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huracan29
huracan29, Doctorado
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Modelo de Demanda contra ART por enfermedad profesional

Pregunta del cliente:

Modelo de Demanda contra ART por enfermedad profesional
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 2 año.

huracan29 :

buens tardes

huracan29 :

DEMANDA POR ACCIDENTE LABORAL.-


Sr. Juez:


 


xxxxxxxxxxxxxxxxxcon domicilio real en calle 142 xxxxxxxxxxxxxxxxxi, Pcia. de Bs. As, con el patrocinio letrado de la Dra.xxxxxx, T xx F xx4 CPACF, Monotributista,, constituyendo domicilio procesal en Av.xxxxxxx, piso 6, of. 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S me presento y respetuosamente digo:


I.- OBJETO:


 


Que vengo en legal tiempo y forma a promover formal demanda contra “xxxxxxxxxxxxxcon domicilio en calle xxxx 3773 Loc. 1055, de San Martin, Buenos Aires, y PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A, con domicilio en Av. Callao 254 PB, y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., con domicilio en calle Carlos Pellegrini 91 de Capital Federal y/o ASOCIART A.R.T., estimándose el monto de dicha reparación en la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 05/100 (734.520, 05) y/o lo que en mas o en menos estime corresponder el elevado criterio de V.S. conforme la prueba rendida en autos, ello con más los intereses a tasa activa, actualización monetaria, costos, costas del juicio y perjuicios ocasionados por el mismo al momento de su efectivo pago, ello en virtud del ACCIDENTE LABORAL SUFRIDO CON FECHA 28 DE JULIO DE 2012, en ocasión de trabajo y las lesiones derivadas del mismo, y OPONER LA INCONSTITUCIONALIDAD de los Arts. 1º, 2, 6, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 cláusulas 1º, 3º y 5º de la Ley 24.557, todo de conformidad con los hechos que infra se relatarán-


 


II.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD:


Los Arts. 6° y 39° incisos 1 y 2 de la Ley 24.557 y 75° LCT modificado por la ley 24.557 deben declararse inconstitucionales, en virtud de que se encuentran en clara contraposición y resultan violatorios de los Arts. 16°, 18°, 19°, 31° y 75° incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional.


Efectivamente, las normas referidas y cuya constitucionalidad se tacha resultan violatorias de: A.- Las facultades no delegadas y las expresamente reservadas; B.- El Derecho de Igualdad ante la Ley; C.- El Principio "alterum non laedere"; D.- El Derecho de Propiedad; E.- El Derecho a Jueces Naturales y a un Debido Proceso; F.- El Derecho a la Jurisdicción; G.- La Exclusividad del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción; y resulta totalmente discriminatorio y violatorio de los pactos internacionales de DDHH (Derechos Humanos).


La aplicación taxativa del Artículo 39 de la Ley 24.557 resulta manifiestamente discriminatorio, en el sentido que la norma hace objeto a los trabajadores siniestrados de un trato desigualitario, distinto y cercenador al impedirles acceder al régimen de reparación integral que prevé el Código Civil para situaciones análogas a las que lo harían los restantes habitantes del país que fueron víctimas de un daño injusto bajo las mismas circunstancias, violando el principio de igualdad ante la Ley establecido por nuestra Carta Magna en su Art. 16.


También se violenta las normas de los Artículos 1°, 2° y 7° de la Declaración Universal de DDHH proclamada por la Resolución 217 de la Asamblea General de la ONU sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica firmado el 22/11/69), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 2°, 4° y 5° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.


La Ley 24.557 toma la mera condición de “trabajador dependiente” como dato de diferenciación, objetivo y relevante, considerándolo suficiente para justificar el trato discriminatorio y violatorio de los derechos que los mismos poseen como personas y cuyo goce se encuentra constitucionalmente garantizado, excluyéndolos –y a su familia– e impidiéndoles, consecuentemente, acceder a la reparación integral del daño sufrido, a diferencia del resto de las personas a quienes se les reconoce esta última posibilidad frente a idéntica circunstancia aunque así solo por carecer de la mencionada condición.


La conclusión a la que inevitablemente se arriba mediante el tratamiento diferenciado recibido por ambos damnificados no es otro que aquel que conduce a sostener que los diferentes siniestros que afectan la vida de las personas, como el de autos, gozan de menor protección, cuestión que no puede convalidarse sin vulnerar los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Así, mientras el trabajador dependiente y sus derechohabientes tendrían derecho a una reparación tarifada establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo, aquellos que no están vinculados por un contrato de trabajo podrían acceder al régimen de reparación integral del Código Civil. Con lo cual –se concluye– se confiere trato diferente a situaciones iguales.


Como acertadamente señala el Dr. Sagües "...la ley 24.557 se propuso expresamente "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado" (art. 1 inc. b). Esta meta en nada justifica que el dependiente tenga un régimen indemnizatorio reducido (en comparación con el civil) y con pagos fraccionados, daña en lugar de favorecer, la reparación a que alude el citado art. 1 inc. b) de la ley 24.557. Si a ello se suma que la ley no brinda explicaciones sobre la hipotética presencia de un contundente interés público relevante que justificase un tratamiento diferenciatorio (y negativo) para el trabajador, se arribará también a un estado de injusticia que conduce a la declaración de inconstitucionalidad... cabe presumir como inconstitucionales a aquellas normas que impongan trato legal discriminatorio que les cause perjuicio, con relación a los acreedores del derecho común" - (“Críticas a la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557”; Serie Temática 2; Revista del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Colegio de Abogados de Rosario, Pág. 120 y ss.).


La referida norma es violatoria del principio "alterum non laedere" que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, receptado por nuestra Constitución Nacional en su Art. 19° y resulta el fundamento básico de los llamados Derechos Humanos. Asimismo y tras la reforma constitucional en 1994, por conducto del Art. 75° inciso 22, dicho principio es reconocido en diversas normas de Cartas Internacionales sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica y Convención Americana de DD HH), conectándose automáticamente con el Art. 17° de la Constitución Nacional que protege la inviolabilidad de la propiedad en sus diversas formas.


Es un mérito de ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente haya reconocido que el Derecho de Daños tiene jerarquía constitucional al señalar que "…los arts. 1109 y 1113 del Código Civil consagran el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero…”


El principio “alterum non laedere”, entrañablemente vinculado a la idea de reparación y de raíz constitucional, encuentra su reglamentación en el Código Civil donde al referirse a las personas y las responsabilidades, no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (CSJN, in re “GUNTER C/ NACION ARGENTINA y LUJAN C/ NACION ARGENTINA”, Fallos 308:1109) respectivamente.


A partir de la ley 24.557 se restringe y desvirtúa dicho principio y el derecho de la víctima de acceder al resarcimiento integral del daño, se violan derechos constitucionales inspirados en el referido principio.


De similar manera, dicha norma viola el Derecho de Propiedad, como consecuencia lógica jurídica de las dos argumentaciones anteriores efectuadas sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, ello en cuanto vulnera el Derecho de Propiedad de las victimas y derechohabientes en tanto les impide acceder a la reparación integral por los bienes dañados (debiendo entenderse por tales también la vida y la salud de los trabajadores), sustituyéndola por el pago de prestaciones que no cubren todas las hipótesis de daños causados y posibles y que además son insuficientes en cuanto a los montos previstos. Al efecto, esta Parte deja expresamente manifestado que el término “Propiedad” definido por el Supremo Tribunal es compresivo de todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo y de su vida y su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciable en dinero alcanzan el nivel de derechos patrimoniales. Y ello comprende el respeto de la propiedad de los créditos reparatorios de la vida de las personas perjudicadas por conductas violatorias del deber de no dañar.


