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Pablo Avila Camps
Pablo Avila Camps, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 844
Experiencia:  Abogado con más de 20 años de experiencia en materias laborales, previsionales, civiles y comerciales. Gran experiencia en resolución de conflictos por la vía conciliatoria.
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necesito un manual de procedimientos o manual de instrucciones

Pregunta del cliente

necesito un manual de procedimientos o manual de instrucciones para seguimiento de mora y gestión de cobro de una Sociedad de Garantía Reciproca
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 2 año.

huracan29 :

buenos dias

JACUSTOMER-m3a13mo8- :

buen dia

huracan29 :

Disculpe la demora

huracan29 :

Agiardr unos instantes mientras evaluo su consulta

huracan29 :

Estimado, lo dejo en manos de otro experto

Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 2 año.
Hola soy Pablo Avila Camps abogado de la matrícula de Capital Federal, Te paso un trabajo de Eduardo Barreira Delfino que esta dedicado justamente a la Sociedad de Garantia Recíproca.

Autor: Barreira Delfino, Eduardo A. - Ver más Artículos del autor

Fecha: 1-ene-2001

Cita: MJ-DOC-1672-AR | ED, 193-565 | MJD1672


Sumario:



1. INTRODUCCIÓN. - 2. EL RÉGIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA. 2.1. ACERCA DEL SOCIO PARTÍCIPE. 2.2. ACERCA DEL SOCIO PROTECTOR. - 3. LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. - 4. EL CAPITAL SOCIAL. - 5. EL FONDO DE RIESGO. - 6. DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD. - 7. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. - 8. DE LA FISCALIZACIÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD. - 9. DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS. - 10. DE LA FUSIÓN Y ESCISIÓN. - 11. DE LA DISOLUCIÓN. - 12. EXENCIONES TRIBUTARIAS. - 13. ROL DEL BANCO CENTRAL.



Doctrina:

1



Introducción



Inspiradas en las sociedades de garantía mutua del derecho francés, que datan del año 1917, las sociedades de garantía recíproca tienen su origen legal en el país a partir de la sanción de la ley 24.467, reconocida como el Estatuto para las Pequeñas y Medianas Empresas, modificada ulteriormente por la ley 25.300.



La finalidad perseguida por la mencionada ley consiste básicamente en crear las condiciones indispensables para mantener y fortalecer la pequeña y mediana empresa, ofreciendo soluciones a los diversos problemas que tales empresas enfrentan para satisfacer sus necesidades de financiación.



Si bien las pequeñas y medianas empresas, cuentan con diversas vías alternativas para su financiación, no suelen estar en condiciones de ofrecer las garantías habitualmente exigidas por los bancos y entidades financieras, atento las nuevas reglas de acceso al crédito institucional dictadas por la autoridad de control monetario, en función del régimen prudencial del riesgo crediticio, establecido a partir de la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina sancionada por ley 24.144. Régimen prudencial que responde a los lineamientos internacionales conocidos como Normas de Basilea y que regula los requerimientos de capital de las entidades financieras, el fraccionamiento del crédito, la vinculación económica y diversos parámetros de patrimonio, liquidez, riesgo y solvencia.



En este sentido, la existencia de un proyecto, la capacidad de pago (cash flow) para afrontar los servicios de capital e intereses de su financiamiento más la garantía exigible como alternativa de repago, trilogía inexorable que exigen las entidades financieras, explica la razón de ser y el objeto exclusivo de las sociedades de garantía recíproca, que consisten, precisamente, en prestar las garantías necesarias para que sus socios -pequeños y medianos empresarios- consigan los créditos que precisan tanto para el normal desarrollo de sus actividades como para su reestructuración y adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado.Garantía que, a su vez, presenta la particularidad de su pronta realización ante el impago del deudor, circunstancia esta que la hace altamente atractiva para los bancos y entidades financieras.



El régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, tal como resulta de la ley reguladora, se basa en dos ideas fundamentales:



a) la de asegurar los derechos de los terceros que contraten con la sociedad; y



b) la de resguardar el mantenimiento del carácter esencialmente protectivo y asesor de esta clase de sociedades especiales.



