Cómo funciona JustAnswer:

  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tiene muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.

Formule su propia pregunta a lautiyenzo11

lautiyenzo11
lautiyenzo11, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 1944
Experiencia:  Abogada,especialista en derecho del trabajo, civil, comercial y de la Seguridad Social.
60356172
Escriba su pregunta sobre Ley de Argentina aquí...
lautiyenzo11 está en línea ahora

Hola¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Podrían indicarme la mejor forma de

Pregunta del cliente

Hola¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Podrían indicarme la mejor forma de apelar honorarios regulados muy por debajo no sólo de lo que la ley de rito determina sino que no se han contemplado la importancia y naturaleza de las diligencias relizadas?? Mi labor, si bien llevó al cumplimiento total de la deuda que por expensas se originara, concluyó sin el acuerdo de la demandada, quien no dio cumplimiento a las mandas judiciales de asistir a las audiencias señaladas, el resultado..l..mi remoción como patrocinante y una regulación ínfima luego de tres años de intensa actividad procesal, no limitada solamente al pago de la deuda exigida.
gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.

lautiyenzo11 :

estimado aguarde en linea

lautiyenzo11 :

buenas tardes!

lautiyenzo11 :

Estitmada: debe apelar los honorarios por bajos, a traves de un incidente, que necesita un modelo?


La unica forma es mediante apelacion, criticando la regulacion por los motivos que manifesto en su consulta.


Busco un modelo y a la brevedad te lo envio.

lautiyenzo11 :

APELA HONORARIOS POR ALTOS Y BAJOS. FUNDAMENTA RECURSO

Señor Juez Nacional:

Yo, abogado de la matrícula inscripto al CPACF T , CALZ , CFASM , CA Gral Roca (RN) T F nro. inscripto en la Caja de Previsión para Abogados de la Provincia de Buenos Aires al nro. ..., manteniendo el domicilio constituído en la calle ... de esta ciudad de Buenos Aires y en este expediente caratulado “xxxxxxx” (Expedente ) a V.S. muy respetuosamente me presento y digo:

a) APELACIONES

Que en representación de mi asistido, apelo por ALTOS a los honorarios que me han sido regulados, solicitando se sirva tener presente.

Que por mi propio derecho, apelo por BAJOS a los honorarios que me han sido regulados, solicitando se sirva tener presente.

b) FUNDAMENTACIONES

a) Apelación por ALTOS

Es obligación y carga del mandatario el apelar toda providencia que resulte contraria a los intereses de su mandante, incluso si colisionan con los propios.

En tal inteligencia, es que debo postular la apelación por ALTOS de mis propios honorarios, en defensa y tutela de los intereses de mi mandante, que ha resultado obligado a pago de mi estipendio por resolución de V.S., ratificada por Cámara.

Queda fundamentado el recurso de apelación por ALTOS que, por mi mandante, presento.

b) Apelación por BAJOS

De acuerdo a lo normado por la Ley 21.839, que regula los aranceles de honorarios para abogados y procuradores de la ciudad de Buenos Aires, modificada por la ley 24.432, en la labor judicial las pautas para fijar el monto del honorario son el monto del asunto, la naturaleza y complejidad del mismo, el resultado obtenido, el mérito de la labor profesional y la actuación profesional aplicada al principio de la celeridad procesal (art. 6 L. Arancel).

A su vez, la regulación arancelaria por las actividades durante la tramitación del proceso serán fijadas entre el 11% y el 20% del monto del proceso (art. 7).

Asimismo, el abogado apoderado que a su vez actuara como procurador acrece en la cuantía que le correspondiere a los procuradores (art. 9 L. Arancel)

A su vez, el art. 33 de la Ley del Arancel establece que en los incidentes el arancel será regulado entre el 2% y el 20% de lo que corrspondiere en el proceso principal.

Dado que aquí no existe un “proceso principal” del que se derive esta incidencia de verificación tardía, ya que en la especie se trata de un proceso autónomo de verificacion que no se sujeta a las contigencias y eventualidades del principal del proceso liquidatorio y que, por otro lado, el proceso principal tiene una cuantía millonaria de la que estimo no me corresponde acrecer, ya que se trata de la liquidación de uno de los principales aseguradores del país y que, en definitiva, esta incidencia de verificación no ha guardado una relación conexa y directa con dicho proceso principal, estimo que la pauta arancelaria deberá manejarse directamente con los valores en juego del proceso y con el éxito del mismo.

Nótese que el crédito propuesto fue verificado en todos sus términos y en las condiciones en que fue insinuado, no obstante la oposición planteada por el ente liquidador y los voluminosos cuerpos del expediente, por lo cual estimo haber alcanzado éxito en la gestión encomendada por mi mandante.

En ese orden de ideas, atento a que el crédito verificado a favor de mi mandante ascendió a la suma de $ 140.800 (pesos ciento cuarenta mil ochocientos), importe propuesto a verificacion, es que de acuerdo a la escala arancelaria mencionada el arancel a regularse debiera oscilar entre los $ 15.488 (pesos quince mil cuatrocientos ochenta y ocho) y los $ 28.160 (pesos veintiocho mil ciento sesenta), agregando al importe que resulte el quantum adicional por la procuración, deviniendo por ende exigua por demas la escasa regulacion arancelaria de $ 1.900 (pesos un mil novecientos) que ha fijado el sentenciante.

Notese, asimismo, que el juez no ha indicado razones expresas que la hayan motivado a fijar un arancel muy por debajo del minimo legal, cuestion esencial a la hora de apartarse de la ley arancelaria a tenor de la reforma postulada por la Ley de Convertibilidad, y por otro lado destaco que la limitacion del art. 505 “in fine” del Cod. Civil no resulta aplicable al condenado en costas, de acuerdo a la nota del articulo mencionado.

En este orden de ideas, es que muy respetuosamente solicito a V.S. se tenga por fundada esta apelacion por BAJOS de mis honorarios profesionales, en los terminos que anteceden.

C) PETITORIO

Es a lo expuesto que a V.S. muy respetuosamente solicito se tenga por apelada la regulacion arancelaria y por fundada en los terminos que anteceden, concediendose el recurso respectivo y elevandose al Superior en su ocasion.

Proveer de Conformidad
ES JUSTO

JACUSTOMER-s7p1bq8y- :

Gracias, XXXXX XXXXX lo que necesito, la acción finalmente terminó en otro acuerdo mucho más alto y beneficioso para la actora sin tomarse en cuenta los pagos actualizados, la regulación ocurrió igual,detallados los trabajos, igual se reguló muy bajo y luego que el juzgado homologara un acuerdo en donde obviamente no participé

lautiyenzo11 :

obvio tomalo como modelo, adaptalo a tu caso concreto y espera a ver que pasa, siempre se apelan por bajos, de ultima el no ya lo tenes!

JACUSTOMER-s7p1bq8y- :

Espero el modelo. Graci,as, si es posible con jurisprudencia, será sumamente agradecida.

lautiyenzo11 :

Si estas conforme con mi respuesta te pido que la valores de manera positiva, y te seguire respondoendo de manera gratuita.

lautiyenzo11, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 1944
Experiencia: Abogada,especialista en derecho del trabajo, civil, comercial y de la Seguridad Social.
lautiyenzo11 y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.

TE MANDO OTRO MODELO DE APELA POR BAJOS!





Señor Juez:



JUSTINIANO
LEX, abogada, por mi propio derecho, con
domicilio constituido en.................. en los autos ..................... , a V.S. respetuosamente dice:



I. OBJETO



Que vengo en legal tiempo y forma a
interponer recurso de apelación por considerar que la regulación de mis
honorarios son bajos , según resolución
obrante a fs........, de fecha................., y según los siguientes fundamentos que expondré.
Con costas.



II. FUNDAMENTO



Que si bien no surge claramente cual
ha sido la base estimada como monto del litigio por V.S., entiendo que la misma
habrá sido la mínima posible.



Sobre
ese entendimiento, considero que la base del calculo debe ser no menor a pesos....................,
resultante de.................................



Que
atento lo establecido en la ley que regula la actuación profesional, cabría
hacer una regulación de mis honorarios sobre la base del mínimo probable...........y
el máximo probable..............



Que
dichos topes, traspolados a números significan honorarios entre un mínimo de
pesos ......................y un máximo de pesos ................................



Por
lo antes expuesto, surge de manera manifiesta que lo regulado en autos no llega
a alcanzar el mínimo probable, lo que demuestra, una falta de aplicación de las
pautas del art...............de la ley...........



Demás
esta decir que toda regulación de
honorarios, debe asentarse sobre una valoración justa de los trabajos
profesionales y una ponderación real de la calidad, eficacia y extensión de los
mismos, de la aplicación del principio de celeridad procesal y de la trascendencia jurídica, moral y
económica que la causa tiene para el cliente asistido.



Es
por ello, que considero que la regulación recurrida debe ser elevada a su justo
nivel para reflejar una adecuada valoración de la actividad profesional
desarrollada a favor del........., conforme con la dignidad y el decoro profesional.



PETITUM.




Por lo expuesto solicito a V.S. :



a) Tenga por interpuesto el
recurso de apelación en tiempo y forma y se conceda el mismo;



b) Se corra traslado.



c) En su oportunidad, se
eleven los autos al superior para que entienda en la apelación interpuesta, y aumente
los honorarios.



SERÁ
JUSTO





Firma y sello del abogad

Cliente: escribió hace 4 año.

Hola de nuevo, los ejemplos son muy ilustrativos, supongo que los mínimos y máximos del segundo modelo son los correspondientes a la ley de aranceles, ahora bien, la regulación debe ser tomada en cuenta sobre la base del convenio en el cual no participé, más que sobre todo el trabajo realizado, verdad?? en el se incluyeron redargución de falsedad, reserva de acciones penales, solicitudes de audiencia, depósitos judiciales, constitución de plazo fijo y demás, por mi parte, claro, habría posibilidad de acceder a alguna jurisprudencia que apoye mi solicitud.?? las pautas a que hace referencia, es en base a qué disposiciones legales??¡¡

Cliente: escribió hace 4 año.

No se si llegó mi último comentario. El que serviría es el segundo modelo ya que el primero se refiere a intervenciones comerciales y el que me ocupa es el correspondiente a cobro de expensas, en el segundo se hace referencia a la normativa cuando dice entre ... y .... se estará refiriendo a la 21.839??. Mi intervención fue la correspondiente a contesta demanda, opone excepciones, caso federal, reserva penal, solicitud de audiencias, ofrecimiento de convenio, cumplimiento, pago de expensas mes a mes además de la adeudada, plazos fijos sobre valores depositados, Pago de gastos causídicos, y demás. Existe alguna jurisprudencia respaldatoria??¡¡


 

Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.
eSTIMADA: RECIEN ME CONECTO, LEO Y SUS COMENTARIOS Y LE RESPONDO.
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.
eSTIMADA:SE toma de base el convenio, en cuanto a la jurisprudencia, busco y si consigo algo se lo paso, saludos!
Cliente: escribió hace 4 año.


Hola de nuevo, perdón por la ansiedad, alguna novedad sobre jurisprudencia??¡¡ Ademas, quedó una duda los mínimos y máximos del segundo modelo se refieren a la ley de aranceles, verdad??¡¡

Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.

si, es por la ley de aranceles.

Estuve buscando y no encontre nada, abandono la pregunta a ver si algun colega suscripto a la ley te puede ayudar.

Saludos!

Cliente: escribió hace 4 año.


Hola¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Habrá algún experto que me pueda ayudar con la jurisprudencia del tema de honorarios como el que se ha tratado aqui??¡¡
Muchas Gracias.

Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 4 año.

la dra sanchez de sepola esta suscripta, ahora le envio un men a ver si la puede ayudar.

