sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicio, dictaminando concretamente en tal sentido "que el art. 173 del Código Tributario Municipal no exige el requisito del local habilitado para que se generara el hecho imponible, otorgando legitimidad al Fisco Municipal para gravar a la misma" (empresa Bagó), la cual, como laboratorio de productos medicinales, no tenía en la ciudad de Río Cuarto establecimiento o local habilitado, pero sí agentes de propaganda médica y visitadores médicos que visitaban el municipio, disponiendo sí que era tema privativo de la potestad tributaria local lo relativo a la categorización efectuada por el Fisco a los efectos de la aplicación de la alícuota (relativa a comercio o a industria); resolución que fue confirmada por la "Comisión Plenaria del Convenio Multilateral" con fecha 11 de mayo de 1999" ante la apelación interpuesta por la firma (ver página web de la Comisión Arbitral -www.ca.gov.ar, y constancias de fs. 408/409). Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la "Comisión Federal de Impuestos - Ley 23.548" en el caso "Microsules y Bernabó S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto", había resuelto desestimar con fecha 7 de julio de 1999 el planteo realizado por tal firma sobre la oposición de la contribución que aquí nos ocupa, con las disposiciones de la ley 23.548 (de Coparticipación Federal), y la consecuente violación de lo dispuesto por el art. 9 inc.b de la ley citada por la presunta analogía con el Impuesto al Valor Agregado; y al incumplimiento del municipio de las prescripciones del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993, al que adhiriera la Provincia de Córdoba por Decreto Provincial nro. 1012/96, ello por constituir aquélla una tasa retributiva de servicios efectivamente prestados y, por ello exceptuada de lo dispuesto en materia de analogía de gravámenes" por el mencionado régimen. Resolución que fue confirmada por la Comisión Plenaria de la C.F.I., con fecha 3 de marzo del 2000 Que en términos similares se había expedido la misma, con fecha 29 de octubre de 1999 en el caso "Finadiet SACIFI c/ Municipalidad de Río Cuarto", como así también, con igual fecha, en el caso "Hoechst Marion Rossel c/ Municipalidad de Río Cuarto" (ver página web de la Comisión Federal de Impuestos: www.comfedim.gov.ar, y documental aquí agregada a fs.410/417). Me remito, en homenaje a la brevedad, al contenido de tales pronunciamientos, los que doy aquí íntegramente por reproducidos. Dable es señalar que si bien tales precedentes ofrecidos como prueba, en rigor le resultan inoponibles a la actora, ostentan un innegable valor para la interpretación normativa que nos ocupa, en tanto emanan de organismos que entre otras funciones resuelven, aún de oficio, si existe superposición con gravámenes nacionales.

Se finalizó expresando que el criterio del Excmo. Tribunal Superior de Justicia vertido en los anotados casos "Banca Nazionale del Lavoro" y "Frigorífico Tinnacher", terminó de ratificarse y consolidarse en la causa "Fleischmann Argentina c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Recurso Directo" (Sala C.A., Sent. Nro. 8 del 20.2.01, publicada en Semanario Jurídico nro. 1332 del 15.3.01). En correspondencia con lo volcado, expresó allí dicho tribunal, con referencia a lo estatuido por el art. 167 del C.T.M. de la ciudad de Córdoba, de redacción similar al art.173 del C.T.M, vigente en esta ciudad de Río Cuarto, que: ".luce injustificada la argumentación sentencial tendiente a establecer una condición para la imposición municipal que no surge del texto legal, tal como es la existencia de local o establecimiento comercial sito en el ejido municipal. La conclusión propiciada es ratificada por lo dispuesto por el art. 35 del Convenio Multilateral.El último párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral al prever una solución normativa para aquellos casos en los que la obligación tributaria se condicione a la existencia de un local, establecimiento u oficina donde se desarrolle actividad gravada, de manera implícita pero indiscutible, admite como posible que los Municipios graven determinadas actividades lucrativas que se cumplen en el ámbito territorial del Municipio, aunque los sujetos que desarrollan esa actividad no posean local comercial sito en el ejido de la ciudad. En el sub-lite, resulta incontrovertido que la actora realizó actividad comercial en el Municipio., razón por la cual, cabe concluir que las actividades de la actora son susceptibles de ser encuadradas en las disposiciones del primer párrafo del art. 167 del C.T.M., quedando en consecuencia sujetas al pago del tributo establecido, en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población.La efectiva realización de actividades comerciales por parte de la actora en el ejido municipal, está acreditada en autos a través de dos antecedentes ligados y reconocidos por las partes: la percepción provincial de ingresos brutos y las tareas desempeñadas por los vendedores empleados de la Empresa demandante en el ejido comunal., es una verdad indiscutible que toda actividad humana se produce en un sitio, en un espacio, en un lugar.En el subexamine la actividad comercial se ha cumplido en el ámbito comunal, razón por la cual, se manifiesta en forma evidente la existencia de sustento territorial necesario y suficiente para justificar la imposición tributaria recurrida.Los municipios no pueden ejercer una potestad tributaria sobre hechos imponibles que no tengan una vinculación o asiento territorial en el ámbito jurisdiccional del respectivo Municipio. El principio de territorialidad queda suficientemente satisfecho con el ámbito espacial de actuación del contribuyente (vbgr. desarrollar una actividad en el ámbito del ejido municipal, con o sin local o depósito habilitado). en tanto la base imponible deberá conformarse ajustándose a las pautas del Convenio Multilateral, que la distribuye en proporción a los ingresos y gastos de cada jurisdicción. Señaló a su vez dicho alto tribunal, en otro orden de cosas, que: "A los fines de definir la tasa como una especie individualizada de los posibles tributos, la prestación de los servicios no debe ser necesariamente efectiva, sino que se admite la posibilidad de que sea potencial. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en autos se ha omitido acompañar pruebas concretas que desvirtúen la afirmación de la Municipalidad respecto a que la actora realizó de manera efectiva actividades comerciales en el ámbito municipal, y que, en consecuencia, gozó de los servicios comunales que toda función de tal naturaleza, no sólo potencializa sino que actualiza, con independencia de la existencia o no de un local o un depósito habilitado. Si la actora quería sustentar la tesitura opuesta, debió aportar elementos de juicio que desvirtuasen la presunción que, fundada en mandatos legales y en la naturaleza funcional del ente municipal, aportaba indicios contundentes acerca de la efectiva prestación de los servicios.Aún cuando las partes pudieran discutir acerca de si en el caso era o no menester probar la efectiva prestación de los servicios municipales, y quien tenía la carga procesal de esa actividad probatoria, esa cuestión de hecho no enervaría por sí misma la pretensión tributaria de la accionada, por cuanto la Constitución Provincial, ha habilitado con jerarquía constitucional la percepción por parte de los "Municipios" de "impuestos" (art. 188 inc.1ero.), por lo que la definición legal de un mismo hecho imponible - tal como acontece con la descripción contenida en el art. 167 del C.T.M. aplicable al sub lite -, operará como "tasa" o como "impuesto", según la modalidad de prestación de la actividad sobre la cual recaiga el tributo, y en ambos casos lo será "en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población".Surge de modo claro que el hecho imponible descrito en el art. 167 del C.T.M., en tanto se configure respecto de un sujeto que ejerce una actividad comercial, sin tener local o establecimiento comercial o industrial en el ámbito del Municipio, pero que sin embargo desarrolla la actividad productora de ingresos en el ámbito municipal, es análogo al impuesto provincial a los ingresos brutos, y por tanto, excluido de la doble y múltiple imposición que la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos restringe.Esa analogía está dada por la simetría que media entre el hecho imponible y la base de cuantificación que en el particular caso de la contribución municipal están representados por el ejercicio de actividad comercial en el ámbito municipal, integrada con una actividad estatal de índole municipal, y la base imponible representada por el volumen de esa actividad comercial, todo lo cual viabiliza para los Municipios la posibilidad de aplicar las directrices contenidas en el Convenio Multilateral, que los autoriza a gravar las actividades comerciales, industriales o de servicios ejercidas en el ejido municipal, limitando la base imponible a la parte de los ingresos brutos atribuibles al fisco provincial, aplicando para ello la normativa del Convenio. Por consiguiente, la materia de debate referida a la prestación efectiva de los servicios municipales, deviene en una cuestión que carece de virtualidad jurídica para enervar en el caso concreto la obligación tributaria. Ya concluyendo en su análisis, expresó el máximo tribunal provincial que: ". la doble o múltiple imposición adquiere singular gravedad en los Estados Federales, por los problemas que surgen al ejercerse el poder tributario por parte de la Nación, las Provincias y las Municipalidades. Sin embargo, no cualquier concurrencia de gravámenes configura doble o múltiple imposición, sino aquella en que las mismas personas o bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto, en el mismo período de tiempo, por dos o más sujetos con poder tributario.En el subexamine no se advierte que la materia imponible de la contribución que pretende cobrar la Municipalidad sea la misma que la de los impuestos nacionales internos, al valor agregado y a las ganancias, tal como parece entenderlo la firma accionante sin fundamentar tal aseveración".

X) Se desprende entonces de lo expuesto, y contrariamente a lo pretendido, la innecesariedad de contarse por el contribuyente, para la configuración a su respecto del hecho imponible de la contribución, con un local o lugar físico en donde pueda verificarse una concreta, efectiva e individualizada prestación de los servicios que la misma dice retribuir, desde que no hay norma legal alguna que supedite la configuración del hecho imponible, ni la legitimidad del gravamen, al desarrollo de actividad lucrativa en un inmueble o con el auxilio de un local para depósito de mercaderías.

Y es del caso - repitiendo lo expresado por este tribunal en el caso "Colgate" y sólo por este vocal en el caso "Gillette" y "Abbott" - que si leemos atenta y detenidamente el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente arriba citado, no puede reputarse - según se anticipó - que se erija en el presente como un obstáculo para desestimar la pretensión substancial incoada (el cual, por otra parte, aunque sea de perogrullo decirlo, se dictó para un caso concreto y con las limitaciones que en su caso imponía el mismo).

