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DAVID_ABOGADO
DAVID_ABOGADO, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 580
Experiencia:  Abogado en el ejercicio de la profesión.
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DAVID_ABOGADO está en línea ahora

Hola, yo soy lic. en administración agraria, de la U.A.D.E.,

Pregunta del cliente:

Hola, yo soy lic. en administración agraria, de la U.A.D.E., año egreso 1981, resolución MCE 450/79. de acuerdo a las incumbencias podía dar en el colegio secundario de la pcia. de B.As. la materia de Economía política, ahora dicen que no porque existe una resolución de la década pasada que invalida poder dar clase sobre este tema. La pregrunta. ¿ si cuando estudié existía esa incumbencia, pueden sacármela después?. Gracias XXXXX XXXXX respuesta. Oscar
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 5 año.

DAVID_ABOGADO :

Estimado consultante, tenga ud. buenos dias, especificado como ud. lo plantea estariamos ante un accionar ilegal por parte de DGCYE., igualmente debe diferenciarse las horas de la incumbencia, es decir, el derecho adquirido que ud tendria es si fuera titular de las horas.


Supongo, que en su caso, ud. quiere aplicar para tomar horas, pero no cubre la incumbencia. es asi?


 


 

DAVID_ABOGADO :

buen dia Oscar.

Customer:

Es correcto, pienso que originalmente cuando estudié la carrera se me permitía, luego no, es como si un abogado recibido en el año 66, luego con los años por haber cambiado el plan de estudios no puede hacer ciertas presentaciones en los juzgados, entonces estaríamos con el problema que muchs profesiones quedan descolocadas. Creo que con los agrimensores pasó algo parecido.

Customer:

Estimado Dr. David, entiendo que existe un derecho primario, cuando me recibí y a partir de allí es un derecho adqurido sin importar que luego no haya estado dando clases de la materia. Durante algunos años la dí, luego me retiré de la docencia y cuando vuelvo veo que lo que se me permitía hacer luego ya no, es decir y vuelvo con el ejemplo anterior, que un médico clínico que se recibió hace años ya no puede atender una guardia. gracias XXXXX XXXXX respuesta, en todo caso la espero por mail. saludos

DAVID_ABOGADO :

Estimado, voy a profundizar en la normativa, pero necesito mas tiempo. Aun asi, el ejemplo que ud aplica lo es respecto de los docentes, no asi con aquellos que somos profesionales y con motivo de ello se nos permite cubrir vacantes docentes en los listados.


Pero no quiero apresurarme en brindarle una respuesta. Le solicito me aguarde durante el transcurso de este dia, para que le responda en este mismo chat.

Customer:

Estimado Dr., espero su respuesta ansiosamente. Gracias XXXXX XXXXX deferencia

DAVID_ABOGADO :

Estimado Consultante. Por mi parte he buscado información respecto de su tema y no he podido encontrar informacion especifica para su caso. Lo siento, pero conforme lo encontrado, me veo en la obligacion de abandonar a pregunta a los fines de ver si su inquietud puede ser respondida por otro colega. Atentos saludos

DAVID_ABOGADO :

Estimado, vera su pregunta es inusual por la poca informacion existente, asimismo, he visto que otros colegas tampoco han intervenido con mayor abundamiento. El tema es que lo he debatido con otros colegas, y basicamente, no existe por donde atacar la norma que haga el cambio de incumbencias, lo general es a traves del articulo 17 de la constitucion nacional, pero al no estar efectivamente dando clases, es decir, en posesion del cargo, no tiene un derecho adquirido.


Atentos saludos

DAVID_ABOGADO :

Aqui encontre algo de jurisprudencia, pero no es favorable:


 


 


Voces: CONSTITUCIONALIDAD - DECRETOS REGLAMENTARIOS - MUNICIPALIDADES -

ORDENANZA MUNICIPAL - EMPLEADO PÚBLICO MUNICIPAL - DOCENTES - CONCURSO

DE CARGOS - ASCENSO DE EMPLEADOS PÚBLICOS - INTERPRETACIÓN DE LA LEY -

CONSTITUCIÓN NACIONAL - DERECHO DE ENSEÑAR Y APRENDER - DERECHO A

TRABAJAR - DERECHO DE PROPIEDAD - DERECHOS ADQUIRIDOS - IGUALDAD ANTE LA

LEY - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROVINCIAL

Partes: Mannini Gabriela Inés c/ Municipalidad de Córdoba | amparo - recurso de apelación - recursos

de casación e inconstitucionalidad

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: en Pleno

Fecha B.O.: 16-dic-2008

Cita: MJ-JU-M-41532-AR | MJJ41532

Producto: MJ,COR

Constitucionalidad del decreto 4927/06 dictado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de

Córdoba que, al fijar los requisitos necesarios para presentarse a concurso y ascender en la carrera

docente, estableció una exigencia que no se encontraba expresamente contemplada en la Ordenanza

10010/98 reglamentada.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de Cámara

que declaró ajustado al orden constitucional al decreto 4927/06 del Departamento Ejecutivo de la

Municipalidad de Córdoba, que establece los requisitos para acceder al concurso en la actividad

docente, pues, no se advierte que aquél al exigir una antigüedad mínima computable sólo en el ámbito

de la docencia municipal haya excedido su potestad reglamentaria, puesto que se limitó a aclarar

expresamente lo que ya se encontraba normado por el artículo 19 de la Ordenanza 10010/98 -que

reglamenta la actividad docente y regula el sistema de ascensos-, toda vez que dicho artículo no puede

ser interpretado aisladamente sino que ello debe efectuarse teniendo en cuenta el contexto normativo en

el que se halla inserto.

2.-El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba al dictar el decreto 4927/06 actuó en el

ámbito de sus competencias, puesto que, aún cuando estableció que el requisito de antigüedad en la

docencia para presentarse a concurso para optar por un ascenso debe ser ejercida en “establecimientos

educativos municipales de la ciudad de Córdoba”, y ello no había sido contemplado de manera expresa

en la Ordenanza 10010/98, dicho recaudo se ajusta plenamente al espíritu de la norma reglamentada,

cual es el de regular la actividad docente dentro de la citada Municipalidad, y sirve razonablemente a la

finalidad por ella perseguida, es decir a la de garantizar la carrera administrativa de los docentes dentro

del municipio.

3.-Si bien los decretos reglamentarios no pueden alterar el espíritu de la ley que reglamentan, es decir,

deben adecuarse tanto a los motivos, a los medios, como a la finalidad de la ley, el Poder Ejecutivo

puede, en ejercicio de su potestad reglamentaria, establecer condiciones o requisitos, limitaciones o

distinciones que, aunque no hayan sido contempladas por el legislador de manera expresa, se ajusten al

espíritu de la norma reglamentada o sirvan razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue.

4.-El decreto 4927/06, en cuanto establece que el requisito de antigüedad en la docencia debe ser

ejercida en establecimientos educativos municipales de la ciudad de Córdoba, no vulnera los derechos

de enseñar y trabajar consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, puesto que no le

impide a la recurrente ejercerlos -en el caso, contaba con una antigüedad superior a la requerida pero

computada en distintos establecimientos educacionales-, por el contrario, simplemente lo que se ha

efectuado es una aclaración de uno de los requisitos exigidos por la Ordenanza 10010/98 para poder

concursar a los fines de obtener un ascenso dentro de la carrera profesional docente.