Saludos

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo. Voces: HONORARIOS - HONORARIOS DEL ABOGADO - REGULACIÓN DE HONORARIOS - BASE REGULATORIA Partes: Muto Hilda del Valle c/ Hernandez Alejandro Jesus y otros | desalojo - falta de pago - recurso de apelacion Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba Sala/Juzgado: Octava Fecha: 11-oct-2005 Cita: MJ-JU-M-8836-AR | MJJ8836 Producto: XXXXX XXXXX la Ciudad de Córdoba,a once días del mes de octubre de dos mil cinco, se reunió la Excma.Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Dres. Jose Manuel Diaz Reyna, Hector Hugo Lindo y Graciela Junyent Bas, con la asistencia del actuario Dr.Jose Antonio Sartori con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados MUTO HILDA DEL VALLE C/ HERNANDEZ,ALEJANDRO JESUS Y OTROS-DESALOJO-FALTA DE PAGO-RECURSO DE APELACION- N°284517/36 traídos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de la Sra.Juez de Primera Instancia y Decimo Sexta Nominación Civil y Comercial por el que resolvía: Sentencia Número Quinientos sesenta y cuatro. Córdoba, nueve de junio de dos mil tres. 1) Hacer lugar a la demanda de desalojo fundada en la causal de vencimiento del plazo contractual y/o falta de pago del alquiler promovida por la señora Hilda del Valle Muto en contra de Alejandro Jesus Hernandez, y en consecuencia ordenar al locatario a desalojar el inmueble sito en calle Felix Robin Ferreira 2.827 Barrio Santa Ana, juntamente con las personas y/o cosas puestas por él o que de él dependan, en el término de diez (10) días,bajo apercibimiento de lanzamiento. II) costas a cargo de los demandados señores Alejandro Jesus XXXXX, XXXXX Julia Mendoza, Amanda del Valle Rojas, Omar Edgardo Moreno, Marta XXXXX XXXXX, a cuyo fin regulo los honorarios profesionales de la Dra.Carola Betina Fassio en la suma de pesos ., con más la suma de pesos . correspondiente a lo estipulado en el inc. 5 del artículo 99 de la Ley Provincial 8.226. Protocolícese,hágase saber y dése copia. -Auto Numero Quinientos veinte. Córdoba, julio uno de dos mil tres. Hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por la Dra. Carola B.Fassio en contra de la sentencia Número quinientos sesenta y cuatro dictada con fecha nueve de junio de dos mil tres; en su mérito, dejar sin efecto la regulación practicada fijándola en la suma de .Protocolícese y hágase saber. Auto Número novecientos treinta y tres. Córdoba octubre veinte de dos mil tres. Hacer lugar al recurso de que se trata; en su mérito ampliar al Auto número quinientos veinte de fecha primero de julio de dos mil tres en su parte resolutiva, regulando los honorarios de la Dra.Carola B.Fassio en la suma de . , en concepto del rubro previsto por el art.99 inc.5,Ley 8226. Protocolícese y hágase saber. El tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1°) ¿Es justa la Sentencia apelada? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos, A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ REYNA DIJO: 1) Contra la sentencia nro. quinientos sesenta y cuatro del nueve de Junio de dos mil tres, y su auto aclaratorio n° quinientos veinte del uno de julio de dos mil tres, la parte actora interpone recurso de apelación que fuera concedido mediante proveído de fs. 31. Radicados los autos en este Tribunal de Alzada, habiendo expresados agravios en la primer instancia a fs. 28/29 en los términos del art. 116 del C.A., los que no fueron contestados por la parte demandada según constancias de fs. 55 vta. Firme el decreto de autos, queda la causa en estado de ser resuelta. 2) La parte demandada expresó en síntesis los siguientes agravios: a) En cuanto a la reducción a un sesenta por ciento (art. 42), las distintas etapas a la que se refiere el art. 42 del C.A., tienen como finalidad, la de regular honorarios de trabajos parciales entre distintos letrados que intervienen en un asunto, pero de ninguna manera autorizan a restar, o efectuar quitas, a los asuntos de conocimiento que requieran menos trabajos que otros.Sobre una regulación de honorarios por un determinado juicio, no corresponde restar o calcular sobre lo efectivamente actuado por el profesional, y ello en razón de que se trata de un trabajo total y no parcial. A ese efecto, sobre lo efectivamente actuado por el profesional, en todo caso se valorará dentro de lo estipulado por el art. 34, donde se establece una escala gradual, que va de un mínimo hasta un máximo. El caso del art. 42 C.A., puede ser para cuando se trata de la relación ordinaria cliente-abogado, éste solamente tiene derecho a cobrar los honorarios que correspondan al trabajo ya efectuado, y el cliente no responde por lo que aquél esperaba ganar con la restante actuación, pues en estos casos los honorarios deben regularse en proporción con cada una de las etapas cumplidas por el profesional. El precepto solo sería aplicable para cuando la tarea a remunerar comprenda parcialmente una de las etapas previstas, pero no para cuando la tarea a remunerar comprenda la de todo juicio, en donde no se pueden reducir los porcentajes regulatorios (15%), en función de las etapas del pleito. En todo caso se encontrará en la escala mínimo-máximo la solución adecuada y justa. b) En cuanto a la escala 15%/30%, aplicación del mínimo legal, art. 34: aduce que toda regulación deberá ser practicada mediante resolución fundada (art. 27 C.A.). La fundamentación exigida por la norma, para ser suficiente, deberá al menos establecer la base regulatoria, expresando los cálculos aritméticos pertinentes y citar la norma arancelaria aplicada. No parece necesario un análisis pormenorizado de la gestión de cada abogado en función de cada una de las pautas valorativas que establece el art. 36, salvo que se aplique el máximo o el mínimo de la escala, supuestos justificados por realidades extremas en relación a cada una de esas pautas.Que ante la aplicación del mínimo, resulta menester que la resolución esté acompañada de una fundamentación, y ella basada en la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes. Dictar una regulación, teniendo solo en cuenta la cantidad de escritos, y las constancias de autos, sería tener solo una visión parcial de las tareas desarrolladas, y que no tiene relación ni con la dignidad y responsabilidad de la tarea profesional, ni con el tiempo empleado en la atención del asunto, y el tiempo que insume la defensa del cliente. Por otra parte el monto del proceso establece el mínimo arancelario (art. 34 C.A.), las restantes pautas regulatorias (art. 36 C.A.), deben ponderarse para acrecer ese mínimo hasta llegar al tope máximo arancelario. Estas pautas deben prevalecer: a) cuando la determinación del monto del litigio carece de base objetiva suficiente. b) frente a juicios cuyo monto resulta excesivamente elevado, para acordar una solución justa y mensurada, pues la regulación no depende exclusivamente del monto del proceso, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad. En el caso, se cuenta con una base objetiva suficiente, que el monto no resulta elevado, de modo que nada justifica la aplicación dentro de una escala tan amplia (va la escala de $ 1.512 hasta $ 3.024), de la aplicación del mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que resulta costumbre en los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba, la aplicación de un punto intermedio. c) Que en el auto que se solicita aclaración se omitió establecer lo dispuesto por el art. 99 inc. 5 de la ley 8226. 3) Y bien, ingresando al tratamiento de la cuestión, le asiste razón al recurrente en cuanto a que el "A quo", reguló los estipendios a la Dra.Fassi, teniendo en cuenta la base regulatoria de pesos diez mil ochenta, aplicando el mínimo del 15% y el 60% según las etapas cumplidas, sin haber fundamentado en forma justificada el haber determinado que se le aplique el mínimo de la escala del art. 34 C.A. Conforme al art. 27 de la ley 8226 toda regulación judicial de honorarios debe ser fundada, con cita de la disposición legal que se aplique, estableciendo la base regulatoria y expresando los cálculos aritméticos pertinentes. En el sentido expuesto se lee en "Adan L. Ferrer, Cód. Arancelario para abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba, pág. 56,."La fundamentación exigida por la norma, para ser suficiente, deberá al menos establecer la base regulatoria, expresando los cálculos aritméticos pertinentes, y citar la norma arancelaria aplicada. No parece necesario un análisis pormenorizado de la gestión de cada abogado en función de cada una de las pautas valorativas que establece el art. 36, salvo que se aplique el máximo o el mínimo de la escala, supuestos sólo justificados por realidades extremas en relación a cada una de esas pautas." En el caso, nada ha dicho el "a quo" respecto al mínimo de la escala y de las etapas cumplidas, sólo mencionó los arts. 34, 36 y 42 del C.A. En su mérito, adoleciendo la resolución en crisis de los defectos señalados por la recurrente en relación a la violación de fundamentación exigidos por el artículo citado y arts. 326 del C.P.C. y 155 de la Constitución Provincial, por lo que debe dejarse sin efecto la regulación practicada. 4)Al respecto debo puntualizar que a los fines de practicar nueva regulación, corresponde la determinación de la base regulatoria, la que surge aplicar el art. 64 inc. 1° del C.A.que dispone:."Cuando el desalojo se promueva después de la finalización del contrato, la totalidad del precio de la locación o arrendamiento, por el plazo mínimo legal del contrato." Efectivamente, el mencionado inc. primera, está previsto para casos como el presente, en que promovido el juicio después de vencer el contrato. El en sub lite, el contrato de locación venció el 22/06/02, se demandó el 1/04/03 y la sentencia se dictó el 9/06/03 que hizo lugar al desalojo por vencimiento del plazo y por falta de pago, y reguló honorarios. Conforme a ello se ha expresado:."Si el contrato de locación obra en el expediente, y del mismo surge el precio de los alquileres, teniendo en mira lo prescripto por los arts. 64 y 79, Lp. 8226, basta n simples operaciones aritméticas para determinar la base y practicar la regulación de honorarios sin necesidad de ninguna liquidación o planilla que, en virtud de las mismas normas, devienen del todo innecesarias.(C. 3ª. C.C. Córdoba, LL Cba. 1995, pag. 677). En definitiva la base regulatoria resulta del contrato de locación hasta su finalización, o sea que resultan veinticuatro meses, por el precio de la locación $ 420, lo que arroja la suma de Pesos diez mil ochenta ($ 10.080), como bien lo sostuvo la sra. juez "A quo". No corresponde reducción de los honorarios por regulación porcentual correspondiente a las distintas etapas del juicio, conforme la art. 42 del C.A, como lo hiciera la a quo. Efectivamente, no corresponde su aplicación, toda vez que nos encontramos ante un juicio de desalojo por falta de pago. Cuyo tramite es por el juicio abreviado con limitación de prueba conforme a los arts. 751 y 757 del CPC. De las constancias de autos surge que se ofreció documental conjuntamente con al demanda, las que se acompañaran con las notificaciones de fs. 13/15. Que ante la incontestación de la demanda correspondieron los apercibimientos del art.192 del CPC, sumado que por el trámite impreso no esta prevista la etapa de alegatos. Por ello resulta en consecuencia de aplicación el tercer párrafo del art. 42 del C.A. que reza: "No se aplicará ninguna reducción en las escalas cuando fuesen innecesaria o formalmente improcedente alguna de las etapas del juicio". En el caso la prueba documental fue ofrecida y acompañada y no requirió de otro diligenciamiento atento la incontestación de la demanda, y en cuanto a la etapa de alegatos resulta improcedente formalmente su producción por la especial naturaleza del juicio. En igual sentido se ha expresado:." Conforme resulta del art. 64 inc. 1° de la ley 8226 aplicable al caso, debe tomarse como base para la regulación de los honorarios del abogado la totalidad del precio de la locación por el plazo mínimo legal del contrato, aplicando sobre dicha base el porcentaje que corresponda de conformidad con las pautas del art. 36 de dicho cuerpo legal." (C. 2da. C.C., in re:"Cabello Delfor y ot. C/ Aldo E. Sanchez-desalojo-", A.I. N° 101 del 21/05/96, Foro de Córdoba n° 34, 1.996, pag. 167). Entonces, corresponde efectuar la regulación, teniendo en cuenta el valor de la unidad económica correspondiendo un mínimo del 15% y un máximo del 30% de la escala del art. 34 de la ley 8226. El recurrente solicita se aplique el término medio. Y bien, este Tribunal, en su anterior composición, lo que fue compartido por su actual integración, reiteradamente tiene dicho que en ausencia de pautas cualitativas especiales, que redimensionen o minimicen la entidad de la labor profesional, procede la adopción de los porcentajes medios, precisamente por ser equidistantes entre máximos y mínimos y, por ende, conducen a una valuación promedio.Pero ello, es así, en general, en la etapa de conocimiento del juicio, en que el profesional del derecho desempeña una mayor labor intelectual en la elaboración de la demanda, lo que requiere su previo estudio, en el ofrecimiento de la prueba, en su producción y control de la producida por su oponente, etc, lo que justifica plenamente la adopción de los porcentuales mencionados. En el sub-judice, teniendo en cuenta que la actuación cumplida por el beneficiario de la regulación no excede el marco de los trámites tendientes al un desalojo por falta de pago, sin complejidad sustancial alguna, que la demandada ninguna oposición hizo al no haber comparecido y por último, que considerando la cuantía de la base económica a tener en cuenta para practicar la regulación, entendemos corresponde tomar tres puntos por encima del mínimo legal, arrojando el 18% como porcentaje regultorio, lo que estimo justo y razonable, en consecuencia, corresponde establecer los estipendios de la Dra. Carola B. Fassio en la suma de pesos . por la labor de realizada en primera instancia, retroactiva al día de la resolución. Por último, en cuanto a que se tenga presente el art. 99 inc. 5to. de la ley 8226, deviene abstracto, toda vez que fue resuelto mediante auto aclaratorio obrante a fs. 35, A.I. N° 936 del 20/10/03, donde se le reguló lo peticionado. Sin costas, art. 107 del Cód. Arancelario. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,EL SR.VOCAL DR.HECTOR HUGO LIENDO,DIJO:Adhiero a la solución propiciada por el Sr.Vocal preopinante,votando en idéntico sentido. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,LA SRA.VOCAL DRA.GRACIELA JUNYENT BAS,DIJO:Adhiero a la solución propuesta por el Sr.Vocal Dr.Diaz Reyna,expidiendome en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR JOSE MANUEL DIAZ REYNA DIJO: CORRESPONDE: 1°) Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación articulado por la parte actora, dejando sin efecto la regulación practicada en la instancia anterior. 2°) Regular de honorarios de la Dra. Carola B.Fassio por la labor realizada en la instancia anterior en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos ., retroactiva al dia de la resolución. 3°) Sin costas (art. 107 Ley 8226). Así voto. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,EL SR.VOCAL DR.HECTOR HUGO LIENDO,DIJO:Adhiero a la solución propiciada por el Sr.Vocal preopinante,votando en idéntico sentido. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,LA SRA.VOCAL DRA.GRACIELA JUNYENT BAS,DIJO:Adhiero a la solución propuesta por el Sr.Vocal Dr.Diaz Reyna,expidiendome en igual sentido. Por todo ello el Tribunal RESUELVE:1°) Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación articulado por la parte actora, dejando sin efecto la regulación practicada en la instancia anterior. 2°) Regular de honorarios de la Dra. Carola B. Fassio por la labor realizada en la instancia anterior en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos ., retroactiva al dia de la resolución. 3°) Sin costas (art. 107 Ley 8226).PROTOCOLICESE Y BAJEN.