La primera de estas dos ideas se manifiesta en la regulación del capital social, el cual se gobierna por los mismos principios que en las sociedades de capital y, asimismo, se manifiesta en la existencia de un fondo de riesgo que han de constituir los socios.



La segunda de las ideas apuntadas se exterioriza claramente en el régimen de puertas abiertas propio de las entidades de aquel carácter, todo lo cual permite la continua incorporación de nuevos socios (partícipes o protectores) y la separación de los que deseen abandonar la sociedad mediante el reembolso de sus acciones (solamente partícipes).



Dato singular es la categorización de socios, previéndose la existencia de dos clases, a saber:



· Socios partícipes, beneficiarios de los servicios que hacen al objeto social.



· Socios protectores, aportantes de fondos que respaldan la emisión de garantías.



Lo expuesto permite señalar que para el socio partícipe su incorporación a la SGR constituye un fin en sí mismo, ya que persigue contar con la obtención de garantías para las asistencias crediticias de su giro operativo, en tiempos y condiciones más favorables que las comunes del mercado.Por el contrario, para el socio protector su incorporación constituye un simple medio, en el sentido de que a través de la SGR que integra, sus proveedores o clientes socios partícipes al contar con financiamiento en tiempo y forma gracias a la garantía societaria, puede asegurar la continuidad de sus proyectos operativos al minimizar los riesgos de incumplimiento de aquéllos (socio protector privado) o el impulso del desarrollo y las fuentes de trabajo (socio protector público).



Si la calidad de socio partícipe está reservada para las pequeñas y medianas empresas únicamente, la calidad de socio protector está prevista para las grandes empresas, las instituciones de crédito y los Estados (nacional, provincial o municipal) interesados en reactivar y/o expandir las actividades económicas en su jurisdicción.



El fenómeno y la repotenciación de las SGR, como instrumento de apoyo al financiamiento de las empresas pequeñas y medianas, se consigue a través de la concesión de una serie de ventajas de índole crediticia y tributaria.



Para los socios partícipes, las ventajas son:



· Facilitar el acceso a líneas de crédito y conseguir mejores condiciones de plazo y tasa de interés.



· Evitar afectar bienes del patrimonio de la empresa o de sus directivos o titulares en garantía de créditos.



· Contar con asesoramiento especializado para la viabilidad del proyecto a financiar.



· Deducir del resultado impositivo para el impuesto a las ganancias, los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo.



Para los socios protectores, las ventajas son:



· Disminuir los riesgos de dificultad, discontinuidad o interrupción de sus cronogramas de producción o de servicios.



· Deducir del resultado impositivo para el impuesto a las ganancias los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo.



· Deducir del resultado impositivo para el impuesto a las ganancias, los aportes a los fondos de riesgo especiales bajo fideicomiso.Considerada como un tipo social nuevo, la SGR puede concebirse como una sociedad mercantil constituida por empresarios con capital variable y cuyo objeto exclusivo consiste en prestar garantías a favor de sus socios, para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas que sean titulares.



Sus características tipificantes son:



· La naturaleza comercial, de clase mixta, dentro de la tradicional e ilustrativa clasificación de las sociedades comerciales, puesto que convergen el carácter intuitu personae de los socios partícipes y la aportación de capital de los socios protectores.



· El carácter mutualista o colaboracionista.



· El capital variable, de modo de facilitar el ingreso y egreso permanente de socios.



· El objeto social es único y especializado, que la hace pasible del contralor permanente del Estado.



· Los socios responden limitadamente, conforme el aporte realizado a la sociedad.



2



El régimen legal de las sociedades de garantía recíproca



La normativa legal a la que se hallan sujetas las sociedades de garantía recíproca se encuentra configurada por las disposiciones siguientes:



· Ley 24.467 (arts. 32 a 82).



· Ley 19.550 (aplicable supletoriamente en lo que fuere compatible).



· Decreto 908/95 (arts. 13 a 25), reglamentario de la primer norma legal citada.



· Decreto 943/97 (SEPyME como autoridad de aplicación).



