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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 594
Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
67879549
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D Sanchez de Sepola está en línea ahora

el retiro de oficios de informes del expediente para diligenciar,

Pregunta del cliente

el retiro de oficios de informes del expediente para diligenciar, interrumpen la caducidad de instancia?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

D Sanchez de Sepola :

Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo.

D Sanchez de Sepola :

Buenas tardes!

D Sanchez de Sepola :

Los actos que interrumpen la caducidad de instancia son los que justamente y valga la redundancia, instan el proceso, lo movilizan

D Sanchez de Sepola :

son acciones que realiza la parte para hacer avanzar el proceso y que demuestran la voluntad de tramitarlo en tiempo y forma

D Sanchez de Sepola :

habria que ver si efectivamente se diligencio alguna prueba en ese periodo

D Sanchez de Sepola :

si se remitio algun oficio, etc

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

los oficios los retire del expte el 31 de agosto y los diligencie el 17 de octubre, pero el 11 de octubre me plantearon la caducidad y el jua la admitio diciendo que el retiro de oficios no es un acto procesal valido para la interrpcion

D Sanchez de Sepola :

Por ejemplo haber efectuado alguna solicitud para instar la prueba

D Sanchez de Sepola :

repuso ese decreto y apelo en subsidio? o esta en tiempo imagino

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

la resolucion es del 24 de octubre estoy a tiempo de apelar

D Sanchez de Sepola :