La “dispensa de la culpa grave” que efectúa la Ley de Riesgos del Trabajo es


a todas luces inconstitucional, ya que a través de la misma se pretende avalar conductas de dolo eventual o de culpa grave ejecutadas muchas veces con total conciencia por sus responsables, como ser las expresadas en los presentes autos. Efectivamente, la Demandada debe conducirse conforme a derecho, por lo tanto no es válida la limitación de responsabilidad por daños corporales sin equivalencia económica, dado que los individuos deben conducirse conforme sus deberes generales de prudencia y diligencia.


El segundo párrafo del Apartado “A” correspondiente al Inciso 2 del Art. 6° de la LRT es inconstitucional en cuanto exime de responsabilidad civil a los empleadores frente a los trabajadores y los derechohabientes por las enfermedades no incluidas en el listado, pues de esta manera se viola el “Derecho de Igualdad ante la Ley” e impide el “Acceso a la Justicia” violando el Art. 18° de nuestra Carta Magna. Resulta irrazonable y excesivo sostener que las enfermedades no contenidas en la lista no pueden ser consideradas resarcibles, resultando inconstitucional la negación del derecho de obtener la justa reparación de un daño imputable a una persona por el sólo hecho de que el responsable se encuentre vinculado al damnificado por una relación de dependencia. (Del voto en mayoría del Dr. Capón Filas en los autos caratulados “NAVARRO COCA, Rolando C/ KINERT S.A y OTRO s/ Accidente”, CNT Sala 6º, 08/04/2002).


Así, se ha expresado con criterio que consideramos aplicable al presente que: “…Debe declararse la inconstitucionalidad del Art. 6, Inc. 2 de la Ley 24.557 en cuanto limita las enfermedades que pueden ser objeto de resarcimiento a través de esta normativa. Ello es así debido a la modificación introducida por el decreto 1278/2000 (art. 2 en la norma mencionada), en virtud de la cual también se considerarán enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo (En el caso, la actora sufría de una dolencia columnaria, enfermedad que al no encontrarse incluida en el decreto 685/1996 lo llevó a plantear la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 ley 24.557)” (CNT, Sala 1º, 21/04/2005, in re “ACOSTA, María T. V/ BAGLEY S.A. y OTRO s/ Accidente”).


Consideramos por ello que, tanto el Apartado 2 del Artículo 6° de la Ley 24.557 como el Decreto 1278/00, resultan inconstitucionales y así debe declarárselos en atención a que los mismos violan a los Artículos 14° bis, 16°, 18° y 19° de la Constitución Nacional.En ese sentido y de manera muy acertada, el prestigioso Dr. JULIO ARMANDO GRISOLÍA ha expresado en su obra titulada “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” lo siguiente: “…b) Listado de enfermedades profesionales (Art. 6°, ap. 2, y 40° ap 2, b)…”. Según la LRT las enfermedades no incluidas en el listado o los hechos que no estén categorizados como súbitos y violentos (art. 6°) no son resarcidos.
Esto fue parcialmente corregido por las modificaciones al art. 6°, LRT, introducidas por el decreto 1278/00. La LRT estableció un listado de enfermedades profesionales cerrado confeccionado por el Poder Ejecutivo; esto significaba que aún demostrando acabadamente la vinculación causal entre la mecánica laborativa o el ambiente de trabajo y una afección incapacitante, si esa dolencia no estaba enumerada taxativamente en dicho listado, no era resarcible.- Sostuve, desde la sanción de la LRT que este listado taxativo y cerrado colisionaba con el Art. 19 CN, al violar el principio de NO DAÑAR, y lesionaba la justicia conmutativa ya que quien persigue su propio interés y daña el derecho de otro, debe indemnizarlo.- El empleador, al organizar la empresa para la producción de bienes y servicios, crea una situación de riesgo para los trabajadores y terceros, y, por ende, debe resarcir el daño que puede producirse aún cumpliendo con las normas de higiene y seguridad.- Resultaba menoscabado el Art. 14 BIS, CN, ya que la pretensión de que se cubra el daño causado al trabajador por una enfermedad vinculada causalmente con el trabajo pero excluida del listado únicamente mediante los beneficios de obra social y seguridad social, como si se tratara de padecimientos ajenos al ámbito laboral, configuraba una deficiente comprensión del texto constitucional.- Violaba además los Arts. 16 y 18, CN, que consagran el principio de igualdad jurídica –que todos los habitantes reciban igual trato en circunstancias y condiciones idénticas - y el de igualdad ante la justicia, y los principios (similares) consagrados en las disposiciones de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional por el art. 75, inc. 22, CN.- Por ende, por un lado, en el listado había enfermedades no incluidas, y por otro, las que están incluidas no lo estaban en cualquier relación causal sino en una relación causal única y predeterminada (por ejemplo, no está contemplada la relación entre altas temperaturas y enfermedad renal).- Lo cierto es que en realidad quedaron fuera del listado muchas enfermedades de origen laboral que desde siempre tuvieron cobertura legal y jurisprudencial. Una importante proporción de las patologías reclamadas por los trabajadores y que se vinculan causalmente con el trabajo desarrollado NO ESTÁN CONSIDERADAS EN EL LISTADO CERRADO de triple columna.- El Dec. 1278/00 (BO del 3/1/2001) mejoró relativamente el sistema, por lo cual cabe reiterar varias de las objeciones formuladas precedentemente a la LRT.- A pesar del decreto, subsiste el listado de enfermedades de triple columna y sigue siendo cerrado, ya que la facultad de las comisiones medicas de considerar enfermedades profesionales a otras no incluidas se ciñe a considerar en todo caso como enfermedad profesional a una dolencia sólo en el caso concreto y sin que ello implique la modificación del listado de enfermedades.- En realidad todo el procedimiento establecido por la ley (Art. 6, ap. 2, Decreto 1278/00), es decir, el listado taxativo y su modificación por el decreto 1278/00 para poder admitir enfermedades profesionales no incluidas en el listado que hizo el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) es VIOLATORIO de la Carta Magna, ya que: a) desconoce el derecho de igualdad (art. 16 CN); b) la garantía del juez natural y del debido proceso (art. 18 CN); c) lesiona la forma republicana de gobierno (art.1° CN) la división de poderes; d) lesiona la competencia del Poder Judicial, desconociendo el debido proceso; y e) Priva al trabajador de un real acceso a la justicia y viola los pactos Internacionales ya referenciados en otros puntos del presente escrito, violando la modificación de 1994 de nuestra Constitución Nacional.- Afirmamos que la LRT y los decretos que la modifican (debió modificarse por leyes) le dan un total y absoluto manejo al Poder ejecutivo Nacional para incluir o no enfermedades profesionales, modificar la lista, ampliar o limitar su contenido, es decir que la LRT viola la división de poderes en ese sentido y es una clara denegación de justicia y no ofrece garantía alguna.- En conclusión el sistema del listado del art. 6, ap. 2 de la ley 24.557 y el decreto 1278/00, como así también el decreto 410/01 (especialmente del art. 2, apartado 5) que irrazonablemente prevé un único tipo de apelación ante la Comisión Médica Central por la exclusiva circunstancia de tratarse de “enfermedades no incluidas en el listado” (otra, una más, irrazonabilidad y discriminación de este conglomerado normativo), son a todas luces caprichosos, carentes de fundamento científico y racional, y en la práctica están ligados a la desprotección de los trabajadores siniestrados, una verdadera burla al derecho laboral en general.- También es inconstitucional la modificación de la ley 20.744, en cuanto a la sustitución que hace del texto del art. 75 en el punto 2, ya que nuevamente limita a las enfermedades que sufre el trabajador a causa de la actividad productiva (afecciones de columna, lumbar o cervical, hernias, hipoacusia, entre otras), no se encuentran en el listado de patologías indemnizables y dice la ley que estas dolencias “en ningún caso serán consideradas resarcibles” (art. 6. punto 2). Consecuentemente las ART declinan su responsabilidad, debiendo pasar el trabajador por un sinnúmero de requisitos burocráticos e indignantes tal como se describió ut supra.-