5.-El decreto 4927/06 dictado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba no

vulnera el derecho de propiedad consagrado por el artículo 178ref:leg1280.17) de la Constitución

Nacional, ya que la actora no tenía un derecho adquirido a participar del concurso, en virtud de que el

requisito explicitado en el decreto en cuestión, vale decir la antigüedad mínima de seis años en el

ejercicio de la docencia ejercida en establecimientos educativos municipales de la ciudad de Córdoba,

ya surgía claramente del contexto normativo en que se hallaba inserto el artículo 19 de la Ordenanza

10010/98, y al momento de la presentación al concurso la accionante no cumplía con dicho requisito.

6.-Si bien el decreto 4927/06 dictado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba

dispensó un diferente tratamiento entre quienes poseen la antigüedad de seis años en escuelas

municipales de la ciudad de Córdoba y quienes la han adquirido desempeñándose en diferentes

establecimientos, ese distinto trato no vulnera el derecho de igualdad, porque se efectuó entre quienes

se encuentran en diferentes situaciones, basándose, asimismo, en un criterio razonable, en el que halla

su justificación, cual es asegurar que participen del concurso para ascender al cargo de Vicedirectora

quienes gocen de mayor experiencia en el ámbito de escuelas municipales.

En la ciudad de Córdoba, a DIECISÉIS días del mes de DICIEMBRE del año dos mil ocho, siendo las

DOCE horas, se reúnen en acuerdo público los Señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de

Justicia, en pleno, doctores María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa

Tarditti, Luis Enrique Rubio, M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, Carlos F. García Allocco y

Víctor Armando Rolón Lembeye, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en estos

autos caratulados: "MANNINI, GABRIELA INÉS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA -

AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN - RECURSOS DE CASACIÓN E

INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. letra "M", n° 07, iniciado el dos de junio de dos mil ocho), con

motivo de los recursos de casación y de inconstitucionalidad deducidos por la Sra. Gabriela Inés

Mannini (fs. 259/301 vta.), en contra de la Sentencia Número Doscientos uno, dictada con fecha

veintiocho de diciembre de dos mil siete por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de

Octava Nominación de esta ciudad, por la cual se resolvió: "1) Hacer lugar al recurso de apelación de la

demandada, revocando el decisorio, en mérito, de que corresponde declarar que el decreto 4927 resulta

ajustado al orden constitucional, por lo que en su consecuencia corresponde rechazar la presente acción

de amparo. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora." (fs. 241), procediendo en

primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación deducido?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad incoado?

TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES MARÍA

ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA

TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, CARLOS

F. GARCÍA ALLOCCO Y VÍCTOR ARMANDO ROLÓN LEMBEYE, DIJERON:

1. A fs. 259/301 vta. la Sra.Gabriela Inés Mannini deduce recursos de casación e inconstitucionalidad

en contra de la Sentencia Número Doscientos uno, dictada con fecha veintiocho de diciembre de dos

mil siete por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava Nominación de esta ciudad,

por la cual se resolvió: "1) Hacer lugar al recurso de apelación de la demandada, revocando el

decisorio, en mérito, de que corresponde declarar que el decreto 4927 resulta ajustado al orden

constitucional, por lo que en su consecuencia corresponde rechazar la presente acción de amparo. 2)

Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora." (fs. 241).

RECURSO DE CASACIÓN

a. Violación del principio de congruencia (inciso 1° del artículo 383 del C.P.C.C.).

Afirma que la liquidación de haberes importa un reconocimiento por parte de la Municipalidad de

Córdoba de la antigüedad, del que no puede apartarse sin violar la teoría de los actos propios.

Explica que dicha cuestión ha sido omitida por el fallo impugnado, lo que causa un gravamen

irreparable, habida cuenta de que en el caso de haberse considerado la liquidación de haberes como

prueba dirimente se habría admitido la antigüedad del amparista como verdad incontrovertida.

Resalta que esta conclusión resuelve el punto esencial de la controversia, ya que admitida la antigüedad

de diez años, la amparista resultaba legitimada para concursar.

Agrega que también dejó de considerar el a-quo la aplicación retroactiva del Decreto 4729/06, lo que

resulta violatorio del artículo 3 del Código Civil.

Entiende que la dirimencia es obvia, puesto que, aún admitiendo la constitucionalidad del decreto

mencionado, la ilegitimidad de su aplicación retroactiva se encuentra estigmatizada en la citada norma.

Aclara que el llamado a concurso fue dispuesto por Decreto 4701 de fecha cuatro de octubre de dos mil

seis y el Decreto 4927, por el que se cambia "antigüedad" por "antigüedad en establecimientos

municipales", es del veinte de octubre de dos mil seis, es decir posterior alllamado a concurso; lo que

no se modifica conceptualmente entendiendo que el mismo es "interpretativo", habida cuenta que esa

interpretación fue legislada retroactivamente por el Poder Ejecutivo Municipal para impedir concursar a

la amparista.

Sostiene que, además de la incongruencia subjetiva (por exceso o defecto), existe una incongruencia

respecto al material fáctico. Explica que ésta se da cuando se introduce en la decisión un hecho que la

parte no aseveró o que si lo hizo no fue presentado del modo que se lo hace valer en la sentencia.

b. Quebrantamiento de las reglas de la lógica (inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C.).

Considera que el razonamiento dado por la Cámara a-quo es totalmente dogmático y carece de asidero

legal y lógico, ya que parte de un presupuesto de hecho en su razonamiento que es fragmentado

parcialmente, sin tener en cuenta el contexto de todas las constancias de autos.

Expresa que el a-quo no ha observado el principio de razón suficiente porque todo el razonamiento

seguido para arribar a una conclusión sobre la cuestión debatida, como para concluir en el segundo

aspecto, que es la improcedencia en sí de la pretensión sustancial, se basa en la mera voluntad del

tribunal.

Alega que el vocal preopinante incurre en una contradicción, cuando sostiene que ".es posible que para

el desempeño de determinados cargos, especialmente los jerárquicos, la experiencia desplegada en el

propio ámbito del cargo al que se aspira, implique una pauta de idoneidad que pueda requerirse

legítimamente para obtener un ascenso, en ciertas funciones, particularmente las jerárquicas, que tornan

imprescindible un manejo empírico del ámbito laboral.".

Sostiene que el juicio es contradictorio puesto que se afirma y niega simultáneamente el mismo

presupuesto:el requisito de la experiencia desplegada en el propio ámbito del cargo.

Alega que si la experiencia en el cargo es condición de admisibilidad para concursar al mismo, sólo

podrían competir quienes detentan el cargo, con lo cual el razonamiento queda viciado por la reducción

al absurdo, toda vez que nadie concursaría para el cargo que ya ocupa.

