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DAVID_ABOGADO
DAVID_ABOGADO, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
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DAVID_ABOGADO está en línea ahora

Se puede ser candidato electivo siempre que no existe condena

Pregunta del cliente:

Se puede ser candidato electivo siempre que no existe condena penal firme?, me parece que lo resolvio la Corte en "Romero Feris", tienen esos datos, que dice?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 4 año.

DAVID_ABOGADO :

buenas noches

DAVID_ABOGADO :

buenas noches

DAVID_ABOGADO :

aguarde unos minutos mientras elaboro una respuesta a su preguntsa

DAVID_ABOGADO :

No fue asi estimado consultante.

DAVID_ABOGADO :

El STJ establecio:

DAVID_ABOGADO :

Superior Tribunal les cerró todas las puertas a los procesados, quienes podrán recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en queja, pero "mientras esperen el nuevo fallo deberán, cumplir con la condena".

Customer:

no me refiero al cumplimiento de la condena penal, sino a la aptitud para ser candidato a un cargo electivo, me parece que hasta que no haya condena penal firme, no se le puede prohibir ser candidato?

DAVID_ABOGADO :

Es cierto.. Ello se baso en el Pacto de San Jose de Costa Rica

DAVID_ABOGADO :

El estado de procesamiento de cualquier ciudadano no lo inhibe de participar como candidato en elección alguna.
En el caso de Corrientes existe como antecedente más notorio el caso del ex gobernador e intendente de la Capital provincial, Raúl Rolando Romero Feris, quien en condición de procesado pudo participar como candidato en un acto electoral. La jurisprudencia al respecto fue asentada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se inspiró para tal decisión en el Pacto de San José de Costa Rica que, con rango constitucional, preserva en el país los derechos civiles y electorales de cualquier ciudadano.

Customer:

Si me parece, pero fue resuelto en el caso "Romero Feris de la Corte", me podes dar algunos datos o párrafos de es caso.

DAVID_ABOGADO :

le envio un informe completo hecho para diputados

Customer:

Que bueno, lo espero!

DAVID_ABOGADO :

realizado por Sergio Acevedo.... es medio critico, pero le va a ser de mucha utilidad

Customer:

eso espero...

Customer:

Excelente. Gracias.

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Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 4 año.
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Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 4 año.
INFORME CASO CORRIENTES “ROMERO FERIS” (Expte.7944-D-01 Araceli M. De Ferreyra y Otros)



1. RESEÑA DE LAS ACTUACIONES:

La denuncia, presentada el día 30 de enero del corriente año, refiere que los apoderados del Frente para la Unidad -con motivo de las elecciones provinciales de Corrientes de octubre de 2001- solicitan la habilitación de la candidatura como Gobernador de Raúl R. Romero Feris y como Senadora Provincial de Lucía P. Ortega, detenidos con prisión preventiva firme, imputados de delitos en el ejercicio de la función pública.

El Juez Electoral Provincial rechazó el pedido de habilitación, fundado en el artículo 3º inc. d) del Código Electoral Provincial y por los artículos 53º y 57º de la Constitución de Corrientes, que excluyen del padrón electoral a los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad; y de los artículos 33º de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley Nacional 23.298) en función del 71º de la Ley Provincial 3767, que imposibilitan para ser candidatos a cargos públicos a los excluidos del padrón electoral como consecuencia de normas legales vigentes.

El Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes confirmó la sentencia del Juzgado Electoral declarando la inhabilidad de los mencionados para los cargos propuestos.

Los apoderados del Frente para la Unidad dedujeron recurso extraordinario federal, con fundamento en el artículo 23º de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

La Corte Suprema, declaró admisible el recurso y falló a favor de la pretensión esgrimida habilitando así las candidaturas rechazadas por los tribunales locales competentes y declarando la inconstitucionalidad de los artículos 53º y 57º de la Carta Magna Provincial y del artículo 3º, inc. d) del Código Electoral Provincial, por aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 23º de la CADH.

Como consecuencia de la invalidación dispuesta el fallo habilitó las candidaturas de Raúl Rolando Romero Feris y Lucía Plácida Ortega como candidatos a Gobernador de la Provincia de Corrientes y Senadora Provincial, respectivamente, para las elecciones efectuadas en el año 2001.


2. LA ADMISIBILIDAD:


En fecha 7 de Febrero de 2002, la Comisión de Juicio Político resolvió declarar la admisibilidad y apertura del sumario de investigación con relación al Expediente 7944-D-01, por considerar que el contenido de la denuncia formulada, así como la fundamentación de la misma y la actividad probatoria recaída en la causa, dio mérito a una evaluación de la misma sobre la base de lo actuado, estimándose que existen razones suficientes, y que pueden encuadrar en las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
En esa etapa del juicio político, para formular provisoriamente cargos sobre los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Comisión procedió con el traslado previsto en el artículo 13 del Reglamento.


3. LA ACUSACION:


La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una infiel interpretación del artículo 23º del Pacto de San José de Costa Rica declaró la inconstitucionalidad de los artículo 53º y 57º de la Constitución de la Provincia de Corrientes en cuanto impiden ser diputado o senador a los procesados con auto de prisión preventiva firme, y también del artículo 3º, inc. d) del Código Electoral Provincial en cuanto inhabilita la candidatura de los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad.

Tan original fallo, aunque dice ampararse en las sabias prescripciones del artículo 23º del Pacto de San José de Costa Rica, se inscribe en una permisiva habilitación, rechazada por el sentido común y repelida por nuestro ordenamiento, pues a extramuros del contexto jurídico-social-político se ha confundido la noción de derecho con un dilatado concepto del atributo individual, devenido así en iniquidad institucional .

La disposición que la Corte Suprema de Justicia ha hecho prevalecer sobre la Constitución Provincial y la normativa electoral provincial, el artículo 23º de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH-, lo ha sido a partir de una interpretación incompatible e intolerable con la finalidad del bien común a que aspira el pueblo, y que revela un grave apartamiento de la misión confiada a los jueces y provocan un daño al servicio de justicia.

Por otra parte, se puso de manifiesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación con esta producción tuvo que apartarse de sus propios precedentes, de la jurisprudencia que ellos mismos habían establecido en pronunciamientos anteriores, sin ningún fundamento real y consistente.

El cuestionado fallo y proceder del Alto Tribunal, a más de implicar una violación lisa y llana de la autonomía provincial y del sistema federal de gobierno que la Nación Argentina adoptó para sí, es una flagrante intromisión de la justicia hacia el interior de la propia justicia, accionar que sienta un grave precedente institucional de insospechadas proyecciones, constituyendo la preocupante posibilidad de transformarse en un medio apto para que, en lo sucesivo, cualquier delincuente pueda eludir los dictados de la jurisdicción apelando al fácil expediente de plebiscitar su supuesta inocencia.

En efecto, el resultado práctico de tan cuestionado decisorio del Supremo Tribunal es que se abre la puerta a la "posibilidad de plebiscitar la inocencia de las personas privadas de libertad en elecciones populares" (Conf. Doctor Mario Midón, ob.cit.).