Por todos los argumentos y fundamentos expuestos precedentemente, sumado a la enorme jurisprudencia que en la materia viene declarando la inconstitucionalidad requerida, es que solicitamos a V.S. la declaración de inconstitucionalidad de los Arts. 6° y 39° incisos 1 y 2 de la Ley 24.557 y Art. 75° de la LCT (modif. por la Ley 24.557) como así también del Decreto 410/01, considerando procedente la responsabilidad de la Demandada respecto de los daños sufridos por el Actora y se declare consecuentemente competente para entender en los presentes autos, ordenando una reparación integral de los mismos previa determinación de la incapacidad laboral del Actora a través de una pericia médica a practicarse al efecto. A todo lo cual deberá sumársele la reparación por el lucro cesante y el daño moral y la indemnización correspondiente por el Despido indirecto dispuesto.


 


LEY 26773


La ley 26.773 publicada en el Boletín Oficial el 26/10/2012, establece que los trabajadores que opten por hacer juicio tendrán la potestad de hacerlo (con la limitante de que quienes opten por la vía judicial deberán renunciar a cobrar la indemnización tarifada). Uno de los grandes cambios del nuevo régimen es la cuestión de la competencia: se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del Fuero Laboral al Fuero Civil, con la aplicación de las normas de fondo y forma y los principios correspondientes al Derecho Civil.


Cabe recordar que mientras en la Justicia laboral rige el principio de gratuidad, para litigar en la Justicia civil se debe extender poder ante escribano público (con un costo superior a los $1.000), pagar tasa de justicia (3% de lo reclamado) o tramitar una eximición.


Esta parte adhiere a las consideraciones efectuadas desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otros colegios, los cuales sostienen que con esta imposición se aparta al trabajador del juez natural, aplicándosele una normativa ajena al principio protectorio de raigambre constitucional previsto por los artículos 14 bis y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, por tal motivo se plantea su inconstitucionalidad.


En el caso “Marchetti”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había receptado la competencia del Fuero Laboral para entender en los reclamos de reparación integral de los siniestros del trabajo.


 


La justa reparación de los infortunios del trabajo, sigue siendo una materia pendiente del Derecho del Trabajo, la ley vigente como las que le precedieron se enrolan en una postura exclusivamente asistencialista y no reparatoria, transaccional y contraria a los principios generales del trabajo, especialmente al Principio de Irrenunciabildiad y al Principio Protectorio.


 


Los litigantes contamos con los medios legales para solicitar la inaplicabilidad de la ley y plantear los recursos necesarios. Téngase presente que la Ley de Riesgos dio lugar a un sinnúmero de recursos de inconstitucionalidad y propició que la Corte Suprema de la Nación sentara una especial doctrina sobre ello.


 


La reciente modificación mejoró algún aspecto señalado por la jurisprudencia como la eliminación de la renta periódica, sin embargo impuso la opción civil excluyente, a la que he dado a llamar “el dilema diabólico” (8), en el sentido en que el trabajador se ve compelido a optar entre cobrar ya una prestación dineraria a través del sistema de las ART o a perseguir el crédito que satisfaga realmente y plenamente el daño mediante un acción judicial. Lo que configura un aprovechamiento del estado de necesidad en que se encuentra el trabajador accidentado, incapacitado, enfermo, cuestiones estas que agravan su ya natural hiposuficiencia.


 


III.- RECLAMO:


La presente acción tiene como finalidad lograr que FFS GROUP S.R.L., sea condenada a abonar a la Actora la correspondiente “Indemnización Integral pertinente por la Incapacidad Sobreviniente”, solicitándose la condena solidaria, para el caso de que exista de la “Citada en Garantía”, la cual, de acuerdo a las constancias documentales que poseo en mi poder, puede serlo tanto PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., y/o PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., estimando el total de la misma en la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 05/100 ($734.520,05), o bien lo que en más o en menos surjan de las pruebas a rendirse en autos y lo que disponga el elevado criterio de V.S.-


II.- HECHOS:


El reclamo surge como consecuencia del ACCIDENTE LABORALde fecha 28 de julio de 2012, en el cual la actora, cuando se encontraba realizando sus tareas de cocinera, en horario y ocasión del trabajo, sufre una grave cortadura (la cual derivó en intervención quirúrgica, con once puntos de sutura) en sus dedos, mano y vena del dedo pulgar de la mano izquierda cuando se encontraba abriendo una lata de tomates.


La actora ingreso a trabajar para la demandada el 31 de enero de 2012, percibiendo una remuneración mensual de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO ($ 2918,00), desempeñándose hasta el momento en el cual la actora renunció producto de profundo abandono por su afección de parte de la empresa, hoy demandada en una jornada laboral que se extendía de 9 a 17, o 13 a 23 o 16 a 24 todos los dias, con un franco semanal rotativo, desempeñándose como Cocinera y realizando otras tareas además, en el Establecimiento conocido como “TERRA DI PASTA” ubicado en el patio de comidas del establecimiento situado en Av. Calchaquí 3950 de Quilmes, Buenos Aires.


 


Es oportuno remarcar que al ingresar a prestar servicios a las órdenes de la Demandada, la actora se encontraba en perfecto estado de salud, tanto física como psíquica, totalmente sana y sin incapacidad laborativa alguna.


En un principio la relación laboral fue buena con los empleadores, ya que la actora realizaba sus tareas de forma muy efectiva, se encargaba de todas las tareas requeridas por los hoy demandados, tenía amplios conocimientos en el oficio de la gastronomía, desempeñándose como cocinera, es decir, utilizaba la totalidad de los elementos de cocina –con el riesgo que ello implica – del Establecimiento.