· Resolución SEPyME 133 (Aprobación de Estatuto-Tipo).



· Resolución SEPyME 134 (Autorización para funcionar).



· Resolución SEPyME 135 (Informes económico-financieros).



Como ya se ha destacado este nuevo tipo societario que integra la familia de las sociedades comerciales y dentro de ellas, las de naturaleza operativa financiera, tiene la particularidad de contemplar dos categorías o clases de socios: los partícipes (únicamente Pymes) y los protectores (cualquier tercero). Asimismo, para su correcta individualización, la ley prevé que en la denominación social se consigne al nombre social el aditamento Sociedad de Garantía Recíproca o la sigla SGR.La creación de las SGR tiene por objeto otorgar a las Pymes, en su calidad de socios partícipes, el otorgamiento de garantías de respaldo, a fin de facilitarles el acceso al crédito. Aclárase que los socios que integran esta categoría, son los únicos beneficiarios del servicio de garantía. La SGR no puede garantizar obligaciones de los socios protectores.



Por la actividad autorizada a desarrollar, las SGR pueden ser clasificadas como sociedad de objeto financiero, aunque fuera del régimen de la ley 21.526, puesto que carecen de capacidad de derecho para desempeñarse como intermediarios habituales y públicos entre la oferta y la demanda de recursos financieros.



Efectivamente, la ley dice: El objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley. Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin (art. 33, ley 24.467).



A su vez, acertadamente, la ley fija un doble límite operativo:



a) por un lado, limita la posibilidad de otorgar garantías a un mismo socio partícipe superior a un cinco por ciento (5%) del fondo de riesgo que tenga la SGR;



b) por otro lado, no podrá garantizar obligaciones con el mismo acreedor que superen el veinticinco por ciento (25%) del citado fondo de riesgo (art. 34, ley 24.467).



Asimismo, en refuerzo de la finalidad perseguida por estas sociedades, la ley les prohíbe el otorgamiento de créditos a sus socios o terceros, como tam bién realizar actividades distintas a las previstas en su objeto social.



Al respecto enfatiza categóricamente: Las sociedades de garantía recíproca no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social (art.35, ley 24.467).



Aporte de Capital



Socio partícipe Aporte Fondo de Riesgo Contragarantía



Aporte de Capital Socio protector Aporte Fondo de Riesgo



Otorga garantía



Entidad Financiera Concede préstamo a Socio Partícipe SGR



Recibe contragarantía del socio partícipe



Tiene privilegio sobre sus acciones



2.1. Acerca del socio partícipe



Socios partícipes sólo pueden ser las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación, el estatuto social y suscriban e integren las acciones correspondientes a su participación social.



La calidad de Pyme es establecida por el Estado y se encuentra categorizada por sector de actividad (comercial y de servicios, industrial, turismo, transporte y agropecuario). A su vez, dentro de cada actividad, conforme topes máximos de personal ocupado y volumen de ventas anuales (sin IVA ni impuestos internos).



A efectos de su constitución, toda SGR deberá contar con un mínimo de socios partícipes que fijará la autoridad de aplicación, en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme (art. 37, ley 24.467). Este número mínimo de socios debe ser amplio, a fin de atomizar el conjunto de socios partícipes y de ese modo reducir los costos participativos a la par de fortalecer la estructura societaria.



Antes de la sanción de la ley 25.300, modificatoria de la ley 24.467, el número mínimo de socios partícipes estaba previsto en 120 para el acto constitutivo y debía mantenerse durante los primeros 5 años de actividad, circunstancia que dificultaba las iniciativas de constitución. Prudentemente, la reforma delegó la fijación del mínimo de socios partícipes en la autoridad de aplicación, con fundamento en las discímiles realidades económicas y geográficas que presenta nuestro país.



Los derechos de los socios partícipes serán los que les correspondan, según la ley 19.550 y, en especial:a) recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieron las condiciones exigidas para ello;



b) solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establecen en la propia ley, a cuyo respecto consigna que cada socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el Consejo de Administración, siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiera celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo y respete el mínimo de socios exigidos por la reglamentación aplicable al caso; dicho reembolso tampoco procederá cuando la sociedad de garantía recíproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución (art. 38, ley 24.467).