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Voces: TRANSACCIÓN - REGULACION DE HONORARIOS - HONORARIOS DEL ABOGADO
Partes: Mena, José Rodolfo c/ Citibank N.A. | Regulación por diferencia de valor
Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Fecha: 14-abr-2004
Cita: MJ-JU-M-3306-AR | MJJ3306
Producto: MJ
Sumario:
1.- El efecto vinculatorio de la transacción y sus consecuencias sólo se producen con respecto a quienes
transigieron conforme lo establece el art. 851 del Código Civil que reitera, de modo sobreabundante, el
principio general que surge de los arts. 1195 y 1199 ,, consagrando el efecto relativo de los contratos,
con relación a las partes, sus herederos y sucesores universales, siendo inoponible a los terceros, para
quienes la transacción es un acto ajeno, que no los puede perjudicar ni lo pueden invocar, salvo los
casos de los arts. 1161 y 1162. Los titulares de esa relación jurídica son los destinatarios del efecto
directo y obtenido ese efecto, todos están obligados a respetarlo y a obrar en consecuencia, y todos
pueden invocarlo como existente. En este sentido, todo el mundo es destinatario indirecto del contrato.
(Del voto del Dr. Salas - mayoría)
2.- Es la ley la que dispone que la regulación de honorarios se practica sobre el monto que resulta de la
transacción – conforme arts. 25 y 1 del decreto ley 8904- y la ley reenvía al convenio transaccional, al
igual que lo hace al contrato locativo para regular los honorarios de los profesionales actuantes en un
juicio de desalojo. (Del voto del Dr. Roncoroni - mayoría)
3.- No resulta acertada la distinción entre los abogados que intervinieron en la transacción y los que no
intervinieron en ella debido a que siempre frente a la transacción los abogados de las partes son terceros
y su participación formal nunca los constituye en partes de la transacción, ni son alcanzados por sus
efectos directos. (Del voto del Dr. Roncoroni - mayoría)
4.- Los profesionales que no participaron en la transacción pueden ser perjudicados a través de una
simulación objetiva y relativa tramada por los sujetos del acto estampando en el instrumento o acta de
la transacción un monto inferior al que cerró el acuerdo. Tal riesgo existe en algunos casos. En tales
casos, los letrados que supieren o sospecharen el actuar fraudulento de las partes de la transacción,
tienen a su mano las acciones de nulidad pertinentes -arts. 955 y 1045 del Código Civil -. (Del voto del
Dr. Roncoroni - mayoría)
5.- Jurisprudencialmente se ha establecido que tanto por la norma arancelaria local -art. 25, decreto ley
8904- como por la incorporada al texto del art. 505 del Código Civil por la ley 24.432 , como por el
verdadero sentido de la noción de parte y de tercero en el art. 851 y 1195 del mismo cuerpo legal el
monto del proceso a los fines regulatorios de todos los profesionales intervinientes en él debe ser el de
la transacción que le puso fin. (Del voto del Dr. Roncoroni - mayoría)
6.- Si bien en el caso de autos, el profesional recurrente, no se encontraba presente en la audiencia
donde se estableció el monto que las partes estimaron razonable para la solución del conflicto, no surge
que en la oportunidad de la audiencia ni que posteriormente se halla alegado circunstancia alguna que
hiciera presumir que el importe al cual se arribara fuera como consecuencia de un acuerdo fraudulento
o doloso destinado a burlar la justa retribución de los profesionales actuantes. (Del voto del Dr. Kogan
– mayoría)
7.- Debe utilizarse a los fines regulatorios el monto logrado en la transacción y refutarse el argumento
sobre la necesidad de regular los honorarios en base al monto de la sentencia por aplicación concreta
del principio de la moralidad del debatir procesal y para así evitar una posible confabulación pergeñada
entre las partes para perjudicar al letrado desplazado, ya que en tren de sospechas, bien puede pensarse
también, que con un sentido puramente material el letrado renuncia a su mandato o patrocinio, con
anterioridad a la formalización de la transacción con el único fin de acrecentar sus honorarios ya que su
conducta haría variar los parámetros arancelarios a su favor. (Del voto del Dr. Domínguez - mayoría)
8.- Los valores establecidos en la transacción tienen vigencia solamente con respecto a los
profesionales que intervinieron en el acto, ya que lo acordado por la actora con la demandada en lo que
hace al monto del juicio no resulta oponible a los letrados de la parte que no participaron en dicho
acuerdo. (Disidencia del Dr. Soria)
A C U E R D
En ciudad Plata, 14 abril 2004, habiéndose establecido, conformidad dispuesto en Acuerdo 2078, que
deber observarse siguiente orden votación: doctores Salas, Hitters, Lázzari, Negri, Roncoroni, Soria,
Kogan, Genoud, Domínguez, se reúnen señores jueces Suprema Corte Justicia en acuerdo ordinario
pronunciar sentencia definitiva en causa Ac. 72.277, "Mena, José Rodolfo Citibank N.A. Regulación
diferencia valor".
A N T E C E D E N T E S
La Sala II Cámara Primera Apelación en Civil Comercial Departamento Judicial Mar Plata confirmó
pronunciamiento primera instancia que había desestimado pretensión.
Se interpuso, actora, recurso extraordinario inaplicabilidad ley. Denegado éste ese tribunal, esta
Suprema Corte hizo lugar queja presentada, concediéndolo.
Dictada providencia autos encontrándose causa en estado dictar sentencia, Suprema Corte resolvió
plantear votar siguiente
C U E S T I N
¿Es fundado recurso extraordinario inaplicabilidad ley?
V T C I N
A cuestión planteada, señor Juez doctor Salas dijo:
1. En que interesa destacar, dado alcance recurso, tribunal quo luego restar incidencia que transacción
se hubiera realizado posterioridad sentencia, adecuó su decisión doctrina legal mayoritaria esta Corte al
tiempo pronunciamiento y, consecuentemente, confirmó resuelto en instancia anterior que había
desestimado pretensión actor que regulación honorarios que era acreedor se realizara independencia
monto transacción concluida entre partes que resultaba ajeno.
2. Considero que recurso extraordinario inaplicabilidad ley no puede prosperar.
a) primer motivo impugnación constituye decisión alzada vinculada admitir como tal transacción, no
obstante etapa procesal en que fue celebrada.
Esta parcela recurso resulta insuficiente porque recurrente se limita transcribir párrafos pertinentes fallo
alegando que resultan contradictorios que no comparte; pero omite cumplir art. 279 Código Procesal
Civil Comercial, esto es, denunciar demostrar qué normas son violadas qué manera se produce esa
infracción. propósito esto recordar que quien afirma que sentencia viola determinados preceptos legales
no hace otra cosa que anticipar premisa cuya inmediata demostración debe hacer en mismo escrito, no
resultando suficiente ese efecto mera exposición criterio interpretativo distinto al juzgador (conf.
Ac.33.333, sent. 9-X-1984; Ac. 34.532, sent. 6-VIII-1985; Ac. 39.782, sent. 29-XI-1988 en "Acuerdos
Sentencias", 1988-IV-413; Ac. 40.240, sent. 28-II-1989; Ac. 42.937, sent. 12-VI-1990 en "Acuerdos
Sentencias", 1990-II-432; Ac. 44.390, sent. 14-V-1991; Ac. 48.047, sent. 15-IX-1992; Ac. 48.181, sent.
12-III-1993; Ac. 50.781, sent. 31-V-1994; Ac. 46.691, sent. 27-VI-1995 en "D.J.B.A.", 149-194; Ac.
54.434, sent. 20-II-1996; Ac. 55.836, sent. 13-V-1997; Ac. 66.624, sent. 17-VI-1997; Ac. 60.665, sent.
10-XI-1998; Ac. 56.599, sent. 23-II-1999 en "D.J.B.A.", 156-157; Ac. 71.583, sent. 8-III-2000).
b) restante tema sometido revisión, ya fue resuelto esta Corte Cámara prestó adhesión esa solución.
Mas aquel criterio mayoritario esta Corte se ha trocado en minoritario partir dictado sentencia en causas
Ac. 51.536 Ac. 52.451 (ambas 6-VII-1999).
No obstante ello habré mantener fundamentos que hicieron mayoría en causa Ac. 49.573 (sent.
15-XI-94), como hice al expedirme en precedentes antes citados.
Allí se dijo que sea cual fuere naturaleza transacción ella se aplican todas disposiciones contratos, que
remite art. 833 Código Civil.
Según art. 851 Código Civil, efecto vinculatorio transacción sus consecuencias sólo se producen,
respecto quienes transigieron, sea acreedor deudor, partes quienes alude art. 832 mismo Código.
El art. 851 citado no hace más que reiterar, modo sobreabundante, principio general que surge arts.
1195 1199, consagrando efecto relativo contratos, relación partes, sus herederos sucesores universales,
siendo inoponible terceros, quienes transacción es acto ajeno, que no puede perjudicar ni pueden
invocar, salvo casos arts. 1161 1162 (Llambías, "Tratado Derecho Civil Obligaciones", t. III, ed. 1973,
nº 1938 'a', pág.114).
Pero cuando se dice res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest, utilizando axioma casi
santificado su formulación latina que se echa mano frecuencia, examinar distinción entre efectos
directos efectos indirectos contrato, se producen errores graves consecuencias (ver López Zavalía,
"Teoría General Contratos. Parte General", ed. 1975, pág. 289).
Prosigue diciendo mismo autor en lugar citado: "1. contrato genera orden normativo que resulta que se
establece determinada relación jurídica entre ciertas personas, que dicha relación se extingue, se
transfiere se modifica. titulares esa relación jurídica son destinatarios efecto directo. Ya veremos qué
condiciones ese efecto directo puede ser alcanzado. Aquí nos interesa señalar, que obtenido ese efecto,
todos están obligados respetarlo obrar en consecuencia, todos pueden invocarlo como existente. En este
sentido, todo mundo es destinatario indirecto contrato".
"He aquí que raíz contrato, Cayo resulta acreedor Ticio deudor. Sempronio pregunta actitud que debe
asumir. Se le contesta: efectos directos contrato se producen en cabeza Cayo Ticio, pero tú Sempronio,
experimentas efectos indirectos, porque si bien tú no resultas contrato ni acreedor ni deudor (y ello no
recibes efectos directos), puedes invocar, no puedes desconocer, que Cayo es acreedor Ticio es deudor.
Sempronio, si es acreedor Cayo, se ve beneficiado al incrementarse patrimonio su deudor, inversa se
ver perjudicado si su crédito es Ticio, pues deber sufrir concurrencia patrimonio éste".
"El ejemplo dado sirve poner manifiesto que indirectamente contrato perjudica beneficia gran número
personas. otras palabras, se ha expresado esto diciendo que contrato beneficia perjudica materialmente
terceros. ese efecto indirecto, material, no rige regla relatividad contratos, sino principio exactamente
inverso: contrato es oponible todos, invocable todos, bien entendido en cuanto haya interés, pues aquí
también interés es medida acciones en justicia. excepción, ese efecto expansivo contrato no se produce,
entonces es legítimo hablar inoponibilidad contrato (o en su caso ininvocabilidad)".
"Lo dicho efectos expansivos contrato, vale efectos indirectos.Tratándose efectos directos regla es
relatividad, es decir inoponibilidad (e ininvocabilidad), excepción oponibilidad (e invocabilidad)".
"Cuando en sucesivo hablemos relatividad contratos, entenderemos referirnos efectos directos".
"Dentro campo efectos directos, pasemos ver qué hay cierto en regla 'Los contratos tienen efectos entre
partes; no perjudican ni benefician terceros'".
De expuesto surge que acuerdo voluntades instrumentado establece relación jurídica sólo entre quienes
transigieron sólo entre ellos se extinguió se modificó relación jurídica preexistente. Sólo entre ellos
produce transacción efectos directos.
Pero efectos indirectos dicha transacción se producen todos terceros, quienes es oponible quienes
resulta invocable, e incluso alcanza profesionales que asistían parte demandada (art. 308, C.P.C.).
Concluido proceso (art. 308, C.P.C.) no queda alternativa posible: regulación honorarios profesionales
debe efectuarse como dispone art. 25 ley 8904, monto total transacción.
Por expuesto, doy mi voto negativa.
A misma cuestión planteada, señor Juez doctor Hitters dijo:
La problemática efectos que produce transacción partes, respecto honorarios letrados que no
participaron misma, ha dividido aguas jurisprudencia doctrina, este Tribunal no ha escapado tal
dicotomía, como se advierte en estos actuados en otros precedentes.
En causa Ac. 41.036, sent 20-VIII-1991 (más recientemente causas Ac. 49.573, sent. 15-XI-1994; Ac.
51.350, sent. 6-II-1996) se impuso -por mayoría- siguiendo argumentación doctor Mercader, tesis que
en este fallo impulsa doctor Salas, que considera que transacción origina consecuencias expansivas,
reflejas indirectas letrados que no intervinieron en misma; en cambio minoría arranca base que aquel
acto jurídico pergeñado entre litigantes no afecta terceros -res inter alios acta, aliis neque nocere neque
prodesse potest- ejemplo abogados que actuaron en juicio.
Como anuncié al pronunciarme en causas Ac. 51.536 Ac. 52.451, nuevo análisis esta temática me hace
discrepar postura mayoritaria que me he adherido anterioridad (mi voto Ac.53.571 5-VII-1996), ya que
justamente principio que se pretende hacer jugar en autos -del efecto expansivo contratos relación
terceros- es pauta excepción que no se aplica al sub lite, que sólo es válida sucesores que participaron
negocio jurídico (art. 1195, Cód. Civil).
Desde plano derecho sustancial parece sobreabundante puntualizar que transacción solamente refracta
efectos partes (arts. 851, 1195 1196, C.C.; conf. Caseaux-Trigo Represas, "Derecho obligaciones", t.
III, p. 534). Poniendo en juego normas que reglan convenciones (art. 1199 Código Civil) es obvio
destacar que idéntico razonamiento es factible desplegar en campo contractual (arts. 1161, 1162, 1195
1199, Código aludido).
Lo mismo puede decirse perspectiva derecho procesal, pues no existe duda que transacción es maneras
concluir litis, tampoco que proceso crea extingue derechos, origina efectos jurígenos propios, como
ejemplo que nace costas (Guasp, "Derecho procesal civil", Madrid, 1961, págs. 553 563). Mas en ese
enclave cosa es que tiene que ver "partes" otra muy distinta atinente "terceros" -como estos fines son
profesionales intervinientes- quienes referencia aspectos regulatorios deben considerarse terceros,
independencia sus clientes, ende plena autonomía, muchas veces intereses encontrados.
Digamos entonces que existe coincidencia que emolumentos arancelarios tienen que ser regulados
tomando como "monto proceso" que surge transacción, cuando en ella intervino profesional interesado
en regulación (art. 25 dec. ley 8904), pero dicho modo terminación anormal litigio, no obliga éste en
medida que no tuvo participación en sinalagma. Ello así perjuicio remarcar que si bien es cierto que
valor pleito no constituye única base computable paga trabajos realizados, que debe ajustare asimismo
al mérito, naturaleza e importancia esa labor, que jueces disponen amplio margen discrecionalidad
ponderación tales factores, este examen no puede derivar en aplicación criterio porcentaje que se aparte
extremos dados ley (C.S.N., in re "Guasch, Víctor" 15-IX-1988).
El letrado que actúa en juicio, momento su intervención, adquiere derecho que se le determinen sus
honorarios en base al monto impetrado en demanda o, en su caso, que resulte sentencia (arts.1, 16, 21,
51, 53, etc., dec. ley 8904). Si partes, fijan convencionalmente su valor, tal transacción -por regla- no le
es oponible profesionales actuantes.
Para finalizar es dable poner relieve que es esta posición que sigue más Alto Tribunal Nación, en fecha
reciente (28-III-2002) -sin disidencias- cuando sostiene que no corresponde otorgar eficacia vinculante
transacción celebrada entre partes cuando letrado no tuvo intervención, "ya que ello importaría
desconocer aplicación al caso normas expresas derecho sustancial (arts. 851, 1195 1199 Código Civil)
significaría menoscabar derecho justa retribución consagrado en art. 14 bis Constitución Nacional
(Fallos: 310:2829)." ("Fallos": 323:677).
Voto afirmativa.
El señor Juez doctor Lázzari, mismos fundamentos señor Juez doctor Hitters, votó afirmativa.
A misma cuestión planteada, señor Juez doctor Negri dijo:
Como sostuve al expresar mi voto en causas Ac. 41.036 ("Acuerdos Sentencias", 1991-II-823) citadas
en votos precedentes, causa Ac. 49.573, causa Ac. 51.536, causa Ac. 52.451, art. 25 dec. ley 8904 que
decide que en casos transacción, regulación honorarios se practicará monto total misma, debe
interpretarse violentar normas fondo que regulan tal instituto: en caso art. 851 Código Civil.
Dispone este artículo que transacción hecha uno interesados, ni perjudica ni aprovecha terceros ni
demás interesados, aun cuando obligaciones sean indivisibles.
A luz tal principio, valores establecidos en transacción tienen vigencia solamente respecto
profesionales que intervinieron en acto; más aún teniendo en cuenta interpretación restrictiva, que rige
aplicación este instituto legal que impide comprender en él aspectos extraños que estrictamente partes
en forma mutua resignaron en aras superar conflicto (arg. arts. 851, C. Civ. 25, dec. ley 8904).
La aplicación criterio sostenido en presentes autos, significa que no habiendo profesional en cuestión,
participado acuerdo transaccional, no corresponde tenerlo en cuenta fines arancelarios.
Con alcance indicado, voto afirmativa.
A misma cuestión planteada, señor Juez doctor Roncoroni dijo:
I.Es cierto que, como señala doctor Hitters, problemática efectos que produce transacción partes
respecto honorarios letrados que no participaron misma ha dividido aguas jurisprudencia doctrina.
También es que esta Suprema Corte ha navegado en unas u otras aguas que postura otrora mayoritaria
(a fines regulación honorarios profesionales intervinientes en juicio, transacción celebrada entre partes
que puso fin al mismo es oponible todos ellos sus estipendios han tarifarse monto total transacción, tal
como dispone art. 25 dec. ley 8904) sostenida en este acuerdo en voto doctor Salas, ha pasado ser