En la larga y dilatada prédica de las instituciones civiles y de derechos humanos nunca nadie osó reclamar para las personas procesadas con prisión preventiva firme la facultad de ser candidatos a cargos electivos, máxime si se tiene en cuenta que el habilitado en tales condiciones para el ejercicio de tal potestad electoral tiene en su haber la imputación en cincuenta causas por delitos varios y graves contra la Administración Pública, los que habrían causado serios perjuicios económicos al Estado Provincial. En las circunstancias de tiempo en que se emitiera el fallo habilitante el imputado, hoy condenado, era objeto de juicio oral y público en una de las causas.

Como bien enseña en los claustro académicos a los jóvenes estudiantes el Doctor Mario Midón "De hecho que a la luz de tal jurisprudencia cae con ingenuidad angelical el principio de igualdad, pues para postularse a cargos electivos valen lo mismo la insospechada conducta de un aspirante que la semiplena prueba declarada por la judicatura en relación a otro; sucumbe también, en ese altar de sacrificios axiológicos, la idoneidad que cautela el acceso a la función pública, pues se uniforman desiguales aptitudes al ritmo de una licenciosa composición ubicada a la vanguardia de los desatinos judiciales".

Toda norma legal debe interpretarse de modo armónico con la totalidad del ordenamiento jurídico, y computando los principios y garantías de raigambre constitucional. Tan elemental principio no fue en modo alguno tenido en consideración por los Señores Magistrados acusados al fallar. Ello es así por cuanto han realizado una aislada consideración de un artículo de un tratado internacional con jerarquía constitucional, por imperio del artículo 75º, inc. 22), omitiendo toda consideración de otros principios también de raigambre constitucional, como el de igualdad ante la ley y los referidos a las autonomías provinciales y a la forma federal de gobierno.

La Constitución Nacional establece en su artículo 16º la idoneidad como condición para la admisibilidad en los empleos. Ella misma, establece armónicamente por imperio de sus artículos 53º, 59º, 70º y 115º, referidos al juicio político y al enjuiciamiento de diputados y senadores, que no quiere que quien se halle en ejercicio de tales cargos sea sometido a proceso penal, ello sin que se afecte el principio constitucional de presunción de inocencia. Pero del análisis armónico del plexo normativo constitucional surge nítida y claramente que el recaudo de idoneidad excluye la posibilidad de tener causas penales pendientes.

Como bien lo ha sostenido el Doctor Germán Bidart Campos "Una cosa es gozar de presunción de inocencia mientras no hay sentencia firme de condena, y otra es reputar que, aun con esa presunción favorable, quien está privado de su libertad en un proceso penal carece -temporariamente, de idoneidad para ejercer su derecho a ser elegido. No hay que confundir las dos situaciones. Y si bien esa privación de libertad no ha sido prevista en el artículo 23 del Pacto de San José como causal inhibitoria, afirmamos con mucha convicción personal que, a tenor de lo que surge de las interpretaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho interno no vulnera la norma internacional cuando razonablemente reglamenta el requisito de idoneidad para postularse a un cargo electivo" (La Ley, 07/11/01, pág. 7).

Los Ministros de la Corte Suprema han emitido un fallo a la medida de dos personas en detrimento de las instituciones locales, a partir de una aislada mención del artículo 23º de la CADH, pero con absoluta inobservancia de las demás disposiciones de la misma, tales como los artículos 28º.2 (cláusula federal), 30º (alcance de las restricciones) y 32º,2 (correlación entre deberes y derechos), de la Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana y del conjunto de principios y garantías establecidos por la Constitución de la República Argentina. Por encima del método gramatical que se aferra a las palabras de la ley en su literalidad, debe valorarse el espíritu de la ley, sus fines, el contexto armónico del orden jurídico y los principios del derecho en el grado y jerarquía en que son asumidos por el todo normativo, sobre todo si aquella inteligencia literal de la norma conduce a resultados concretos que no se armonizan con las pautas dikelógicas enunciadas, o alcanzan soluciones notoriamente disvaliosas o contradictorias con las particulares circunstancias del caso.

Finalmente queda considerar muy especialmente que, los Derechos Humanos, reconocidos no sólo en los instrumentos internacionales, sino reconocidos por la conciencia crítica de la humanidad como válidos y exigentes de cambio en la realidad y no en la mera abstracción de la norma constituyen el lugar desde dónde se juzga porque no se trata de cumplir con la ley sino concretar repartos de justicia, con ley, sin ella o en contra de ella. Se reabre nuevamente el debate entre Ley y Derecho; entre Ley y Justicia.

Si hubiera antinomia entre ambas variables, el juez ha de elegirla Justicia, o lo que es lo mismo, el Derecho en su acepción amplia. Resulta saludable traer aquí a colación las enseñanzas de COUTURE en su Cuarto Mandamiento del Abogado: "Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia". De manera tal que, con los Derechos Humanos como herramientas, el Juez debe construir la sentencia para concretar la justicia en cada caso concreto. Logrado ello, la sentencia avanza más allá del caso concreto porque interesa a toda la humanidad.

Cuando se actúa de modo contrario se atenta contra la administración y el servicio de justicia. La cláusula del Preámbulo de la Constitución que se refiere a "afianzar la justicia" es operativa y se aplican no solamente en cuanto a la función de administrar justicia, sino a la tarea de salvaguardar el valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se suscitan en la sociedad. Las soluciones notoriamente injustas, como en el caso sub-exámine, son disvaliosas y anticonstitucionales.

"Por eso lamentamos que se haya perdido la oportunidad de sentar un precedente jurisprudencial que viene reclamado por la ética política y por los valores de la democracia. El derecho internacional de los derechos humanos vigente en nuestro país con jerarquía constitucional en nada se opone sino que, a la inversa, remite la correspondiente reglamentación razonable al derecho interno" .


Los fundamentos precedentemente reseñados sustentan la acusación de MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES a los Señores Ministros de la Corte Suprema, conducta configurada por:

 Violación del orden jurídico vigente (artículos 53º y 57º de la Constitución de la Provincia de Corrientes, artículo 3º, inc. d) del Código Electoral de Corrientes, artículo 33º de la Ley Nacional 23.298 en función del artículo 71º de la Ley Provincial Nº 3.767) por desconocimiento del Sistema Federal de Gobierno impuesto por el artículo 1º de la Constitución Nacional y avasallamiento de la Autonomía Provincial consagrada por los artículos 5º, 121º, 122º y 123º de la Constitución Nacional;
 Violación del orden constitucional vigente por afectación del principio de igualdad ante la ley y del principio de idoneidad consagrados por el artículo 16º de la Constitución Nacional,
 Omisión del cumplimiento de la obligación de afianzar la justicia, conforme el Preámbulo de la Constitución Nacional;
 Dictar fallos en contra -y a sabiendas- de sus propios precedentes jurisprudenciales;
 Incumplimiento, inobservancia y apartamiento de lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos y Haberse apartado de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);
 Haber desarrollado su actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas y fundamentales que rigen el derecho procesal.