En el dictamen de la Procuradora, cuyos fundamentos compartió la CSJN, se señaló: ".El art. 167 del Código Tributario Municipal (vigente durante los períodos fiscales de que trata la presente, cfr. fs. 157, al que se referirán las citas siguientes) tipificaba el hecho imponible de la CCIES de la siguiente manera:"El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, u otra a título oneroso, y todo hecho o acción destinada a promoverla, difundirla, incentivarla o exhibirla de algún modo; está sujeto al pago del tributo establecido en el presente Título, conforme a las alícuotas, adicionales, importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza Tributaria Anual, en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población". Respecto de este precepto, el a quo afirmó que la definición legal del hecho imponible allí contenido opera como tasa o como impuesto según la modalidad de prestación de la actividad sobre la que recaiga el tributo y, en ambos casos, lo es en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población. Disiento con esa conclusión. V.E. ha sido categórica al definir la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50, 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251,entre otros). Con la guía certera de esta consolidada jurisprudencia, resulta prístino que la diferencia entre tasa e impuesto queda indubitablemente determinada por la existencia o no -en sus respectivos presupuestos de hecho- del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado.Por ende, los diferentes modos bajo los cuales los contribuyentes desempeñen sus actividades no causan mutación en la naturaleza jurídica del tributo, establecida por el legislador en ejercicio de sus facultades constitucionales propias y exclusivas (arg. arts. 41, 51, 17, 52 , 75 -incs. 11 y 21-, 99 -inc. 31- y 121 de la Carta Magna). Cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a poco que se advierta que el art. 9, inc. b) , de la citada ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos. Marcada la clara diferencia entre impuestos y tasas, es evidente, en mi opinión, que la CCIES tipificada en el art. 167 del Código Tributario Municipal, trascripto supra, no encuadra dentro de los primeros. Pienso que ello es así puesto que el legislador local diseñó el presupuesto de hecho adoptado para hacer nacer la obligación de pago de la CCIES tomando en cuenta la prestación a los particulares de ciertos servicios comprendidos en una serie de actividades estatales que allí enumera, de forma no taxativa (contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población). En este punto es prudente recordar que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos:200:176; 304:1820; 307:928;314:1849, entre otros). La mención de las actividades gravadas, seguida de los términos "en virtud de los servicios municipales" que allí enumera, no puede ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que la intención fue retribuir estos servicios mediante la CCIES, exhibiendo así la vinculación directa entre hecho imponible -desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado- y una obligación tributaria extraña a la especie impositiva. A mayor abundamiento, vale la pena destacarlo, a diferencia de lo expresado por el Superior Tribunal, el Fisco pretensor reiteradamente calificó al tributo en cuestión como "tasa" (confr. resolución determinativa, fs. 314/317 vta. de los antecedentes administrativos, en especial fs. 315 vta.; y resolución 1521/01, a fs. 336/340 vta. del mismo cuerpo, en especial fs. 337 vta.). Sobre tales pautas, resulta indubitable que la CCIES, al reclamarse en virtud de los servicios municipales referidos en su presupuesto de hecho, no puede ser clasificada como impuesto ya que se trata de una tasa. Puesta en claro así su naturaleza de tasa, corresponde analizar si su pago podía ser exigido válidamente por el Municipio a la actora, a la luz de lo ventilado en el sub lite. Se encuentra fuera de debate que la accionante contaba con un agente de propaganda médica que se desempeñaba en relación de dependencia, cuyo domicilio particular estaba ubicado en la ciudad de Córdoba (cfr. fs. 1, 270 y 315 de los antecedentes administrativos). La recurrente vendió sus productos en esa ciudad, para lo cual había encargado la distribución a una tercera empresa (fs. 270 de los antecedentes administrativos), pero carecía de local, depósito o establecimiento de cualquier tipo en el territorio del municipio (fs. 270 y 315 de los antecedentes administrativos). En estas condiciones, la demandada fundó su pretensión tributaria de la siguiente manera:"Que el tributo de marras se refiere a una serie de servicios que no deben considerarse en forma aislada sino conjuntamente, y cuyo objetivo es que las actividades lucrativas ejecutadas en su ejido, lo sean en forma ordenada, pacífica, segura y con mutuo respeto de los derechos de cada uno. Esto se hace, ya sea controlando el buen estado de los edificios; coordinando el transporte; ordenando el tránsito y regulando el estacionamiento; denominando, numerando y asignando sentido a las calles y, en general, organizando las reglas básicas para la promoci ón, ejercicio y progreso de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollan en la ciudad, entre ellas, las cumplidas por el impugnante" (cfr. Resolución de la Dirección General de Recursos Tributarios Nro. 1229, del 25 de julio de 2001, fs. 314/317 de los antecedentes administrativos). Esta postura municipal se evidencia contraria a todas luces a un requisito fundamental respecto de las tasas, reiteradamente exigido por una extensa y constante jurisprudencia del Tribunal, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos:234:663; 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792 y M.1893, L.XLII, "Mexicana de Aviación S.A. de CV c/Estado Nacional" , sentencia del 26 de agosto de 2008, entre otros). Aplicada dicha doctrina a las constancias de autos, queda en evidencia que la pretensión fiscal de la demandada carece de todo ajuste a los principios y reglas desarrollados en el párrafo anterior, los cuales encuentran sustento en el art. 17 de la Constitución Nacional. Por este motivo, es ilegítimo el cobro de la gabela aquí tratada (Fallos: 312:1575 y sus citas). Por último, no es ocioso recordar que si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos:25:364). De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51, 160 y 307:1094, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores -inclusive, los Superiores Tribunales locales- que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional. Más aun en supuestos como el presente, en el cual la extensa e inveterada jurisprudencia de V.E. sobre los requisitos para el cobro de las tasas ha sido expresamente invocada por el apelante desde el inicio mismo de las actuaciones administrativas (cfr. fs. 300 vta. de los antecedentes administrativos). Atento a la forma como se dictamina, el tratamiento de los restantes agravios deviene, en mi parecer, inoficioso. En virtud de lo dicho, considero que corresponde admitir la queja, declarar formalmente procedente el recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda (art. 16 , ley 48)".

Pues bien, expuestos tales argumentos, debe considerarse para la justificación de lo anteriormente afirmado:a) Que dicho alto tribunal en ningún momento en su pronunciamiento (siguiendo el dictamen de la Procuración General de la Nación), concretamente exigió como requisito necesario, determinante o excluyente para el cobro de la tasa la existencia de un local en el ejido municipal - como aquí se pretende -, sino de un "bien o acto" individualizado del contribuyente que se beneficie concreta, efectiva e individualizadamente con los servicios enunciados por la norma tributaria ("acto" que bien puede tenerse por tal la actividad comercial desarrollada en el ejido municipal, con obtención de ingresos y realización de gastos en ese sentido). Y ello tiene su explicación si se repara en que la Procuraduría había expresado con anterioridad que la diferenciación entre las tasas y los impuestos estaba dada por la existencia o no del desarrollo de una actividad estatal que ataña al obligado, organizando el servicio y poniéndolo a disposición del particular, quien no podía rehusar su pago aun cuando no hiciera uso del mismo o no tuviera interés en él, ya que el servicio tenía en miras el interés general, con lo que si ello debía verificarse inexcusablemente a partir de la existencia de un local, así lo hubiera dicho. También señaló - en vista a que el art. 9 inc. b) de la ley 23.548 excluía a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos - que el hecho imponible de la norma tributaria municipal (tipificada en el art. 167 del Código Tributario Municipal de la ciudad de Córdoba), no encuadraba en la categoría impuestos tomando en cuenta la prestación de los servicios que la norma enumeraba de forma no taxativa.Con lo cual - y también vale para esto lo que se diga en el acápite siguiente - no puede asimismo afirmarse, de manera concluyente, que la Corte en rigor haya exigido que las tasas se estructuren sólo con una prestación de servicios "uti singuli", esto es, divisibles en unidades de prestación (locuciones éstas que, dicho sea de paso, no fueron expresa o puntualmente utilizadas) , aunque sí una efectiva prestación de servicios (situación ésta que no surge que se hubiera constatado en ambos casos citados).

b) Que tampoco declaró la inconstitucionalidad de dicha norma tributaria municipal, sino que estableció como ilegítimo "el cobro" del tributo, aunque sin explicitar concretamente por qué la postura municipal relativa al tributo puntualmente en orden los servicios al que el mismo aludía, receptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de Cba., no se correspondía con la doctrina de la Corte (en una interpretación conceptual de las tasas, respecto al requisito que debían cumplir las mismas en orden a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado -bien o acto- del contribuyente); más aún cuando en rigor no puso objeciones al hecho imponible previsto por la norma tributaria, ni esgrimió la inexistencia de local, de actividad comercial o la ausencia de prestación efectiva de los servicios que la misma preveía. Lo cual se refuerza si se repara en lo que en el acápite anterior se destacó, en punto a la diferenciación entre las tasas y los impuestos estructurada por la existencia de servicios prestados por el Estado, y así también cuando señaló que la norma tributaria municipal exhibía una vinculación directa entre el hecho imponible - desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado - y una obligación tributaria extraña a la especie impositiva.Tan es así lo expresado que, pese a lo postulado por dicha procuraduría de acogimiento de la demanda iniciada por el laboratorio accionante (en función de su dictamen de ilegitimidad del cobro de la gabela), la Corte dispuso distintamente -sin dar razones- la devolución de las actuaciones al tribunal de origen "a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido en la presente" (así también lo dispuso en la causa "Ivax"), quizá virtualmente dejando a salvo las singularidades que el caso (y cada caso en particular) pudiera llegar a presentar.

XI) Cayendo entonces el fundamento substancial planteado y esgrimido por la actora relativo a la necesidad de la existencia de local en el ejido municipal para que de tal modo resultara individualizable la contraprestación de los servicios enunciados por la norma tributaria (esto es, que tendrían virtualidad con la existencia de aquél), y no controvirtiéndose en rigor la prestación de tales servicios (sino el carácter de los mismos y la falta de incumbencia o vinculación con Paladini), ni la realización de su parte de una actividad comercial dentro de la jurisdicción municipal, como beneficiaria de aquéllos, queda sin sustento la base argumental desenvuelta por la firma accionante, no pudiendo en consecuencia reputarse que no se presenten los presupuestos suficientes como para considerarla en el caso comprendida dentro de los que configuran el hecho imponible de la contribución de que se trata, y para tornarla por tanto sujeto pasible del cobro de ella.Ello así atendiendo al ejercicio por parte de la misma dentro del ámbito municipal - como algo individualizado - de una actividad comercial (aún cuando carezca de un local habilitado), concertando o generando operaciones con clientes o comercios locales y obteniendo ingresos por tal actividad comercial; actividad (o "acto" en los términos de la Corte) que, no obstante que los mentados servicios tienen en mira la satisfacción de intereses de carácter general (puesto que lógicamente se organizan en función del interés público, no del particular), en su desenvolvimiento, desarrollo o ejercicio dentro del ejido municipal es de presumir que se ha visto efectivamente por ellos facilitado o favorecido (ninguna prueba demostrativa de lo contrario se ha allegado), en lo que se vinculen o resulten atinentes (tal el caso de los servicios de contralor, organización, higiene y seguridad que, como condiciones básicas originadas, posibilitan que se lleve a cabo de manera ordenada, pacífica y segura, me remito a lo en su momento expuesto en el punto VI precedente), más allá de su aprovechamiento o no por parte de la empresa, pero que están puestos a su disposición.

XII) No obstante lo anterior, cabe señalar a todo evento y para la cabal desestimación de la pretensión entonces incoada, que la efectiva prestación por parte del ente municipal - sea de manera directa o indirecta - de tales servicios destinados a la promoción y facilitación de actividades comerciales, industriales o de servicios, aludidos por los anotados arts. 104 y 173 del anterior y actual Código Tributario Municipal, ha quedado suficientemente demostrada la documental glosada de fs. 497 a 1117, mas allá que revestiría la condición de ser un hecho público y notorio dicha prestación - directa o indirecta - de servicios de higiene y salud pública, seguridad, coordinación del transporte, contralor, asistencia social, obras públicas, etc. El Excmo.Tribunal Superior de Justicia, en el ya anotado caso "Tinnacher" y con referencia al planteo realizado en el mismo por el recurrente, centrado en poner de relieve el carácter de tasa de la Contribución, con el fin de enervar la pretensión de cobro aduciendo que a su respecto no se habían prestado los servicios municipales, señaló que "tal argumentación no es de recibo a la luz de la doctrina sustentada por este Tribunal, según la cual, la presunción de legalidad que rodea a los tributos establecidos por el poder administrador, contiene implícita la presunción de efectividad en los servicios a que ellos respondieren." , presunción que de ninguna manera resultó enervada o destruida por Colgate quien ninguna prueba allegó al respecto. Cabe remitirse también, en este sentido, a lo dictaminado por dicho tribunal en el citado caso "Fleischmann".

XIII) Por otra parte, y en cuanto a la cuestión relativa al desarrollo dentro del ámbito municipal de la ciudad de Río Cuarto de una actividad comercial - como beneficiaria de los antedichos servicios - por parte de la firma accionante (a través de la percepción de ingresos con la realización de gastos para obtenerlos), ha resultado expresamente reconocida en varios pasajes de la demanda. Se señaló de tal suerte en dicho acto procesal y según más arriba se reseñó: ".Que las ventas de sus productos en esta ciudad se llevan a cabo sin que exista ningún asiento ni vinculación territorial, realizando los clientes sus pedidos por diversos medios (teléfono, fax, Internet), sin perjuicio de la actuación de vendedores remunerados con comisión sobre las ventas."; ".Al gravarse con un 50 % más la venta de otro frigorífico productor directo que comercializa sin intermediarios en Río Cuarto, se está otorgando una clara ventaja al productor local en desmedro del extraño en clara violación del art. 11 de la Constitución Nacional. No es lícito afirmar que Frigorífico Paladini S.A.solo "comercializa" en Río Cuarto, mientras que el productor local industrializa en la ciudad, pues ello oculta que este industrial local también hace lo mismo que nuestro mandante. Esto es, "comercializa".