minoritaria ceder aquel rango dominante que expresan -hasta hoy al menos- votos doctores Negri e
Hitters que ganara adhesión doctor Lázzari que puede resumirse siguiente manera: "la transacción no
aprovecha ni perjudica terceros, modo tal que monto misma, apto determinar honorarios letrados que
intervinieron en ella, no es ni obliga restantes profesionales que no tuvieron participación en acuerdo
transaccional". No es menos cierto que discrepancias siguen sembrando campo jurisprudencial (así,
caso, C.N.Civ. en pleno en fallo 2-X-2001 sostuvo que "la transacción conciliación que pone fin al
pleito es oponible fines arancelarios profesionales que intervienen en proceso no participaron acuerdo
respectivo", en "La Ley", 2001-F-592) que, mi parte, he sumar mi voz disonante que expresa actual
mayoría. Pero comenzar hacer camino como modo prefijar rumbo (y sentido mi pensar), vayan estas
aclaraciones preliminares:
a) no es transacción, ese contrato extintorio relaciones jurídicas litigiosas dudosas que forjado al
dictado autonomía voluntad partes se erige en precepto jurídico norma individual que regula intereses
éstas, acto cual se desprende en forma directa e imperativa abogados, procuradores u otros
profesionales actuantes en juicio (por caso, peritos) modo monto que han determinar regulación sus
honorarios profesionales en dicho juicio, concluido transacción partes. Es ley (la voluntad legislador,
como gustan decir algunos) que dispone que, en tales casos, "la regulación honorarios se practicará
monto que resulte misma (transacción)" (arts. 25 1º, dec.ley 8904).
Desde ya que ley reenvía al convenio transaccional, al igual que hace al contrato locativo regular
honorarios profesionales actuantes en juicio desalojo (art. 40, dec. ley cit.). Pero diferencia no es
menor, ni debe pasar desapercibida.
La llamada eficacia directa contrato, en tanto precepto creado autonomía jurigenética contratantes, se
despliega normalmente en esfera jurídica estos últimos (las partes contrato) sólo eficacia indirecta se
refleja repercute en ámbito terceros, como docentemente se explica en voto doctor Salas transcripción
enseñanzas que en torno al tema se imparte en obra Fernando J. López Zavalía, allí citada.
En nuestro caso, efecto dimana ley. Vale decir norma general abstracta que, todos posibles casos
judiciales que terminen transacción en Provincia Buenos Aires cualesquiera fueren sus partes letrados,
establece que regulación honorarios profesionales que intervinieren en tales juicios se practicará
tomando en cuenta monto transacción.
b) abogados partes, hayan intervenido no en acuerdo como asesores representantes; hayan cesado no
antelación al mismo en prestación sus servicios sus clientes, son siempre terceros frente transacción. Si
firman convenio transaccional como representantes -y poder suficiente ello- podrán ser parte "formal",
mas nunca parte "sustancial", calidad que sólo corresponde aquellos en cuyo nombre firmaron. allí, que
no resulta acertada distinción entre abogados que intervinieron en transacción que no intervinieron en
ella, ni tampoco consecuencias diversas que se desprenden ello en voto doctor Hitters.
Es cierto, que su intervención en asesoramiento en diseño transacción podría llevar pensar que han
prestado su asentimiento misma y, tanto, toda pretensión excluirse luego sus efectos reflejos honorarios
percibir ellos, podría reputarse contrario buena fe violatorios principios autorresponsabilidad confianza
despertada en sus asesorados. Pero aún así, ni ellos se constituyen en partes transacción, ni son
alcanzados efectos directos misma. Más aún pueden haber asesorado aconsejado contrario, pero fiel
decisión final su cliente concluir construyendo acuerdo transaccional que este eligió quiso poner punto
final al entuerto.No desconozco que si al transar partes pactan honorarios algunos todos abogados
profesionales que intervinieron en pleito estos suscriben instrumento que alberga transacción pacto
honorarios, dichos profesionales son partes este pacto, mas no son transacción. Uno otro son contratos
negocios distintos, si bien tienen nexo ligamen entre sí. No son efectos directos transacción que, en este
caso, obligan respetar u observar monto misma. Sino pacto honorarios -en cual son partes- que veces
tomará como patrón indicador monto transacción otras no, que su respecto convengan sus partes (los
clientes sus profesionales).
Como bien señala A. Barbero "el argumento que busca aplicar principio relatividad contratos en este
caso, se apoya en similitud palabras "participar" "ser parte". Pero fuera ese juego palabras, no dudas
que todos abogados son terceros: que "intervinieron" que no "participaron" ("Honorarios transacción.
plenario Cámara Civil doctrina Suprema Corte Provincia Buenos Aires", "La Ley" 22 mayo 2002, pág.
8).
c) En base misma doctrina que estatuye esa distinción (estar valores transacción cuando se trata regular
honorarios profesionales que intervinieron en misma y, en cambio, acudir al monto impetrado en
demanda o, en su caso, al que resulte sentencia fijar estipendios quienes no intervinieran en aquel acto)
hay presunción que alienta misma y, cual, ella no sólo no se habría construido, sino que carecería
sentido: se presupone que profesionales que no participaron en facción asesoramiento transacción
pueden ser perjudicados través simulación objetiva relativa tramada sujetos acto -y obligados al pago
honorarios aquellos- estampando en instrumento acta transacción monto inferior al que cerró acuerdo.
No negamos que tal riesgo exista en algunos casos. Pero no es mediante recurrencia esa distinción,
dejando lado pauta arancelaria que legislador estatuyera determinar honorario abogados su actuación
judicial cuando proceso concluye transacción forzando principio relatividad contratos, que puede debe
neutralizarse mismo. En tales casos, letrados que supieren sospecharen actuar fraudulento partes
transacción, tienen su mano acciones nulificadoras pertinentes (arts.955 1045 Código Civil).
Por demás, esta presunción actuar simulatorio bien puede recaer exclusivamente partes proceso,
quienes pueden haber tramado precio simulado transacción antelación al acto su instrumentación,
espaldas total desconocimiento sus abogados actuantes en perjuicio tanto éstos como que antaño les
prestaran sus servicios en pleito. si operación mental presuncional puede desplegarse teniendo como
protagonistas acto fraudatorio sólo partes éstas conocimiento asesoramie nto profesionales que asisten
en acto transaccional, distinción que regula honorarios estos últimos acorde al monto transacción los
profesionales que no participaran acuerdo modo diverso pierde rigor. Más aún, ese camino
presuncional, también letrados que participaron acuerdo podrían argüir -a partir, caso, hecho indiciario
que pueden encontrar entre gran diferencia entre monto acuerdo que originariamente se debatiera en
proceso- al igual que letrados ausentes, que mismo les es inoponible solicitar que se regulen sus
honorarios conformidad al monto demanda.
Ahora sí, hechas estas necesarias precisiones que ya anticipan mi disenso doctrina legal que reina en
este Tribunal al presente fuerza mayoría, paso explicitar mismo.
II. No mucho más que ya dicho en voto doctor Salas, sumar en torno efectos relativos contratos
respecto terceros. Todos sabemos principio cual contrato (y también contrato transaccional) es terceros
res inter alios acta. En esa línea, que expresan tanto art. 1195 Código Civil todos contratos, como art.
851 mismo cuerpo legal transacción, contratos sólo producen sus efectos (directos) partes que celebran
sus herederos sucesores universales, mas no poseen tal tipo eficacia frente terceros, ajenos al mismo,
quienes no pueden perjudicar ni beneficiar.
"Este principio falta eficacia contrato respecto terceros limitación eficacia contrato al círculo partes que
han realizado posee claro fundamento. contrato es acto ejercicio poder autonomía privada autonomía
privada consiste en posibilidad dictar ley -el precepto- cual se ha regir propia esfera jurídica. contrato
eficacia en esfera jurídica terceras personas no sería acto autonomía, sino que constituiría invasión en
esfera jurídica ajena" (Diez Picazo, Luis, "Fundamentos Derecho Civil Patrimonial", Ed. Civitas,
Madrid, 1996, 5a. ed., vol.I, pág. 424).
Pero que venimos diciendo, tal como se desprende voto premencionado, cita doctrinaria que en él se
hace claro texto art. 1197 Código Civil, sólo se refiere efectos directos contrato, aquellos que se
producen en esfera personas que le han dado vida, que han creado precepto que han regir su relación
que son, además sus creadores, destinatarios mismo.
Mas allí entender que contrato no existe frente terceros, que mismo no proyecte efectos éstos, quienes,
su vez, pueden desconocer argüir que les es inoponible -sin más ni más- es ir demasiado lejos apartarse
que ocurre en mundo realidad negocial que es reglado Derecho.
Hay que entender que vez nacido contrato voluntad partes, mismo, en tanto "producto jurídico" esa
creación interpartes, se suma toda enorme constelación hechos, actos negocios jurídicos que pueblan
ancho mundo realidad jurídica interactuando alguno dichos actos negocios e, incluso, proyectando
propalando ciertos efectos relación terceros. Efectos, estos, que se reflejan proyectan distinta intensidad
(al igual que ondas circulares expansivas que provoca piedra arrojada espejo agua) variados terceros.
caso, mientras acreedores alguna partes contratantes, en tanto patrimonio su deudor es garantía común
sus acreencias, no le son indiferentes contratos que su deudor celebre merced cuales éste pueda
disminuir aumentar su patrimonio; terceros ajenos toda relación contratantes -los verdaderos penitus
extranei- esos contratos, en principio, en nada rozan.
Mas dicho no importa que ni estos terceros (los penitus extranei), ni ningún otro puedan, al amparo
adagio es iner alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest, desconocer existencia esos contratos
en que no fueron parte ciertos efectos reflejos que mismos proyectan ellos -perjudicándolos
beneficiándolos indirectamente- alegación que les son inoponibles. Es que contrato sólo hecho existir,
es oponible todos e invocable todos. esta altura nuestro discurrir, que lectura art.1199 ("Los contratos
no pueden oponerse terceros ni invocarse ellos.) no nos haga derrumbar en equívocos, me parece
prudente aleccionador recordar que en dicha norma -tal como señala Mosset Iturraspe- "el vocablo
oponerse está empleado como sinónimo obligar e invocar como equivalente ejercicio derecho
creditorio" ("Contratos" Ediar, 1978, Bs. As., pág. 293, nota 25).
III. Es indudable que en mundo realidad jurídica al que aludiéramos, contrato vez creado, más allá
efectos directos que produce sus propios autores cuales constituye su propia ley (art. 1197, Código
Civil), puede incidir impactar situaciones jurídicas terceras personas -totalmente ajenas al contrato- que
mismo, aún quererlo ni preverlo sus autores, viene modificar valiosa disvaliosamente (beneficiándolas
perjudicándolas). Son llamados efectos indirectos reflejos contrato. ejemplos (tal como sostuviéramos
integrando Excma. Cámara 1a. Apelación Sala III Plata, en pronunciamiento 16 agosto 2001 en causa
237.921) son múltiples: ventas ruinosas padre pueden perjudicar sus hijos; donaciones su deudor
pueden perjudicar su acreedor, así como donaciones que primero reciba pueden beneficiar al segundo.
Precisamente como esas posibilidades existen, es que Derecho ha disciplinado hace siglos. acción
pauliana, simulación, colación, declaración prodigalidad, revocatoria concursal, etc., son todos
ejemplos medios que Derecho provee que terceros afectados puedan defenderse efectos negativos
contratos en que no han sido parte. Todos estos medios serían innecesarios si fuera cierto que hay
norma general que permite terceros desconocer contratos en que no han sido parte, es decir, actuar
obrar como si no existieran.
Pero esa norma general inoponibilidad no existe eso explica que Código Civil discipline acción fraude,
simulación, colación, etc. Claramente, si le bastara al tercero remitirse norma general que limita efectos
contratos sus firmantes (art. 1195 Código Civil), juicios fraude simulación serían innecesarios.
embargo, cierto es -tal como venimos insistiendo- que terceros no pueden desconocer efectos contratos
sólo pueden oponerse ellos medios especiales que ley prevé.
IV.esto mismo predicar letrados que patrocinaran representaran partes frente transacción concertada
estas últimas su participación, alegan inoponibilidad misma su respecto al sólo efecto que monto
contrato extintorio no sea tomado como patrón regular sus honorarios profesionales, tal como dispone
ley arancelaria local (art. 25, dec. ley 8904).
Es que en consonancia todo ya dicho que fuera doctrina legal esta Corte, si transacción sólo produce
sus efectos directos entre partes que transaron, extinguir modificar relación jurídica preexistente que
litigaban (eficacia interpartes contrato), también proyecta refleja sus efectos indirectos terceros, quienes
les es oponible quienes resulta invocable (eficacia contrato respecto terceros), alcanzando incluso
profesionales que asistían asistieron partes, aunque no hayan sido partícipes acuerdo transaccional.
Pero más ello, no está demás señalar que esa eficacia refleja contractual posee varios rostros distintos
matices que Giovene (quien en esto siguiera Ihering cuyas ideas extraemos obra ya citada Diez
Picazzo) distinguió entre eficacia refleja simple eficacia refleja propiamente dicha, considerando que
primera se produce en aquellos casos en que efecto que tercero consigue es efecto mero hecho segunda
cuando es efecto estrictamente jurídico. señalar como supuestos esta segunda categoría (eficacia refleja
propiamente dicha) aquéllos que derivan igualdad situaciones jurídicas, conexión entre ellas
exclusivamente voluntad ley.
A estos últimos efectos (los impuestos ley), Messineo, llama efectos reflejos legales. contrato,
consiguiente -nos dice- es solamente presupuesto hecho que mismos se produzcan; no es su causa
("Derecho Civil Comercial", EJEA, Bs. As., 1971, t. IV, pág. 510). Esto es que acontece en nuestro
caso, ley arancelaria como ya vimos, establece que "en casos transacción, regulación honorarios se
practicará monto total que resulte misma" (art. 25, dec. ley cit.). Es obvio que legislador no está
legislando efectos directos contrato transaccional, sino que está estatuyendo efecto reflejo legal mismo,
al determinar cómo se fijan honorarios profesionales derecho que hubieren asistido partes en litigio que
concluyó transacción. no es sólo esta ley provincial que nos impone estar al valor transacción hora
establecer paga trabajo profesional. ley 24.432 en apartado que agregara art.505 Código Civil establece
que responsabilidad costas "no excederá 25% monto sentencia, laudo, transacción instrumento que
ponga fin al diferendo". regulación que prescindiera valor transacción, ateniéndose al demanda (cuando
ésta es -como común- bastante superior al aquélla) violaría, seguramente, límite legal.
No desconocemos -ya adelantamos- posibilidad que mediante ardid ocultar monto verdadero
transacción, simulando estampando en documento que acuna monto inferior, se puede burlar perjudicar
honorarios profesionales que asistieron partes largo proceso, amén que pudieran corresponder, en
algunos casos, algunos peritos que dictaminaran en pleito. Después todo éstos son tan terceros
transacción, como abogados. Pero estas maniobras fraudatorias derechos terceros, también se pueden
suelen dar torcida recurrencia otros contratos actos jurídicos, como ya expusiéramos. en uno otros
casos, tercero que quiera escapar efectos reflejos que contrato otros proyecta su situación jurídica,
deberá impugnarlo medios que ley le concede tal efecto.
Comentando tratamiento este tema en ley arancelaria local, Berizonce Méndez, nos dicen: "si se
demostrare existencia simulación tendiente perjudicar terceros -los profesionales antes actuantes y,
seguramente, fisco tasa justicia- nulidad acuerdo procesal al menos su inoponibilidad perjudicados, será
procedente. ínsitas dificultades semejante prueba habrían justificado adopción criterio objetivo, en
resguardo interés letrados, modo que se les posibilitara, en esos, supuestos, peticionar regulaciones base
importe demanda reconvención" ("Honorarios Abogados Pr ocuradores", Librería Editora Platense,
1979, pág. 101). que autores sugieren es cambio legislativo, que no debe ser confundido propuesta
alterar desconocer alcances norma.
Llegados este punto tal como hiciéramos en nuestro voto Cámara Primera Sala III, podemos decir que
en resumen: tanto norma arancelaria local (art. 25, dec. ley 8904) como incorporada al texto art. 505
Código Civil ley 24.432, como verdadero sentido noción parte tercero en art. 851 -al igual que en art.
1195 mismo cuerpo legal- monto proceso fines regulatorios todos profesionales intervinientes en él
debe ser transacción que le puso fin.
Por ello compartir también reproche insuficiencia que doctor Salas desecha primer sendero
impugnativo que intenta recorrer recurrente (ver ap."a" punto 2 voto cit.).
Voto negativa.
A misma cuestión planteada, señor Juez doctor Soria dijo:
1. razones fallo cuestionado, que llevaron al quo calificar convenio fs. 3/4 como "transacción", fundado
en afectación instituto cosa juzgada anteriores pronunciamientos aplicación dispuesto en ley 24.285, no
merecieron mínima refutación parte accionante en recurso inaplicabilidad ley obrante fs. 109/118.
Resultando requisito ineludible adecuada deducción recurso extraordinario inaplicabilidad ley,
impugnación concreta, directa eficaz fundamentos esenciales fallo, siendo insuficiente que deja
incólume decisión falta cuestionamiento conceptos citas legales que misma se asienta (doct. causas Ac.
