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Pablo Avila Camps
Pablo Avila Camps, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 844
Experiencia:  Abogado con más de 20 años de experiencia en materias laborales, previsionales, civiles y comerciales. Gran experiencia en resolución de conflictos por la vía conciliatoria.
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ley 24463 art 9

Pregunta del cliente

ley 24463 art 9
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 3 año.

D Sanchez de Sepola :

Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo.

D Sanchez de Sepola :

Podria ampliar su pregunta por favor?

D Sanchez de Sepola :

O solo desea el texto vigente del art. que indica

D Sanchez de Sepola :
Artículo 9º - Haberes máximos.

1. Inciso derogado por Decreto 1199/2004 2. Los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la ley 24.241 que no tuvieren otro haber máximo menor, en la suma equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones, prevista en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 18.037, modificado por el artículo 158 apartado 1 de ley 24.241, estarán sujetos a las siguientes escalas de deducciones.

- De $3.100 a $5.000: 20% sobre el excedente de $3.100 - De $5.001 a $7.000: $380 más el 35% del excedente de $5.000 - De $7.001 a $9.000: $1.080 más el 50% del excedente de $7.000 - A partir de $9.001: $2.080 más el 70% del excedente de $9.000 Las escalas de deducciones establecidas precedentemente serán de aplicación también a los beneficios previsionales de las Ex Cajas Previsionales Provinciales transferidas a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

(Inciso sustituido por Ley N° 25.239) 3. Hasta tanto la Ley de Presupuesto cumpla con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 24.241 el monto del haber máximo del Régimen Previsional Público que regula la referida ley y correspondiente a las prestaciones que se otorguen después de la sanción de la presente no podrá superar los tres mil cien pesos ($ 3.100).
D Sanchez de Sepola :

Puede leer mis respuestas?

D Sanchez de Sepola :

Aguardo sus comentarios asi puedo seguir respondiendole

D Sanchez de Sepola :

le adjunjto algunos fallos

D Sanchez de Sepola :

donde se hace lugar al reajuste solicitado

D Sanchez de Sepola :