Cabe destacar además el total desinterés y abandono por parte de la hoy demandada a sus empleados toda vez que ante tareas de riesgo, como son las del trabajo en una cocina a la actora LA TUVIERON TRABAJANDO SIN ELEMENTOS DE SEGURIDAD NI DE PROTECCION, ASIMISMO, NI SIQUIERA LE INDICARON DE MANERA CLARA CUAL ERA LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO QUE CUBRIA LOS


EVENTOS DAÑOSOS EN LOS CUALES SE PODRIA VER AFECTADA. Al respecto, en la baja de la trabajadora se indica que la ART es PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO, y por otro lado, se le indico de manera verbal que la ART era PREVENCION ART, por ello, la actora cita a ambas al proceso.


 


El día 28 de julio de 2012, siendo aproximadamente a las 11 horas, la actora, mientras cocinaba, se corta los dedos de la mano izquierda con una lata de tomates, lo que provocó que tenga que ser derivada a la Clínica Modelo de Quilmes por los médicos de la obra social, donde le suturaron los cortes y fue suturada, -once puntos de sutura.


 


Desde esa fecha, la actora estuvo de licencia por el accidente, realizándose las curaciones en centro de medicina laboral de la ART.


 


El 23 de agosto, en el mismo nosocomio la actora fue intervenida quirúrgicamente, soldándole una vena del dedo pulgar de la mano izquierda.


 


Estuvo de licencia hasta el 2 de octubre, momento en el que se reincorpora a prestar servicios.


 


Desde ese momento, la actora quedo disminuida en sus capacidades para prestar tareas, y al comunicárselo al gerente de la firma empleadora, señor Nicolás Grillo, comenzó a ser tratada con distancia, y en lugar de recalificarla, comenzó la demandada a recargarla en las labores.


 


Desde que inicio la relación laboral con la firma como cocinera, la actora siempre se dedicó a la elaboración de las salsas, no obstante luego de otorgada el alta, además de las salsas, le encargaban tareas de producción de pastas, y hasta a veces de limpieza.


 


Los francos le fueron reducidos, se la comenzó a recargar en el trabajo hasta que siendo imposible continuar con la relación laboral, y producto del desconocimiento de la actora, respecto de los derechos laborales, y que estaba siendo puesta en un situación de despido indirecto por ejercicio abusivo del ius variandi -acoso laboral-todas injurias de tal gravedad que hubieran sido causa de que la actora se considerase despedida, la misma renuncia en el mes de febrero de 2013.


 


IV.- FACTORES DETERMINANTES - LA RESPONSABILIDAD:


Con lo expuesto, surge manifiesto que la causa de la incapacidad padecida por el Actora derivó directamente del accidente.


Asimismo, el daño psicológico provocado a la actora, derivo del accidente, del despido, y de las tareas realizadas, las que incidieron directa y contundentemente y constituyeron el nexo causal.


Como ha quedado expuesto, el trabajo desarrollado por la Accionante requirió naturalmente de notable esfuerzo, sobre todo durante la etapa final de la relacion laboral, que exigió mayor dedicación y atención, los cuales por el género de la actividad escapan a los índices normales, y se caracterizan por una importante tensión, siendo el ambiente laboral de exigencias físicas imperiosas lo cual tornó su labor angustiante y en exceso estresante que motivo alteraciones manifiesta en su carácter.


Por otro lado, es claro, y todos los estudios científicos lo pueden corroborar, que la exposición a un siniestro de este tipo, provoca el cuadro conocido como “Siniestrosis”.


Dicho cuadro se vio agravado por la situación de abandono dispuesto por la Demandada, producto de la cual no se pudo hacer frente a las erogaciones que exigían los tratamientos de recuperación de las lesiones sufridas, en atención a los limitados recursos con que contaba la Sra. RODRIGUEZ en su situación de desocupada.


Consecuente y naturalmente, tales características laborales influyeron en forma negativa en la salud y fueron eficaces por sí mismas para desencadenar distintos males incapacitantes: enfermedades de carácter psíquico y psicológico, crisis de llanto sin causa desencadenante, humor depresivo, falta de interés por las cosas, retracción social, manifestación de ideas depresivas y de angustia.


 


En síntesis: la actora ingresó a las órdenes de la patronal sana y hoy padece las terribles enfermedades mencionadas.


 


En el mismo orden de cosas, no podrá soslayarse una circunstancia más que relevante en la presente, representada por la ausencia de los exámenes médicos periódicos y los de egreso de realización obligatoria conforme la normativa vigente de Higiene y Seguridad. Ello, deja surgir manifiesto además del incumplimiento de las previsiones legales, la clara conducta de la Demandada orientada a evadir sus responsabilidades como empleador y tendientes al ocultamiento tanto de los hechos descriptos ut supra y de la incapacidad laboral padecida por el Actora a causa de las actividades laborales desarrolladas bajo su dependencia y subordinación, motivo de las cuales padece serias dolencias que lo imposibilitan tolerar y desarrollar una jornada de trabajo como la que desempeñaba.


 


Se destaca que la grave incapacidad padecida por la Actora se traduce en una importantísima pérdida de ganancia (lucro cesante), ello en virtud a que la misma le ha imposibilitado reinsertarse en el mercado laboral, tanto para el desarrollo de tareas para las que otrora se encontraba calificado y que desempeñaba para la Demandada, como para cualquier otra, afectando sensiblemente su capacidad de proveerse de los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas propias y de su núcleo familiar, con la consecuente afectación emocional que dicha situación lleva aparejada.


La relación laboral transcurrió en claro incumplimiento y con irregularidades graves que importaron una manifiesta vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos y que amparan a todo trabajador (Arts. 14 BIS y 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna), y en lo que al Actora respecta, se suma lo reñido de la situación con los derechos otorgados en el Convenio Colectivo de Trabajo de su actividad y Leyes análogas con carácter de orden público que son de aplicación obligación por todo Empleador.


En particular, la Demandada incumplió con las pautas establecidas por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo –Ley 19.587–, particularmente, lo normado por los Arts. 1°, 4°, 5° incs. “A”, “F”, “H”, y “O”, 8° incs. “C” y “D” y 9° inc. “A”, “K”, “L” y sus concordantes, como también violó lo establecido por el Decreto 1338/1996 reglamentario de la precitada norma y por la Ley 24.557 y concordantes. En este orden de cosas quedará probado, oportunamente, que la Empleadora conculco lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 19.587 en cuanto no otorgó elementos de protección necesarios al Actora, no practicó exámenes médicos de adaptación a sus tareas, no protegió la vida, ni preservó ni mantuvo la integridad física de su trabajador, ni previno, redujo, eliminó o aisló riesgos en los puestos de trabajo donde se desempeñó el Accionante, no estimuló ni desarrolló actividad positiva respecto a la prevención de accidentes y/o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral, en suma incumplió con las obligaciones a su cargo, todo lo cual derivó consecuentemente en el accidente mencionado.


Continuando con la enumeración de los numerosos incumplimientos en que ha incurrido la Demandada podemos mencionar que no practicó investigación de los factores determinantes y enfermedades del trabajo, ya sean físicos, fisiológicos, psicológicos, no efectuó estudios y adopción de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador, en el ámbito de sus ocupaciones, sin el adecuado control e información y experiencia del trabajo, ni observó indicaciones médicas.


Insistimos, la Accionada omitió voluntariamente realización de los exámenes de salud en forma y tiempo que debía efectuar al Actora conforme lo determina la legislación vigente, tanto respecto de los periódicos como a los previos al retiro del establecimiento, incumpliendo injustificadamente con las obligaciones de tipo preventivo que recaen sobre ella en su carácter de Empleadora, motivo por el cual resulta plenamente responsable.