Señala que el pronunciamiento también viola el principio de identidad porque el juzgador parte de un

presupuesto erróneo: la diferencia entre la antigüedad de un docente en establecimientos de la

Municipalidad de Córdoba y la antigüedad en las escuelas privadas o provinciales.

Indica que esta dicotomía (dos antigüedades) viola el principio de identidad porque la sumatoria del

tiempo en un empleo, da por resultado una sola antigüedad, que fuera llamada también antigüedad

acumulada.

Añade que este vicio conduce el razonamiento por un derrotero que se vuelve contra la teoría de los

actos propios, tan pronto se repare que la propia Municipalidad de Córdoba reconoció a la amparista

una antigüedad en la liquidación de haberes de diez años, que más tarde, y retroactivamente, entiende

insuficiente para concursar.

Aduce que en el razonamiento del a-quo se advierte la sinonimia entre antigüedad, experiencia e

idoneidad. Considera que quien presupone que una docente que se eternizó en el cargo goza de

idoneidad infringe el principio de razón suficiente.

c. Quebrantamiento de las formas y solemnidades (inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C.).

Señala que el tribunal a-quo en el resolutorio recurrido vulnera derechos fundamentales reconocidos en

nuestra Constitución, tales como el "principio de sentencia fundada en ley" (art. 17), el "derecho de

defensa" (art. 18), el "derecho al debido proceso" (art. 33), que son normas procesales constitucionales

imperativas, que de no cumplirse acarrean la nulidad del proceso.

Aclara que se ha fallado omitiendo analizar los términos en que objetivamente, por voluntad de las

partes y del órgano jurisdiccional, quedó planteada la relación jurídico procesal.

d.Infracción a la doctrina legal del Tribunal Superior de Justicia (inciso 4° del art. 383 del C.P.C.C.).

Indica que existe el vicio apuntado, toda vez que este Alto Cuerpo in re: "Super Imperio S.A. c/

Municipalidad de Río Cuarto - Acción de Inconstitucionalidad", sent. N° 8/06, ha fijado una

interpretación que es contraria a la hecha por el a-quo.

Manifiesta que una interpretación literal del voto de la Dra. Junyent da cuenta que la legitimidad de

Decreto N° 4927/07 se funda en el poder de policía ejercido por el Departamento Ejecutivo Municipal,

normativizando el régimen concursal de los docentes municipales.

Luego de transcribir párrafos del resolutorio de este Tribunal, esgrime que surge evidente la existencia

de una interpretación contraria a la realizada por este Alto Cuerpo que sostiene: a) que la autonomía

municipal implica un poder limitado y delegado, cuyo ejercicio no debe estar prohibido por la

Constitución Nacional y debe adecuarse a las funciones y poderes del Estado Provincial. b) Este poder

de policía importa una potestad cuya finalidad es propender al interés general. c) Por lo que conlleva

una limitación sustancial, en tanto no debe rebasar los límites de razonabilidad y proporcionalidad. d)

La Ordenanza de la Municipalidad de Río Cuarto invade competencia exclusiva del Congreso de la

Nación, al legislar sobre Derecho del Trabajo. e) Este avasallamiento de la competencia nacional y

provincial, en materia que no le es propia, trae aparejada la declaración de inconstitucionalidad de la

ordenanza.

Destaca que resulta evidente que el tribunal de mérito sostiene un criterio diametralmente opuesto: a)

Legitima el Decreto N° 4927/07, con lo cual se viola la división de poderes, propia del sistema

republicano de gobierno, ya que no se trató ni siquiera de una ordenanza. b) El citado decreto tiene

efecto retroactivo, pues modificó el status jurídico de la amparista, infringiendo el artículo 3 del Código

Civil.c) El decreto atacado resuelve el caso particular de una docente, por lo que no están interesadas la

seguridad, la salubridad ni la moral pública, materia específica del poder de policía municipal. d) El

decreto cuestionado invade la competencia federal, legislando sobre lo que es materia propia de la Ley

de Educación Nacional N° 26.206. e) La carrera profesional docente (de lo que trata el Decreto 4927)

se encuentra garantizada en los artículos 14 y 75, inciso 19 de la Carta Magna. f) La carrera docente se

encuentra expresamente legislada en el artículo 69 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, de lo

cual resulta la incompetencia material del municipio. g) El poder de policía aludido expresamente por

la Constitución Provincial está referido a lo que es ".materia de autorización y represión de juegos de

azar, cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a través de los organismos que ella

determine" (art. 110, inciso 37) materia absolutamente extraña a lo tratado por el Decreto 4927. h) El

poder de policía municipal se encuentra contemplado en el artículo 186 inciso 7 de la Constitución

Provincial, estableciendo sus límites en el inciso 14.

Considera que la aplicación e interpretación del derecho pretendido es la siguiente: en mérito de la

jurisprudencia de este Tribunal Superior corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto 4927

por violar los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 31, 75 inciso 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, la Ley de

Educación Nacional N° 26.206, y los artículos 7, 19 inciso 3, 110 inciso 37, 186 inciso 7 y 14 de la

Constitución Provincial y subsidiariamente declarar inaplicable el Decreto 4927 por su carácter

retroactivo (art. 3 del C.Civil) y afectar derechos constitucionales de la amparista.

Concluye que existe identidad fáctica y contradicción doctrinaria en los casos traídos, dándose el

supuesto del artículo 383 inciso 4° del C.P.C.C.

Hace reserva del caso federal.

2. A fs. 302 se corrió traslado a la contraria, el que fue evacuado a fs. 306/317 de autos, solicitando el

rechazo de los recursos planteados por la actora, con costas.

3. A fs. 317 vta. se corrió traslado al Sr. Fiscal de Cámara, quien lo evacuó a fs. 318/324 vta.,

pronunciándose en el sentido que corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad incoado en

función del artículo 391 inciso 1° del C.P.C.C.

4. Mediante Auto Número Ciento catorce, de fecha ocho de mayo de dos mil ocho, la Cámara de

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava Nominación de esta ciudad dispuso: "1) Conceder el

recurso de casación por la causal del inc. 1°, y denegar por la causal 4° del art. 383 del C.P.C. 2)

Conceder el recurso de inconstitucionalidad por la causal invocada" (fs. 326 vta.).

5. Arribados los autos a esta sede (fs. 329), se corrió vista al Señor Fiscal General de la Provincia del

recurso de inconstitucionalidad deducido (fs. 330), quien la evacuó a fs. 331/333 vta. (Dictamen E N:

384, de fecha 18/06/08), pronunciándose en el sentido de que corresponde rechazar el recurso de

inconstitucionalidad incoado.

6. A fs. 334 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 335), deja la presente causa en estado de

resolver.

7. El recurso de casación precedentemente reseñado ha sido deducido en tiempo oportuno, en contra de

un decisorio que ostenta virtualidad jurídico-procesal de sentencia definitiva y por quienes se

encuentran procesalmente legitimados a tal efecto.

Por ello, corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales

atinentes a su procedencia formal y sustancial.

8.a.- Al amparo de la hipótesis impugnativa prevista en el inciso 1° del artículo 383 del C.P.C.C.

denuncia el recurrente la violación del principio de congruencia por el tribunal a-quo en el fallo objeto

de recurso.