Voces: BENEFICIOS PREVISIONALES - REGÍMENES PREVISIONALES ESPECIALES -
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS -
INTANGIBILIDAD DE LAS REMUNERACIONES DE LOS JUECES - SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES - PROVINCIAS - PODER JUDICIAL - PODER JUDICIAL
PROVINCIAL - REAJUSTE DEL HABER JUBILATORIO
Partes: Guzmán Mario Alejandro c/ ANSES | reajustes varios
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social
Sala/Juzgado: III
Fecha: 3-feb-2010
Cita: MJ-JU-M-53423-AR | MJJ53423
Producto: LJ,MJ
La movilidad del haber de quien obtuvo la jubilación anticipada ordinaria al amparo de la ley 4094 de
la Provincia de Catamarca, por su desempeño como Ministro de Corte, continúa rigiéndose por la ley
de otorgamiento.
Sumario:
1.-Corresponde declarar formalmente admisibles los recursos deducidos por las demandadas y
confirmar la sentencia atacada en cuanto desestimó la oposición de citación como tercero efectuada por
la Provincia de Catamarca, declaró la nulidad la resolución administrativa que desestimó el pedido de
reajuste de la movilidad del haber y ordenó a las accionadas que en el término del art. 2 de la ley 26153
reajusten el haber del actor respetando la movilidad del 82% de los incrementos y adicionales que
tuvieron los cargos en los que aquél se determinó a partir del reclamo administrativo, formulándose los
cargos por aportes patronal y personal, con el consiguiente pago del retroactivo devengado más sus
intereses, a la vez que declaró la inaplicabilidad del art. 7 punto 2 y art. 9 inc. 3 de la ley 24463, y art. 1
de la ley 24631.
2.-De los claros términos de la cláusula tercera del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional
de la Provincia de Catamarca a la Nación, se desprende que asiste razón al demandante -quien obtuvo
la jubilación anticipada ordinaria al amparo de la ley provincial 4094 por su desempeño como Ministro
de Corte- a que la movilidad de su haber continúe rigiéndose por la ley de otorgamiento (ya vigente con
anterioridad al 12/8/1993, fecha del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento),
resultando por tanto acreedor a la diferencia que surja del cotejo del nuevo haber reajustado deducido
lo ya percibido, incluido lo abonado en virtud de la ley provincial 5192 ; por otro lado, en atención a
los alcances de la responsabilidad asumida por ANSES en el citado convenio, resulta inoponible al
actor el tope previsto por el art. 9 ap. 3 de la ley 24463.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010
EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:
I.
De las constancias de autos y de los administrativos que corren por cuerda surge que por Res. 029 del
12.2.92 el Interventor del I.P.P.S. dispuso: 1) acordar Jubilación Anticipada Ordinaria al actor a partir
del 1.12.92 (fecha del reconocimiento de la Caja ex Profesional) de acuerdo con el art. 35 de la ley
4620 y 51 de la ley 4094; 2) determinar el haber en el cargo de Ministro de Corte (3 años), de acuerdo
con el art. 36 inc. b) de la ley 4620, mas los adicionales de:
Escalafón por 18 años y Titulo: 25%, 3) descontar mensualmente al titular en concepto de aportes el
total de 6 años, 2 meses 11 días, a deducir mediante la afectación del 11 % mensual de su haber
jubilatorio conforme con el art. 36 3er. párrafo de la ley 4620 y Res. nro. 0542/91 en el cargo
establecido en el ap. precedente; 4) requerir oportunamente a las Cajas ex Comercio, ex Estado y
Profesionales la transferencia actualizada de aportes de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor
(Nivel General) del INDEC, de acuerdo al Convenio de Reciprocidad de Transferencia de aportes y
Contribuciones entre Cajas e Institutos Previsionales Provinciales, firmado en La Rioja el 1 y 2 de
mayo de 1989, por 11 años, 3 meses y 11 días, 1 año, 8 meses, 10 días y 8 meses, respectivamente.
(Verfs. 1/2).
Ya operado el traspaso de la prestación en virtud del Convenio de Transferencia aprobado por la ley
4785, el interesado reclamo el 16.8.05 la redeterminación de su haber y la suspensión del descuento de
impuesto a las ganancias sobre el cod. 001-000, lo que fue denegado por UDAI Catamarca mediante
Res. 2018 del 5.9.05 cuya copia obra a fs. 4/5.
Ante ello, el beneficiario promovió demanda el 18.10.05 a fs.11/19 dirigida contra ANSeS, en la que
también pidió la citación de la Provincia de Catamarca, por la que reclamo su derecho a la movilidad
del haber en función del cargo de Ministro de Corte con arreglo a la ley de otorgamiento (4094), dedujo
la inconstitucionalidad de los arts. 7 ap. 2 y 9 inc. 3 de la ley 24463 y 1 de la ley 24631 (solicitando la
exención del impuesto a las ganancias).
Que una vez firme la sentencia interlocutoria nro. 92788 del 22.8.06 de fs. 40, por la que esta Sala
revocó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca que
había dedicado conocer de la demanda entablada contra ANSeS por reajuste de la jubilación ordinaria
especial (ex Ministro de Corte) acordada por la ex IPPS de la citada Provincia, la causa fue devuelta al
juzgado de origen para continuar con su tramitación.