Tal ejercicio de la actividad comercial en la ciudad encuentra por otro lado apoyatura en el contenido de la actas de constatación municipal obrantes a fs. 150, 153 y 201, en su conjunción con el testimonio prestado a esta causa por el Sr. Eduardo Natera a fs. 467, elementos de los que se desprende que esta persona, con domicilio en la ciudad de Río Cuarto, reviste la condición de vendedor exclusivo dependiente de Paladini, levantando pedidos de compras de mercadería formulados por comercios o clientes de la ciudad desde el año 1990, percibiendo además de un sueldo básico, comisiones por las ventas y cobranzas producidas (y pagos adicionales en concepto de viáticos), remitiéndoseles la mercadería desde la ciudad de Córdoba con la facturas correspondiente y cobrándoles - Natera - el importe de las mismas, estando costo del flete por el traslado de dicha mercadería, efectuado por terceros, a cargo de Paladini. Al concertarse las compras en esta ciudad, va de suyo que no empece que la posterior facturación por dichas ventas viniera desde Córdoba. Vale destacar que tales elementos de juicio no fueron objetados por la accionante.

Dable es en esto reiterar y traer a colación lo dispuesto lo dispuesto por el art. 3 del Convenio Multilateral (que define los gastos a los que alude el art. 2 soportados en cada jurisdicción), en cuanto a que se computarían como tales los sueldos, jornales y toda otra remuneración: combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación; alquileres, primas de seguros y en general todo gastos de compra, administración, producción, comercialización, etc.Así también lo oportunamente expuesto en orden a dicho Convenio en cuanto a que la realización de un gasto en la ciudad o en jurisdicción del comprador (como el tener personal bajo relación de dependencia en la ciudad levantando pedidos de compra de mercaderías) importaba la presunción de que había en ella actividad comercial efectiva, y, por tanto, sustento territorial suficiente en pos de atribuir los ingresos provenientes de ella a la jurisdicción del domicilio del adquirente, cualquiera fuera la forma utilizada para concertar la operación. Que el último párrafo del art. 1ero. del mentado cuerpo legal determina que la realización de gastos en la jurisdicción del comprador vinculados con la actividad del contribuyente, y en supuestos de las denominadas "operaciones entre ausentes", es decir, llevadas a cabo por un medio de comunicación a distancia, hacía presumir jure et de jure que mediaba actividad efectiva en aquélla y por tanto sustento territorial suficiente a los fines del gravamen. La pretensión tributaria sostenida por el organismo que correspondiera al domicilio del adquirente, tendría entonces, a la luz de la normativa citada, adecuado justificativo legal. Los agregados al final del art. 1 y al final del inc. b del art. 2, significan que los ingresos derivados de contratos entre ausentes, cualquiera que sea su forma, sólo están alcanzados por el Convenio y pueden también ser gravados por la jurisdicción del comprador, cuando quien los obtiene haya realizado en ésta gastos de cualquier naturaleza, siempre que estén vinculados con actividades jurisdiccionales, y estando alcanzados por el Convenio, a la jurisdicción del comprador se le atribuirá íntegro el porcentaje del 50 % que se distribuye en función de ingresos.Se supone que quien ha efectuado un gasto en la jurisdicción de su cocontratante, es porque se ha desplazado hacia ella de alguna manera, por sí o por terceros ha ido efectivamente a esa otra jurisdicción para captar, asegurar o promover las operaciones que luego se formalizarán entre ausentes, es decir, sin un contrato escrito, y de la distribución de cuyos ingresos se trata (Bulit Goñi, ob. cit., pags. 41 a 44). Resulta pertinente asimismo echar mano a lo dispuesto por el art. 4, en punto a que se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción, cuanto tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle, aún cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Evidentemente que la actividad de Paladini encuadra convenientemente en los incisos a), c) y d) del primer artículo del Convenio, a cuyos contenidos me remito.

A mayor abundamiento, y tomando también lo dicho en los antecedentes judiciales atribuibles a esta Cámara Contencioso Administrativa, con el reconocimiento efectuado por el presidente de Paladini - según constancias de fs. 192 -, de tributar la empresa en la Provincia de Córdoba el Impuesto sobre los Ingresos Brutos conforme al Convenio Multilaterial, queda virtualmente demostrado el ejercicio de una actividad comercial en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Que el Código Tributario provincial caracteriza el hecho imponible respectivo, definiéndolo como "el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice, zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado." (art. 145, ley 6006), alcanzándolo con un impuesto sobre los ingresos brutos en las condiciones determinadas por la propia normativa y por la ley impositiva anual.La pauta que define entonces la configuración del hecho imponible que origina la pretensión sustentada por el ente comunal, se encuentra dada, precisamente, por la realización de una actividad lucrativa determinante de la obligación de abono del impuesto a los ingresos brutos en el ámbito provincial, y partiendo de la base que la ciudad de Río Cuarto se erige en una de las principales urbes dentro del territorio cordobés, no resulta desatinada la petición que el municipio local le formulara a la empresa, requiriéndole la puesta a disposición de una planilla de trabajo con el proceso de determinación mensual de las bases imponibles para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Córdoba, según aplicación de las técnicas del Convenio Multilateral (fs. 154 y 162). Que ello es así, desde que la tributación en favor del Fisco Provincial proporciona bases objetivas lo suficientemente contundentes como para considerar debidamente configurado el hecho imponible descrito por el Código Tributario Municipal, o bien para determinar, en un estadio posterior, la cuantía de la contribución debida sobre bases presuntas conforme lo autorizaban las normas legales en vigencia, frente a la actitud renuente de la firma requerida (conf. arts. 34 y sgtes. Ord. 644/2026; 101 y sgtes. Ord. 48/96). Que, aún así, le cabía en su caso a la actora la posibilidad de acreditar en el litigio la sinrazón de la pretensión de cobro esgrimida por el municipio, siendo que dada la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos en general, - género en el que quedaban a su vez incluidos los que correspondían a las determinaciones tributarias - correspondía a la accionante demostrar que los ingresos brutos que constituían la base imponible dispuesta por la norma local, hallaban exclusivamente su origen en la actividad desenvuelta en otros municipios, no mediando, consecuentemente, despliegue de tarea lucrativa en el ejido de la comuna demandada, que justificara la contribución pretendida.Vale denotar que tal comprobación no se llevó a cabo en estos actuados.

XIV) No quiero dejar de acotar que no encuentra analogía la contribución que nos ocupa con el Impuesto al Valor Agregado nacional, cuya base de medición son las ventas efectuadas. Para ello, y a más de remitirme a lo dictaminado sobre este punto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en el anotado caso "Fleischmann", y a lo ya dicho supra en cuanto a lo resuelto en los casos citados por el Comité Ejecutivo de la "Comisión Federal de Impuestos - Ley 23.548 ", con confirmación por parte de la Comisión Plenaria de dicha C.F.I., cabe señalar que no es posible confundir base imponible con hecho imponible, cuyo sustento territorial está dado por una actividad gravada, desarrollada en el ámbito municipal, y en virtud de los servicios municipales (art. 173 C.T.M.), mientras que aquélla está constituida por el monto total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal por tal actividad, salvo lo dispuesto para casos especiales (art. 177 C.T.M.). Ha resuelto así la Corte que ".no cabe confundir el "hecho imponible" con la base o medida de la imposición, pues el primero determina y da origen a la obligación tributaria, mientras que la segunda no es más que el elemento a tener en cuenta para cuantificar el monto de dicha obligación." (Fallos 286:301 del 13-09-1973 "S.A. Indunor C.I.F.I. y F. v. Provincia del Chaco")".

XV) Por último, y con relación a las facultades del Municipio para establecer y reclamar un tributo que en su hecho y base imponible podría aparecer como similar al aludido Impuesto sobre los Ingresos Brutos existente en la Provincia, se torna apropiado en este tema, para despejarlo, transcribir, en su parte pertinente, lo recientemente dictaminado por esta Cámara en la arriba citada causa "Rofina S.A.I.C.F", lo que sirve de respuesta al mismo. Se dijo así allí, con el voto del vocal José María Ordoñez:".Al respecto, es oportuno destacar en orden a la materia que tratamos, que tal como se ha expedido el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, citando autorizada doctrina, ".ha prevalecido la tesis de que la superposición de gravámenes nacionales y provinciales como consecuencia del ejercicio de las facultades impositivas concurrentes.no importa por sí inconstitucionalidad. La doble imposición puede sí ser inconstitucional cuando por su conducto se viola alguna garantía constitucional, sea la de la equidad y proporcionalidad de los impuestos, sea la de la propiedad cuando se verifique un tratamiento confiscatorio, o sea porque resulte una extralimitación de la competencia territorial del poder que sancionó el gravamen." (cfme. García Belsunce, Horacio, "Estudios Financieros", Abeledo Perrot, Bs. As. 1966, pag. 211 y sgtes.). Del mismo modo, el más alto tribunal ha resuelto: ".Es insuficiente la mera alegación de que la ley impositiva, establece una doble imposición nacional y provincial, toda vez que ésta no es por sí misma inválida." (CSJN; Fallos 249:657; 262:367 y 311:1459); (TSJ, Sala Contencioso administrativo, 20/02/01; Sent. N° 8, in re: "Fleischmann Argentina Incorporated c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción"; Semanario Jurídico T° 84-2001-A, pag. 333 y sgtes.). A mi modo de ver, y si bien existe cierta semejanza, no existe doble imposición por vía de analogía entre el tributo que impone el aludido art. 173 del C.T.M. y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que legisla e impone la Provincia. Doy razones. El art. 145 de la Ley provincial n° 6006 y sus modif. dispone, en lo pertinente, que "El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice,[.] estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos Brutos en las condiciones que se determinan [.]". Por su lado, el art.173 del CTM vigente, señala: "El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios u otra a título oneroso [.] está sujeto al pago del tributo establecido en este Título [.] en virtud de los servicios de higiene, contralor seguridad, asistencia social, organización, coordinación de transporte y cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población." (el destacado me pertenece). A través de ambos preceptos se define el "hecho imponible". Como tantas veces se ha dicho, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, máxime en una materia tan específica y puntillosa como es la tributaria, agrego. También se torna sumamente útil en el caso, definir cuándo o de qué forma se configura una doble o múltiple imposición. Así, se ha expresado por la más autorizada doctrina, que ella concurrirá en supuestos en que ". las mismas personas o bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto, en el mismo período de tiempo, por dos o más sujetos con poder tributario." (Cfme. Giuliani Fonrouge, ob. cit., pág. 378 y sgtes., citado por el TSJ en el mencionado caso "Fleischmann"). En ese orden de ideas, no puede dejar de señalarse que para que se plasme la doble imposición, resulta indispensable que el concepto por el que se imponga la obligación sea análogo. Por ello el destacado. Y cuando se habla de concepto tributario análogo, no cabe la menor duda que se está haciendo referencia al hecho imponible, el que se puede describir como el conjunto de hechos o situaciones descriptas por la ley como presupuesto generador de la obligación tributaria, de lo que se deriva que, configurado en la realidad ese presupuesto fáctico, y acreditada su vinculación con un sujeto determinado, nace a su respecto la relación tributaria con sus consecuencias jurídicas (cfme. Bulit Goñi, Enrique G., "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", 2ª. Ed., Depalma, Bs. As., 1997, pág.56, citado por el TSJ en el caso "Fleischmann"). La diferencia entonces, entre el tributo provincial y el municipal, aunque se pueda llegar a tildar de sutil, no es menor si se repara en que no obstante que en ambas se grava la actividad comercial, industrial o de servicios a título oneroso, en la primera sólo requiere nada más que eso, mientras que en la segunda existe un requisito más sin el cual el sujeto no podrá quedar alcanzado por el tributo. Este requisito o presupuesto fáctico para que llegue a configurarse el mismo hecho imponible, y por ende la doble imposición conforme a todo lo precedentemente desarrollado (recuérdese lo de análogo concepto), está dado por el tan cuestionado como ya aclarado aspecto atinente a "la prestación de servicios". Y más aún, que dicha prestación de servicios no se encuentre -a su vez- retribuida por un tributo especial. El máximo tribunal provincial puso de manifiesto que en el marco del CTM de Río Cuarto, la "Contribución que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios" (art. 104 y ss. Ord. 644/2026), describe como hecho imponible la prestación de los servicios existentes y a crearse en el futuro de higiene, seguridad, contralor, etc., tal como lo expresa también el actual art. 173 del CTM antes trascripto (cfme. TSJ, en el ya citado caso "Banca Nazionale del Lavoro."; primer párrafo del considerando punto 12.1). En otras palabras, en el tributo provincial se grava exclusivamente la actividad que se registre en su jurisdicción, independientemente o más allá de cualquier "servicio" que la Provincia pueda o no prestar. En cambio, en el tributo municipal, a esa actividad debe añadírsele indefectiblemente la prestación de servicios de interés general de la población, pues, en caso contrario, es decir faltando ésta, no podrá generarse la obligación tributaria por no hallarse reunidos los presupuestos de hecho para que se configure el hecho imponible.Se podrá decir que ello -hoy en día- constituye una hipótesis casi absurda, por cuanto prácticamente no existe Municipalidad o Comuna que no brinde esos servicios generales. Pero también es posible reflexionar qué ocurriría si en algún recóndito lugar, no se prestan esos servicios o bien se brindan sólo algunos de ellos. O tal vez, que éstos ya se encuentren gravados por un tributo especial. Podrá configurarse el mismo hecho imponible tal como está previsto en el CTM? Obviamente, la respuesta negativa se impone sin hesitación. Que no se diga que el ejemplo dado, por más burdo que parezca, deja de tener sentido en la materia de que se trata. En consecuencia, y reiterando lo que adelantara al principiar el punto, no se encuentran reunidos los recaudos legales para que exista, en este caso, una múltiple o doble imposición tributaria. Que, de todas maneras, si no se compartiera la distinción que acabo de efectuar en el considerando anterior, y tal como lo ha resuelto el Excmo. Tribunal Superior en el ya citado caso "Fleischmann", tampoco es posible acoger el planteo de la actora de la doble imposición. En efecto, si bien en ese precedente (en un caso que guarda notable similitud con el que aquí se ventila), el Alto Cuerpo admitió la analogía entre los tributos provincial y municipal, se encargó de señalar que el art. 9 de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548, admite la posibilidad que los municipios de provincia apliquen gravámenes locales, en tanto no sean análogos a los impuestos nacionales distribuidos por esa ley, excluyendo a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. Y del mismo modo, se excluye de la coparticipación a los impuestos provinciales sobre la propiedad inmobiliaria, sobre los ingresos brutos, sobre la propiedad, radicación, circulación o transferencia de automotores, de sellos, etc.Se dijo que, en ese marco, surgía que el tributo municipal era análogo al impuesto provincial a los ingresos brutos, y por tanto, quedaba excluido de la doble o múltiple imposición que la ley de Coparticipación restringe (prohíbe). También se destacó en el fallo, que la analogía estaba dada por la simetría en el hecho imponible (único aspecto que no se comparte por todo lo dicho en el punto anterior, y por hallarse en aparente contradicción esta consideración con lo sostenido por el mismo TSJ en "Banca Nazionale del Lavoro", conforme se citara), y la base imponible que representaba el volumen de la actividad comercial, "todo lo cual viabiliza para los municipios la posibilidad de aplica r las directrices contenidas en el Convenio Multilateral, que los autoriza a gravar las actividades comerciales, industriales o de servicios ejercidas en el ejido municipal, limitando la base imponible a la parte de los ingresos brutos atribuibles al fisco provincial, aplicando para ello la normativa del Convenio". Concluyó el máximo tribunal que, por consiguiente, la materia de debate referida a la prestación efectiva de los servicios municipales, deviene en una cuestión que carece de virtualidad jurídica para enervar en el caso concreto la obligación tributaria, teniendo en cuenta la modalidad de la actividad desarrollada por la actora [.]. (cfme. TSJ, in re:"Fleischmann", supra citado; el destacado me pertenece)".

