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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 594
Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
67879549
Escriba su pregunta sobre Ley de Argentina aquí...
D Sanchez de Sepola está en línea ahora

necesito presentar un descargo ante la aduana, por un cliente

Pregunta del cliente:

necesito presentar un descargo ante la aduana, por un cliente chileno que salia de argentina con pesos si realizar ddjj, si bien ingreso con pesos. y tengo las constancias de haber comprado en chile los pesos.

la psa le retuvo $23.000, iniciando una causa que cayo en un juzgado penal econòmico y de allì a dga.
el tema es uqe busco jurisprudencia relacionada al tema y no encuentro resultados.
la pregunta es como deberìa encarar el descargo.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

D Sanchez de Sepola :

Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo.

D Sanchez de Sepola :

Buenas noches, disculpe la demora

D Sanchez de Sepola :

El sitio esta con algun inconveniente tecnico segun parece

D Sanchez de Sepola :

No podia ingresar al chat

D Sanchez de Sepola :

W


 

D Sanchez de Sepola :

Esta usted en línea?

D Sanchez de Sepola :

Entiendo lo que le ha sucedido a sucliente

D Sanchez de Sepola :

Al ser considerados delitos aduaneros, son sancionados penalmente, y de oficio remiten la causa a la justicia en lo penal economico

D Sanchez de Sepola :

Soy especialista en derecho tributario, por lo cual, si usted me otorga unos minutos, a los efectos de proporcionarle un modelo de descargo, se lo agradeceria

D Sanchez de Sepola :

Solo me gustaria preguntarle si esta omision, al menos a la luz de los acontecimientos, parecen omisiones dolosas o solo se debieron a un desconocimiento de parte del ciudadano chileno

D Sanchez de Sepola :

O sea las circunstancias en que el dinero fue detectado por la policia aeroportuaria, o autoridad aduanera, o como sea que hayan sucedido los hechos

D Sanchez de Sepola :

Quiero previamente aclararle algo

D Sanchez de Sepola :

Si usted es contador, debera si o si contratar a un abogado su cliente, ya que la causa esta en sede judicial, y requiere patrocinio letrado

D Sanchez de Sepola :

Si es abogado, que es lo que creo, obviamente esta habilitado para hacerlo, y debera, el descargo presentarlo en la sede administrativa, mientras que en el TPE debera presentar un incidente de oposicion

D Sanchez de Sepola :

Buenas noches, esta ahora en el chat?

D Sanchez de Sepola :

Le estaba respondiendo y explicando acerca de las opciones o pasos a seguir

D Sanchez de Sepola :

Seria util que me aclare algunas preguntas que le formule, pero en todo caso seguire redactando su modelo y luego usted puede adaptarlo

Customer:

si soy colega, la realidad es que la cliente desconocia la nueva implementación, y de conocerla no lo manifesto.


 

D Sanchez de Sepola :

claro entiendo

D Sanchez de Sepola :

Los delitos tributarios requieren DOLO y ese suele ser el punto a atacar, o en que basar su defensa

Customer:

de todas formas la causa paso por el tpe y de allí lo derivaron a dga


 

D Sanchez de Sepola :

ahora entonces no esta enel TPE?

Customer:

ya estuve con el secretario del tpe.


 

D Sanchez de Sepola :

perfecto, y que le dijo?

Customer:

y la causa no se radico allí.


 

D Sanchez de Sepola :

Barbaro, eso es bueno, entonces estamos ensede administrativa

Customer:

sería más fácil para mi.


 

D Sanchez de Sepola :

Si, muchisimo mas facil

D Sanchez de Sepola :

La idea suya imagino es recuperar el dinero, aunque fuere necesario abonar algun tipo de multa como sancion derivada de la infraccion, pero que le reintegren su dinero al cliente

Customer:

que me presente ante la dga, cosa que hice hable con el titular de la sdcretaría donde se radico la causa, y me dijo que presente u. Descargo basado en expropiación, propiedad privada etc.


 

D Sanchez de Sepola :

Si, esta bien esto siempre se deben invocar principios constitucionales tutelados por el derecho tributario

D Sanchez de Sepola :

Pero usted tiene algo mas a su favor, que es el desconocimiento de unextranjero sobre las normas tributarias

Customer:

y si, lo necesita para hacer frente a determinadas obligaciones. En definitiva entiendo que más allá de todo


 

Customer:

el dinero es suyo


 

D Sanchez de Sepola :

por supuesto, es asi

D Sanchez de Sepola :

pero sino tuviese un abogado responsable que se comprometa con su caso, le aseguro que lo perderia

D Sanchez de Sepola :

entonces trato de redactarle un bosquejo que sea adecuado a los hechos particulares de su causa

D Sanchez de Sepola :

En que provincia sucedio esto?

Customer:

y si la inte ción que aunque pague una multa le reintegren la diferencia que esta depositada en el bco central


 

Customer:

en cap fed


 

D Sanchez de Sepola :

perfecto, puede usted aguardarme enlinea, si esta apurado puede consultar su pregunta dentro de un rato o mañana, le aportare la maxima cantidad de jurisprudencia y argumentos que resulten viables para su defensa

Customer:

busque jurisprudencia pero no encuentro demasiado co o armarlo.


 

D Sanchez de Sepola :

no es sencillo, derecho tributario es un mundo aparte! jaja al menos para los abogados

D Sanchez de Sepola :

pero esta con suerte, he hecho varios posgrados de derecho fiscal y tributario y a esto me dedico, asi que podre ayudarlo

Customer:

hie empresario y vi tributario, pero en este momento no me alcanza.


le agradezco colega, mañana vuelvo on este tema. Que tenga buenas noches

D Sanchez de Sepola :

Igualmente para usted, buenas noches y me quedo trabajandoen lo suyo

Customer:

gracias.


 

D Sanchez de Sepola :

Si necesita aclaraciones, o le quedan dudas, cuando seame pregunta

D Sanchez de Sepola :

Esun gusto para mi ayudarlo

Customer:

seguimos en contacto.


 

D Sanchez de Sepola :

asi es!


 

D Sanchez de Sepola :

Muy buenas noches


 

Customer:

disculpe me olvide, el art 978 de la ley 22415, habla que cuando se trata de pesos, no existe restricciones, solo que se debe hacer la ddjj. Y en este caso no se efectúo.


 

D Sanchez de Sepola :

Si, exacto, debehacer unaddjj del dinero que egresa

D Sanchez de Sepola :

Supongo que 23mil era el excedente deldinero (lo que excedia de U$ 10.000)

D Sanchez de Sepola :

Basado en la RG 2705

D Sanchez de Sepola :

 


La exportación de moneda extranjera por U$S 10.000 o más se encuentra prohibida. El decreto 1570/2001, artículo 7, prohíbe la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realicen a través de entidades financieras y cambiarias autorizadas, o sean inferiores a U$S 10.000 o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina.


En línea con ello, la RG (AFIP) 2705/2009, artículo 1, dispone que el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a U$S 10.000 o su equivalente en otras monedas. A tal fin, se tendrá en cuenta el tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al de su egreso, comunicado por el Banco de la Nación Argentina.


En caso de menores de 16 años no emancipados el límite es de U$S 5.000 o su equivalente en otras monedas (art. 2).


Los citados límites se computarán por viajero o tripulante.


Ante la falta de mención de la moneda nacional, es común escuchar opiniones acerca de que la extracción de moneda nacional no está afectada por límites ni prohibiciones. Ello no es tan así.


La mencionada RG (AFIP) 2705/2009, artículo 4, establece que los viajeros de cualquier categoría y los tripulantes, deberán declarar ante el servicio aduanero, al momento del egreso del país el importe de la moneda nacional de curso legal y los instrumentos monetarios emitidos en dicha moneda o en moneda extranjera que egresan del territorio argentino, cuando el total de ellos tenga un valor igual o superior al equivalente a U$S 10.000, al tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al del egreso del país comunicado por el Banco de la Nación Argentina. Se entenderá por instrumentos monetarios a cualquier medio de pago, tales como: cheques y pagarés, entre otros.


Cuando se trate de menores de 16 años de edad no emancipados, dicho valor será igual o superior al equivalente U$S 5.000.

D Sanchez de Sepola :

Le pido disculpas por la demora, pero he tenido que ir a mi estudio a buscar cierto material que queria proveerle


 

D Sanchez de Sepola :

Le pase una informacion con respecto a la normativa que regula la salida de dinero al exterior, y es por ello queanoche le consultaba o en realidad trataba de confirmar que esos $23000 eran excedentes del equivalente a diez mil dolares estadounidenses


 

D Sanchez de Sepola :

ya que si no fuera asi, directamente estariamos ante un procedimiento ilegal y pasible de nulidad, y estos serian los argumentos, pero es solo al efecto de confirmar los hechos que se lo pregunte.


 

D Sanchez de Sepola :

CONTESTA VISTA:


Buenos Aires, 25 de Noviembre de 200


Al Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos


De la Dirección General de Aduanas


 


Dr............................................


Ref.: Escrito de descargo a la vista otorgada en Expte Nº.......


 


De mi mayor consideración:


Nombre apellido datos personales socios……………… en representación de,,,, “Pedro García SA”, CUIT Nº 30-XXXXXXXX-9 “Masas Cordobesas SA” CUIT Nº 30-XXXXXXXX-9, “Confiterías de Buenos Aires SRL” CUIT Nº 30-XXXXXXXX-9 y Cdra. Susana Villalba CUIT Nº 27-xxxxxxxx-5 constituyendo domicilio a los efectos de la presente en calle Tucuman Nº 1255, Capital Federal, ocurro a los fines de contestar y plantear mi posición a la notificación que me fuera cursada con fecha ………….., según ………….que adjunto a la presente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo:


I- OBJETO:


En el carácter invocado y conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 11.683, vengo a ofrecer el descargo a la resolución…………………, por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que dispone: “ COPIAR CEDULA TEXTUAL……. “, solicitando desde ya, sea revocada la misma en virtud de las consideraciones que se expondrán.


II – HECHOS:


Debido a una inspección efectuada por el el inspector actuante.. datos personales del inspector…………..quien actuo con total libertad, verifico lo que considero pertinente, solicito documentación que le fue entregada de inmediato por nosotros, con plena colaboracion del supuesto infractor, en cuanto a suministrarle los datos y elementos necesarios, reitero.


De tal control, debido a mi “ error y desconocimiento totalmente libre de intencionalidad alguna o animo de quebrantar la ley, omiti declarar el dinero en efectivo que poseía en mi poder, debido a que el mismo había sido ingresado por mi desde mi país, en iguales condiciones, sin declaración alguna, pero solo imputable la omisión a un desconocimiento absoluto de la normativa que regula la circulación de billetes en este país.-


No es un hecho menor, el mencionar que no soy nacional argentino,tampoco resido en este país, ni efectuo actos de comercio con asiduidad. Por lo cual desconozco la normativa que particularmente regula este tipo de ingresos y egresos de divisas del país-.


No acostumbro a cumplimentar rigorismos formales en mi país, con respecto a este tipo de acciones,. Ademas de NO SABER que se estaba infringiendo o cometiendo un error con respecto a los deberes formales fiscales.-


Que el hecho de haber traido moneda argentina en mi poder, en cantidad suficiente y hasta en exceso de mi parte, obedece al publico y conocido hecho que en argentina hay falta de liquidez o al menos restricciones y dificultades para adquirir moneda y/o efectuar cambios de divisas, solo por esta información, que es transmitida por cadenas internacionales de noticias, y de las cuales he tomado conocimiento, es que tome el recaudo de traer bastante cantidad de pesos argentinos.


OMISION. SUS FUNDAMENTOS:


Que como es sabido, cabe claramente distinguir la figura evasiva de la evasion impositiva, o el contrabando de bienes y/o divisas, y cualquier otro tipo que implique intencionalidad, o maniobra dirigida al fraude, , con respecto al caso que nos ocupa, donde surge con claridad meridiana, de la propia inspección efectuada por esta administracion tributaria, sumado a toda la colaboración que esta parte mostró, coadyuvando activamente y cumplimentando con todo lo solicitado por los inspectores Que tal como se puede observar……………………….


ARBITRARIEDAD DE LA MEDIDA-VIOLACION AL DERECHO DE PROPIEDAD. CONFISCATORIEDAD Y ABUSO DE AUTORIDAD


Bien es sabido que los principios que rigen el derecho tributario son:


1) Principio de la legalidad objetiva: consiste en que debe prevalecer la verdad material sobre la formal, el resultado del acto administrativo refleja la verdad sustancial de los hechos.


2) Principio de informalismo: el inciso c), del art. 1º de la Ley de Procedimiento Administrativo, admite la excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.


3) Principio de debido proceso adjetivo: el inc. F), del citado art. de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece como un derecho al debido proceso adjetivo, el cual comprende:


ü El derecho a ser oídos, comprende para el administrado el exponer las razones de sus pretenciones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.


ü El derecho a ofrecer y producir pruebas, comprende el hecho de ofrecerla y que se produzca, atendiéndose a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiéndose requerir y producir los informes y dictamenes necesarios para el esclarecimiento delos hechos y de la verdad jurídica objetiva.


El derecho a una decisión fundada, es aquel por el cual se requiere que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos de las cuestiones propuestas, en tanto fueran conducentes a la solución del caso.


 


La falta de presentación de la DDJJ constituye el incumplimiento de un deber formal, pero ella misma no conlleva la intención de DEFRAUDAR AL FISCO ARGENTINO


Entender que la falta de presentación de DDJJ o de información configura una ocultación maliciosa y en consecuencia de ello que se ha realizado el hecho tipificado sería igual a reconocer la imputación de responsabilidad penal de carácter objetiva, lo cual es contradictorio a los principios del derecho penal.


La jurisprudencia ha avalado esta postura pudiéndose citar lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico con fecha 18-12-95 in re "Schvartman, Hugo Jacobo y otro".


La legislación de la que surge lo argüído en este punto es la propia Ley Penal Tributaria que regula tipos penales con elementos subjetivos que encuadran en el dolo del sujeto.


 


IV- CASO FEDERAL: Hago reserva del Caso Federal para ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del art. 14 de la ley 48, toda vez que se encuentran en juego la interpretación de normas de carácter federal así como la efectiva vigencia de derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional, entre ellos, el derecho de propiedad, el principio de legalidad, el principio de razonabilidad y el de supremacía de las normas constitucionales..


V- PETITUM:


En virtud de lo expuesto, solicito:


1)Me tenga por presentado, por parte y con domicilio procesal constituido.


2)Tenga por presentado en tiempo y forma el descargo correspondiente.


3)Tenga por ofrecida la prueba en tiempo y forma.


4)Tenga presente la reserva del caso federal formulada.


5)Oportunamente, se deje sin efecto las multas que potencialmente pudieran recaer como asimismo los intereses por la omisión involuntaria en que he concurrido y se proceda a la INMEDIATA RESTITUCION DE MI DINERO SECUESTRADO POR ESTA ADMINISTRACION .


SERA JUSTICIA

D Sanchez de Sepola :

 


Que, en tanto, el presente se limita a ordenar las disposiciones legalesexistentes, referidas exclusivamente a cuestiones de organización y funcionamiento del nuevo organismo, no se contraría lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3, tercer párrafo
de la Constitución Nacional».

Por su parte el art. 7, norma sobre la
cual se asienta el dictado de todas las resoluciones que reglamentan el régimen
dispone que: «El ADMINISTRADOR FEDERAL estará facultado para impartir normas
generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que
las leyes autorizan a la Administración Federal de Ingresos Públicos a
reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración.En especial,
podrá dictar normas obligatorias en relación a los siguientes puntos:

1)
Inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y
forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y
responsables.

2) Inscripción de agentes de información y obligaciones a
su cargo.

3) Determinación de promedios, coeficientes y demás índices
que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, así como para
determinar el valor de las transacciones de importación y exportación para la
aplicación de impuestos interiores, cuando fuere necesario.

4) Forma y
plazo de presentación de declaraciones juradas y de formularios de liquidación
administrativa de gravámenes.

5) Modos, plazos y formas extrínsecas de
su percepción, así como la de los pagos a cuenta, anticipos, accesorios y
multas.

6) Creación, actuación y supresión de agentes de retención,
percepción e información.

7) Libros, anotaciones y documentos que
deberán llevar, efectuar y conservar los responsables y terceros, despachantes
de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores, exportadores y demás
administrados, fijando igualmente los plazos durante los cuales estos deberán
guardar en su poder dicha documentación y en su caso, los respectivos
comprobantes.

8) Deberes de los sujetos mencionados en el punto anterior
ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación, requerir
información -con el grado de detalle que estime conveniente- de la inversión,
disposición o consumo de bienes efectuado en el año fiscal, cualquiera sea el
origen de los fondos utilizados (capital, ganancias gravadas, exentas o no
alcanzadas por el tributo).

9) Suspensión o modificación, fundada y con
carácter general, de aquellos requisitos legales o reglamentarios de naturaleza
meramente formal, siempre que no afectare el control aduanero, la aplicación de
prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal.


10) Dictado de normas estableciendo requisitos con el objeto de
determinar la lícita tenencia de mercadería de origen extranjero que se
encontrare en plaza, a cuyo efecto podrán exigirse declaraciones juradas
deexistencia, estampillado, marcación de mercadería, contabilización en libros
especiales o todo otro medio o sistema idóneo para tal fin.

11)
Cualquier otra medida que sea conveniente de acuerdo con lo preceptuado en el
primer párrafo del presente artículo, para facilitar la aplicación, percepción y
fiscalización de los gravámenes y control del comercio exterior a cargo del
organismo».

Es decir, la normativa formalmente invocada por el organismo
a efectos del dictado de las normas reglamentarias es de eminente «naturaleza
fiscal» y tiene por finalidad posibilitar el desarrollo de la actividad propia
del organismo, que no es sino recaudatoria.

Una lectura simplista y poco
jurídica de esta normativa nos permitiría colegir que la AFIP controla la compra
de divisas en función de la capacidad económica que el sujeto denuncia ante el
organismo y de los datos que el propio organismo posee y, en este marco, decide
si autoriza la venta de moneda.

Ahora bien, ¿podemos llamar a esto
«fines fiscales»? ¿Posee el organismo legitimidad para actuar de esta forma? ¿La
imposibilidad final de adquirir moneda extranjera es el ejercicio de una función
«fiscal» o implica el ejercicio de competencias otorgadas a otros organismos
gubernamentales? ¿La finalidad «fiscal» es ilimitada en un Estado de derecho?
Intentaremos en este trabajo esbozar una respuesta sobre las preguntas que
anteceden.

En relación con la primera pregunta, cabe resaltar que en
nuestra legislación los contribuyentes son los encargados de denunciar la
materia imponible mediante la presentación de declaraciones juradas en forma
mensual o anual según el tributo de que se trate. La Administración, por su
parte, posee facultades (regladas) para verificar la autenticidad de estas
declaraciones impositivas a efectos de controlar que en todos los casos el
tributo abonado por los obligados sea el legalmente correspondiente. En este
marco, la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 expresamente concede facultades de verificación y
fiscalización de la materia imponible mediante los arts.33 a 35 . Estas normas deben
analizarse juntamente con el resto del articulado de la ley citada, su decreto
reglamentario y especialmente con las facultades de contralor a que hace
referencia el Decreto 618/97, norma que invoca el organismo mediante el dictado
de las resoluciones objeto de esta nota.

En términos sencillos,
podríamos decir que la finalidad «fiscal» no es sino el ejercicio del control
que desarrolla el organismo recaudatorio, toda vez que el ingreso de los
impuestos que forman parte del Tesoro Nacional (art. 4 de la Constitución
Nacional ) se encuentra en cabeza de
los ciudadanos en lo que refiere a la declaración de su cuantía y posterior
pago.

La doctrina, haciendo referencia a estas facultades, sostuvo: «Es
aceptado que la etapa más compleja y que mayores problemas presenta a la
administración tributaria es la del proceso de control, control de veracidad de
las declaraciones juradas o función de fiscalización. Un concepto amplio de
fiscalización fue dado por Illanes y Díaz McArthur al señalar que -la tarea de
la Administración, a través de la función de fiscalización, será la de
individualizar a los contribuyentes que no han manifestado su obligación estando
obligados a hacerlo- según esta definición, puede sostenerse que el cometido de
la función de fiscalización, consiste en controlar el cumplimiento de las
obligaciones incluidas en todas las etapas del proceso de control, aludido en el
punto anterior, a través de acciones especialmente previstas en cada una de
ellas y orientadas a detectar el incumplimiento y a proporcionar los elementos
que posibiliten el cumplimiento forzado de la obligación omitida» (2).


Ahora bien, estas facultades de «control» no son ilimitadas sino que
representan el ejercicio de actividad reglada por parte de la Administración, y
deben desarrollarse al amparo de los principios y garantías constitucionales.


La administración tributaria desarrolla su accionar en el campo del
derecho tributario. Ello implica que su actividad es reglada y no puede
apartarse de las reglas que la Constitución Nacional instaura.Es decir, que su
competencia debe ejercerse dentro de tal ámbito y su poder discrecional posee
los límites apuntados. El respeto al principio de legalidad por parte de la
administración tributaria resulta una prioridad lógica para desarrollar una
actividad acorde con un Estado (3).