Las actuaciones siguieron entonces su curso hasta el dictado de la sentencia 008 del 16.2.09 de fs.
102/107, por la que el Sr. Juez subrogante desestimó la oposición de citación como tercero efectuada
por la Provincia de Catamarca, hizo lugar a la demanda interpuesta en contra de ANSeS y la Provincia
de Catamarca, declaró la nulidad de la resolución atacada y ordenada las accionadas que en el termino
del art. 2 de la ley 26153 reajusten el haber del actor respetando la movilidad del 82% de los
incrementos y adidonales que tuvieron los cargos en los que (aquel) se determinó a partir del 16.8.05
(fecha del reclamo administrativo), formulándose los cargos por aportes patronal y personal, con el
consiguiente pago del retroactivo devengado mas sus intereses. Asimismo, declaró la inaplicabilidad
del art. 7 punto 2 de la ley 24463 y del art. 9 inc. 3) de la misma y art. 1 de la ley 24631.Por último,
impuso las costas en el orden causado.
De sus considerandos se desprende que reconoció el derecho del actor a percibir el 82% móvil en
condición de ex magistrado provincial por aplicación del art. 87 de la ley 4094 modificado por la ley
4620, hizo aplicación de las ds. 3a, 7a y 10a para extender los alcances de la condena a la Provincia en
su condición de garante de los derechos adquiridos por sus jubilados y pensionados trasferidos en
virtud de la legislación vigente al 12.8.93, tuvo en cuenta en tal sentido el otorgamiento de una
asignación complementaria a cargo de la provincia para completar el 82% dispuesta por la ley local
5912, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 ap. 2 de Ea ley 24463 cfr. "Badaro" y ta inaplicabilidad
de los arts. 9 ap. 3 de la ley 24463 y art. 1 de la ley 24631 de impuesto a las ganancias e impuso las
costas por su orden.
Contra lo así resuelto se dirigen los recursos de apelación interpuestos por la Provincia (fs. 111) y
ANSeS (fs. 112) que fueron concedidos a fs. 113 y sustentados a fs. 128/136 y 119/125,
respectivamente.
En tanto la Provincia se agravia de la condena al pago del 82% móvil a su respecto, del rechazo de la
falta de legitimación pasiva y de la imposición de las costas por su orden con la pretensión de que las
mismas sean a cargo de ANSeS, por su lado el organismo nacional lo hace de la condena al pago del
82% móvil con arreglo a la legislación provincial derogada, con cita de los precedentes 'Noblega' y
'Arrúes' y de la exclusión del tope del art. 9 inc. 3) de la ley 24463.
II.
La dilucidación de la cuestión litigiosa impone comenzar por destacar que la ley 4785 sandonada por la
Legislatura de la Provincia de Catamarca el 1.7.94 (B.0.15.7.94), autorizó en su art. 1º al P.E.Provincial
a suscribir el Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social local a la Nación,
con arreglo a las 20 cláusulas previamente negociadas entre las partes en el marco del Pacto Federal
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el E.N. y los E.P. el 12.8.93, punto 6
del Capítulo Segundo de la Declaración, que fue ratificado por las leyes 4775 y 4776.
En concordancia con ello, la entrada en vigencia del mentado Convenio 'como Ley de la Provincia' fue
fijada "a partir de la fecha de su publicación en el B.O de la Provincia, y de la publicación en el B.O. de
la Nación del Dto. Nacional aprobatorio en las condiciones pactadas entre las partes (art. 2 de la ley
4785)", implicando -además-, desde entonces, la adhesión de "la Provincia de Catamarca a la Ley
Nacional Nº 24241 de creación del S.I.J.P." (art. 3 de la ley 4785) y, por consiguiente, la perdida de
vigencia de la legislación previsional provincial.
Con ese antecedente, el Sr. Gobernador refrendó en fecha 14.7.94 el Convenio de Transferencia "de las
obligaciones de pago de las jubilaciones y pensiones a los beneficiarios, incluidas las del régimen de
jubilación para Amas de Casa, a cargo de EL INSTITUTO",de las que se hizo cargo ANSeS (cfr. art.
1).
El citado acuerdo (publicado en el B.O. de la Provincia de Catamarca conjuntamente con la ley 4785 el
15.7.94 y aprobado por Dto. P.E.N. 328/95 publicado en el B.O. el 17.3.95), al igual que los celebrados
por entonces por diversas provincias, previo una fecha de corte, que opera como bisagra, para la
aplicación de la legislación provincial o nacional, en este caso el 31.7.95, a partir de la cual, los
trabajadores en actividad traspasados fueron alcanzados por "los requisitos previstos en el S.I.J.P, Ley
Nro. 24241, conforme al art. 2 inc. a) acap.4 de la misma,a la cual la Provincia de Catamarca, mediante
el convenio, se adhirió expresamente a partir del vencimiento del plazo antes indicado, quedando
comprendidos en dicho régimen todos los funcionarios, empleados y agentes civiles de los tres Poderes
del Estado Provincial y de las Municipalidades, Banco de Catamarca, Empresas del Estado o Entes en
los que el Estado Provincial tuviere participación, Tribunal de Cuentas y Amas de Casa" (cl. 4a, del
convenio).
Sin embargo, a diferencia de otros acuerdos de este tipo correspondientes a la misma época en los que
el Estado Nacional limitó su compromiso de respetar los derechos respectivos (de los ya beneficiarios)