XVI) Va de suyo que todo lo anteriormente expresado sirve de idónea e integral respuesta desestimatoria de la pretensión de ilegalidad e inconstitucionalidad esgrimida por la demandante con relación cobro de la contribución por parte de la Municipalidad de Río Cuarto a Abbott, quedando virtualmente sin sustento tal planteos, como así también los relativos a que la postura municipal transgrede el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, no respeta los principios, garantías ni los límites establecidos por la Constitución Nacional, entre otros, los relativos a la legalidad, igualdad, razonabilidad, y libre circulación de bienes, derecho de propiedad, establecidos y consagrados por el art. 75 incs. 2 12, 13, 18 y 30 y arts. 16 y 17 de la misma. Con lo que ambas resoluciones dictadas e impugnadas, tienen el debido sustento legal, sin violar las mismas, ni el art. 173 del CTM sobre el cual se apoyan, norma jerárquica superior alguna en materia impositiva.

Por todo lo expuesto voto entonces por la negativa a la primer cuestión objeto de tratamiento

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) La relación de causa efectuada por el señor Vocal que me precede en el voto ha sido ampliamente satisfecha (puntos I a VII), por lo que a ella me remito en homenaje a la brevedad. No obstante el enjundioso análisis realizado por el Dr. Taddei, y siguiendo la postura asumida en los casos "Gillette" y "Abbott", arriba reseñados, me permito nuevamente disentir muy respetuosamente con las consideraciones y la conclusión a la que llega mi distinguido colega al tratar el asunto venido a revisión. Para ello no cabe sino reiterar lo expresado en dicho precedente, lo cual paso a transcribir por resultar perfectamente trasladable al presente:"II) Previo a brindar las razones que me mueven en ese sentido, estimo necesario aclarar desde el inicio, que tal como también lo indica el señor Vocal preopinante, este tribunal ya tuvo oportunidad de pronunciarse en numerosos casos en que se ventilaban cuestiones de similar linaje al del presente caso, e inclusive recientemente acompañé con mi voto la posición por él propiciada en la causa que se cita (in re: "Colgate Palmolive Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nº 15 del 12.03.10).

Tengo que señalar también que para así pronunciarme lo hice en el entendimiento de que, en ese caso, había razones que ameritaban un tratamiento particular y que se aportaban fundamentos independientes al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Laboratorios Raffo" e "Ivax", citados. Ello hizo que considerara continuar con el criterio que reiteradamente había expresado este tribunal sobre el tema, sobradamente expuesto en el voto que antecede, y que, habiéndose agregado nuevas argumentaciones, siguiéramos con la tesitura que venía sustentando invariablemente la Sala Contencioso Administrativa de nuestro Excmo. Tribunal Superior de Justicia a la cual también se hace referencia en el primer voto.

Sin embargo, y como ha sucedido en situaciones de cierta complejidad, con doctrina y jurisprudencia contradictoria sobre el tema, cada vez que nos toca decidir, no puede evitarse que en ese cometido, cualquier magistrado - por lo menos en lo que a mí respecta me ocurre - se ponga a revisar o repensar el asunto. Y es así que luego de un más profundo y detenido análisis de la cuestión, no advierto que en la presente causa, los argumentos volcados autoricen a dejar de lado la doctrina sentada por la Corte Federal en esos recientes precedentes, y que, además, y como se dice en el dictamen de la Procuradora Fiscal, ya había sido objeto de tratamiento previo en otros pronunciamientos por parte del máximo Tribunal de la Nación.Trataré de brindar las razones que me llevan a cambiar de postura.

III) Para ello, habré de principiar señalando que el art. 173 del CTM vigente dispone, en lo pertinente, que:

"El ejercicio de cualquier tipo de actividad comercial, industrial, de servicios. y todo hecho o acción destinada a promoverla, incentivarla, difundirla o exhibirla de algún modo, está sujeta al pago del tributo establecido por este Título., en virtud de los servicios de higiene, contralor, seguridad, asistencia social, organización, coordinación del transporte, y cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población."

De la citada normativa podría llegar a interpretarse que no necesariamente el sujeto pasivo de la obligación tributaria en cuestión deba contar con un lugar físico donde desarrollar su actividad comercial, industrial o de servicios, por el que las prestaciones generales brindadas por el municipio generen la obligación de tributar. Esa es, en definitiva, la posición de mi colega y a la que venía adhiriendo este tribunal como se ha puesto de resalto, es decir que no constituye condición para la configuración del hecho imponible, como sustento territorial, que se posea local, establecimiento o depósito en el ejido municipal, toda vez que la norma gravaría el "ejercicio de la actividad" en él desarrollada. Los argumentos para así sostenerlo ya han sido expuesto con total holgura y solvencia por el señor Vocal que me precede en el voto.

Empero ello, en el dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo en el ya citado caso "Laboratorios Raffo" - y reiterado en "Ivax" - que guarda una notable similitud con el que aquí se ventila, acoto, esa situación o presupuesto respecto al concepto de lo que debe verificarse para que se configure el hecho imponible gravado ha sido totalmente desvirtuado.

En efecto, se dijo en el aludido dictamen, luego de referir al debate suscitado en la causa y la norma involucrada en dicho caso, el art.167 del CTM de Córdoba (prácticamente idéntico a su correlativo local que examinamos), que la Corte ".ha sido categórica al definir la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50, 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251, entre otros).", insistiendo con ello seguidamente al señalar que: ".resulta prístino que la diferencia entre tasa e impuesto queda indubitablemente determinada por la existencia o no -en sus respectivos presupuestos de hecho- del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado." (el destacado me pertenece).

Destacó luego que: ".esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a poco que se advierta que el art. 9, inc. b), de la citada ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos.".

A renglón seguido dictaminó la Procuradora Fiscal que: "Marcada la clara diferencia entre impuestos y tasas, es evidente, en mi opinión, que la CCIES tipificada en el art. 167 del Código Tributario Municipal, transcripto supra [de casi idéntico contenido al art. 173 CTM local, agrego], no encuadra dentro de los primeros. Y que ello es así porque:".el legislador local diseñó el presupuesto de hecho adoptado para hacer nacer la obligación del pago de la CCIES tomando en cuenta la prestación a los particulares de ciertos servicios comprendidos en una serie de actividades estatales que allí enumera, de forma no taxativa (contralor, salubridad, higiene y asistencia social y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población".

De inmediato recordó que ".la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 304:1820; 307:928; 314:1849, entre otros)". Y que: "La mención de las actividades gravadas, seguida de los términos "en virtud de los servicios municipales" que allí enumera, no puede ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que la intención fue retribuir estos servicios mediante la CCIES, exhibiendo así la vinculación directa entre hecho imponible -desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado- y una obligación tributaria extraña a la especie impositiva.".

Sobre la base de tales postulados, llegó a la conclusión de que:".resulta indubitable que la CCIES, a l reclamarse en virtud de los servicios municipales referidos en su presupuesto de hecho, no puede ser clasificada como impuesto ya que se trata de una tasa.". Establecida claramente la naturaleza de tasa de la aludida contribución, y analizando las constancias de la causa, en las que - al igual que aquí destaco -la actora contaba con un agente bajo relación de dependencia y de que vendía sus productos en la ciudad a través del mismo, a lo que me remito por lo demás, empero que carecía de local, depósito o establecimiento de cualquier tipo en el territorio del municipio, y de que también - como en el sub lite-, la demandada había fundado su pretensión tributaria en que ".el tributo de marras se refiere a una serie de servicios que no deben considerarse en forma aislada sino conjuntamente, y cuyo objetivo es que las actividades lucrativas ejecutadas en su ejido, lo sean en forma ordenada, pacífica, segura y con mutuo respeto de los derechos de cada uno. Esto se hace, ya sea controlando el buen estado de los edificios; coordinando el transporte; ordenando el tránsito y regulando el estacionamiento; denominando, numerando y asignando sentido a las calles y, en general, organizando las reglas básicas para la promoción, ejercicio y progreso de las actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollan en la ciudad, entre ellas, las cumplidas por el impugnante", según se desprendía de las actuaciones administrativas, tal como sucede en el presente, y consta en autos agrego, sostuvo sin ambages que: "Esta postura municipal se evidencia contraria a todas luces a un requisito fundamental respecto de las tasas, reiteradamente exigido por una extensa y constante jurisprudencia del Tribunal, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792 y M.1893, L.XLII, "Mexicana de Aviación S.A.de CV c/Estado Nacional", sentencia del 26 de agosto de 2008, entre otros).".

Seguidamente, añadió que: "Aplicada dicha doctrina a las constancias de autos, queda en evidencia que la pretensión fiscal de la demandada carece de todo ajuste a los principios y reglas desarrollados en el párrafo anterior, los cuales encuentran sustento en el art. 17 de la Constitución Nacional. Por este motivo, es ilegítimo el cobro de la gabela aquí tratada (Fallos: 312:1575 y sus citas).".