La Demandada NO orientó al Actora hacia tareas que no fuesen causales, desencadenantes y/o agravantes de perjuicios para su salud y que estuviesen acordes con sus aptitudes. No informó al Ministerio correspondiente y al Ministerio de Trabajo sobre los hallazgos patológicos del Actora que sin duda disminuían en forma permanente sus aptitudes psicofísicas.


En acotado resumen, la Accionada no hizo lo que debió hacer, es decir no tomó las medidas adecuadas para evitar el daño que a la postre se produjo.


Incumplió, la Demandada, las normas del Decreto 1338/1996 (Art. 3) ya que su Servicio de Higiene y Seguridad o no existe o no tuvo jamás como objetivo prevenir, en sus áreas todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización.


Asimismo, la Sra. RODRIGUEZ se encuentra inhabilitada para numerosas actividades de la vida cotidiana, además de las de índole laboral, el intercambio normal entre integrantes de la vida familiar o de relaciones sociales, ya que carece de parte del dedo pulgar derecho, de los movimientos necesarios para agarrar las cosas, asimismo, le ha quedado un “reflejo” que aun agarrando, con el dolor que le provoca, tiene a “soltar” las cosas.


Seria sobreabundante detallar la cantidad de cosas que se encuentra vedado hacer la señora RODRIGUEZ, por la incapacidad que posee en su mano.


 


Hoy en día puede decirse que la situación que está atravesando la Accionante es crítica: no se encuentra en buenas condiciones físicas ni psiquicas. No puede realizar prácticamente ninguna de las tareas hogareñas, no puede realizar el menor esfuerzo para levantar peso NI SIQUIERA PARA LEVANTAR UN VASO DE AGUA ya que el “reflejo” muchas veces hace que lo suelte, y caiga, y dolor se torna intolerable.


Y si a todo ello le sumamos el distracto laboral y sin posibilidad de encontrar uno nuevo debido a las ya referidas molestias físicas, V.S. bien podrá apreciar por lo que se está refiriendo.


Es evidente la actitud de mala fe que asume la Demandada al proceder intempestivamente y sin justificativo a forzar la renuncia de la actora.


En síntesis: la Sra. Rodríguez ha quedado totalmente desprotegida, cuando en realidad las prestaciones de cualquier sistema reparador deberían tender hacia la asistencia integral del trabajador accidentado, tanto sea mediante el reconocimiento de los gastos médico-farmacológicos, como la rehabilitación, apoyo para el retorno al trabajo y la reparación de la minusvalía sufrida, para lo cual se han hecho las aportaciones correspondientes.


Hemos de sostener que la responsabilidad opera:


 


Por cuanto la patronal incurre en acciones u omisiones que trasgreden el deber genérico de todos los sujetos de no dañar y que rige por el mero hecho de la convivencia social; y


 


En éste orden de ideas, la reclamación por reparación integral procede:


1) Mediante pretensión fundada en el Derecho Civil (Arts. 1113 y 1109 del Código Civil) -responsabilidad objetiva del empleador por “actividad riesgosa”- y por consiguiente el planteo de inconstitucionalidad de los Arts. 39 Inc. 1 y 46 de la LRT;


2) Acudiendo al Art. 75 de la LCT (Responsabilidad Contractual), que en modo alguno derogó el deber de seguridad, o bien;


 


En definitiva: la acumulación de las responsabilidades posibles se subsumen en el principio de la reparación integral del daño en la medida del máximo daño probado por la víctima.


En otras palabras, no puede quedar una víctima sin reparación, por ello, en la medida en que el sistema hermético y discriminatorio de la LRT viene siendo desactivado a mérito de declaraciones de inconstitucionalidad (SCJBA, in re "Cardelli C/ Ente Adm. del Astillero Rio Santiago", y se pronunció –en diversas oportunidades– la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la LRT, ver DT 2001-B, 1853), por lo que cabe utilizar en el sentido armónico y sistemático de los distintos regímenes de responsabilidad, contractual, extracontractual y objetiva, reiniciándose la construcción de un DERECHO DE DAÑOS LABORALES que no guarden para los trabajadores en su calidad de victima un trato peyorativo y represor de su reclamo (CORNAGLIA, Ricardo J., “Aportes para la teoría general de la responsabilidad en el derecho laboral”, DT 2001-B, 1878).
La realización permanente de esfuerzos, la actividad rigurosa hace aplicable al caso las previsiones del art. 1113 del Código Civil sobre daños causados por la "actividad riesgosa" (“riesgo provecho”). Así se produjo una agravación o deformación del riesgo permitido, que resultó ser la causal decisiva en la producción de las enfermedades incapacitantes por deficiencia en la conservación y custodia de la salud del trabajador.


 


La Accionada ha violentado las normas previstas en las leyes 24.557, 24.013, LCT, incumpliendo las normas de higiene y seguridad, no contando el Actora con los elementos adecuados para el trabajo que se disponía realizar, es evidente que la conducta de la Demandada es “dolosa”, en lo que hace al "dolo eventual" debiendo haber sido representada tal posibilidad. Al efecto también la responsabilidad de su empleadora surge a partir de las disposiciones contenidas en los Art. 62, 63, 65, 75, 76, 87 y concordantes de la LCT.-


V.- INDEMNIZACIÓN INTEGRAL DE DAÑOS DERIVADOS DEL ACCIDENTE:


Que, solicitamos a S.S. en el presente Acápite se haga lugar a la reparación integral de los daños derivados del Accidente y Enfermedad Profesional postraumática sufridos por la Actora, condenando a la Demandada al pago de la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 05/100 (734.520, 05) o lo que en más o menos determine el prudente arbitrio de V.E.de acuerdo a las probanzas de autos, con más sus intereses, reajuste por desvalorización monetaria, gastos y costas del proceso, la cual se conforma de la siguiente manera:


 


A)- DAÑO MATERIAL – INCAPACIDAD FÍSICA: Por este rubro, corresponde el valor de reparación de la incapacidad sufrida y padecida por la Sra. RODRIGUEZ 1) CORTE DE DEDOS CON RESOLUCION QUIRURGICA, con presencia de signos clínicos y radiológicos objetivos, la cual se estima en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de la total, aproximadamente; 2) Incapacidad psicológica, la cual se estima en un 10% (DIEZ POR CIENTO) de la capacidad obrera. No obstante lo manifestado, las mismas serán determinadas definitivamente en sus respectivos porcentajes por la pericia médica oficial y demás probanzas que se rendirán en autos y cuya estimación efectuada una incapacidad no inferior al 35% de la total obrera (de acuerdo al sistema “Balthazard"), ya que el trabajador como consecuencia de las afecciones sufridas no ha quedado posibilitado para superar un futuro examen preocupacional. En efecto y conforme al desarrollo efectuado solicitamos se condene a la Demandada a la reparación integral y equitativa de los daños y perjuicios sufridos por el Actora en cumplimiento específico de sus tareas, debiéndose responder por sus consecuencias inmediatas y mediatas, minusvalía de la capacidad laboral, reclamándose por éste rubro la suma DE PESOS $ SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE con 05/100 ($ 684.520.05) y/o lo que en más o en menos estime corresponder el elevado criterio de V.S. de acuerdo a las pruebas de autos.