Por lo demás, luego de la reforma
constitucional de 1994, el complejo constitucional debe interpretarse juntamente
con los pactos internacionales incorporados en los términos del art. 77 inc. 22 y del art. 43 de la Constitución
Nacional.

Refiriéndose a las limitaciones objetivas en los procesos de
fiscalización, se ha dicho: «Conviene adelantar que los límites a la actividad
fiscalizadora de la Administración Tributaria se pueden clasificar en: a) desde
un punto de vista jurídico lógico, lo cual significa que la carga formal
impuesta debe siempre vincularse directamente o indirectamente a hechos
imponibles, ciertos o eventuales b) desde el punto de vista de la razonabilidad
y proporcionalidad, no gravando con engorrosas y abusivas actividades formales
al administrado, y tampoco trasladándole aquellas funciones que son propias del
órgano estatal c) en cuanto al deber de información propiamente dicho, y el
derecho a la intimidad fiscal y confidencialidad de ciertos datos, entre los que
incluimos el secreto profesional» (4).

En síntesis, los fines «fiscales»
que persigue la entidad recaudatoria no son ilimitados sino que deben ser
desarrollados 1) respetando los derechos y garantías consagrados en la
Constitución Nacional y los pactos internacionales que forman parte del complejo
constitucional, 2) en un marco de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad y
3) con estricto resguardo por las facultades y funciones propias del organismo y
su vinculación con la recaudación de la renta pública.

El Decreto
618/97, norma sobre la que funda su competencia y potestad la AFIP, expresamente
refiere que:«... constituye un ordenamiento de textos legales preexistentes
referidos a competencias, facultades, derechos y obligaciones del organismo
encargado de la administración impositiva [...] introduciendo las adecuaciones
mínimas necesarias [...] sin innovar en las relaciones entre Fisco y
contribuyente». ¿Puede sostenerse, a la luz de lo dicho, que la imposibilidad de
adquirir moneda extranjera o pagar un «anticipo» en aquellos casos que se
utilicen tarjetas u otros medios electrónicos para satisfacer el pago cumple
esta finalidad? ¿Existe vinculación -fiscal- entre el fin perseguido y el medio
utilizado? A mi criterio, la respuesta es negativa. No existe razonabilidad
entre medios y fines, y no se trata de una medida con fines «fiscales» más allá
de la «apariencia de juridicidad» que pretenda dársele.

Delimitado el
campo de actuación de la Administración, la segunda cuestión resulta entonces:
¿son legítimas las restricciones impuestas en el mercado de cambios o implican
el ejercicio de competencias otorgadas a otros organismos gubernamentales?


Definiremos, en primer término, al mercado de cambios como el conjunto
de normas jurídicas que regulan la compraventa de divisas entre los particulares
dentro de un país (5). La autoridad competente en esta materia no es otra que el
Banco Central de la República Argentina.

Parecería así que la
Administración Fiscal no estaría facultada para dictar normas que impidan la
adquisición de moneda extranjera y establezcan disposiciones reglamentarias en
materia de control de cambios.

Si la función fiscal se define por el
control sobre el ingreso de los tributos en debida forma al erario público, y el
mercado de cambios como el conjunto de normas jurídicas que regulan la
adquisición de moneda extranjera, de la conjunción de ambas instituciones,
resulta que la Administración Fiscal estaría atribuyéndose funciones que
constitucionalmente le fueron conferidas a otro organismo, concretamente al
BCRA.

De allí, la afirmación sin temor a equivocarnos de que la AFIP
carece de competencia para ejercer el control y poder de policía en materia
cambiaria, más allá del disfraz de «fines fiscales» que intente simular.La
doctrina, refiriéndose a este punto, ha dicho «La incompetencia por razón de la
materia puede referirse tanto a la circunstancia de que la Administración dicte
actos en materias ajenas a su competencia propia, invadiendo la esfera que
corresponde a los órganos legislativos o judiciales, como en el supuesto de que
se dicten decisiones en materias que correspondan a otros entes u órganos
administrativos. En virtud de que las disposiciones que adjudican la competencia
en razón de la materia integran un verdadero orden público administrativo, el
acto viciado de este tipo de incompetencia configura una nulidad absoluta, y
como tal, es insusceptible de saneamiento [...] El fundamento de la competencia
cobra vigencia como elemento del acto administrativo a raíz de la necesidad de
adecuar la actividad administrativa a reglas jurídicas preestablecidas en
garantía de los particulares o administrados, en otros términos: el Estado de
derecho. En el plano externo y objetivo la competencia en razón de la materia
importa una delimitación de las atribuciones de los sujetos y órganos estatales
establecidos en garantía del administrado y orientadas por el principio de
especialidad, cuya violación da lugar a la nulidad absoluta del acto» (6).


La AFIP no puede, en el marco de su actuación, atribuirse funciones de
otro organismo y mucho menos transgredir garantías constitucionales. La
imposibilidad de adquirir libremente moneda extranjera no es una función fiscal
sino claramente una medida inherente al «control de cambios», que ninguna
vinculación tiene con la «recaudación de tributos», debiendo entonces el Poder
Judicial tomar nota de esta situación, ejerciendo su función propia
constitucionalmente con ferida y declarando la consiguiente nulidad de las
resoluciones dictadas en exceso de facultades por la AFIP.En este marco, a pesar
de que no es objeto de este trabajo referirnos a las garantías constitucionales
violadas como consecuencia de estas medidas, tema que por su importancia debe
analizarse y desarrollarse en forma particular, y a efectos de demostrar la
falta de razonabilidad entre los «medios» utilizados y los «fines» perseguidos,
considero necesario remarcar que las restricciones vulneran el principio de
legalidad en materia tributaria, el derecho de propiedad, el principio de libre
circulación, el derecho a la intimidad (recordemos que el contribuyente debe
informar la finalidad de la compra de divisas. Este hecho es personal y ninguna
vinculación tiene con la facultad de cobrar tributos), el derecho a trabajar y a
ejercer una industria lícita, entre otros.

La Ley 11.683 otorga amplias
facultades para verificar en todo momento la existencia y la cuantía de la
materia imponible, el principio de legalidad y el Estado de derecho exigen que
ese ejercicio se realice resguardando los derechos y garantías de los
ciudadanos, y que sea ejercido por la Administración al amparo del principio de
legalidad que enmarca su actuación.

Las restricciones cambiarias se
aplican con alcance general sin que existan procedimientos previos de inspección
ni siquiera cuestionamientos concretos sobre la «capacidad contributiva» de los
sujetos alcanzados con la medida. No existe análisis previo sobre la «capacidad
económica» de los solicitantes de moneda extranjera ni datos certeros que lleven
al organismo fiscal a considerar que existe, de su parte, trasgresión fiscal
alguna que legitime la aplicación de restricciones constitucionales de la
naturaleza de las analizadas.

Tampoco se vinculan las restricciones a
hechos económicos o tributarios concretos que pudieran de alguna forma
perjudicar el erario público ni existe un procedimiento administrativo y/o
judicial que posibilite de forma alguna la defensa del contribuyente. Las
restricciones se aplican en forma unilateral y su fundamento es totalmente
independiente de la situación fiscal -concreta- del contribuyente.No persiguen
«recaudar impuestos» o «evaluar la capacidad contributiva real de los
contribuyentes en comparación a la capacidad contributiva denunciada» ante el
organismo, sino que tienen por finalidad impedir la adquisición de moneda
extranjera en el mercado de cambios, estableciendo para ello un sistema de
«control» a cargo de un organismo incompetente.

Así las restricciones
supondrían para los contribuyentes la aplicación de una especie de «sanción
impropia» ante una aparente desvinculación entre la «capacidad contributiva real
del sujeto» y la «capacidad económica conocida por el organismo», evaluada,
juzgada y aplicada en forma unilateral por la AFIP con elementos desconocidos
por los contribuyentes y sin derecho alguno de defensa.

Ahora bien,
remarcamos que todo ello es «aparente», pues no existe proceso de fiscalización
abierto en relación a los contribuyentes a quienes alcanza la medida (todos) ni
ejercicio concreto de las facultades de fiscalización por parte del organismo.
La alteración de los derechos es discrecional, arbitraria y mediante la
utilización de normas reglamentarias contenidas en un decreto de necesidad y
urgencia, que no concede facultades en materia cambiaria sino recaudatoria.


Por todo lo dicho, es que entendemos que las medidas tomadas por el
organismo resultan irrazonables en los términos del art. 28 CN en función de los
hipotéticos fines perseguidos, fines que claramente no son fiscales sino de
política económica, no siendo la administración tributaria el organismo
facultado para decidir y poner en práctica este tipo de medidas al amparo del
Decreto 618/97.

Tiene dicho la jurisprudencia en relación a este punto:
«Para saber si una medida (norma, acto, etc.) es razonable o no lo es, no basta
verificar si es esa medida es conducente al fin propuesto, sino que hay que
añadir un recaudo indispensable cual es el que, además de conducente, no sea el
medio más gravoso (entre varios posibles) para los derechos que la medida
compromete o restringe.Esto nos parece elemental» (7).

Las medidas
«fiscales» adoptadas por el organismo claramente no superan el control de
razonabilidad de que da cuenta la jurisprudencia citada, será entonces función
del Poder Judicial colocar las cosas en su lugar y declarar la
inconstitucionalidad de las normas dictadas por la Administración, restituyendo
a los particulares el goce de los derechos transgredidos en forma arbitraria e
inconstitucional.

D Sanchez de Sepola :

Le transcribi untrabajo de doctrina muy bueno, del cual puede tomar muchos argumentos y fundamentos para agregar al descargo.-

D Sanchez de Sepola :














Título: Algunas consideraciones jurídicas en torno a las restricciones cambiarias
Autor: Larrañaga, Karina M
Fecha: 11-oct-2012
Cita: MJ-DOC-6007-AR | MJD6007
D Sanchez de Sepola :

OTROS FUNDAMENTOS:


 

D Sanchez de Sepola :

Derecho a procedimientos claros y completos


Los métodos de reconstrucción de las bases imponibles efectuados por la inspección deberán ser clara y completamente expuestos al contribuyente a los efectos de garantizar los derechos de contradicción del administrado en la etapa procesal respectiva Deberá ponerse en conocimiento expreso del inspeccionado que se procederá a solicitar información adicional o cruzada a terceras personas, a efectos de que el contribuyente pueda oponer las acciones que entienda corresponder.


 


Derecho a recusar inspectores


Todo inspector tributario puede ser recusado con causa, cuando en su proceder excede los límites que autorizan su accionar. Por aplicación supletoria de la ley 19549, el derecho a recursar al inspector encuentra sustento legal en el artículo 6º de la ley de procedimientos administrativos.


Derecho a denunciar penalmente a funcionarios por violación de los deberes de funcionario público y extorsión Ante supuesto de arbitrarias mediciones de los hechos imponibles que realizan a priori, como auténticos "dibujos" en los llamados informes de inspección.


 


En más de una ocasión dichos informes, en especial dirigidos a causa penal tributaria, están incursos en las conductas disvaliosas reprimidas por los artículos 248, 266 y sus concordantes del Código Penal de la Nación, es decir, en violación de los deberes de funcionarios públicos y extorsión respectivamente.


 


Tales conductas, que se observan con bastante asiduidad, en nada hacen a una buena relación "Fisco-contribuyente", la cual es el principal pilar del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.


 


Toda la protección legal del contribuyente está reducida como consecuencia de dichas conductas disvaliosas de la administración, lo que permite afirmar que no existe un plano de igualdad entre la demanda de percibir impuestos y los derechos del contribuyente.

D Sanchez de Sepola :

Derecho a la asistencia de un asesor fiscal


La facultad a favor de todo contribuyente, en ocasión de una verificación impositiva, de ser asistido por un asesor fiscal, so pena de nulidad de la verificación, si la administración no hace constar expresamente tal derecho o posibilidad al inspeccionado.


 


Es necesario e imprescindible que los profesionales en Ciencias Económicas ejerzan en todo momento de actuación de la administración tributaria; en salvaguardia de los inspeccionados, el arsenal de recursos que la legislación les provee para limitar los posibles los excesos de los inspectores en concordancia plena con las garantías supra contenidas en los tratados internacionales incorporados al artículo 75, inciso 22), de la Constitución Nacional, con el fin de poner limites a eventuales excesos del actuar administrativo, es decir, interdictar los excesos del proceder de la administración.


 


La existencia de poderes exorbitantes que se han dictado para sí la administración tributaria denuncia la posición a que han sido sometidos los contribuyentes, y tal manifiesto abuso por parte de la autoridad es justamente el motivo que requiere poner coto a las arbitrariedades, en especial, del accionar de la inspección tributaria.


Por ende, conviene sugerir cuán necesaria resulta la actuación del profesional en ciencias económicas, para hacer mensurable la actuación pública y para operar como el principio de prohibición del exceso de las funciones de verificación.


 


No negamos los legítimos derechos de la administración en su tareas de fiscalización, pero es también necesario que se deba proteger al contribuyente de los errores y de las medidas arbitrarias, que en su caso pueda cometer la administración fiscal.


 

D Sanchez de Sepola :

Título:


El 'corralito cambiario' y sus inconsistencias constitucionales


Autor:


Caparroz, Luciano


Fecha:


5-jul-2012


Cita:


MJ-DOC-5860-AR | MJD5860


Producto:


STF,MJ


Sumario:


I. Introducción. II. La normativa cuestionada y los derechos constitucionales vulnerados. III.


Respuesta judicial reciente. IV. Conclusiones.


Por Luciano Caparroz (*)


I. INTRODUCCIÓN


El Gobierno Nacional desde el año pasado, advirtiendo y tomando nota de la constante fuga de


depósitos en dólares de los bancos y el crecimiento de la demanda de dicha divisa por la población (que


busca resguardar su patrimonio frente a la inflación), ha decidido implementar políticas severamente


restrictivas para la adquisición de divisas, implementando directamente un cepo al dólar. Para ello, se


ha valido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad que en fecha 28/10/11,


emitió la Resolución General 3210/11, que creó el controvertido Programa de Consulta de Operaciones


Cambiarias. Dicho programa dispuso por una parte que las entidades autorizadas a operar en cambios


consulten y registren mediante el sistema informático de la AFIP los importes del total de las


operaciones cambiarias realizadas (venta de moneda extranjera en todas sus modalidades), cualquiera


sea su finalidad o destino.Pero, por otra parte, la reglamentación apuntada sometió a los potenciales


adquirentes de divisas a que consulten obligatoriamente en la web y en forma previa a la realización de


la operación cambiaria si han resultado «validados» para concretar la transacción o si, por el contrario,


adolecen de «inconsistencias» por no superar aparentemente la evaluación y control «fiscal». El


inconveniente, claro está, se concretó en que constantemente la AFIP a más del 80% de los


«potenciales adquirentes» de dólares no los «validó» por la invocación mecánica del motivo


«insuficiente capacidad económico-financiera». Dicha Resolución 3210/11 se complementó con la RG


3212 AFIP del 04/11/11, y la Comunicación A 5245 del BCRA (del 10/11/11), que analizaremos en el


punto siguiente.


A dicha restricción base o marco, se le sumó recientemente la dispuesta por la RG 3333 AFIP, del


23/05/12, que precisó que aquellas personas que demanden la adquisición de moneda extranjera para


atender gastos en concepto de «viajes al exterior» (por razones de salud, estudios, congresos,


conferencias, gestiones comerciales, deportes, actividades culturales, actividades científicas y/o


turismo), se deberán también someter al Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias.


Finalmente, el 28/05/12, el BCRA emite la Comunicación A 5309, donde informa que la excepción


prevista en Comunicación A 5249 se ha eliminado, importando ello que las entidades financieras que


otorgan préstamos hipotecarios en moneda nacional para la compra de viviendas también deban utilizar


el sistema de consulta informático de la AFIP respecto de sus clientes, cuando estos quieran adquirir


dólares para cancelar la operación inmobiliaria.


Lógicamente, al aplicarse estas desprolijas restricciones (calificadas como «corralito cambiario»),


comenzaron a afectarse derechos y libertades constitucionales de personas físicas y jurídicas (ej.usar y


disponer de la propiedad, libertad de tránsito, razonabilidad, entre otros). Pero al margen de ello, la


grosera inconsistencia jurídica radicó en que las «restricciones» vinieron construidas por un órgano


«incompetente» como es la AFIP, (1) atento a que la política cambiaria es indiscutible materia de


regulación por el BCRA (2). Dicho en otras palabras, una cosa es el «control fiscal» (AFIP) y otra el


«control cambiario» (BCRA).


Así las cosas, teniendo presente al texto constitucional, veremos en este trabajo dónde puede radicar lo


arbitrario y lo irrazonable de estas disposiciones, las cuales ya produjeron consecuencias sociológicas


que se han manifestado, por ejemplo, en la fuga de depósitos en dólares (3) (por desconfianza), el


aumento del llamado dólar paralelo (blue, green y celeste), (4) la caída de la actividad de servicios


turísticos e inmobiliarios, (5) los inconvenientes en la ejecución de los contratos (6) y los cacerolazos


(7) de la clase media. Por último, recordando la recomendación (8) del presidente de la CSJN, Ricardo


Lorenzetti, haremos una breve referencia a las recientes resoluciones judiciales que se han dictado en el


marco de acciones de amparo impulsadas por particulares.


II. LA NORMATIVA CUESTIONADA Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES


VULNERADOS


Dijimos más arriba que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en fecha 28/10/11,


emitió la Resolución General 3210/11, creando el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias,


resolución que se complementó con la RG 3212 AFIP del 04/11/11 y la Comunicación A 5245 del


BCRA (del 10/11/11).


En principio, advertimos que como dichas resoluciones de la AFIP se configuran como «actos


administrativos» es necesario que, además de su análisis y repercusión constitucional, también se


evalué su estructura técnico-jurídico-administrativa, con el objeto de que no se omita la reseña de los


ostensibles «vicios» existentes en los elementos esenciales de los actos cuestionados.


Así entonces, en primer lugar, señalamos que las resoluciones generales (3210/11, 3212/11 y 3333/12)


violan y desconocen palmariamente al art. 7 inc.a de la Ley 19.549, en cuanto exige que la emisión del


«acto» sea realizado por autoridad «competente». Es que la AFIP no es competente en materia de


«control de cambio», pues la Ley 24.144 (art. 4 incs. a y f) acuerda expresamente esa atribución al


BCRA. Ello per se torna ya a los actos como nulos. Pero también debe valorarse el «para qué» del acto


-finalidad-, el «porqué» -la causa- y el «cómo» -la forma- (cual contiene a la motivación). Respecto al


«para qué» del acto -elemento finalidad-, la doctrina (9) explicó que consiste en el fin concreto de


interés público o bien común perseguido por el órgano administrativo que lo emite, no pudiéndose


encubrir intereses o fines que beneficien a la Administración Pública. Si ello resultase y la finalidad no


es honesta o verdadera, el acto será nulo de nulidad absoluta por hallarse viciado, habida cuenta de una


desviación de poder. La RG 3210 alegó como fin de interés público «la evaluación -en tiempo real- de


la situación fiscal y económico-financiera del sujeto» cuando se dirija a comprar divisas. No obstante lo


escrito, la dimensión sociológica demostró que la finalidad encubierta del acto no fue otra más que


«bloquear», «complicar», «impedir» y/o «burocratizar» las operaciones cambiarias. Hay entonces una


desviación indiscutible de poder.


En cuanto a la «causa» (el «porqué» del acto), recordamos que de acuerdo a la legislación (10) consiste


en la manifestación de las circunstancias y antecedentes de hecho y derecho que justifican la emisión


del mismo, la razón de ser objetiva que justificó su creación. La falta de la misma o su falsedad


determinan la nulidad absoluta del acto.La RG 3210 dispuso en su expresión de motivos «que el


aludido Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias tiene como antecedente la experiencia en la


aplicación de estos sistemas por parte de administraciones tributarias de otros países, optimizando el


control fiscal y la lucha contra el lavado de dinero». Pero en ningún lugar de la resolución se ha


«probado o fundamentado» esa experiencia foránea citada, materializando tal omisión una total «falta»


de la «causa alegada».


Por último, refiriéndonos al «cómo» del acto -elemento forma-, el cual incluye a la «motivación», la


doctrina especializada (11) explicó que este requisito resulta inexcusable por expresar las «razones»


que indujeron la emisión del acto, esto es, su razonabilidad. Como se expuso, la AFIP en la


«motivación» de la resolución, afirmó que se busca «optimizar la acción fiscalizadora y el control de


las obligaciones fiscales [...] evaluando -en tiempo real- la situación fiscal y económico-financiera del


sujeto». Pero fácticamente, cuando se pondera el «cómo» se implementó el sistema (a través de una


página web que solo responde a los «potenciales adquirentes» de dólares, «con inconsistencias», por la


invocación mecánica del motivo de «insuficiente capacidad económico-financiera»), la


«irrazonabilidad» aparece ya patente, pues resta tan solo con citar un caso testigo (12) de la «respuesta»


acordada por el sistema a los usuarios para demostrar su arbitrariedad. En consecuencia y por todo lo


visto, el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias nos parece desde lo


técnico-jurídico-administrativo inválido -nulo- por hallarse a todas luces viciados los elementos


esenciales y reglados del acto. Ello es importante saberlo, pues si algunos jueces federales interpretan


con carácter sumamente restrictivo a la procedencia de la acción de amparo -expresando que existen


otros procedimientos idóneos-, si se exigiese el agotamiento de la vía administrativa, estas cuestiones


serían seguramente las debatidas.