El principio de congruencia, asentado en la garantía de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.) tiende,

pues, a que exista correlación entre la pretensión deducida, su oposición y lo que el tribunal debe

decidir en la sentencia (Cfr. VENICA, Oscar Hugo; "Código Procesal Civil y Comercial de la

Provincia de Córdoba", Marcos Lerner Editora Córdoba, T. IV, pág. 5).

Las partes, en virtud del principio dispositivo, son las encargadas de fijar el alcance y contenido de sus

pretensiones, lo que posibilita la demarcación del perímetro del "thema decidendum".

Ahora bien, al intentar fundar la supuesta violación al principio de congruencia, la recurrente esgrime

que el a-quo ha omitido considerar como prueba dirimente la liquidación de haberes de la amparista, en

la cual la Municipalidad demandada habría reconocido la antigüedad de diez años en el ejercicio de la

docencia.

En consecuencia, erróneamente, la casacionista intenta fundamentar la violación al principio de

congruencia, esgrimiendo una supuesta omisión por parte del a-quo de valoración de prueba dirimente,

cuestión que debería haber sido atacada invocando la falta de fundamentación lógica en el decisorio

recurrido por violación del principio de razón suficiente.

En efecto, cuando se omite la ponderación de algún elemento probatorio con relevancia para la

dilucidación de la causa, el tribunal incurre en falta de fundamentación lógica, puesto que prescinde de

brindar una de las premisas necesarias para la construcción de un razonamiento válido.

Por lo tanto, es dable colegir que la recurrente no ha fundado adecuadamente el motivo casatorio

esgrimido.

No obstante, y pese al defecto formal que conlleva a la inadmisibilidad del recurso por el motivo

planteado, cabe destacar que el tribunal a-quo de ningún modo omitió considerar la prueba aportadapor

la recurrente.

En efecto, del razonamiento seguido por el sentenciante surge claramente que dicha prueba no resultaba

trascendente para el reconocimiento de la antigüedad en el ejercicio de la docencia en establecimientos

municipales.

El a-quo al reconocer que la antigüedad requerida por las bases del concurso es la antigüedad en la

docencia en escuelas municipales de la ciudad de Córdoba, no consideró dicha prueba como relevante

para la dilucidación del pleito, toda vez que para el pago del adicional por antigüedad no sólo se tiene

en cuenta las tareas desarrolladas como maestra municipal sino también la labor llevada a cabo en

establecimientos no dependientes del ente municipal.

Asimismo, la propia amparista reconoce en el escrito de demanda que su ingreso a la planta municipal

se produjo con una antelación menor a los seis (6) años que exige la normativa para el ascenso al cargo

de Vicedirectora (cfr. fs. 50).

Por otro lado, tampoco resulta adecuado para fundar la supuesta violación al principio de congruencia,

lo alegado por la casacionista en torno a que el a-quo habría también dejado de considerar la aplicación

retroactiva del Decreto 4729/06, lo que resultaría -a su entender- violatorio del artículo 3 del Código

Civil, toda vez que dicho agravio no resulta más que una mera disconformidad con lo decidido por el

tribunal de mérito.

Efectivamente, el juzgador transcribió textualmente la opinión del Sr. Fiscal de Cámara, con la cual

coincide, donde manifiesta que el requisito de la antigüedad mínima de seis años en el ejercicio de la

docencia en escuelas municipales no sólo es una exigencia del Decreto 4729/06 sino también de la

Ordenanza 10010, que integra las bases del concurso, si se tiene en cuenta que dicha ordenanza regula

el régimen laboral dentro de las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba (cfr. fs.237 vta.).

En consecuencia, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto por el motivo del inciso 1°

del artículo 383 del C.P.C.C., en tanto se alega violación al principio de congruencia, por no

encontrarse debidamente fundamentado.

b.- Tampoco resulta admisible el recurso entablado por quebrantamiento de las reglas de la lógica

(inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C.), toda vez que la casacionista no fundamenta en forma adecuada y

suficiente el motivo alegado.

Acusa una supuesta contradicción en el razonamiento seguido por el juzgador, puesto que -a su

entender- se afirma y niega simultáneamente el mismo presupuesto: XXXXX XXXXX de la experiencia

desplegada en el propio ámbito del cargo.

Y para fundamentar dicha contradicción sostiene que "si la experiencia en el cargo es condición de

admisibilidad para concursar al mismo, sólo podrían competir quienes detentan el cargo, con lo cual el

razonamiento queda viciado por la reducción al absurdo, toda vez que nadie concursaría para el cargo

que ya ocupa".

El principio de no contradicción supone que el sentenciante afirme y niegue simultáneamente algo

sobre un mismo hecho o principio jurídico.

Ahora bien, en modo alguno la recurrente logra explicitar en el libelo casatorio cómo se configura el

vicio que endilga al resolutorio recurrido.

En efecto, no explica en qué parte del fallo el juzgador emite dos juicios, en uno de los cuales afirma

algo acerca del objeto de pensamiento, mientras que en el otro niega lo mismo acerca del mismo objeto.

Por otra parte, cabe aclarar que el tribunal a-quo se refiere a "la experiencia en el ámbito del cargo" y

no a la "experiencia en el cargo", como postula erróneamente la casacionista.

Efectivamente, al argumentar que el decreto cuestionado no resulta violatorio de principio de igualdad,

el a-quo explica que si bien la norma establece una discriminación entre quienes poseen la antigüedad

requerida en escuelas de la órbita municipal y quienes la poseen en otros establecimientos

educacionales para conferir el derecho de acceder al concurso, dicha discriminación no resulta

arbitraria puesto queencuentra una justificación razonable.

Así, continúa argumentando que: "es posible que para el desempeño de determinados cargos,

especialmente los jerárquicos, la experiencia desplegada en el propio ámbito del cargo al que se aspira,

implique una pauta de idoneidad que pueda requerirse legítimamente para obtener un ascenso, en

ciertas funciones, particularmente las jerárquicas, que tornan imprescindible un manejo empírico del

ámbito laboral, de la forma de operar, de las vicisitudes propias del área en donde se desplegará la

tarea, en función de características peculiares, que previenen sobre la inoperancia de un inexperto. En

el caso la experiencia requerida en establecimientos municipales no es irrazonable, por la necesidad del

conocimiento complejo de la temática, es que resulta razonable que se valoren las calidades exigidas

para una función dentro de un ámbito que de observarse de afuera, y, por ende, en tal caso el estado

convictivo es más bien de sospecha duda y hasta intuición, pues resulta imposible aprehender la

complejidad de las cuestiones que se suscitan en las escuelas municipales desde afuera, pues ello otorga

razonabilidad a la exigencia normada por el decreto 4927, no surgiendo ninguna discriminación que sea

ilegítima o arbitraria, sino fundada en razones que conducen a exigir la idoneidad para el desempeño

del cargo" -énfasis agregado- (cfr. fs. 237vta./238).

Por lo tanto, la censura expuesta resulta igualmente inatendible.

c.- Por último, la casacionista pretende atacar el decisorio objeto de recurso, endilgando a éste una serie

de vicios, tales como violación de los principios de identidad, de razón suficiente, violación de las

formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia (inciso 1°, art.383 del C.P.C.C.).