 


MÉNDEZ


C = a * (1 - Vn) * 1 / i * % incapacidad


 C: es el capital a percibir;


 a: es la sumatoria de las remuneraciones percibidas durante el año anterior al accidente o daño sufrido por el trabajador, incluyendo el sueldo anual complementario, multiplicado por el coeficiente de ajuste (60/edad);


 Vn = Es el coeficiente financiero del valor actual 1 / (1+i)n


 i: la tasa de interés anual, que para este caso es de 0,04 (4%);


 n: es la cantidad de años restantes hasta el límite de vida útil de 75 años.


Indemnización resultante:


C = 37934 x 2.4 x (1 - 0.140713) x 1/0.04 x 0.35


C = $ 684520.05


 


 


B)- DAÑO MORAL: Este aspecto de los daños y perjuicios ciertos y sufridos por la Demandante se traducen en padecimientos y dolores que ha de sufrir a raíz del daño generado, como así también la pérdida parcial de un sentido, como es el tacto. La capacidad de servirse por si solo. La severa sintomatología dolorosa, la sensibilidad, la limitación de movimientos y la pérdida de la fuerza causada por las afecciones, la angustia y depresión que padece, también es objeto del presente reclamo, ya que provocan en la actora una aflicción y un notorio menoscabo espiritual, que repercute incluso en su vida social y en la desasosiego de saberse sin trabajo e imposibilitado para buscarlo atento a su dolencia, siendo él único sostén, no sabiendo cuando va a volver a conseguirlo, y con innumerables interrogantes, todo ello provoca a la actora una gran angustia espiritual.


La jurisprudencia ha dicho “En principio el daño moral sufrido por el trabajador que padece una enfermedad accidente con incapacidad definitiva no requiere demostración específica, ya que se presume por el solo hecho de la acción antijurídica.” (Conf. CNAT, Sala VI, 21/02/1983, autos “CARABAJAL, RAFAEL A. C/ SAN SEBASTIÁN S. A.”, DT, 1983-B, 1053). En el mismo sentido se ha expresado que: "El daño moral no requiere prueba pues los padecimientos que trata de reparar, residen en lo más íntimo del alma humana" (CNAT, Sala II, 19/05/1986, "RIVERO, NORMA B. C FRIG. MINGUILLÓN S.A.", Capetas DT, 3164).


Como lo ha señalado Henoch D Aguiar en “Hechos y Actos Jurídicos en la Doctrina y en la Ley” tomo 4, Actos Ilícitos, Daños y Acciones, Tea, Bs. As. 1951 Pag. 232, “... con motivos de los daños morales producidos de la reparación debida, cuyo objeto sería el restablecimiento de la situación moral anterior con motivo del apaciguamiento de las penas, de las inquietudes, de las aflicciones, de las heridas inferidas a las afecciones legitimas, de los dolores morales producidos por el agravio físico o moral, no sería la de sustituir el daño por su equivalente en dinero, por ser este y aquel de distinta naturaleza, sino la de dar a la víctima un medio adecuado para hacer desaparecer o por lo menos, para neutralizar, o si quiera para paliar sus efectos....” Cita Nº 63 El Derecho tomo 112 pagina 280. “Ética Derecho y Reparación del Daño Moral” por Héctor Pedro Iribarnen.


Sobre el caso particular V.E. ha de contemplar tanto los padecimientos y dolores propios desde la manifestación del accidente, en razón de los tratamientos, privaciones y limitaciones físicas de las que fuera víctima y que han de continuar sumadas al sentimiento de inseguridad y de incertidumbre respecto de su futuro, el cual en razón de haber afectado a su postura , con las secuelas que le ha generado y percibe como inciertas las posibilidades de readaptarse al medio social, y de poder llevar adelante su vida de relación en igualdad de condiciones a las que llevara hasta la producción del accidente.-


El daño moral que se configura por las permanentes dolencias físicas, que agravian el sentimiento de autoestima y de la propia imagen ante la estima ajena, tanto en la esfera intima como de nivel social. En suma perturban la intimidad, la tranquilidad y el ritmo normal de la vida, transformando de manera disvaliosa el espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir. El actora no solo ha perdido su capacidad de laboral sino también aquellas de carácter extra, tales como deportivas, sociales, culturales y hasta religiosas, Etc. Sumado a lo anterior señalado se alza la importancia de la edad, el sexo y la profesión del reclamante, elementos todos que conforman un adecuado baremo para determinar el importe de reclamo.


Por éste rubro se reclama la suma de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL) y/o lo que en más o en menos estime corresponder el elevado criterio de V.S. de acuerdo a las pruebas de autos.


 


TOTAL: $ SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 05/100 (734.520, 05)


 


X.- PRUEBA:


Se ofrecen a continuación los medios probatorios de los cuales esta parte valdrá el momento procesal oportuno:


 


a) CONFESIONAL Y DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS:


Se adjuntan pliegos de posiciones bajo sobres cerrados, a cuyo tenor deberán deponer las demandadas bajo apercibimiento de ley.


 


b) INTIMACIÓN A PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA FICHA CLÍNICA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA DEMANDADA CORRESPONDIENTE A LA ACTORA:


La demandada debe llevar en su servicio médico una ficha clínica de atención de la actora, con constancia suscripta por la misma de la información de los médicos sobre las circunstancias de constatación de la alteración de su salud.


Por ello se pide a VE que intime a las demandadas acompañen los originales de las fichas clínicas y documentación médica, conforme al art. 387 del C.P.C.C., todo bajo el apercibimiento legal de la presunción que determina el art. 55 de la ley 21.297 y el art. 388 del C.P.C.C.


 


c) TESTIMONIAL:


Se cite a los siguientes testigos:


1.- Fabiana Araceli GONZALEZ, DNI 37.968.571 con domicilio en calle 134 nro 5980 entre 59 y 60 de Hudson, partido de Berazategui,


2.- Melisa Analia BUSTAMANTE, DNI 38.833.759


 


Interrogatorio a cuyo tenor depondran los testigos:


1.- Por las generales de la ley


2.- Para que diga si sabe que la actora trabajo como cocinera en TERRA DI PASTA”


3.- Para que diga si sabe si la actora ha sufrido alguna afección laboral.


4.- Me reservo el derecho de ampliar el presente interrogatorio.


d) DOCUMENTAL: Se ofrece la siguiente documentación:. Telegramas, certificados médicos, recibos de sueldo, actas de SECLO. HAGO EXPRESA RESERVA PARA EL CASO DE DESCONOCIMIENTO POR LA DEMANDADA DE LA DOCUMENTAL OFRECIDA DE OFICIAR A LOS ORGANISMOS EMISORES A LOS EFECTOS DE QUE ESTOS SE EXPIDAN ACERCA DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS ACOMPAÑANDO A SUS EFECTOS COPIAS PARA QUE PROCEDAN A SU CERTIFICACIÓN EN LA MENCIONADA OCASIÓN, TODO ELLO BAJO EXCLUSIVA COSTA Y COSTOS DE LA DEMANDADA.-


 


e) INFORMATIVA:


Se deberá oficiar a:


1) A CORREO ARGENTINO, a fin de que informe sobre la autenticidad de las cartas documentos y telegramas de los cuales se acompaña copias.