73.447, "Devalle", sent. 3-V-2000; Ac. 75.204, "Cocovi", sent. 20-VI-2001; Ac. 81.965, "Farías", sent.
19-III-2003, entre otras), tal calificación deviene inmodificable en esta instancia extraordinaria.
2. art. 25 dec. ley 8904/1977 establece que, en casos transacción, regulación honorarios se practicará
monto total que resulte misma.
Aún cuando sub examine encuadra dentro uno tales supuestos, no corresponde más, aplicación
mencionado precepto, si letrados partes no han participado en transacción, como
-incontroverti-damente- se ha sostenido reclamante en causa. Es que, valores establecidos en
transacción tienen vigencia solamente respecto profesionales que intervinieron en acto (doct. causa Ac.
52.451, "Mazza Amicone, sent. 6-VII-1999), ya que acordado actora demandada en que hace al monto
juicio no resulta oponible letrados parte que no participaron en dicho acuerdo (cfr. C.S.J.N., "Fallos",
310:2829; 323:677).
3. alcance reseñado en punto precedente, adhiero al voto señor Juez doctor Negri, votando en
consecuencia, afirmativa.
A cuestión planteada, señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto doctor Roncoroni agrego siguientes consideraciones, relación al monto que debe ser
computado fines regulación honorarios letrado que no participó en transacción.
La Corte Justicia Nación, en causa "De Sousa, Daniel O. c/ Empresa Obras Sanitarias Nación"
27-X-1992 (T. 315:2575) sostuvo "Que aranceles vinculan normalmente base que ha regularse
honorario no sólo valor disputado, sino también modo terminación proceso.Es claro, cuando hay
acuerdo entre partes, que su efecto honorarios no es problema que se gobiernan legislación civil
contratos, sino que deben acatarse leyes que específicamente regulan materia que se refieren ellos. ello,
como regla carece sentido señalar que profesionales sean terceros que acuerdo no es oponible. Ello no
empece que, otro lado, se aduzca pruebe, en algún caso, carácter fraudulento doloso acuerdo, destinado
no reglar intereses partes, sino burlar justa retribución profesionales, situaciones que su carácter
requieren adecuada prueba. Que, otro lado razón legislador en redacción textos que rigen materia, es
clara si se atiende que, contrario se desalentaría partes que deseen arribar acuerdo, encareciendo
prolongando juicios innecesariamente, consiguiente costo social.".
La doctrina sentada Alto Tribunal, que comparto plenamente, se encuentra contemplada en art. 25 dec.
ley 8904/1977 -norma que fija aranceles abogados procuradores Provincia Buenos Aires- que
expresamente establece: "En casos transacción, regulación honorarios se practicará monto total que
resulte misma". Asimismo art. 505 Código Civil -párrafo agregado ley nacional 24.432 regulación
honorarios profesionales en juicio, aplicable provincia conforme he sostenido en causa "Ghibaudi, c.
75.597", sujeta regulación "los honorarios profesionales todo tipo" al "monto sentencia, laudo,
transacción instrumento que ponga fin al diferendo".
Si bien en caso autos, profesional recurrente, no se encontraba presente en audiencia donde se
estableció monto que partes estimaron razonable solución conflicto, no surge que en oportunidad
audiencia ni que posteriormente se halla alegado circunstancia alguna que hiciera presumir que importe
al cual se arribara fuera como consecuencia acuerdo fraudulento doloso destinado burlar justa
retribución profesionales actuantes. ahí que no encuentro razones apartarme monto transacción
regulación honorarios doctor Mena.
No obstante expuesto, no quiero pasar alto posterior pronunciamiento Corte Suprema Justicia Nación
dictado en causa "Asociación Trabajadores Estado c. Provincia San Juan" 28-III-2000, donde refiere
que aplicar monto acuerdo transacción al profesional que no intervino en él significaría menoscabar
derecho justa retribución consagrado en art. 14 bis Constitución nacional.Interpreto que han haber sido
particularidades caso que llevaron al Máximo Tribunal arribar dicha solución, ya que no resulta dable
suponer que sea injusta retribución sola circunstancia que sea determinada monto transacción. Así
como monto fijado sentencia en cantidad inferior reclamada no debe ser juzgada negativamente como
generador retribución inicua, tampoco corresponde juzgar, prejuzgar, que monto transacción sea causa
retribución injusta. tanto interpreto que, en este precedente Corte Suprema Justicia Nación sólo
circunstancias caso entendió que debía apartarse doctrina sentada en causa "De Souza c/ Empresa
Obras Sanitarias Nación".
Voto negativa.
El señor Juez doctor Genoud, mismos fundamentos señor Juez doctor Salas, votó también negativa.
A cuestión planteada, señor Juez doctor Domínguez dijo:
En cuanto al primero agravios traídos adhiero al voto doctor Salas sus mismos fundamentos.
También he adherir argumentos doctor Salas, agregados realizados doctor Roncoroni en restante
planteo impugnante.
En cuanto este último agravio, sólo mayor abundamiento aduno mi opinión, sostenida años atrás
ejercicio liberal profesión abogado, cual, lejos adoptar actitud corporativa, mal puedo ahora mutar
opinión magistratura.
En mi criterio, fines analizar efectos transacción en determinación honorarios, debe meritarse, además
fundamentos expuesto en votos que adhiero, razón ser proceso; principio moralidad que opera él último
normas emergentes ley ejercicio reglamentación profesión abogado.
Cabe desgranar estas ideas centrales, que fueran en su momento bosquejadas al contestar traslado que
me fuera conferido. (En autos caratulados: "Cabrera Abrigo, Antonia c/Zinko, Juan s/Daños Perjuicios"
que tramitara Juzgado Primera Instancia en Civil Comercial Nro. 10 Departamento Judicial Lomas
Zamora).
1. Cuadra entonces, en primer lugar formular reflexión carácter general que cosa es proceso, que, me
parece, será esencial resolver este entuerto.
La cuestión proceso, tiene connotación bíblica: día que Caín mató Abel, hombres nunca dejaron
combatir. Primero fue en tierra, luego en mar finalmente en aires.
Se pretendió esta forma imponer todos medios voluntad al adversario, que importara cómo así se llegó
guerras verdadero exterminio (conf.Clausewitz, Principios Fundamentales conducción Guerra Edita,
Struhar 1982).
Por supuesto que evitar esto, es decir venganza privada, en plano conflictos sociales surgió proceso;
bastante antes supuesto derecho romano, porque en rigor verdad donde he podido rastrear
históricamente, Hammurabi ya se había hecho cargo problema jurisdicción en cuanto elemento
solución conflictos decía en Epílogo su Código que: -El oprimido que tenga litigio, vaya mi imagen rey
derecho.- (Código Hammurabi. Castro Dassen otros, Librería Jurista 1982).
En concreto tenemos que razón ser proceso es erradicar fuerza ilegítima dada en sociedad y, ello,
diferencias naturales que irremediablemente separan hombres, es consustancial idea lógica proceso que
en debate se efectúe en pie perfecta igualdad respecto siguientes principios: igualdad partes;
imparcialidad juzgador; transitoriedad serie procesal; eficacia serie procesal moralidad debate (conf.
Humberto Briseño Sierra, Derecho Procesal, Edit. Cárdenas, México, 1984, t. II Alvarado Velloso,
"Introducción al Estudio Derecho Procesal", Edit. Rubinzal Culzoni, t. I, pág. 260 s.s.).
Hecha introducción que proceso fue creado solucionar conflictos entre hombres reglas preestablecidas,
no podemos abordar análisis ley aranceles (8904) como si fuera especie comodín-comodan que sólo
lleva al enriquecimiento letrado, me refiero interpretación "sistema legal" que aparece como inmoral.
Es como si abogados hubiésemos hecho nuestras propias reglas juego relación este tema olvido
intereses que nos han sido confiados.
Hice referencia intereses que nos fueran confiados porque es obvio que abogado es auxiliar proceso.
Como muestra basta referenciar que -punto vista su estructura lógica proceso es medio dirimir
pacíficamente conflicto en cual MAS PARTES someten litigio juez, imparcial, independiente e
impartivo. He puesto mayúscula concepto partes porque es obvio que dueños proceso son PARTES,
actor-demandado, actor penal-acusado, etc.
El abogado es sólo auxiliar partes como tal no puede en proceso transformarse él sus intereses, en algo
mas importante que proceso mismo.
Es obvio, que si finalidad proceso es evitar venganza privada, tal concepto deja tener sentido si se parte
premisa que honorario arancel abogado es mas importante que mismo conflicto.Entonces, ¿para qué
queremos proceso?
Y debe hacerse consideración más -siempre genéricamente- si principio hedonista, abogado renuncia
antelación firma convenio pide su regulación conforme al monto sentencia -o sea, cesa su mandato
patrocinio, hace mas negocio- menos riesgo responsabilidad profesional renunciando que llevando
proceso final; es decir conviene más no ser abogado que serlo.
O mejor dicho, salir pleito antes que este termine.
2. Es esta línea argumental que se hizo referencia concreta al principio moralidad debatir procesal
-como principio lógico- porque está claro que situación planteada -a partes- le conviene prescindir
proceso, allanarse cualquier cosa, transar ser responsable nada no tener que pagar luego honorarios
desmesurados que superen valor pleito.
No puede interpretarse dec. ley 8904 como especie fuero personal, en que honorarios se refiere, ello no
puede soslayarse al abordar su estudio principio moralidad procesal; en realidad Briseño Sierra dice
que todas cuestiones que giran alrededor fenómeno proceso deben seguir también principio moralidad
entendido este no como método métodos arteros sino como regla equidad justicia que deben respetarse
aplicarse todo. este aspecto iusfilosófico cuadra decir que nuestro ordenamiento legal provincial en
punto resuelve mi juicio cuestión, poco que se observen leyes 5177 8904.
3. dec. ley 8904 es apéndice -el arancel- 5177 cuyo art. 28 inc. 8 hace obligatoria letrados reglas ética
profesional, que tiene que ver, principio moralidad debate filosóficamente entendido.
El art. 4 referidas normas epígrafe "desinterés" dice: "el espíritu lucro es extraño fundamentalmente
actividad abogacía.
El abogado, aunque deba defender sus derechos digna retribución su trabajo, debe tener presente que
provecho es accesorio fin esencial profesión no puede constituir decorosamente móvil determinante sus
ejercicios".
4. Establecidas aquí pautas interpretativas, modo consecuencia lógica, estamos en condiciones afirmar
que regulaciones exorbitantes -en relación monto pleito- desnaturalizan proceso, honorarios que bien
pueden estimarse al amparo decreto ley 8904, pero en franca colisión sistema procesal, es así que
teniendo como norte lograr establecer retribución justa profesionales intervinientes que debe -a su vezencuadrarse
problemática dentro marco constitucional.En este sentido debo acotar que casi
inmediatamente sancionada -por gobierno facto- dec. ley 8904 (lo que no parece haber preocupado
mucho hombres derecho), Suprema Corte Justicia Provincia Buenos Aires sentó doctrina en sentido
que vengo propiciando: consideró Tribunal que, ley arancelaria en su aplicación literal en determinados
casos importa regulación honorarios desproporcionados monto condena violando garantías
constitucionales propiedad, defensa en juicio, en tanto se configuraría supuesto
CONFISCATORIEDAD al exceder regulación 33% valores en juego. Obsérvese, que, promedio que en
consideración al valor vida se está fijando Juzgados en este departamento judicial, suma actualizada
arroja cantidad tan desproporcionada sideral que propia regulación -de hacerse como pretende colegaserá
superior ninguna duda, al monto hipotética condena.
Debe tenerse especialmente en cuenta que Corte Suprema Justicia Nación tiene dicho que conformidad
su doctrina, determinación honorarios desproporcionados monto condena naturaleza labor cumplida,
viola garantías constitucionales propiedad defensa en juicio tornando arbitraria resolución que ese
modo fijare. Otro tanto ocurre retribución desmesurada labores simples ("Fallos", 237:292 253:456).
Fue precisamente en base estos antecedentes que S.C.B.A. sostuvo que: ". misma manera que no sería
válida regulación ínfima no guardar relación retribución justa correspondiente tareas profesionales
conformidad circunstancias económicas imperantes en momento en que aquella se practicó tampoco
puede serlo que fijara honorario exorbitante ajeno toda proporción intereses controvertidos superior,
como en caso, suma que percibe parte como consecuencia actuación profesional (24-XI-1977 DJBA
12, pág. 329; 4-IV-1978 DJBA 114, pág. 1 etc.)".
En este sentido, óptica constitucional, considero indispensable enfatizar siguientes postulados:
La ley podrá respetar principio legalidad pero hecho que ley mande cosa -en caso, referida al derecho
propiedad- quiere decir automáticamente que sea constitucional? Se impone luego respuesta negativa al
interrogante. derecho judicial se ha encargado incorporar nuestro derecho constitucional material este
contenido que cubre insuficiencia principio formal legalidad. jurisprudencia nos muestra ejercicio
control razonabilidad leyes actos estatales descalifica como arbitrarios cuando hieren pautas justicia
ínsitas en Constitución.Los jueces verifican contenido ley, más allá su forma, permitiéndose aseverar
que principio formal legalidad cede al principio sustancial razonabilidad que si ley no es razonable en
caso concreto su aplicación resulta irrazonable -o sea, es arbitraria- resulta inconstitucional.
El principio razonabilidad tiene como finalidad preservar valor JUSTICIA, en contenido que todo
ACTO poder e incluso particulares. (Las mayúsculas subrayado me pertenecen; conf. Bidart Campos,
Tratado Elemental Derecho Constitucional Argentino, T. 1, págs. 226/228).
Esta violación al principio razonabilidad que he tratado reseñar en párrafos que anteceden lleva mano
violación varios artículos Constitución nacional.
La razonabilidad, mi juicio, tiene que ver, moralidad procesal: si razón ser proceso es erradicar toda
suerte fuerza ilegítima sociedad, no puede siquiera concebirse que legislador norme medio debate en
que pueda ser utilizada fuerza forma aviesa artería traición. ahí que regla moral debe presidir desarrollo
proceso, al igual que debe hacerlo en todos demás actos vida jurídica (conf. Alvarado Velloso, ob. cit.,
pág. 263, 3er. párrafo).
Va suyo, que no se puede "Afianzar Justicia" regulaciones honorarios que eleven costos proceso
manera tal que impulse justiciables no someter sus conflictos estrados judiciales.
A partir este tamiz constitucional, adunado pautas interpretativas más arriba expuestas,
indubitadamente conducen aplicación art. 25 dec. ley 8904.
Concluyendo, claro está, que fin obtener solución al conflicto suscitado ser ello esencia proceso, no se
puede invocar cualquier medio su logro socavando gratuitamente derechos adquiridos. Empero, tal
como resaltara en su voto doctor Roncoroni, aquí impugnante cuenta herramientas jurídicas necesarias
ejercer su defensa caso sufrir agresión sus derechos efectos transacción efectuada -vgr.simulación-.
En consecuencia en aplicación concreta principio moralidad debatir procesal, es que se refuta
argumento necesidad regular honorarios en base al monto sentencia evitar esa manera posible
confabulación pergeñada entre partes perjudicar al letrado desplazado, ya que en tren sospechas, bien
puede pensarse también, que sentido puramente material letrado renuncia su mandato patrocinio,
anterioridad formalización transacción único fin acrecentar sus honorarios ya que su conducta haría
variar parámetros arancelarios su favor.
En consecuencia, compartiendo argumentos doctor Salas en rechazo insuficiente al primero agravios
traídos, como así también fundamentos brindados al responder al segundo planteos impugnante,
adunados argumentos doctor Roncoroni míos propios llevan mi convencimiento que es aplicación al
caso -en respuesta segunda queja- arts. 25 dec. ley 8904; 505 -según ley 24.432-, 851, 1195 Código
Civil 4 28 inc. 8 ley 5177, debiéndose en consecuencia utilizar fines regulatorios monto logrado en
transacción.
Voto negativa.
Con que terminó acuerdo, dictándose siguiente
S E N T E N C I
Por expuesto en acuerdo que antecede, mayoría, se rechaza recurso extraordinario interpuesto; costas
(art. 289, C.P.C.C.).
Los depósitos previos $ 2500 $ 2213, efectuados fs. 98 317, quedan perdidos recurrente (art. 294,
C.P.C.C.), debiendo tribunal dar cumplimiento dispuesto arts. 6 7 Resolución 425/2002 (texto Resol.
870/2002).
Notifíquese devuélvase.
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Voces: TRANSACCIÓN - HOMOLOGACIÓN JUDICIAL - DERECHOS LITIGIOSOS -
HONORARIOS DEL ABOGADO - INOPONIBILIDAD AL TERCERO - DERECHO A LA JUSTA
RETRIBUCIÓN - BUENA FE
Título: Transacción judicial. Su inoponibilidad frente a los profesionales que no fueron parte en ella
Autor: Barbero, Dariel O.
Fecha: 31-oct-2011
Cita: MJ-DOC-5586-AR | MJD5586
Producto: STF,MJ
Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Nuestra opinión.
Por Dariel O. Barbero (1) (*)
RECOMENDACIONES
Proponemos que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil declaren:
De lege lata:
a. La transacción judicial celebrada por las partes no es oponible a los profesionales que actuaron en el
proceso, pero que no intervinieron en el acuerdo transaccional.
b. Para la regulación de los honorarios de los profesionales que no intervinieron en la transacción
judicial debe procurarse la "justa retribución" de su labor profesional. Para ello, se tendrá en cuenta el
monto del asunto, pero con suficientes facultades del judicante para estimarlo y morigerarlo -en su
caso- en atención al mérito de la labor profesional efectuada en términos de cantidad y calidad,
complejidad del asunto, éxito obtenido y demás constancias de la causa.