4.PRUEBA VALORADA-RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE LA COMISION:

Se ha producido prueba consistente en los instrumentos citados en la denuncia, los que no se encuentran controvertidos por los Magistrados acusados. La actividad probatoria arrojó la producción de las siguientes evidencias:

1º) Copia certificada de la Sentencia del 31 de agosto de 2001 del Juzgado Electoral de la Provincia de Corrientes, en autos: “Alianza Frente para la Unidad s/ Oficialización Listas de Candidatos”;
2º) Copia certificada de la Sentencia del 05 de septiembre de 2001 del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en autos: “Alianza Frente para la Unidad s/ Oficialización Listas de Candidatos”;
3º) Copia certificada de la Resolución del 07 de febrero de 2002 de la Procuración General de la Nación, S.C. A.671, L. XXXVII;
4º) Copia certificada de la Acordada 671. XXXVII del 27 de septiembre de 2001 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: “Alianza Frente para la Unidad s/ Oficialización Listas de Candidatos;
5º) Copia de la Opinión Consultiva Nº 6 del 9 de mayo de 1986, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el alcance de la expresión “leyes” en el artículo 30 de la mencionada Convención, sobre una solicitud del Gobierno de la República Oriental del Uruguay;
6º) Fallo emitido el 6 de octubre de 1994 en autos “Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe v. Provincia de Santa Fe (P.196 XXIX. – Originario: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia de s/acción declarativa – CSJN, Fallos: 317:195”;
7º) Copia certificada del dictamen del Fiscal Electoral en los autos caratulados “Alianza: Frente Unidos por Corrientes (Elecciones Provinciales Gobernador y Vice Gobernador, Diputados y Senadores Provinciales) sobre oficialización listas de candidatos”, Expediente Nº1202 de fecha 31 de agosto de 2001;
8º) Copia certificada del Recurso de Apelación deducido por el apoderado del Partido Nuevo y Frente para la Unidad en los autos “Alianza: Frente Para la Unidad (Elecciones Provinciales Gobernador y Vice Gobernador, Diputados y Senadores Provinciales) sobre oficialización listas de candidatos”. Expediente Nº 1202/01;
9º) Copia certificada fallo Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dictado en autos “Alianza: Frente Para la Unidad (Elecciones Provinciales Gobernador y Vice Gobernador, Diputados y Senadores Provinciales) sobre oficialización listas de candidatos”;
10º) Copia certificada del escrito por el cual se interpone Recurso Federal Extraordinario por parte del apoderado del Frente Para la Unidad en los autos “Alianza: Frente Para la Unidad (Elecciones Provinciales Gobernador y Vice Gobernador, Diputados y Senadores Provinciales) sobre oficialización listas de candidatos”. Expediente Nº 1/01;
11º) Copia certificada del dictamen de la Procuración General de la Nación de fecha 20 de septiembre de 2001.

Se hace expresa reserva de la posibilidad de aportar nuevas pruebas que se sustanciarán en la etapa oportuna por ante el HONORABLE SENADO DE LA NACION.


1. DESCARGO EFECTUADO POR EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUSTAVO BOSSERT:


En su descargo sostuvo que su decisión se fundó en los claros términos del artículo 23º, inc.b de la Convención por cuanto la expresión “condena por juez competente en proceso penal” no genera dificultades en cuanto a su interpretación ya que ella no alcanza a los “procesados”. Adujo que lo resuelto en la Opinión Consultiva no tiene relación con las cuestiones discutidas en el fallo. Afirma que la Corte es intérprete supremo de la Constitución Nacional y debe declarar la invalidez de las regulaciones locales cuando ellas violen los derechos humanos fundamentales reconocidos en la parte dogmática de la Constitución. Sostiene que en cuanto a la legitimación para interponer recurso extraordinario la solución coincide con la empleada en el caso “Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe” donde si bien rechazó los planteos de la actora, reconoció legitimación al citado partido para impugnar la validez de la norma respectiva de la Constitución Provincial. Sostiene que no existe contradicción entre el caso “Alianza Frente para la Unidad” y “Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe”, porque en el primer caso se trata de una inhabilidad general y en el segundo de un cargo en particular.-


6. CARGOS FORMULADOS AL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUSTAVO BOSSERT:

Pese al descargo, deberá imputársele MAL DESEMPEÑO en los términos de los artículos 53º y 110º de la Constitución Nacional.

El artículo 53º de la Carta Magna Nacional reserva para la Cámara de Diputados de la Nación la exclusividad de acusar ante el Senado a los Miembros de la Corte Suprema de Justicia por la causal de mal desempeño o por la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones o de delitos comunes, con la mayoría calificada que ella ha determinado. Los Jueces durarán en su cargo mientras dure su buena conducta, dispone el artículo 110º del referido texto constitucional, la que cesa al materializarse los supuestos del artículo 53º, entre ellos, el mal desempeño en el ejercicio del cargo.

Conforme las constancias obrantes en el expediente y los fundamentos esgrimidos en la acusación y en el presente dictamen, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dejado de mantener buena conducta en los términos del artículo 110 de la Constitución Nacional.

La delicada misión confiada a los jueces de resguardar la Constitución Nacional ha sido grosera y ostensiblemente quebrantada por el pronunciamiento cuestionado, y dicho quebrantamiento se proyecta hacia la sociedad entera en su conjunto, al punto tal que hace rato ya que el Pueblo cuestiona su actuación.

El mal desempeño, al decir de Ramella en cita a González Calderón, “atañe al mal funcionario, al que no se coloca dentro de los cuadros de la Constitución, al que no desempeña la función de acuerdo al espíritu y la letra de la Constitución”.

La propia Corte se pronunció en ese sentido “Los actos que pueden constituir mal desempeño como causal de remoción de los jueces son aquellos que perjudiquen al servicio público, deshonren al país o a la investidura pública, o impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución. Es decir, no cualquier acto o conjunto de actos, sino los que, por su naturaleza, produzcan manifiestamente graves e irreparables daños a los valores que la Constitución busca salvaguardar cuando atribuye y distribuye las competencias de los funcionarios públicos”, (CS, 17/05/1983, F., E.L., Fallos 305-656). “Para separar a un magistrado de su función, basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen; "mal desempeño" o "mala conducta"; no requieren la comisión de un delito, siendo suficiente con que el imputado sea un mal juez”, (CS, 1993/12/09, Nicosia, Alberto O., ED, 158-245.).

Al respecto expresa Linares Quintana que “el mal desempeño en esencia comporta el ejercicio de la función pública de manera contraria al interés y beneficio público, al margen de la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio” .

Bidart Campos entiende que el mal desempeño, como causal de responsabilidad que permite la acusación en juicio político, “tiene latitud y flexibilidad amplias”; recientemente el mismo autor ha expresado que “el mal desempeño no es susceptible de ninguna reglamentación infraconstitucional, porque normas ajenas a la Constitución no pueden delinear la figura ni fijarle supuestos configurativos” .

En igual sentido Néstor Sagüés considera que “se trata de un concepto elástico, equivalente a un tipo penal abierto, que comprende actos dolosos o culposos... que evidencien incapacidad para ejercer cargo, puede aludir a impericia técnica o a falta de cualidades éticas para ocupar la magistratura en cuestión”.

Tales consideraciones emitidas por la doctrina más autorizada del país nos permiten sostener que en la presente causa la conducta del Doctor Bossert configura la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, por tener clara responsabilidad en la emisión de fallos y comisión de actos atentatorios contra principios y garantías constitucionales, habiendo actuado al margen de la razón, sin prudencia, con impericia profesional y dejando de lado las demandas éticas que por su cargo debía ejercer y defender.