Voces: CADUCIDAD DE INSTANCIA - IMPULSO PROCESAL - INTERRUPCIÓN DE LA
CADUCIDAD DE INSTANCIA - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - OFICIOS - ACTOS
PROCESALES
Partes: Benítez Alberto y otros c/ Provincia de Salta y Banco Macro Bansud S.A. | recurso de
apelación
Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta
Fecha: 21-ago-2007
Cita: MJ-JU-M-17564-AR | MJJ17564
Producto: MJ
El pedido de que se libren oficios a los fines del retiro del expediente administrativo, goza de
naturaleza impulsoria a los fines del cómputo de los plazos para determinar la perención de instancia.
Sumario:
1.- Corresponde rechazar el incidente de perención de instancia por reconocerle naturaleza impulsoria
al retiro y diligenciamiento del oficio que previamente fue dejado para la firma del magistrado y cuyo
objeto era, exclusivamente, reiterar a la demandada el pedido de los expedientes administrativos,
siendo que lasolicitud de las actuaciones administrativas, tal como lo expresara el redactor del código
contencioso administrativo para la Provincia de Buenos Aires de 1905, fuente del código local, tiene
por objeto impedir, en cuanto sea posible que los derechos particulares sean burlados por la resistencia
de la autoridad administrativa a remitir el expediente en que conste la resolución recurrida.
3.- El art. 33 del código contencioso administrativo local -de idéntica redacción que su similar del
ordenamiento bonaerense (art. 35 , CCA. Bs. As.) ha dispuesto, para el caso de negativa o resistencia
de la autoridad administrativa a remitir el expediente, que, si el interesado lo solicitase mediante escrito
motivado el juez entenderá en la demanda interpuesta tomando como base la exposición que hiciese el
actor, sin perjuicio del derecho de la administración demandada, para producir como prueba el mismo
expediente y dándosele al juicio la misma tramitación que si se tratase de un caso de retardación en el
despacho.
4.- Los jueces están facultados para revisar de oficio el cumplimiento de los requisitos de habilitación
de la instancia con anterioridad a la traba de la litis
5.- Es fácil es comprobar que no se ha producido la caducidad del juicio con arreglo al art. 18 del
CPCA. En efecto, cabe tomar como último acto procesal hábil para hacer avanzar la causa al retiro del
oficio dejado a la firma del juez y su posterior diligenciamiento, como desde dicha fecha hasta la
providencia que puso los autos a despacho para dictar el auto interlocutorio , no ha transcurrido el plazo
de 6 meses que hace presumir el abandono de la instancia por el actor, que es la razón de ser y el
fundamento principal del instituto de la caducidad.
6.- La perención de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso y, por ser un modo
anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga
debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que
le es propio
7.- Teniendo en cuenta que las partes tienen la carga de instar para mantener la actividad del proceso, lo
que significa urgirlo de modo directo e inmediato y la parte interesada concretar conductas congruentes
con el nivel de avance que corresponda a las actuaciones y que tengan suficiencia para promover el
progreso del juicio hacia su meta , cabe valorar que a los fines del avance de la demanda promovida era
necesario para el actor desencadenar el procedimiento previsto por los arts. 31, 32 y 33 del CPCA para
provocar el procedimiento preliminar de verificación de los requisitos formales de admisibilidad de la
acción, motivo por el cual debe reconocerse en la especie naturaleza impulsoria al retiro y
diligenciamiento del oficio que previamente fue dejado para la firma del magistrado y cuyo objeto era,
exclusivamente, reiterar a la demandada el pedido de los expedientes administrativos.
8.- Si bien no existe un obstáculo procesal para que mediante el recurso de aclaratoria se subsane, en su
caso, la omisión del magistrado en pronunciarse en relación a la distribución de las costas -art. 161 ,
inc. 1, CPCC-, observandose una particular situación, ello es así, por cuanto de acuerdo al art. 18 del
CPCA, el desistimiento del proceso no conlleva trámite incidental, sino que sólo en el supuesto de
declararse la caducidad del juicio, podrá el actor plantear recurso de apelación a fin de ejercitar su
derecho de defensa. En consecuencia, frente al carácter no controvertido de su trámite, no corresponde
la imposición de costas si el pedido es rechazado, salvo que se compruebe la temeridad del art. 15 del
CPCA en la conducta desplegada por quién solicitó la aludida caducidad.
8.- La temeridad supone una conducta mañosa, la maniobra desleal, las articulaciones de mala fe y sin
sustento jurídico o fáctico alguno, máxime cuando son reiteradas y nadie puede tener ninguna duda de
que no obedecen a un simple error o distintas posibilidades que brinda una jurisprudencia divergente
sobre el punto o, al menos, enfoques susceptibles de hacerla variar, sino que trasuntan claramente dolo
procesal
10.- Los razonamientos empleados por el Estado Provincial para sostener la nulidad y caducidad
deducidas, no revelan articulaciones de mala fe, sino que exhiben distintos criterios interpretativos que
no resultan suficientes para tener por configurada la conducta temeraria. Por ello es que corresponde
revocar tal imposición de costas y distribuirlas por el orden causado.
Salta, 21 de agosto de 2007.
Y VISTOS: Estos autos caratulados "BENITEZ, ALBERTO Y OTROS VS. PROVINCIA DE SALTA
Y BANCO MACRO BANSUD S.A. - RECURSO DE APELACION" (Expte. Nº CJS 29.661/06), y
CONSIDERANDO:
Los Dres. María Rosa I. Ayala, Guillermo A. Posadas y Antonio O. Silisque, dijeron:
1º) Que contra la sentencia de fs. 60/62 vta. que rechazó "los incidentes de nulidad y caducidad
interpuestos a fs. 40/43" y su aclaratoria de fs. 65 y vta., en cuanto dispuso que las costas por aquéllas
incidencias se imponen al procurador fiscal, interpuso recurso de apelación el Dr. Gonzalo Varela en
representación del Estado Provincial y por derecho propio.
Para resolver como lo hizo, la juez en grado inferior consideró, en lo esencial, que la comprobación de
las condiciones de admisibilidad formal de la demanda constituye una facultad que puede ser ejercitada
de oficio por el magistrado, sin menoscabo para las garantías del debido proceso y defensa en juicio.
Asimismo, entendió que no se configuró la caducidad del juicio con arreglo al art. 18 del CPCA al
valorar como último acto procesal idóneo para hacer avanzar la causa, al auto interlocutorio de
admisibilidad de la demanda del 28/4/06, y no haber transcurrido desde ese momento el plazo de seis
meses hasta la presentación de fs. 40/43 del 23/5/06. Además, por vía de aclaratoria las costas de los
denominados incidentes fueron impuestas al procurador fiscal interviniente por conducta temeraria (art.
15, CPCA), al señalar que sus planteos carecieron de sustento jurídico o fáctico.
2º) Que al expresar los agravios (fs. 68/71), en relación a la nulidad impetrada, afirma que la petición
subsidiaria del actor a fs. 20 resulta insuficiente e inadecuada a los fines previstos por el art. 33 del
CPCA. Señala que en tal escrito el actor solicitó un nuevo oficio para requerir los expedientes
administrativos bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.32, última parte del CPCA, que prevé el
derecho a reclamar los daños y perjuicios provocados por la mora administrativa.
Expresa que comprobada la reticencia, concepto que entiende superador al de la mora, recién la parte
podrá insistir en la acción deducida para que el Juzgado se pronuncie sobre la admisibilidad de la
demanda, conforme al citado art. 33.
Advierte que el pedido de suspensión de términos por parte del actor a fs. 32 resulta incompatible con
los efectos jurídicos que se quiere asignar a la petición de fs. 20. Ya que en tal caso, entiende que no se
encontraba corriendo para el accionante ningún plazo, al encontrarse, supuestamente, el proceso
pendiente de resolución (art. 313 , inc. 3 del CPCC).
En cuanto a la caducidad del juicio, sostiene que el único argumento esgrimido por el juez para su
rechazo, es el cómputo del plazo de los seis meses desde el dictado del auto de admisibilidad de la
instancia, razón por la que considera que al ser dicha sentencia nula, su lógica consecuencia, es la
comprobación del desistimiento del proceso en los términos del art. 18 del CPCA.
Por último, se agravia en relación a la imposición de costas en forma personal, modificando el alcance
de la resolución de fs. 60/62 vta., por vía de aclaratoria, además de resultar improcedente su aplicación
al letrado cuando, en su caso, la ley habilita su imposición a la parte. Refiere la falta de fundamento de
tal decisión y la inadmisibilidad de interponer aclaratoria en materia de costas en los procesos
contenciosos administrativos.
3º) Que por razones de orden procesal corresponde en primer término analizar los agravios esgrimidos
por la demandada en relación al auto interlocutorio que resolvió la admisibilidad de la demanda de
modo oficioso, al negar el recurrente carácter de petición con arreglo al art. 33 del CPCA, a la
presentación de fs.20, donde el actor luego de solicitar se libre un nuevo oficio a fin de solicitar los
expedientes administrativos, precisó: "sin perjuicio que se declare la admisibilidad de la demanda".
Resulta necesario para una mejor comprensión del planteo, tener presente que la demanda (fs. 2/11) fue
promovida el 22/11/04. A fs. 17, por providencia del 15/3/05 se requirió a la demandada los
expedientes administrativos relativos a la pretensión en un plazo de 15 días. A fs. 18 obra copia del
oficio diligenciado ante el Encargado del Programa de Reforma del Estado (28/6/05). Frente a la
ausencia de respuesta estatal, el 3/8/05 el actor reitera la petición conforme lo relatado en el párrafo
anterior. De igual modo, a fs. 21 se incorpora la copia del oficio diligenciado ante la misma oficina
(17/8/05). A fs. 23/28, se agregan las diligencias realizadas por el actor a fin de obtener y enviar al
Ministerio Fiscal copias de las actuaciones con el objeto de promover acción penal contra los
funcionarios que incumplieron con su deber de remitir la documentación requerida. A fs. 29, por
decreto del 27/2/06 se hace conocer la intervención de la juez "a quo" y el 9/3/06 pasan los autos a
despacho, dictándose el auto interlocutorio impugnado el 28/4/06.
Tal detalle de la marcha de las presentes actuaciones permite adelantar que la admisión de la demanda
por sus formas extrínsecas, efectuada de oficio por la juez a quo no alteró el equilibrio procesal de los
litigantes en desmedro del Estado Provincial. De tal suerte, lucen vacuos los cuestionamientos
efectuados por el impugnante acerca de si la petición de fs. 20 implicó o no el "escrito motivado" para
insistir en "entablar la acción contencioso administrativa" (art. 33, CPCA).
Tal como fuera expuesto de modo minucioso en el precedente registrado en el tomo 56:551 (voto del
Dr.Urtubey al que adhiere la mayoría del Tribunal), "La solicitud de las actuaciones administrativas, tal
como lo expresara el redactor del código contenciosoadministrativo para la Provincia de Buenos Aires
de 1905, fuente del código local, ".tiene por objeto impedir, en cuanto sea posible que los derechos
particulares sean burlados por.la resistencia de la autoridad administrativa a remitir el expediente en
que conste la resolución recurrida" (conf. Luis V. Varela, "Proyecto del Código de lo Contencioso
Administrativo para la Pcia. de Buenos Aires", edición oficial de Talleres Publicaciones del Museo, La
Plata, 1904; nota al art. 18, pág. 134)"."Con arreglo a dicho criterio, el art. 33 del código
contenciosoadministrativo local -de idéntica redacción que su similar del ordenamiento bonaerense (art.
35, CCA. Bs. As.) ha dispuesto, para el caso de "negativa o resistencia de la autoridad administrativa a
remitir el expediente", que, si el interesado lo solicitase mediante escrito motivado el juez entenderá en
la demanda interpuesta "tomando como base la exposición que hiciese el actor, sin perjuicio del
derecho de la administración demandada, para producir como prueba el mismo expediente y dándosele
al juicio la misma tramitación que si se tratase de un caso de retardación en el despacho" .
"El pensamiento del codificador al establecer esta norma, ha sido, como surge de las notas de Varela al
referido proyecto impedir que el ejercicio de la acción contencioso-administrativa dependiera de la
voluntad del poder que hubiese producido la resolución que tratara de impugnarse.Bastaría que el
expediente, en que aquélla recayó, no se remitiese, para que la demanda no pudiese presentarse.". Bajo
tal orden de ideas, concluye el referido pronunciamiento en que " producida la negativa o resistencia de
la autoridad administrativa en remitir el expediente, basta una simple petición del actor para que el juez
conozca de la demanda interpuesta tomando como base la exposición de los hechos efectuada por el
demandante.ni la omisión o resistencia de la autoridad administrativa, impide al juez pronunciarse
sobre la procedencia de la demanda ya promovida (Argañarás, Manuel J., "Tratado de lo Contencioso
Administrativo", TEA, Bs.As., 1955, nº 151, págs. 277/278)".
4º) Que a más de los argumentos desarrollados, referidos en lo esencial, al modo de combatir la
resistencia administrativa a fin de garantizar el acceso a la jurisdicción, cabe también hacer referencia,
en cuanto a la comprobación de oficio de los recaudos de admisibilidad de la pretensión, al criterio que
sostiene el orden federal ya que en el año 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó in re
"Gorordo" (Fallos, 322:73) que los jueces están facultados para revisar de oficio el cumplimiento de los
requisitos de habilitación de la instancia con anterioridad a la traba de la litis, cambiando, de tal modo,
la dirección seguida en los casos "Cohen" (313:228) y "Construcciones Taddía" (315:2217).
Esta Corte, con igual inteligencia, se pronunció en los precedentes registrados en tomo 76:1049;
78:457; 87:895, entre otros.
5º) Que sentado ello, fácil es comprobar que no se ha producido la caducidad del juicio con arreglo al
art. 18 del CPCA. En efecto, en este caso en particular, cabe tomar como último acto procesal hábil
para hacer avanzar la causa al retiro del oficio dejado a la firma del juez y su posterior diligenciamiento
(fs. 21) el 17/8/05 (confr. Palacio, Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial, Tomo VII,
pág.311, Rubinzal Culzoni, 1993). Desde dicha fecha hasta la providencia que puso los autos a
despacho (fs. 31, 9/3/06) para dictar el auto interlocutorio de fs. 33/34, no ha transcurrido el plazo de 6
meses que hace presumir el abandono de la instancia por el actor, que es la razón de ser y el
fundamento principal del instituto de la caducidad (CSJN, Fallos, 316:1708).
Es que la perención de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso y, por ser un
modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se
haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del
ámbito que le es propio (CSJN, Fallos, 327:1430).
En igual sentido, teniendo en cuenta que las partes tienen la car ga de instar para mantener la actividad
del proceso, lo que significa urgirlo de modo directo e inmediato y la parte interesada concretar
conductas congruentes con el nivel de avance que corresponda a las actuaciones y que tengan
suficiencia para promover el progreso del juicio hacia su meta (esta Corte, tomo 106:871, con cita de
Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires y de la Nación", Abeledo-Perrot, 1989, p. 221), cabe valorar que a los fines del avance de la
demanda promovida era necesario para el actor desencadenar el procedimiento previsto por los arts. 31,
32 y 33 del CPCA para provocar el procedimiento preliminar de verificación de los requisitos formales
de admisibilidad de la acción, motivo por el cual debe reconocerse en la especie naturaleza impulsoria
al retiro y diligenciamiento del oficio que previamente fue dejado para la firma del magistrado y cuyo
objeto era, exclusivamente, reiterar a la demandada el pedido de los expedientes administrativos
conforme lo impone el citado art.32.6º) Que confirmado entonces el auto intelocutorio apelado, cabe
destacar que si bien no existe un obstáculo procesal para que mediante el recurso de aclaratoria se
subsane, en su caso, la omisión del magistrado en pronunciarse en relación a la distribución de las
costas (art. 161, inc. 1, CPCC), en autos se observa una particular situación.
Ello es así, por cuanto de acuerdo al art. 18 del CPCA, el desistimiento del proceso no conlleva trámite
incidental, sino que sólo en el supuesto de declararse la caducidad del juicio, podrá el actor plantear
recurso de apelación a fin de ejercitar su derecho de defensa. En consecuencia, frente al carácter no
controvertido de su trámite, no corresponde la imposición de costas si el pedido es rechazado, salvo que
se compruebe la temeridad del art. 15 del CPCA en la conducta desplegada por quién solicitó la aludida
caducidad.
En consecuencia, a fin de valorar la configuración de aquélla, cabe analizar de manera conjunta los dos
planteos efectuados por la demandada -caducidad del juicio y nulidad del auto de habilitación de
instancia-. Asimismo, es necesario resaltar que luce dogmático e improcedente el fundamento
esgrimido por la juez a quo para tener por conformada la referida conducta temeraria e imponer las
costas al Sr.Procurador Fiscal al expresar de modo escueto que los planteos "carecieron de sustento
jurídico o fáctico".
Del análisis de la causa no surge de modo palmario la invocada conducta temeraria de la demandada en
aplicación de la misma doctrina que la juez en grado inferior cita, a contrario sensu, para sustentar la
configuración de dolo procesal.
En efecto, la temeridad, según lo ha expresado esta Corte, supone una conducta mañosa, la maniobra
desleal, las articulaciones de mala fe y sin sustento jurídico o fáctico alguno, máxime cuando son
reiteradas y nadie puede tener ninguna duda de que no obedecen a un simple error o distintas
posibilidades que brinda una jurisprudencia divergente sobre el punto o, al menos, enfoques
susceptibles de hacerla variar, sino que trasuntan claramente dolo procesal (Tomo 52:23; 60:79;
68:309).
Este concepto, unido a la letra de la norma precitada, conduce a que se deba valorar el comportamiento
procesal desplegado por la parte perdedora en el pleito (Tomo 74:605).
De tal suerte, en el caso, debe subrayarse que los razonamientos empleados por el Estado Provincial
para sostener la nulidad y caducidad deducidas, no revelan articulaciones de mala fe, sino que exhiben
distintos criterios interpretativos que no resultan suficientes para tener por configurada la conducta
temeraria. Por ello es que corresponde revocar tal imposición de costas y distribuirlas por el orden
causado. Igual criterio se aplica en esta instancia recursiva (art. 15, CPCA).
Lo resuelto, sin embargo, no resulta un obstáculo para señalar la inconducencia de aplicar las costas al
Sr. Procurador fiscal en forma personal, como lo hizo la juez "a quo". Ello es así, por cuanto el
ordenamiento procesal local, refiere a las "partes" (art. 15, CPCA, art. 67 y concordantes del CPCC), a
diferencia de otras normas de rito que prevén la responsabilidad personal de los abogados y
procuradores que actuaren con notorio desconocimiento del derecho, falta de probidad o lealtad
procesal (ver al respecto, Palacio y Alvarado Velloso, op, cit., Tomo III, pág. 80). En tal sentido, el Dr.
Luis Varela, en la nota al art.17 del Código Contencioso Administrativo de la Pcia. de Bs. As. -análogo
al local- señala que en la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal, y, en virtud de ley expresa, se ha
llegado a condenar en costas a los procuradores fiscales, que perseguían el cobro de impuestos internos
que no se adeudaban (Dana Montaño, Código de Procedimientos en lo Contecioso Administrativo para
la Pcia. de Buenos Aires, pág. 206, Depalma, 1955). Inteligencia, entonces, que se corresponde con lo
aquí expuesto.
La Dra. María Cristina Garros Martínez, dijo:
Que por sus fundamentos adhiero al voto precedente.
Por lo que resulta de la votación que antecede;
LA CORTE DE JUSTICIA RESUELVE:
I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación de fs. 66 y, en su mérito, confirmar el auto
interlocutorio de fs. 60/62 vta. y revocar la imposición de costas contenida en la aclaratoria de fs. 65 y
vta. Costas por su orden en ambas instancias.
II. MANDAR se registre y notifique.
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, María Cristina Garros Martínez, Antonio Omar
Silisque y María Rosa I. Ayala -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Marcela P. Cisneros -Secretaria de
Corte de Actuación interina-).