c. Previo a efectuarse la regulación de los honorarios del profesional que no intervino en la transacción,
este podrá estimar sus honorarios y fundamentar la misma.
De lege ferenda:
a. Podría resultar conveniente la derogación del art. 505 in fine del Código Civil.
b. En tal caso, y en orden a lo dispuesto en el art. 121 de la Constitución Nacional, las provincias
asumirían su competencia originaria para resolver lo concerniente a los aranceles de los profesionales
matriculados en sus respectivas jurisdicciones.
FUNDAMENTOS
I. INTRODUCCIÓN
Las contiendas judiciales están destinadas a concluir con el dictado de la sentencia. De ahí que parte de
la doctrina tradicional considere a la sentencia como el modo "normal" de terminación de los procesos
judiciales. Sin embargo, puede ocurrir que el litigio finiquite antes del dictado de la sentencia a través
de otros medios o formas denominadas "anormales" de conclusión de litigio (2).
Dentro de las llamadas formas de terminación anormal del proceso judicial se halla la transacción del
derecho en controversia.Mediante la transacción, las partes efectúan entre sí renuncias o abdicaciones
parciales y recíprocas de sus posiciones jurídicas iniciales con el fin de resolver el diferendo e imprimir
certeza a sus derechos, los que hasta ese entonces permanecían dudosos o litigiosos (3).
Acompañada que fuere por las partes el acuerdo transaccional al proceso judicial o suscripta el acta de
transacción ante el órgano jurisdiccional, este lo homologará previa comprobación del cumplimiento de
los presupuestos para la validez del acto. Una vez homologado el acuerdo, el mismo tendrá valor de
cosa juzgada.
Normalmente, los letrados que patrocinan a las partes desde el inicio de la contienda son los que
intervienen en el acuerdo transaccional con el cual se pone fin al litigio. Pero puede suceder que el
profesional que intervino en la litis no participe del acuerdo transaccional, ya sea porque se aparte de
ella por su propia voluntad, la de su cliente o por cualquier otra causa.
En esta última hipótesis se presentan dos cuestiones estrechamente ligadas entre sí. La primera de ellas
refiere a si los términos del acuerdo transaccional son oponibles al profesional que no fue parte de ella.
Así, v. gr., la renuncia de este último a percibir honorarios, la determinación de un monto fijo en
concepto de honorarios, el establecimiento de determinadas condiciones para el cobro de sus
emolumentos, acuerdo relativo al régimen de costas, entre otros (4). La segunda cuestión planteada es
más específica que la anterior, y alude a si la cuantía económica objeto de la transacción resulta
oponible al profesional que no fue parte de ella, en calidad de base económica a los fines de la
regulación de sus honorarios profesionales.
En la actualidad, estas dos cuestiones planteadas son objeto de controversias tanto a nivel doctrinario
como jurisprudencial.Inclusive, ellas han sido abordadas y resueltas por las legislaciones provincial y
nacional con matices sustancialmente diferentes entre sí. No obstante, creo que esta disparidad de
criterios tiene su origen en las distintas argumentaciones efectuadas en orden a construir algunos
conceptos jurídicos básicos para resolver los planteos y sus relaciones entre sí.
II. ANTECEDENTES
La transacción es una figura que cruza transversalmente distintos subsistemas jurídicos que, aunque
autónomos, operan interconectados entre sí. En efecto, en primer lugar, el derecho de fondo regula la
transacción como un contrato bilateral y consensual por medio del cual las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas (cfr. art. 832 Código Civil) (5).
Pero al mismo tiempo, la transacción ha sido incorporada por los códigos procesales provinciales y
nacional como un modo anormal de terminación del proceso judicial (v. gr. art. 308 del CPCCN (6),
art. 231 CPCCSF (7), art. 115 del CPCCT (8); art. 353 del CPCCCba (9)).
En tercer lugar, la transacción ha sido incorporada expresamente en las leyes o códigos arancelarios de
abogados y procuradores vigentes en las provincias y en la Nación, pero siguiendo modalidades locales
y criterios diferentes (v. gr. art. 19 Ley 21.839/78 de la Nación (10); art. 8 inc. m Ley 6767 de
Honorarios de Abogados y Procuradores de la provincia de Santa Fe (11); art. 31 Ley 9459 Código
Arancelario para Abogados y Procuradores de la provincia de Córdoba (12)).
Ahora bien, respecto a las dos cuestiones planteadas y a dilucidar en este trabajo, deben traerse a
colación otras normas legales y que han sido la clave de bóveda para justificar las distintas posiciones
doctrinarias sostenidas. La primera de ellas, es el art.851 del Código Civil, el cual está destinado a
reglar los efectos de la transacción, y reza así:
«La transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a tercero ni a los demás
interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles».
Al hilo de lo dispuesto por el art. 833 del CCiv, la norma del art. 851 debe interpretarse armónicamente
con los arts. 1195 y 1999 del mismo cuerpo legal. La segunda norma del Código Civil implicada en el
debate es su art. 505 in fine (13).
Por su parte, los argumentos defendidos por la doctrina y jurisprudencia pueden agruparse en dos
posiciones enfrentadas: la tesis de la oponibilidad y la de la inoponibilidad de la transacción.
Los argumentos vertidos por quienes defienden la primera tesis, son básicamente los siguientes (14):
De fondo:
a. El acuerdo transaccional produce efectos directos entre las partes contratantes, titulares de la relación
jurídica respectiva. Pero también, la transacción genera efectos indirectos que recaen sobre los terceros,
y en razón de los cuales estos «deben respetar los contratos que le son extraños, y cuidarse de no
interferir en el derecho de crédito que dichos contratos contienen» (15).
b. La discordancia aparente entre el art. 19 de la Ley 21.839 y los arts. 851, 1195 y 1199 del CCiv ha
desaparecido con la sanción del párrafo final del art. 505 del Código Civil, agregado por la Ley 24.432.
Ello es así, dado que el art. 505 in fine citado sujeta la regulación de «los honorarios profesionales de
todo tipo» al «monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo» (16).
De forma:
a. La transacción de derechos litigiosos (art. 832 CCiv) homologada judicialmente reviste el carácter de
un acto procesal propio equiparable a una sentencia (art.850 CCiv). Por lo cual, la transacción es un
título ejecutorio que ofrece suficiente seguridad «como para que el legislador la seleccione a fin de
determinar el monto de la regulación de honorarios por actuación judicial» (17).
b. «El monto de la regulación de honorarios que surge de la transacción, no puede ser distinto para
quienes no intervinieron en ella», «pues de admitirse que la transacción no le es oponible a los terceros,
tampoco podrían invocarla como culminación del proceso» (18).
c. Cuando se ha celebrado un acuerdo transaccional entre las partes, es claro que sus efectos sobre los
honorarios no es un problema de los que se gobiernan por la legislación civil sobre contratos sino que
deben acatarse las leyes que específicamente regulan la materia y que se refieren a ellos. En ese orden,
como regla, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que el acuerdo no es
oponible (19).
d. La distinción entre los profesionales que intervinieron y los que no intervinieron en el acuerdo
transaccional conduce a fijar distintas bases regulatorias en cuanto a la regulación de sus honorarios.
«Ello afecta irremediablemente la unidad jurídica y procesal que constituye el juicio a los efectos
regulatorios» (20).
e. Participa del espíritu de las leyes arancelarias el hecho de que las retribuciones de los profesionales
que han intervenido en el proceso sean proporcionalmente ligadas al resultado final del pleito (21).
f. Sostener la inoponibilidad de la transacción a los profesionales que no intervinieron en ella configura
un requisito no razonable, dado que «desalentaría a las partes que deseen arribar a un acuerdo,
encareciendo y prolongando los juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social» (22).
g. La oponibilidad de la transacción a los letrados que no intervinieron en ella, en cuanto a la
regulación de sus honorarios, es la regla.Sin embargo, estos pueden acreditar el carácter fraudulento o
doloso del acuerdo, teniendo a su cargo la prueba de los extremos de hecho invocados y que
justificarían la inoponibilidad de la transacción.
Los argumentos de la tesis de la inoponibilidad de la transacción a los letrados que no fueron parte de
ella son los siguientes:
a. «El acuerdo transaccional labrado sin la participación del o de los profesionales que asistieron a las
partes, convierte a estos en terceros, de conformidad con las directivas genéricas contenidas en los arts.
1195 y 1199 del Cód. Civil, s obre las que se apoya el art. 851 del mismo cuerpo legal» (23). Se trata
de la aplicación de la regla de la relatividad de los contratos (cfr. art. 503 CCiv) y que resume el adagio
latino res inter alios acta (24).
b. Los letrados que no intervinieron en la transacción son terceros ante el acuerdo que cuentan con un
derecho subjetivo al cobro de sus emolumentos. Por lo cual, ellos no son frente al acuerdo meros
terceros -o penitus extranei- que pueden experimentar un perjuicio meramente indirecto, reflejo o
material. Todo lo contrario, ellos son terceros a quienes, de oponérseles el acuerdo, se les extenderían
los efectos directos de la transacción (25).
c. Aceptado que fuere la tesis de la inoponibilidad de la transacción, ello «no conduce a concluir, sin
más, que el monto de la demanda determine sine qua non la base regulatoria en el pleito, toda vez que
las normas arancelarias otorgan al juzgador un amplio margen de discrecionalidad al respecto» (26).
d. Dada la proliferación de acuerdos transaccionales que consignan una cuantía inferior a la real, no es
justo que el letrado perjudicado cargue con el peso de impugnar el convenio y acreditar el fraude (27).
e. La regla que afirma la oponibilidad de la transacción a los terceros que no fueron parte en ella
importa menoscabar el derecho a una justa retribución consagrado en el art. 14 bis de la Constitución
Nacional (28).
III.NUESTRA OPINIÓN
1.
A. Se ha dicho supra que la transacción es un instituto que recorre transversalmente nuestro sistema
jurídico. Ella es reconocida expresamente en tres estamentos normativos (derecho de fondo, procesal y
leyes arancelarias). Por lo cual, y en orden al ideal de coherencia al cual responde todo sistema jurídico
altamente elaborado y complejo tal como ha devenido el nuestro, las normas que regulan la transacción
en los tres órdenes normativos deben interpretarse armónicamente entre sí (29).
B. Quienes sostienen la oponibilidad de la transacción a los profesionales que no intervinieron en ella
asientan su posición, fundamentalmente, en la interpretación doctrinaria según la cual los textos de los
arts. 1195 y 1199 del CCiv, en los que se consagra el postulado de la relatividad de los contratos, no
deben interpretarse literalmente. Ello es así, pues los contratos también afectan a los terceros (30).
En efecto, según la doctrina citada, la transacción produce efectos directos, que alcanzan a las partes
contratantes, y efectos indirectos o reflejos, por medio de los cuales se perjudica o beneficia
materialmente a los terceros interesados (31). Los profesionales que intervinieron en el proceso judicial
pero no fueron parte en la transacción que puso fin al litigio serían terceros alcanzados por los efectos
indirectos o reflejos de la transacción (32).
C. Ahora bien, si se analiza con más detenimiento la doctrina antes referida, es posible arribar a
conclusiones diferentes a las alcanzadas por quienes sostienen la tesis de la oponibilidad de la
transacción.
En efecto, Fernando LÓPEZ DE ZAVALÍA (33) distingue entre terceros interesados y terceros no
interesados. Estos últimos, llamados también penitus extranei, no son alcanzados en absoluto por los
efectos del contrato.
Los terceros interesados, a su vez, los clasifica en activa, pasiva y materialmente interesados. Respecto
de los primeros, dice el autor citado:
«se encuentran "activamente" interesados, todos los titulares de una libertad, de un derecho subjetivo,
que se verían afectados si el contrato fuera eficaz.Respecto de ellos, rige como regla el principio de que
"los contratos no pueden perjudicar a terceros" (art. 1195 in fine)» (34).
D. En suma, entendemos que los profesionales que no intervinieron en la transacción son, a la luz de las
enseñanzas de LÓPEZ DE ZAVALÍA, terceros activamente interesados (35). Ello se debe a que los
profesionales que actuaron en representación de una de las partes, pero no intervinieron en la
transacción con la cual se extingue el proceso judicial, cuentan con un derecho subjetivo a percibir los
honorarios devengados a causa de su labor profesional (art. 1627 CCiv, art. 9 Ley 6767 (36)).
También creemos que dicho derecho subjetivo reviste carácter constitucional en tanto es reconocido en
el art. 14 bis CN. Por lo que atento a su naturaleza iusfundamental se hace necesario recurrir, a los fines
de su interpretación, a los aportes de la dogmática de los derechos fundamentales (37).
2. Creemos que el art. 505 in fine del Código Civil, agregado por la Ley 24.432, es de dudosa
constitucionalidad (38). En efecto, es una directiva de carácter procesal y de policía del ejercicio
profesional en materia de retribuciones, con lo que el sistema del Código Civil parece no ser el ámbito
adecuado para su regulación. Pero además, y muy en especial, es una norma claramente invasora de las
jurisdicciones provinciales (art. 121 CN) (39).
Por otro lado, algunas leyes arancelarias provinciales actualmente vigentes, tal como la Ley 6767 art. 8
inc. m de la provincia de Santa Fe, en determinados supuestos pueden contradecir lo dispuesto por el
art. 505 in fine del CCiv (40). Pero otras leyes arancelarias provinciales, tal como el art. 31 in fine Ley
9459 (41), directamente dejan de lado la doctrina del Alto Tribunal en orden a la interpretación del art.
505 in fine del CCiv y en relación a la tesis de la oponibilidad de la transacción judicial.
Por lo cual, entendemos que el debate de la constitucionalidad del art. 505 in fine CCiv permanece
latente (42).
3.Otro de los argumentos de la tesis de la oponibilidad de la transacción a los profesionales que no
intervinieron en ella consiste en que el acuerdo transaccional, una vez homologado judicialmente,
reviste el carácter de un acto procesal equiparable a una sentencia. Por lo que ofrece suficiente
seguridad como para que el legislador la seleccione a fin de determinar el monto de la regulación de
honorarios por actuación judicial (43).
Ahora bien, sabido es que en todo proceso judicial las partes tienen el derecho de control sobre los
actos procesales de la contraria, derecho de audiencia, derecho a ser oído, derecho de alegar, en suma,
derechos enmarcados en la garantía de defensa en juicio. De modo que el órgano jurisdiccional, en
general, no dictará sentencia hasta tanto las partes no hayan ejercido efectivamente aquellos derechos.
No obstante ello, la tesis de la oponibilidad de la transacción judicial pregona la oposición a los
profesionales que no fueron parte en el acuerdo transaccional, nada menos que de la base económica a
partir de la cual se regularán sus honorarios.
A la luz de estos extremos comparativos, entendemos que la oposición de la transacción a los
profesionales que no intervinieron en ella, sin que sean -al menos- previamente oídos, podría
quebrantar garantías constitucionales tales como las de propiedad, igualdad, libertad y derecho de
defensa en juicio (44).
4.
A. Entendemos que las cláusulas pactadas por las partes en el acuerdo transaccional, tales como la
renuncia del profesional a percibir sus honorarios, la determinación de un monto fijo en concepto de
honorarios, el establecimiento de determinadas condiciones para el cobro de sus emolumentos, acuerdo
relativo al régimen de costas, no son oponibles a los profesionales que intervinieron en el proceso pero
que no formaron parte de la transacción. De lo contrario, significaría aceptar que las partes que
suscriben la transacción se arrogan la facultad de disponer unilateralmente sobre el derecho subjetivo
del profesional que no intervino en la transacción.
B.Por las mismas razones expuestas en el punto inmediato anterior, entendemos que no resulta
oponible al profesional que no fue parte en la transacción el monto económico objeto de dicho acuerdo,
a los efectos de la regulación de sus honorarios. Pensamos que no sería razonable convenir que algunas
cláusulas de la transacción no sean oponibles (tales como las citadas en el punto 4A); mientras que
otras cláusulas -tal como la que establece el monto económico de la transacción- sí lo sean.
5.
A. Pensamos que la regulación de los honorarios de los profesionales que no intervinieron en la
transacción deben tener como norte la "justa retribución" de la labor profesional por ellos realizada
(45). Para ello, y atendiendo a que los supuestos concretos que se presentan en la realidad tribunalicia
son disímiles, variados y muchas veces sustancialmente diferentes entre sí, entendemos que la
regulación de los honorarios de los profesionales que no fueron parte de la transacción deben ser
regulados por el judicante teniendo en cuenta el monto del asunto, pero con suficientes facultades para
estimarlo y morigerarlo fundadamente según los requisitos expuestos en los arts. 4 y 5 Ley 6767 de la
provincia de Santa Fe (46). Así, deberá valorar el mérito de la labor profesional en términos de cantidad
y calidad, complejidad del asunto, éxito obtenido, seriedad del monto reclamado en la demanda, y
demás constancias obrantes en la causa (47).