Ahora sí, ubicándonos en el enfoque «constitucional», advertimos que las resoluciones generales


(3210/11, 3212/11 y 3333/12) no superan el test de «razonabilidad» (13) (art.28 CN). Como vimos más


arriba, en el acto administrativo es indispensable exponer las «razones» que lo motivan, pues de lo


contrario -como sostiene la doctrina- (14) lo afirmado puede ser racional pero no razonable y lo


irrazonable es lo arbitrario.


Veamos algunas situaciones sucedidas en el plano de la realidad social: no resulta para nada razonable


el art. 5 inc. b de la RG 3210/11 AFIP en cuanto exige al comprador de las divisas que explique e


informe cuál es el «destino» que le va a otorgar a la moneda adquirida, pues aquí ya no hay sincero


«control fiscal» sino una injerencia del Estado en la esfera privada de las personas, haciéndose muy


gráfico lo absurdo de la disposición al reflejarla con el ejemplificativo caso "Durán", (15) donde un


jubilado para la compra de USD 10 debe obligatoriamente «explicar» que son para el «regalo de sus


dos nietos».


Al margen de ello, lo más controvertido e «irrazonable» del funcionamiento del sistema cuestionado se


observa en la práctica, cuando se aplican concordadamente los arts. 6 inc. b y 7 RG AFIP 3210/11 y el


art. 2 RG AFIP 3212/12, atento a que como hemos afirmado, la página web AFIP responde a más del


80% de los «potenciales adquirentes» de dólares que tienen «inconsistencias», por la invocación


mecánica del motivo de «insuficiente capacidad económico-financiera». En rigor, el ente fiscal nunca


hizo pública la «metodología» en virtud de la cual se concede o no el permiso para realizar la operación


cambiaria.


Entonces, como se dio en la realidad, si el adquirente de tan solo USD 10 no pudo conocer el


«contenido y fundamentación» del motivo de su «inconsistencia económica», el Estado lo obliga a que


se «traslade» a la dependencia de la AFIP en que se encuentra inscripto para que en ese lugar (previo a


realizar largas colas y perder una mañana de trabajo) le «informen» sobre su «falta de capacidad


económico-financiera» para comprar USD 10. En tal contexto, el art.2 de la RG AFIP 3212/12 precisó


que cuando el motivo de la inconsistencia fuese la conocida «insuficiente capacidad


económico-financiera», se deberá regularizar la situación presentando una «nota» que (entre otros


aspectos) incluya toda la documentación fehaciente que acredite el origen y cuantía de los fondos a


utilizar para el pago de la compra de la moneda extranjera. En conclusión, el adquirente de tan solo


USD 10, para concretar la operación y resultar «validado», deberá «acreditar» documentadamente el


origen de sus $ 45. Es un «absurdo».


Tal bloqueo burocrático resulta prima facie irrazonable, pues los (medios) elegidos no son


«proporcionales» con los (fines) que la AFIP se propuso conseguir. El ente fiscal utiliza como medio el


aparato burocrático de que dispone para lograr como fin no solo el desaliento sino el casi total bloqueo


de la venta de divisas a precio oficial para la mayoría de los argentinos.


Advertimos que no existe una situación de «emergencia pública» declarada por ley formal del


Congreso o por DNU, como para «limitar» el «ejercicio» o vigencia sociológica de los derechos


constitucionales. Dicho en otras palabras, no se configura una «situación de grave riesgo social» que


justifique adoptar una limitación normativa para la adquisición y compra de divisas.


Por lo tanto, aquí sin duda, se ha desconocido el derecho supremo de los particulares de usar y disponer


de la propiedad (arts. 14 y 17 CN), como así también la libertad de contratar, (16) recordando que no


hace mucho tiempo la CSJN (17) ha fijado el firme criterio de que no puede (ni siquiera en épocas de


emergencia) alterarse la «sustancia» del derecho de propiedad. De esta forma, empero, si lo que se


«limitó» es el «ejercicio» de derechos, ello debió hacerse estrictamente a través de una ley formal del


Congreso (o en caso extremo, por un DNU), lo que en nuestra situación estudiada no ha sucedido.Y


ello no es algo que opinamos sino algo que exigió la CSJN en la causa "Massa", (18) donde expresó


que por aplicación del «principio de soberanía monetaria», el Congreso y el PEN, por delegación


legislativa, podrían llegar a fijar el «régimen cambiario» (arts. 75 inc. 11 y 76 CN) como así también el


«orden público económico», pero solamente a través de la ley formal. En suma, no obstante todo lo


dicho más arriba, tampoco se determinó por la AFIP si las «restricciones cambiarias» por ella


impuestas son «permanentes» o «transitorias».


Finalmente, corre la misma suerte la aplicación de la RG AFIP 3333/12, porque se verá que tampoco


supera el test de «razonabilidad». Este acto administrativo simplemente importó la profundización del


llamado «corralito cambiario» al extenderse el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias a


todas aquellas personas que demanden la adquisición de moneda extranjera para atender gastos en


concepto de «viajes al exterior», ya sea por razones de salud, estudios, congresos, conferencias,


gestiones comerciales, deportes, actividades culturales, científicas y/o turismo.


De esta forma, un órgano administrativo fiscal incompetente viene aquí a trastornar el «ejercicio» o


vigencia sociológica de la libertad constitucional «de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio


argentino» (art. 14 CN), siendo una limitación no establecida por ley formal del Congreso. Además,


concretamente la AFIP no determinó cuáles son los montos máximos a adquirir por los viajeros,


validándose en la mayoría de los casos la compra de dólares para los meros gastos diarios sin atenderse


a los costos de pasajes o alojamiento.


Lo «irrazonable» y arbitrario se colige también en la nueva injerencia que realiza el Estado en la esfera


privada de las personas, ya que a través de las precisiones dispuestas en el punto 6 del anexo al art.2 de


la RG 3333/12, la AFIP exige a los potenciales adquirentes de divisas para viajes al exterior que


informen el «motivo» del viaje, lo que claramente escapa de la competencia de «contralor fiscal». No


obstante, en la exposición de motivos de la resolución estudiada, se arguyó que la AFIP «ha


implementado estas herramientas informáticas, con el objetivo de "anticipar" el control sobre las


operaciones de los contribuyentes y responsables, en uso de los poderes de fiscalización del organismo


recaudador con carácter previo a la realización de las operaciones». Es una finalidad falsa del acto


administrativo que lo torna nulo, pues el «fin» encubierto no es otro más que «bloquear», «complicar»,


«impedir» y/o «burocratizar» las operaciones cambiarias.


III. RESPUESTA JUDICIAL RECIENTE


Teniendo presente al análisis que hemos realizado de algunas de las recientes resoluciones judiciales


referidas al impulso -a lo largo de todo el país- de varias acciones de amparo contra el «corralito


cambiario», se advierte con claridad que la justicia federal (sin bien no rechazó los amparos in limine o


por falta del agotamiento de la vía administrativa) alineó un firme criterio (19) direccionado en el


sentido de establecer como regla estricta la no admisión de las «medidas cautelares» planteadas por los


particulares para adquirir inmediatamente dólares a precio oficial. Veamos.


Las resoluciones judiciales (20) consideradas hasta principios de junio de 2012 y que tomamos como


testigo para nuestro estudio fueron:


a) El caso "Axelrad Mauricio y ots. c/ BCRA y PEN s/ amparo", del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario,


de fecha 29/05/12.


b) El caso "Durán Julio C. c/ AFIP s/ amparo", del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, de fecha


04/06/12.


c) El caso "Lanata Jorge c/ Estado Nacional BCRA s/ amparo", expte. 21907/12, del Juzgado Federal


de 1° Instancia N° 4 en lo Contencioso Administrativo, que hasta el momento -en fecha 04/06/12-,


ordenó que el accionante acompañe la prueba ofrecida.


d) El caso "R. R. J. M.y otra c/ AFIP y BCRA s/ amparo", del Juzgado Federal de Primera Instancia N°


2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín.


El caso "Axelrad", si bien como se verá se relaciona con las "restricciones cambiarias" encomendadas


por el Gobierno para reducir o desalentar la compra de divisas, el detalle es que las restricciones no


vinieron determinadas por la AFIP sino por el BCRA. Ello no significa que sean per se


indiscutiblemente constitucionales, atento a que en rigor no existe hasta el momento una ley formal que


le haya «delegado» tal atribución, con «bases» establecidas al respecto. Concretamente, los amparistas


solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la Comunicación BCRA A 5294, en cuanto les


imposibilita cobrar sus haberes jubilatorios a través del retiro del dinero (en dólares) por cajero


automático en el exterior, suspendiéndose su aplicación cautelarmente.


El Banco Central, por su parte, informó que «no existe ninguna restricción en la normativa cambiaria


para acceder al mercado único y libre de cambios para realizar transferencias por jubilaciones y


pensiones». La jueza interviniente entendió que no existe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la


norma, en cuanto a la modificación de la modalidad del cobro de los haberes jubilatorios de los actores,


que provoque un perjuicio grave e inminente que impida a los mismos disponer de esos beneficios.


Agregó que además se trata de una norma dictada por el BCRA, en ejercicio de facultades que le son


propias y que no corresponde al tribunal interferir en las atribuciones constitucionales específicas de los


otros poderes del Estado. En consecuencia, rechazó la medida cautelar solicitada por los accionantes.


En el caso "Durán", que fue el que más notoriedad pública tuvo, el actor impugnó el controvertido


Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias (RG AFIP 3210/11) por no poder adquirir USD 10


destinados para el regalo de sus dos nietos.El magistrado interviniente entendió que si bien la acción de


amparo es admisible, no lo es la medida cautelar de suspender la normativa cuestionada, por no haber


elementos de convicción que persuadan acerca de la existencia de urgencia, que configure el peligro en


la demora. No obstante ello, el juez ordenó a la AFIP que evacue en el informe circunstanciado exigido


por el art. 8 de la Ley 16.986 los fundamentos legales de la resolución impugnada.


En el caso "Lanata", que también tuvo notoriedad pública y en que se impugnaron las resoluciones de


la AFIP, la jueza Rita Ailán, hasta el momento, ordenó dar cumplimiento con lo que dispone la


Acordada 7/94 del fuero contencioso-administrativo, que instruye acompañar la prueba documental que


ofrece el actor en el escrito de demanda. Ello significa que la acción de amparo tampoco se la rechazó


in limine.


Por último, en el caso "R. R. J. M", la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, en el marco de


la impugnación constitucional a la RG AFIP 3333/12, al igual que los casos más arriba observados,


expresa que si bien la acción de amparo es admisible, no lo es la medida cautelar deseada por los


accionantes, en tanto no se acreditó la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora para poder


adquirir dólares a precio oficial con la finalidad de costear gastos para un viaje al exterior.


IV. CONCLUSIONES


Las políticas restrictivas para la adquisición de divisas implementadas por el Gobierno, a través del


plexo de normas integrado por las resoluciones de la AFIP 3210/11, 3212/12 y 3333/12 (Programa de


Consulta de Operaciones Cambiarias, complementado por las Comunicaciones del BCRA A 5245/11 y


A 5309/12), terminaron afectando derechos y libertades constitucionales de personas físicas y jurídicas


(ej.usar y disponer de la propiedad, libertad de tránsito, razonabilidad, entre otros), pues la dimensión


sociológica demostró que la finalidad encubierta de los actos cuestionados no fue otra más que


«bloquear», «complicar», «impedir» y/o «burocratizar» las operaciones cambiarias. Hubo entonces una


indiscutible desviación de poder si analizamos al calificado «corralito cambiario» desde lo


técnico-jurídico-administrativo. O sea, dichos actos administrativos son inválidos -nulos- por hallarse a


todas luces viciados los elementos esenciales y reglados.


Desde el punto de vista «constitucional», hemos ponderado que las resoluciones generales (3210/11,


3212/11 y 3333/12) no pudieron superar el test de «razonabilidad», atento a que el ente fiscal utilizó


como medio al aparato burocrático de que dispone, para lograr como fin el casi total bloqueo de la


venta de divisas a precio oficial para la mayoría de los argentinos.


Advertimos entonces que no existió una situación de «emergencia pública» declarada por ley formal


del Congreso (o en caso extremo por un DNU) como para «limitar» el «ejercicio» o vigencia


sociológica de los derechos constitucionales de los particulares a usar y disponer de la propiedad (arts.


14 y 17 CN), a la libertad de contratar y a «entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino»


(art. 14 CN). En suma, no obstante lo dicho, tampoco se determinó por la AFIP si las «restricciones


cambiarias» por ella impuestas son «permanentes» o «transitorias».


En dicho contexto y hasta el momento, se advierte que la justicia federal al ejercer el control de


constitucionalidad (sin bien no rechazó los amparos in limine o por falta del agotamiento de la vía


administrativa) alineó un firme criterio dirigido a establecer como regla estricta, la no admisión de las


«medidas cautelares» planteadas por los particulares para adquirir inmediatamente dólares a precio


oficial.


----------


(1) De acuerdo al art. 3 del DNU 618/97, la competencia de la AFIP se circunscribe solo a la ejecución


de la política tributaria y aduanera.


(2) Conf. Ley 24.144, art. 4 incs.a y f.


(3) Puede consultarse Revista Fortuna Web (Editorial Perfil), nota del 25/05/12: "Depósitos en dólares


por más de US$ 800 millones salieron de los bancos",


http://fortunaweb.com.ar/2012-05-25-94177-depositos-en-dola


es-por-mas-de-us-800-millones-salieron-de-los-bancos. Ver también, diario La Nación, nota del


02/06/12, "En los bancos ya hay listas de espera para llevarse los dólares",


http://www.lanacion.com.ar/1478467-en-los-bancos-ya-hay-lis as-de-espera-para-llevarse-los-dolares.


(4) Ver, diario La Nación, nota del 06/06/12, "Dólar multicolor: ya hay 'green', 'blue' y 'celeste'",


http://www.lanacion.com.ar/1479659-dolar-multicolor-ya-hay- reen-blue-y-celeste.


(5) Puede consultarse, Revista IECO (Clarín), nota del 30/05/12: "Caen las escrituras tanto en Capital


como en Provincia", http://www.ieco.clarin.com/economia/inmobiliarias-piden-alg


na-flexibilizacion_0_709729072.html.


(6) Conf. Abatti, Enrique L. - Rocca, Ival (h.), "Los contratos inmobiliarios en dólares y las


restricciones cambiarias (contratos en dólares y cepo cambiario)", Publicado en Microjuris, 07/06/12,


MJD5818.


(7) Ver, diario La Nación, nota del 01/06/12, "Cacerolazo en contra del Gobierno en la Capital",


http://www.lanacion.com.ar/1478106-cacerolazo-en-contra-del gobierno-en-la-capital.


(8) Ver, diario La Nación, nota del 29/05/12, "Lorenzetti, sobre el dólar: 'Si alguien se siente afectado


puede ir a la Justicia'", http://www.lanacion.com.ar/1477483-lorenzetti-sobre-el-dola


-si-alguien-se-siente-afectado-puede-recurrir-a-la-justicia.


(9) Conf. CASSAGNE, Juan C., "Derecho administrativo", T 2, Editorial Lexis Nexis, 7° edición, págs.


120 y ss. y 185 y ss.


(10) LNPA, art. 7 inc. B.


(11) Conf. SACRISTÁN, Estela, "La Motivación como requisito esencial del Acto Administrativo",


RAP, Ed. Especial Acto Administrativo y Reglamento, año 2001, págs.65 y ss.


(12) Es el caso de una persona jubilada, que solo quiso adquirir USD 10 y el sistema de la AFIP


automáticamente lo catalogó insolvente, sin existir razón alguna para impedir la adquisición de tal


divisa. Ver diario La Nación, nota del 31/05/12, "A la Justicia por 10 dólares",


http://www.lanacion.com.ar/1477865-a-la-justicia-por-10-dol res.


(13) Ver CIANCIARDO, Juan, "Los fundamentos de la exigencia de la razonabilidad", Diario La Ley,


16/04/09, págs. 1 y ss.


(14) Conf. AARNIO Aulis, "Lo racional como razonable", Centro de Estudios Constitucionales,


Madrid, año 1991. ATIENZA Manuel, "Para una razonable definición de razonable", DOXA,


Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, año 1987.


(15) Autos "Durán Julio C. c/ AFIP s/ amparo", Expte. 8337, Juzgado Federal N° 4 de 1° Instancia de


Mar del Plata, 04/06/12.


(16) En el caso "Massa" (M.2771.XLI) resuelto por la CSJN, el ministro Ricardo Lorenzetti afirmó que


dentro del contenido del derecho constitucional a la propiedad, se incluía al derecho a contratar, siendo


la regla constitucional la de libertad de contratar y toda restricción una excepción (ver inc. 25 de los


considerandos de su voto).


(17) Ver CSJN, caso "Smith" (Fallos 325:28), inc. 9 párr. 2° de la sentencia y caso "San Luis" (Fallos


326:417), incs. 23, 24, 38, 40, 41, 53 y 54 de la sentencia.


(18) CSJN, caso "Massa", inc. 21 del fallo.


(19) Ver diario La Nación, nota del 10/06/12, "Los jueces sin apuro por el dólar",


http://www.lanacion.com.ar/1480584-los-jueces-sin-apuro-por el-dolar.


(20) Son las publicadas y difundidas por el Centro de Información Judicial (CIJ) dependiente de la


CSJN, www.cij.gov.ar.


(*) Abogado, especialista en Derecho Administrativo, UNR. Doctorado en Derecho, UNR (en curso).


Profesor Adscripto de Derecho Constitucional I, UNR. Miembro asociado de la Asociación Argentina


de Derecho Constitucional. Autor de numerosos artículos de doctrina sobre su e

D Sanchez de Sepola :

Voces:


FALTA DE MÉRITO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - INSUFICIENCIA


PROBATORIA - FUNCIONARIOS PÚBLICOS - TIPICIDAD - CONTRABANDO -


CONTRABANDO DE DIVISAS - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO


Partes:


Antonini Wilson Guido Alejandro | contrabando


Tribunal:


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico


Sala/Juzgado:


B


Fecha B.O.:


3-dic-2008


Cita:


MJ-JU-M-42438-AR | MJJ42438


Producto:


MJ


Se confirmó el dictado de la falta de mérito para procesar o para sobreseer al funcionario involucrado


en la causa donde se investiga el intento de ingreso al país de divisas sin declarar provenientes de


Venezuela, a través de un vuelo privado contratado por una empresa estatal.


Sumario:


1.-Corresponde confirmar la resolución por la cual se declaró la falta de mérito para procesar o para


sobreseer al funcionario involucrado en la causa donde se investiga el intento de ingreso al país de una


suma de dinero sin declarar, pues, si bien reconoció haber autorizado al portador del dinero a viajar en


el vuelo privado en el cual arribaron al país, ello no es suficiente para concluir que dicha autorización


haya incluido un permiso para que las divisas existentes en la valija ingresaran por aquel medio,


debiéndose destacar que las razones invocadas por el funcionario para realizar el viaje, así como la


presencia de funcionarios y empresarios extranjeros en el país -entre los que se encontraba el


propietario de la valija- con motivo de los convenios que se firmarían entre ambos estados, no se


encontrarían desvirtuadas (del voto del doctor Grabivker, al que adhiere el doctor Pizzatelli - mayoría).


2.-Encuentran adecuación típica, prima facie, en las previsiones de los arts. 863 , 865 inc. a) y 871


, del Código Aduanero, los hechos investigados, consistentes en el arribo al país de un vuelo privado


contratado por una empresa estatal, en compañía de funcionarios públicos, fuera del horario habitual de


trabajo del personal del aeropuerto y en una terminal con deficiencias en materia de control, para


intentar ingresar una suma de dinero sin ser sometido al control aduanero, omitiendo su portador


realizar la declaración correspondiente conforme a lo establecido por la Resolución General de


Aduanas 1172/2001 , ello sin perjuicio que finalmente aquellas divisas hayan sido halladas por las


autoridades intervinientes (del voto del doctor Grabivker, al que adhiere el doctor Pizzatelli - mayoría).