conforme a los términos, condiciones y alcances dispuestos por las leyes 24241 y su modificatoria nro.
24463 (vbgr. d. 3a. del C.T. de Salta aprobado por ley de esa Provincia 6818), en este caso, las partes
pactaron en la cl. 3a. que "la Nación respetara los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados
de EL INSTITUTO y cumplirá las pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo con lo
dispuesto por la legislación provincial vigente al 12 de agosto de 1993 (12/08/93), fecha del Pacto
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, y en las condiciones del presente convenio".
En igual sentido, la Provincia garantizó "a favor de los beneficiarios del régimen previsional que se
transfiere. el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo." incluyendo el deber de afrontar el
pago en caso de incumplimiento de ANSeS (cl. 7a.).
Por lo que vengo de exponer, encuentro inadmisible la posición defendida por la Provincia en esta litis,
que insiste en mantenerse ajena al reclamo, indiferente a la obligación asumida por ella en resguardo de
sus beneficiarios en el C.T.
III.
De los claros términos de la cl. 3º del C.T.ya descripta se desprende que asiste derecho al demandante a
que la movilidad de su haber continue rigiéndose por la ley de otorgamiento (ya vigente con
anterioridad al 12.8.93), resultando por tanto acreedor a la diferencia que surja del cotejo del nuevo
haber reajustado deducido lo ya percibido, incluido lo abonado en virtud de la ley 5192.
IV.
Por otro lado, en atención a los alcances de la responsabilidad asumida por ANSeS en el C.T. y la
solución, arribada precedentemente, juzgó inoponible al actor el tope previsto por el art. 9 ap. 3 de la
ley 24463.
Lo dicho concuerda, además, con la posición asumida por el suscripto en numerosos precedentes acerca
de la inaplicabilidad de la quita dispuesta por el art. 9 de la ley 24463 a las jubilaciones y pensiones
acordadas en base a la legislación provincial alcanzadas por los Convenios de Transferencia al ámbito
nacional, como ser, entre otros, sentencias definitivas nros. 116502 del 24.4.0 7 y 116860 del 23.5.07 in
re 12910/06 "Aguilera Pablo Manuel y otros c/ANSeS s/amparos y sumarísimos" y 25203/06
"Baldassari de Petrillo Elena Olga y otro c/ANSeS y otro s/acción meramente declarativa".
Por otro lado, resulta aplicable en la especie la doctrina sentada por la C.S.J.N. el 11.8.09 in re
A.2338.XL R.H.
"Aban, Francisca America c/ANSeS", que descalificó la aplicación de las quitas en los haberes de las
prestaciones previsionales acordadas con arreglo a la legislación provincial luego traspasadas a la
Nación, operadas por el organismo nacional de conformidad con las "pautas de interpretación" de los
pactos aludidos establecidas por las Resoluciones ANSeS 431/99 y 991/00 referidas al art.9 de la ley
24463.
Asi lo hizo señalando, a modo de colofón, que "los agravios de la recurrente se basan en una
interpretación parcial y asilada de las normas en juego, que no es compatible con el carácter integral e
irrenunciable de los beneficios de la seguridad social que consagra el art. 14 bis de la C.N., ni se aviene
con el objetivo fundamental del convenio de traspaso." Por ultimo he de señalar que la solución
arribada en el sub examine concuerda con la discernida por el Tribunal en casos análogos, como ser,
por sentencia definitiva nro. 127303 del 1.10.09 recaída en la causa 22452/06 "Avellaneda Carlos
Miguel c/ANSeS s/reajustes varios".
Encuentro suficiente para la correcta solución de las cuestiones litigiosas sometidas a consideración de
esta alzada lo hasta aquí expuesto, porque "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las
alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta
solución del litigio", (cfr. "Tolosa, Juan C. c/ Compañía Argentina de Televisión S.A.", fallado el
30.4.74, pub. LL T. 155,pag. 750, nro. 385). Ello es así en el marco de la conocida doctrina en virtud de
la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los
argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para decisión de la causa. (Fallos 272:225; 274:113;y
causa "Wiater c/Ministerio de Economía", LL. 1998AA, pag. 281, entre otros).
Por lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmente admisibles los recursos deducidos por ambas
demandadas; y 2) confirmar la sentencia atacada en cuanto decide y fue materia de agravios. Costas de
alzada por su orden (art. 68 segundo párrafo CPCCN. y 21 de la ley 24463).
LOS DRES. JUAN CARLOS POCLAVA LAFUENTE Y MARTIN LACLAU DIJERON:
Adherimos a las conclusiones a que arriba el Dr. Nestor A. Fasciolo.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) declarar formalmente
admisibles los recursos deducidos por ambas demandadas; y 2) confirmar la sentencia atacada en
cuanto decide y fue materia de agravios. Costas de alzada por su orden (art. 68 segundo párrafo
CPCCN. y 21 de la ley 24463). Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.
NESTOR A. FASCIOLO
JUEZ DE CAMARA
MARTIN LACLAU
JUEZ DE CAMARA
JUAN C. POCLAVA LAFUENTE
JUEZ DE CAMARA
Ante mi:
Nicolas J. Rizzi
Prosecretario de Cámara
Jose Maria Giammichelli
Secretario