D Sanchez de Sepola :

vea esta jurisprudencia y ya le envio mas

D Sanchez de Sepola :

Voces: PLAZO - CADUCIDAD - LEY - IVA - - NOTIFICACIONES - NOTIFICACIÓN -
CADUCIDAD DE INSTANCIA - DEMANDA - ART - PLAZO - CADUCIDAD - LEY -
NOTIFICACIONES - NOTIFICACIÓN - CADUCIDAD DE INSTANCIA - DEMANDA - ART -
IVA - PLAZO - CADUCIDAD - LEY - ART
Sala: F
Fecha: 1902-02-02 00:00:00
Cita: MJ-REP-M-14260-AR
Producto: MJ
Caducidad de instancia
VII- Plazo
D) Interrupción
4- Actos impulsores del procedimiento
95- Si antes de que se cumpliera el plazo de caducidad de la instancia previsto en el art. 310, inc. 2 del
Código Procesal, el actor confeccionó las cédulas de notificación del traslado de la demanda, las
presentó en secretaria, posteriormente las retiro para diligenciarlas conforme al trámite previsto por el
convenio aprobado por la ley 17099 y las dejó en la oficina Central de notificaciones correspondiente,
tales actos son idóneos para mantiene viva la instancia en tanto resultaban necesarios y adecuados al
estado de la causa para impulsar el procedimiento notificando el traslado de la demanda (CNCiv., Sala
F, Mayo 22 1980, Mandrut de
Richonnier, Cornelia y Otro c. Barreneche, José M. y Otro).

D Sanchez de Sepola :

Lo importante es que haya ALGUN ACTO IMPULSORIO

D Sanchez de Sepola :

si cuenta con esto, reponga el decreto y apele en subsidio, ya que tiene argumentos para defender su postura

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

mira te paso parate de la resolucion del juez de primera instancia para que lo tengas mas claro

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

V) No obsta a lo antes decidido la circunstancia de existir una nota de retiro de oficio obrante a fs. 411 vta. de fecha 31/08/12, cuyo libramiento carece de firma de la Actuaria, toda vez que la constancia del retiro de un oficio destinado a cumplir una medida de prueba es interruptiva por sí sola del plazo de caducidad de la instancia sólo cuando se encuentra suscripta por el secretario del Juzgado o funcionario autorizado, ya que de esta forma se avala su confección, fecha y firma (Cf. Cám. II, San Martín, RSD-404-97 S 13-11-1997, Juez Cabanas (SD), circunstancias verificadas en el resto de los oficios librados en el presente expediente ( v. fs. 42 vta., 163 vta., 181 vta., 195 vta., 203 vta., 239 vta. y 417 vta.)


Para que el trámite de un oficio interrumpa la caducidad de la instancia, se debe su efectivo diligenciamiento con anterioridad al acuse de la caducidad o la constancia del libramiento o retiro del oficio suscripta por el Actuario, o agregado por la actora copia del mismo lo cual indicara que él fue confeccionado y firmado (Cf. Cám. I, Sala II, Mar del Plata, 95517 RSD-370-95 S 24-10-1995, Juez Zampini -SD-),

D Sanchez de Sepola :

Si, mejor!

D Sanchez de Sepola :

Y me decis por favor en que provincia litigas?

D Sanchez de Sepola :

Si, la verdad es que hay una postura procesalista que dice que no es impulsorio del proceso los tramites de parte sin intervencion del juzgado como dice la resolucion

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

en la pcia de buenos aires, es del juzgado civil y comercial 27 de la plata

D Sanchez de Sepola :

pero eso no quiere decir que no tengas tambien doctrina a tu favor

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

y vos me la podes pasar???

D Sanchez de Sepola :

ok

D Sanchez de Sepola :

si, claro que si, teniendo bien claro cual es tu caso te adjunto todo lo que tenga

D Sanchez de Sepola :

te parece?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

por favor, te lo pido

D Sanchez de Sepola :

esta caducidad ataca al juicio de fondo? o a un incidente?

D Sanchez de Sepola :

si, claro que si

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

al juicio de fondo, es un accidente de transito

D Sanchez de Sepola :

solo te pido me des un tiempito para buscarla y elegirla

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

dale, como hago espero aca?

D Sanchez de Sepola :

como quieras o puedas,

D Sanchez de Sepola :

yo estoy en lo tuyo en este momento

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

estoy muy preocupado por esto asi que si no te molesta espero aca

D Sanchez de Sepola :

si estas ocupada podes conectarte mas tarde

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

nooooooooooo

D Sanchez de Sepola :

no me molesta para nada

D Sanchez de Sepola :

al contrario

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

espero entonces

D Sanchez de Sepola :

ok

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

y desde ya te agradezco mucho

D Sanchez de Sepola :

perfecto

D Sanchez de Sepola :

por favor, es un gusto para mi

D Sanchez de Sepola :

Voces: PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - CADUCIDAD DE INSTANCIA
- INTERRUPCION DE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA - OFICIO
Partes: Honrado Margarita Laura c/ G.C.B.A. | impugnación de actos administrativos
Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Sala/Juzgado: X
Fecha: 16-dic-2003
Cita: MJ-JU-M-41461-AR | MJJ41461
Producto: MJ
La acreditación del diligenciamiento de un oficio por el cual se requiere la remisión de un expediente
constituye un acto interruptivo del plazo de caducidad de instancia.
Buenos Aires, 16 diciembre de 2003. VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación
interpuesto por la actora (fs. 168), cuyo memorial (fs. 173/174 vta) fue contestado por el demandado
(fs. 176/177 vta), contra la resolución dictada en la instancia anterior que, al desestimar el planteo de
inconstitucionalidad, declaró operada la caducidad de la instancia e impuso las costas del proceso a la
vencida (fs. 166/vta.); y CONSIDERANDO:
1. Que en la instancia anterior se declaró operada la caducidad de la instancia -art. 260, inc. 1º ,
CCAyT- con sustento en que "desde que fue notificada la radicación de estos autos en esta sede, el 2 de
noviembre de 2001 (fs. 137), la actora no realizó actuación alguna tendiente a avanzar el proceso hacia
su natural conclusión, que es la sentencia".
Ello así, dado que su única petición consistió en la prórroga de una medida cautelar dictada por la juez
que previno (fs. 138), encontrándose los actos procesales posteriores relacionados exclusivamente con
esa petición.
Por otra parte, el sentenciante desestimó el planteo de inconstitucionalidad introducido por la actora de
los arts. 260/8 del Código Contencioso Administrativo y Tributario con remisión al dictamen del
Ministerio Público e impuso las costas del proceso a la actora.
2. Disconforme con esa decisión apeló la actora, quien -por los fundamentos que expuso en su escrito
de memorial- solicitó su revocación. Su traslado fue contestado por el demandado y finalmente la Sra.
Fiscal de Cámara emitió dictamen sobre la cuestión constitucional (fs. 181/vta.).
3. Que la actora -Margarita Laura Honrado- promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, impugnando el Dec. 1048/95 que dispuso su cesantía y los actos administrativos
dictados en consecuencia y la indemnización de los daños producidos por aquéllos Asimismo, requirió
el dictado de una medida cautelar (fs. 2/13, del 30/3/98), que una vez concedida (fs. 31, del 17-7-98)
fue prorrogada en distintas oportunidades (fs.59 -16/2/99-, 71 -5/8/99-, 101 -29/2/00- y 109 -5/10/00-.
Luego de contestada la demanda (fs. 76/88, del 15-10-99) y acaecidas una seria de contingencias
procesales (fs. 95), el Juez Nacional en lo Civil declaró su incompetencia para conocer en autos (fs.
120, 11-12-00).
Ya radicadas las actuaciones en este fuero, se hizo saber el juez que iba a conocer, a la vez que el
trámite de las actuaciones se regiría por las normas del código de rito (fs. 130, 23-10-01) Notificadas
las partes y el Ministerio Público Fiscal (fs. 136, 137, 134) de esa providencia, la actora requirió una
nueva prórroga de la medida cautelar y la apertura a prueba de las actuaciones (fs. 138, del 19-12-01).
Ello motivó el dictado de una providencia, en la cual se supeditó lo peticionado a la remisión por la
Justicia Nacional en lo Civil de un incidente de apelación y un expediente seguido entre las mismas
partes sobre amparo, ordenándose - a ese fin- el libramiento de un oficio (fs. 139, del 27-12-01).
Obran en el expediente distintas constancias que acreditan que un proyecto de oficio fue observado
(13-5-02), su firma (28-6-02) y finalmente su retiro para su diligenciamiento (fs. 4-7-02).
Posteriormente, se acreditó se presentación (fs. 143, del 4-9-02), adjuntándose una copia donde consta
el sello del Juzgado oficiado (fs. 141, 8-7-02).
En ese contexto, la demandada articuló un incidente de caducidad de instancia, con sustento en que
desde el último acto que consideró que tuvo eficacia impulsoria (fs. 141, 8-7-02) había transcurrido en
exceso el plazo previsto por el art. 260, inc. 1º, CCAyT.
A raíz de ello, se dictó la resolución que admitió ese incidente (fs. 166/vta.), lo que suscita la
intervención de esta alzada.
4.Que dada la forma en que quedó trabado el incidente y el alcance de los agravios, lo que cabe
establecer es si el escrito por el cual se acreditó el diligenciamiento del oficio (fs. 143) tuvo eficacia
para interrumpir el plazo de caducidad.
Ese efecto fue negado por el sentenciante con sustento en que los actos procesales posteriores al escrito
en cual se requirió la prórroga de la medida cautelar no eran idóneos para impulsar el proceso, al
relacionarse exclusivamente con aquél aspecto del proceso. Sin embargo, resulta de las constancias de
autos que en ese escrito la actora solicitó la prórroga de la medida cautelar y la apertura a prueba de las
actuaciones, siendo ambos planteos supeditados a la previa remisión por la Justicia Nacional en lo Civil
de distintas actuaciones.
En consecuencia, la confección del oficio y su diligenciamiento tenían aptitud para hacer avanzar el
expediente, en tanto que la remisión de esas actuaciones era el evento al cual también se había
supeditado la apertura a prueba. Ello no fue controvertido por la demandada, quien únicamente alegó
que el escrito acreditando la presentación del oficio carecía de efecto interruptivo.
Es más, expresamente admitió que la presentación del oficio en sede civil tenía ese efecto, cuando
ubicó el último acto impulsorio "el ocho de julio de 2002" (fs. 144), lo que coincide con la presentación
del oficio en sede civil (fs. 141).
5. Que ya centrados en el escrito que acreditó el diligenciamiento del oficio, cabe señalar que se
considera que el mismo posee eficacia para hacer avanzar el estado del proceso.
En efecto, la presentación de ese escrito es condición necesaria para una vez transcurrido un tiempo
prudencial requerir su reiteración o bien solicitar la adopción de las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Por ende, es a partir de esa oportunidad que debe computarse el plazo de caducidad. Así, al no haber
transcurrido el plazo previsto por el art. 260, inc. 1, CCAyT computado desde ese hito, debe admitirse
el recurso de apelación.
6. Que refuerza esta conclusión la circunstancia que la perención de la instancia, como instituto
disvalioso que es, debe gozar de interpretación restrictiva y que, al igual que en el régimen nulificante,
debe presidir toda tarea hermenéutica el principio de conservación procesal indicador de que - en caso
de duda- debe estarse por al declaración de vigencia o validez de determinados actos procedimentales.
Nótese, además, que en la especie la confirmación de la caducidad decretada en la instancia anterior
importaría la extinción del derecho de la actora al adquirir firmeza el acto administrativo que dispuso
su cesantía.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución apelada. 2) Imponer las costas de
ambas instancias en el orden causado, dado que el demandado se pudo creer con derecho a peticionar
como lo hizo. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase.