Sin embargo, al pretender dar los fundamentos de la existencia de las censuras expuestas, no hace más

que manifestar su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal a-quo.

El verdadero agravio de la requirente es el criterio adoptado por el tribunal de segundo grado, quedando

en claro que su pretensión es entonces que se sustituya éste por una interpretación normativa más

favorable a sus intereses.

En verdad que la controversia traída a esta sede, aunque en algunos pasajes de la impugnación pretenda

mostrarse como parcialmente dirigida a cuestionar la fundamentación de la resolución atacada, sólo

contiene la opinión discrepante del recurrente con la solución jurídica a que arribara la Cámara a-quo.

Así, surge sin vacilar que el contenido que se asigna a la infracción representa un error in iudicando,

traduciendo sólo la intención de introducir la interpretación jurídica de la parte en reemplazo de la

efectuada por el tribunal a-quo.

El recurso de casación por el motivo del inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C. sólo admite como materia

revisable los errores "in procedendo", lo cual excluye la procedencia del recurso por el supuesto error

en la interpretación de normas de carácter sustancial, las que encontrarán la vía impugnativa adecuada

en las hipótesis de los incisos 3° y 4° del artículo 383 del C.P.C.C.

Así lo ha entendido este Tribunal en múltiples pronunciamientos, declarándose incompetente para

revisar la aplicación del derecho practicada en las instancias ordinarias, salvo en los supuestos de

interpretación contradictoria.

Siguiendo esta línea conceptual, la doctrina expresa que ".la casación civil, a diferencia de la penal, la

laboral y, parcialmente, la contemplada en la ley de procedimiento de familia, no permite la directa

invocación de supuestos errores in iudicando, sino que para su admisibilidad requiere, inexorablemente,

que existan pronunciamientos contradictorios en cuanto a la inteligencia de una norma sustantiva.Esta

es una hipótesis totalmente diversa a la falta de fundamentación legal, que no puede ser confundida."

(VENICA, Oscar Hugo; op. cit., págs. 19/20).

La censura de la recurrente lejos está de configurar una aplicación arbitraria del derecho, sino tan sólo

-como se dijera antes de ahora- su mera discrepancia interpretativa con el criterio jurídico del que se ha

valido el a-quo para dirimir la controversia sometida a su consideración.

Obsérvese que se pretende descalificar el decisorio por inmotivación, pero la crítica no está en relación

con el orden lógico del razonamiento sino que se introduce -derechamente- en su acierto intrínseco, lo

que se fusiona con la consistencia de la motivación y no con el vicio endilgado.

Más aún, debe destacarse que la casacionista ha dejado incólume, por falta de cuestionamiento en la

casación, uno de los ejes centrales en los que se sustentó el fallo cuestionado, cual es que más allá de la

constitucionalidad o no del Decreto 4729/06, que exige expresamente que "Para el cómputo de la

antigüedad mínima requerida para presentarse a concurso para optar por un ascenso, se tendrá en cuenta

sólo el tiempo de actividad docente antigüedad ejercida en "Establecimientos Educativos Municipales

de la ciudad de Córdoba", el requisito de que la antigüedad exigida en la docencia sea en dichos

establecimientos surge de la norma contenida en la Ordenanza 10010, en tanto el marco normativo del

artículo en cuestión no resulta irrelevante a la hora de desentrañar su sentido.

Así, coincidiendo plenamente con el dictamen del Fiscal de Cámara se sostuvo: ".ubicada la

disposición de una ordenanza que regula el régimen laboral dentro de las Escuelas Municipales y, más

aún, inmersa en la sección "Sistemas de Ascensos" de la "Carrera Profesional Docente", no resulta

estrafalario concluir en que la antigüedad exigida, refiere estrictamente a la obtenida en

establecimientos educacionales municipales". (cfr. fs.237 vta.).

9.- Las consideraciones hasta aquí desarrolladas demuestran que el remedio incoado no se encuentra

suficientemente fundado, resultando consecuentemente ineficaz para provocar la apertura de esta

instancia extraordinaria, debiendo ser declarado inadmisible.

Así votamos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES MARÍA

ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA

TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, CARLOS

F. GARCÍA ALLOCCO Y VÍCTOR ARMANDO ROLÓN LEMBEYE, DIJERON:

1. El recurso de inconstitucionalidad deducido admite la siguiente reseña:

Sostiene la recurrente que en autos, conforme a lo prescripto por el artículo 391 del C.P.C.C., se ha

puesto en juego la validez de un decreto (4927/06) dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal

bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución.

Esgrime que el decreto en cuestión le ocasiona perjuicio a sus derechos, puesto que alteró de manera

arbitraria los requisitos para acceder al concurso, previstos en el artículo 19 de la Ordenanza 10010, al

exigir una antigüedad mínima computable sólo en el ámbito de la docencia municipal, ya que al

momento -la amparista- contaba con una antigüedad superior a la requerida por la citada ordenanza,

computada en distintos establecimientos educacionales, la que siempre le fue reconocida en

oportunidad del pago de haberes.

Señala que el decreto impugnado constituye un acto de autoridad pública que ha alterado con efecto

retroactivo las condiciones para acceder al concurso.

Explica que en pleno desarrollo del concurso, y bajo pretexto de una pseudo facultad reglamentaria, el

Poder Ejecutivo Municipal dictó el decreto cuestionado, exigiendo, retroactivamente, una antigüedad

no requerida en la ordenanza, violentando y restringiendo de manera explícita prerrogativas

constitucionales.

Expresa que a la violación de los derechos adquiridos por la Ordenanza 10.010 y el Decreto 4701/06 se

suma la violación al principio de irretroactividad de la ley establecido por el artículo 3 del Código

Civil, desde que se pretende la aplicación del decreto impugnado con carácter retroactivo, alterando las

condiciones paraconcursar establecidas por la ordenanza y el decreto referidos.

Manifiesta que el Ejecutivo Municipal, bajo pretexto de ejercicio de una facultad reglamentaria, ha

alterado una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, violando, de tal modo, el principio de

división de poderes consagrado por la Constitución Nacional en sus artículos 1 y 5.

Agrega que el decreto impugnado viola además los artículos 14 (derechos a trabajar y enseñar), 16

(derecho de igualdad) y 17 (derecho de propiedad) de la Carta Magna.

Hace reserva del caso federal.

2. El recurso de inconstitucionalidad reseñado precedentemente ha sido intentado en tiempo oportuno y

por parte legitimada, contra una resolución que reviste el carácter de sentencia definitiva, por lo que

corresponde analizar si reúne los demás presupuestos necesarios para su procedencia formal y

sustancial.

3. En primer término, a los fines de efectuar el análisis sobre la admisibilidad formal del remedio

articulado, es conducente señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 391, 392 y 384

del C.P.C.C el recurso de inconstitucionalidad es susceptible de ser interpuesto contra las sentencias

definitivas o autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un gravamen

irreparable, dictados por la Cámara, cuando se cuestione la validez de una ley, decreto, ordenanza o

reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución; o cuando se haya puesto en cuestión

la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución y la decisión haya sido contraria a la validez del

título, derecho, garantía o exención que sea materia del caso y que se funde en esa cláusula.