D Sanchez de Sepola :

Voces: SEGURIDAD SOCIAL - BENEFICIOS PREVISIONALES - REAJUSTE PREVISIONAL -
MOVILIDAD DE HABERES - TOPES PREVISIONALES - BONIFICACIONES - VIGENCIA DE
LA LEY
Partes: De Alzaa Ernesto Carlos c/ ANSES | reajustes varios
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social
Sala/Juzgado: III
Fecha: 2-may-2013
Cita: MJ-JU-M-80166-AR | MJJ80166
Producto: LJ,MJ
Se hace lugar el reajuste del haber inicial del beneficio jubilatorio según las pautas del precedente
'Elliff' y se rechaza la aplicación de la doctrina 'Badaro' y del ajuste de la PBU en función de la fecha de
adquisición del derecho del titular; asimismo se desestima la aplicación de la bonificación por zona
austral.
Sumario:
1.-Habida cuenta que el derecho a la prestación fue adquirido con posterioridad al 31/12/2006, resulta
inaplicable en la especie la doctrina sentada por el Superior Tribunal en el precedente 'Badaro' ,
respecto de la movilidad para el período que va del 1/1/2002 al 31/12/2006.
2.-Es improcedente la queja de la actora por no haberse ordenado la revisión de la Prestación Básica
Universal, en atención a la fecha de adquisición del derecho (3/10/2009, en el caso), ya que su importe
originario fue establecido por el organismo en concordancia con lo dispuesto por el art. 20 de la ley
24241, según texto sustituido por el art. 4 de la ley 26417, cuya validez no fue puesta en tela de juicio.
3.-Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar el haber mensual
reajustado que debió ser abonado por la demandada por cada uno de los meses adeudados, no existe
evidencia alguna que permita sostener que los arts. 9 de la ley 24463 y 9 , 25 y 26 de la ley 24241 son
aplicables al caso, y menos aún, el perjuicio que ello pueda significar para quien demanda, por lo que
corresponde diferir su tratamiento para la etapa de ejecución.
4.-No acreditada la residencia en las condiciones requeridas por el art. 1 de la ley 19485 no ha de
prosperar el reclamo por la bonificación por zona austral .
5.-La bonificación por zona austral prevista en la ley 19485 ha de integrar la suma de la remuneración
en base a la cual se calcula el haber jubilatorio, aún en aquellos casos en que con dicha sumatoria, se
excedieran los topes fijados por el art. 9 de la ley 24463 (del voto del Dr. Laclau, en minoría).
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:
Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal, a raíz de las apelaciones efectuadas por las partes
actora y demandada, a fs.76 y a fs.81, respectivamente, contra la sentencia obrante a fs. 71/73.
La parte actora, a fs. 92/98 se agravia, de la tasa de interés aplicada, de la imposición de costas por su
orden, de la falta de actualización de la PBU, de la omisión del sentenciante de incluir el adicional
"zona austral", solicitando asimismo, la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 9 de la Ley
24463 y 9,25 y 26 de la Ley 24241 y la inclusión del suplemento de sustitutividad establecido en el
precedente "Betancur". Por su parte, la demandada cuestiona la redeterminación del haber inicial y su
respectiva movilidad.
En lo atinente a la actualización del haber del beneficio de la accionante, estimo que la misma ha de
efectuarse siguiendo las pautas implementadas por los arts. 24, inc.a), y 30, inc.b), de la Ley 24.241. La
primera de las mencionadas disposiciones faculta a la ANSES a escoger el índice oficial que ha de ser
aplicado a tal efecto. Haciendo uso de tal autorización, el organismo previsional escogió el índice
correspondiente a los salarios básicos de la industria y la construcción (Res. 140/95 conf.Res.SSS
413/94 concordante con Res. DEA 63/94), razón por la cual, en mi opinión, el haber inicial de la actora
deberá ser actualizado en base al mencionado índice.
Ahora bien, el reglamento pertinente dispuso que la actualización de los haberes percibidos por los
beneficiarios del régimen de la Ley 24.241 sólo ha de practicarse, por aplicación de la Ley 23.928,
hasta el mes de marzo de 1991. En mi opinión, ello constituye una limitación que se aparta de lo
expresamente estatuido por el texto legislativo, constituyendo un exceso en la facultad reglamentaria
que la Ley 24.241 puso en manos del poder administrador.Adviértase, por otra parte, que la Ley 24.241
es de fecha posterior a la Ley 23.928, con lo cual, si hubiese sido voluntad del legislador introducir la
limitación temporal de marras, ello debiera haber sido incluído expresamente en las prescripciones
contenidas en el primero de los mencionados cuerpos legales.
Por lo tanto, entiendo que las disposiciones de las Leyes 23.928 y 25.561 no resultan aplicables ni a la
actualización prevista por el art. 24 de la Ley 24.241 respecto a la prestación compensatoria, ni a la
actualización del art. 30, inc.b), concerniente a la prestación adicional por permanencia. En suma, el
haber inicial del actor deberá ser reajustado actualizando sus remuneraciones, conforme a lo arriba
expuesto, hasta la fecha de adquisición del beneficio. Al respecto, cabe destacar que la citada doctrina
fue avalada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar, el 11/08/2009, en autos
""Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes varios". Asimismo y, toda vez que la actora adquirió el
derecho al beneficio el 3/10/2009, a partir del 01/03/09, las remuneraciones se actualizarán de
conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley 26.417.
En lo atinente al agravio deducido por la demandada en torno a la aplicación de la doctrina sentada por
la Excma.Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Badaro, Adolfo Valentín" de fecha
26/11/2007, cabe tener presente, que en el citado precedente se acordó un reajuste del haber, por el
período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones
anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, con deducción de las sumas que pudieron haberse abonado en cumplimiento de lo dispuesto
por el Decreto 764/06; no obstante, en el caso que nos ocupa, el actor adquirió el derecho al beneficio