Tal proceder lo hace pasible de destitución por el presente proceso de juicio político, entendido como el “proceso de juzgamiento mediante el cual los órganos políticos establecen la responsabilidad política de altos funcionarios del Estado” .

En consecuencia, corresponde reprocharlo por la causal de MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, por los argumentos y conclusiones expuestos en este dictamen.



6.1. MAL DESEMPEÑO POR VIOLACION DEL ORDEN JURIDICO VIGENTE, DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA FEDERAL DE GOBIERNO Y AVASALLAMIENTO DE LA AUTONOMIA PROVINCIAL



A) El Sistema Federal y las Provincias:


La Nación Argentina ha adoptado para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la Carta Magna (artículo 1º), reservando a cada provincia la potestad de dictar para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria (artículo 5º).

El sistema federal por tanto se justifica porque está en el origen de nuestra sociedad el reconocimiento de la preexistencia de los estados provinciales, con sus realidades, sus costumbres, su idiosincrasia, y teniendo como consecuencia más importante en la república federal que las provincias son autónomas y autocéfalas; autónomas porque se dan sus propias leyes –Constituciones locales y legislación inferior– y autocéfalas porque eligen a sus autoridades sin intervención del gobierno central conservando todo el poder no delegado expresamente a través de la Constitución al gobierno nacional.

Igualmente cabe hacer notar que el respeto al sistema federal y el reconocimiento de las potestades que cada uno de los estados provinciales posee se encuentra expresamente previsto en la CADH cuando establece en la cláusula federal que "...Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención...” (artículo 28º.2 de la CADH).

En materia electoral el Sistema Federal establece un ejercicio efectivo de autonomía, el que surge de manifiesto en la variada gama de posibilidades y opciones técnicas que ofrece el derecho electoral provincial.

El Profesor Daniel Sabsay, al criticar un Fallo de la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que al establecerse instancias revisoras de carácter federal para encargarse de examinar las normas electorales y reformas llevadas a cabo en sede provincial se sientan precedentes peligrosos para la buena salud de las autonomías provinciales.-

"El constituyente de 1860 jamás hubiera pensado que pese a haber derogado la necesidad del consentimiento del Congreso de la Nación para la puesta en vigor de las constituciones provinciales, ello no impediría que en el futuro la Corte Suprema pudiese arrogarse la potestad de revisar con facultades de veto, las decisiones provinciales de contenido electoral... En situaciones de esta índole, en las cuales se pone en tela de juicio la legitimidad de los procedimientos utilizados en la esfera provincial a efectos de resolver una eventual afectación de derechos individuales, creemos que debe primar el reconocimiento del carácter soberano de las decisiones tomadas en el ámbito provincial. Al respecto consideramos primordial respetar en su sentido más profundo la autonomía de las provincias; sobre todo en casos como el presente, respecto de los cuales -como ya ha quedado dicho- el constituyente le veda de manera expresa toda intervención al poder nacional" .


B) De las Provincias:


Es así que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "Las provincias no son divisiones administrativas de la Nación, ellas gozan de autonomía, pueden darse sus propias instituciones y regirse por ellas y legislar sobre sus bienes públicos” (CSJN, Fallos 240:311).

Las disposiciones de los artículos 1º y 5º de la Carta Fundamental se refuerzan con otras más como lo son los artículos 121º, 122º y 123º en cuanto reafirman la conservación por parte de las provincias de todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal y la potestad soberana de darse sus propias instituciones locales y regirse por ellas, dictarse sus propias constituciones, reglarse su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Y es en este sentido que se ha interpretado que:

“La constitución de una provincia es el código que condensa, ordena y da fuerza imperativa a todo el derecho natural que la comunidad social posee para gobernarse, a toda la suma originaria de soberanía inherente, no cedida para los propósitos más amplios y extensos de fundar la Nación”. “Dentro del molde jurídico de códigos de derechos y poderes de la constitución de una provincia, cabe la más grande variedad, toda la que pueda nacer de la diversidad de caracteres físicos, sociales e históricos de cada región o provincia o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivas” (CSJN, Fallos 317:1195 – P. 196, XXIX).

La Constitución de la Provincia de Corrientes al vedar por conducto de los artículos 53º y 57º, la posibilidad de acceder a la representación política electiva -diputados y senadores provinciales- a determinadas personas, no solo ha ejercitado las facultades que le son propias y exclusivas dentro de la esfera de reserva local, sino que dicha facultad ha sido adecuadamente ejercida, disponiendo restricciones razonables a las condiciones de elegibilidad de sus representantes.

El artículo 53º (al que se remite el artículo 57º), preceptúa "No pueden ser Diputados los procesados, con auto de prisión preventiva firme; los que hayan sido condenados a pena de reclusión o prisión; los quebrados o concursados civilmente no rehabilitados y los afectados de enfermedad física o mental que los imposibilite para cumplir con el mandato. Cualquier diputado o habitante de la Provincia puede denunciar ante la Cámara de Diputados el mal desempeño, inconducta o delito cometido, a efectos de que se trate la acusación, trámite que será admitido con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros".

En tal norma se expresa el justo y necesario criterio de moralizar el acceso a la representación política electiva, buscando dotar de legitimación no solo popular por vía del sufragio universal, sino también en cuanto a sus dimensiones morales, éticas y con criterios de idoneidad.


C) Autonomía Provincial:


La forma en que cada Estado Federal regule sus instituciones debe ser respetada, porque lo contrario significaría que por arte de interpretaciones artificiosas, el principio de supremacía constitucional destruiría el sistema federal (Voto del Doctor Carlos S. Fayt, en el caso "Reutemann").

La forma federal de gobierno (artículo 1º de la Constitución Nacional) y el consecuente reconocimiento de la autonomía institucional de las provincias que el gobierno federal garante (artículo 5º) no pueden considerarse derogadas por la incorporación a la Constitución de 1994 de los tratados internacionales mencionados en el artículo 75 inc. 22 (Voto del Doctor Carlos S. Fayt, en el caso "Reutemann").

El Supremo Tribunal, pese la normativa constitucional que atribuye a las Provincias la facultad de darse sus propias instituciones locales y regirse por ellas, pese a la prohibición de que eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención de Gobierno Federal; pese a las claras opiniones emanadas de la propia C.S.J.N., uno de los Poderes del Gobierno Federal, el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema, intervino y modificó el orden público de la Provincia de Corrientes, resintiendo con ello el sistema federal adoptado por la Nación Argentina.

No sólo el bien común considerado en el aspecto nacional, sino también el bien común que el Pueblo de aquella Provincia pretendió darse para sí, ambos fueron vulnerados mediante la sacralización del derecho a ser elegido de una persona privada de libertad por graves delitos contra el bien común de ese estado provincial.

Desconoció también cuál era el sentir del pueblo correntino, expresado a través de sus instituciones y plasmado en la legislación local aplicada por los jueces provinciales en la causa, al declarar la inconstitucionalidad de la legislación electoral y de la Constitución de la Provincia contravinieron la voluntad provincial que impide que sea electo quien se encuentra procesado y detenido, con más razón tratándose de delitos cometidos contra la administración publica y en el ejercicio de la función pública.