Que así las cosas, y a través del citado fallo, la Corte ha venido a reafirmar, y de manera categórica según se puede apreciar, el criterio esgrimido por la actora y que el máximo Tribunal sentara en el caso "Cía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán" (Fallos: 312:1575, y publicado en IMP. XLVII-B-2273, y La Ley Online: AR/JUR/587/1989), con expresa invocación al caso por la actora también, vale acotar.

En efecto, los argumentos utilizados por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, de los que nos hemos prevalido en nuestros fallos, tal como lo pone de manifiesto el señor Vocal preopinante, quien además procura aportar nuevas razones y sin soslayar el esfuerzo que ello supone, es - como vulgarmente se dice - "más de lo mismo", y ellos no difieren, ni en general ni en particular, al menos en este caso, de aquellos que han sido descalificados por la Corte, como intérprete final de la Constitución Nacional.

Como lo señalara un autor - especialista en la materia -, en comentario al fallo "Laboratorios Raffo", la Corte nacional acaba de reiterar su doctrina tradicional y firme respecto de las tasas, que viene siendo sistemáticamente desatendida por enorme cantidad de municipalidades argentinas, creando un contradictorio tributario extenuante. La Corte no ha dicho nada nuevo, pero lo ha dicho la Corte de nuevo." (conf.BULIT GOÑI, Enrique G., publicado en LA LEY 2009-D, 432 y 582).

En este sentido, se pone blanco sobre negro en un tema que había dado lugar a interpretaciones antagónicas, sosteniendo, una vez más, que la tasa - de eso se trata la contribución municipal que incide sobre el comercio, la industria y empresas de servicios - es una especie del género de los tributos, diferenciada de los impuestos y de las contribuciones especiales vaciando de contenido a la pretensión municipal y a los fallos locales que se apartan de esas definiciones jurídicas.

Ha dejado en claro que la nota distintiva de la tasa es que el presupuesto de procedencia consiste en la prestación efectiva, real, concreta, al sujeto obligado o a sus bienes o cosas o actos, de un servicio público divisible por parte del Estado. Y que su monto debe guardar razonable y discreta proporción con el costo, aunque sea global, del referido servicio prestado. Por tanto, aunque la actora ejerza actividades en el ámbito del municipio pero sin local, importa colegir que no hay servicio prestado y no procede la tasa; y si no hay bien o cosa del sujeto al que prestarlo, en el caso si no hay local, depósito o establecimiento al que se pueda inspeccionar, efectuar el contralor de seguridad, salubridad, higiene, no puede prestarse el servicio y por ende no puede pretenderse la tasa. Sin local no puede haber servicio de inspección, y sin servicio no puede haber tasa, así de simple. Conforme a ello, si el legislador define al tributo como una tasa, debe reunir los recaudos de tal, y si no los cumple no se convierte en un impuesto, sino que es una tasa inválida. Que los servicios generales, indivisibles, como el ordenamiento o la numeración o el direccionamiento de las calles, no dan lugar a tasa sino a otro tributo (conf. aut. y ob.cit.).

En síntesis, ante los contundentes conceptos vertidos por la Corte Federal, no me es posible seguir insistiendo con una postura que se muestra en total discordancia con lo resuelto por quien ostenta la potestad de ser el último intérprete de la Constitución Nacional.

Como lo he manifestado en otros temas estrechamente vinculados con el presente - y con las obvias salvedades que cada caso encierra, claro está -, concretamente respecto del plazo de prescripción y su modo de computarlo en materia tributaria local (conf. Sent. Nº 41 del 11.05.2010 in re: "FISCO DE LA PCIA. DE CORDOBA c/ ANA MARÍA MONGE - DEMANDA EJECUTIVA" - Expte. Nº 2-Letra F-Año 2009 -), este tipo de asuntos podría - y debería - ser resuelto en la esfera política y de gobierno del Estado, concretamente el Congreso de la Nación, para que sea posible su trascendencia al plano estrictamente jurídico, sin que sea menester forzar - innecesaria e inadecuadamente según se ha visto - la manera de interpretar principios específicos innegables del derecho tributario que deben armonizarse con lo que dispone al respecto la Carta Magna.

Ello así porque no desconozco las dificultades de las administraciones municipales para poder costear los servicios que presta a la comunidad y la escasez de recursos ante la "voracidad fiscal" del Estado Nacional y provincial. Una Ley de Coparticipación que contemple esas necesidades se torna cada vez más imprescindible. Empero, ello no la autoriza a la Municipalidad local a actuar al margen de los principios consagrados en la Constitución Nacional.

Con el criterio que sostiene la demandada, y recurriendo al argumento "apagógico" o de reducción al absurdo como una manera de interpretar la ley (conf. PERELMAN, citado por VENICA, Oscar Hugo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.", Ed. Marcos Lerner, Cba., 2001, T. IV, p.36), y con la licencia de acudir a un ejemplo vulgar que se sabrá disculpar por los términos, podría llegarse al extremo de que "todos" los municipios por los que "pase" un agente o viajante de una empresa comercial, industrial o de servicios, le cobren a la misma la "tasa" de que se trata, porque en todos ellos indiscutiblemente - así cabe presumir razonablemente - se habrán de prestar servicios de carácter general en beneficio de la población como los que aquí se aducen. Esa situación no constituye, a mi modo de ver, un dato menor, y no advierto de qué forma esa empresa podría eludir un "costo fiscal" tan importante a soportar en cada uno de los municipios que así lo dispongan en sus legislaciones, aún sin tener local, establecimiento o depósito radicado en esas ciudades.

Que como también lo he dicho en otras oportunidades (in re: "Fisco c/ Monge", antes citado), y se encargó de destacarlo la Procuradora Fiscal en "Laboratorios Raffo", ".no es ocioso recordar que si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 25:364). De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51, 160 y 307:1094, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores -inclusive, los Superiores Tribunales locales- que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional. Más aun en supuestos como el presente, en el cual la extensa e inveterada jurisprudencia de V.E. sobre los requisitos para el cobro de las tasas ha sido expresamente invocada por el apelante desde el inicio mismo de las actuaciones administrativas ." (el destacado me pertenece)."

Por todo ello, y al igual que lo dictaminado en el mentado antecedente, soy de la opinión que la demanda debe prosperar.Me pronuncio por lo tanto por la afirmativa a esta cuestión sometida al Acuerdo.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Vocal Daniel Gaspar Mola dijo:

De manera similar a lo llevado adelante por el distinguido colega que me precede en el voto, pasaré a transcribir lo que fue mi postura en los citados casos "Gillette" y "Abbott", que se condice con la del mismo. A saber:

"1. La referencia a lo actuad o ha sido más que suficientemente reseñada por el Vocal de primer voto, con lo que no cabe más que a su contenido remitir.

2. El asunto que provoca la exteriorización de la opinión individualizada de los integrantes de este tribunal colegiado se motiva en la diversa postura que los preopinantes han expresado en orden a la situación habida a partir del dictado por parte de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación de los sendos pronunciamientos habidos en los autos "Laboratorios Raffo" e "Ivax" (citados en el primer voto y referenciados en el segundo), desde que allí, contrariamente a lo que esta Cámara ha venido resolviendo (incluso en un pronunciamiento posterior a aquellos -"Colgate Palmolive Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto - C.A.P.J.", Sent. Nº 15 del 12.03.10-), se ha efectuado una interpretación de la situación fáctico-jurídica imperante, que difiere de lo determinado por el Máximo Tribunal Federal.

3. A poco que se indague sobre el pensamiento jurídico, habrá de advertirse que éste muestra como una de sus principales características la de ser, por antonomasia, lo suficientemente dinámico como para que, sin desmedro de quien en una determinada posición se encuentre, sea posible -e incluso conveniente- estar siempre dispuesto a revisar las posturas hasta entonces sostenidas, cuando nuevas circunstancias o pensamientos que puedan presentarse o verterse, conduzcan a, cuanto menos, la necesidad de repensar algún criterio en aras de determinar si habrá de conservarse la posición o sí, por el contrario, se impone la necesidad de reformular el criterio.Cuando esa situación se le presenta al hombre de derecho que, además, por las cosas del destino, aparece colocado en la función de juzgar, tal apertura mental se me vislumbra impuesta como de extrema necesidad pues y desde que el asunto aquí no dirime en meras posturas doctrinarias o dogmáticas, sino que, sencillamente y para decirlo sin eufemismos, se trata de determinaciones que afectan patrimonios, conductas, etc., de los sujetos involucrados, sucede que la eventual modificación del pensamiento sobre un tema, lejos de mostrar una fisura en quien así lo determina, evidencia, en todo caso, la aludida apertura mental, indispensable en el judicante.

4. Dicho esto, con lo que dejo aclarado que ningún prurito me afecta, cuando de revisar posiciones antes mantenidas se trata, frente a la fuerza argumental de quien sostiene lo contrario, demostrando la razón de su pensar -máxime si ello proviene, nada menos que, de la CSJN-, el asunto, en mi modo de ver, no admite ambages y debe asumirse tal cual es.

5. Y es ésta la realidad jurídica que surge del trascendental hecho que supone, nada menos, que el pronunciamiento por parte de la Corte sobre tan delicada cuestión, pues sucede que los ingresos de las alicaídas arcas municipales, frente a un Estado Nacional que, como ya se ha hecho ver en el voto precedente, lejos de permitir el normal funcionamiento de las instituciones federales preexistentes (Provincias y Municipios), parece querer abarcarlo todo, colocando en una prácticamente insostenible situación a estos y aquellas. Ello, claro está, para nada justifica que se desarrollen sistemas recaudatorios que no encuentren amparo en el sistema tributario que emerge de nuestro ordenamiento constitucional y del sistema federal de gobierno que tiene adoptado.

6.Dicho lo anterior e ingresando a los que para algunos puedan entenderse escuetos (atributo que en mi pensar y según lo he dicho antes de ahora, lo amerito como virtud, máxime cuando de pronunciamientos judiciales se trata), pero no por ello menos contundentes, resoluciones del cimero Tribunal, con base en el dictamen de la Procuraduría General, surge claro que en la opinión de la Corte y para los casos sometidos a su consideración, según lo indica la Procuraduría, se debe partir de "la guía certera de esta consolidada jurisprudencia, resulta prístino que la diferencia entre tasa e impuesto queda indubitablemente determinada por la existencia o no -en sus respectivos presupuestos de hecho- del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado. Por ende, los diferentes modos bajo los cuales los contribuyentes desempeñen sus actividades no causan mutación en la naturaleza jurídica del tributo, establecida por el legislador en ejercicio de sus facultades constitucionales propias y exclusivas (arg. arts. 41 , 51, 17, 52, 75 -incs. 11 y 21-, 99 -inc. 31- y 121 de la Carta Magna). Cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, a poco que se advierta que el art. 9, inc. b), de la citada ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos. Marcada la clara diferencia entre impuestos y tasas, es evidente, en mi opinión, que la CCIES tipificada en el art. 167 del Código Tributario Municipal, trascripto supra, no encuadra dentro de los primeros" (el destacado me pertenece).

7.No es del caso, pues ya ha sido suficiente -e idóneamente- expresado en la opinión que me precede, insistir en la exigencia de un asiento territorial para que se configure el hecho imponible en beneficio de la municipalidad, baste con decir que, aquí y según se han dado las cosas, tal situación no se ha presentado y, por tanto, no cabe su reconocimiento, desde que no surge acreditada la existencia de una prestación de servicios que involucren a la actora."

Por todo ello y adhiriendo a la opinión del Vocal de segundo voto, estoy en pensar que la demanda debe ser aceptada, prosperando su pretensión, por lo que me expido por la afirmativa a esta cuestión sometida al Acuerdo y así lo dejo votado.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Vocal Horacio Taddei dijo:

Dado lo establecido por correspondientes incs. b) de los arts. 254 y 255 del CTM (arts. 276 y 277 del t.o. Ord. 48/96), en cuanto se extrae de ellos que para resultar obligado al pago del F.O.P. es preciso ser sujeto pasivo de la contribución, y teniendo en cuenta, como circunstancia de trascendencia, el resultado que al respecto arrojó la votación de la cuestión anterior, reputo, ateniéndome y respetando el mismo (arg. art. 382 del C.P.C.C.), que con abstracción del planteo de nulidad procedimental formulado por la demandante y del análisis que en sustancia dicho impuesto pueda merecer en punto a su validez, en definitiva deviene también improcedente su imposición en el caso.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, los señores Vocales José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola dijeron: que compartían las consideraciones vertidas por el vocal preopinante, por lo que votaban del mismo modo.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el señor Vocal Horacio Taddei dijo:

En función del resultado arribado con las votaciones vertidas a la primera cuestión propuesta, y dado el sentido de la formulación acordada a la presente, no corresponde que me expida sobre su contenido (art.382 cit.).