en fecha 1/3/2009, es decir, con posterioridad al período contemplado por nuestro Alto Tribunal en el
caso "Badaro" (26/11/2007); razón por la cual, entiendo que la aplicación del mismo deviene abstracta.
Respecto al cuestionamiento del cálculo del monto de la PBU, cabe destacar que a dicha prestación
tiene derecho todo afiliado que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 19 de la ley 24.241, con
independencia de la mayor o menor proporcionalidad que los aportes puedan tener con ella. En ese
sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dictar sentencia, el 23/3/04, en autos
"Jalil, Ana Graciela c/ ANSES s/ reajustes por movilidad" consideró que la PBU no tiene por finalidad
adecuarse a la cuantía de los ingresos de los jubilados y, al expedirse, el 10/11/09, en autos "Zagari,
José María c/ ANSES s/ reajustes varios", señaló que no es posible confundir la determinación de este
componente de la prestación con la movilidad del haber. Entiendo, por consiguiente, que el monto de
esta prestación ha de ser el que fije la ley que se dicte a ese respecto, pues se trata de una cuestión de
política legislativa atenida a las posibilidades presupuestarias del sistema, materia ajena a la
competencia judicial.
Respecto al planteo de inconstitucionalidad del art.25 de la ley 24241, entiendo que corresponde
desestimar el mismo, toda vez que no es procedente la inclusión en la determinación del haber inicial
de la actora el excedente de remuneración mensual por el que no hizo cotizaciones a su cargo.
En lo que respecta al agravio deducido en torno del art. 9 de la ley 24241, entiendo que el mismo no ha
de tener acogida favorable, pues la citada norma no ha sido prevista para el procedimiento de
actualización de las remuneraciones a computar como base de cálculo de las prestaciones
compensatoria y adicional por permanencia, sino que en la misma se establece una base imponible que
fue pergeñada exclusivamente a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes
al SIJP.
Con relación al cuestionamiento del tope previsto por el art.9 de la Ley 24.463, entiendo que, el
principio allí sentado se ajusta a derecho, toda vez que los beneficios más altos son reducidos con la
finalidad de lograr una adecuada cobertura para los secto¬res de más bajos recursos, todo ello dentro de
un sistema redistributivo de la renta que hállase implícito en las bases mismas de la moderna previsión
social.
Adviértase que no nos hallamos frente a un contrato individual y voluntario de seguro, en el cual ha de
darse una exacta correlación entre la prima abonada por el interesado y la suma que éste recibe como
contra¬prestación y que se encuentra estipulada de antemano. Muy por el contrario, en el caso de la
seguridad social el aporte es obligatorio y juegan otros principios diversos a los que presiden una
relación contractual de derecho privado, fundamentalmente aquellos que derivan de una concepción
solidaria de la realidad social.
Entiendo que el monto o porcentaje de la quita determinada por la aplicación del art.9 de la ley 24.463
es materia de política legislativa, en cuyo ámbito no puede inmiscuirse el Poder Judicial, toda vez que
la misma es resultante de cálculos y estimaciones que pueden variar en las diversas épocas, en base a
datos que no siempre maneja el juzgador. La intromi¬sión en esta materia, sea eliminando el sistema de
topes establecido por ley o fijando judicialmente otro porcentaje al mismo, podría afectar seriamente
las posibilidades financieras del sistema, quitando fondos necesarios para abonar los beneficios
mínimos, jubilaciones por invalidez, pensiones, etc.
Por otra parte, cabe destacar que, como bien lo expresara la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
"existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e
inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiese obrado
el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de
conformidad a lo establecido por la ley, y aún en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la
ley es dura e injusta" (Fallos,68:227). Ha de recordarse, asimismo, que las leyes han de ser estimadas,
en principio, como constitucionales, salvo en casos muy excepcionales, porque "la declaración de
inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado como
una última ratio del orden jurídico" (Fallos, 200:180; 247:387; 249:59). Por consiguiente, en caso de
prosperar mi voto, correspondería declarar la procedencia del tope del haber jubilatorio fijado de
conformidad al art. 9 de la ley 24.463.
En lo relativo al cuestionamiento de la validez constitucional del art. 26 de la Ley 24.241, entiendo que
dicho agravio no ha de tener acogida favorable, atento que no se ha demostrado fehacientemente en
autos el perjuicio que el mismo ocasiona.Por otra parte, el sistema previsional creado por el citado
cuerpo normativo no establece una relación directa entre el haber previsional y la retribución percibida
por el beneficiario durante su vida activa.
Con respecto a la "bonificación por zona austral", entiendo que dicho suplemento ha de integrar la
suma de la remuneración en base a la cual se calcula el haber jubilatorio, aún en aquellos casos en que,
con dicha sumatoria, se excedieran los topes fijados por el art. 9 de la Ley 24.463.
En lo que hace al planteo vinculado con la aplicación del suplemento por sustitutividad indicado en el
fallo "Betancur", considero que el mismo no fue objeto de expresa petición en estos obrados, conforme
se desprende de los términos del escrito de inicio (fs. 20/24), motivo por el cual el mismo debe ser
desestimado.
En lo atinente al interés fijado respecto a las diferencias que resulten del reajuste a practicarse, estimo
que ha de aplicarse la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema de la Nación en autos "VARANI
DE ARIZZI, Bonafine c/ INPS-Caja Nac. para el Pers. del Estado y Serv. Públicos s/ reajustes varios",
donde se estableció que a partir del 1/4/91 al capital retroactivo actualizado excluidos los intereses