La misma Corte Suprema en numerosos fallos manifestó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, que por tratarse de un acto de suma gravedad institucional debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico, requiriendo no sólo la aserción de existir un agravio sino una comprobación en el caso concreto . Con más razón entendemos que debe tenerse en cuenta ello si la declaración de inconstitucionalidad se refiere a una Constitución provincial, tan es así que el mismo tribunal ha entendido que “reviste carácter federal y trascendencia institucional la pretensión de limitar por vía judicial los poderes de una Provincia para crear sus instituciones y designar sus funcionarios, según lo establecen los artículos 5° y 105º de la Constitución Nacional” .



6.2. MAL DESEMPEÑO POR VIOLACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL VIGENTE POR AFECTACION DEL PRINCIPIO DE IDONEIDAD Y DE IGUALDAD ANTE LA LEY (artículo 16º de la Constitución Nacional)


La Constitución Nacional en su artículo 16 establece la idoneidad como condición para la admisibilidad en los empleos. Si el concepto de igualdad implica diferenciar a los diferentes, ello significa que es constitucional realizar clasificaciones o categorizaciones por parte de la Ley, para atender en forma diferente a cada miembro de cada clase, siempre que no se incurra en diferenciaciones arbitrarias, es decir carentes de fundamento suficiente. No sólo deben ser iguales las Leyes, sino también los fallos judiciales, cuando las situaciones sean semejantes (caso Goeschy, F. 224:413).

Por ello tomamos como referencia las palabras del Doctor Quiroga Lavié: "Es perfectamente constitucional que la ley reglamente las condiciones y calidades que deben reunir los empleados para desempeñarse en funciones públicas; no se está haciendo otra cosa que reglamentar la idoneidad exigida en esa norma".

En el caso concreto los Tribunales locales competentes, no hicieron otra cosa que aplicar la ley provincial, que había sido dictada en el ejercicio de atribuciones que le son propias a las Provincias como entes autónomos dentro del Sistema republicano y federal de gobierno.

El fin y propósito previsto por la ley local y por la propia Constitución Provincial, no era otro que reglamentar el acceso a la función pública, potestad ésta que se condice y emana expresamente del propio texto constitucional nacional (artículos 5º, 121º, 122º de la Carta magna fundamental).

Específicamente, fue la voluntad soberana del Constituyente Correntino esbozar en una norma, los impedimentos y prohibiciones, con el fin de restringir o limitar el libre acceso a la función pública de personas, privadas de su libertad, por transgresiones a las normas tipificadas en el Código Penal de la República. Reiteramos, dichas prohibiciones no emanan de una voluntad arbitraria, irracional, y antojadiza en contra de lo que pregonan las leyes, sino que lo hicieron expresamente, legitimados en el mandato conferido por el Pueblo Correntino, y en el goce y uso de potestades privativas del gobierno local, para hacer prevalecer el bienestar general por sobre el interés individual.

En el resonado caso "Reutemann", se expidió la Corte diciendo: "los derechos de cada persona están limitadas por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática" (artículo 32, inc. 2º, de la Convención Americana de Derechos Humanos), y no es dudoso que la restricción impugnada resulta compatible con ese tipo de organización política y, por ende, con el artículo 23 de dicha Convención".

Que el mencionado principio resulta adecuadamente preservado puesto que la limitación que se trata ha sido establecida, precisamente, por los representantes del pueblo de Santa Fe, al sancionar su Constitución. Que en las condiciones expresadas, el régimen vigente en el orden provincial representa un razonable ejercicio del poder constituyente local que no es incompatible con los principios de la Constitución Nacional que deben ser preservados, de manera de que por no verificarse de modo alguno afectación de la supremacía de las normas federales implicadas, la acción de inconstitucionalidad que se promueve debe ser desestimada (F. 317:1207).

Que, del análisis armónico del plexo normativo constitucional surge nítida y claramente que el recaudo de idoneidad excluye la posibilidad de tener causas penales pendientes.

Como bien lo ha sostenido el Doctor Germán Bidart Campos "Una cosa es gozar de presunción de inocencia mientras no hay sentencia firme de condena, y otra es reputar que, aun con esa presunción favorable, quien está privado de su libertad en un proceso penal carece -temporariamente, de idoneidad para ejercer su derecho a ser elegido. No hay que confundir las dos situaciones. Y si bien esa privación de libertad no ha sido prevista en el artículo 23 del Pacto de San José como causal inhibitoria, afirmamos con mucha convicción personal que, a tenor de lo que surge de las interpretaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho interno no vulnera la norma internacional cuando razonablemente reglamenta el requisito de idoneidad para postularse a un cargo electivo" (La Ley, 07/11/01, pág. 7).

El Pacto de San José de Costa Rica ubicado en su adecuado contexto persigue evitar la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (artículo 1º del pacto de San José de Costa Rica).

El principio constitucional de igualdad ante la ley es exigible en igualdad de circunstancias, pero su aplicación entre desiguales no haría más que efectivizar la injusticia conmutativa. De modo tal que si una ley, o su interpretación, establece repartos desiguales, ello es razonablemente constitucional, siempre que no se introduzcan elementos de discriminación.

No es discriminatorio establecer diferencias por razones de conciencia, o incluso por razón de las costumbres imperantes en cada Estado. Tampoco lo es que el régimen político local imponga condiciones de elegibilidad diferentes a las del gobierno central siempre que no se afecte "la igualdad en las condiciones generales de igualdad de trato", (artículo 23º 1. de la CADH), pero no en las condiciones especiales de igualdad.

En tal sentido la Corte, en el caso "Reutemann", desestimó su pretensión de que se declarase la inconstitucionalidad del artículo 64º de la Constitución de la Provincia de Santa Fe -que prohibía la reelección- invocando el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad de trato, a las funciones públicas de conformidad al artículo 23º 1. c) del pacto San José de Costa Rica.

Al sentenciar en la causa "Corrientes" (Romero Feris) la Corte, no sólo se apartó de sus propios precedentes y realiza un giro copernicano, sino que, lo que es más grave, abdica del principio de igualdad ante la ley y de la idoneidad, violando las potestades de la Provincia y su autonomía institucional, cayendo en un igualitarismo formalista en aras de favorecer a dos personas con causas pendientes ante la justicia provincial, lo que no se compadece con el plexo normativo que conforma nuestro ordenamiento jurídico y constitucional vigente.

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el principio de igualdad implica la equiparación de los ciudadanos aspirantes que tienen insospechadas conductas con aquellos que tienen semiplena prueba declarada por la judicatura. Ese peligroso uniformamiento de desigualdades que el constituyente local percibió, conduce a absurdos resultados que confrontan y contradicen la realidad existente más allá del edificio donde cumplen sus funciones los Señores Jueces.

Las directrices de tan cuestionado fallo, pueden conducir de aquí en más a que: 1º) "un candidato a Presidente que pretenda su re reelección podrá alegar la incompatibilidad de esa norma con el artículo 23º del Pacto San José de Costa Rica, pues la limitación del artículo 90 de nuestra Ley Mayor, no responde a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente"; pues la restricción no se compadece con el precepto, 2º) "los ministros del Ejecutivo, el Jefe de Gabinete hasta los demás secretarios de Estado, podrán recurrir a la justicia tachando de inconstitucional la prohibición del artículo 105 que les impide ser integrantes del Congreso sin hacer dimisión de sus empleos" (Cfr. Doctor Mario Midón, ob. cit.).