3.-Sin perjuicio de que el hecho investigado, consistente en el intento de ingreso al país de divisas sin


declarar, encuadre en los arts. 863, 865 inc. a) y 871, del Código Aduanero, en atención a la cantidad de


dinero y a la forma en que se habría intentado ingresarlo al territorio nacional -en un vuelo privado


contratado por una empresa estatal donde viajaban funcionarios públicos-, así como a la ausencia de


declaración jurada del dinero al egresar del estado extranjero de donde provenía no obstante la


obligación de proceder así, y dado que se encuentra pendiente la determinación del origen de la fuente


de producción de aquel dinero, no cabría descartar la hipótesis que éste haya resultado el producto de


actividades delictivas, por lo tanto, los hechos también encontrarían adecuación típica, prima facie, en


las previsiones del art. 278 del CPen. (del voto del doctor Grabivker, al que adhiere el doctor


Pizzatelli - mayoría).


4.-El hecho investigado, consistente en el intento de ingreso al país de divisas sin efectuar la


declaración prevista en la Resolución General de Aduanas 1172/2001 podría encontrar adecuación


típica en una modalidad del delito de lavado de activos de origen delictivo -art. 278 del CPen.-, pero no


encuadra en la figura del contrabando, pues, si bien se encuentra probado que se efectuaron maniobras


de ocultamiento aptas para impedir o dificultar los controles aduaneros con la intención de ingresar al


territorio argentino las sumas de dinero, aquellos controles en el caso no se encontraban vinculados al


cumplimiento de aranceles u obligaciones tributarias o a prohibiciones sobre la importación de


mercaderías, por lo tanto, en principio, no se advierte una afectación al bien jurídico protegido por el


delito de contrabando (del voto del doctor Hornos - disidencia parcial).


5.-Resulta procedente el dictado de la falta de mérito para procesar o para sobreseer al funcionario


involucrado en la causa donde se investiga el intento de ingreso al país de divisas sin declarar, ya que


los elementos de convicción acumulados son insuficientes para atribuirle una participación culpable en


los hechos investigados, pues, si bien no se encuentra cuestionado que aquél autorizó al portador de la


valija que contenía el dinero a que abordara el avión que arribó al país, contratado por una empresa


estatal, no está demostrado que conociera con anterioridad al hecho de la causa el contenido del


equipaje, ni que estuviera en conocimiento del origen o destino que se le daría al dinero secuestrado


(del voto del doctor Hornos - disidencia parcial).


Buenos Aires, 3 de diciembre de 2.008.


VISTOS:


El recurso de apelación interpuesto por los fiscales actuantes ante la instancia anterior a fs. 6718/6751


de los autos principales (fs. 392/425 de este incidente) contra la resolución de fs. 6655/6672 vta. de los


autos principales (fs. 348/365 vta. del presente incidente), por la cual se declaró la falta de mérito para


procesar o para sobreseer a Claudio UBERTI, en orden a los hechos por los cuales prestara declaración.


El escrito obrante a fs. 434 del presente incidente, por el cual se mantuvo el recurso interpuesto.


Las presentaciones efectuadas por el señor fiscal general de cámara a fs. 442/445 vta. y por la defensa


de Claudio UBERTI a fs. 447/481 vta., ambos del presente incidente.


y CONSIDERANDO:


1º) Que, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 6718/6751 de los autos principales, los fiscales


actuantes ante la instancia anterior se agraviaron de la resolución recurrida toda vez que ".a criterio de


este Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos hasta el momento en el marco de la presente


investigación, resultan suficientes para estimar, con el alcance propio de esta etapa del proceso, que se


encuentran reunidos los extremos previstos por el artículo 306 del CPPN.respecto de Claudio


UBERTI.".


Asimismo, estimaron que ".la hipótesis fáctica fijada es constitutiva de los delitos tipificados en los


artículos 863, 865 inciso a) y 865 inciso b), 871 del Código Aduanero, y artículo 278, inciso 3º del


Código Penal.".


2º) Que, el hecho por el cual se recibió declaración a Claudio UBERTI consistió en ".el intento por


parte de Guido Alejandro Antonini Wilson de ingresar al país el día 4 de agosto de 2007 en horas de la


madrugada en el vuelo de la aeronave de la empresa Royal Class matrícula Nº 5113 S proveniente de


Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela que fuera contratado por la empresa ENARSA,


omitiendo el nombrado Antonini Wilson realizar la declaración aduanera correspondiente en función de


lo establecido por la resolución general 1172/2001 (artículo segundo in fine), la suma de setecientos


noventa mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses (U$S 790.550) de origen presuntamente


ilícito, ello con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia de un origen lícito.


Se destaca que el declarante sería la persona que habría autorizado el abordaje de Guido Alejandro


Antonini Wilson y de Daniel Uzcátegui Specht al vuelo mencionado" (confr. fs. 333 vta.).


3º) Que, por la resolución apelada, remitiéndose a un pronunciamiento anterior dictado en el mismo


expediente, se calificaron los hechos descriptos por el considerando anterior en los términos del art. 278


inc.3º del Código Penal, considerándose que ".el delito de contrabando no prevé la conducta de


introducir a la República, divisas en la forma descripta.". Asimismo, por aquel auto se estableció: ".si


bien es cierto que el dinero no fue declarado, conforme lo exige la reglamentación correspondiente, por


la manera de su ingreso al país . no ha mediado en el caso ninguna de las condiciones objetivas


referidas en la norma citada [Código Aduanero], por lo que mal podría haberse constituido el delito de


contrabando previsto por el art. 863 del Código Aduanero . "; ".las expresiones falaces que habría


proferido el acarreador de la valija, al no estar acompañadas de otros actos engañosos, no pueden ser


constitutivos del ardid o engaño al que se refiere la norma.".


4º) Que, con relación a la calificación legal de los hechos investigados efectuada por el tribunal "a quo"


y a los agravios expresados por los apelantes con relación a aquella calificación.


El Dr. Marcos Arnoldo GRABIVKER expresó:


5º) Que en una oportunidad anterior (confr. Reg. Nº 656/2007 de esta sala B), quien suscribe estableció:


"8º) Que, .: ".en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el ejercicio de la función


principal encomendada a las aduanas: el control sobre la introducción, la extracción y la circulación de


las mercaderías." (confr., en lo pertinente, Reg. Nº 519/03, de esta Sala "B")


En efecto, concierne al Estado Nacional el control sobre el ingreso, egreso y circulación de mercadería,


en cuanto se vinculan con el tráfico internacional. "


"9º) Que, en efecto, de conformidad con lo establecido por el art. 112 del Código Aduanero, " El


servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y la mercadería en cuanto tuvieren relación con


el tráfico internacional de mercadería". Asimismo, por el arto 116 del mencionado código se establece:


".la importación de mercadería, deben efectuarse. previa autorización del servicio aduanero."."


"10º) Que, por la Resolución General de Aduanas Nº 1172, se establece:"Los viajeros de cualquier


categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar. cuando en calidad de


equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) o su


equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda


extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios". "


"11º) Que, en este contexto, no puede soslayarse que la ponderación de la motivación de la resolución


general mencionada se advierte sin hesitación la finalidad de establecer pautas específicas de control


aduanero sobre las mercaderías. En efecto, por la fundamentación de la resolución general mencionada


por el considerando anterior se expresó: ".las medidas que se tratan no pretenden en modo alguno,


restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo de


transferencias dinerarias o la repatriación de capitales impulsada por el Gobierno nacional, sino


simplemente cumplir con el debido control aduanero como bien jurídico tutelado." (el resaltado es de la


presente)."


"12º) Que, con independencia de lo expresado por los considerandos anteriores, por las circunstancias


peculiares del caso no puede soslayarse que, de conformidad con lo establecido por los arts. 488, 489 y


ss. del Código Aduanero, la pretendida importación de la mercadería objeto de la presente


investigación, del modo en que se intentó, es ajena al régimen especial de equipaje. "


"13º) Que, por otra parte, este Tribunal ha establecido, con anterioridad: ".por el art. 9º del Código


Aduanero se prevé que "1. Importación es la introducción de cualquier mercadería a un territorio


aduanero. 2. Exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero".


"Asimismo, por el art. 10 del Código Aduanero (texto según ley 25.063) se establece que "l. A los fines


de este Código, es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado".


"En consecuencia, con motivo del agravio de la defensa de.en punto a que ".el Código Aduanero sólo


establece el contrabando de mercaderías mas no el de dinero. " (Ver fs. 2 primer párrafo), corresponde


establecer si el "dinero" (en este caso dólares estadounidenses) puede ser considerando un "objeto"


susceptible de ser importado o exportado y, por lo tanto, "mercadería" en los términos del art. 10 del


C.A. "


"2º) Que, además, por el art. 11 del citado ordenamiento legal (texto según ley 24.206) se prevé que "I.


En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, ésta se individualizará


y clasificará de acuerdo con el sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías,


establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de


Mercaderías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, con


fecha 14 de junio de 1.983 y modificado por su Protocolo de Enmienda hecho en Bruselas el 24 de


junio de 1.986, y sus notas explicativas ".


"En consecuencia, a los fines de la legislación aduanera, reviste el carácter de mercadería todo objeto


que pueda ser importado o exportado,' las mercaderías se individualizarán y clasificarán de acuerdo a la


nomenclatura correspondiente establecida por la Convención de Cooperación Aduanera de Bruselas


(arts. 10, 11 y ccs. del Código Aduanero)."


Que, por el capítulo 49, posición 49.07.00.100 de la Nomenclatura para la clasificación de la


Mercadería en los Aranceles Aduaneros, se advierte que la señalada clasificación arancelaria


corresponde a "Sellos, estampillas de correos, timbres fiscales y análogos.; papel timbrado; billetes de


banco; cheques; títulos".


"Asimismo, las notas explicativas del capitulo 49, posición 49.07.00.100 apartado D) aclaran que, con


respecto a "Los billetes de banco:este término comprende los billetes a la orden de cualquier clase


emitidos por los estados o por determinados bancos autorizados (bancos emisores) para utilizarlos


como signos fiduciarios tanto en el país emisor como en los demás países." -todo lo resaltado es de la


presente-."


"Por lo tanto, se advierte que el dinero (en este caso dólares estadounidenses emitidos por la Reserva


Federal de los Estados Unidos de América) es un objeto susceptible de ser importado o exportado y, en


consecuencia, mercadería en los términos del art. 10 del C.A."


"4º) Que, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal expresó, en un caso cuyas conclusiones


son aplicables al "sub lite ", que "El Código Aduanero considera mercadería a los bienes que pueden


ser importados o exportados, entendiendo por tal, toda cosa u objeto susceptible de tener valor


económico. Los billetes de banco son mercaderías" (contr. causa "RODRIGUEZ, ALBA ISABEL s/


contrabando", rta. 23.03.95)."


"Asimismo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 estableció, en un caso cuyas conclusiones


también resultan de aplicación al "sub examine ", que "Desde el punto de vista aduanero, los billetes de


banco de curso legal nacionales o extranjeros son mercadería , ya que encuentran su clasificación como


tal en el Nomenclador Arancelario Aduanero correspondiéndole el capítulo 49, posición 49.07.00.100"


(confr. causa "SALAZAR, Florentino s/ contrabando", rta. 27.04.94) -todo lo resaltado es de la


presente-."


"5º) Que, al haberse establecido que los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros


(dólares estadounidenses) son un objeto susceptible de ser importado o exportado y, por lo tanto,


mercadería en los términos del art. 10 del Código Aduanero, corresponde expresar que no asiste razón a


la defensa en punto a que por el Código Aduanero no se establece "el contrabando de dinero", pues el


dinero es mercadería susceptible de ser importada o exportada."


"Por lo tanto, en el supuesto que el servicio aduanero resulte impedido o dificultado en el control sobre


la importación y/o exportación de dinero, podría realizarse el delito de contrabando y, en consecuencia,


podrían aplicarse las sanciones previstas por el C.A." (confr. Reg. Nº 868/2002 de esta Sala "B"; el


resaltado es de la presente). "


"14º) Que, en consecuencia, si se tiene en cuenta que se encuentra probado que . utilizaron maniobras


engañosas aptas para impedir o dificultar los controles aduaneros con la intención de ingresar al


territorio argentino las sumas .; y además, que aquellos controles fueron impuestos con la finalidad


específica de reglamentar las tareas de control aduanero, se concluye que en este caso se verifica una


afectación al bien jurídico protegido mediante la tipificación del delito de contrabando. "


6º) Que, en atención a lo expresado precedentemente, corresponde examinar las constancias obrantes


en los autos principales a efectos de establecer si se encuentran reunidos los elementos objetivos del


delito previsto por el art. 863 y demás disposiciones concordantes y aplicables, del Código Aduanero y


si se encuentra acreditada la participación culpable de Claudio UBERTI en aquél, con el alcance


exigido por el art. 306 del C.P.P.N.


7º) Que, por el art. 863 del Código Aduanero se prevé: "Será reprimido. el que, por cualquier acto u


omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que


las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones".


8º) Que, de las constancias agregadas al legajo surgiría que:


a) Guido Alejandro ANTONINI WILSON arribó al Aeroparque Jorge Newbery de esta ciudad el día 4


de agosto de 2007 en horas de la madrugada (2:30 aproximadamente) en el vuelo de la empresa


ROYAL CLASS S.A. matrícula N 5113 S proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de


Venezuela, junto con Victoria BEREZIUK, Claudio UBERTI, Exequiel ESPINOSA, Daniel David


UZCATEGUI SPECHT, Wilfredo AVILA DRIET, Ruth BEHRENDS RAMIREZ y Nelli CARDOZO


SANCHEZ (fs.6, 7/9, 15, 73, 75/77, 104/107, 42/44 vta. y 370/372 de los autos principales);


b) el vuelo aludido por el punto anterior fue contratado por ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA)


(fs. 143/144);


c) ROYAL CLASS S.A. reportó al Jefe de Aduana del Aeropuerto Jorge Newbery, entre otros, que el


vuelo en el que arribó ANTONINI WILSON era un vuelo con "6 pasajeros pertenecientes a presidencia


de la Nación" (fs. 38/41 vta., 137, 138 Y 140 de los autos principales);


d) en aquella oportunidad, Guido Alejandro ANTONINI WILSON habría intentado ingresar al país la


suma de setecientos noventa mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses (u$s 790.550) en billetes


de cincuenta dólares agrupados con bandas elásticas sin contar con faja bancaria alguna, los cuales se


encontraban acondicionados en una valija tipo "carry-on" que el nombrado habría reconocido como de


su propiedad (v. fs. 6, 7/9, 38/41 vta., 42/44 vta.,


45/47 vta., 818/822 vta. y 824/828 vta. de los autos principales);


e) el nombrado habría omitido realizar la declaración aduanera correspondiente, conforme a lo


establecido por la resolución general de Aduanas Nº 1172/2001 (fs. 6y7/9);


f) al ser preguntado respecto del contenido de la valija en cuestión, ANTONINI WILSON habría


manifestado que se trataba de "libros" y "papeles" (v. fs. 42/44 vta.);


g) la agente de Policía de Seguridad Aeroportuaria interviniente, María de Luján TELPUK, al prestar


declaración testifical, manifestó: ".a simple vista parecían libros pues tenían forma rectangular de alta


densidad"; y que "veía seis rectángulos muy perfectos que podían parecer libros" (fs. 42/44 vta, 49/50


vta. y 278/282 de los autos principales);


h) al exhibirse el contenido real de la valija y preguntado sobre el monto del dinero transportado,


ANTONINI WILSON habría contestado que se trataba de sesenta mil dólares (u$s 60.000) (fs. 49/50


vta.y 278/282 de los autos principales).


9º) Que, si se tiene en cuenta que sólo tres de los pasajeros de aquel vuelo se habrían desempeñado en


el ámbito de la función pública de este país (fs. 781/782), que otros tres habrían sido empleados o


funcionarios de PDVSA (de la República Bolivariana de Venezuela) y los restantes dos pasajeros, en


principio, no habrían tenido ninguna vinculación con la Presidencia de la Nación, lo reportado por la


empresa ROYAL CLASS S.A. (v. apartado e del considerando anterior) sería inexacto.


Por otra parte, se advierte que aquella relación con la "Presidencia de la Nación" no fue utilizada en la


comunicación del vuelo de ida a Venezuela en la misma aeronave de aquella empresa en la cual


viajaron los tres funcionarios públicos de este país: Claudio UBERTI, Exequiel ESPINOSA y Victoria


BEREZIUK, oportunidad en la cual se aludió a ".traslado de personal de alto nivel empresarial" (fs.


141).


10º) Que, resulta oportuno destacar que si bien, en principio, el control de equipajes por parte de la


aduana puede realizarse en forma selectiva, en la Terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery no se


habría contado, al momento de los hechos, con un semáforo que, al azar, habilitara el canal verde o


rojo, sino que aquella decisión de revisar el contenido del equipaje, o no, la tomaba el único agente


aduanero que estaba en el lugar (confr. fs.45/47 vta., 49/50 vta., 104/107 vta., 278/282, 740/750 vta.,


847/853 vta y 881/884 del legajo principal).


A esto cabe agregar que, del croquis de la Terminal Sur aludida (sobre 16, en caja Nº 1 de la


documentación que se encuentra reservada por Secretaría) surgiría que el recorrido que obligadamente


efectúan los pasajeros que ingresan desde la plataforma no los conduce a la oficina en la que se


encontraba instalado el scanner habilitado para el control del equipaje.


Por lo demás, en aquella terminal, al momento de los hechos, se verificaban algunas deficiencias


relacionadas principalmente, en cuanto interesa, a: la falta de confección y firma de las fichas


migratorias por parte de los pasajeros de los vuelos privados (serían llenadas y firmadas por los


pilotos), la falta de funcionamiento del scanner instalado en la oficina de la Dirección Nacional de


Migraciones, mediante el cual se registran los datos de los pasaportes y se graban las imágenes de


éstos; la falta de registro e identificación del equipaje cargado a los aviones privados; la inexistencia de


marbetes para poder individualizar el equipaje que despacha cada pasajero; la ausencia de un


mecanismo aleatorio de canal para el control selectivo de equipajes; la inexistencia de cámaras de


filmación; la falta de provisión de los formularios "Declaración de Aduana" previstos por la Resolución


1172 de la A.F.I.P.; la falta de claridad de las imágenes del scanner utilizado por la Policía de


Seguridad Aeroportuaria, así como también la carencia de un scanner por parte de la aduana (fs.


104/107 vta, 108/111, 151, 278/282, 297, 396, 572/574 vta, 755/760 vta, 812/822 vta., 1078/1084 vta. y


1232/1234 de los autos principales).


Con relación al scanner existente en la Terminal Sur, utilizado en el procedimiento del que se da cuenta


por el acta de fs.6, quien lo operaba -María de Luján TELPUK - manifestó que no confiaba en aquella


máquina y que había pedido, en varias oportunidades, que sea cambiada (fs. 278/282). Al respecto,


resulta ilustrativo el informe obrante a fs. 4370, 4371/4372, del cual surge que la definición en blanco y


negro de las imágenes es "escasa" y que las paletas de colores, alternativas al uso en blanco y negro,


".son totalmente diferentes a la que está acostumbrado el personal de la PS.A. teniendo una escasa


definición" y ".dando colores diferentes a elementos de similares identidades", fs. 4373/4374,


4389/4391 y 4392/4395.


Podría suponerse que aquellas circunstancias en materia de control (o de falta de control) podrían haber


sido conocidas por quienes usaron el vuelo de ROYAL CLASS S.A., matrícula N 5113 S, el 4/8/2007,


pues entre el pasaje de aquel vuelo había personas que habían arribado al Aeroparque Jorge Newbery


en oportunidades anteriores.


11º) Que, en este contexto, lo manifestado por ANTONINI WILSON en cuanto a que el contenido de


la valija era "libros" y "papeles", dejaría de ser una "simple mentira" en los términos expresados por el


considerando 44 de la resolución apelada.


En efecto, ".la simple mentira" se caracteriza por carecer de entidad objetiva suficiente para reconocerla


como causa del error que determina la disposición perjudicial de la víctima. Así, en el contrabando, la


mentira deja de ser simple cuando se la acompaña de maniobras engañosas capaces de impedir o


dificultar el control aduanero" (confr. Reg.Nº 267/97, de esta Sala "B").


En el caso bajo examen, esta situación se verificaría, pues aquellas manifestaciones del imputado


-quien había viajado en varias ocasiones a este país y, en consecuencia, habría conocido las


disposiciones relacionadas con el ingreso de dinero a la República Argentina- deben evaluarse en


conjunto con las circunstancias mencionadas por el considerando anterior, sin obviar que por la forma


en que se habría acondicionado el dinero en la valija, al pasar aquel equipaje por el scanner, los fajos de


billetes se habrían visualizado como libros.


Al respecto (cabe reiterar), resulta ilustrativo lo manifestado por la agente de la Policía de Seguridad


Aeroportuaria que intervino en el control: " a simple vista parecían libros pues tenían forma rectangular


de alta densidad"; también dijo que ".veía seis rectángulos muy perfectos que podían parecer libros."


(fs. 42/44 vta, 49/50 vta. y 278/282 de los autos principales).