En el supuesto de proceder el derecho de reembolso, el socio interesado tendrá que solicitarlo con una antelación mínima de tres (3) meses, salvo que los estatutos contemplen un plazo mayor que no podrá superar el de un (1) año.



A su vez, el monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas y para la determinación del mismo, no deberán computarse las reservas de la sociedad, en virtud de que sobre ellas, los socios no tienen derecho alguno.



Paralelamente, el socio reembolsado responderá hasta dicho monto (valor de sus acciones integradas), por las deudas contraídas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro y durante un plazo de cinco (5) años, cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas (art. 47, párr.2º, ley 24.467).



Por su parte y para el caso de que el reembolso de capital de socios partícipes altere la relación de participación relativa de éstos y los socios protectores, la SGR les reembolsará a estos últimos, la misma proporción del retiro del capital efectuado por los socios partícipes, a efectos de mantener inalterable la relación básica del cincuenta por ciento (50%) como piso para los socios partícipes y del cincuenta por ciento (50%) como techo para los socios protectores, en la composición del capital social (art. 47, párr. 3º, ley 24.467).



Si se modifican las condiciones de origen para ser socio partícipe, la autoridad de aplicación puede exigir el alejamiento del socio pertinente.



2.2. Acerca del socio protector



Socios protectores podrán ser todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores. Asimismo, es incompatible la calidad de socio protector con la de socio partícipe (art. 37, ley 24.467).



Los socios protectores tendrán los derechos que les correspondan según la ley 19.550. Además, los socios protectores no pueden ser excluidos de la sociedad (art. 40, ley 24.467), lo que demuestra el rol protagónico que le cabe a esta categoría social.



Un último aspecto que merece señalarse para ambas categorías de socios, es que las sociedades comerciales pueden incorporarse como socios partícipes o como socios protectores, por lo tanto, el decreto reglamentario de la ley exceptúa de los límites establecidos en el art. 31 de la ley 19.550, a las sociedades comerciales que se incorporen como socios de una SGR (art. 21, decreto 908/95).



3



La constitución de la sociedad



Las SGR deben constituirse por acto único mediante instrumento público, debiendo cumplimentarse los recaudos previstos en la ley 19.550 y, además, los requisitos específicos siguientes:· Clave única de Identificación Tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores.



· Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quiénes pueden ser socios partícipes en la sociedad.



· Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.



· Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.



· Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes (art. 41, ley 24.467).



Las SGR pueden ser:



· Cerradas, en virtud de que sus socios pertenecen a un mismo sector de la economía o tienen vínculos de integración vertical u horizontal en un proceso económico común.



· Abiertas, porque los socios protectores mentienen vínculos con clientes que pertenecen a distintos sectores de la economía (entidades financieras).



Paralelamente, la ley prevé que la autoridad de aplicación debe autorizar y puede revocar la autorización para funcionar (arts. 42 y 43, ley 24.467).



La autorización resulta exigible, con carácter previo:



· Para funcionar como sociedad prestadora de garantías, atento a que se trata de sociedades controladas por su objeto, por lo que están sujetas al contralor permanente del Estado. O sea, que el control orgánico y funcional de la sociedad está a cargo de la autoridad provincial competente; por su parte, el control de la actividad que desarrolla la sociedad está a cargo de la autoridad de aplicación del régimen legal (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación). Existe entonces un doble control, el local y el nacional.



· Para aumentar los montos del fondo de riesgo de las sociedades en funcionamiento.



La revocación de la autorización se efectivizará, por sí o a sugerencia del Banco Central de la República Argentina, cuando la sociedad de garantía recíproca no cumpla con los requisitos o las disposiciones establecidas en la presente ley.4



El capital social



El capital social de las SGR estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos (art. 45, ley 24.467).



No deben confundirse los aportes de capital con los aportes (contribuciones) al fondo de garantía, pues son de distinta naturaleza jurídica y sus finalidades son diferentes.