No se buscó amparar los derechos humanos de dos personas, ni velar por la aplicación del artículo 31º de la Constitución Nacional o la vigencia efectiva e irrestricta de los tratados internacionales constitucionalizados, sino que se amontonaron conceptos y se elaboraron construcciones jurídicas abstractas y dogmáticas, pero lo más preocupante es la inquietante posibilidad de multiplicar el absurdo en detrimento de la Constitución Nacional, las autonomías provinciales y los derechos individuales.



6.3. MAL DESEMPEÑO POR OMISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONSTITUCIONAL DE AFIANZAR LA JUSTICIA, CONSOLIDAR LA PAZ INTERIOR Y PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL


Esa aspiración social están expresadas en las cláusulas constitucionales contenidas en el Preámbulo: “Afianzar la Justicia”, “Consolidar la paz interior”, “Promover el bienestar general”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como intérprete último de la Constitución Nacional, tiene el deber de resguardar todos y cada uno de los derechos y garantías que la Carta Magna protege. Ella misma ha manifestado que sus pronunciamientos requieren de “la más elemental sensibilidad jurídico-política, de la que no es dado prescindir cuando el análisis recae sobre las bases mismas de la organización del estado democrático” .

Como uno de los Poderes del Estado tenía la obligación de velar por la concreción del valor justicia, plasmado por los Constituyentes de 1853 en la noción de “afianzamiento de la justicia”.

Alfonso Santiago (h) expresa al respecto: “tendríamos una visión insuficiente y, por ser parcial, también falsa, si concibiéramos a la Corte Suprema como un mero tribunal de justicia, llamado a resolver en última instancia las diversas causas que llegan a su conocimiento. Si todo ejercicio de la función jurisdiccional tiene matices de politicidad, ello aumenta de modo considerable cuando hablamos de un órgano que…es cabeza de un Poder del Estado y tiene el enorme poder de controlar en última instancia la validez de las normas y actos estatales”.

Debe respetar y hacer respetar el orden jurídico sin desconocer que el mismo siempre tiene que estar dirigido al logro del Bien Común, como valuarte de toda sociedad democrática.

No puede entonces omitir la valoración de los hechos concretos y de la particular realidad provincial sobre la que está juzgando so pretexto de la aplicación automática de la normativa vigente, pues una actuación de tal naturaleza, más que fortalecer, debilita y licúa el valor justicia que debe impartir.

La cláusula del Preámbulo que se refiere al afianzamiento de la justicia es operativa y se aplica no solamente al Poder Judicial en su función de administrar justicia, sino a la tarea de salvaguardar el valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se suscitan en la sociedad.

La específica misión del Supremo Tribunal de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionalmente consagrados conlleva la necesidad de valorar con sumo cuidado las circunstancias especialísimas de la causa para evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de la norma apareje violación a los derechos fundamentales de las personas y del orden jurídico en su conjunto.

Como ya se lleva dicho, por encima del método gramatical que se aferra al texto frío de la ley, debe valorarse el espíritu de la ley, el contexto armónico del orden jurídico y los principios del derecho en el grado y jerarquía en que son asumidos por el todo normativo, sobre todo si la literalidad de la norma conduce a resultados concretos no armónicos con las pautas dikelógicas enunciadas, o conduce a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o produce efectos concretos disvaliosos.

No se trata únicamente, como pretenden los Señores Ministros, de que las normas generales sean justas; también deben serlo en su aplicación a los casos concretos. Las soluciones injustas son disvaliosas e inconstitucionales porque atentan contra el afianzamiento de la justicia, principio de carácter operativo.

Tiene dicho el máximo tribunal que “las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión” .

El propio acusado menciona en su descargo que “...no había más circunstancias del caso por tomar en consideración, ni se desconoció su trascendencia social. Simplemente, se aplicó el orden normativo vigente”. En otro pasaje de las consideraciones esgrimidas como descargo, se ha planteado que "no ve cómo una persona pueda asumir el cargo mientras se halla en prisión preventiva". No lo puede explicar el Señor Juez que emitió tal opinión (Doctor Belluscio), ni tampoco lo pueden hacer los demás Ministros que así fallaron, porque sus decisiones nunca estuvieron enfocadas en el plano de la realidad, nunca se encaminaron a afianzar la justicia, ni a promover el bien común, sino que optaron por crear un mundo de ficciones, donde pergeñaron palabras y acomodaron conceptos y textos legales a su antojo, con agravio a la potestad de una Provincia de darse sus propias instituciones y regirse por ellas.

Por suerte para los correntinos el ejercicio imaginativo de los Señores Jueces Supremos no se convirtió en realidad; la voluntad electoral mayoritaria expresada en el resultado adverso a los habilitados impidió la consumación práctica de tal ejercicio teórico-abstracto cuyo resultado concreto -del cual se han desentendido irresponsablemente los Señores Jueces- bien podría haber sido la consagración como Gobernador de la Provincia de una persona privada de su libertad -hoy condenada, es menester recordar- por la comisión de delitos contra la Administración Pública, el que -siguiendo la vía de hipótesis esgrimida como descargo- no habría podido asumir tal función, quedando así acéfala una Provincia.

El desentendimiento del contexto y de la realidad social, jurídica y política -las circunstancias concretas que los Jueces no quisieron merituar- por una apego excesivo y formalista a la literalidad del texto frío de la norma conduce a situaciones absurdas, que en el caso particular podrían haber revestido aún mayores y graves consecuencias que las ya producidas para la institucionalidad y la gobernabilidad de una Provincia, que deseaba empezar el tránsito ordenado y en paz hacia la reposición de sus autoridades constitucionales luego de dos años de Intervención Federal dispuesta sobre los tres poderes del Estado Provincial.

El derecho se maneja con ficciones y construcciones teóricas y abstractas, pero esta entelequia del Alto Tribunal es, además de una construcción rebosada de dogmatismo, un absurdo que casi no necesita refutación, razón por la cual no se comparten las consideraciones esgrimidas en defensa del accionar cuestionado: inexplicablemente y de manera unánime la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida candidaturas ilusorias que en nada contribuyen a la salud moral de la República.

Genaro Carrió claramente expresa que “si los jueces no quieren resolver a ciegas o en forma arbitraria los casos… no les basta conocer a fondo las normas jurídicas y sus fuentes, ni saber armar con ellas estructuras coherentes. Tienen que poseer además una adecuada información de hechos, sobre ciertos aspectos básicos de la vida de la comunidad a que pertenecen, un conocimiento serio de las consecuencias probables de sus decisiones y una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas razones en apoyo de las pautas no específicamente jurídicas en que muchas veces tienen que buscar fundamentos”.

Debe tenerse especialmente en cuenta que el Doctor Bossert al pronunciarse en el presente fallo no ponderó las circunstancias particulares a las que el mismo iba dirigido, desconociendo así la realidad social sobre la que se estaba juzgando.