Por lo tanto, aun cuando las deficiencias destacadas por el considerando anterior, puestas en


conocimiento del señor Procurador General de la Nación por los señores representantes del Ministerio


Público Fiscal mediante el oficio que obra a fs. 1232/1234 de la causa principal, no hayan sido


provocadas por ANTONINI WILSON, conforme a lo expresado por el tribunal "a quo" (lo cual -por


otra parte- no es requerido por el tipo penal previsto por los arts. 863, 865 incs."a" y "b" y demás


concordantes y aplicables, del Código Aduanero), habrían resultado eficaces a los fines de intentar


introducir el dinero al país burlando el control debido.


Como consecuencia de lo expresado por el párrafo anterior, corresponde encomendar al juzgado "a


quo" que se constate si las anomalías detectadas en la Terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery a la


fecha en que ocurrieron los hechos que se investigan en esta causa han sido subsanadas; y que, de


corresponder, se requiera a las autoridades pertinentes que se subsanen con urgencia aquellas


deficiencias y que se determine la atribución de las responsabilidades pertinentes, si también


correspondiera así.


12º) Que, también en forma integral y conjunta con las circunstancias expresadas por los considerandos


anteriores, corresponde evaluar el horario de llegada del vuelo contratado por ENARSA al Aeroparque


Jorge Newbery (aproximadamente a las 2:30 hs.), producida tres (3) horas más tarde del horario


inicialmente estimado, pues si bien en el plano teórico aquella circunstancia no debería ser relevante


-ya que no habría motivo valedero alguno para que los funcionarios intervinientes efectuaran un control


menos diligente en un horario que en otro- lo cierto es que, en la práctica, no resulta ilógico suponer


que, en horas de la madrugada y fuera de los horarios habituales de trabajo, los controles sean más


laxos y/o efectuados con mayor premura a fin de retirarse del lugar sin demoras.


En este sentido, resulta ilustrativo o manifestado por a inspectora de la Dirección Nacional de


Migraciones Andrea María RAMOS, al prestar declaración testifical: ".terminé mi trabajo y me fui


rápidamente ya que eran cerca de las 3 de la mañana y trabajaba al siguiente día." (fs. 855/861).


Asimismo, lo manifestado por TELPUK: ".si no hubiera hecho el control que hice la valija pasaba,


supongo que por el horario" (v. fs. 278/282 -el resaltado corresponde a la presente-), quien además


recordó que el guarda aduanero, Jorge Félix LAMASTRA, habría sugerido que ".por el horario todos


nos queríamos ir." (fs.278/282).


13º) Que, la circunstancia que el dinero incautado se encontraba "únicamente" dentro de una valija,


conforme a lo que surge de fs. 7/9, 38/41 vta., 45/47 vta., 740/750 vta. y 818/822 vta. de los autos


principales, es decir, sin hallarse dentro de un doble fondo, envuelto de algún modo o entre las ropas


del imputado, no obsta para presumir que se intentó burlar el control aduanero (lo que casi se logra) e


ingresar las divisas sin declararlas, pues por la cantidad de billetes que se intentó ingresar al país, en


principio no parecería posible ocultar aquella cantidad mediante alguno de aquellos modos des criptas


precedentemente, pues se hubiera necesitado una mayor cantidad de valijas provistas de algún medio de


ocultación lo cual, en sí mismo, podría haber resultado llamativo.


14º) Que, "El ardid o engaño a que alude la norma. (art. 863 del C. Aduanero) no reclama sofisticación


o dificultad de acreditación alguna" (confr. Reg. Nº 533/95, de esta Sala "B").


Por lo tanto, el arribo en un vuelo privado contratado por una empresa estatal, en compañía de


funcionarios públicos de este país que habrían efectuado el viaje con motivo y en ocasión de las


funciones inherentes a sus cargos, fuera del horario habitual de trabajo del personal del aeropuerto y en


una terminal con las características descriptas por el considerando 10º de este voto, para intentar


ingresar u$s 790.550 sin ser sometidos al control aduanero, resulta, en principio, una maniobra


suficientemente idónea a los fines previstos por el art. 863 y demás concordantes y aplicables del


Código Aduanero, sin perjuicio que finalmente aquellas divisas hayan sido halladas por las autoridades


intervinientes.


15º) Que, de conformidad con lo establecido por el considerando anterior, cabe expresar: ".por el


control obligatorio de la importación en cuestión no se soslaya la existencia de las presuntas maniobras


examinadas, pues éstas habrían estado encaminadas, precisamente, a burlar aquel control y, en


consecuencia, lo presuponen" (confr. Reg.Nº 267/97, de esta Sala "B").


16º) Que, Claudio UBERTI reconoció haber sido quien autorizó a Guido Alejandro ANTONINI


WILSON y a Daniel David UZCATEGUI SPECHT -junto con tres empleados de PDVSA (Wilfredo


AVILA DRIET, Ruth BEHRENDS RAMIREZ y Nelli CARDOZO SÁNCHEZ)- a viajar en el vuelo


privado en el cual los nombrados arribaron al país e14 de agosto de 2007 (confr. fs. 4009/4020 y


6392/6403).


17º) Que, por las constancias de los autos principales y la documentación reservada por Secretaría se


desvirtuaría lo afirmado por Claudio UBERTI en cuanto a que no habría conocido a Guido Alejandro


ANTONINI WILSON hasta el día 3 de agosto de 2007.


Esto sería así, pues con independencia de si los nombrados compartieron una cena el día 29 de mayo de


2007 en el hotel SOFITEL, o no, se podría considerar acreditado que Guido Alejandro ANTONINI


WILSON habría sido recibido por Claudio UBERTI en las oficinas del OCCOVI con fecha 30 de mayo


de 2007.


En efecto, a las 10:14 del día 30 de mayo de 2007, desde la línea telefónica Nº(NNN) NNN-NNNN utilizada


por Victoria BEREZIUK, secretaria de UBERTI (fs. 1460/69), se habría efectuado un llamado con


destino a la línea telefónica 0017862476616, declarada por Guido Alejandro ANTONINI WILSON en


una reserva efectuada en AMERICAN AIRLINES (fs. 951) y en la ficha de registro del hotel SOFITEL


(fs. 1611). De la agenda digital de Claudio UBERTI -secuestrada en oportunidad del allanamiento de


las oficinas del OCCOVI (ver CD Secretaria 1, documentación reservada por Secretaría)- surgiría que


el nombrado tenía programada para las 17:30 la visita del "Sr. Alejandro Antonini" -esta anotación


podría haber sido efectuada por Victoria BEREZIUK, en virtud de encontrarse sus iniciales (vb) a


continuación de aquella inscripción-. Por otra parte, del cuaderno de novedades de la entrada al edificio


de las oficinas del OCCOVI en Paseo Colón 171 de esta ciudad surge que el 30 de mayo de 2007:


"17:28 hs.Ingresa por cochera para Uberti Antonini, Guillermo; Acompaña Ricci [chofer del OCCOVI,


confr. fs. 5196/5200, 6561/6564 y 6950 de la causa principal], Eduardo, Aut. Havrylets Helena".


Asimismo, se encontraría acreditado que UBERTI se hallaba en el edificio en aquella fecha entre las


17:04 horas y las 17:53 horas (ver planillas relativas a los movimientos de UBERTI, fs. 2762 de los


autos principales).


Si se tienen en cuenta las circunstancias expresadas precedentemente con relación a la comunicación


efectuada entre la secretaria BEREZIUK y Guido Alejandro ANTONINI WILSON, podría concluirse


que el nombre de pila "Guillermo", consignado en el cuaden10 de novedades, se podría deber a un error


material; y que aquella persona cuyo ingreso quedó registrado podría haber sido Guido Alejandro


ANTONINI WILSON, no obstante lo manifestado por los testigos a fs. 2200/2201 vta., 2669/2672 vta,


3163/3165 vta., 3176/3178 vta, 3187/3190, 4836/4841 vta., 4887/4890, 4894/4899, 4906/4909 vta.,


4914/4917, 4922/4925, 5196/5200 vta., 6561/6564 y 6950/6952 vta. del expediente principal, máxime


si se tiene en cuenta la cantidad de gente que ingresaba "de visita" diariamente al edificio


(aproximadamente 2.000 personas), y que en aquel momento no habría existido, "prima facie", motivo


alguno para que ANTONINI WILSON se destacara entre las demás personas que ingresaban al edificio


del Ministerio de Economía para reunirse con Claudio UBERTI.


Lo expresado por el párrafo anterior no se modificaría por los argumentos de la defensa de UBER TI en


cuanto a que ".en la Ciudad de Buenos Aires existen dos personas de nombre Guillermo


ANTONINI.una tercera que vive en. Rosario, Santa Fe. una cuarta.en la ciudad de la Plata", pues en el


legajo no obra constancia alguna por la cual se pueda acreditar que la reunión del 30 de mayo de 2007


se haya celebrado entre UBERTI y alguna de aquellas personas.


18º) Que, por lo demás, aquel conocimiento previo entre ANTONINI WILSON y UBERTI también fue


invocado por Diego Bautista UZCATEGUI MATHEUS, quien afirn1ó: ".mendaz es la afirmación de


no haber conocido Uberti a Antonini Wilson hasta ese mes de agosto de 2007. el nombrado ha olvidado


que en el mes de mayo de ese mismo año le fue presentado por mi, como ocurriera con otros


empresarios venezolanos en otras oportunidades. El encuentro. ocurrió en el bar del Hotel Sofitel." (v.


fs. 5646/5659). El conocimiento previo mencionado también fue invocado por Daniel David


UZCÁTEGUI SPECHT, quien manifestó: ".mi propio padre. se lo presentó (a UBER TI) en el mes de


mayo de ese mismo año, como ocurriera con otros empresarios venezolanos en otras oportunidades. El


encuentro que dio lugar a esa presentación ocurrió en el bar del Hotel Sofitel, estando presentes la Srta.


Bereziuk y la Licenciada Maryory Gutiérrez. " (confr. fs. 5629/5645).


19º) Que, la circunstancia que el conocimiento entre UBERTI y ANTONINI WILSON podría haber


sido anterior al invocado por aquél también se podría sustentar en la comunicación telefónic a


efectuada el 27 de julio de 2007 entre la línea de teléfono celular extranjera utilizada por ANTONINI


WILSON (17862476616) y la línea telefónica que utilizaba la secretaria de UBERTI -BEREZIUK-


(1144947835; confr. fs. 5774 y cuadro aportado por la S.I.D.E.obrante en el sobre 18 que se encuentra


reservado por Secretaría).


20º) Que, S111 embargo, las circunstancias resaltadas por los considerandos 17º a 19º de este voto no


resultarían, por el momento, indicativas que por el conocimiento que habría existido entre Claudio


UBER TI y Guido Alejandro ANTONINI WILSON con anterioridad al viaje del 4 de agosto de 2.007,


el funcionario argentino haya participado culpablemente en el hecho "prima facie" ilícito cuyas


características fácticas surgen del considerando 2º de este pronunciamiento.


Si bien no se encuentra cuestionado que UBERTI fue quien autorizó que Guido Alejandro ANTONINI


WILSON aborde el avión de ROYAL CLASS S.A., matrícula N 5113 S, contratado por ENARSA, que


partió el 3 de agosto de 2007 desde Caracas y que arribó el 4 de agosto de 2007 al Aeropuerto Jorge


Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, ni por las constancias destacadas por los recurrentes, ni por los


demás elementos de prueba colectados durante la instrucción hasta ahora, podría concluirse que la


autorización otorgada por UBERTI a ANTONINI WILSON para hacer uso del vuelo mencionado al


inicio de este párrafo haya incluí do un permiso para que las divisas existentes en la valija que


ANTONINI WILSON reconoció como de su pertenencia, ingresaran al país por aquel medio.


Cabe destacar que las razones invocadas por Claudio UBERTI para realizar el viaje Buenos Aires


-Caracas-Buenos Aires entre el 3 y el 4 de agosto de 2007 en el vuelo contratado por ENARSA, así


como la presencia de funcionarios y empresarios venezolanos en el país con motivo de los convenios


que se firmarían en la Ciudad de Buenos Aires entre ambos estados, no se encontrarían desvirtuadas.


Tampoco existirían discrepancias con respecto a la relación que, por motivos funcionales, habría


existido entre UBERTI y Diego UZCÁTEGUI MATHEUS.


En este contexto, no cabría descartar -por el momento- sin alguna constancia de sustento, las


explicaciones de Claudio UBERTI con relación al consentimiento otorgado para que ANTONINI


WILSON haya viajado en el vuelo de ROYAL CLASS S.A.el día 3 de agosto de 2007 desde Caracas


con destino a Buenos Aires, así como tampoco el desconocimiento que UBERTI invocó con relación a


las divisas que fueron detectadas en la valija que, según las constancias de autos, pertenecería a Guido


Alejandro ANTONINI WILSON.


21º) Que, las circunstancias acaecidas con posterioridad al procedimiento llevado a cabo en el


Aeroparque Jorge Newbery e14 de agosto de 2007 que fueron destacadas por los señores representantes


del Ministerio Público Fiscal a fs. 6718/6751 de la causa principal y 442/445 vta. de este incidente, en


especial los llamados telefónicos efectuados y recibidos por UBERTI aquel mismo día, o las


comunicaciones telefónicas que se habrían efectuado entre ANTONINI WILSON y Victoria


BEREZIUK no resultan, por el momento, elementos de prueba suficiente para desvirtuar lo expresado


por el primer párrafo del considerando anterior.


Esto es así, pues por ignorarse el contenido de aquellas comunicaciones no puede conjeturarse que se


hayan llevado a cabo como consecuencia de la pretendida participación culpable de UBERTI en los


hechos que se investigan y descartar, sin alguna constancia concreta, las explicaciones del nombrado


sobre el particular (confr. fs. 6392/6403 de la causa principal y 447/481 vta. de este incidente).


Por lo tanto, por el momento, los elementos reseñados por los señores representantes del Ministerio


Público Fiscal a fs. 6718/6751 del expediente principal y 442/445 vta. de este incidente no resultarían


suficientes para reprochar a Claudio UBERTI, con el alcance requerido por el art.306 del C.P.P.N., la


participación culpable en los hechos que se investigan, sin perjuicio que como resultado de las medidas


de instrucción dispuestas en el expediente principal, y de las que el juzgado "a qua" haya dispuesto o


pudiera disponer para profundizar la pesquisa, se reúnan nuevos elementos que permitan otorgar, a las


circunstancias valoradas por los recurrentes, el alcance invocado por aquéllos.


22º) Que, por lo establecido por los considerandos anteriores y en atención al número de imputados en


el expediente principal, los hechos que se investigan en el expediente principal encontrarían adecuación


típica, "prima facie", en las previsiones de los arts. 863, 865 inc. a) y 871, del Código Aduanero.


23º) Que, sin perjuicio de lo expresado por el considerando anterior, en atención a la cantidad de dinero


y a la forma en que se habría intentado ingresar aquél al territorio nacional en la oportunidad que se


encuentra bajo examen; a la ausencia de declaración jurada del dinero al egresar de la República


Bolivariana de Venezuela, no obstante la obligación de proceder así (v. fs. 5272/5277 de la causa


principal); a la falta de declaración del ingreso de las divisas en el territorio nacional; y dado que aún


no se ha podido determinar el origen de la fuente de producción de aquel dinero, por el momento no


cabría descartar la hipótesis que el dinero incautado haya resultado el producto de actividades delictivas


(confr., en lo pertinente y aplicable, el voto de quien suscribe el presente por el pronunciamiento del


Reg. Nº 656/02, de esta Sala "B").


Por lo tanto, los hechos que se investigan en la causa principal también encontrarían adecuación típica,


"prima facie", en las previsiones del art. 278 del Código Penal.


24º) Que, con referencia al delito previsto por el art. 278 inc.3º, del Código Penal, en atención a lo


establecido por el considerando 20º del presente, por el momento no se advierte en el expediente


principal la existencia de elementos probatorios suficientes para atribuir a Claudio UBERTI alguna


participación culpable en los hechos que se examinan en lo atinente al posible delito mencionado al


inicio de este considerando, con el grado de certeza exigido por el art. 306 del C.P.P.N.


25º) Que, sin perjuicio de lo establecido por el considerando anterior, a los fines de esclarecer la


hipótesis expresada por el considerando 23º del presente, resultaría relevante determinar si el dinero


incautado provino de la empresa PDVSA, conforme al peritaje contable dispuesto por el punto 8 del


auto de fs. 6477/78 vta. y el punto 7 del auto de fs. 6637/6637 vta. de los autos principales.


26º) Que, en atención a la existencia de posibles irregularidades según lo establecido por los


considerandos 8º apartado "e", y 9º, de este voto, corresponde encomendar al juzgado "a quo" que se


arbitre la realización de la actividad y de las medidas necesarias tendientes a la determinación y a la


atribución de las responsabilidades pertinentes por parte de los órganos competentes, si correspondiera


así.


27º) Que, por otra parte, cabe destacar que en el vuelo que se examina, las fichas de migraciones de los


pasajeras que arribaron al país (en las cuales se observa que los domicilios consignados, en todos los


casos, corresponderían a ROYAL CLASS S.A.), fueron confeccionadas por el copiloto de la aeronave


(v. fs. 104/107 vta.), lo cual no habría sido una conducta excepcional (confr. fs.108/111 del mismo


expediente).


Por lo tanto, si se tiene en cuenta el carácter personal de aquel formulario que debe contener los datos y


la firma de cada pasajero, corresponde encomendar al juzgado "a quo" que se arbitren las medidas


necesarias para establecer las razones de aquella conducta y para determinar la atribución de


responsabilidades, por parte de los órganos competentes, si correspondiera así.


28º) Que, asimismo, corresponde encomendar al juzgado "a quo" que extreme rigurosamente las


medidas necesarias tendientes a lograr la comparecencia de quienes se encuentran prófugos, sin


perjuicio de las demás diligencias que considerase pertinentes y útiles para la investigación.


Por todo lo expresado, corresponde:


I. CONFIRMAR el punto 1 de la resolución apelada, por los fundamentos de la presente y conforme a


lo expresado por los considerandos 22º y 23º.


II. ENCOMENDAR al juzgado "a quo" en los términos de los considerandos 11º, 26º, 27º Y 28º de este


voto.


III. SIN COSTAS (arts. 530 y ccs. del C.P.P.N.).


El Dr. Roberto Enrique HORNOS expresó:


5º) Que, por los agravios expresados por los representantes del ministerio Público Fiscal que


intervienen en los autos principales, las cuestiones a ser resueltas en este incidente han quedado


establecidas de la siguiente manera: a) cual es la calificación legal, en principio, correspondería asignar


al hecho investigado, y b) si resulta ajustado a derecho y a las constancias de la causa el auto de falta de


mérito para sobreseer o para procesar a Claudio UBERTI dispuesto en la instancia anterior.


6º) Que, con relación a la primera de aquellas cuestiones, esto es la relativa a la calificación jurídica


que correspondería otorgar al hecho materia de la investigación, con anterioridad el sus cripta


estableció, mediante el voto emitido por la resolución del Reg. Nº 656/2007 de esta Sala "B":


"9º) Que, ".en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el ejercicio de la función principal


encomendada a las aduanas:el control sobre la introducción, la extracción y la circulación de las


mercaderías." (confr., en lo pertinente, Reg. Nº 519/03, de esta Sala "B").


Más específicamente se ha expresado que ".el tipo penal de contrabando, cuando alude al control


aduanero, comprende las facultades inequívocamente aduaneras, esto es, las referentes al arancel y a las


prohibiciones sobre importación o exportación, y no a otras que por razones operativas también puedan


haberse delegado al servicio aduanero" y que ".la función de la aduana a los fines del contrabando es


controlar el tráfico internacional de mercadería, que es su bien jur ídico; y tal función la cumple con


fines arancelarios y de cumplimiento de las prohibiciones. Toda otra función de contralor que también


se le pueda encomendar a la aduana que no guardase relación directa con tales objetivos es irrelevante


para su configuración." (Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN, "Delitos Aduaneros", Ed. Mave,


2.004, Buenos Aires, págs. 125 y 136; el resaltado corresponde a la presente).


"10º) Que, por la Resolución General de Aduanas Nº 1172, se establece que: "Los viajeros de cualquier


categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar. cuando en calidad de


equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares estadounidenses (U$S 10.000) o su


equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda


extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios ".


Por la normativa aludida no se establece alguna prohibición de importación ni se fija un arancel para el


ingreso de divisas, sino que, conforme surge de las consideraciones que fundamentan el dictado de


aquélla, se establece la obligación de declarar aludida, en principio, con la finalidad de colectar


información sobre el movimiento de divisas a efectos de prevenir o detectar el lavado de dinero


proveniente de actividades ilícitas.


Asimismo, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1570/01 (modif. por el Decr.PE.N Nº


1606/01) se establece una prohibición relativa referida a la exportación de divisas, pero nada se regula


con relación a la importación de aquéllas."


"11º) Que, en consecuencia, si bien se encuentra probado que. efectuaron maniobras de ocultamiento


aptas para impedir o dificultar los controles aduaneros con la intención de ingresar al territorio


argentino las sumas ., aquellos controles en el caso no se encontraban vinculados al cumplimiento de


aranceles u obligaciones tributarias o a prohibiciones sobre la importación de mercaderías, por lo tanto,


en principio y por el momento, no se advierte una afectación al bien jurídico protegido por el delito de


contrabando."