El artículo 391 del C.P.C.C., entonces, estatuye dos hipótesis recursivas: "la primera cuando exista

contradicción entre una norma inferior y la norma constitucional; la segunda, cuando se cuestione la

inteligencia de alguna cláusula constitucional, con independencia de la existencia de norma

infraconstitucional" (VENICA, Oscar Hugo; op. cit., pág.93).

En el sub examen, en tanto la impugnante subsume el agravio en la causal del inciso 1 del artículo 391

del C.P.C.C., denunciando que en la causa se ha puesto en cuestión la validez de un decreto bajo la

pretensión de ser contrario a la Constitución, corresponde su tratamiento.

4. AUTONOMÍA MUNICIPAL. COMPETENCIA MATERIAL.

Este Tribunal ha reconocido en numerosos precedentes que la consagración constitucional de la

autonomía municipal implica el reconocimiento de potestades normativas originarias de los municipios,

en relación a competencias materiales propias que se hacen efectivas sobre las personas o las cosas que

conforman su riqueza local (conf.: autos: "Municipalidad de Pampayasta Sud c. Eduardo Ziheiri -

Ejecutivo - Recurso Directo -hoy Recurso de Revisión e Inconstitucionalidad" Sent. N° 119 de fecha

29/09/00; "Cooperativa Limitada de Servicios públicos de Agua de Oro c. Municipalidad de Agua de

Oro - Acción de Inconstitucionalidad" Sent. N° 18 del 29/12/03; "Cooperativa de Obras y Servicios de

Río Ceballos Ltda. c. Municipalidad de Río Ceballos - Acción de Inconstitucionalidad" Sent. N° 8 del

16/05/03).

Ese marco de atribuciones propias presenta dos dimensiones claramente delimitadas: una dimensión

espacial (art. 185 Constitución Provincial) y una dimensión material (art. 186 ib.). La primera de ellas

está dada por la competencia territorial del municipio, delimitada por la zona a beneficiarse con los

servicios municipales. El artículo 186 regla la segunda, vale decir la competencia material, adoptando

el sistema de determinación de la competencia conocido en el Derecho Comparado como sistema

mixto, puesto que la norma efectúa una enumeración concreta seguida por una cláusula general que

amplía la competencia.

El artículo 186 prescribe que son funciones, atribuciones y finalidades inherentes (es decir, propias o

inseparables) a la competencia municipal: inciso 5:"Nombrar y remover los agentes municipales, con

garantía de la carrera administrativa y la estabilidad".

De tal modo, la Constitución Provincial no deja lugar a dudas respecto a la competencia que tiene cada

Municipio de regular y garantizar la carrera administrativa de los empleados municipales, entre los

cuales se hallan incluidos los docentes. Ello no es más que una manifestación del aspecto

administrativo de la autonomía municipal, consagrada en el artículo 123 de la Constitución Nacional.

5. LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.

La Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba reconoce entre las atribuciones del

Concejo Deliberante la de sancionar ordenanzas sobre materias inherentes a la competencia municipal

-énfasis agregado- (art. 64 inciso1°).

En consecuencia, si dentro de la competencia del Municipio, conforme al artículo 186 de la

Constitución Provincial y tal como se ha explicitado en el considerando anterior, está la de regular la

actividad docente municipal, es el Concejo Deliberante el facultado para, a través del dictado de

ordenanzas, regular el régimen docente municipal, el cual comprende el sistema de ascensos.

Es por ello, que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba en ejercicio de la potestad legislativa

que le reconoce el artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal ha dictado la Ordenanza 10010/98, que

reglamenta la actividad docente de la Municipalidad de Córdoba, y que en el Capítulo 2 del Título II

regula la Carrera Profesional Docente.

Dentro de dicho Capítulo, en la Sección 2 se regula el sistema de Ascensos cuyo artículo 19 dispone:

"A fin de presentarse a concurso, para optar por un ascenso, se requiere la antigüedad mínima en el

ejercicio de la docencia, que se fija a continuación:a) para Vice-Director, seis (6) años en la docencia.".

Ahora bien, en virtud del artículo 86 inciso 2° de la mencionada Carta Orgánica, el Intendente está

facultado para reglamentar, cuando sea necesario, las ordenanzas dictadas por el órgano deliberativo.

De la norma constitucional referida surge la potestad reglamentaria del Departamento Ejecutivo

Municipal, la que resulta ser el complemento indispensable y accesorio de la atribución de ejecutar y

hacer cumplir las leyes. ".La ley, conforme la generalidad que le es específica, solamente contiene

principios genéricos y comprensivos, y el Poder Ejecutivo, al objeto de ejecutar y hacer cumplir a

aquélla, la reglamenta, desarrollando y descomponiendo esas normas generales en preceptos más

concretos, precisos y analíticos." (Linares Quintanta, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho

Constitucional", Plus Ultra, Bs. As. 1987, tomo IX, pág. 690).

En consonancia con ello, expresa García de Enterría: "La ley contrae su regulación a enunciar unos

principios básicos, que luego el Reglamento se encarga de particularizar y de precisar, ofreciendo un

texto orgánico paralelo al de la ley, como éste total y completo, aunque mucho más desarrollado, que es

luego virtualmente el que se aplica. De este modo, el Reglamento se interpone entre la ley y su

aplicación, a través de la complementación de sus regulaciones que la técnica de la remisión legitima"

(autor citado: "Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial", Ed. Tecnos, Madrid

1970, pág. 162).

De este modo, la ley establece una regulación esencial y básica a través de la cual marca las grandes

líneas directivas, dejando al reglamento el cuidado de precisar todo el casuismo de desarrollo que exige

la compleja actuación de la Administración. Dos razones concurren a explicar este procedimiento:por

un lado, "los tecnicismos de la actuación administrativa no son conocidos por el legislativo y por ello se

remiten a la determinación de la Administración; por otra parte, el concurso de las dos normas puede

permitir la más solemne concentración de principios más inmune al paso del tiempo, en tanto que el

casuismo reglamentario puede ser objeto de constantes adaptaciones" (García de Enterría, op. cit., pág.

163).

El ámbito de la potestad reglamentaria es limitado, toda vez que siendo su rango normativo sublegal,

está subordinado a la ley que se procura reglamentar.

Así, los reglamentos complementan la ley pero no la suplen ni, mucho menos, la limitan o rectifican.

No la suplen porque ".existen cuestiones de mayor o menor extensión que constituyen necesariamente

"materias reservadas a la ley.". No la limitan o rectifican porque ".la articulación entre la Ley y el

Reglamento se hace sobre el principio formal de la jerarquía normativa, en virtud del cual la Ley

precede al Reglamento y no puede ser, consiguientemente, derogada por éste" (v. García de Enterría,

op. cit., págs. 8/9).

Asimismo, como están sujetos a la supremacía de la Constitución, su contenido debe ser doblemente

compatible con la ley y con la Constitución.