Como expresa Juan Fernando Armagnague “la Corte ejerce una función política y constitucional trascendental” , en tal sentido es dable sostener que las funciones de los ministros que la integran no puede simplemente reducirse a la aplicación silogística del derecho vigente, por el contrario deben tener en cuenta en primer lugar que se les ha otorgado como cuerpo “el papel de un poder del Estado” , encontrándose en consecuencia alcanzados por “el principio republicano de responsabilidad que abarca a todo funcionario” y que en el caso de los sujetos pasibles de juicio político es de mayor trascendencia pues “mediante éste proceso de responsabilidad lo que se pone en juego es la república misma” .

La exégesis del Alto Cuerpo Judicial se basó en una cosmovisión exclusiva y estructuradamente dogmática que llevó a confrontar los contenidos formales de la CADH con la Constitución Local y con el Código Electoral correntino, el que de igual modo que su similar de la Nación, inhibían -conforme las circunstancias de tiempo y lugar de su emisión- el derecho de ser elegido a quien se hallare privado de libertad por disposición de juez competente.

Que el decisorio emitido y el accionar del Señor Magistrado no se acomoda a los preceptos constitucionales ni siquiera a los presupuestos preambulares es incuestionable e indubitable. Ello es así por cuanto desconoce los fines socio-políticos que determinaron el precepto interpretado (artículo 23º de la CADH), porque desconoce injustificadamente las circunstancias concretas bajo examen y las consecuencias institucionales de la brecha abierta y, principalmente, porque "se ha desconocido la ética de la responsabilidad intelectual y social de los jueces" .



6.4. MAL DESEMPEÑO POR DICTAR FALLOS EN CONTRA -Y A SABIENDAS- DE SUS PROPIOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES


El Doctor Bossert ha sido firmante del voto mayoritario en el caso “Reutemann” conjuntamente con los jueces Boggiano, Bossert, López, Moliné O’Connor, Nazareno, y Petracchi.

Sobre la cuestión de fondo la Corte ya se expidió, interpretando el alcance que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) tiene sobre los derechos políticos reglamentados por la Constitución de una Provincia, en fallo del 6 de octubre de 1994, en autos: "Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe v. Provincia de Santa Fe" (P.196, XXIX, Originario: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia s/ acción declarativa - CSJN, Fallos 317:195), referido a la petición destinada a permitir la reelección electoral para el cargo de Gobernador en el ejecutivo santafesino.

En dicho precedente emitido a poco de sancionada la reforma constitucional de 1994, los Ministros del Supremo Tribunal dejaron en claro su postura sobre las normas constitucionales y provinciales, la materia electoral local, el poder reservado a las provincias y la presunta colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a los derechos políticos, es decir, ya tuvieron oportunidad de analizar el alcance que tiene la aplicación del tratado internacional y su ubicación e incidencia sobre el derecho interno, pero al fallar en el caso "Corrientes-Romero Feris" la Corte se expide en forma absolutamente distinta y diametralmente opuesta, por lo cual no cabe sino aseverar que los Ministros han resuelto en contra de lo dispuesto por sus propios precedentes jurisprudenciales y aplicado criterios diferenciales sobre lo dispuesto por la ley expresa invocada.

No se explica en el descargo el por qué del apartamiento del precedente anterior, afirmando de manera dogmática que no había pugna. El descargo efectuado contienen afirmaciones dogmáticas limitándose a una negativa general.

Se dice haber dado prevalencia al artículo 31º de la Constitución Nacional, pero no se explica por qué en el caso “Reutemann” se hizo lo contrario, inclinando el fiel de la balanza por la autonomía provincial. Se transcriben partes de la Opinión Consultiva pero solo aquellas párrafos que entiende le favorecen eludiendo referirse a la armonía entre los derechos del ciudadano y de la sociedad. Pese a conocer la trascendencia social del caso, se optó por abstraerse en el mundo de las normas jurídicas.

Ha sostenido la Corte que: “La declaración de inconstitucionalidad de una norma provincial por parte de la Corte Suprema constituye la aplicación de la supremacía que el artículo 31 de la Constitución atribuye a ésta misma, a las leyes dictadas en su consecuencia y a los tratados con naciones extranjeras". No se desconoce la jerarquía entre las leyes que forman el plexo normativo de la Nación, lo que se imputa es haber interpretado en forma distorsionada y arbitraria las disposiciones de la Convención Internacional en cuestión, a fin de declarar su contraposición con la normativa local.

El innovador fallo se estructura sobre aseveraciones puramente dogmáticas que llevaron a confrontar indebidamente los contenidos formales del Pacto de San José de Costa Rica con la Constitución Local, el Código Electoral correntino, el que de igual manera que el Código Nacional inhibía el derecho de ser elegido de las personas privadas de su libertad por autoridad judicial competente, resolviendo, en el caso concreto, dar prevalencia a la norma internacional por aplicación del principio de supremacía contenido del artículo 31º de la Constitución Nacional y lo previsto por el artículo 75º, inc. 22) y tachando de inconstitucionalidad la normativa constitucional y legal provincial.

Todas las disposiciones -legales y constitucionales- dictadas por la Provincia de Corrientes, que el pronunciamiento analizado declaró inaplicables por inconstitucionales, fueron dictadas en ejercicio de atribuciones que le son propias como ente autónomo dentro del Sistema Representativo, Republicano y Federal de Gobierno y en un todo concordantes con las previsiones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que las restricciones a los derechos electorales dispuestas provincialmente estaban en consonancia con las autorizaciones y condiciones particulares previstas por la CIDH, se dispusieron en atención al cumplimiento del Bien Común y a razones de interés general y fueron dictadas conforme los mecanismos legalmente constitucionales y se aplicaban y aplican conforme las leyes que las establecen y reglamentan.

La propia Corte Suprema ha sostenido en el caso "Reuteman", cuyo indebido apartamiento se cuestiona, que: "La autonomía institucional de las provincias implica que en la elección de sus gobernadores, legisladores y funcionarios, cada provincia posee una potestad que no depende ni puede ser igualada por ningún otro poder. Tal potestad asegura a las provincias su existencia como unidades políticas con los atributos de la autoridad pública, que ejercitan por medio de órganos elegidos por ellas sin intervención del poder central" (...) "Los actos provinciales sólo pueden ser invalidados cuando revelan el ejercicio de una competencia expresamente atribuida por la Constitución Nacional al gobierno federal, o su ejercicio les hubiera sido expresamente prohibido, o éste último sea absoluta y directamente incompatible, circunstancias éstas que deben ser probadas en cada caso" (CS, 1994/10/06, Autos: "Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c. Provincia de Santa Fe, LL, 1995-A, DJ, 1995-2-638 - ED, 160-134).

En el caso "Reutemann" la Corte se pronunció de manera clara y contundente a favor de la facultad soberana de la Provincia de darse su ordenamiento electoral interno, mediante una modalidad (artículo 64º, Constitución Provincial) que no contrasta ni afecta garantía fundamental alguna, restringiendo el derecho político-electoral de ser elegido con miras al bien común, razón por la cual la posibilidad de acceder a una postulación con carácter de reelección estaba vedada por imperio de la constitución local, pese a no estar expresamente previsto el supuesto en las disposiciones del artículo 23º de la CADH.

