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huracan29
huracan29, Doctorado
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necesito un modelo de contestacion de agravios para el fuero

Pregunta del cliente

necesito un modelo de contestacion de agravios para el fuero de la Seguridad Social,
yo inicie un juicio por un cliente que no cobraba bien,se resolvio favorablemte por el juzgado Nº 6, pero el ANSES lo apelo y presento expresion de agravios
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 2 año.

huracan29 :

buebas tardes

huracan29 :

CONTESTA EXPRESION DE AGRAVIOS

Excelentísima Cámara:

con domicilio real en la calle 13, Barrio Marítimo, Hudson, provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio legal juntamente con la letrada que me patrocina Dra. CPACF, en Avenida Corrientes 4355, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S me presento y respetuosamente digo:

I-OBJETO:

Que vengo a dar contestación a los agravios expresados por la contraria respecto del recurso de apelación que interpuso en contra la sentencia definitiva de primera instancia, por resultar infundados e improcedente, y a solicitar que se confirme el pronunciamiento del aquo, condenando al efectivo pago de las sumas correspondiente al reajuste de haberes.-

II- AGRAVIOS

-Que la contraria se agravia:

PRIMER AGRAVIO “……en cuanto a la desnaturalización del precedente “Sanchez” aplicándose a cuestiones ajenas a las tratadas en la causa……” En el fallo “SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN: / ANSES s/ Reajustes varios” S. 2758.XXXVIII, R.O, del 17 de mayo de 2005, dijo en el considerando 7º “Que la ley 18.037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción de la referida ley 23.928 y solo fue derogada por la 24.241, de creación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, con el límite fijado en su art. 160, que mantenía las formulas de movilidad de las prestaciones reguladas por las leyes anteriores. No surge expresa ni tácitamente del régimen de convertibilidad que haya tenido en mira modificar la reglamentación del art. 14 bis de la C.N, por lo que esta Corte considera que una interpretación sistemática y dinámica del ordenamiento jurídico aplicable no admite otra solución que sea del cabal cumplimiento del método especifico de movilidad establecido por el legislador”. Continua en el considerando 8 diciendo: “Que…no existe fundamento valido que justifique retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en la forma prevista en el art. 53 de la ley 18.037, que fue mantenida por el art. 160 de la ley 24.241 para las prestaciones otorgadas o que correspondiera otorgar por aquel régimen provisional, hasta su derogación por la ley 24.463”. Y finalmente en el considerando 9 finaliza estableciendo “Que por tales razones y las demás expresadas en las disidencias por los jueces Petracchi, Belluscio, Bossert y Fayt en la referida causa “Chocobar, Sixto Celestino” corresponde revocar la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios y mantener el ajuste por movilidad hasta el 30 de Marzo de 1995 según las variaciones registradas en el índice nivel general de las remuneraciones a que remita el art. 53 de la ley 18.037…”

SEGUNDO AGRAVIO: “……es motivo de agravio la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 y aplicación de fallo “Badaro” del 29/11/2007, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2008 y el 28/02/2009….”

Si bien durante el periodo abril de 1997 hasta diciembre de 2001, la estabilidad de las variables económicas- salario y costo de vida –no sufrió significativas variaciones, ello no fue así a partir del mes de Enero de 2002.

Según surge de los indicadores que elaboran los organismos oficiales, a partir de esa fecha se registraron variables significativas en el índice general de las remuneraciones (ver INDEC Información de prensa del 07/06/2005, índice de salario base 4º cuatrimestre 2001 igual 100, Nivel General Abril 2005- 144,22).

Ante la pasividad del legislador y teniendo en cuenta lo manifestado por la CSJN en “Sánchez, Maria del Carmen, Considerando 4º, que la C.N exige que las jubilaciones y las pensiones sean móviles, es deber de los magistrados, hasta el Congreso Nacional cumpla con el cometido auto impuesto conforme la norma cuestionada y en consonancia con las previsiones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, hacer operativa la referida cláusula Constitucional, respetando la naturaleza sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral.

Por lo menos, en cuanto surge de los referidos índices que los haberes de actividad se han incrementado significativamente sin que dichos aumentos se hallan reflejado en el haber de los pasivos, violándose de ese modo la mencionada naturaleza sustitutiva que tiene las prestaciones provisionales, debe ese Tribunal corregir la distorsión mientras el Congreso de la Nación no asuma su obligación en la materia. En virtud de lo expuesto solicitó que los haberes de mi representado sean reajustados por el índice de salarios nivel general (CVS) INDEC.

Por otra parte es también perfectamente conocido el criterio de nuestra Corte en “Grassi Fernando” del 7-5-81, Fallos 303: 645, en donde se hace hincapié “en la disminución del crédito con la afectación del derecho constitucional de la propiedad, frente; a los efectos de la “AGUDA INFLACION”.