A LA TERCERA CUESTIÓN, los señores Vocales José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola dijeron:

Que se adherían al voto precedente.

A LA CUARTA CUESTIÓN, el señor Vocal Horacio Taddei dijo:

Por la misma razón expuesta en la precedente cuestión, voto de igual manera que en ella.

A LA CUARTA CUESTIÓN, los señores vocales José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola dijeron:

Que se adherían al voto precedente.

A LA QUINTA CUESTIÓN, el señor Vocal Horacio Taddei dijo:

Teniendo en cuenta el resultado que ha arrojado la votación a las cuestiones propuestas, corresponde, a la luz de lo dispuesto por el mentado art. 382 cuarto párrafo del C.P.C.C., que se disponga hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por "Frigorífico Paladini S.A." en contra de la Municipalidad de Río Cuarto y en consecuencia, revocar la Resolución adminis­trativa número 33.928 dictada por la Dirección General de Recursos de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto con fecha diecinueve de octubre de 2005, y la Sentencia número 4 dictada por el Tribunal Administrativo Municipal con fecha dieciséis de mayo de 2006, confirmatoria de la misma, y, como consecuencia de ello, que se condene a la Municipalidad de Río Cuarto a restituir a la actora la suma abonada en cumplimiento de lo dispuesto por el art.9 de la ley 7182, con más los intereses a la tasa establecida por el Tribunal Superior de Justicia en la causa "Hernández c/ Matricería Austral S.A.", esto es, la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 2% mensual, desde la fecha en que fue abonada dicha suma, hasta la de la efectiva devolución, estableciéndose como plazo para el cumplimiento espontáneo de la condena, el de cuatro meses contados a partir de que quede firme la correspondiente planilla, a cuyo fin queda habilitada la actora para presentar la pertinente liquidación del capital, intereses y costas. Teniendo en cuenta que lo decidido por la mayoría, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica un cambio de jurisprudencia, atento lo resuelto reiteradamente en sentido contrario por esta Cámara, como así también la otra Cámara de esta ciudad con competencia en la materia en esta Circunscripción, pronunciamientos de otros tribunales de grado y numerosos fallos del Tribunal Superior de Justicia, propongo que las costas se impongan por el orden causado (arg. art. 130 2da. parte del C.P.C.C.). Como consecuencia de lo dispuesto por el art. 25 de la ley 8.226, corresponderá diferir la regulación de los honorarios de los abogados que han intervenido en la tramitación de este juicio, hasta que ellos la soliciten.

Así voto.

A LA QUINTA CUESTIÓN, los señores vocales José María Ordoñez y Daniel Gaspar Mola dijeron: que se adherían al voto precedente.

Por e l resultado del acuerdo y por mayoría del tribunal;

SE RESUELVE:I) Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por Frigorífico Paladini S:A en contra de la Municipalidad de Río Cuarto y en consecuencia, revocar la Resolución adminis­trativa número 33.928 dictada por la Dirección General de Recursos de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto con fecha diecinueve de octubre de 2005, y la Sentencia número 4 dictada por el Tribunal Administrativo Municipal con fecha dieciséis de mayo de 2006, confirmatoria de la misma.

II) Condenar a la Municipalidad de Río Cuarto a restituir a la actora dentro de los cuatro meses contados a partir de que quede firme la liquidación respectiva, la suma abonada en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9 de la ley 7182, con más los intereses a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. , con más el dos por ciento (2%) mensual, desde la fecha en que fue abonada dicha suma, hasta su efectiva devolución.

III) Disponer que las costas del juicio sean soportadas por las partes por el orden causado; difiriendo la regulación de los honorarios de los abogados intervinientes, hasta que ella sea solicitada.

Protocolícese y agréguese copia a los autos.-






 

D Sanchez de Sepola :

le envie todo el fallo es extenso pero super interesante

D Sanchez de Sepola :

Usted ha formulado una pregunta muy buena realmente

D Sanchez de Sepola :

Años tengo de especialista en derecho tributario y no logro hacerle comprender amis clientes lo que usted me ha consultado

D Sanchez de Sepola :

Esta en linea?

JACUSTOMER-6l7ft3y6- :

bueh, algo pasa con la conexión, gracias XXXXX XXXXX tiempo !

D Sanchez de Sepola :

No por favor!!! un gusto

D Sanchez de Sepola :

un placer atenderlo

D Sanchez de Sepola :

NO OLVIDE VALORAR MI RESPUESTA si le ha sido util

D Sanchez de Sepola :

Ya reporte el error tecnico

D Sanchez de Sepola :

Lamento mucho que le falle el sistema

D Sanchez de Sepola :

era muy interesante esta conversacion!

D Sanchez de Sepola :

Que pena que no le funcione bien, he reportado el fallo tecnico

D Sanchez de Sepola :

pero no se si sera el sitio o su conexion

D Sanchez de Sepola :

No se si puede leer mis respuestas, intentare cambiar amodo tradicional para ver si de esa manera puede usted comunicarse

D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 594
Experiencia: Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
D Sanchez de Sepola y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.


Le aporto otro fallo mas












Federación Patronal
Seguros S.A. c/ Municipalidad de Río Tercero


IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES -
INCONSTITUCIONALIDAD - FALLOS DE LA CORTE SUPREMA - SOLVE ET REPETE - SUSPENSIÓN
DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO - VEROSIMILITUD DEL DERECHO - DERECHO DE
PROPIEDAD - PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA - CONSTITUCIÓN
NACIONAL

Partiendo de la doctrina de la CSJN en la causa "Laboratorios
Raffo" se ordena la suspensión cautelar de los actos administrativos que
determinaron de oficio la "Contribución que incide sobre la actividad comercial,
industrial y de servicios" en la Municipalidad de Río Tercero, atento la
presunción de ilegalidad que ostenta la pretensión de cobro. Asimismo, se
declara la inconstitucionalidad del art. 9 del Código de Procedimiento
Contencioso Administrativo de la Provincia de Córdoba -Lp 7182 y modif.- en
tanto exige como requisito de la demanda el pago previo del tributo
cuestionado.

9-may-2011 | Fallos | Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, del Trabajo y de Familia de Río Tercero

| MJ-JU-M-66094-AR | MJJ66094 | MJJ66094
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

Empresa de Distribución de Electricidad de Salta - Edesa S.A.
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES - DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA - EMPRESA PRESTATARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ELECTRICIDAD
Inconstitucionalidad del art. 118 de la ordenanza municipal tarifaria nº 30/09, ejercicio fiscal 2010, pues al ser de naturaleza impositiva ha excedido las competencias impositivas que la Constitución y las leyes confieren a los municipios.
15-may-2012 | Fallos | Corte de Justicia de la Provincia de Salta | MJ-JU-M-72208-AR | MJJ72208 | MJJ72208












Este es un caso muy parecido al suyo,observe que la tasa municipal es INCONSTITUCIONAL
Empresa de
Distribución de Electricidad de Salta Edesa S.A.



ELECTRICIDAD - SERVICIOS PUBLICOS - IMPUESTOS MUNICIPALES -
CONSTITUCIONALIDAD - DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDENANZA MUNICIPAL -
MUNICIPALIDADES


Tasas municipales en el servicio público de electricidad:
constitucionalidad de la que establece una alícuota del 0,43 % sobre el monto de
los ingresos brutos o facturación en concepto de actividades diversas, e
inconstitucionalidad de una tasa por ocupación de espacios de uso público
equivalente a $ 0,30 por cada usuario, imponiendo a la empresa que actúe como
agente de percepción.

 

 

 

Este es otro caso similar:

 


22-feb-2007 | Fallos | Corte de Justicia de la Provincia de
Salta
| MJ-JU-M-12995-AR | MJJ12995 | MJJ12995

 

Partes: C.C.C. c. Municipalidad de S.M. de Tucumán s/ inconstitucionalidad.
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Sala/Juzgado: ad hoc
Fecha: 15-dic-1998

 

Sumario:
1. - La denominada  cláusula del comercio, contenida en el art. 75, inc. 13 de la Consti tu ción Nacional, alcanza en su evolución a la televisión por cable, satelital y diversas formas que la tecnología moderna y de avanzada va asumiendo en el mundo entero, configurando una verdadera red que con sus noticias, información y entretenimientos llega a todos los lugares, por lo cual, resulta irrazonable tomar medidas impositivas municipales que puedan restringirla, cuando el gobierno nacional, mediante el dictado de las leyes nacionales 19.798 y 22.435, ya ha legislado sobre la materia, disponiendo todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de la radiodifusión en el país entero.

2. - La exclusividad que tiene el Estado Federal sobre el aspecto tributario del sistema de radiodifusión y televisión, responde al esquema de la cláusula comercial, por lo cual, resultan totalmente inaplicables disposiciones que sobre el particular pudieran haber establecido las provincias y municipalidades en esta materia delegada al gobierno federal.

3. - El sistema tributario municipal creado para gravar la televisión por cable es inconstitucional, pues esta materia se encuentra protegida por la denominada cláusula comercial, de modo que ni las provincias ni las municipalidades pueden imponer tributos sobre esta materia delegada; tanto que, aun cuando por hipótesis se aceptase la constitucionalidad de tales impuestos, se obtendría una superposición de tributos, con lo cual el sistema se volvería demasiado gravoso, con incidencia del precio de los servicios que se prestan a la comunidad.

4. - Aun cuando -por mera vía de hipótesis- se aceptase la legitimidad de la competencia tributaria municipal respecto de la televisión por cable, tal competencia se circunscribiría sólo y exclusivamente a las tasas, o sea a los tributos vinculados, que son aquellos que responden a una concreta contraprestación por parte del estado municipal; razón por la cual, dado que en el sub lite tal contraprestación no ha sido demostrada, cabe concluir que los gravámenes cuestionados son im puestos encubiertos sobre el disfraz de tasas, cuya ilegitimidad resulta de la ley expresa para los estados municipales (art. 114, Constitución Provincial), y que resultan confiscatorios y, por ende, atentatorios de lo preceptuado en los arts. 14 y 17 de la Cons titución Nacional (del voto del doctor ATIM). R.C.

 

Fallo:
San Miguel de Tucumán, diciembre 15 de 1998. - Y Visto: Los recursos de apelación in terpuestos por las partes a fs. 493 y 494.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

A la cuestión planteada el señor Conjuez de Cámara, doctor Rouges, dijo:

Llegan a conocimiento y decisión de esta Excma. Cámara los recursos de apelación interpuestos, tanto por la parte actora (fs. 494), como por la parte demandada (fs. 493), en contra de la sentencia del 07/05/96.

La parte demandada recurre de lo decidido en los puntos I y III de la sentencia referida, por cuanto hace lugar parcialmente a la demanda entablada por la Compañía de Circuitos Ce rrados, S.A. en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, al declarar la inconstitucionalidad de los gravámenes y tributos previstos por los arts. 120, 154 a 158 y 166 de la Ordenanza 229/97 (Código Tributario Mu nicipal); por la Ordenanza 1424 modificatoria, del art. 120 de la anterior, y por el art. 17 de la Ordenanza 1834/91, y por ende, inaplicables a la accionante. Además, en lo concerniente a la forma de imponer las costas (punto III del de cisorio).

La parte actora, por cuanto en el punto II, no hacía lugar el fallo a la demanda de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 913 (vigilancia e inspección), en mérito a los considerandos explicados en dicha sentencia.

Estamos frente a un problema de neto corte constitucional, donde la parte actora discute y niega que la municipalidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán tuviere alguna atribución para legislar sobre tipos de tributos que graven su actividad que desarrolla en esta jurisdicción, pues considera que en virtud de la denominada cláusula del comercio, ubicada en el art. 67, inc. 12 de la Constitución Nacional 1853/1860, y luego de la reforma de 1994, en el art. 75, inc.13, esa facultad ha sido delegada al gobierno federal, según el anterior 104 y actual 121 del Código constitucional.