En caso de que los institutos médicos oficiados, no reconozcan alguno de los documentos, se solicita que se fije una audiencia a fin de reconocimiento de firma de los certificados extendidos por los médicos firmantes.


2) SANATORIO MODELO DE QUILMES, con domicilio en Andrés Baranda 210. Quilmes. Buenos Aires a fin de que remita copia autenticada de la historia clínica de la actora desde la fecha del siniestro.


D)- PERICIAL CONTABLE: Se designe Perito Contador de oficio para que realice el siguiente informe:


1)- Si la Demandada lleva libros de comercio y/o libros, registros y planillas laborales conforme la legislación vigente. Caso afirmativo, fecha de sus rubricaciones y autoridades que las practicaron;


2)- Si el actora se encuentra registrado en la documentación examinada, caso afirmativo responda: i.- fecha de ingreso, y egreso, indicando cual fue el último día laborado conforme constancias emergentes de su tarjeta reloj y/o planilla de control horario; ii.- Retribuciones que se le abonaron al actora, mes por mes, durante el tiempo que duro el vínculo laboral, detallando cada uno de los conceptos e importes parciales y totales abonados, detalle conceptos y montos abonados por aportes y contribuciones de la Seguridad Social;


3)- Determinará mediante la actualización a la fecha del distracto y de las remuneraciones del último año percibidas por el actora, cual fue su mejor salario mensual;


4)- Determine si los salarios abonados al actora han sido conforme a las leyes salariales y categoría profesional del actora, detallando en su caso las diferencias salariales que existiesen en perjuicio del mismo;


5)- Informe si la demandada posee contrato suscripto con el Actora y en caso afirmativo determine: i.- La cantidad de horas diarias de prestación de servicio del actora; ii.- Si la jornada diaria se ajusta a las previsiones del Convenio Colectivo de Trabajo denunciado;


6)- Si conforme registros de la demandada se han abonado al Actora horas extraordinarias, viáticos y o premio especial alguno, detallando en caso afirmativo la forma en que las mismas fueron liquidadas;


7)- Practique liquidación conforme los rubros reclamados en la demanda, ajustándose a las constancias que surjan de los libros de la demandada;


8)- Practique liquidación conforme los rubros reclamados en el Acápite "LIQUIDACION", en base a los dichos de la Parte Actora;


9)- Para que informe en base a la actividad desarrollada por el actor dentro de la empresa que convenio colectivo resulta aplicable;


 


10) Practique liquidación de los daños, conforme los criterios “VUOTTO”, “MENDEZ” y “L.R.T. CON INDICE R.I.P.T.E”


 


E).- PERICIAL MEDICO-LEGISTA: El Perito Médico especialista en la materia que V.S. designará al efecto, procederá a examinar al Actora, y determinara:


1) Informe las lesiones padecidas por el actora como consecuencia del accidente laboral descripto en el apartado “HECHOS”.


2) Determine el carácter, gravedad y magnitud de las mismas.


3) Deberá informar las causas y concausas laborales de esas enfermedades; sobre las enfermedades que padece la actora, denunciadas esta demanda.


4) Informará detalladamente, refiriéndolas en especial a los efectos sobre su capacidad laboral;


5) Deberá determinar el grado de incapacidad laboral que le crean a la demandante sobre la total obrera;


6) Informará si las enfermedades que padece la actora son de evolución progresiva, y de ser así, en que estado de evolución se encuentran;


7) Transcribirá textualmente la ficha clínica correspondiente a la actora, del servicio médico de la demandada;


8) Interpretará sus anotaciones con referencia a su dictamen y aclarará los términos médicos para mejor entendimiento de V.E. y las partes;


9) Informará si en esa ficha se encuentran notificados los diagnósticos a la actora, con constancia firmada por ésta, detallando cada una de esas notificaciones;


10) informará sobre el tipo de tareas prestadas por el actora, su relación con las lesiones del mismo y condiciones de salubridad e higiene imperantes;


11) Deberá el perito examinar los antecedentes de internación e Historia Clínicas agregadas, estudios efectuados y establecer diagnósticos accidentales y condiciones de alta médica, especificando si surgen secuelas de algún tipo.-


12) Describa las lesiones corporales sufridas por la actora como consecuencia del accidente.


13) Si el experto considera adecuado el tratamiento brindado a la actora.


14) Si el experto considera prudente el tiempo por el cual la victima estuvo sometida a reposo etc., se expida según la historia clínica y además estime el tiempo de recuperación.


15) Si las lesiones producidas por la actora fueron dolorosas y si aun pueden producir dolor.


16) Manifieste el experto si fue necesario para la recuperación de la actora el tratamiento de rehabilitación y si se necesito de un Kinesiólogo y adecuado para el tipo de lesiones traumatológicas sufridas, ello teniendo a la vista la ficha del paciente. Diga asimismo el experto teniendo a la vista las Historias Clínicas si ha sido necesaria la atención con otros profesionales en rehabilitación.


17) Diga el experto si conforme al tipo de las lesiones sufrida por la actora fue necesario durante el periodo de convalecencia y recuperación de la misma la toma de medicamentos, analgésicos, toma de radiografías, tomografías, masajes musculares en el miembro afectado y si ello pudo llegar a producir en la ACTORA los gastos denunciados, o emita un monto estimativo de lo que debió afrontar la victima.-


18) Si los síntomas referenciados crean de alguna manera incapacidad ante las tareas habituales que diariamente desarrolla la actora.-


19) Si considera adecuado el plan terapéutico aconsejado a la victima.-


20) Si le han quedado secuelas del HECHO, determine cuales son.


21) Si dichas secuelas han generado una limitación en las funciones de la victima, creando una incapacidad ante sus tareas habituales. DETERMINE LA INCAPACIDAD GENERICA Y LABORAL.


22) Si la suma reclamada en el apartado de la atención medica futura a los efectos de solventar las interconsultas y estudios posteriores se ajusta a la que tendrá que erogar la victima por tales conceptos, en forma aproximada. En igual sentido deberá expedirse con la suma solicitada en concepto de gastos de farmacia y medicamentos futuros.-


23) Emita el experto un informe completo sobre las lesiones sufridas, consecuencias derivadas, y las que en el futuro se puedan producir y si ellas inciden en las tareas habituales de la actora.


24) Describa la secuela cicatrizal que presenta el actora, indicando longitud, trofismo, coloración y demás características. Determine el daño estético que produce.


25) Determine la incapacidad transitoria sufrida y la incapacidad permanente que presenta en la actualidad.


26) Describa el pronóstico de las lesiones.


27) Indique si deberá someterse a tratamientos futuros como consecuencia de las lesiones sufridas, y si deberá reoperarse.


28) En caso afirmativo, determine costo de los mismos.


29) Toda otra circunstancia que a criterio del experto revista interés.


 


F)- PERICIAL PSICOLOGICA: El perito Psicólogo que V.S. desinsaculará al efecto, procederá a entrevistar a la actora y practicando los estudios correspondientes (psicodiagnóstico, etc.) y teniendo a la vista todas las constancias acompañadas a la causa, historias clínica y demás estudios médicos realizados, determinara:


1) Indique la incidencia del accidente laboral en la vida del Actora, desde el punto de vista personal, social y laboral.