En el caso “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES s/ reajustes varios” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, B. 675. XLI .,26/11/07) el máximo Tribunal aplico el mismo criterio, declarando la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la 24.463, y estableciendo que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1º de Enero de 2002 y hasta el 31 de Diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En dicha causa, Superior Tribunal de la Nación también ha señalado que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanente que aseguren el objetivo constitucional de salvaguardar el derecho del titular a que su haber de pasividad se mantenga dentro de valores aceptables y acordes al nivel de vida que mantuvo durante su desempeño laboral, lo cual permitiría - además- reducir la litigiosidad y redundaría en beneficio del adecuado funcionamiento del Poder Judicial, por lo que formuló una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática.

No obstante ello, el Congreso de la Nación a través de la Ley 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2008, nada decidió al respecto, limitándose sólo a encomendar al Poder Ejecutivo Nacional la elevación"...de un proyecto de ley referido a la movilidad de las prestaciones previsionales".Planteada así la cuestión, y dado que el régimen de movilidad instituido por el art. 7 ap. 2 ° de la Ley 24.463 fue declarado inconstitucional en dicho precedente, el silencio guardado por los restantes poderes del Estado a las dos exhortaciones formuladas por el Alto Tribunal, y teniendo presente que el objeto de la garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional es: "... acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad...", (conf. "Badaro Adolfo Valentín" Sentencia del 8 de agosto de 2006, considerando 13°), es que la Cámara Federal de la Seguridad Social sala 2º en el caso “ Cirillo Rafael c/ ANSES s/ reajuste” del 18 de Abril de 2008, consideró insoslayable resguardar la integridad económica del haber previsional del actor en forma constante y sin límites temporales, hasta tanto el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional tengan a bien reglamentar la garantía en cuestión a través de una norma de validez general.
Este criterio - por lo demás- compatibiliza con el fin propugnado por la Corte Suprema de Justicia de reducir la litigiosidad en una materia de hondo contenido social (C.N. art. 75 inc. 23), pues impedirá que la parte actora promueva un nuevo y farragoso juicio ordinario por reajuste de haberes, cada vez que su haber previsional pierda poder adquisitivo con relación a los salarios de los trabajadores activos. En virtud de lo anterior es que declaró la inconstitucional el art. 7.2 de la ley 24.463 y dispuso que el haber de la prestación del actor se ajuste a partir del 1° de enero de 2002 y hasta tanto se sancione la norma reglamentaria de alcance general requerida por el Alto Tribunal, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quedando subsumidos en el mismo los aumentos que se hayan acordado al beneficiario en dicho período.

La SCJN en el fallo “ELLIFF ALBERTO C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS” resolvió que los salarios de referencia para calcular el haber inicial del jubilado deben ser actualizados hasta el cese laboral, según la variación de salarios y anula la falta de actualización que rigió a partir de 1991.

Para calcular la jubilación inicial se toma en cuenta el sueldo promedio de los últimos diez años de la actividad laboral, pero si a ese rubro no se le aplica alguna actualización el haber jubilatorio inicial resulta muy bajo.

La sentencia tiene alcance particular, pero beneficia a todos los que están en juicio o lo hagan en el futuro por un caso similar, porque sienta doctrina y unifica los criterios de la justicia.

La Corte resolvió que la Ley de Convertibilidad no puede vulnerar el art. 14 bis de la constitución Nacional y que no “existe fundamento valido que justifique retacear los ajustes de los haberes jubilatorios”.

El máximo tribunal expreso en su sentencia que los reajustes salariales no tienen como finalidad compensar el deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, que se vería afectada si el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones.

La contraria invoca la aplicación de ley 26.417: La Ley 26417, y las normas reglamentarias, intenta de manera arbitraria cercenar derechos de raigambre constitucional consagrados los art. 14 y 14 bis –derecho a una prestación jubilatoria digna y móvil- y 17 –derecho de propiedad- de nuestra Constitución Nacional, ya que, el exiguo porcentaje de incremento resultante, a todas luces insuficiente si se tiene en cuenta el alza del costo de vida, los datos sobre inflación y el retraso de arrastre en la actualización de los haberes, consiste en su aplicación hacia el futuro sin reconocimiento de retroactividad alguna por los períodos anteriores en que los beneficiarios previsionales se vieron privados de la debida movilidad de sus haberes, lo cual sumado a los elementos detallados, producen un efecto negativo en el recupero del monto de los haberes previsionales de manera que éstos cumplan su misión de asegurar la subsistencia de los beneficiarios, no ya con la pretensión de que se alcance un nivel digno de vida, acorde con sus necesidades, sino simplemente de superar el límite de pobreza.