D Sanchez de Sepola :

Este es un caso parecido, pero tomaria algunos argumentos

D Sanchez de Sepola :

Voces: CADUCIDAD - TAREAS EXTRAJUDICIALES
Partes: Caceres Florencia Natalia c/ GCBA | amparo (art. 14 CCABA)
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Sala/Juzgado: II
Fecha: 6-feb-2007
Cita: MJ-JU-M-10414-AR | MJJ10414
Producto: MJ
Sumario:
1.-La caducidad de la instancia es un modo anormal de extinción del proceso contemplado en caso de
inacción tanto de las partes, como del órgano judicial, durante el transcurso de determinados plazos
legales preestablecidos. Su producción se halla supeditada a la concurrencia de los siguientes
presupuestos: a) Existencia de una instancia; b) Inactividad procesal absoluta o actividad jurídicamente
inidónea; c) El transcurso de determinados plazos de inactividad; d) El pronunciamiento de una
resolución que declare operada la extinción del proceso como consecuencia de las circunstancias
señaladas.
2.-El único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la
presunción que implica la inactividad de la parte, consiste, precisamente, en la realización de los actos
procesales útiles y adecuados al estado de la causa, a los efectos de posibilitar el avance del
procedimiento.
3.-La comunicación de lo actuado en sede extrajudicial, que fue incorporada a la causa y hecha conocer
a las partes, constituye una actuación a la que cabe asignar efecto interruptivo de la perención.
Buenos Aires, 6 de febrero de 2007.
VISTOS: Los autos del epígrafe a efectos de resolver el recurso de apelación, interpuesto a fojas 97 y
vta., por el Sr. Asesor Tutelar, contra la resolución dictada a fojas 95, el que fue concedido a fojas 101
y contestado a fojas 102/3, y;
CONSIDERANDO:
1. Que el Señor Juez de grado, por sentencia de fecha 13 de septiembre de 2006, declaró la caducidad
de la instancia planteada por la accionada a fojas 80. Para así decidir sostuvo, que desde la última
actuación que tuvo por efecto impulsar el procedimiento, transcurrió el plazo previsto por el artículo
260, inciso 1, del CCAyT.
2. Que contra dicho pronunciamiento se alzó el Sr. Asesor con recurso de apelación. Como
fundamentos, en síntesis, plantea los siguientes: a) Que la satisfacción de una de las pretensiones objeto
del amparo -en la especie su inclusión en el Programa Vale Ciudad- no lo fue en cumplimiento de la
medida cautelar dictada en autos y que el fundamento del decisorio consideró que las actuaciones
relacionadas con tal precautoria no constituyen actos de impulso procesal. Ello surge en el punto 1 de
fojas 74 que relaciona la concesión del beneficio (punto 2) con su formal petición y no en
cumplimiento de la cautelar decretada en autos. b) Que las pretensiones contenidas en el amparo son
dos: la que persigue que la demandada sea condenada a continuar abonándole el subsidio habitacional
previsto en el Decreto 895/02 y la que exige la inmediata incorporación junto a su grupo familiar a lo
normado por la ley 1506 que instituyó el "Vale Ciudad". c) Que en la pieza obrante a fojas 74, con
fecha 6 de diciembre de 2005, se dispuso que la actora debía presentarse en sede administrativa para su
inclusión en el programa citado, lo que luego fue informado a fojas 78.d) Que entre el 22 de diciembre
de 2005 y el 26 de mayo de 2006 no transcurrió el plazo previsto en el artículo 260, inciso 1, del
CCAyT, resultando que la última actuación útil es la de fojas 79 en la que la demandada informa la
satisfacción de una de las situaciones principales, y al hacerlo per se y no en cumplimiento de la manda
judicial de la precautoria ha impulsado el proceso, lo que aprovecha a los representados del recurrente.
e) Que por lo expuesto y teniendo que el instituto de la caducidad debe interpretarse con criterio
restrictivo pide revocación de lo decidido.
En su responde, la accionada sostiene: a) Que el decisorio recurrido efectuó un prudente y prolijo
análisis de las actuaciones procesales desarrolladas por la actora. b) Que el Sr. Asesor Tutelar hace una
errónea interpretación, expresando que de la actuación citada por el mismo nada hace pensar que la
inclusión no se efectuara en cumplimiento de la medida cautelar, que ella resulta irrelevante y que
desde el inicio de las actuaciones no fue intimada a presentar el informe, siendo que la última actuación
útil es la de fojas 47. Por todo ello pide la confirmación de lo decidido.
A fojas 107 y vta., expide su dictamen la Señora Asesora General Adjunta en el que señala: a) Que
mantiene la apelación deducida en la instancia inferior por compartir los argumentos allí esbozados. b)
Alega que si bien, en principio, los actos interruptivos de la caducidad de instancia deben ser realizados
en el expediente, se ha admitido que las diligencias realizadas fuera de él, pero que activan el
procedimiento, pueden tener efecto interruptivo, con apoyo en la jurisprudencia que cita. c) Cuestiona
la conducta de la demandada quien acusa la caducidad al tiempo que satisface a la actora en una de sus
pretensiones.d) Que el instituto en cuestión es tema de interpretación restrictiva y conforme lo señala la
Corte Suprema de Justicia de la Nación debe primar lo sustancial, por sobre lo formal, máxime en un
caso como el de autos donde lo peticionado se relaciona con necesidades básicas de subsistencia y
alimentación.
3. Que la caducidad de la instancia es un modo anormal de extinción del proceso contemplado en caso
de inacción tanto de las partes, como del órgano judicial, durante el transcurso de determinados plazos
legales preestablecidos. Su producción se halla supeditada a la concurrencia de los siguientes
presupuestos: a) Existencia de una instancia; b) Inactividad procesal absoluta o actividad jurídicamente
inidónea; c) El transcurso de determinados plazos de inactividad; d) El pronunciamiento de una
resolución que declare operada la extinción del proceso como consecuencia de las circunstancias
señaladas. (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Ed . Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992,
Tomo IV, pág. 217 y 219).
Es decir que el funcionamiento de dicho instituto se verifica objetivamente por el transcurso de los
plazos previstos por el artículo 260 del código ritual, sin que en su desarrollo se realice acto alguno de
impulso procesal con independencia de las razones o circunstancias extraprocesales o de fondo que
motivaron la ausencia de tal impulso. De tal suerte que, el único medio adecuado para demostrar la
falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que implica la inactividad de la
parte, consiste, precisamente, en la realización de los actos procesales útiles y adecuados al estado de la
causa, a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento. Prima así el interés público
comprometido en el desenvolvimiento procesal correcto, el que debe hallarse en continua actividad
hacia su fin último, que es el dictado de la correspondiente sentencia (cfr.: Morello, Augusto M.; Sosa
Gualberto L.; Berinzonce Roberto O.; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, To. IV A, pág.106, Librería Ed.
Platense-Abeledo-Perrot).
4. Que en el decisorio recurrido se ha dado como fundamento de su dictado que entre la fecha de la
actuación que da cuenta fojas 47 (21 de septiembre de 2005) hasta la del acuse de fojas 80 (26 de mayo
de 2006) transcurrió el plazo previsto en el artículo 260, inciso 1, del CCAyT, descontado el lapso de
las ferias judiciales habidas en su intermedio, estimando que las actuaciones relacionadas con el
cumplimiento de la medida cautelar, así como las de fojas 62 y 63 no tienen aptitud de instar el
proceso.
No obstante, en medio del lapso considerado se encuentran agregadas las constancias que surgen de
fojas 64/78 vta., mediante presentación efectuada el 10 de marzo de 2006, cuya agregación fue
ordenada y se dispuso hacer saber su contenido por despacho del día 13 del mismo mes y año, obrante
a fojas 79. Con ellas se pone en conocimiento del tribunal la información producida por la autoridad
interviniente con relación a la actora y su grupo familiar.
De las mismas resulta, por una parte, que a fojas 72 se informa sobre el cumplimiento dado a la medida
cautelar decretada en autos. Pero, por otra, a fojas 76 que la actora ha sido incluida como beneficiaria
en el Programa Vale Ciudad.
Es claro que el objeto de la demanda persigue dos objetos: a) Continuar percibiendo el subsidio
habitacional y b) Obtener la incorporación en el sistema del denominado "Vale Ciudad". Asimismo,
hasta tanto se decidiera el fondo, solicitó el dictado de una medida cautelar a la que se hizo lugar a fojas
34/36.
También que, a fojas 72, cuando se informa sobre el cumplimiento de la última, expresamente se hace
referencia al reingreso al programa del Decreto 895/02.Por su parte, a fojas 76, se comunica la
inclusión como beneficiaria al Programa Vale Ciudad a partir de enero de 2006, mediante Informe Nº
90-DGPALIM-05 del 13 de enero de 2006, lo cual se vincula con el referido segundo objeto del
proceso y aparece como notoriamente independiente de la medida cautelar decretada.
Esta última cuestión, por lo tanto, guarda directa vinculación con una de las perseguidas con el trámite
del proceso y ha sido la demandada quien la incorpora al mismo como novedad, a la par que el tribunal
dispone no solo su agregación sino que además lo hace saber a las partes.
Tanto la comunicación, como el hecho de ser incorporadas a la causa y hacerlas conocer a las partes,
constituyen actuaciones a las que cabe asignar efecto interruptivo de la perención. En consecuencia que
no ha mediado el transcurso del plazo necesario para su declaración.
Si bien, en lo pertinente, lo actuado registra su origen en sede extrajudicial, se incorporó y proyectó sus
efectos en el trámite de la instancia judicial.
Aún cuando se tratara de una mera actuación extrajudicial, al respecto se tiene establecido que: "Se ha
considerado que interrumpen la perención las diligencias cumplidas fuera del expediente, pero que
activan el procedimiento (.) El abandono de la instancia (.) no puede presumirse cuando existen actos
de las partes, aun de carácter extrajudicial, que guardan relación directa con la litis y que tienden a la
conservación, modificación o solución del vínculo procesal" (LOUTAYF RANEA Roberto G.,
OVEJERO LÓPEZ Julio C.: Caducidad de la instancia, pág. 448, Ed. Astrea, ler reimpresión).
Es evidente que lo comunicado en cuanto a la variación de la situación de revista de la actora y su
grupo familiar en orden a la petición administrativa que en su momento efectuara, registra vínculo
directo con parte de lo peticionado en este proceso y puede importar consecuencias en la modificación
o solución de la contienda procesal.Cabe referir a la conducta de la demandada, no solo la antecedente
puesta de manifiesto por el Ministerio Público, sino la relacionada con la sustanciación del recurso de
apelación, ocasión en la que quiere sostener que ".nada hace pensar que la inclusión (de la actora en el
Programa Vale Ciudad) no se efectuara en cumplimiento de la medida cautelar.", circunstancia que en
modo alguno resulta de lo informado a fojas 76.
Sin perjuicio de todo lo expuesto anteriormente, no se puede soslayar en el caso la situación implicada
de una necesida d básica de habitación en que se encuentra la actora con su grupo familiar, lo que
obliga a privilegiar los aspectos sustanciales por sobre las contingencias formales del proceso.
Lo sustentado en el sub lite, conforme las circunstancias concurrentes, es lo que más condice con el
criterio restrictivo con el que se debe analizar y aplicar el instituto de la caducidad de la instancia,
conforme lo tiene establecido reiterada doctrina y jurisprudencia. Asimismo, se trata de evitar un
dispendio jurisdiccional que prolongue innecesariamente la necesidad de la actora o el conflicto.
5. En materia de costas, cabe hacer excepción del principio objetivo de la derrota, dado que por las
particularidades de las circunstancias concurrentes en el caso, la demandada pudo considerarse con
válidos motivos para efectuar su petición, por lo que de conformidad con lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 62 del CCAyT, se imponen en el orden causado.
Por todo ello, oída la Señora Asesora General Ajunta, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso
de apelación deducido por el Señor Asesor Tutelar y revocar la sentencia de fojas 95 y vta. en cuanto
ha sido materia de agravio. Con costas por su orden. El Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente
por encontrarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese, en el caso correspondiente en su despacho y
devuélvase.