Los reglamentos antijurídicos por infringir la ley o la Constitución constituyen un fenómeno

sumamente grave de la vida jurídica, pues afectan la integridad de las normas superiores y le restan

operatividad en la praxis. Se perturba, en definitiva, el sistema normativo en vigor y con ello la certeza

del derecho que es un valor sustancial y primario de la vida jurídica.

Conforme con la normativa constitucional citada los decretos reglamentarios dictados por el Poder

Ejecutivo no pueden alterar el espíritu de la ley que reglamentan, es decir, deben adecuarse tanto a los

motivos, a los medios, como a la finalidad de la ley.Dicha exigencia constituye el presupuesto de

razonabilidad de los reglamentos de ejecución.

No obstante, el Poder Ejecutivo puede, en ejercicio de su potestad reglamentaria, establecer

condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aunque no hayan sido contempladas por el

legislador de manera expresa, se ajusten al espíritu de la norma reglamentada o sirvan razonablemente

a la finalidad esencial que ella persigue (Fallos: 148:430; 200:194; 220:136; 298:609) -énfasis

agregado-. La Corte Suprema ha sostenido ".que la conformidad que debe guardar un decreto respecto

de la ley no consiste en la coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y que, en general,

no vulneran el principio establecido en el art. 99 inc. 2, de la Constitución Nacional, los reglamentos

que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga

inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada." (doctrina de Fallos: 151:5;

178:224; B.381.XXIX "Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior -art. 3° ley 24.043" Fallos

318:1707).

Es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y

profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea

cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene

primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla (Fallos 308:1861). La misión judicial no se agota con

la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la

realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma y, la sustancia

de la norma es el espíritu y el fin de la ley (Fallos 15:55; 178:224; 280:18; 283:98; 308:54; 312:1614).

A la luz de la doctrina expuesta, no se advierte que el Departamento Ejecutivo Municipal, al sancionar

el decreto sub examine, haya excedido su potestad reglamentaria, puesto que se ha limitado a aclarar

expresamente lo que ya se encontraba normado por el artículo 19 de la Ordenanza 10010/98, toda vez

que dicho artículo no puede ser interpretado aisladamente sino que ello debe efectuarse teniendo en

cuenta el contexto normativo en el que se halla inserto.

Es dable reiterar que la norma transcripta se encuentra ubicada dentro del reglamento de la actividad

docente de la Municipalidad de Córdoba, más precisamente en la Sección 2: "Sistema de Ascensos" del

Capítulo 2, titulado "Carrera Profesional Docente".

En uso de atribuciones reglamentarias el Departamento Ejecutivo Municipal dictó el Decreto N°

4927/06 Reglamentario de la Ordenanza 10010/98 cuyo artículo 1° dispone:"APRÚEBASE el

Reglamento del Título II, Capítulo 2, Sección 2 de la Ordenanza N° 10010 y su Decreto Reglamentario

N° 2014/01, el que comprende los artículos 18° a 20° inclusive, y MODIFÍCASE en su totalidad el

artículo 22° de la Sección 3, de los mismos dispositivos, que como ANEXO ÚNICO, compuesto de 6

(seis) folios en anverso, forma parte integrante del presente Decreto".

Dicho anexo reglamenta el artículo 19 de la citada ordenanza estableciendo: "Para el cómputo de la

antigüedad mínima requerida para presentarse a concurso para optar por un ascenso, se tendrá en cuenta

sólo el tiempo de actividad docente ejercida en Establecimientos Educativos Municipales de la ciudad

de Córdoba, según lo establecido: a) para Vicedirector, seis (6) años en la docencia.".

De lo transcripto puede colegirse que, al dictar el mentado reglamento el Departamento Ejecutivo ha

actuado en el ámbito de sus competencias, puesto que, aún cuando el requisito de que la antigüedad en

la docencia sea ejercida en "establecimientos educativos municipales de la ciudad de Córdoba" no

había sido contemplado de manera expresa por el Concejo Deliberante en la Ordenanza 10010/98,

dicho recaudo se ajusta plenamente al espíritu de la norma reglamentada, cual es el de regular la

actividad docente dentro de la Municipalidad de Córdoba y sirve razonablemente a la finalidad por ella

perseguida, es decir a la de garantizar la carrera administrativa de los docentes dentro del mencionado

municipio.

6.DERECHOS DE ENSEÑAR Y TRABAJAR.

Tampoco puede considerarse que con la reglamentación dictada el Departamento Ejecutivo haya

vulnerado los derechos de enseñar y trabajar consagrados por el artículo 14 de la Constitución

Nacional, como pretende la recurrente, toda vez que dichos derechos son reconocidos por la Carta

Magna "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio".

En efecto, dichos derechos no son absolutos y, por ende, puede ser objeto de reglamentación.

Asimismo, en manera alguna puede considerarse que la reglamentación resulte irrazonable o haya

desnaturalizado los derechos en cuestión, puesto que no impide ejercer a la recurrente los derechos de

enseñar y trabajar, por el contrario, simplemente lo que se ha efectuado es una aclaración de uno de los

requisitos exigidos por la Ordenanza 10010/98 para poder concursar a los fines de obtener un ascenso

dentro de la carrera profesional docente.

7. DERECHO DE PROPIEDAD. DERECHO ADQUIRIDO.

Sabido es que el "derecho de propiedad" tiene un significado específico para el derecho constitucional,

el que ha sido delineado por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ha señalado nuestro Máximo Tribunal que dentro del concepto de propiedad están "todos los intereses

apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad" (Fallos:

145:325; 294:152; 304:856, entre otros).

Aclara Ekmekdjian que, conforme a este criterio, "la protección del art. 17 de la Constitución se

extiende a todos los bienes -materiales o inmateriales- susceptibles de apreciación económica que

pueda poseer una persona" (EKMEKDJIAN, Miguel A.: "Tratado de Derecho Constitucional",

Dapalma, Bs. As. 1994, T. II, pág. 191).

Explica el citado autor que el concepto de "derechos adquiridos" asume capital relevancia en relación al

modo en que puede ser afectado el derecho de propiedad, mediante la aplicación de las leyes a través

del tiempo (autor y op.cit., pág. 194).

Sobre el particular el más alto Tribunal de la República ha sentado la siguiente doctrina:"cuando bajo la

vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos

formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerar que hay derecho

adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transformó en una situación

concreta e individual en cabeza del agente que, como tal, se hace inalterable y no puede ser

suprimida.sin agravio del derecho de propiedad" (Fallos 296:719; 298:474).

Del mismo modo, ".Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y

condiciones sustanciales y requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado

derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falta declaración formal de una sentencia

o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la

fuerza coactiva necesaria para que se haga efectivo. De no ser así, resultaría la inadmisible

consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a depender de la voluntad

discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho" (Fallos 296:726; 305:900, citados por

Marienhoff, M.S., "Derecho adquirido y derecho ejercido", Revista de Derecho Administrativo,

Depalma, Año 1, Nro. 1, Buenos Aires 1989, pág.7).