Dicho decisorio, precipitada e incausadamente dejado de lado, ha reconocido que cada Provincia tiene el derecho de usar de su soberanía en el limite que le es propio, dándose las leyes que juzgue más convenientes para su felicidad, por lo que no le corresponde al Congreso Nacional legislar en nombre de una provincia, suplantando la representación de esa soberanía, pues ello es atentatorio y violatorio de los principios fundamentales de la asociación federativa.

Los señores Jueces, Dres. Belluscio y Bossert al resolver en el caso "Corrientes" (Romero Feris), enfatizaron el "carácter restrictivo" de toda reglamentación a cargo de los Estados parte -opinión compartida por todos los miembros del Supremo Tribunal-, al señalar que tal atribución estaba acotada exclusivamente a las materias indicadas. "Esta conclusión permite verificar que de la mera confrontación entre las disposiciones impugnadas de la cons¬titución provincial y del código electoral provincial, y la norma de la convención, se advierte que la de jerarquía cons¬titucional excluye la limitación que introducen la normas constitucionales e infraconstitucionales locales en cuanto comprenden a las personas privadas de la libertad mientras se desarrolla el proceso, que por ende deben ceder en su validez a fin de salvaguardar el principio de supremacía constitucio¬nal..." (Voto de los Dres. Augusto C. Belluscio y Gustavo Bossert, en la causa referenciada in re A 671, XXXVII “Alianza “Frente para la Unidad” (Elecciones provinciales gobernador y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos”, dictado en fecha 27 de septiembre de 2001.)

El Ministro sostiene falazmente que no existió apartamiento de la Opinión Consultiva OC 6/86 de la CADH, y recuerda que la República Oriental del Uruguay hizo reserva con relación a la ciudadanía y que, en contraposición, la República Argentina no lo hizo, con lo que aceptó la vigencia irrestricta del artículo 23 de la Convención.

Considerado aisladamente el caso "Corrientes" (Romero Feris) hubiera podido llegar a tener sustento su afirmación, pero ella queda desvirtuada y resulta falaz la aseveración al confrontar los precedentes jurisprudencias de la Corte; así por ejemplo, el caso "Reutemann" y el caso "Ríos".

Tan palmaria e evidente contradicción no puede ser justificada suficientemente con la dogmática aseveración de que ambos supuestos eran distintos: en uno se trataría de un supuesto general y en el otro de un supuesto particular, donde cuenta con primacía el principio de presunción de inocencia, constitucionalmente consagrado.

En ambos supuestos estuvieron -simultáneamente- en consideración las facultades provinciales de disponer sobre el régimen político y el sistema electoral y las situaciones particulares y derechos individuales de los recurrentes. El actual gobernador Reutemann expresamente planteó la violación del principio de igualdad ante la ley que lo perjudicaba directamente, y los señores Jueces Supremos verificaron, superficialmente por cierto, tal planteamiento.

Al abocarse al análisis de la garantía de la igualdad, y si la misma puede resultar violada por la circunstancia de merecer diverso tratamiento luego de los procesos de reforma de las Constituciones Nacionales y Provinciales, categórica y unánimemente se afirma que: "Esta Corte ha descartado la inconstitucionalidad de disposiciones provinciales que exigen requisitos diversos que las nacionales para el desempeño de cargos en los poderes provinciales" (Fallos: 280:153; 283:383, entre otros).

"Cada Provincia debe tener el derecho de usar de su soberanía en el límite que le es propio, dándose aquellas leyes que juzgue más conveniente para su felicidad, por lo que no le corresponde al Gobierno Nacional legislar en el nombre de una provincia, suplantando la representación de esa soberanía, pues ello es atentatorio de los principios fundamentales de la asociación federativa" (Voto del Doctor Carlos S. Fayt, en el caso "Reutemann").

Para finalizar, resulta conveniente poner de manifiesto que la palmaria contradicción existente entre los dos fallos ("Reutemann" y "Romero Feris") son el mejor sustento de la acusación que se impetra.


6.5. MAL DESEMPEÑO POR INCUMPLIMIENTO, INOBSERVANCIA Y APARTAMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA); y APARTAMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)


Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apartaron y vulneraron el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente concretaron esa vulneración respecto de los artículos 28º.2, 30º y 32º.2 de la Convención, y lo dispuesto por la Opinión Consultiva Nº 6 del 09 de mayo de 1986 (OC 6/86) la que se expidió concreta y específicamente sobre el alcance que la expresión leyes tiene en el artículo 30º ya referido.

El artículo 23 de la CADH, dice: "1º. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2º. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

En la interpretación infiel que hacen del artículo 23 de la CADH, desconocen torpemente cuales fueron los fines y el alcance que se le quiso dar al mencionado precepto, sin tomar en cuenta la realidad social e histórica que vivían los pueblos latinoamericanos cuando se dictó dicho tratado.

Cabe recordar que el Artículo 30º de la Convención establece - Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

Por su parte el artículo 32º de la Convención establece “Correlación entre Deberes y Derechos. 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

En tanto que el artículo 28º.2 de la Convención que mantiene el respeto al sistema federal estatuye que “Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.

De conformidad al Considerando 14º) de la Opinión Consultiva referida, el artículo 30º se refiere a las restricciones que la propia Convención autoriza a propósito de los distintos derechos y libertades que la misma reconoce. Subraya que, según la Convención (artículo 29º.a), es ilícito todo acto orientado hacia la supresión de uno cualquiera de los derechos proclamados por ella. En circunstancias excepcionales y bajo condiciones precisas, la Convención permite suspender temporalmente algunas de las obligaciones contraídas por los Estados (artículo 27º). En condiciones normales, únicamente caben restricciones al goce y ejercicio de tales derechos. La distinción entre restricción y supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades resulta de la propia Convención (artículos 16º.3, 29º.a y 30º). Se trata de una distinción importante y la enmienda introducida al respecto en la última etapa de la elaboración de la Convención, en la Conferencia Especializada de San José, para incluir las palabras "al goce y ejercicio", clarificó conceptualmente la cuestión (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 (en adelante "Actas y Documentos") repr. 1978, esp. pág. 274).

Luego de analizar la disyuntiva existente acerca de si la expresión leyes utilizada por la disposición transcripta se refiere a leyes en sentido formal o si en cambio se la usa en sentido material como sinónimo de ordenamiento jurídico, la Corte Interamericana se expide en concreto entendiendo que los criterios del artículo 30º resultan aplicables a todos aquellos casos en que la expresión ley o locuciones equivalentes son empleadas por la Convención a propósito de las restricciones que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos. En efecto, la Convención no se limita a proclamar el conjunto de derechos y libertades cuya inviolabilidad se garantiza a todo ser humano, sino que también hace referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades sin violarlos. Entiende también que el artículo 30 no puede ser interpretado como una suerte de autorización general para establecer nuevas restricciones a los derechos protegidos por la Convención, que se agregaría a las limitaciones per
Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 4 año.
El link lo puede encontrar para descargar su version original en
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Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 4 año.
Espero haberle sido de utilidad. Estoy en linea por cualquier duda. Saludos
Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 4 año.
Me alegra haber sido de utilidad. Le solicito si despejo todas sus dudas, ahora si valore la calidad del servicio. Saludos