Siendo así, y correspondiendo tal atribución al Congreso de la Nación, quien teniendo en cuenta esa facultad delegada, procedió además a dictar las Leyes Nacionales de Radiodifusión 19.798 [ED, 46-957] y 22.285 [EDLA, 1980-305], que expresamente legisla en la materia, no pudo la Municipalidad accionada tomar o ejercer derechos ya delegados, que constitucionalmente no le corresponden, careciendo por lo tanto de toda facultad en la materia, máxime cuando la Nación ya los ha ejercido.

Estaría pues en juego, la primacía constitucional, y el orden de aplicación de las leyes según el ordenamiento jurídico argentino, que impone el art. 31 de la Ley de Leyes en forma cate górica, al ubicar en primer lugar a la Cons ti tución Nacional en el orden de prioridad, que resulta insoslayable en esta materia, bajo pena de transgredir la Carta Fundamental en nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso, que todos los Magistrados del Poder Ju di cial obligatoriamente deben ejercer.

Teniendo en cuenta que la norma constitucional citada, la cláusula comercial, fue tomada en su parte fundamental de otra de iguales características y contenido, salvo en su parte final, de la Carta Magna de los Estados Unidos de América, sancionada en 1787, vale como valioso antecedente la doctrina de la Corte Suprema de la misma en la materia que tratamos, como así también, la de nuestro país, que ha seguido el mismo derrotero a través de los tiempos.Entonces resulta de aplicación para tratar el caso, la famosa y célebre frase del gran Pre sidente que fue de la Corte Suprema de aquel país, John Marshall (1801/1835), quien sostuvo enfáticamente que jamás debemos olvidar que es una Constitución lo que estamos interpretando, una Constitución destinada a resistir épocas futuras, y consiguientemente a ser adaptable a las variadas crisis de los asuntos humanos (We must never forget that is a Cons titution we are expounding.- Mc. Culloch v. Maryland, 1819, 4 Wheaton, 316). (subrayado nuestro). La primacía de la Constitución fue dispuesta por el mismo John Marshall, al decidir el caso Marbury v. Madison (1803-1, Cranch 137), y fue la primera sentencia que institucionalizó el judicial review, estableciendo el principio fundamental en la materia.

Entre estas alternativas no hay término medio. O la Constitución es la ley suprema, inmutable por medios ordinarios, o está al nivel de leyes ordinarias, y como otras, puede ser alterada cuando la legislatura se proponga hacerlo. Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es una ley; si la última parte es exacta, entonces las constituciones escritas son absurdos proyectos, por parte del pueblo para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza.

A su vez, en nuestro país la Corte Suprema de la Nación estableció igual principio en el caso Sojo (1887-Fallos, 23-126), donde sostuvo que el palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento, el palladium de la libertad es la Constitución; esa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya; conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal.En Municipalidad de Buenos Aires v.Elor tondo (1888-Fallos 33-194), sostuvo el Supe rior Tribunal que es elemental en nuestra or ganización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a la decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ella, constituyendo esta atribución moderada, uno de los fines supremos, y fundamentales del poder judicial nacional, y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Cons titución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos.

Continuando con una metodología expositiva de colocar el caso planteado y objeto de decisión por esta Excma. Cámara de Apelaciones según los recursos deducidos, dentro del marco constitucional donde debe ser tratado, resulta conveniente que veamos los antecedentes obrantes según la jurisprudencia en los Estados Unidos de América, y la posición adoptada por la Corte Suprema de la Nación en nuestro país, pues nos permitirá, en relación al tema de la denominada cláusula comercial, profundizar esta cuestión de fundamental importancia que tiene en todos aquellos países que adoptaron el sistema federal de gobierno, ante las dificultades que continuamente se presentan y en los casos que se plantean lo concerniente al denominado tráfico interjurisdiccional, interestadual o interprovincial en ambos países.

Desde el comienzo de nuestra vida constitucional nuestros estadistas señalaron el impacto que tuvo la Carta Magna del país del Norte sobre la sancionada en la Argentina. Recor demos que Sarmiento sostuvo que: El derecho constitucional norteamericano, la doctrina de sus estadistas, las declaraciones de sus tribunales, la práctica constante, en los puntos análogos e idénticos, hacen autoridad en la Repú blica Argentina, pueden ser alegados en juicio, sus autores citados como autoridad reconocida, y adoptada su interpretación como interpretación genuina de nuestra Constitu ción.Au to res de seriedad aclararon que existió una adaptación de nuestro texto al norteamericano, pero no una adopción, que son cuestiones diferentes, pues el modelo argentino tiene varias originalidades dignas de destacar, adaptándolas a nuestra realidad, antecedentes patrios, etc., concediéndole así un claro sello de distinción.

Por consiguiente en este fallo debemos analizar y decidir si las disposiciones dictadas por la Municipalidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán fijando tipos de tributos a la denominada televisión por cable, actividad que desarrolla la parte actora, afecta o no la denominada Cláusula comercial contenida en el art. 75, inc. 13 del Código Constitucional de la Na ción, pues si altera facultades delegadas al gobierno federal, de competencia exclusiva en la materia, deberá ser declarada su inaplicabilidad e inconstitucionalidad, por violentar precisamente la Constitución Nacional.

El prestigiado constitucionalista Carlos Bide gain, sostiene que la cláusula comercial es una de las fuentes más fecundas de legislación federal sobre materias que, en principio corresponden a las provincias, pero que por su área y dimensión, pueden justificar que sean reglamentadas de modo uniforme por el Congreso (Cuadernos de Derecho Constitucional).

De acuerdo a lo expresado, la doctrina judicial de la Corte Suprema de los EE.UU., constituye un especial antecedente y referente, digno de tener en cuenta en el caso que tratamos.

En 1825 se presentó el primer caso en dicho país, y la Suprema Corte tuvo que resolver la causa de Gibbons v. Ogden (9 Wheaton 1,(NNN) NNN-NNNN, que constituye uno de los pivotes fundamentales del constitucionalismo americano en la materia.

La Corte Suprema de aquel país, dirigida por el célebre John Marshall (1801-1835), resolvió que las leyes sancionadas por la Legislatura del Estado de New York, que habían concedido autorización exclusiva a dos comerciantes para la navegación en todas las aguas interiores dentro de la jurisdicción del Estado, por barcos a vapor, e ran contrarias a la Constitución.La sentencia decía que el término comercio incluía no solamente el intercambio de mercancías, sino también las regulaciones por las cuales se realizaba el referido tráfico externo e interno. Por ello se estableció que el Congreso era el único que tenía facultades para autorizar a los barcos a transportar mercancías y pasajeros dentro y entre los Estados de la Unión.

Al preguntarse el Presidente Marshall que debía entenderse por comercio, sostuvo y lo transcribimos.

La defensa quisiera limitarlo al tráfico, a la compra y venta o al intercambio de productos, y no admite que comprenda la navegación. Esto restringiría a uno solo de sus significados un término general, que es aplicable a muchas cosas. Comercio es indudablemente tráfico, pero es algunas veces algo más, es comunicación. Enuncia la comunicación (o intercambio) comercial entre las naciones y partes de las naciones en todas sus ramas, y es regido mediante la determinación de reglas para ponerlo en acción.

Como el comercio evoluciona en sus formas, medios, contenidos, etc, la interpretación de dicha cláusula, tanto en los EE.UU. como en la Argentina, tuvo una interpretación dinámica de dicho vocablo, y así lo expresó nuestra CSJN al decir que comprendía desde el tráfico mercantil, y la circulación de efectos visibles y tangibles por todo el territorio de la Nación hasta la conducción de personas y la transmisión por telégrafo, teléfono y otro medio, de ideas, órdenes y convenios (CSJN, F. 154-112).

Con acierto sostenía el ilustre tratadista Joa quín V. González, ampliando con la evolución de los tiempos la interpretación de dicho término que comprendía incluso otros medios de comunicación que la sabiduría, el genio o las necesidades de la época pueden crear (Obras, Tomo I: Debates constitucionales).

Sostenía también que si se dejase a cada provincia este poder, habría tantos sistemas distintos y tantas tarifas como provincias tuviesen vecindad con territorio extranjero.La inmensa extensión de nuestras fronteras exigía la unidad de la legislación para hacer práctico un sistema razonable.

En temas sobre servicios telefónicos, entendió la CSJN que cuando una empresa local ha obtenido del gobierno nacional autorización para conectar sus servicios a la red general que abarca a otras provincias, no cabe distinguir entre comunicaciones locales y comunicaciones interprovinciales, quedando sujetas a la jurisdicción federal incluía la fijación de tarifas por los servicios locales (Fallos 257-159; 259-157).

La dinámica de la evolución comercial, fue reconocida por Marshall en el caso citado de Gibson v. Ogdes (1819), al decir que en el curso de los acontecimientos, los instrumentos del comercio cambiarían, y que la Suprema Corte estaba tratando un instrumento de comercio totalmente desconocido, cuando el documento orgánico se redactó en 1787, a saber, el barco a vapor.

Como conclusión obtenemos que la denominada cláusula del comercio alcanza en su evolución a la televisión por cable, satelital y diversas formas que la tecnología moderna y de avanzada va asumiendo en el mundo entero, configurando una verdadera red que con sus noticias, información, entretenimiento, llega a todos los lugares de lo que se denomina la aldea global, y debemos entenderlo así, siendo irrazonable tomar medidas impositivas que puedan restringirla, cuando ya el gobierno federal, y mediante el dictado de leyes nacionales 19.798, 22.435, ya han legislado sobre la materia, disponiendo todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de la radiodifusión en el país entero, que comprende a provincias y municipios.

En un artículo especializado decía Eitel Lauria que la revolución de la información, es avasalladora y globalizante, y tiene un doble fundamento tecnológico. Por un lado la computadora, con sus capacidades prodigiosas de almacenamiento y procesamiento de la información.

Por otro lado, los sistemas de comunicaciones, cuya finalidad es la transmisión y diseminación de información.Los progresos de estos últimos sistemas en cuanto a capacidad, velocidad y confiabilidad han provocado una práctica abolición de las distancias y del tiempo. Bajo su impacto, la aldea global es ya una realidad. Agrega: Por otra parte, los sistemas de transmisión de voz, sonidos, datos e imágenes están soportados por enlaces físicos (cables de cobre, y fibras ópticas), enlaces inalámbricos y satélites artificiales; un conjunto que semeja a una enmarañada y casi invisible telaraña, omnipresente en todas las estructuras y actividades sociales (El genio de J. C. Maxwell, La Nación, 26/01/1998.

Ha sido conveniente y necesario transcribir y desarrollar cuál es el sistema constitucional y legal vigente en materia de la denominada cláusula del comercio, tanto en nuestro país, como en los Estados Unidos de América, que siguen la misma línea doctrinaria y jurisprudencial, pues allí debemos ubicar el caso planteado, los recursos deducidos, y los agravios expresados por las partes ante la sentencia dictada en primera instancia.

Debemos insistir que en virtud de las facultades exclusivas que tiene el gobierno federal en la materia, en virtud de las consideraciones ya expresadas, procedió en distintas oportunidades el Congreso de la Nación a dictar las normas legales que tutelan todo lo relativo al sistema de radiodifusión, que conforman un verdadero bloque constitucional federal, que tiene primacía en la aplicación de sus normas.

Tanto la ley 19.798 como la 22.285 dictadas por el gobierno federal en uso de sus atribuciones, han previsto y contemplado todo lo concerniente al sistema de radiodifusión, de televisión y videos, etc., legislando sobre el aspecto tributario, y unificándolo dentro de un sistema nacional en la materia.En la exposición de motivos de la ley 22.285, se menciona la experiencia obtenida en la aplicación de la ley 19.798, todavía vigente; mencionando que dicho proyecto estatuye de inmediato la jurisdicción nacional que le incumbe establecer, a renglón seguido, que el Poder Ejecutivo Nacional es, en exclusiva, el único administrador de las frecuencias del espectro radioléctrico asignado a la radiodifusión, como así también, el único que puede ejercer su control debiendo además orientarla y promoverla.

Agrega a renglón seguido que se declara categóricamente que los servicios de radiodifusión son de interés público, lo cual incluye tres connotaciones fundamentales sobre este particular. (subrayado nuestro).