El art. 6 de la ley de Movilidad, que modifica al art. 32 de la ley 24241, consagra la movilidad de las prestaciones provisionales y garantiza que dicha movilidad nunca será negativa, PERO, indica que la movilidad se obtendrá aplicando la fórmula contenida en el Anexo de la ley. A simple vista se repite la situación del art. 3, puesto que el mismo organismo que elabora las variables es el que paga el reajuste por movilidad, es decir, el ente que tiene menos interés en la variación positiva del mencionado índice es quién debe elaborarlo y publicar la respectiva información para que el afiliado pueda controlar el procedimiento que determina el monto de su prestación, lo cual quita transparencia al sistema. Esta situación se da en el caso de las variables “RT” y “r”. Respecto de la variable “b” se trata de un límite, que será nuevamente fijado por la Administración. La movilidad está basada en un promedio simple entre los aumentos que verifiquen los salarios y los recursos tributarios (que recibe la ANSeS).También incorporó, una restricción fiscal puntual: en cada semestre, no se podrán pagar más aumentos que los que permitan los recursos totales de que disponga la ANSeS, El objetivo último de la norma, siempre que haya recursos para hacerlo, debería ser el de dar aumentos similares a los salariales, tal como exige la Corte Suprema, es decir, que si hay semestre en los cuales sean insuficientes los recursos, la movilidad de los haberes la clase pasiva tendrá que ceder, lo implicaría que con el correr de los semestres los jubilados se irán quedando siempre con el aumento menor y nunca recuperarán lo que deban ceder ante eventuales faltas de recursos. Peor todavía: aplicar esta fórmula así como está significaría introducir un elemento totalmente aleatorio en la determinación de la movilidad previsional. El efecto matemático de esta fórmula hace que, cuanto mayor sea la diferencia que se verifique en cada semestre entre la tasa de aumento de los salarios y la de los recursos tributarios, menor será el aumento acumulado que recibirán las jubilaciones. Y como el modelo no tiene historia, pues no compensa a futuro las cesiones de hoy, con el correr de los años, el aumento de las jubilaciones se alejará cada vez más, tanto del aumento de los salarios como del de los recursos tributarios, siempre para menos. A largo plazo, los jubilados podrán recibir todo el aumento que les fija la ecuación de movilidad, pero sólo si ambas variables, aumentasen de manera idéntica entre sí en todos y cada uno de los semestres. Si no, recibirán menos.


La ley de Movilidad no prevé el ajuste del haber inicial de las prestaciones provisionales: Hasta mediados de 2008, el cálculo del haber provisional inicial se realizaba ajustando los haberes de actividad percibidos por el solicitante solamente hasta 1991, momento en que la Ley de Convertibilidad 23928 pretendió “congelar” la economía. Es decir, los haberes previsionales liquidados con anterioridad a la actualización –ordenada por la CSJN- del índice previsto en el art. 32 de la ley 24241, están incorrectamente liquidados, en perjuicio de los beneficiarios de los mismos. Si se comienza a ajustar los haberes en marzo de 2009, sin corregir según el índice actualizado todos los haberes iniciales, se estarían tratando de diferente manera a los pasivos cuyos beneficios fueron liquidados con el índice debidamente elaborado respecto de todos aquellos que por haberse liquidado su haber inicial antes de la actualización del índice del art. 32, sus haberes en actividad fueron ajustados sólo hasta 1991. Es decir, la Ley de Movilidad, también vulnera el principio de igualdad ante la ley y además el derecho de propiedad consagrado por nuestra Constitución Nacional, puesto que aquellos jubilados cuyos haberes fueron liquidados antes de la corrección del índice de ajuste, verán confiscada una importante proporción de su haber inicial, que se extiende a lo largo del tiempo puesto que afecta permanentemente el monto que percibe mensualmente y afectará también su movilidad, puesto que se calculará en base al haber inicial disminuido.

No se prevé el pago de retroactivo por el ajuste, lo cual es también una confiscación que viola el derecho reconocido por la ley al beneficiario a percibir el pago retroactivo de las diferencias producidas por el cálculo correcto de la movilidad del haber por dos años anteriores a la presentación del reclamo de reajuste. No obstante la claridad de la situación expuesta, la sucesión de disposiciones legales dictadas y a la que va ha ser sometida la pretendida movilidad conforman sucesivas restricciones, alteraciones y lesiones, tanto en forma actual como inminente, a los derechos en cuestión protegidos por la Constitución Nacional; y debemos tener presente que la Jurisprudencia nos ilustró en repetidas ocasiones “que ni el legislador, ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido, al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso, el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocido por la Ley Suprema (Fallos: 319, 1915, 320:31 y 2157, entre otros)”.