B. En efecto, entendemos que para la realización de la justicia -valor supremo del derecho- frente a
ciertos contextos de hecho simples, claros o fáciles, puede resultar suficiente y eficaz la disposición y
aplicación de reglas de derecho igualmente simples.En cambio, ante contextos de hecho y derecho cuya
textura es más compleja, o presentan circunstancias difíciles o dilemáticas, el operador jurídico debe
apelar a recursos conceptuales más sofisticados y que sean suficientemente capaces de proveer
soluciones igualmente justas.
A la luz de las controversias doctrinaria y jurisprudencial suscitadas en derredor de la cuestión referida
a la oponibilidad o no de la transacción judicial a los profesionales que no intervinieron en ella, y
considerando los sólidos argumentos vertidos por ambas posiciones doctrinarias, no puede dudarse de
que dicha cuestión resulta compleja, de no fácil soluci ón.
Parte de su complejidad anida en el hecho de que ella se presenta con igual impacto, pero en una
extensa variedad de casos judiciales, disímiles y con diferencias sustanciales entre sí. Así por ejemplo,
la cuestión en debate impacta de igual modo en el caso en el cual las partes arriban a una transacción
inmediatamente después de presentada la demanda, que en el caso en el cual el proceso judicial tramitó
en todas sus etapas.O, en el caso complejo y difícil en que el profesional ejecutó una labor técnica de
calidad, que en el caso en el cual este proceder profesional está ausente.
También, en el caso en el cual el monto de la transacción no sea sincero y resulte irrisorio frente a las
expectativas objetivas, prudentes y que de buena fe pudo formarse el profesional apartado de la litis,
que en el caso en que tales extremos no concurran (48).
Frente a estas ejemplificaciones extremas y con particularidades de hecho tan distintas entre sí, parece
no ser razonable aplicar a todas ellas la misma regla legal impuesta en el plenario "Murguía", ratificado
por el Alto Tribunal, en atención exclusiva a la equivalencia del impacto suscitado por el problema de
la oponibilidad o no de la transacción judicial (49).
En suma, entendemos que la Justicia requiere se consideren las particularidades del caso a resolver,
teniendo en miras la "justa retribución" de la labor profesional, so riesgo de resultar aquella violentada
(50).
C. Entendemos que para implementar eficazmente esta propuesta el judicante deberá, necesariamente y
antes de efectuar la regulación, intimar al profesional interesado a los fines de que estime sus
honorarios y los fundamente.
6. Entendemos que la regulación de los honorarios de los profesionales que no fueron parte de la
transacción, en los términos que se propone, no implica que la transacción a la cual arribaron las partes
no produzca sus efectos naturales.
----------
(1) Adscripto a Derecho Civil II, UNR.
(2) Sin embargo, para el procesalista rosarino Adolfo ALVARADO VELLOSO, a la luz de lo que
acontece en la realidad jurídica y tribunalicia es un error considerar a la sentencia como el modo
normal de terminación del proceso y a los demás modos como anormales (Sistema procesal. Garantía
de la libertad, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, t. I, pp. 162-163).
(3) Sobre la transacción, puede verse: COLMO, Alfredo, De las obligaciones en general, Guillermo
Kraft, 3ª ed., Bs. As., 1944, pp.566 y ss.; LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil.
Obligaciones, Abeledo Perrot, Bs. As., 2006, 5ª ed., t. III, pp. 64-122; CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO
REPRESAS, Félix A., Derecho de las obligaciones, Platense, La Plata, 1991, 3ª ed., pp. 479-555;
REZZÓNICO, Luis María, Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil, Depalma, Bs. As.,
1964, 9ª ed., t. II, pp. 1021-1055; PIZARRO, Ramón Daniel y VALLESPINOS, Carlos Gustavo,
Instituciones de derecho privado. Obligaciones, Hammurabi, Bs. As., 1999, t. III, pp. 585-634.
(4) Los ejemplos pertenecen al excelente artículo de EGUREN, María Carolina y GARCÍA SOLA,
Marcela, "Honorarios judiciales y transacción", Zeus, Rosario, Boletines Nº 7404 y 7405, 1.04.2004 y
2.04.2004 respectivamente.
(5) Si bien el art. 832 del CCiv alude a la transacción como un acto jurídico bilateral, la doctrina
mayoritaria admite que la figura se trata de un contrato. Cfr. PIZARRO y VALLESPINOS, op. cit., pp.
607-608.
(6) Art. 308 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley 17.454): «Forma y trámite - Las
partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o
suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos
por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los
procedimientos del juicio».
(7) Art. 231 Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe (Ley 5531): «No se dará curso a la
transacción sin la justificación del pago de las costas o el afianzamiento de estas».
(8) Art. 115 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (Ley 6176, BO 22.07.1991):
«Transacción. Desistimiento - Si el juicio terminase por transacción o conciliación, y si las partes no
convinieran otra cosa, las costas se impondrán en el orden causado respecto de quienes celebran el
avenimiento.En cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplicarán las reglas generales».
(9) Art. 353 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba (Ley 8465): Es idéntico al art. 308 del
CPCCN, excepto que en vez de señalar «juez», expresa «tribunal».
(10) Art. 19 Ley Nacional 21.839 de Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores: «Se
considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción».
(11) Art. 8 inc. m Ley 6767 de Honorarios de Abogados y Procuradores de Santa Fe: «La cuantía del
juicio a los fines de la aplicación de la escala del art. 6, será la cantidad reclamada en la demanda o en
la reconvención o la que resulte de la sentencia si fuera mayor [...] m. En las transacciones sobre
derechos litigiosos susceptibles de apreciación pecuniaria, se tomará en cuenta el valor de la
transacción, pero si esta se realizare reduciéndose en más de la mitad el monto reclamado, se
considerará como cuantía del juicio un valor no inferior al cincuenta por ciento de la demanda. En
todos los casos se regularán los honorarios como si se hubieran cumplido todas las etapas del proceso».
(12) Art. 31 Ley 9459: «Base regulatoria - En todo juicio o actuación judicial en que sea necesario
regular honorarios profesionales, estos se ajustarán a las siguientes pautas: [...] 3. en caso de
transacción, el monto acordado será la base regulatoria para los letrados intervinientes en la misma.
Esta no vincula a los letrados que hayan intervenido en la causa y no hayan sido parte de la
transacción».
(13) Art. 505 in fine CCiv: «Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase
en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios
profesionales, de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no
excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento
que ponga fin al diferendo.Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes
arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho
porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del
porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que
hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas».
(14) Cfr. PRAT, Hernán V. "El acuerdo transaccional en el proceso civil y su influencia en la
regulación de honorarios de los letrados que no participaron en ella", en LL, Suplemento Doctrina
Judicial Procesal, 2009 (setiembre), p. 61; EGUREN y GARCÍA SOLA, op. cit.
(15) Cfr. CSJN, Fallos 329:1191, 11.04.2006, "Murguía Elena J. c/Green Ernesto B.", LL 2006-D, 561;
CNCiv en pleno, "Murguía Elena J. c/ Green Ernesto B.", 02.10.2001, voto de la mayoría en forma
impersonal.
(16) Cfr. CSJN, "Murguía" cit.; CNCiv, "Murguía" cit., voto de los Dres. Alterini y Galmarini por la
mayoría.
(17) Cfr. CSJN, Fallo: 329:1066, "Coronel Martín F. c/ Villafañe Carlos A. y otra", 11.04.2006, consid.
7; CNCiv, "Murguía" cit., voto de la mayoría en forma impersonal.
(18) Ib.
(19) CSJN, Fallos 315:2575, 27.10.1992, "De Souza Daniel O. y otros c/ Obras Sanitarias de la
Nación".
(20) Íd., "Murguía" cit.; "Coronel" cit., consid. 11.
(21) "Coronel" cit., consid. 9.
(22) "De Souza" cit.; "Coronel" cit.
(23) CNCiv, "Murguía" cit., voto de la minoría en forma impersonal.
(24) "Coronel" cit.; CNCiv, "Murguía" cit., voto de la minoría en forma impersonal. En puridad, el
adagio citado es: «res inter alios acta, aliis neque nocere prodesse potest» (las cosas hechas entre otros
no pueden perjudicar ni aprovechar a los demás).
(25) CNCiv, "Murguía" cit., voto de la minoría en forma impersonal.
(26) CSJN, Fallos 332:837, "Lasala Mario Oscar c/ Logística La Serenísima S.A. y otros", del
14.04.2009, del voto en disidencia de los Dres.Highton de Nolasco y Petracchi, consid. 8; CNCiv,
"Murguía" cit., voto de la minoría en forma impersonal.
(27) Cfr. CNCiv, "Murguía" cit., argumentos del voto del Dr. Greco por la minoría. También,
EGUREN y GARCÍA SOLA, op. cit.
(28) Ib.
(29) Sobre el problema de la coherencia en los sistemas jurídicos, puede verse BETEGÓN
CARRILLO, Jerónimo, GASCÓN ABELLÁN, Marina, DE PÁRAMO ARGÜELLES, Juan Ramón,
PRIETO SANCHÍS, Luis, Lecciones de teoría del derecho, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 269-284.
(30) Cfr. MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 344. LÓPEZ
DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los Contratos. Parte General, Zavalía, Bs. As., 1975, pp.
289-293; DÍEZ PICAZO, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial, Thomson Civitas,
Pamplona, 2007, vol. 1, pp. 526-531; MESSINEO, Francesco, Doctrina general del contrato. Notas de
derecho argentino, Ediciones Jurídicas Europea-Americana, Bs. As., 1952, t. II., pp. 182-188; TRIGO
REPRESAS, Félix A., "La relatividad de los contratos y su oponibilidad a terceros", Estudios en
homenaje al Dr. Guillermo Borda, La Ley, Bs. As., 1984, pp. 344-353; SALAS, Acdeel Ernesto, "El
principio de la relatividad de los contratos y su oponibilidad a los terceros", en JA 1947-IV, pp.
292-297; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., "El efecto relativo de los contratos", en LL 2007-B,
1108 y ss.
(31) Cfr. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ib., p. 291.
(32) Cfr. CSJN, "Murguía" cit.; "Coronel" cit.; CNCiv, "Murguía" cit., voto de la mayoría en forma
impersonal.
(33) La doctrina de LÓPEZ DE ZAVALÍA, op. cit., es invocada expresamente en CNCiv, "Murguía",
como fundamento de la tesis de la opon ibilidad de la transacción.
(34) Cfr. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ib., p. 291. Para el autor citado, los terceros «materialmente»
interesados son «todos aquellos que considerando al contrato válido y eficaz, solo experimentan un
perjuicio material, indirecto.Tal es la situación en que se encuentran los acreedores de las partes». A
estos terceros sí se les aplica la regla exactamente inversa según la cual: «los contratos pueden
perjudicar a terceros». Por último, para LÓPEZ DE ZAVALÍA, los terceros "pasivamente" interesados
son los sujetos que tienen un deber jurídico. Es el caso de la cesión de créditos (art. 1444 CCiv) (ib., p.
292).
(35) Esta conclusión está implícita en CNCiv en pleno, "Murguía" cit., voto de la minoría en forma
impersonal, cuando señala: «Entre sus consecuencias jurídicas se distinguen los efectos directos, o sea
aquellos que las partes quieren producir, respecto de los cuales rige el principio de relatividad, de los
efectos indirectos o reflejos, que son los que de hecho, en forma material, inciden sobre los terceros».
Cabe señalar que la doctrina en general, cuando explica y ejemplifica la aplicación de la regla «los
contratos pueden perjudicar a terceros», refiere en puridad a la especie de «terceros materialmente
interesados» expuesta por LÓPEZ DE ZAVALÍA.
(36) Ley 6767 de Honorarios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe cit. Sobre el
concepto de derecho subjetivo, puede verse, BETEGÓN CARRILLO y otros, op. cit., pp. 167-187.
(37) Así, por ejemplo, a la construcción de la noción de derecho subjetivo iusfundamental elaborado
por ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1993, p. 173 y ss.
(38) Ley 24.432 de Honorarios y Aranceles Profesionales. Los planteos referidos a la
constitucionalidad de la norma en comentario fueron motivo de debate durante su trámite
parlamentario. Al respecto, puede verse PADILLA, René A., Responsabilidad civil por mora, Astrea,
Bs. As., 1996, pp. 427-429.
(39) BUERES, Alberto J. y HIGHTON, Elena I., Código Civil y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, 2006, 1ª ed., t. 2-A, p. 70.
(40) En efecto, el art. 8 inc.m de la Ley 6767 de Honorarios de Abogados y Procuradores de Santa Fe,
citado supra, puede contradecir el precepto del art. 505 in fine del CCiv cuando el monto económico de
la transacción arribada sea sustancialmente inferior al monto de la demanda; de modo que aun
computando el mínimo del 50% del monto de la demanda como base para la regulación de los
honorarios, ello supere el límite del art. 505 in fine del CCiv.
(41) Ley 9459, Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, cit.
(42) De todos modos podemos asumir que el Alto Tribunal, cuando en Fallos 315:2575, "De Souza"
expresa «cuando se ha celebrado un acuerdo transaccional entre las partes es claro que sus efectos sobre
los honorarios no es un problema de los que se gobiernan por la legislación civil sobre contratos sino
que deben acatarse las leyes que específicamente regulan la materia, y que se refieren a ellos», viene a
admitir a través de una argumentación circular, la competencia exclusiva de las provincias para regular
en materia de aranceles profesionales.
(43) Cfr. "Coronel", cit., consid. 7; CNCiv, "Murguía" cit., voto de la mayoría en forma impersonal.
(44) En sentido coincidente, CAIRO, Silvina, ha dicho que «si además de transigir sus derechos, se les
permite -a las partes- decidir la base regulatoria que corresponderá a los extraños al convenio, se podría
llegar a interpretar que están ejerciendo facultades cuasi-jurisdiccionales, lo cual resulta inconcebible»
"Los honorarios de los abogados que no participaron en la transacción de la litis", Revista del Colegio
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Nº 2, 2006, p. 172.
(45) Ib., p. 176.
(46) Ley 6767 de Honorarios de Abogados y Procuradores de Santa Fe, cit., art. 4: «Para la estimación
del honorario en las causas susceptibles de apreciación pecuniaria, los jueces o tribunales tendrán
especialmente en cuenta además del monto del asunto:a) La apreciación hecha por el o los
profesionales; b) El éxito obtenido y la calidad y extensión de la labor profesional dentro y fuera del
proceso»; art. 5 Ley 6767: «En las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria, el honorario será
estimado teniendo en cuenta las circunstancias de los apartados a) y b) del artículo anterior y además:
a) La posición económica y social del interesado; b) La trascendencia que para el mismo revista la
cuestión debatida».
(47) Prueba de que la modalidad sugerida en el texto resultaría razonable y prudente, se halla en el
hecho de que algunos procesalistas que sostienen la tesis de la oponibilidad aceptan excepciones a la
"regla" formulada en el plenario "Murguía" de la CNCiv y reafirmada en los precedentes posteriores
del Alto Tribunal. Así, EGUREN y GARCÍA SOLA, op. cit., sostienen que en aquellos supuestos en
que los profesionales que no intervinieron en la transacción hayan cumplido con todas las etapas del
proceso (demanda, prueba, alegatos), corresponde se les regulen sus honorarios tomando como base la
cuantía del asunto y no el monto reducido de la transacción. Del mismo modo, a nuestro criterio, es
posible que el judicante estime que el monto económico pactado en la transacción sea una base
económica adecuada y razonable para efectuar la regulación de los honorarios profesionales de aquellos
que no intervinieron en el acuerdo. Desde otro punto de vista, cabe agregar que el grado de
discrecionalidad que ejercerá el juez en oportunidad de justipreciar los honorarios del profesional en la
modalidad sugerida, como así también las dificultades que hallará en oportunidad de realizar dicha
tarea, no son sustancialmente diferentes a las que halla cuando valora y estima el rubro daño moral en
las causas de responsabilidad sometida a su jurisdicción.
(48) Conforme puede observarse en la práctica tribunalicia, suele ocurrir que las partes contendientes,
luego de revocar el poder a su letrado o de haber renunciado este al mandato, arriban a la transacción
consignando una cuantía inferior a la real. Cfr.EGUREN y GARCÍA SOLA, op. cit.; CNCiv,
"Murguía" cit., voto del Dr. Greco.
(49) En ese caso, parafraseando a HEGEL, bien podría decirse que a los casos judiciales al ser juzgados
en la «oscuridad de noche» les pasaría lo que a los gatos: «en la que, como suele decirse, todos los
gatos son pardos» (ver HEGEL, G. W. F., Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica,
México, 1966, p. 15).
(50) La seguridad que insufla al operador jurídico la regla legal que emerge de CNCiv, "Murguía", y
continuada en los precedentes del Alto Tribunal "Murguía" y "Coronel", entre otros, puede responder a
la asunción de una concepción fuertemente dogmática y positivista, la cual descuida algunos de los
despliegues de hecho o eficacia, y valor o corrección del derecho. Ver al respecto, GOLDSCHMIDT,
Werner, Introducción filosófica al derecho. La teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes,
Depalma, Bs. As., 1996, 6ª ed.; ALEXY, Robert, El concepto y la validez del derecho, Gedisa, España,
2ª ed., 1997.
(*) Ponencia presentada en las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, San Miguel de Tucumán,
29 de setiembre - 1 de octubre 2011.