devengados y a las diferencias mensuales que en lo sucesivo se le acumulen a su valor nominal , se les
adicionará la tasa de interés prevista en el art.10 del decreto 941/91, es decir, la tasa pasiva promedio
mensual que publica el B.C.R.A.
En cuanto a las costas, el art.21 de la Ley 24.463 prescribe que "en todos los casos las costas serán por
su orden". La claridad del texto legal no deja lugar a dudas de que, merced al mismo, se introduce una
reforma en la normativa que regía la materia, toda vez que el citado artículo no reconoce excepción
alguna al principio de que las costas sean por su orden.
Resulta evidente que el Legislador ha privilegiado, sobre el interés del particular afectado por la
demora, el interés de la masa de beneficiarios del sistema previsional en su conjunto, puesto que para el
pago de las costas se sustrae una cantidad dinero del fondo común utilizado para pagar los diversos
beneficios que el sistema acuerda. La solución adoptada podrá ser materia de objeciones; pero la misma
es propia de una valoración política a la que ha de sujetarse el Magistrado, puesto que ella, dentro de
nuestro ordenamiento constitucional, es privativa del Legislador.
En lo concerniente a las restantes cuestiones alegadas omito pronunciarme por considerarlas
inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido, y como lo recordara al
votar el 29/12/89 en autos "Cionco, Horacio Higinio c/ Caja Nac. de Prev. de la Industria, Com. y Act.
Civiles s/ Reajustes por Movilidad", la Corte Suprema de Justicia Nación ha señalado que "los jueces
no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo
que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (cfr. "Tolosa, Juan C. c/ Companía
Argentina de Televisión S.A", fallado el 30.4.74, pub. L.L., To. 155, pág. 750, n° 385). De esta suerte,
se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar
todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean
decisivos ( Fallos: 272:225; 274:113; entre otros).
En consecuencia, y en caso de prosperar mi voto, correspondería:1) Declarar formalmente admisibles
los recursos interpuestos. 2) Revocar el pronunciamiento judicial recurrido materia de agravios, en
cuanto se aparta de la doctrina reseñada precedentemente. 3) Costas por su orden (art. 68 del CPCCN y
art. 21 de la Ley 24.463).V2 EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:
I.
De las constancias de autos surge que la Sra. Juez Subrogante a cargo del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social nro. 10 hizo lugar parcialmente a la pretensión, por lo que ordenó
recalcular el haber inicial de la prestación acordada al amparo de la ley 24.241 (PBU/PC/PAP con
fecha de adquisición del derecho al 3.10.09 por servicios dependientes acreditados según copia del
detalle del beneficio agregado a fs. 13/15) y su posterior movilidad según los lineamientos
desarrollados en sus considerandos.
A estar a los mismos, desestimó el pedido de revisión de la PBU., hizo aplicación del precedente
"Elliff" para la revisión del haber inicial en tanto para la movilidad ordenó estar a la ley 26417,
condenó al pago de la retroactividad no prescripta más tasa pasiva promedio mensual publicada por el
BCRA., difirió tratamiento de la inconstitucionalidad de los arts. 9 de la ley 24463 y 26 de la ley 24241
(si bien en los considerandos argumentó por la inaplicabilidad de esta última disposición para el
supuesto que produzca una merma confiscatoria del haber) y desestimó los planteos de invalidez de las
demás normas cuestionadas incluido el referido a la ley 26417. Asimismo, denegó la aplicación del
suplemento por zona austral por haber sido transferido a la Provincia de Buenos Aires después de haber
prestado servicios en la Provincia de Santa Cruz desde el 1.10.66 al 25.5.77, de modo que no demostró
su residencia en alguna de las zonas establecidas por el art. 1 de la ley 19.485.
Contra lo así resuelto se dirigen los recursos de actora y demandada que fueron concedidos libremente
y sustentados en los memoriales de fs.92/98 y 87/91, respectivamente.
En su presentación la primera de las nombradas se agravia de no haberse dispuesto el ajuste de la PBU,
la no declaración de inconstitucionalidad de los arts. 9 y 25 de la ley 24.241, la no aplicación del
suplemento por sustitutividad cfr.
"Betancur", de lo resuelto en torno a los arts. 9 de la ley 24.463 y 26 de la ley 24.241, el no abono del
adicional por zona austral, la tasa pasiva de interés y las costas; su oponente lo hace de la cuestión de
fondo.
Corresponde a la Sala pronunciarse al respecto en la medida que resulta conducente para dilucidar la
controversia de autos, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 265, 266, 271 y 277 del CPCCN.
II.
En aras a alinear la decisión sobre revisión del haber inicial de la prestación y su movilidad posterior
con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, este Tribunal viene haciendo remisión a las
pautas establecidas por la C.S.J.N. en los precedentes "Elliff, Alberto José c/Anses s/reajustes varios"
(11.8.09) y "Badaro, Adolfo Valentín (8.8.06 y 26.11.07). (Ver, en cuanto resulta pertinente, sentencias
definitivas 130.259 del 5.5.10,131.523 del 10.8.10, 132394 del 15.9.11, 137.428 del 12.8.11, 137.428
del 12.8.11, in re 56446/07 "Martínez, Juan Carlos c/ANSeS s/reajustes varios",95365/09 "Taboada
Enrique A. c/ANSeS s/reajustes varios", 86029/09 "Tocchi Erminio Gustavo c/ANSeS s/reajustes
varios" y 39165/08 "Matiacich Simón Albino Roberto c/ANSeS s/reajustes varios", entre otras,
respectivamente).
De acuerdo a ese temperamento, en casos análogos al presente la Sala ordenó ajustar las
remuneraciones que sirven de base de cálculo de las prestaciones por el ISBIC hasta la fecha de
adquisición del derecho (cfr. "Elliff"); y para la movilidad posterior mandó estar:a) del 1.1.02 al
31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General elaborado por el I.N.DE.C.
(cfr. "Badaro"); b) del 1.1.07 al 28.2.09 a los aumentos de alcance general otorgados por la ley 26198 y