Respecto a la representatividad de los aportes de capital, no es posible a la sociedad emitir distintas clases de acciones (ordinarias de un solo voto o de voto plural o preferidas). Solo es permitido emitir una sola clase de acciones, con igualdad de derechos políticos y económicos, para ambas clases de socios.



Las acciones emitidas pueden ser materiales (soporte papel) o escriturales (soporte informático), según lo establezca el estatuto social.



Si bien se omite en la ley la no endosabilidad de las acciones, estimo que no pueden transmitirse por endoso, en atención a la prevalencia de la ley 24.587, que debe interpretarse como ley especial en relación a la ley 24.467, en lo atinente a la regulación de la transmisión de los títulos valores privados.



Además la transmisión de las acciones a terceros no es libre, pues la ley exige la previa autorización del órgano de administración, la que procederá en la medida que los adquirentes acrediten reunir los requisitos fijados en la ley y el estatuto social y asuman las obligaciones que el transmitente mantenga con la SGR.El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria (la autoridad de aplicación fijó, bajo el viejo régimen, el capital mínimo en la suma de $ 240.000; luego de la reforma, posiblemente fije distintos capitales mínimos, en función del número mínimo de socios partícipes que está autorizada a determinar).



La participación de los socios partícipes no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) del capital social (piso participativo). Concomitantemente, la participación de los protectores no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del capital social (techo participativo); se procura con esta posibilidad de igualdad participativa, no desalentar la incorporación de socios protectores.



Paralelamente, la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del capital social suscripto. Se persigue así atomizar esta categoría y evitar concentraciones accionarias (art. 45, ley 24.467).



Al momento de la suscripción el aporte deberá ser integrado en efectivo como mínimo en un 50% y en el plazo de un año como máximo, computado desde esa fecha, será integrado el remanente también en efectivo. Los aportes de capital son de naturaleza dineraria, no siendo admisibles los aportes en especie.



La integración total será condición necesaria y sin excepciones para que el socio partícipe pueda contratar con la sociedad el otorgamiento de garantías recíprocas.



El capital social podrá variar, sin requerir modificación del estatuto, entre la suma vigente y un máximo que represente el quíntuplo de la misma.



La asamblea general ordinaria es la que podrá aumentar el capital fijado por los estatutos. Todo aumento de capital que exceda el quíntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea extraordinaria.



En caso de pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del 35% de las ampliaciones posteriores, los socios deberán compensarlo con nuevos aportes.Asimismo, el órgano de administración, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio (capitalización de reservas facultativas) con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurídica de la misma (art. 52, ley 24.467).



Esta atribución que la ley le reconoce al consejo de administración, con fundamento en el principio de conservación de la empresa, de ser ejercida, debe serlo con cargo de dar cuenta a la más próxima asamblea que se realice.



5



El fondo de riesgo



El aspecto de mayor trascendencia para la funcionalidad del sistema consiste en la obligación que la ley le asigna a la SGR de constituir un fondo de riesgo, como parte integrante de su patrimonio, el que estará conformado por:



· Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la asamblea general.



· Las donaciones, subvenciones u otros aportes que recibiere.



· Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.



· El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.



· El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido.



· El aporte de los socios protectores (art. 46, ley 24.467).



Este fondo constituye el núcleo y el eje central de la operatoria de la sociedad. Su finalidad excluyente es la de hacer frente a los pagos que corresponda realizar a la sociedad en cumplimiento de las garantías otorgadas, ante la falta de pago del socio partícipe beneficiado.



Obsérvese, que los socios partícipes deben destinar el 50 % de sus ganancias en el ejercicio, al fortalecimiento del fondo de riesgo. Medida de sana prudencia para tutelar la liquidez y solvencia de la SGR. Y el cumplimiento de sus fines.



Más aún, la reforma introducida por la ley 25.300 permite que el fondo de riesgo pueda asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario, en los términos de la ley 24.441, independiente del patrimonio de la SGR.y, por lo tanto, inatacable por sus acreedores singulares o colectivos.