D Sanchez de Sepola :

esta doctrina es importante ya q trata de actos extrajudiciales

D Sanchez de Sepola :

que implican interrupcion de la caducidad

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

bien estoy tratando de leerla y preguntarte a la vez una duda

D Sanchez de Sepola :

si, con gusto, lee tranquilo

D Sanchez de Sepola :

yo sigo buscando

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

antes te pregunto: XXXXX XXXXX diligencie los oficios 40 dias despues de haberlos retirado, el retiro de oficios interrumpe los plazos, creo que esa es la clave ya que lei que haberlos diligenciado antes del pedido de caducidad es lo que me salvaria, que no es mi caso ya que pidieron la caducidad 5 dias antes del diligenciamiento por parte mia

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

estas?

D Sanchez de Sepola :

si, perdon

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

me explique bien con lo que te dije del retiro y diligenciamiento?

D Sanchez de Sepola :

estaba en otra pagina buscando jurispridencia

D Sanchez de Sepola :

Repasemos, usted los retiro por lo que lei de la resolucion

D Sanchez de Sepola :

pero el acto de diligenciarlos efectivamente fue posterior a la denuncia o pedido de caducidad

D Sanchez de Sepola :

es asi?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

correcto, 5 dias despues del pedido de caducidad, por eso creo que me salvaria que el retiro por si dejando constancia en el expte se interruptivo

D Sanchez de Sepola :

yo entiendo que este es el unico acto que tenemos

D Sanchez de Sepola :

y debemos justificarlo como acto impulsorio o interruptivo

D Sanchez de Sepola :

te parece?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

correcto me parece perfecto

D Sanchez de Sepola :

estamos de acuerdo entonces, ahora, te pregunto algo mas

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

dale

D Sanchez de Sepola :

esa resolucion es consecuencia del simple pedido de caducidad de la contraria? O se sustancio un incidente de caducidad?

D Sanchez de Sepola :

Se te corrio traslado de la solicitud?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

fue un escrito de la contraria pidiendo la caducidad, te aclaro que ya en diciembre del año pasado cumplio con la intimacion del art. 315 del codigo y me intimo por cinco dias a que manifieste la intencion de continuar el proceso

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

pero lo llevaba tranquilo y bue..

D Sanchez de Sepola :

esta bien, o sea que tenes la reposicion y apelacion a disposicion

D Sanchez de Sepola :

y no tenes ningun argumento planteado previamente

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

creo que solo tengo la apelacion

D Sanchez de Sepola :

como para no ir en contra de nuestros propios argumentos

D Sanchez de Sepola :

si, de todas maneras es el recurso importante

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

nunca manifeste nada al respecto esto lo vi el viernes y no me notifique

D Sanchez de Sepola :

la reposicion es raro que salga favorable con una resolucion tan fundada

D Sanchez de Sepola :

perfecto

D Sanchez de Sepola :

entonces, de la doctrina que te pase

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

por eso yo creo que tenemos que apelar

D Sanchez de Sepola :

la ultima

D Sanchez de Sepola :

si, tenes que apelar, y si o si tenes que intentarlo

D Sanchez de Sepola :

ya que la caducidad ya la declaro el juez, hay que plantearlo lomejor posible

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

si no tengo opcion estoy en tus manos

D Sanchez de Sepola :

que responsabilidad!!!

D Sanchez de Sepola :

tenes modelos de apelacion?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

confio en vos

D Sanchez de Sepola :

como para tener la estructura

D Sanchez de Sepola :

gracias!

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

si tengo algunos

D Sanchez de Sepola :

muchas gracias XXXXX XXXXX confianza

D Sanchez de Sepola :

ok

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

dde nada

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

solo me faltan fundamentos para la apelación

D Sanchez de Sepola :

con respecto a la fundamentacion tecnica del recurso para su procedencia? Tenes buenos argumentos? el gravamen,etc

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

y es lo que espero de vos

D Sanchez de Sepola :

ok

D Sanchez de Sepola :

los tendras

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

gracias

D Sanchez de Sepola :

entonces te armo yo directamente los argumentos? Te parece?

D Sanchez de Sepola :

vos despues los retocas, cambias etc, es para organizarnos

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

dale,

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

que hago espero aca?

D Sanchez de Sepola :

si, para mi un gusto

D Sanchez de Sepola :

no quiero hacerte perder tiempo nada mas

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

argumentos con doctrina y jursiprudencia que los respalden, no?

D Sanchez de Sepola :

pero estoy exclusivamente con lo tuyo

D Sanchez de Sepola :

si obvio, sin jurisp o doctrina es dificil

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

ok espero entonces

D Sanchez de Sepola :

asi que la encontraremos o la inventaremos! jaja

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

jaja

D Sanchez de Sepola :

para descomprimir un poco! jaj

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

??????????????

D Sanchez de Sepola :

Lo estoy armando, o preferis que te lo vaya pasando de a partes

D Sanchez de Sepola :

a la argumentacion?

D Sanchez de Sepola :

si preferis te lo voy enviando asi lo vas viendo

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

dale pasamelo por fa

D Sanchez de Sepola :

Como es sabido, la perencion o caducidad de instancia, es un medio excepcionalisimo de extinción del proceso, no debe ser utilizado como sanción contra quien posee por motivos excepcionales, o dificultades propias de un proceso judicial, demoras en la tramitación e impulso del mismo

D Sanchez de Sepola :

Asi lo ratifico la doctrina : "Si antes de que se cumpliera el plazo de caducidad de la instancia previsto en el art. 310, inc. 2 del
Código Procesal, el actor confeccionó las cédulas de notificación del traslado de la demanda, las
presentó en secretaria, posteriormente las retiro para diligenciarlas conforme al trámite previsto por el
convenio aprobado por la ley 17099 y las dejó en la oficina Central de notificaciones correspondiente,
tales actos son idóneos para mantiene viva la instancia en tanto resultaban necesarios y adecuados al
estado de la causa para impulsar el procedimiento notificando el traslado de la demanda (CNCiv., Sala
, Mayo 22 1980, Mandrut de
Richonnier, Cornelia y Otro c. Barreneche, José M. y Otro).