Dando lectura al Título VI del citado cuerpo legal, que se nomina gravámenes, indica el art. 73 que los titulares de los servicios de radiodifusión pagarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta, de acuerdo con el régimen establecido por esta ley, y que su percepción, aplicación y fiscalización estarán a cargo del Comité Federal de Radiodifusión.

Las siguientes normas dan cuenta de la exclusividad que tiene el Estado Federal en materia tributaria, que responde al esquema de la cláusula comercial, motivo por el cual resultan totalmente inaplicables disposiciones que sobre el particular pudieran haber establecido las provincias y municipalidades en esta materia delegada al gobierno federal. (ver arts. 72/79, ley 22.285).

Aún más, la parte actora interpuso recurso de apelación porque la sentencia de primera instancia no hizo lugar al reclamo de inconstitucionalidad del tributo municipal que grava la ocupación o uso del espacio aéreo de esta jurisdicción.

No concordamos con lo resuelto en este aspecto, en la instancia inferior, pues resulta violatorio de la legislación federal imperante en la materia. El art.39 de la ley 19.798 aplicable en la especie, al igual que la ley 22.285, dispone claramente que la ocupación o uso del espacio aéreo en cualquier lugar del país, estará exento de todo gravamen sea por uso del suelo, subsuelo y espacio del dominio público nacional, provincial o municipal, a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Esta es la doctrina del fallo que veremos a continuación.

Con fecha 27/02/97 se expidió sobre el particular nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Telefónica de Argentina, S.A. v. Municipalidad de General Pico s/acción meramente declarativa, donde sostuvo lo arriba expresado, agregando lo siguiente, que transcribimos:

El tributo municipal que se origina en la ocupación o uso del espacio aéreo de esa jurisdicción, constituye un inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación, importa un desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal otorga a dicho servicio público, y lesiona el principio de supremacía legal del art. 31 de la Constitución Nacional. El fallo aludido contó con votos de la mayoría constituida por los doctores Moliné O Connor, Belluscio, Bo ggiano, López, Vázquez, y con la abstención del resto de los miembros (T.201, XXVII).

Por lo tanto resulta indudable que ante esta fuerte y sólida estructura legal-constitucional, debe confirmar el punto I) de la resolutiva de la sentencia de primera instancia, y revocarla en su punto II) que fuera objeto de apelación por la parte actora; dado que el texto expreso de la ley de carácter constitucional 19.798, ha legislado puntualmente sobre ese tema, que por lo tanto tiene cobertura federal, y por la primacía constitucional, y la cláusula de comercio, resulta inaplica ble la disposición municipal, debiendo declararse su inconstitucionalidad.Por lo tanto queda claro que estamos tratando en conflicto de neto corte constitucional, donde la Ley Fundamental de la Nación, tiene evidente primacía sobre las disposiciones municipales que se hubieran dictado para gravar una actividad que las provincias delegaron en el gobierno de la Nación. Sostener lo contrario, es violentar el art. 31 del Código Constitu cional, y el necesario control de constitucionalidad que deben ejercer todos los Magistrados del Poder Judicial, exige imperiosamente que así se lo establezca.

Resultando evidente que la materia tratada, la comunicación interjurisdiccional, se encuentra protegida por la denominada cláusula comercial, contenida en el actual inc. 13 del art. 75 de la Ley de Leyes, y siendo así, ni las provincias ni las Municipalidades pueden imponer tributos en materia delegada, para superponer impuestos y gravar con mayor onerosidad todo un sistema destinado a la información, recreación, actualización del público de todos los países.

Habiendo declarado la inconstitucionalidad del sistema tributario dictado por la Municipalidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán en las materias tratadas, en función de los argumentos constitucionales expuestos, que responden a una constante doctrinaria y jurisprudencial que se inicia con la primera interpretación que se efectuó en los EE.UU. de América en el caso Gibons v. Odgen en 1825, sobre la cau sa comercial, y que continuara en nuestro país por la adopción del sistema federal de gobierno. No podemos dejar de mencionar un principio de especial importancia que se debe tener en cuenta en toda decisión judicial en problemas de esa magnitud.

Nos referimos a lo que trata en el país la autorizada opinión de Néstor Sagüés sobre el tema de legalidad previsibilidad, que no podemos soslayar.

Manifiesta en un relevante artículo al tratar casos producidos en los EE.UU. de América que repite con variantes en su libro La interpretación judicial de la Constitución que:El Juez-contralor de la constitucionalidad (situándonos en un régimen judicialista de revisión de constitucionalidad al estilo norteamericano) difícilmente actúa en un laboratorio normativo aséptico y ajeno al medio donde vive; muy pocas veces pasa así, y jamás debiera pasar por lo demás.

Al analizar los fallos, sostiene que demuestran que la previsibilidad es y debe ser parte del razonamiento jurídico, y que al hombre de derecho-en particular, en lo relativo a la interpretación judicial de la Constitución- le corresponde en cuanto pueda compatibilizar legalidad con previsibilidad, tarea no siempre cómoda y sencilla.

Luego menciona el caso argentino, causa Baliarda (Fallos 303-917), que al igual que otros presentados, sostuvo que en la interpretación de la norma no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, tesis definitoria de lo que llamanos, sostiene Sagüés, interpretación previsoria.

Con lo antedicho, pensamos a título de conjetura o hipótesis, que si se declarara la constitucionalidad de los tributos creados por las ciudades para gravar la transmisión por televisión, cables, con apoyo satelital y existiendo ya la imposición del mismo creado por una ley federal como establece la Constitución, tendría como resultado que el sistema se volvería de masiado gravoso, con incidencia en el precio de los servicios que se prestan a la comunidad.

En cuanto a costas estimo que las mismas de ben ser soportadas por la parte demandada por resultar vencida, atento al principio objetivo de la derrota (art. 68, cód. procesal).

A idéntica cuestión planteada, el señor Con juez de Cámara, doctor Atim, dijo:

Que se encuentra en un todo de acuerdo con el voto del señor Vocal preopinante, más, la en jundia de sus consideraciones provocan en el ánimo del suscripto un inevitable estímulo para el ahondamiento del tema bajo estudio, enriquecido por los matices que vuelca al intérprete.En primer lugar, y siguiendo la línea argumental del voto preopinante, si el control sobre la actividad de las empresas de televisión por cable ha sido expresamente delegado a la Nación -que lo efectúa a través del COMFER- por medio de los arts. 75, incs. 13 y 18 de la Constitución Nacional y ley 22.285, las potestades tributarias no pueden sustentarse exclusivamente en el dictado de una (o varias) ordenanzas municipales previsorias de un determinado gravamen si el hecho imponible que se somete a tributación corresponde en forma efectiva a una actividad prohibida (fallos 3:131; 302:1181, entre otros).

Si el ente estatal no tiene posibilidad ni competencia legal de control (ni siquiera en forma implícita, como se viera), mal podría imponer gravámenes por tal tarea. Esto sería, naturalmente, suficiente argumento legal para la confirmación del fallo bajo crisis en su resolutiva Iº y la revocación de la resolutiva IIº.

Sin embargo y aun cuando por vía de hipótesis se pretendiera insistir en la competencia tributaria del ente estatal municipal, deberíamos considerar en segundo orden que tal competencia se circunscribiría sólo y exclusivamente a las tasas. O sea, tributos denominados vinculados, es decir que su razón de ser y su pretensión responden a una efectiva y concreta contraprestación por parte del estado municipal (art. 114 Constitución de la Pcia. de Tucumán).

¿Luego, se habría demostrado en el caso puntual de autos que la demandante resultara beneficiaria de tal actividad por parte del estado municipal?

En la demanda se ha cuestionado que las bases imponibles a partir de las cuales se pretende la aplicación de los distintos tributos allí mencionados nada tienen que ver con servicios efectivamente prestados sino que se vinculan a otros aspectos como lo es la capacidad contributiva del agente -aspecto que abordaremos más adelante-.

Y tal interrogante nos lleva de la mano a preguntarnos a cargo de quién se encuentra tal prueba.

No nos cabe la menor duda:cuestionado un tributo, específicamente tasa, por ausencia de contraprestación efectiva, es al ente estatal a quien corresponde demostrar que tal servicio se cumple y que ello da sustento a la pretensión del cobro tributario.

Si nos atenemos al concepto procesal moderno de las cargas probatorias dinámicas (puede leerse al respecto Peyrano, Jorge y Chiappini, Julio en Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas ED(NNN) NNN-NNNN Carga de la prueba. Actualidad. Dos nuevos conceptos: el de imposición procesal y el de sujeción procesal de Jorge W. Peyrano. JA, boletín del 21/10/92: Política procesal. Mudanzas y adaptaciones en el área civil de Augusto Morello, ED, boletín del 26/08/92; Kemel ma jer de Carlucci, Aída Últimas tendencias ju risprudenciales en materia de responsabilidad médica en JA, boletín del 03/06/92; incluso puede verse el fallo en tal sentido de la CSJN in re Corones Gladys c. Narval y O Farrell del 03/07/90 publicado en La Ley del 27/09/90, resulta indudable que quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar tal hecho es quien presuntamente realiza tal actividad, o sea el propio estado municipal.

Sin embargo, en el caso puntual de autos, ninguna de las pruebas intentadas por la accionada ha tenido como destino tal demostración con lo cual se puede concluir que en el caso puntual de autos no existe demostración acerca de que los tributos tachados de inconstitucionales por la actora respondan en forma efectiva y concreta a un servicio o contraprestación por actividad desarrollada por el estado demandado.

En concreto, aun de receptarse -por mera vía de hipótesis- la legitimidad de la competencia tributaria de la municipalidad accionada, la demanda debería prosperar en función de lo expuesto.También, y lo hemos anticipado en párrafos anteriores, se visualiza otro aspecto a analizar cual es la determinación de la base imponible que en los casos de las tasas cuestionadas no aparece vinculada a la contraprestación que dice realizar el Estado -y que le daría su razonabilidad- sino a otros aspectos como facturación bruta (tasa por vigilancia e inspección, ordenanza 913); montos abonados en concepto de ingresos brutos (C.I.A.S.I.S., ordenanza 1424); alícuota aplicada sobre monto abonado por C.I.A.S.I.S., (tasa por publicidad y propaganda, ordenanza 229/77; alícuota aplicada sobre ingresos brutos (tasa por utilización del espacio aéreo, ordenanza 1834/91).

Se advierte así, a partir de la demostrada desvinculación con la contraprestación alegada, que se trataría de impuestos encubiertos sobre el disfraz de tasas, cuya ilegitimidad resulta de ley expresa para los estados municipales (art. 114 Constitución Provincial), lo cual resultaría confiscatorio y por ende atentatorio con lo preceptuado en los arts. 14 y 17 de la C.N. Se presenta una desnaturalización del concepto tributario tasa en un elemento vital como lo es la base imponible (Giuliani Fonrouge Revista de impuestos XXVIII-705).

Por estas razones, que se añaden al voto del señor Vocal preopinante, propicio tanto la confirmación de la resolutivaIº del fallo de fecha 07/05/96 como la revocación de la resolutiva IIº disponiéndose en su reemplazo: Hacer lugar a la demanda por inconstitucionalidad del tributo denominado Vigilancia e inspección contenido en la Ordenanza 913 dictado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

En cuanto a costas, atento el resultado arribado y las conclusiones precedentes, las mismas se imponen a la vencida íntegramente, tanto en primera como en segunda instancia, en razón de no existir motivos para apartarse del principio objetivo de la de rrota, por lo que me inclino por votar por la reforma la resolutiva IIIº fijándosela de la siguiente manera: Costas de ambas instancias a la vencida (art. 68, cód. procesal de la Nación).

A idéntica cuestión planteada, los señores Conjueces de Cámara doctores Juan Roberto Robles y Enrique Azan Cusa, dijeron:

Que adhieren a los votos de los colegas preopinantes, por compartir sus fundamentos.

En mérito del Acuerdo realizado, se resuelve: I) Confirmar la sentencia apelada en su punto I, II) Revocar dicho pronunciamiento en su punto II) en consecuencia hacer lugar al planteamiento de la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 913 declarándosela inaplicable respecto de la actora. III) Costas en ambas instancias a la demandada vencida. IV) Diferir para su oportunidad regulación de honorarios. Hágase saber. - Jorge Luis Rouges. - Gustavo Atim. - Enrique Azan Cusa. - Juan Roberto Robles (Prosec.: Agustín I. Repetto).

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