"12º) Que, el adecuado ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías


asignado al servicio aduanero se vincula, en tanto bien jurídico protegido penalmente, al cumplimiento


de las obligaciones arancelarias o tributarias, a las restricciones o prohibiciones a la importación o a la


exportación de mercaderías o al pago de los estímulos correspondientes a las exportaciones.


Mientras el aludido control específico y propio de la aduana no haya sido impedido, dificultado o


violado, no se produce una lesión efectiva o una situación de peligro para el bien jurídico resguardado


por el delito de contrabando y, por lo tanto, no se configuraría aquel delito."


"13º) Que, la exigencia constitucional de que la conducta tipificada como delito y la sanción penal


correspondiente se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone


en cabeza exclusiva del poder legislativo la determinación de cuales son los intereses que deben ser


protegidos mediante la amenaza penal. Sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que


ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para


establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha


considerado adecuada (Fallos:319:1920)."


"14º) Que, por lo expresado precedentemente, no es atribución de un organismo del poder


administrador ampliar el objeto de protección o el bien jurídico tutelado por una norma penal, y en el


caso no habría sido el mencionado el propósito tenido en consideración al dictarse la Resolución


General Nº 1172, conforme se expresa por las motivaciones vertidas en oportunidad de adoptarse ésta.


En efecto, por las consideraciones que fundamentan aquella Resolución General se expresa que "las


medidas que se tratan no pretenden en modo alguno restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro


país, ni obstaculizar el normal flujo de transferencias dinerarias o la repatriación de capitales impulsada


por el Gobierno Nacional.", así como que no tendrían incidencia con respecto a las funciones


especificas del servicio aduanero con relación al control del tráfico internacional de mercaderías, sino


que la disposición se vincula con "el lavado de dinero internacional proveniente de actividades ilícitas"


y "se encuadra perfectamente con la recomendación veintitrés de la Comisión Interamericana para el


Control del Abuso de Drogas (CI.CA.D.), la cual señala que: "Se deberá estudiar la factibilidad de


establecer medidas para detectar o supervisar el efectivo fronterizo, sujeto a estricta salvaguardia para


asegurar el debido uso de la información y sin impedir en modo alguno el libre movimiento de


divisas.", poniéndose especial énfasis en destacar que por la disposición en cuestión "no se altera en


absoluto la legislación de fondo vigente". "


"15º) Que, por otra parte, cuanto se ha establecido por las consideraciones precedentes de este voto y la


forma en la cual en consecuencia correspondería resolver, encuentra soporte en la doctrina de la Corte


Suprema de Justicia de la Nación en materia de contrabando, según la cual se ha expresado, en cuanto


resulta de interés para el presente, "Sólo aquellas funciones especificas de la actividad aduanera,


pueden ser tenidas en cuenta para la integración del tipo del arto863 del Código Aduanero.Esta


comprensión excluye cualquier interpretación formal que pretenda que constituye contrabando toda


infracción al control aduanero, por el solo hecho de que ese control le haya sido atribuido por una


norma general". ".lo determinante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de


las facultades legales de las aduanas. las funciones aduaneras comprenden las facultades necesarias


para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros o fundan la


existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación" (Fallos 312: 1920; lo


resaltado es del presente).


Por aquel mismo pronunciamiento se concluyó que no se "autoriza a entender que cualquier acto que


afecte la actividad estatal en materia de policía económica puede ser considerado contrabando, del


mismo modo que tampoco puede considerarse como propio de la función aduanera el ejercicio de todas


las facultades de policía económica que competen al Estado ". "la interpretación que aquí se establece


es la que aparece como más adecuada al principio del arto 18 de la Constitución Nacional, de cuya


formulación emana la prohibición de interpretar analógicamente las leyes penales, porque la ampliación


por vía interpretativa de los bienes jurídicos comprometidos . sería contraria a aquella norma. " (lo


resaltado corresponde al presente). "


"16º) Que, finalmente, debe ponerse de resalto que las circunstancias verificadas en este caso difieren


de las que fueron objeto de consideración por la resolución del Reg. Nº 868/02 de esta Sala "B",


oportunidad en la que debió decidirse con relación a un planteo de inconstitucionalidad vinculado a una


supuesta tentativa de contrabando de exportación de dinero, habiéndose evaluado en aquella ocasión la


vigencia de una prohibición a la exportación de más de diez mil dólares (U$S 10.000) o su equivalente


en otras monedas, salvo que la misma se realice a través de entidades sujetas a la Superintendencia de


entidades financieras y cambiarias y sea previamente autorizada por el Banco Central de la República


Argentina (arts.608, 609 y 611 del Código Aduanero y art. 3º del decreto del Poder Ejecutivo Nacional


Nº 1.606/01 el cual sustituyó al art. 7º del decreto del mismo origen Nº 1.570/01), prohibición no


prevista en materia de importación. "


7º) Que, por remisión a las consideraciones transcriptas precedentemente, que deben ser tenidas como


parte integrante del presente y no han sido conmovidas por los argumentos expresados por los


laboriosos fiscales que actúan ante la instancia anterior, ni pueden ser dejadas de lado por las


dificultades probatorias que pudiera presentar una u otra hipótesis calificatoria, ni por la intensidad de


la pena prevista con relación a cada tipo penal, en las condiciones verificadas en los autos principales,


el hecho objeto de imputación, en principio, podría encontrar adecuación típica en una modalidad del


delito de lavado de activos de origen delictivo (art. 278 del Código Penal).


8º) Que, establecida la calificación jurídica con relación a la cual, en principio, correspondería analizar


el hecho objeto de la investigación, corresponde ingresar a la consideración de la pertinencia, o no, del


dictado de la resolución recurrida, examen que debe efectuarse con sustento en las pruebas hasta el


momento incorporadas válidamente a la causa y no sobre la base de expresiones que habría emitido, en


un proceso de extraña jurisdicción y de distinto objeto procesal, en el cual habría comparecido en un


carácter distinto al que reviste en estos actuados, o de declaraciones supuestamente brindadas en el


marco de entrevistas periodísticas, una de las personas en principio involucradas.


9º) Que, no se advierte que los elementos de convicción acumulados hasta este momento en el legajo


principal y los reseñados por los representantes del Ministerio Público Fiscal a fs. 6718/6751 del


expediente principal y a fs. 442/445 vta. de este incidente resulten suficientes para atribuir a Claudio


UBERTI, con el alcance requerido para este momento del proceso (art.306 del C.P.P.N.), una


participación culpable en los hechos que se investigan.


En efecto, si bien no se encuentra cuestionado que UBERTI fue quien autorizó que Guido Alejandro


ANTONINI WILSON abordara el avión de ROYAL CLASS, matrícula N 5113 S, contratado por


ENARSA, que partió el 3 de agosto de 2007 desde Caracas y que arribó el 4 de agosto de 2007 al


Aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, no resulta posible concluir que por los


elementos de prueba hasta aquí colectados se encuentre demostrado que Claudio UBERTI conociera


con anterioridad al hecho de la causa la existencia de más de diez mil dólares (u$s 10.000) en la valija


que Guido Alejandro ANTONINI WILSON habría reconocido como propia, ni que estuviera en


conocimiento del origen o destino que se le daría al dinero secuestrado.


10º) Que, resulta importante destacar, las pruebas reunidas en la causa principal en principio indican


que Guido Alejandro ANTONINI WILSON habría reconocido como de su pertenencia la valija en la


que fueron encontrados los u$s 790.550 secuestrados, en oportunidad de tener lugar el procedimiento


del cual se da cuenta por el acta de fs. 6. Al respecto puede confrontarse el acta mencionada (que


llevaría la firma del nombrado ) y las declaraciones testificales de Daniel Eduardo Víctor INGROSSO


(fs. 38/41 vta.), María de Luján TELPUK (fs. 42/44 vta.), Jorge Félix LAMASTRA (fs. 45/47 vta.) y


Victoria Carolina BEREZIUK (fs.1460/1469), sin que pueda derivarse de aquella circunstancia en


principio establecida, como conclusión lógica, que quien autorizó a ANTONINI WILSON a participar


como pasajero en un vuelo privado deba conocer inexorablemente el contenido del equipaje del


invitado, o el origen y el destino que pudiera tener lo transportado, elementos estos últimos que no


pueden desvincularse de la constatación de alguna participación en el delito investigado.


11º) Que, las circunstancias acaecidas con posterioridad al procedimiento llevado a cabo en el


Aeroparque Jorge Newbery e14 de agosto de 2007, que fueron destacadas por los representantes del


Ministerio Público Fiscal a fs. 6718/6751 de la causa principal y a fs. 442/445 vta. de este incidente, en


especial los llamados telefónicos efectuados y recibidos por UBERTI aquel mismo día, o las


comunicaciones telefónicas que se habrían establecido entre ANTONINI WILSON y Victoria


BEREZIUK no constituyen, por el momento, elementos de prueba suficientes para desvirtuar lo


expresado por los dos considerandos anteriores.


Esto es así pues, por ninguna de aquellas constancias se ha logrado acreditar que las comunicaciones en


cuestión se hubieran llevado a cabo como consecuencia de alguna concertación previa al ingreso al país


del dinero incautado, ni median elementos que penl1itan estimar inequívoco el contenido por el


momento no conocido de aquellas comunicaciones, sin perjuicio que las medidas de instrucción


ordenadas y las que el juzgado "a quo" disponga para la profundización de la pesquisa puedan otorgar


un alcance probatorio diferente a las circunstancias aludidas por los recurrentes.


12º) Que se aprecia necesaria la continuación y la profundización de la investigación para procurar


determinar las responsabilidades penales que puedan caber con relación al hecho objeto de aquélla y, a


este tenor, no puede soslayarse la dificultad evidente que para el caso representa la imposibilidad actual


de tener a derecho y de poder oír en la causa a personas respecto de las cuales se ha configurado un


estado de sospecha que motivó la convocatoria de las mismas para prestar declaración indagatoria, con


relación a la que median solicitudesde extradición, por el momento sin resultados positivos, como es el


caso de Guido Alejandro ANTONINI WILSON, Diego UZCÁTEGUI MATHEUS y Daniel


UZCÁTEGUI SPECHT. También se advierten faltantes de producción las declaraciones testificales de


algunos de los pasajeros que arribaron en el vuelo que transportara a Buenos Aires la valija y el dinero


secuestrados, circunstancias sobre las que se volverá más adelante.


13º) Que, al menos algunas de las carencias y falencias probatorias que se verifican en los autos


principales podrían haberse evitado si la autoridad


de prevención hubiese puesto el hecho verificado por la intervención del personal que inspeccionó el


equipaje en conocimiento inmediato del juzgado en lo Penal Económico en turno, en lugar de labrar un


sumario por presunta infracción al régimen de equipaje, actuación en la cual no se otorga intervención


judicial y que, por lo general, se practica de manera formularia, sin mayores especificaciones y sin que


resulte necesaria la presencia de testigos (confr. declaración testifical de fs. 1.078/1.084).


Aquella forma de proceder provocó una tardía toma de conocimiento del hecho por parte de la


autoridad judicial competente, y generó la imposibilidad de que ésta dispusiera las medidas que


estimara necesarias con la inmediatez que puede contribuir al éxito de una investigación por la presunta


comisión de un delito, el alejamiento inconsulto del teatro de los hechos de quienes podían aparecer, de


alguna u otra manera, vinculados al suceso, la disponibilidad del resto del equipaje transportado en el


mismo vuelo privado, y la pérdida -cuanto menos- de espontaneidad y frescura de los dichos de quienes


serían testigos presenciales de lo ocurrido.


14º) Que, corroborando lo establecido precedentemente, a fs.21 de los autos principales obra una


constancia por la que se daría cuenta que no se habría realizado una consulta judicial inmediata tras la


constatación del hecho y en la cual se hace referencia a que habría habido una comunicación de lo


actuado recién el día siguiente del suceso, a las 12,30 hs., comunicación cuyas finalidades no quedan en


claro, pues no se advierten, ni se explican, los motivos por los cuales se habría dispuesto anoticiar a la


autoridad judicial la formación de actuaciones sumariales en las que no se le había otorgado


intervención.


15º) Que, desde otra óptica, en el mismo sentido de lo establecido por las consideraciones precedentes,


la actuación en sede de prevención resulta discordante con los fines que inspiraron el dictado de la


Resolución General de Aduanas 1172, por la cual se prevé la exigencia de la declaración del ingreso al


país de más de diez mil dólares (u$s 10.000) para poder colectar información sobre el movimiento de


divisas, a efectos de prevenir o detectar el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas (confr.


las consideraciones que sustentan el dictado de la resolución citada), pues no se advierte cómo podrían


alcanzarse aquellas finalidades cuando ante un suceso de las características del advertido, con el


secuestro de una importante cantidad de dólares, se dispone la formación de un sumario por presunta


infracción al régimen de equipaje en lugar de una investigación penal, cualquiera sea la calificación que


el suceso pudiera sugerir, cuestión que, por otra parte, es ajena a la competencia de la autoridad de


prevención.


16º) Que, del expediente principal surge que:


* Con fecha 16 de agosto de 2.007 se dispuso recibir declaración indagatoria a Guido Alejandro


ANTONINI WILSON (fs. 473);


* Con fecha 28 de diciembre de 2.007 se dispuso en el mismo sentido con relación a Diego


UZCÁTEGUI MATHEUS y Daniel UZCÁTEGUI


SPECHT (fs.2694);


* Con fecha 16 de agosto de 2.007se ordenó la captura de Guido Alejandro ANTONINI WILSON (fs.


558);


* Con fecha 3 de junio de 2.008 se ordenó la captura de Diego UZCÁTEGUI MATHEUS y Daniel


UZCÁTEGUI SPECHT (fs. 6359/vta.);


* Con fecha 31 de agosto de 2.007 se libró un exhorto internacional a la autoridad judicial pertinente de


Estados Unidos de Norteamérica requiriendo la extradición de Guido Alejandro ANTONINI WILSON


(fs. 1190);


* Con fecha 3 de junio de 2.008 se libró un exhorto internacional a la autoridad judicial competente de


la República Bolivariana de Venezuela requeriendo la extradición de Diego UZCÁ TEGUI MATHEUS


y Daniel UZCÁTEGUI SPECHT (fs. 6362/6363);


* Con fecha 29 de agosto de 2.008 se requirió una respuesta a las autoridades de la República


Bolivariana de Venezuela con relación a cuatro exhortos librados en el expediente entre los cuales se


encuentra el mencionado por el acápite anterior (fs. 7043/7045).


17º) Que, ninguna de las rogatorias internacionales aludidas por la consideración precedente tuvo


respuesta alguna por el momento.


En consecuencia, es del caso encomendar al juzgado de la instancia previa que extreme las vías a su


alcance para obtener una respuesta a las solicitudes de extradición de Guido Alejandro ANTONINI


WILSON, Diego UZCÁTEGUI MATHEUS y Daniel UZCÁTEGUI SPECHT, de la manera más


rápida posible.


18º) Que, con relación a los tripulantes y los pasajeros del vuelo ROYAL CLASS, matrícula Nº 5113 S,


en la causa principal se dispuso:


a) Citar a prestar declaración indagatoria a Diego UZCÁTEGUI MATHEUS y Daniel UZCÁTEGUI


SPECHT (fs. 2694).


b) Recibir declaración en los términos del art. 279 del C.P.P.N. a Claudio UBERTI (fs. 6379), la cual


fue transformada en declaración indagatoria cuando el nombrado compareció (fs.6392/6403).


Para cumplir con aquellas declaraciones sólo ha comparecido hasta ese momento el imputado cuya


situación procesal se examina por la presente.


c) Recibir declaración testifical a Victoria BERESIUK, Daniel Ángel PUCCIARELLI, Gerardo Ariel


SÁNCHEZ, Wilfredo AVILA DRIET, Ruth BEHRENDS RAMÍREZ y Nelli CARDOZO SÁNCHEZ.


De los nombrados, comparecieron a testificar en la causa principal PUCCIARELLI (fs. 104, 933 y


7840), SÁNCHEZ (fs. 108 y 1076) y BERESIUK (fs. 1460).


Con relación a Wilfredo ÁVILA DRIET, Ruth BEHRENDS RAMÍREZ y Nelli CARDOZO


SÁNCHEZ se requirió el testimonio mediante un exhorto internacional librado a la autoridad judicial


competente de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 8 de octubre de 2.008 (fs. 7482/7 511),


acompañándose un pliego de preguntas a ese fin, rogatoria que se encuentra pendiente.


Sin embargo, respecto de Exequiel ESPINOZA, cuya situación, conforme a las constancias de la causa


principal no sería diferente a la de las personas mencionadas por el apartado c) de esta consideración, y


cuyos dichos podrían ser de interés y de utilidad para la investigación, nada se ha dispuesto ni


requerido, por lo que resulta del caso encomendar al juzgado de la instancia anterior que se convoq ue


al nombrado a prestar declaración testifical en autos.


Por lo expresado, emito mi voto por la confirn1ación de la resolución impugnada y por encomendar al


juzgado Ha quo JJ en los términos de los considerandos 11º, 12º, 17º y 18º de esta ponencia.


El Dr. Carlos Alberto PIZZATELLI expresó:


5º) Que, corresponde establecer que: ". en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el


ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas: el control sobre la introducción, la


extracción y la circulación de las mercaderías." (confr., en lo pertinente, Reg. Nº 519/03, de esta Sala


"B").


6º) Que, en efecto, de conformidad con lo establecido por el art.112 del Código Aduanero, ".El servicio


aduanero ejercerá el control sobre las personas y la mercadería en cuanto tuvieren relación con el


tráfico internacional de mercadería". Asimismo, por el art. 116 del mencionado código se establece: ".la


importación de mercadería, deben efectuarse. previa autorización del servicio aduanero.".


7º) Que, por la Resolución General de Aduanas Nº 1172, se establece: "Los viajeros de cualquier


categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar. cuando en calidad de


equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) o su


equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda


extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios".


8º) Que, asimismo, por la fundamentación de la resolución general mencionada por el considerando


anterior se expresó: ".las medidas que se tratan no pretenden en modo alguno, restringir o limitar el


ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo de transferencias dinerarias o la


repatriación de capitales impulsada por el Gobierno nacional, sino simplemente cumplir con el debido


control aduanero como bien jurídico tutelado. " (el resaltado es de la presente).


9º) Que, en consecuencia, en la medida en que se verifiquen los extremos previstos por el art. 863 del


Código Aduanero con relación a los hechos descriptos por el considerando 2º de la presente, será


posible concluir que se verifica en el caso una afectación al bien jurídico protegido por el delito de


contrabando.


10º) Que, establecido lo anterior, el suscripto se adhiere a lo expresado por los considerandos 6º a 28º


del voto emitido por el Dr. Marcos Arnoldo GRABIVKER y al pronunciamiento propuesto por aquel


juez, a los que se remite a fin de evitar reiteraciones innecesarias, los que formarán parte de esta


ponencia.


Por ello, SE RESUELVE:


I. CONFIRMAR el punto 1 de la resolución apelada por los fundamentos de la presente.


II. SIN COSTAS (arts. 530 y ccs. del C.P.P.N.).


y, por mayoría,


III. ESTABLECER que los hechos mencionados por el considerando 2º de la presente resolución


encuentran adecuación típica, "prima facie", en los arts. 863, 865 inc. a y 871, del Código Aduanero y


278 inc. 3º, del Código Penal.


IV. ENCOMENDAR al juzgado "a quo" en los términos de los considerandos 11º, 26º, 27º Y 28º del


voto emitido por los doctores Carlos Alberto PIZZATELLI y Marcos Amoldo GRABIVKER.


Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen junto con el expediente principal y la


documentación reservada en Secretaría.


CARLOS ALBERTO PIZZATELLI


JUEZ DE CAMARA


ROBERTO ENRIQUE HORNOS


JUEZ DE CAMARA


MARCOS ARNOLDO GRABIVKER


JUEZ DE CAMARA


MARTA L MARMISSOLLE


Secretaria de Cámara

D Sanchez de Sepola :

Partes:


Salinas Alvarado Lola Beatriz y otro c/ DGA | recurso de apelación


Tribunal:


Tribunal Fiscal de la Nación


Sala/Juzgado:


E


Fecha:


30-abr-2007


Cita:


MJ-JU-M-11832-AR | MJJ11832


Producto:


MJ


Sumario:


1.-Debe confirmarse la multa impuesta por el ingreso al territorio argentino de una suma superior a las


consignadas en las reglamentaciones pertinentes, aun cuando se trate de moneda nacional, si no se ha


cumplido con la declaración específica fijada para tales supuestos.


2.-Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede


administrativa la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de


subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior, porque se satisface la exigencia de la


defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de


justicia.


3.-A los fines de la legislación aduanera, reviste el carácter de mercadería todo objeto que pueda ser


importado o exportado.