D Sanchez de Sepola :

En autos

D Sanchez de Sepola :

los autos son los ultimos que estan en parentesis

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

no tenes nada de la provincia de buenos aires y el art 315 del cod procesal?

D Sanchez de Sepola :

si, si

D Sanchez de Sepola :

Este ultimo fallo

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

tenes algo de la pcia de bs as?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

bs as?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

bs as

D Sanchez de Sepola :

si, me das un ratiro, te estaba pasando la introduccion a los argumentos que vas a dar

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

me

D Sanchez de Sepola :

ja

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

ok

D Sanchez de Sepola :

















La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, determinó que la intimación previa para declarar la caducidad de instancia, establecida en el art. 315 del CPCC., es compatible con el régimen de la ley 24.522 de concursos y quiebras.


27-feb-2008 | Fallos | Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires | MJ-JU-M-20757-AR | MJJ20757 | MJJ20757


JACUSTOMER-3shx3a6g- :

si me voy de aca como hago pra verlo despues?

D Sanchez de Sepola :

volves a ingresar

D Sanchez de Sepola :

esta a tu disposicion la pregunta cuando lo desees

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

no te espero a ver si tenbes algo de la pcia de bs as

D Sanchez de Sepola :

La Corte de Buenos Aires no te sirve?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

de la suprema corte de la pcia de bs as me sirve, de la corte nacional no

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

por eso te digo art.315 del cod proc de pcia bs as

D Sanchez de Sepola :

El que te pase recien dice provincia de bs as

D Sanchez de Sepola :

y justamente habla del 315

D Sanchez de Sepola :

lo viste?

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

lo vi

D Sanchez de Sepola :

perfecto

D Sanchez de Sepola :

eso queria saber

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

pero puntualmente necesito algo del retiro de oficios

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

si no hay bueno

D Sanchez de Sepola :

si, entiendo.

D Sanchez de Sepola :

por eso te digo, si queres me dejas que yo sigo y vos lo miras dentro de unratop

D Sanchez de Sepola :

es un recurso y hay que encontrar justo el o los fallos que se adapten o adecuen al caso tuyo

D Sanchez de Sepola :

no tengo problemas de buscar hasta el infinito y mas alla,

D Sanchez de Sepola :

pero demora un poco!

JACUSTOMER-3shx3a6g- :

ok te veo luego, gracias XXXXX XXXXX

D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 594
Experiencia: Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
D Sanchez de Sepola y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

Se ha considerado interruptivo el libramiento de un oficio tendiente a incorporar prueba al proceso, del mismo modo que el desglose de un documento para ser agregado a un oficio ... Tiene el mismo efecto la providencia que ordena agregar un informe." (Enrique Falcón, Caducidad o perencion de Instancia- Ed Rubinzal Culzoni, pag 180, 3ra edicion Buenos Aires) Conforme Jurisprudencia: CNCiv SALA F 23.7.76 LL, Man Jur N° 1353- CNPAZ sala IV, 20.7.67 LL 128-961sum. 15918 SCJBA 27.12.74, A.y S. 1974-III-1118 CNCom SalaB 29.12.56, LL 79-8 CSJN 7.3.62. Fallos: 252:99; CNCiv Sala E, 2.2.83. DBDERPROC I,132; Te adjunto dos hojas escaneadas, que pueden doctrinaria mente sustentar que el retiro del oficio FUE UN ACTO UTIL A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO Te diría que te bases en ese argumento, el de la utilidad y la relación directa con la instancia que se esta tramitando

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

No puedo enviarte los dos documentos, te envío acá el otro

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.

A este respecto se ha planteado la cuestión de si los actos extrajudiciales o extraprocesales de los litigantes deben ser o no conceptuados como interruptivos. Existe discrepancia en la doctrina y jurisprudencia. Alsina ("Tratado.", t. 2, págs. 697 y ss.; y nota 76), cita a Jofré, quien opina que interrumpen la caducidad de la instancia los actos extrajudiciales de las partes que tengan relación con la litis; por ej. pagos parciales, tentativas de arreglos, etc. La Cámara Comercial de la Capital ratificó la opinión de Jofré y ello motivó una nota del Dr. Alberto G. Spota (J.A. 1955-III, pág.4) que denomina "interrupción de la caducidad de la instancia", en la cual, dice que sólo valen como actos interruptivos, los actos procesales, tanto de las partes como el órgano estatal. Basa su opinión en el fundamento real de la caducidad que no es otro que tender a satisfacer exigencias de interés público para que los litigios no se eternicen (Conf. Rillo Canale, "Enciclopedia Jurídica Omeba", en voz "Interrupción de la caducidad de la instancia", t. XVI, pág. 604; Con. Loutayf Ranea, y Ovejero López, J., "Caducidad de la Instancia", Bs. As, Ed. Astrea, 1986, pág. 99, conf. CNCiv., Sala J, 9-5-89; L.L. 1991-A.193 con nota desde Adolfo A. Rivas). En síntesis, si bien estos actos extrajudiciales puede tener relación con la litis no lo tienen con el proceso e incumplida la carga de presentar actos útiles a su normal desarrollo y finalización, no queda otro camino al tribunal que declarar perimida la instancia transcurrido, que sea, el lapso legal perimido Debe ser un acto útil para impulsar el proceso El acto jurídico procesal para ser interruptivo debe tener por efecto el de impulsar el proceso. Debe ser una "actuación útil". El impulso procesal consiste en el poder de los sujetos procesales para poner en movimiento y mantener en actividad el proceso, comprendiendo tanto el impulso inicial como el subsiguiente (Díaz, Clemente A., "Instituciones de Derecho procesal. Parte general", T. I, pags. 358-359; conf. Loutayf Ranea, y Ovejero López, J., "Caducidad de la instancia", Bs. As., Ed. Astrea, 1986, pág. 87). Impulsar el proceso quiere decir la realización de un acto procesal que importe instar, impulsar, progresar o remontar el proceso, es decir útil objetivamente hablando y que importe ir más allá del estado procesal en que se encontraba al momento de tal articulación. No cabe intenciones ni expresiones de anhelo. Hay la carga de hacer avanzar o instar so pena de que avenga la caducidad de la instancia (Rillo Canale, op. cit., pág. 617; Podetti, "Teoría y técnica del proceso civil", pág. 76, actos interruptivos de la perención, en J.A. 1946-IV, pág. 291 y Tratado de los actos procesales, pág. 364; Couture, Eduardo, "estudios", t. 1, pág. 317, y "Fundamentos" Tercera E.D., pág. 172; Legón, Fernando en disidencia en Fallo cit. de Cámara Mercedina). Podetti (Actos interruptivos de la perención, J.A. t. 1946-IV, pág. 294) dice que el acto debe ser admisible y fundado.La admisibilidad se refiere al cumplimiento o concurrencia de los elementos de forma, tiempo y personería exigidos por la ley y para los actos procesales en general y específicamente para cada acto. Fundabilidad se refiere a la idoneid ad o eficacia del acto para el fin perseguido. Los actos procesales de los litigantes, admisibles y fundados, es decir, idóneos, son los eficaces para instar el procedimiento y, en consecuencia, para interrumpir el curso de la perención. Si el acto no es admisible por no reunir requisitos formales, no haberse producido en tiempo hábil o por el sujeto capacitado para realizarlo, no puede instar el procedimiento, cualquiera sea la voluntad presunta del ejecutor. Se ha dispuesto que un acto, para tener efecto interruptivo del curso de caducidad, debe ser idóneo y oportuno para impulsar el trámite del proceso (CNCiv., Sala F, 14-4-76, E.D. T. 69-202- nº 40). Si el acto no es fundado o idóneo para la obtención del fin propuesto, por no corresponder a la finalidad prevista por la ley, no puede tampoco producir el efecto de instar el procedimiento (Conf. CNCiv., Sala C, E.D. 17-201, fallo 8912 condicidencia del Dr. Marcelo Padilla quien sustenta la tesis subjetiva al requerir que basta con que el acto tenga por objeto instar el proceso con prescindencia del resultado o eficacia del mismo, CNCiv., Sala D, E.D. 17-222). El sujeto procesal puede tener el propósito de instar el procedimiento. Pero puede también tener en mira sólo interrumpir el curso de la perención, evitar la muerte del Proceso, prolongar su vida en procura de otros fines que la consecución de la sentencia. ¿Cómo investiga el juez? La dificultad misma del problema nos conduce a la solución de no buscar la "intención del acto", sino el "resultado", el hecho, único que como conducta permita el juicio objetivo, la posibilidad de que los demás valoren el acto en la misma forma que el juez". Dice Podetti (Actos interruptivos de la perención, J.A. t. 1946-IV, pág.294): "Pero la experiencia de nuestra vida jurídica, exteriorizada en las sentencias nos muestra que esa base no es suficiente. En efecto, comprobamos que a actos admisibles fundados, no se les atribuye efecto interruptivo. Aquí, en forma más directa encontramos la solución en la ley. El acto debe servir para que el proceso dé un paso adelante, para que lo urja o inste". "Debe pues correlacionarse el acto realizado con el estado del proceso, y su necesidad y eficacia para provocar o permitir, de inmediato, su prosecución En resumen, considero que debe llegarse por exclusión a determinar cuáles actos interrumpen el curso de la perención. En primer lugar, negando eficacia, a tal fin, al acto inadmisible o infundado, y en segundo lugar, al acto que no implica o produce un movimiento de avance del proceso en su desarrollo gradual y progresivo de acuerdo a las normas que lo instrumentan". "La ley habla de instar el procedimiento y la voluntad mal exteriorizada no la insta. El proceso es una institución técnica y no pueden tener eficacia los actos técnicamente defectuosos". La producción o diligenciamiento de las medidas probatorias requeridas en el término por las partes, tienen carácter impulsorio con miras a arribar al dictado de la correspondiente resolución (C.Paz Letrada Rosario, Sala I, Rep. L.L. XXXVI-1030). Es acto idóneo para interrumpir la perención el oficio solicitando un informe ofrecido como prueba, seguido de su posterior presentación en oficina destinataria (CNPaz, Sala V, L.L. 117-808 y E.D. 10-403).