2) Determine mediante la realización de psicodiagnóstico con batería de test, el daño psicológico actual, indicando el grado de incapacidad que presenta.


3) Indique la necesidad de tratamiento, estimando duración, frecuencia y costo del mismo.


4) Investigue la incidencia del accidente en la vida del actora, de acuerdo a sus circunstancias personales y/o etapa vital


5) Si existen secuelas psicológicas que sobrevinieron a las lesiones de autos en especial en lo referido a daño estético, su reinserción social, incapacidad, temor, angustia o fobia referida al futuro personal, angustias despertadas por las serias lesiones que sufriera temores a futuros re-agravamientos, Etc.


6).- Si existieron o existen como consecuencia padecimientos afectivos.-


7).- Si la personalidad del actora ha experimentado y/o sufrido cambios en su personalidad de valoración negativa.-


8).- Determine el porcentaje de incapacidad en su total obrera por las secuelas psicológicas adquiridas, en relación a su función específica.-


9).- Informe si el mismo manifiesta sobresaltos a consecuencia de miedos y si los mismos pueden producirse por o como conducta inconsciente de autoprotección para evitar circunstancias dolorosas como las producidas por el infortunio y en las intervenciones quirúrgicas.


10)- Informe si su estado de minusvalía que padece pueden llevar al actora a cambiar de actitud de vida presentando los síntomas que se denuncian en esta demanda.


11).-.Informe la necesidad de tratamiento al actora en su caso tiempo de duración del mismo estime su costo.


12)- Si es razonable y adecuado que el actora luego de las serias lesiones sufridas experimente padecimientos psicológicos como los relatados.


13).- Si es razonable que dichos padecimientos psicológicos hayan afectado su vida de relación y de familia.


14.- Exprese el grado de incapacidad psicológica sufrido por el actora a lo largo del tiempo transcurrido desde el evento dañoso hasta la fecha de realización de la pericia e incapacidad futura expresando el grado inicial y final de la misma en su capacidad laborativa.


15.- Si en atención a los padecimientos detallados es factible que se produzca en el actora una merma en su capacidad de concentración y asimilación que dificulten y/o impidan desarrollar con normalidad su vida laboral de futuro.


16.- Si su estado actual de salud lo imposibilita para seguir desarrollando la actividad laboral que desempeñaba con anterioridad a la manifestación de la enfermedad. Informe relación causal que presenta su cuadro psíquico con las patologías sufridas.


17.- Si existe relación causal entre su estado físico de salud y la incapacidad psicológica que padece el actora.-


18.- Todo otro dato de interés que estime conducente


 


XI.- SOLICITA COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL:


Para el caso de que se compruebe que la Demandada ha violado todas la disposiciones establecidas en la Ley Penal Tributaria, en especial lo referente al depósito de aportes y contribuciones al régimen nacional de seguridad social, omisión de presentación de declaraciones juradas, etc., solicito se ponga en conocimiento de dichas infracciones al Juzgado Federal competente, a efectos de instruir el sumario que corresponda.-


Además de comprobarse alguna infracción a las normas que regulan la relación laboral, solicito se comunique expresamente sobre tales anomalías a la Autoridad de Aplicación, dando cumplimiento a lo normado por la L.O.-


 


XIII.- INTERESES:


Se solicita la aplicación de la Tasa de interés Activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días una vez operada la mora y hasta el efectivo pago de las prestaciones reclamadas.-


 


XV.- AUTORIZACIONES:


Quedan autorizados de manera indistinta para diligenciar y/o retirar y/o adjuntar cédulas y/u oficios y/o mandamientos, dejar nota, retirar traslados y/o medios de prueba y/o informes, notificarse de los traslados en general, como asimismo para realizar desgloses de todo tipo de documentación y/o todo tipo de acto de compulsa de las presentes actuaciones el Dr. DAVID BERTOLASI, Dra Gisele Celeste FICARRA


 


XVI.- RESERVA DE DOCUMENTACION:


Que atento a la importancia de la instrumental que se adjunta en


ORIGINAL individualizada en el Acápite “PRUEBA” Apartado “A.- DOCUMENTAL”, la cual resulta imposible de ser reproducida es que solicito a S.S. se proceda a la reserva de la misma en la Caja de Seguridad de vuestro Juzgado, acompañando a tal efecto copia simple para su certificación y agregación en el expediente.-


 


XVII.- RESERVA CASO FEDERAL:


Para el supuesto que se dicte sentencia no haciendo lugar a la Demanda o rechazando alguno de los planteos efectuados, se habrá violado diversos Derechos y Garantías Constitucionales: Derecho de Propiedad, la igualdad de las partes, debido proceso, condiciones dignas y equitativas de labor, beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, entre otros, por lo que dicha sentencia sería arbitraria e inconstitucional. Es por ello que se deja planteada la reserva de Caso Federal, introduciéndola al debate en tiempo y forma, a fin de poder interponer eventualmente a través de la vía del art. 14 de la ley 48 los Recursos Extraordinarios por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-


 


XIX.- DERECHO:


Fundo el derecho que me asiste en los Arts. 14° BIS, 16°, 18°, 19°, 31°, 75° inciso 12 y 22, ss. y ccs. de la Constitución Nacional; Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos; Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento (Ginebra, 1998), Arts. 496, 499, 505, 511, 512, 519, 520, 666 BIS, 902, 1109, 1113, 1068, 1074, 1081, 1083 y ccs. del Código Civil; Art. 118 de la Ley 17.418, Leyes 18.345, 19.587, 20.744, 21.297, 24.557 y Dec. Reg., 25.323 sus modificatorias, Decretos 1338/96, Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, como así también en la Doctrina y Jurisprudencia citadas y aplicables al caso.-


 


XX-- DECLARACION JURADA


Declaro bajo juramento que la presente demanda no ha sido promovida previamente, de conformidad a lo establecido en la acordada 1665/1978 de C.N.A.T.


XXI.- PETITORIO:


Por todo lo expuesto es que a V.S. solicito:


1) Se me tenga por presentado, por Parte en el carácter invocado, por denunciado mi Domicilio Real y por constituido el Domicilio Procesal;


2) Se tenga por iniciada la presente Demanda, y se corra traslado de la misma a la Accionada por el término y bajo el apercibimiento de Ley;


3) Se tenga presente los planteamientos de inconstitucionalidad realizados y se haga lugar a los mismos;


4) Declare la naturaleza laboral de las enfermedades precitadas y previo trámite de rigor, fije incapacidad real, teniendo presente el planteo de inconstitucionalidad efectuado;


 


 


 


5) Se tenga presente la Prueba ofrecida para su oportunidad y se proceda a la reserva de la Documentación Original acompañada, previa certificación de las copias que se adjuntan, sin perjuicio de su oportuna ampliación en la oportunidad correspondiente;


6) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas;


7) Se tenga por formulada la Reserva del Caso Federal;


8) Se tengan por efectuados los Juramentos de Ley;


9) Oportunamente se dicte sentencia condenando a la Demandada al pago de los rubros reclamados, con más sus intereses, costas y costos.-


 


Provéase de conformidad que,



SERÁ JUSTICIA.-


 

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    Pablo Avila Camps

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    D Sanchez de Sepola

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