4.-Desde el punto de vista aduanero, los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros son


mercadería, ya que encuentran su clasificación como tal en el Nomenclador Arancelario Aduanero.


5.-El control aduanero tiene fines fiscales y no fiscales, y dentro de estos últimos se encuentran los


fines económicos y cambiarios en general, en tanto que las infracciones aduaneras implican una


vulneración menor al bien jurídico protegido del debido control aduanero sobre las importaciones y


exportaciones, así como en algunos casos al bien jurídico tutelado referente a la recaudación tributaria.


6.-Los viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar


en el formulario específico cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen con más de DIEZ MIL


DÓLARES ESTADOUNIDENSES (u$s. 10.


000.-) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier


moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios.


7.-La mercadería está en infracción, si se halla admitida en carácter de equipaje o pacotilla, pero el


responsable omite su declaración aduanera cuando ésta es exigible, o incurre en falsedad en su


declaración.


8.-Los billetes de banco de curso legal extranjeros -en el caso, dólares estadounidenses - son


mercadería (de la ampliación de fundamentos de la Dra. Winkler).


9.-En atención a que en la especie se utilizó la vía de equipaje para transportar dinero de un tercero,


parece ajustada la atribución de la infracción que contempla el art. 978 del C.A. (de la ampliación de


fundamentos de la Dra. Winkler).


10.-El régimen simplificado contemplado en el decreto 855/97 no puede entenderse como que autoriza


a prescindir de los requisitos reglamentarios que imponen las disposiciones de naturaleza cambiaria o


económica, que deben conocerse en el desarrollo de las exportaciones (de la ampliación de


fundamentos de la Dra. Winkler).


En Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2007, reunidas las señoras Vocales miembros de la


Sala "E", Dras. Catalina García Vizcaíno y D. Paula Winkler (la Dra. Cora M. Musso se encuentra en


uso de licencia), con la presidencia de la Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los


autos caratulados "SALINAS ALVARADO, LOLA BEATRIZ Y OTRO c/ DGA s/ recurso de


apelación"; expte. N° 22.702-A.


La Dra. Catalina García Vizcaíno dijo:


I) Que a fs. 16/22 la Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado y el Sr. Modesto Salinas Quispe, por


apoderado, interponen recurso de apelación contra la Resolución Nº 247/06, recaída en el expte SA


76-001-/06, de la Aduana de Orán, que los condenó en forma solidaria a la pena de multa equivalente a


la mitad del valor en aduana de la mercadería secuestrada ($ 57.085) por la infracción del art. 978 del


CA. Manifiestan que las actuaciones se iniciaron con motivo del secuestro, al ingreso al territorio


aduanero, de la suma de $ 145.000, a la Sra. Salinas Alvarado, siendo dicho dinero en efectivo y en


moneda nacional de curso legal, por lo cual sostienen que no se generó el hecho previsto y penado por


el art. 978 del CA, ya que la infracción endilgada se refiere a la suma de más de u$s 10.000 o su


equivalente en moneda extranjera, en efectivo o instrumentos monetarios, y no a la moneda nacional


(como tendenciosamente dicen que ha consignado la resolución apelada). Explican que en todo caso el


servicio aduanero debería haber comunicado al BCRA a los fines de que interviniera y no haber


procedido a secuestrar el dinero, generando un perjuicio económico a los Sres. Salinas. Plantean la


nulidad absoluta de la Resolución apelada, por no cumplir con el requisito establecido en el art. 1094


inc.b) del CA, en cuanto a que no se habría valorado y clasificado la mercadería con citación del


interesado, violándose con ello el principio de defensa en juicio. Ofrecen prueba. Hacen reserva del


caso federal. Solicitan que se decrete la nulidad absoluta planteada y que se revoque la resolución


aduanera apelada, con costas.


II) Que a fs. 51/55 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido.


Efectúa una somera reseña de las actuaciones y de los agravios vertidos por los actores. Niega todos y


cada uno de los asertos esgrimidos por éstos que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Se


refiere a los elementos para la configuración del tipo penal en trato del art. 978 del CA. Afirma que la


Res. Gral. 1172/2001, relativa al ingreso al territorio argentino de billetes (papel moneda), divisas que


fueren en condición de equipaje o bajo el régimen de la Resolución Nº 631/91, establece que los


viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar en


formulario específico, cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares


estadounidenses (u$s. 10.000.) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República


Argentina o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios. Destaca que la


suma de pesos ciento cuarenta y cinco mil ($145.000) que pretendía ingresar al territorio aduanero, la


Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado excede la prevista en el art. 1 de la Res. Gral. Nº 1172/01. Entiende


que respecto del planteo efectuado por la recurrente relativo a la nulidad absoluta de lo actuado en el


sumario contencioso, resulta de aplicación la doctrina emanada por la CSJN en cuanto sostiene que


cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede


administrativa, la efectiva violación del art.18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de


subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Cita jurisprudencia al respecto. Ofrece


prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.


III) Que a fs. 56 se declara la causa de puro derecho.


IV) Que a fs. 2/3 del expte. Nº 12702-105-2006 obra el acta de secuestro Nº 07/2006 de $ 145.000 que


portaba la Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado (en el interior de sus medias y en la campera) para


traspasar el Puente Internacional Aguas Blancas -Orán, Salta. A fs. 8/12 se presenta el Sr. Modesto


Salinas, que invoca ser el propietario del dinero secuestrado. A fs. 13 luce copia de la inscripción ante


la AFIP de la supuesta exportadora, cuyas operatorias habrían dado origen a la cobranza de los $


145.000. A fs. 16/27 se glosan copias de facturas comerciales. A fs. 28/36 obran copias de los PE


Régimen simplificado Dec. Nº 855/97, Nros. 05 045 EXRS 000611 V, 05 045 EXRS 000610 U, 05 045


EXRS 000609 F, 05 045 EXRS 000421 U, PE 05 045 EC01 000844 J, 05 045 EXRS 000420 T, 05 045


EXRS 000419 E, 06 045 DJV 000001 N. A fs. 39/41 la Asesoría Jurídica estima que debería declararse


la apertura de sumario contencioso, a fin de que se compruebe la existencia de infracción aduanera. A


fs. 42/43 se dispone la apertura de sumario contencioso por la infracción prevista y penada en el art.


978 del CA. A fs. 48/54 se glosan las declaraciones informativas de Alfredo Alejandro Costas, María


Paola Pereyra, Claudia Alejandra Márquez y Juan Ángel Herrera. A fs. 56 los recurrentes interponen


pronto despacho. A fs. 60/61 se corre vista de todo lo actuado a la Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado y


al Sr. Modesto Salinas. A fs. 63 se solicita a la Dirección Regional Aduanera de Córdoba para que se


expida sobre los antecedentes remitidos en su oportunidad. A fs.77/78 se emite el dictamen Nº 133/06


(DV JRCO), que estima que si se hubiera declarado que la suma excedía el monto máximo permitido


por la legislación no correspondería el secuestro de suma alguna, pero como ello no ocurrió, se


configuró la infracción prevista en el art. 978 del CA, y en razón del origen de los fondos secuestrados


provenientes de operaciones de exportación, correspondería cursar notificación al BCRA. A fs. 79/80


se corre vista al Sr. Salinas Quispe Modesto y a fs. 81/82 a la Sra. Salinas Alvarado Lola Beatriz. A fs.


126/143 obra el informe de la Región Aduanera de Córdoba. A fs. 146 los actores solicitan la


suspensión de plazos para la contestación de vista y a fs. 148 no se hace lugar a lo solicitado. A fs.


155/156 se declara la rebeldía. A fs. 165/171 obra la Resolución 247/06, apelada en la especie.


V) Que, en primer lugar, no corresponde declarar a nulidad absoluta que peticionan los apelantes,


teniendo en cuenta que la verificación de la mercadería tuvo lugar en presencia del interesado, tal como


lo prevé el inc. b) del art. 1094 del CA, siendo que el Acta de Secuestro de fs. 2/3 ha sido suscripta por


la Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado que transportaba el dinero en cuestión.


Que si bien es esencial la intervención del imputado en los llamados "actos definitivos e


irreproductibles" (conf. lo ha sostenido la suscripta en Derecho Tributario, Tomo II, p. 208, 3ª edición,


LexisNexis, Buenos Aires, 2006), el citado inc. b) del art.1094 del CA sólo refiere a la citación del


interesado respecto de la verificación de la mercadería, a fin de que con posterioridad no se controvierta


su estado o naturaleza, mas no impone el requisito de la citación del interesado con relación a la


"clasificación y valoración" de la mercadería, operaciones propias del servicio aduanero, que luego


pueden controvertirse en estadios (etapas o instancias) ulteriores, por lo cual, en principio, no tienen el


carácter de actos definitivos e irreproductibles.


Que, por consiguiente, tanto a la clasificación valoración como a la valoración de la mercadería, se les


aplica el principio de la subsanación en instancias ulteriores de cualquier vicio en que pudiera haberse


incurrido.


Que constituye doctrina de la Corte Suprema que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en


el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la CN no se


produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior


(Fallos, 205:549; 247:52 consid. 1º.; 267:393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la


defensa en juicio "ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de


justicia" (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas) -TFN, Sala E, entre otros, "Rivera, Alcides" del


27/5/86, "López Arispe, José", del 5/9/88-.


Que esta misma doctrina se aplica con relación a la invocada falta de coincidencia entre la mercadería


secuestrada ($ 145.000) y lo normado por la Res. 631/91 de la ANA que los actores dice referirse a


dinero extranjero y no a moneda nacional (ver planteo de fs. 20/21), cuestión ésta que debe analizarse


con el fondo.Que, a mayor abundamiento, cuadra destacar que se ha dicho reiteradamente que es


doctrina de la CS que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada,


cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 243:560; 246:266; 248:584; 249:549), excepto ciertos


supuestos que no se dan en la especie como v.gr., la contradicción entre considerandos y parte


dispositiva (cfr., entre otros, "Scicolone, Manuel S. c/Prantera, Omar Alberto y otros", del 26/11/91).


Que, por lo demás, siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de


todos los argumentos del recurrente (entre otros, Fallos, 251:39).


VI) Que se ha entendido que, a los fines de la legislación aduanera, reviste el carácter de mercadería


todo objeto que pueda ser importado o exportado. Las mercaderías se individualizarán y clasificarán de


acuerdo con la nomenclatura correspondiente establecida en ese entonces por la Convención del


Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, sus notas explicativas y las explicativas


complementarias (arts. 9°, 10 y 11, CA). Desde el punto de vista aduanero, los billetes de banco de


curso legal nacionales o extranjeros son mercadería, ya que encuentran su clasificación como tal en el


Nomenclador Arancelario Aduanero correspondiéndole el capítulo 49, posición 4907.00.100 (Trib.


Nac. Oral Penal Económico nro. 3, 27/4/1994, "Salazar, Florentino s/contrabando"; LL 1995-B-374).


Que, independientemente de las funciones del Banco Central de la República Argentina, he sostenido


que el control aduanero (bien jurídico protegido por los delitos aduaneros) tiene fines fiscales y no


fiscales, y dentro de estos últimos se encuentran los fines económicos y cambiarios en general


(Derecho Tributario, ob. cit., T. II, ps. 53, 716 y ss.y 749 y ss.), en tanto que las infracciones aduaneras


"implican una vulneración menor al bien jurídico protegido del debido control aduanero sobre las


importaciones y exportaciones, así como en algunos casos al bien jurídico tutelado referente a la


recaudación tributaria", de modo que podría entenderse que "estas figuras son satelitales de los delitos


aduaneros, ya que implican una vulneración menor del bien jurídico protegido (sea porque el monto es


bajo -contrabando menor- o porque no requieren que se haya probado la intencionalidad manifiesta,


puesto que para las infracciones aduaneras -salvo el contrabando menor- basta la mera culpa para que


se tengan por cometidas)" (Derecho Tributario, ob. cit., T. II, p. 749).


Que, con posterioridad al pronunciamiento del 19/10/89 en "Legumbres SA" (Fallos, 312:1920), la


Corte Suprema de Justicia de la Nación sustentó un criterio amplio respecto del control aduanero, v.gr.,


extendiéndolo a tributos no aduaneros (como los impuestos internos -9/12/93, "Maggi, Esteban F.",


Fallos, 316:2797-, el impuesto al valor agregado y las percepciones del impuesto a las ganancias


-9/11/00, "Vigil, Constancio C. y otros", Fallos, 323:3426- y a fines no fiscales como los relativos al


control de ingresos y egresos de sumas dinerarias desde o hacia el exterior (12/5/92 en "Subpga SA",


Fallos, 315:942).


Que no se encuentra controvertido que la Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado transportaba el dinero en


cuestión, tratándose de moneda nacional; específicamente $ 145.000 (ver fs. 2/3 de los ant. adm.). De


las declaraciones informativas de fs. 50/53 surge que la nombrada conocía la obligación de declarar el


dinero ante el servicio aduanero. Es más, en el Acta fs. 2/3 de los ant. adm.la imputada expresó que en


dos oportunidades anteriores solicitó el formulario al servicio aduanero para declarar el dinero que


transportaba.


Que si bien la Resolución 631/91 de la ANA se refiere a la importación de "billetes, oro de buena


entrega, monedas de oro y otros valores", sin mencionar la moneda nacional, ha contemplado sólo las


operatorias de instituciones bancarias y casas de cambio autorizadas a operar por el Banco Central de la


República Argentina, pudiéndose efectuar por pasajero autorizado, lo que no ocurrió en el sub-lite. Esta


Resolución ha seguido rigiendo en lo atinente a las mencionadas instituciones y casas de cambio, a


tenor del art. 4° de la Res. Gral. de la AFIP 1172/01.


Que el art. 1° de la Resolución 1172/01 de la AFIP dispone: "Los viajeros de cualquier categoría y


tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar en el formulario específico, que como


Anexo I forma parte integrante de la presente, cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen con


más de DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (u$s. 10.000.-) o su equivalente en moneda de


circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en


instrumentos monetarios. Entiéndese por instrumentos monetarios cualquier medio de pago, cheques,


incluidos los cheques del viajero".


Que de la simple lectura de esta norma se advierte que, a diferencia de lo argüido por los actores, son


contemplados tres supuestos de ingreso de moneda que deben ser declarados, a saber:


1)suma superior a u$s. 10.000;


2)el equivalente a u$s. 10.000, "en moneda de circulación legal en la República Argentina" (supuesto


de autos);


3)el equivalente a u$s. 10.000, "en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos


monetarios".


Que según el art.2° de esa Resolución "si la autoridad aduanera comprobase la falsedad de la


declaración hecha por el viajero o tripulante, según los términos del artículo anterior, procederá al


secuestro del dinero excedente, labrándose las actuaciones sumariales, infraccionales o prevencionales,


según corresponda".


Que, por otra parte, la autoridad aduanera "informará a la Dirección General Impositiva y a la Unidad


de Información Financiera las declaraciones realizadas en el formulario específico que excedan los


DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (u$s. 10.000.-) o su equivalente en moneda de


circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en


instrumentos monetarios" (art. 3°).


Que de la normativa transcripta resulta que la DGA ha procedido al secuestro del dinero excedente a la


suma del equivalente a u$s. 10.000, ya que el tipo de cambio al momento del procedimiento (23/1/06)


era de 3,020 y 3,050, tipos comprador y vendedor, respectivamente.


Que la multa impuesta de la mitad del valor en aduana de la mercadería ($ 57.085) implica que este


valor asciende a $ 114.170. En consecuencia, el excedente de $ 30.830 respecto del dinero secuestrado


($ 145.000), corresponde a u$s. 10.000, computando un tipo de cambio de u$s. 3,083. Si se calculara


como tipo de cambio el de u$s. 3,020, la suma devuelta ascendería a u$s. 10.208; con el tipo de cambio


de u$s. 3,05, el importe devuelto ascendería a u$s. 10.108.


Que el art. 978 del CA reprime con multa de la mitad a dos veces el valor en aduana de la mercadería


en infracción, si ésta se halla admitida en carácter de equipaje o pacotilla, pero el responsable omite su


declaración aduanera cuando ésta es exigible, o incurre en falsedad en su declaración.


Que no se observa que la Sra.Salinas Alvarado hubiera incurrido en falsedad en su declaración, ya que,


al ser interrogada acerca de si transportaba equipaje, manifestó que trasladaba dinero, aunque


desconocía la suma, y que lo transportaba en forma oculta por motivos de seguridad; esta manifestación


fue anterior a que se le requiriera el ingreso a la oficina aduanera a fin de constatar sus dichos (ver


declaraciones de las aprehensoras de fs. 50/51 y 52/53 de los ant. adm.).


Que, aunque se entendiera que no se tipificó la figura del art. 978 del CA porque se reconoce que la


Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado efectuó verbalmente la declaración de que transportaba dinero, no


parece dudoso inferir que la nombrada transgredió el régimen de equipaje en cuanto transportaba


dinero perteneciente a un tercero (Modesto Salinas; ver fs. 89/vta. de los ant. adm., o -en su caso- la


exportadora Sra. María Brenda Silvana Cardozo) en violación a ese régimen según el art. 496 del CA y


art. 61 del dec. 1001/82 y modif. Esta conducta se subsume en el art. 977 del CA, pero no cabe que este


Tribunal agrave la sanción aplicada, vulnerando el principio que prohíbe la reformatio in pejus, por lo


que corresponde la confirmación lisa y llana de la multa aplicada.


Que, en efecto, la resolución apelada ha reconocido que el origen del dinero de marras es el pago


recibido (cobranza) por las exportaciones de cereales (trigo) que realizara la empresa unipersonal


Cardozo María Brenda Silvana, bajo el sistema de Régimen Simplificado hacia Bolivia por la División


Aduana de Pocitos y cuyo destino era ser depositada en una Caja de Ahorro del Banco Macro Bansud,


siendo que los acuerdos comerciales se realizaron con el Sr. Pedro Guzmán, apoderado de esa firma


(ver fs. 168 de los ant.adm.).


Que el régimen simplificado de exportaciones del decreto 855/97 no implica que, so pretexto de la


prescindencia de requisitos legales o reglamentarios de naturaleza formal, se vulneren disposiciones


cambiarias o de naturaleza económica como las relativas a los pagos por las exportaciones.


Que tanto es así que, al tratar este régimen simplificado, Monzó recuerda que al ingreso de divisas por


cobro de exportaciones se le aplica lo normado por la Comunicación "A" nro. 3473 del Banco Central


de la República Argentina, en el marco de la obligatoriedad del ingreso de divisas provenientes de


comercio exterior contemplada por la Comunicación "A" nro. 3382. Es así que el punto (1) de aquella


Comunicación dispone: "Los cobros de exportaciones de bienes y servicios, netos de la aplicación de


anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones de bienes, deberán ser liquidados en el


Mercado Único y Libre de Cambios en los plazos establecidos por la Secretaría de Industria y


Comercio según el tipo de producto" (MONZÓ, Carlos Luis, Regímenes Aduaneros Simplificados.


Herramientas aduaneras para el comercio exterior, p. 71, AMFEAPIF, Buenos Aires, 2005).


Que, por su parte, Bibiloni ha destacado que luego de más de una década de libertad cambiaria, se


reimplantó en la Argentina "el régimen de control de cambios sobre el ingreso y el egreso de divisas",


medida que "generó obligaciones y consecuencias para los operadores de comercio exterior,


obligándolos a readecuar su funcionamiento". Asimismo, explica que por el decreto 1638/2001 del


11/12/01 se establecieron las normas para canalizar los fondos del comercio exterior a través del


sistema financiero, disponiéndose que la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y el


Banco Central de la República Argentina, dentro del ámbito de sus competencias, fueran las


autoridades de aplicación de ese decreto (BIBILONI, Mario J., Aspectos aduaneros, tributarios y


cambiarios del comercio exterior, ps. 117/118, Errepar, 2ª edición, Buenos Aires, 2005).


Que la Res. ME 13/2002, y modif.del decreto 690/02 (BO 2/5/02), prevé un plazo de quince (15) días


corridos desde el embarque para el ingreso al sistema financiero de las divisas provenientes de la


exportación, entre otras, de las mercaderías del cap. 10 (que incluye el trigo como el exportado por los


permisos de embarque, cuyas copias lucen en el expediente a fs. 28/36 de los ant. adm.), salvo el caso


de financiación de las operatorias.


Que nótese que tanto las facturas de fs. 16/27 de los ant. adm., como los permisos de embarque de fs.


28/36 de los ant. adm., se hallan expresados en dólares, lo que no parece conciliarse con pagos en


moneda nacional.


Que, si -por simple hipótesis- se entendiera que estas disposiciones no son aplicables por tratarse de


pagos efectuados en moneda nacional, el art. 1° de la ley 25.345 y modif. limita las transacciones en


efectivo sólo a sumas inferiores a $ 1.000, salvo determinados supuestos que no parece que concurran


en la especie.