 

 

 

Voces: CADUCIDAD DE INSTANCIA
Partes: Abuzzi, Ricardo Daniel contra Gabriel Santamaría y otros. | Despido y accidente
Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Fecha: 7-mar-2007
Cita: MJ-JU-M-45008-AR | MJJ45008
Producto: LJ,MJ
Sumario:
1.-El fundamento del instituto de la caducidad de la instancia radica en la falta de interés de los
litigantes en hacer avanzar el proceso. Y como derivación del principio dispositivo, existe la carga de
realizar la actividad procesal diligentemente, con el fin de que el trámite no se estanque y pueda
arribarse a la resolución del conflicto en un plazo “razonable” (art. 15 de la Constitución de la
Provincia). Si ello no ocurre, el proceso se pierde a partir de la declaración de caducidad de la instancia.
2.-La cualidad gravosa de la declaración de la caducidad de la instancia ha sido morigerada en las leyes
procesales al incorporarse la “intimación previa”, que debe realizarse a los contendientes para que en
cierto plazo manifiesten su interés en la prosecución del trámite efectuando actividad útil (art. 12
segundo párrafo Ley 11.653 y 315 del C.P.C.C.).
3.-En materia de caducidad de instancia dentro del proceso laboral debe emplearse un criterio
restrictivo, principio robustecido por las incorporaciones constitucionales de 1994, tanto en la Carta
nacional al conferir rango supralegal a convenciones internacionales de derechos humanos, como en
nuestra Constitución local -art. 15-, favorables todas ellas a facilitar el acceso a la justicia.
4.-Las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus
disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero principio interpretativo
el que las concilie y deje a todos con valor y efecto.
5.-Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la declaración de
caducidad de la instancia en el que se ha acreditado que la forma de resolver del a quo se ha apartado
de lo dispuesto por el art. 316 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por remisión del art. 63
de la ley 11.653), en cuanto impide al juzgador decretar de oficio la caducidad de la instancia, cuando
antes de hacerlo la parte ha perfeccionado acto impulsorio.
6.-El art. 316 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente en razón de lo que
dispone el art. 63 de la ley 11.653, prevé la posibilidad de impulsar el trámite hasta el momento de la
declaración de la perención cuando esta fuera de oficio y ello armoniza con la aplicación restrictiva que
de esta medida excepcional debe hacerse especialmente, en el proceso laboral, caracterizado como de
justicia de protección, en el que ante cuestionamientos meramente formales no cabe perjudicar
reclamos que poseen naturaleza alimentaria. N.R.: Fuente de información: http://www.scba.gov.ar/
Sumarios oficiales de JUBA
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores
Pettigiani, Kogan, Hitters, Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la
Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L.
82.006, "Abuzzi, Ricardo Daniel contra Gabriel Santamaría y otros. Despido y accidente".
A N T E C E D E N T E S
El Tribunal del Trabajo nº 2 de Avellaneda decretó la caducidad de la instancia en la causa que Ricardo
Daniel Abuzzi iniciara contra Gabriel Santamaría, Fernando Santamaría, Luz del Alba de Santamaría y
sucesión de Juan Pedro Santamaría hijo en concepto de despido y accidente de trabajo, con costas a
cargo del actor (fs. 399/400 vta.).
Este último dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 405/411).
Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema
Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen -previa intimación a las partes para que manifiesten su interés en la prosecución
de la causa- decretó la caducidad de la instancia al considerar que la presentación realizada por el actor
vencido el plazo legal resultó extemporánea (fs. 399/400 vta.).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la infracción de doctrina legal y
de los arts.11, 12 y 63 de la ley 11.653 y 17 y 18 de la Constitución nacional, al considerar que su
presentación -útil para la prosecución del proceso- fue deducida con anterioridad a que se resuelva la
perención de la instancia.
III. Considero que el recurso debe prosperar.
1. Los hechos trascendentes de este proceso -a los fines que aquí interesan- son los siguientes:
a.- El 10 de agosto de 1999 se remueve al perito médico designado en la causa (fs. 380).
b.- El 5 de octubre del mismo año, el actor solicita que se designe nuevo perito (fs. 384).
c.- El 19 de octubre, el tribunal hace lugar al pedido, designa un nuevo experto y establece el plazo en
el que deberá cumplir con su cometido (fs. 384 vta.).
d.- Luego de un intento previo, el 16 de agosto de 2000 el perito contador requiere al tribunal que se
intime a las partes a que manifiesten interés en continuar con el proceso (fs. 389).
e.- El 17 de agosto de 2000, el tribunal intima a las partes a producir actividad útil dentro del término
de cinco días bajo el apercibimiento contenido en el art. 12 de la ley 11.653 (fs. 390).
f.- La actora se notifica de este despacho el día 30 de agosto de 2000 (fs. 392 vta.).
g.- El 12 de septiembre de ese año la actora requiere al tribunal que intime al perito médico a que
efectúe la pericia (fs. 392).
h.- El tribunal frente a esta petición dispone no hacer lugar a la misma por extemporánea y pasa los
autos al acuerdo (fs. 398 vta.) para resolver -en definitiva- la caducidad de la instancia por haberse
presentado el escrito impulsorio "tres días después de haber vencido el plazo otorgado" (fs. 399/400).
2. Corresponde, para atender los agravios centrales del recurso en estudio, que me aboque al análisis de
la pieza obrante a fs.392 para así determinar su idoneidad impulsoria y establecer, luego, si la
declaración de caducidad de instancia declarada de oficio por el tribunal del trabajo ha sido correcta.
En primer lugar, entiendo que el acto procesal de que se trata -intimación al perito médico para que
realice los estudios previos y emita el dictamen- tiene en sí mismo aptitud para hacer avanzar el
proceso hacia su fin natural que es la sentencia.
En el sub lite donde se ventila una pretensión que entre sus elementos objetivos tiene un accidente de
trabajo como causa, entiendo que la prueba pericial médica es esencial y de allí deriva la necesidad de
contar con ese informe antes de la audiencia de vista de la causa.
Por eso y sin perjuicio de habérsele dado un plazo por el tribunal al momento de designarlo, frente a la
demora del perito en realizar las tareas que hacen a su específica misión, el actor que busca
-naturalmente- obtener sentencia favorable a sus intereses para lo cual debe contar con ese elemento
probatorio, no tuvo otra vía para compeler al experto que reclamar al órgano de justicia que lo intime a
producir el dictamen.
Entiendo que ello resulta un acto decididamente impulsorio.
Resta analizar lo atinente a la temporaneidad del acto en el marco del instituto de la caducidad de
instancia en el fuero del trabajo.
El fundamento de esta figura radica -sabido es- en la falta de interés de los litigantes en hacer avanzar
el proceso. Como derivación del principio dispositivo, existe la carga de realizar actividad procesal
diligentemente con el fin de que el trámite no se estanque y pueda arribarse a la resolución del conflicto
en un plazo "razonable" (art. 15 de la Constitución de la Provincia).
Si ello no ocurre, el proceso se pierde a partir de la declaración de caducidad de la instancia.La medida
es gravosa, sin embargo esta cualidad ha sido morigerada en las leyes procesales al incorporarse la
"intimación previa" que debe realizarse a los contendientes para que en cierto plazo manifiesten su
interés en la prosecución del trámite efectuando actividad útil (arts. 12 segundo párrafo ley 11.653 y
315 del Código Procesal Civil y Comercial).
Aquí, frente al reclamo de un perito que perseguía el cobro de sus honorarios -nótese que no se trató de
la contraparte-, el tribunal intimó a que se despliegue la conducta señalada. Y la misma se cumple
habiendo transcurrido "tres días" del plazo fijado, luego de lo cual se decreta la caducidad de instancia.
Entiendo que asiste razón al recurrente cuando critica esta postura.
De acuerdo con lo ya dicho, la actora cumplió con actividad impulsoria.
Ello -si bien fuera del plazo fijado, tal como se reconoce en fs. 408- tuvo lugar antes de que se
decretara oficiosamente la caducidad de la instancia (art. 316 in fine C.P.C.C., por remisión del art. 63
ley 11.653). Ni siquiera obra un acuse de caducidad anterior de la contraparte.
Esto es, el tribunal dispuso la pérdida del proceso para el actor luego de que éste diera impulso al
mismo por haberse excedido en tres días del término conferido cuando la contraria nada expresó al
respecto y sin tener en cuenta que en el marco del proceso laboral, presentada la demanda, el
procedimiento debe ser impulsado tanto por las partes como por el propio tribunal, según reza el art. 11
de la ley 11.653 -como posibilidad- y la primera parte del art. 12 de la misma -ahora como un "deber
específico" del órgano utilizando la terminología del segundo tramo de esa misma manda-, normas
violadas en el caso bajo examen.
En ese sentido, la medida que requiere la parte en su escrito de fs. 392 -claramente "conveniente para el
desarrollo del proceso", art.12 citado- debió haber sido dispuesta por el mismo órgano mucho tiempo
antes.
No sólo no lo hizo sino que, cuando es la parte interesada la que impulsa el trámite, oficiosamente
dispone la caducidad por el simple vencimiento del plazo -por tres días- causando un grave perjuicio
para la parte y malogrando un juicio ya muy avanzado, con todo el dispendio jurisdiccional que ello
importa.
Si a ello se suma la antigua doctrina de este Tribunal que sostiene que en materia de caducidad de
instancia dentro del proceso laboral debe emplearse un criterio restrictivo (conf. S.C.B.A., L. 68.922,
sent. del 7-XI-2001), principio robustecido por las incorporaciones constitucionales de 1994 tanto en la
Carta nacional al conferir rango supralegal a convenciones internacionales de derechos humanos como
en nuestra Constitución local -art. 15-, favorables todas ellas a facilitar el acceso a la justicia, considero
que la resolución en crisis viola tanto la normativa ritual citada como la referida doctrina legal (art. 279
del Código Procesal Civil y Comercial).
Por los fundamentos vertidos, voto por la afirmativa.
Costas de ambas instancias a la parte demandada (arts. 19, ley 11.653 y 289, C.P.C.C.).
La señora Jueza doctora Kogan por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor
Pettigiani, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:
1. Comparto la solución propiciada, pero he de apartarme de las razones dadas por mis colegas
preopinantes.
2. Sin perjuicio de compartir la télesis en cuanto al instituto de la caducidad de instancia a la que se
refiere el Ministro de primer voto, considero que el acto impulsorio de marras (intimación al perito para
dar cumplimiento a su labor) no es de los que constituyen un "deber específico" del tribunal del trabajo,
única situación en la que dicho cuerpo jurisdiccional se ve impedido de decretar la extinción del
proceso por dicho modo anormal (art.12, 2º párrafo, ley 11.653). En las restantes situaciones las
potestades de impulso del tribunal (art. 11, ley cit.) no implican inhibir el dictado de la caducidad, ya
que de lo contrario este último instituto debería considerarse letra muerta en el ordenamiento adjetivo
del trabajo.
Es sabido que no corresponde llevar adelante una hermenéutica que conduzca a tener por no escrita una
norma positiva, ya que no es dable presumir la imprevisión o inconsecuencia del legislador (conf.
C.S.J.N., "Fallos", 312:1614; 316:2624, entre otros). Por esto se reconoce como principio que las leyes
deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones,
destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todos con
valor y efecto (C.S.J.N., "Fallos", 310:195; 312:1614, entre otros).
3. En realidad, debe acogerse la impugnación deducida, ya que la forma de resolver del a quo se ha
apartado de lo dispuesto por el art. 316 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por remisión
del art. 63 de la ley 11.653), en cuanto impide al juzgador decretar de oficio la caducidad de la
instancia, cuando antes de hacerlo la parte ha perfeccionado acto impulsorio. El emplazamiento que
incorporó la ley 12.357 al ordenamiento adjetivo civil y que ya estaba previsto en la ley de
procedimiento laboral (art. 12), no obsta a la solución propiciada, ya que para el caso del dictado de la
caducidad ex officio, el art. 316 del Código Procesal Civil y Comercial mantuvo la posibilidad de
impulsar el trámite hasta el momento de la declaración, pese al transcurso del plazo de la intimación.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Genoud y Soria, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez
doctor Hitters, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
1.A instancias del perito contador el tribunal de origen dispuso intimar a las partes para que en el plazo
de cinco días produjeran actividad procesal útil bajo apercibimiento de decretar la caducidad de
instancia (fs. 389/390).
Luego, vencido en tres días el plazo de dicha intimación, la parte actora solicitó se intimara al perito
médico a que cumpliera su cometido (fs. 393).
El tribunal declaró extemporánea esa petición, por considerar los términos perentorios e
improrrogables, y dispuso -de oficio- el pase de los autos al acuerdo a fin de resolver acerca de la
caducidad de instancia (fs. 398 vta.), que decretó en razón del ". desinterés evidente puesto de
manifiesto por el incumplimiento de la intimación cursada por el tribunal." (fs. 399/400).
2. El recurso es fundado.
La actividad útil desarrollada por la actora tuvo aptitud saneadora, pese a su realización después de
cumplido el plazo que la caducidad de instancia señala. Ello así pues, como lo señala el doctor Hitters
en su voto, el art. 316 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente en razón de lo
que dispone el art. 63 de la ley 11.653, prevé la posibilidad de impulsar el trámite hasta el momento de
la declaración de la perención cuando ésta fuera, como en la especie, de oficio.
Sin duda, esa interpretación es la que mejor armoniza con la aplicación restrictiva que de esta medida
excepcional debe hacerse (cnfr. L. 71.627, "López", sent. del 25-X-2000), especialmente en el proceso
laboral, caracterizado como de justicia de protección, en el que ante cuestionamientos meramente
formales no cabe perjudicar reclamos que poseen naturaleza alimentaria (cnfr. L. 68.922, "Solano",
sent. del 7-XI-2001).
3. En razón de lo expuesto, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor
Hitters, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad
de ley traído, y en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la extinción del
proceso por vía de la caducidad. Con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (arts. 19, ley
11.653 y 289, C.P.C.C.). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que prosigan el trámite según su
estado.
Notifíquese.

Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
LE PASO JURISPRUDENCIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
MUCHISIMA SUERTE!!!!!!!!!!!!!!



Procesal > Modos anormales de terminación del proceso > Caducidad de la instancia > Plazo -
Interrupción
Se entiende vulnerado lo dispuesto por el art. 315, CPCC de la Provincia Buenos Aires,
cuando, habiendo sido el actor intimado -en los términos de esa norma- para que manifieste su intención de
continuar el proceso y realizar actos procesales idóneos a tal fin, éste se presenta solicitando la fijación de una
audiencia de conciliación, y el sentenciante decreta sin más la caducidad de la instancia. La petición del actor
es un acto idóneo para interrumpir la caducidad de la instancia, debido a que tiene como objetivo
autocomponer la litis y concluir el proceso, es decir, poner fin a la controversia entre las partes. No desmerece
tal idoneidad interruptiva la circunstancia de que se trate, según la terminología de la ley ritual, de un "modo
anormal de terminación del proceso", puesto que en definitiva lo que interesa a la sociedad es que las
controversias se resuelvan hétero o autocompositivamente, no pudiendo pasar desapercibido que los acuerdos
de partes suelen satisfacer mejor los intereses contrapuestos al ser la obra de los sujetos involucrados en el
conflicto.
Giménez Acosta, Isabel vs. Harnan, Andrea Carol s. Revocación de donaciones /// Suprema Corte de Justicia,
Buenos Aires; 05-04-2006; Rubinzal on line; RC J 3603/07
Procesal > Modos anormales de terminación del proceso > Caducidad de la instancia > Plazo -
Interrupción - Provincia de Buenos Aires
La caducidad de la instancia, como instituto que sanciona la inactividad de la parte a cuyo
cargo se pone el impulso del proceso, es una medida excepcional y como tal, debe ser interpretada en forma
restrictiva (conf. S.C.B.A., Ac. 34.901, 10-11-85). En función de ello, han de analizarse las actuaciones
cumplidas por la actora, considerándose susceptibles de interrumpir el curso del plazo de caducidad, aquellas
que sean idóneas para instar el procedimiento sin importar, a este fin, el resultado de la actuación o
presentación (conf. S.C.B.A., Ac. 28.990, 18-11-80). El oficio dirigido al Registro de Juicios Universales
tendiente a obtener información acerca de la posible iniciación del sucesorio del demandado, cuyo
fallecimiento se hizo saber por el Registro Nacional de Electores, posee entidad suficiente para interrumpir el
curso del término de caducidad, pues tendía a la correcta integración de la litis.
Santín Lazzarón S.A. vs. Balbiani, Esteban Aníbal s. Ejecutivo /// Cámara Primera de Apelación en lo Civil y
Comercial Sala II, San Isidro, Buenos Aires; 04-04-1991; Revista de Jurisprudencia Provincial; RC J 370/08
Procesal > Modos anormales de terminación del proceso > Caducidad de la instancia > Plazo -
Interrupción - Provincia de Buenos Aires
Cabe concluir que habiendo actividad interruptiva de la parte actora, una vez transcurrido el
plazo legal de la perención de instancia, no se requiere el consentimiento de la contraria para convalidar el
acto purgante que se concretó.
Dumrauf, Juana Teresa vs. Corino, Carlos s. Daños y perjuicios /// Cámara de Apelación en lo Civil,
Comercial y Garantías en lo Penal (denominación anterior al 25/09/2008, Resolución N° 1980/2008),
Necochea, Buenos Aires; 09-02-1993; Revista de Jurisprudencia Provincial; RC J 861/05
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Procesal > Modos anormales de terminación del proceso > Caducidad de la instancia > Procedencia
- No opera de pleno derecho - Art. 316, CPCC de la Provincia de Buenos Aires
Aunque la caducidad de la instancia puede ser declarada de oficio, no se produce de pleno
derecho (doct. art. 316, CPCC), de modo que aunque el plazo respectivo hubiera estado cumplido antes de su
declaración, el efecto interruptivo de la demanda subsiste mientras no medie aquélla.
Palmer, Miguel Horacio vs. Barragán de Rodríguez, Teresita s. Daños y perjuicios /// Suprema Corte de
Justicia, Buenos Aires; 25-09-1990; Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires; RC J 2779/09
Procesal > Procesos de conocimiento > Disposiciones generales y clases > Debido proceso - Abuso
del proceso - Provincia de Buenos Aires
No obstante acatar la doctrina legal fijada por la SCJ de la Provincia de Buenos Aires,
conforme la cual la interrupción del curso de la prescripción que produce la interposición de la demanda se
prolonga, cualquiera sea la rapidez que se imprima a su desarrollo posterior, por toda la duración del proceso;
corresponde dejar sentadas las razones que avalan la postura contraria: En el supuesto de litis no trabada
(demanda no notificada), el cómputo prescriptivo comienza a correr nuevamente a partir del vencimiento de
los plazos establecidos por el art. 310, CPCC de la Provincia de Buenos Aires, desde la última actuación útil,
período legal del que gozaba el actor para instar hábilmente y sin riesgo la prosecución de su reclamo y
durante el cual puede considerarse vivo o activo el proceso. La presentación de una demanda con el sólo
propósito de interrumpir la prescripción que se cierne sobre la acción y sin que sea continuada con los trámites
necesarios para arribar a una sentencia, comporta un ejercicio irregular de los derechos que el intérprete no
puede cohonestar, pues compromete el derecho de jurisdicción y de defensa de los demandados. Cierto es que
el desistimiento no se presume y que la caducidad de instancia no opera de pleno derecho sino merced a
declaración judicial, pero ello no autoriza a considerar "proceso" -a los fines de prorrogar la interrupción de la
demanda, de forma tal que impida volver a dar inicio al cómputo de los plazos de prescripción- lo que no se
mueve, tramita o continua y que se preserva, ya para su vida o muerte, en forma solo latente. (Del voto del Dr.
Guardiola.)
Karlen, Adolfo Eduardo vs. Piccione, Rogelio Alberto s. Daños y perjuicios /// Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial, Junín, Buenos Aires; 28-08-2008; Rubinzal on line; RC J 3861/08
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JustAnswer en los medios:

 
 
 
Sitios web de consulta médica: Si tiene una pregunta urgente puede intentar obtener una respuesta de sitios que afirman disponer de distintos especialistas listos para proporcionar respuestas rápidas... Justanswer.com.
JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

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