La pretendida ley de movilidad crea un mecanismo de actualización de jubilaciones de aquí en más, pero no resuelve el problema del achatamiento de la pirámide salarial que se produjo en los últimos años. El esquema es confiscatorio, ya que provocara, un paulatino alejamiento entre los haberes provisionales y los salarios de los trabajadores en actividad.

La Corte Suprema de Justicia Nacional sostuvo que la movilidad consiste en una relación de proporcionalidad entre los salarios y el haber de retiro. Con la ley atacada, en cambio, la movilidad de los haberes jubilatorios dependerá, también, de otros factores: el resultado de los recursos tributarios de ANSeS y el número de beneficiarios, dejando totalmente de lado la magnitud de las necesidades de los pasivos. Esta ley mantiene el círculo vicioso, y lejos de beneficiar al sector pasivo, genera una brecha progresiva entre las jubilaciones y los salarios.

TERCER AGRAVIO: “….se agravia en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad parcial del art. 55 de la ley 18.037 y 9 de la ley 24.463…..”

Por entender que dichos topes generan un grave perjuicio al haber de mi representado, ya que, la quita producto de estos es superior al 10 %, produciendo confiscatoriedad ("PÉREZ, HÉCTOR c/ A.N.Se.S." 3/02/99 sent. 80690 C.F.S.S. Sala I). Conforme lo ha determinado la jurisprudencia de la CNSS: “Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 18.037 cuando su aplicación a un caso concreto, importe un grave perjuicio económico al titular. A tal efecto, y en orden a la operatividad del tope legislativo fijado en la norma, sólo se considerara razonable una quita que no supere el 15% del haber, como una contribución solidaria a la seguridad social de quienes tienen mayor capacidad económica. CNSS. Sala II, 10/4/90, “Rondán c/CNPICAC”, BCSS 3; íd. Sala III, 16/8/89, “Bastero c/CNPESP”, DT 1.990-A-720; CFSS. Sala I, 11/6/97, “Wolff c/Anses”, BCSS 18; Sala III, 23/6/98, “Tulli c/Anses”, BCSS 21.
“Si bien corresponde reconocer la legitimidad del sistema de haberes máximos en materia de jubilaciones y pensiones desde que fueron instituidos por vía normativa, ello no impide dejar a salvo la posibilidad de establecer soluciones adecuadas a las circunstancias de las respectivas causas, lo que autoriza a confirmar el decisorio de la Cámara de Seguridad Social que declaró la inconstitucionalidad de tales topes tras advertir que su aplicación provocaba una merma confiscatoria –en el caso superior al 15%- del haber que le hubiera correspondido percibir al afiliado de no haber sido alcanzado por el sistema de topes máximos. CSJN. 19/9/99, “Actis Caporale c/CNPICAC”, DT 2000-A-165. Solicitando la aplicación del precedente “ Del Azar Suaya, Abraham”

III -CUESTION FEDERAL

En el caso se encuentran reunidos los requisitos que configuran el caso federal, de acuerdo con las hipótesis previstas en el art. 14 de la ley 48, al plantearse un conflicto entre la Constitución _Nacional y una ley de carácter federal, de rangoinferior. La ley 24463 prácticamente en la totalidad de los artículosde los títulos I y II se encuentra fuera del orden constitucional, vulnerando las siguientes disposiciones de la C.N. Asimismo resultan vulnerados principios y garantías que surgen de los tratados internacionales aprobados por nuestro país en la materia y que tienen jerarquía constitucional:

En lo referente a las garantías individuales, el derecho a la vida, a la propiedad y movilidad de la jubilación, la igualdad y garantías judiciales (art. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la C.N).

En lo referente a la violación de principios fundacionales de nuestra organización constitucional se destacan los que se refieren a la vigencia de la división y equilibrio de los poderes del Estado, la supremacía de la C.N y de los Tratados Internacionales, las atribuciones del poder judicial vinculadas al respeto de su función de administrar justicia (art. 1, 31, 75 Inc. 22 de la C.N).

A todo evento, mantengo la reserva del caso federal a tenor del art. 14 Inc. 3, de la ley 48, por debatirse en autos la inteligencia de normas de la C.N en las cuales fundo la reclamación de mi parte.

IV.- PETITORIO.

Por todo lo expuesto, a V.S, solicito:

1) Me tenga por contestado en legal tiempo y forma el traslado conferido y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Oportunamente se declare improcedente el recurso de apelación interpuso por ANSES, recháceselo, sea mantenida la sentencia de 1ra. Instancia; con costas de 2da. Instancia a cargo de las demandadas

3) Tenga por hecha la reserva de caso federal en tiempo propio.

Proveer de conformidad,

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