decretos del P.E.; y c) desde el 1.3.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad
26.417.
Habida cuenta que el derecho a la prestación de que se trata fue adquirido el 3.10.09, va de suyo que
resulta inaplicable en la especie la doctrina sentada por el Superior Tribunal a propósito de la movilidad
de las jubilaciones y pensiones para el período que va del 1.1.02 al 31.12.06 (cuando aquella aún no
había sido acordada), in re "Badaro Adolfo Valentín" en los fallos del 8.8.06 y 26.11.07.
Por lo demás, a partir del alta de la prestación devienen aplicables las pautas ut supra referidas en
función de las circunstancias del caso.
En tanto lo resuelto se ajusta a los lineamientos descriptos, corresponde su confirmación.
III.
Encuentro improcedente la queja de la parte actora por no haberse ordenado la revisión de la PBU si,
como acontece en el sub examine, en atención a la fecha de adquisición del derecho (3.10.09), su
importe originario de $390,82 (ver en detalle del beneficio fs. 14) fue establecido por el organismo en
concordancia con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24241 según texto sustituido por el art. 4 de la ley
26417 (B.O. 16.10.08), cuya validez no fue puesta en tela de juicio.
IV.
Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar el haber mensual
reajustado que debió ser abonado por la demandada por cada uno de los meses adeudados, no existe
evidencia alguna que permita sostener que los arts.9 de la ley 24.463 y 9, 25 y 26 de la ley 24241 son
aplicables al caso y, menos aún, el perjuicio que ello pueda significar para quien demanda, por lo que
corresponde a esta altura del proceso diferir su tratamiento para la etapa de ejecución (cfr.
C.S.J.N. in re G.2275.XL, "García Felipe c/ANSeS s/reajustes varios", sentencia del 7.3.06, publ. en
Revista Jubilaciones y Pensiones pag. 436), tal como fue dispuesto en el fallo atacado respecto de los
arts. 9 de la ley 24.463 y 26 de la ley 24241.
V.
No acreditada la residencia en las condiciones requeridas por el art. 1 de la ley 19.485 no ha de
prosperar el reclamo por la bonificación por zona austral.
VI.
Tampoco ha de prosperar en esta instancia pues no pasa de ser una reflexión tardía de la parte actora el
reclamo vinculado con la tasa de sustitución de la prestación esgrimido en el recurso que no fue
articulado en su demanda.
VII.
Por lo demás, lo dispuesto sobre la tasa de interés a aplicar por los créditos originados con
posterioridad al 1.4.91 ha de ser confirmado por ser ajustado a la doctrina reiterada del Alto Tribunal a
partir del pronunciamiento recaído el 14.9.93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine", oportunidad en
que se revocó lo decidido por esta Sala por Sentencia nro. 26115 del 16.6.92, con fundamento que, aún
hoy sostengo.
VIII.
Que, en otro orden de cosas, considero que no asiste razón a la actora en cuanto a la argüida invalidez
del art. 21 de la ley 24.463, disposición que compatibiliza la exención de que goza el organismo, que
fuera establecida por el art.1 de la ley 18.477 y 11 de la ley 23473, por un lado, con la gratuidad del
procedimiento del reclamo de prestaciones previsionales para los demandantes, por el otro.
Sin perjuicio de ello he de agregar que, conforme reiterada jurisprudencia en la materia, la
constitucionalidad de la exención apuntada ha sido invariablemente admitida. (Véase, entre otros,
sentencia 15169 del 21.11.91 de la Sala II, en autos 13537/90 "Colotto Victorio c/CNPICyAC." y
C.S.J.N., 20.8.08, in re F.444 XXXVIII. "Flagello, Vicente c/ANSeS s/interrupción de prescripción")).
Por ello, en concordancia con la opinión vertida por el Ministerio Público sobre el punto, (ver, entre
otros, dictamen nro .
7773 del 24.4.97 de Fiscalía General Nro. 1, causa 6694/97 "Martínez Anita c/ANSeS s/dependientes:
otras prestaciones"), me pronuncio por desestimar el planteo de inconstituciona¬lidad deducido y
confirmar la imposición de costas por su orden.
Resulta suficiente para la correcta solución de las cuestiones litigiosas sometidas a consideración de
esta alzada lo hasta aquí expuesto, porque "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las
alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta
solución del litigio", (cfr. "Tolosa, Juan C. c/Compañía Argentina de Televisión S.A.", fallado el
30.4.74, pub. L.L. T. 155, pág. 750, nro. 385). Ello es así en el marco de la conocida doctrina en virtud
de la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar
los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para decisión de la causa. (Fallos 272:225; 274:113;
y causa "Wiater c/Ministerio de Economía", L.L. 1998AA, pág. 281, entre otros).
Por lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmente admisibles ambos recursos deducidos; 2) hacer
lugar parcialmente al de la parte actora y, por ello, diferir el tratamiento de inconstitucionalidad de los
arts.9 y 25 de la ley 24.241 para la etapa de ejecución; y 3) confirmar la sentencia atacada en lo demás
que decide y fue materia de agravios. Costas de alzada por su orden (arts. 68 segundo párrafo CPCCN.
y 21 de ley 24.463). Naf.
EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO:
Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Fasciolo.
Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar formalmente
admisibles ambos recursos deducidos; 2) hacer lugar parcialmente al de la parte actora y, por ello,
diferir el tratamiento de inconstitucionalidad de los arts. 9 y 25 de la ley 24.241 para la etapa de
ejecución; y 3) confirmar la sentencia atacada en lo demás que decide y fue materia de agravios. Costas
de alzada por su orden (arts. 68 segundo párrafo CPCCN. y 21 de ley 24.463).
Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente remítase.
MARTIN LACLAU
JUEZ DE CAMARA
NESTOR A. FASCIOLO
JUEZ DE CAMARA
JUAN C. POCLAVA LAFUENTE
JUEZ DE CAMARA
ANTE MI:
NICOLAS J. RIZZI
PROSECRETARIO DE CAMARA
JOSE MARIA GIAMMICHELLI
SECRETARIO

Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 3 año.
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