Que, además, en el presente concurren circunstancias llamativas como las siguientes:


"la Sra. Lola Beatriz Salinas Alvarado y el apoderado de la exportadora Sra. María Brenda Silvana


Cardozo (poder otorgado para "para trámites administrativos"), Sr. Pedro Guzmán reconocen que el


dinero secuestrado pertenecía al Sr. Modesto Salinas (ver fs. 8/12 y 14 de los ant. adm.);


"el Sr. Modesto Salinas dice ser dueño del dinero, aunque manifiesta que proviene de la cobranza que


se efectuara por las referidas exportaciones y que debía depositarse en la Caja de Ahorro del Banco


Macro BanSud (ver fs. 8 vta. y 9 vta. /10 de los ant. adm.). Sin embargo, esas operatorias fueron


realizadas por otra persona (María Brenda Silvana Cardozo) como empresa unipersonal. Asimismo,


cabe preguntarse: ¿por qué no se efectuó una transferencia bancaria desde Bolivia, en lugar de recurrir


a una persona para el traslado del dinero?;


"el Sr. Modesto Salinas puntualiza que los acuerdos comerciales se realizaron con el Sr. Pedro


Guzmán, apoderado de la Sra.María Brenda Silvana Cardozo, según consta en el poder acompañado


(fs. 10 de los ant. adm.), no obstante que el poder otorgado al Sr. Pedro Guzmán es "especial para


trámites administrativos", sin que mencione facultades para realizar ese tipo de acuerdos (ver fs. 14 de


los ant. adm.);


"el poder especial para trámites administrativos de fs. 14/vta. fue otorgado por la Sra. María Brenda


Silvana Cardozo (que figura como exportadora de las operatorias de fs. 15/36 de los ant. adm.) al Sr.


Pedro Antonio Guzmán y a la Sra. Patricia Gabriela Casson, de nacionalidad argentina y con


documento nacional de identidad argentino, que curiosamente figura como importadora en Bolivia de


las operatorias de fs. 15/36 de los ant. adm. Es decir, aparece la poderdante exportándole a su


apoderada, ambas argentinas (ver fs. 13 y 14 de los ant. adm.);


"la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 00035361 de 500 toneladas de trigo fue registrada por


la Sra. María Brenda Silvana Cardozo (ver fs. 37 de los ant. adm.) y no por el Sr. Modesto Salinas, que


invoca que esta Declaración Jurada le trae "graves perjuicios económicos" por ese compromiso de


exportación (ver fs. 11/vta. de los ant. adm.);


"en el recurso de apelación el Sr. Modesto Salinas reitera su invocación de que el secuestro del dinero


implicó "un daño irreparable" porque determinó "el cese de las operaciones de exportación que


realizaba" (fs. 19 de autos), siendo que no acreditó haber sido el exportador y haber sostenido que la


exportadora era una "empresa unipersonal" a cargo de "Cardozo María Brenda Silvana" (ver fs. 8 de los


ant. adm.). Consecuentemente, no acreditó daño alguno que pudiera haber sufrido el reclamante del


dinero.


Que la falta de claridad de estos hechos corrobora que se ha vulnerado el régimen de equipaje (cfr. art.


496 del CA y art. 61 del decreto 1001/82 y modif.), no siendo la vía admisible para transportar dinero


correspondiente a otra persona.Por ende, la conducta de los imputados es susceptible de reproche penal,


correspondiendo la confirmación de la sanción aplicada.


Por ello, voto por:


1°) Rechazar la excepción de nulidad opuesta por los actores. Con costas.


2°) Confirmar la Resolución N° 247/06 de la Aduana de Orán. Con costas.


3°) Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, líbrese oficio al Banco Central de la República


Argentina, remitiéndole copia del presente, a los efectos que estime corresponder.


La Dra. Winkler dijo:


I.- Que los hechos han sido relacionados en el voto de la Sra. Vocal preopinante.


Que adhiero al voto precedente en lo que hace a la nulidad opuesta.


II.- Que con relación al fondo adhiero también a la conclusión de ese voto y agrego, respecto de la


caracterización aduanera del dinero como mercadería, que el art. 10 del C.A. regla en forma genérica


como tal a los objetos que son susceptibles de ser importados o exportados.


Que, como lo he sentenciado en "BROWN, María del Carmen s/rec. de apelación", expdte. TFN N°


19.970-A, sent. del 9. 8.05 Sala "E", con una composición distinta a la de ahora (ver mi voto), "parece


claro que el arancelamiento de la mencionada partida 49.07 "sellos (estampillas) de correos, timbres


fiscales y análogos sin obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su


valor sea reconocido (...), billetes de banco (...)" hace que se le pueda a los billetes en cuestión


atribuirles el carácter de "mercadería", por lo que aduaneramente, "los billetes de banco de curso legal


extranjeros -en el caso, dólares estadounidenses - son mercadería, ya que se encuentra su clasificación


como tal en el Nomenclador Arancelario (...)" CNPEC, Sala "B", en el precedente "Kyung, Shu Hyo",


sent. del 24.9.02 (v. también: Vidal Albarracín, Héctor G., Revista de Estudios Aduaneros n° 15, Año


XIIII, 2001, pág.279/286).


Que ello no obsta a que tales billetes, en el caso la suma de $ 145.000, no sean sino una unidad de


cambio para transacciones comerciales y que conceptualmente, resulte natural en el uso del lenguaje


común vincular la palabra "mercadería" a los objetos o bienes susceptibles de ser vendidos, aunque esto


-aduaneramente - haya sido debidamente criticado y esclarecido con los conocidos ejemplos de


donaciones, etc. ("Código Aduanero, Comentarios, Antecedentes. Concordancias", M. Alsina,


E.Barreira, R. Basaldúa, J.P.Cotter Moine y H.G.Vidal Albarracín, Abeledo-Perrot, 1990, 61/64).


Que en atención a que en la especie se utilizó la vía de equipaje para transportar dinero de un tercero,


parece ajustada la atribución de la infracción que contempla el art. 978 del C.A.


Que a diferencia del precedente de esta Sala que invoco en el presente voto, en el que la sanción penada


fue la del art. 979 del C.A. y en circunstancias diferentes pues a la fecha de tales hechos se había


producido una modificación en el derecho objetivo, en la causa ahora en vista, no concurren a mi juicio


causales de atenuación, tanto más cuanto en la especie el origen del dinero fue el pago recibido por las


exportaciones de cereales de una empresa unipersonal, que implica el debido cuidado en el


cumplimiento de las normas de la actividad económica que se despliega.


Que el régimen simplificado contemplado en el decreto 855/97 no puede entenderse como que autoriza


a prescindir de los requisitos reglamentarios que imponen las disposiciones de naturaleza cambiaria o


económica, que deben conocerse en el desarrollo de las exportaciones.


III.- Que, por ello y al no concurrir a mi juicio circunstancias atenuatorias, voto en el mismo sentido


que lo hace la Sra. Vocal Preopinante.


De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:


1°) Rechazar la excepción de nulidad opuesta por los actores. Con costas.


2°) Confirmar la Resolución N° 247/06 de la Aduana de Orán.Con costas.


3°) Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, líbrese oficio al Banco Central de la República


Argentina, remitiéndole copia del presente, a los efectos que estime corresponder.


Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.


Suscriben la presente las Dras. García Vizcaíno y Winkler por encontrarse en uso de licencia la Dra.


Musso (art. 1162 del CA).

D Sanchez de Sepola :

Voces:


AFIP DGA - MULTA ADMINISTRATIVA - TRANSPORTISTA - OMNIBUS -


GENDARMERIA NACIONAL


Partes:


Balut Hnos. S.R.L. c/ E.N. DGA - Resol. 431/06 y 434/06 (Ex 74150/05 y 48)


Tribunal:


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal


Sala/Juzgado:


V


Fecha:


29-dic-2009


Cita:


MJ-JU-M-53302-AR | MJJ53302


Producto:


MJ


Se revocan las multas aplicadas por tenencia injustificada de mercadería hallada durante la inspección


realizada por la Gendarmería Nacional en el microómnibus de propiedad de la actora, toda vez que no


se encuentran reunidos los elementos típicos para que se configure la figura infraccional.


Sumario:


1.-Corresponde revocar las multas aplicadas por tenencia injustificada de mercadería hallada durante la


inspección realizada por la Gendarmería Nacional en el microómnibus de propiedad de la actora, toda


vez que para que se configure la figura infraccional prevista por la normativa es necesaria la existencia


de tres elementos típicos, y la falta de uno de ellos, impide reprimir con las sanciones establecidas por


la norma. Estos son: 1º) Que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder; 2°) Que la finalidad de la


tenencia sea para comercialización o industrialización; 3º) Que se trate de mercadería de origen


extranjero. En autos, la mercadería fue calificada como sin origen en el secuestro y no existe ninguna


norma específica para considerarla de origen extranjero.


2.-Cabe revocar las multas aplicadas por tenencia injustificada de mercadería hallada durante la


inspección realizada por la Gendarmería Nacional en el microómnibus de propiedad de la actora, toda


vez que respecto al elemento relativo a la finalidad comercial o industrial de la tenencia, es dable


señalar que de la prueba informativa agregada a la causa, consta una nota de la CNC mediante la que se


informa que la actora es una empresa cuya actividad comercial consiste en el trasporte de pasajeros y


encomiendas. Asimismo surge que la firma se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Pasajeros


por Automotor número 28, y está facultada para efectuar servicio público, servicio de tráfico libre, y


trasporte para turismo de acuerdo a los arts. 13 ,14 y 15 del decreto 958/92.


En Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina a los 29 días de diciembre de 2009,


reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo


Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en autos: "Balut Hnos SRL


c/ EN - DGA Resol. 431/06 y 434/06 (Expte. 74-150/05 y 48) c/ DGA", respecto de la sentencia de fs.


142/146 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:


¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?


El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany dijo:


I- Que el juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por la firma Balut Hnos SR


tendiente a que se revoquen las resoluciones Nº 431/06, 433/06 y 434/06, mediante las cuales el


Administrador de la Aduana de Tucumán le impuso tres multas por la suma total de 2.256, 62 pesos, en


los términos de los artículos 986 y 987 del C.A. por tenencia Injustificada de mercadería de origen


extranjero con fines comerciales, hallada durante la inspección realizada por la Gendarmería Nacional


en el microómnibus de propiedad de la actora. Impuso las castas a la vencida.


Como fundamento, expresó que la demandante no había aportado la documentación que respaldara la


legítima introducción al país de los productos, ni que permitiera identificar, de manera precisa, a los


remitentes de cada una de las encomiendas trasportadas por el microómnibus de la empresa actora,


elementos que a su entender deberían haber estado en su poder; o que podrían haberlo estado si hubiera


confeccionado las cartas de porte conforme lo prescripto por el Código de Comercio. Agregó que, al no


haber demostrado quiénes eran los verdaderos tenedores de la mercadería en infracción, la empresa


debió haber probado la legítima introducción al país, circunstancia que no había acontecido en el


caso.Asimismo señaló que en atención a la cantidad, naturaleza y variedad de la mercadería no podía


presumirse prima facie que la tenencia tuviera por destino el "uso personal", sino su fin comercial. En


consecuencia, manifestó que la actora era responsable de la infracción prevista en los artículos 986 y


987 del Código Aduanero.


II- Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs.


155/164, los que el Fisco Nacional contestó a fs. 166/173.


En primer lugar, se agravia por considerar que no se verificaron ninguno de los tres elementos típicos


de la figura penal contenida en los artículos 986 y 987 del CA, pues según dice su parte no tenía el


carácter de tenedora de la mercadería secuestrada por la Gendarmería Nacional, sino que solo fue el


transportista de los bultos cerrados y despachados por terceras personas, cuyos contenidos le resultaban


desconocidos en virtud de que carecía de facultades para revisarlos. En el mismo sentido, manifestó


que el a quo no había tenido en cuenta las constancias de fs.4 del expediente administrativo Nº SA


74-2006-49 AD-TUCU, de donde surge una denuncia efectuada por una señora identificada con el


nombre de Jacinta Rodríguez, quien se había presentado como propietaria y remitente de la mercadería


objeto del comiso (ropa usada para sus nietos) solicitando su inmediata restitución.


Por otra parte, se agravia que el magistrado de grado haya concluido que la mercadería contenida en las


encomiendas tenía una finalidad de comercialización o industrialización para Balut Hnos SRL, con


fundamento en la variedad de objetos cuestionados, pues a su criterio, la calidad y diversidad de la


mercadería no alcanzaba para presumir dicha finalidad.


Finalmente expresa que a diferencia de lo argumentado en la sentencia apelada, no pudo determinarse


que la mercadería en análisis fuera de origen extranjero, pues se trataba de mercadería "sin origen",


respecto de la cual no fue posible establecer su procedencia o lugar de fabricación, aunque la aduana de


Tucumán haya estimado que la mercadería sin origen en realidad aplicaba como de origen extranjero.


En tal sentido entiende que el servicio aduanero no pudo presumir que ante la falta de identificación


(esto es, marca, origen calidad y pureza de la mercadería), ésta fuera procedente del extranjero.


Invoca la buena fe de sus actuaciones, y destaca que se encuentra acreditado en el expediente


administrativo que las encomendas fueron debidamente despachadas y que al efecto, se extendieron las


correspondientes guías de encomienda en talonarios numerados y registrados ante la autoridad de


contralor en donde se detallan las fechas de envío y el destinatario, el remitente, los valores de flete,


entre otros datos.


Por último insiste en que su parte no estaba facultada para revisar el contenido de las encomiendas, ya


que a su entender, la inspección y el registro de aquéllas son atribuciones exclusivas del Estado, quien a


través de las


fuerzas de seguridad y de los organismos de contralor ejercen el poder de policía que exclusivamente


detentan.III- Que las resoluciones aduaneras fueron dictadas como consecuencia de un procedimiento


efectuado por Gendarmería Nacional sobre distintas encomiendas despachadas por usuarios y


trasportadas por el microómnibus de la empresa actora. Mediante éstas se aplicó la sanción de comiso y


multa en los términos de los artículos 986 y 987 del CA, por presunta tenencia injustificada de la


mercadería requisada.


El artículo 986 del Código Aduanero dispone que: "El que por cualquier título tuviere en su poder con


fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente


aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de


Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1)


a CINCO (5) veces su valoren plaza".


Por su parte el articulo 987 establece; "El que por cualquier título tuviere en su poder con fines


comerciales o industriales mercaduría de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del


servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la


mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los


efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera


habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el


hecho encuadrante en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986"


De tales disposiciones se infiere que para que se configure la figura infraccional allí prevista es


necesaria la existencia de tres elementos típicos, y la falta de uno de ellos, impide reprimir con las


sanciones establecidas por la horma. Estos son:1º) Que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder;


2°) Que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3º) Que se trate de


mercadería de origen extranjero.


Con relación al primer elemento del tipo infraccional, cabe señalar que en el sub lite se cuestionan


encomiendas, reguladas por la ley de Correos Nº 20.216, en cuyo artículo 17 se establece que "El envío


postal pertenecerá la expedidor hasta tanto no haya sido entregado al destinatario o a persona


autorizada para recibirlo". A su vez el artículo 29 de la misma ley dispone que "Cuando la autoridad


postal presumiera la existencia de elementos de circulación prohibida en envíos postales cerrados,


podrá realizar la apertura con consentimiento de impositor o del destinatario o a su inmediata


devolución en caso de negativa.". En tales condiciones, si bien de la normativa apuntada surge que el


transportista revestiría prima facie carácter de "tenedor" de la mercadería, se trata de una tenencia


precaria u ocasional, y hasta tanto sea entregada al destinatario, (en este sentido cfr. TFN, Sala G, en


autos "Balut Hnos SRL c/ dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación", expte. 22.546-A, del


28 de noviembre de 2007). No obstante, del principio constitucional de la inviolabilidad de la


correspondencia, y del texto de los artículos 17 y 29 de la ley 20.216, de las que resulta que la empresa


de trasporte no puede inspeccionar el contenido encomiendas cerradas, ni siquiera en el supuesto de


presumir la existencia de elementos de circulación prohibida.


Respecto al elemento relativo a la finalidad comercial o industrial de la tenencia, es dable señalar que


de la prueba informativa agregada a la causa, consta una nota de la CNC mediante la que se informa


que Balut Hnos SRL es una empresa cuya actividad comercial consiste en el trasporte de pasajeros y


encomiendas.Asimismo surge que la firma se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Pasajeros


por Automotor número 28, y está facultada para efectuar servicio público, servicio de tráfico libre, y


trasporte para turismo de acuerdo a los artículos 13 ,14 y 15 del decreto 958/92 (v. fs. 117).


Que, con relación al origen de la mercadería, cabe precisar que, la actora recibió para el servicio de


traslado desde Jujuy a Buenos Aires, bultos cerrados e individualizados, cuyo trasporte fue amparado


mediante las guías de encomienda Nº 0055-NNN-NN-NNNN 0055 -NNN-NN-NNNN 0019-001 02168, 0019-


00102169, 0019 -NNN-NN-NNNN 001911 101793 y 101794; las que fueron registradas en Tucumán. De


las Actas de Recepción y Aforos de Mercaderías en depósito de Secuestros agregadas en los


expedientes administrativosNNN-NN-NNNN2005, 12720-633-2006, y 12720-323-2005, surge que las


mercaderías (ropa y calzados nuevos, paquetes de hoja de coca, y dos paltas frescas en estado de


putrefacción), fueron respectivamente calificadas como "sin origen", excepto las hojas de coca, a las


que se les asignó el origen "Bolivia".


Sin embargo, la aduana interpretó, que la mercadería era de origen extranjero, de acuerdo a los


parámetros indicados en las Actas referidas, en las que se expresa que la mercadería no cumplía con lo


dispuesto por la ley de Lealtad Comer cial en el sentido de que la mercaría de origen nacional debe


llevar identificación de marca, origen, calidad y pureza; y que se trataba de la mercadería de


"reconocido Origen Extranjero que no posee adheridos los instrumentos fiscales correspondientes".


No obstante, no existe ninguna norma específica para considerar de origen extranjero a la mercadería


"sin origen" identificaba, y a tal efecto no tiene incidencia lo normado por la ley de lealtad comercial


para el caso de identificación de mercadería de origen nacional (cfr. art.2º y 3º de la ley 22.802),


etiqueta ni el origen extranjero puede presumirse por la inexistencia de la etiqueta.


Por tanto, en el caso no se cumplen los requisitos del tipo examinado y tal como ha sido reiterado por


este Tribunal en numerosos casos, si existe una duda razonable respecto de la responsabilidad imputada


a la actora, la cuestión no puede ser resuelta en su contra por imperio de lo dispuesto por el artículo 898


del CA.


Por ello corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia apelada y en


consecuencia revocar las resoluciones Nº 431, 433, y 434 del año 2006, Costas a la vencida en ambas


instancias (art. 68 del CPCCN). ASÍ VOTO.-


El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto que antecede.-


Por el resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso


interpuesto por la actora, revocar ia sentencia apelada y en consecuencia revocar las resoluciones Nº


431, 433, y 434 de año 2006; 2) Costas a la vencida en ambas instancias (art. 68 del CPCCCN). ASÍ SE


RESUELVE.-


Se deja constancia que se encuentra vacante una de las vocalías de este Tribunal (art. 109RJN).


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Jorge Federico Alemany


Pablo Gallegos Federiani

D Sanchez de Sepola :

Espero sea util la informacion que le proporcione!

D Sanchez de Sepola :

No dude en continuar preguntando o solicitando lo que considere necesario

D Sanchez de Sepola :

Saludos XXXXX XXXXX suerte!

Customer:

Doc,disculpe la demora en responder, ya contesto sus preguntas o le hago otras


 

D Sanchez de Sepola :

Buenos días!


 

D Sanchez de Sepola :

Cuando usted lo considere, estoy a sus ordenes!

D Sanchez de Sepola :

Cuando usted lo considere! Estoya su disposicion!

Customer:

no se que paso pero la info sale en 2 renglones, veo de pasarlo a un archivo para leerlo.


 

D Sanchez de Sepola :

no puede leer lo que le envie?

D Sanchez de Sepola :

Paso de modo chat a tradicional y alli si podra verlo mejor, quiere?

D Sanchez de Sepola :

Es igual, nada mas que no es en vivo, se escribe debajo de mi respuesta y luego le respondo yo, pero sera mas util para visualizar todo

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Nuestro Chat ha terminado, pero usted todavía puede continuar formulándome preguntas aquí hasta que obtenga su respuesta 100% satisfactoria. Vuelva a esta página para ver nuestra conversación.

¿Siguiente paso?

Si ha terminado, por favor, valore la respuesta. O bien, puede responderme usando la caja ubicada más abajo.
Cliente: escribió hace 4 año.


La verdad le agradezco la info enviada, recien pude leer algo, y me sirve para terminar de armar el descargo.


 

Cliente: escribió hace 4 año.


Gracias XXXXX XXXXX la info enviada, estuve leyendo algo, es bastante extensa, seguramente me va a ayudar a darle forma al descargo a presentar ante la aduana.


 


 


 


 


 


 


 


 

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

De nada doc! Espero le sea util, la he seleccionado para su caso, pero si le quedan dudas me vuelve a consultar, es un gusto para mi poder ayudarlo.

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