ESTIMADA LE PROPORCIONES DOS CASOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA RELATIVA ESPECIFICAMENTE AL TEMA QUE USTED NECESITA.
MUCHA SUERTE

SI NECESITA ALGO MAS NO DUDE EN SOLICITARLO
SALUDOS!!!

JustAnswer en los medios:

 
 
 
Sitios web de consulta médica: Si tiene una pregunta urgente puede intentar obtener una respuesta de sitios que afirman disponer de distintos especialistas listos para proporcionar respuestas rápidas... Justanswer.com.
JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
  • pcarruego

    pcarruego

    Abogada

    Clientes satisfechos:

    163
    Derecho
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/PC/pcarruego/2011-10-13_134953_pato3.2.64x64.jpg Avatar de pcarruego

    pcarruego

    Abogada

    Clientes satisfechos:

    163
    Derecho
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/HU/huracan29/2013-7-18_153346_20130718120300.64x64.jpg Avatar de huracan29

    huracan29

    Doctorado

    Clientes satisfechos:

    2417
    Abogada especialista en los fueros civil, comercial, laboral y previsional
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/XI/ximena2011/2011-4-17_11178_P2030640.64x64.JPG Avatar de Mariana Gonzalez

    Mariana Gonzalez

    Asesoramiento Integral

    Clientes satisfechos:

    588
    ABOGADA
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DA/DAVIDBERTOLASI/2012-5-9_143457_barb.64x64.jpg Avatar de DAVID_ABOGADO

    DAVID_ABOGADO

    Abogado de Argentina

    Clientes satisfechos:

    535
    Abogado en el ejercicio de la profesión.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/LA/lautiyenzo11/2012-2-3_225338_16642416539501426321053414430314276267938775n.64x64.jpg Avatar de lautiyenzo11

    lautiyenzo11

    Doctorado

    Clientes satisfechos:

    1936
    Abogada,especialista en derecho del trabajo, civil, comercial y de la Seguridad Social.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/AV/avilacamps/2013-9-6_203122_yo2.64x64.jpg Avatar de Pablo Avila Camps

    Pablo Avila Camps

    Abogado de Argentina

    Clientes satisfechos:

    650
    Abogado con 20 años de experiencia en materias laborales, previsionales, civiles y comerciales. Gran experiencia en resolución de conflictos por la vía conciliatoria.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DA/daniluchis/2016-3-10_15171_o.64x64.jpg Avatar de D Sanchez de Sepola

    D Sanchez de Sepola

    Abogada Especializada

    Clientes satisfechos:

    576
    Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
 
 
 

Preguntas relacionadas con Ley de Argentina