En consonancia con la doctrina expuesta resulta indiscutible que el decreto impugnado no ha vulnerado

el derecho de propiedad consagrado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, ello toda vez que la

amparista no tenía un derecho adquirido a participar del concurso, en virtud de que el requisito

explicitado en el decreto en cuestión, vale decir la antigüedad mínima de seis años en el ejercicio de la

docencia ejercida en establecimientos educativos municipales de la ciudad de Córdoba, ya surgía

claramente del contexto normativo en que se hallaba inserto el artículo 19 de la Ordenanza 10010/98, y

al momento de la presentación al concurso la actora no cumplía con dicho requisito.

De tal manera, no ha existido vulneración del derecho de propiedad, como postula erróneamente la

amparista.

8.- DERECHO DE IGUALDAD

El Máximo Tribunal de la Nación tiene dicho que la garantía constitucional del artículo 16 implica la

igualdad para todos los casos idénticos y comporta la prohibición de establecer excepciones que

excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (Fallos: 123:106). Además, las

distinciones establecidas por el legislador en supuestos que estime distintos son valederas en tanto no

obedezcan a propósitos de injusta persecución o un indebido privilegio (Fallos: 303:1580; 304:390;

305:823; 306:1844; 307:582, 1121 y 321:92, entre muchos otros).

En consonancia con ello, se ha manifestado destacada doctrina al afirmar: "La igualdad jurídica,

traducida en la igualdad ante la ley, significa que todos los hombres están reconocidos como titulares

de derechos y obligaciones, que son iguales bajos las mismas circunstancias y las mismas condiciones

razonables frente al poder estatal" (BADENI, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", La Ley,

Bs. As. 2004, pág. 353).

La mencionada garantía constitucional exige "una igualdad de trato ante circunstancias o situaciones

iguales" (EKMEKDJIAN; Miguel Ángel, "Tratado de Derecho Constitucional", Depalma, Bs. As.

1994, T. II, pág.140).

En consecuencia, nuestra Constitución Nacional admite que la ley pueda dar diferente trato a distintos

grupos o categorías de personas, mas ese diferente tratamiento va a resultar válido si el criterio en que

se basa es razonable.

En virtud de lo expuesto este Tribunal comparte plenamente lo manifestado al respecto por el tribunal

de mérito.

En efecto, al analizar la endilgada violación al principio de igualdad por el Decreto 4927, el a-quo

sostuvo: ".cierto es que la regulación sobre las condiciones para acceder al cargo que pretende la

amparista en escuelas municipales, establece una diferenciación entre quienes poseen la antigüedad

requerida en escuelas de la órbita comunal y en otros establecimientos educacionales. En efecto, a los

primeros se confiere el derecho de acceder al concurso, y a los segundos no. Pero como bien se ha

señalado con sustento en doctrina de la Corte Suprema, ello, por sí mismo, no es reprochable. Cabe

entonces valorar si tal discriminación es de justificada o arbitraria, legítima o ilegítima. En esa labor,

partimos de la idea de idoneidad, que es el parámetro que debe regir el acceso a cargos públicos, y

sobre esta base, es posible que para el desempeño de determinados cargos, especialmente los

jerárquicos, la experiencia desplegada en el propio ámbito del cargo al que se aspira, implique una

pauta de idoneidad que pueda requerirse legítimamente para obtener un ascenso, en ciertas funciones,

particularmente las jerárquicas, que tornan imprescindible un manejo empírico del ámbito laboral, de la

forma de operar, de las vicisitudes propias del área en donde se desplegará la tarea, en función de

características peculiares, que previenen sobre la inoperancia de un inexperto.En el caso la experiencia

requerida en establecimientos municipales no es irrazonable, por la necesidad de conocimiento

complejo de la temática, es que resulta razonable que se valoren las calidades exigidas para una función

dentro de un ámbito que de observarse de afuera y, por ende, e tal caso el estado convictivo es más bien

de sospecha, duda y hasta intuición, pues resulta imposible aprehender la complejidad de las cuestiones

que se suscitan en las escuelas municipales desde afuera, pues ello otorga razonabilidad a la exigencia

normada por el decreto 4927, no surgiendo ninguna discriminación que sea ilegítima o arbitraria, sino

fundada en razones que conducen a exigir la idoneidad para el desempeño del cargo.En este caso, en

cambio, no se ha introducido una disposición discriminatoria, no se trata distinto a la amparista de otros

que se encuentran en la misma situación, no hay docente que se admita al concurso sin que cumpla la

misma exigencia de antigüedad ocurrida en establecimientos educacionales distintos a los

municipales.lo que de ocurrir sí configuraría violación al principio de igualdad" (cfr. fs. 237 vta./238).

En suma, se ha dispensado un diferente tratamiento entre quienes poseen la antigüedad de seis años en

escuelas municipales de la ciudad de Córdoba y quienes la han adquirido desempeñándose en

diferentes establecimientos. Mas ese distinto trato se ha efectuado entre quienes se encuentran en

diferentes situaciones, basándose, asimismo, en un criterio razo nable, en el que halla su justificación,

cual es asegurar que participen del concurso para ascender al cargo de Vicedirectora quienes gocen de

mayor experiencia en el ámbito de escuelas municipales.

No es cometido del Poder Judicial sustituir un criterio "razonable" adoptado por la Administración,

ponderando razones de mérito, oportunidad y conveniencia, por otro que pueda ser igualmente

"razonable", pues ello implicaría violentar la división de poderes y ejercer funciones de gobierno que

no competen a los jueces.El control de la discrecionalidad administrativa finaliza al comprobar, el juez,

que se ha seleccionado una alternativa razonable entre otras que incluso también pueden ser razonables.

9. En virtud de las consideraciones efectuadas, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por la actora en contra de la Sentencia Número Doscientos uno, dictada con fecha

veintiocho de diciembre de dos mil siete por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de

Octava Nominación de esta ciudad.

10. COSTAS

En cuanto a las costas, no existiendo razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la

derrota, corresponde imponerlas al vencido (artículo130 del C.P.C.C.).

Así votamos.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES MARÍA

ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA

TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, CARLOS

F. GARCÍA ALLOCCO Y VÍCTOR ARMANDO ROLÓN LEMBEYE, DIJERON:

Corresponde: I. Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en

consecuencia, confirmar la Sentencia Número Doscientos uno, dictada con fecha veintiocho de

diciembre de dos mil siete por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava

Nominación de esta ciudad.

II. No hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora en contra del mismo

pronunciamiento.

III. Imponer las costas al vencido (art. 130 del C.P.C.C.)

Así votamos.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno,

RESUELVE:

I. Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia,

confirmar la Sentencia Número Doscientos uno, dictada con fecha veintiocho de diciembre de dos mil

siete por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava Nominación de esta ciudad.

II. No hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora en contra del mismo

pronunciamiento.

III. Imponer las costas al vencido.

Protocolícese, dese copia y bajen.

Fdo.: Doctores María Esther Cafure de Battistelli.

Domingo Juan Sesin.

Aída Lucía Teresa Tarditti.

Luis Enrique Rubio.

M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel.

Carlos F. García Allocco.

Víctor Armando Rolón Lembeye. Vocales.
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