Al respecto, la SGR podrá recibir aportes de los socios protectores con afectación específica a las garantías que dichos socios determinen, a cuyos efectos deberá celebrar contratos de fideicomiso independientes del fondo de riesgo general. Esta modalidad permite que los socios protectores robustezcan los fondos de respaldo de las garantías que se otorguen, sin que tales aportes integren el patrimonio de la SGR, de modo de evitar que sean arrastrados por los incumplimientos de la sociedad en el giro habitual de sus negocios.



Además, la ley le reconoce a estos aportes de los socios protectores una deducción en el impuesto a las ganancias equivalente a 2/3 de la correspondiente a los aportes destinados al fondo de riesgo general.



Por consiguiente, puede afirmarse que la SGR cuenta con dos fondos de riesgo:



Uno general y obligatorio.



Otro u otros especiales y facultativos, bajo fideicomiso, por lo que revisten naturaleza fiduciaria.



Respecto al efecto multiplicador del fondo de riesgo, el Banco Central obliga a las SGR a mantener un fondo de riesgo equivalente al 25 % de los avales otorgados (Comunicación BCRA A 2411).



6



Del gobierno de la sociedad



Corresponde a la asamblea general de socios, que puede ser ordinaria o extraordinaria, en función de los temarios a considerar y resolver.



a) La asamblea general ordinaria



La integran todos los socios de la sociedad de garantía recíproca y se reunirá por lo menos una (1) vez al año o cuando, dentro de los términos que disponga la presente ley, así lo disponga el Consejo de Administración.



Serán de su competencia los asuntos siguientes:



· Fijar la política de inversión de los fondos sociales.



· Determinar el costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la sociedad habrá de requerir al socio partícipe y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de administración (art. 55, ley 24.467).



· Convalidar la incorporación de nuevos socios, dispuesta por el órgano de administración (art.62, inc. 3º, ley 24.467).



· Todos aquellos asuntos propios de la asamblea ordinaria contemplados por la ley 19.550.



b) La asamblea general extraordinaria



Es competencia de la asamblea general extraordinaria todos aquellos asuntos establecidos en la ley 19.550 para este tipo de asambleas (art. 56, ley 24.467).



c) Convocatoria de las asambleas



La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el Consejo de Administración. Si éste omitiere hacerlo, puede ser convocada por la Sindicatura.



Por su parte, la extraordinaria puede ser convocada por el Consejo de Administración o cuando lo solicite un número de socios que representen como mínimo el diez por ciento (10%) del capital social. Asimismo puede ser convocada por la Sindicatura, en los supuestos de juzgarlo necesario (art. 57, ley 24.467).



Fácil resulta apreciar que la ley descarta la posibilidad de realizar asambleas generales unánimes.



d) Quórum y mayorías en las asambleas



En primera convocatoria, las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento (51%) del total de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un veinte por ciento (20%) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.



Para la segunda convocatoria, las asambleas generales serán válidas con la presencia del 30% de la totalidad de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un quince por ciento (15%) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad (art. 58, ley 24.467).



La norma también establece para otras decisiones la convocatoria a asambleas generales que evalúen temas como la modificación de los estatutos, la elección del Consejo de Administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad, se requerirá una mayoría del sesenta por ciento (60%) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un treinta por ciento (30%) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.Para el resto de las decisiones se requerirá la mayoría simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un quince por ciento (15%) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.



Es admisible que un socio represente a otro en las asambleas generales. Para ello debe presentar una autorización por escrito en cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a más de diez (10) socios ni ostentar un número de votos superior al diez por ciento (10%) del total (art. 59, ley 24.467).



La ley también prevé que será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiera a la posibilidad de que la sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría (art. 60, ley 24.467).



e) Las asambleas especiales



Lo expuesto precedentemente se refiere a las asambleas generales de la sociedad, puesto que la ley ninguna referencia hace respecto de la posibilidad de realizar asambleas esp eciales. Sin embargo, habiendo en la sociedad dos categorías de accionistas, con derechos, obligaciones e intereses propios, no veo obstáculos para que cada clase de accionistas (partícipes o protectores) puedan convocar a asamblea especial para tratar temas que afecten derechos e intereses de esa clase, por aplicación supletoria de la ley 19.550.



7



De la administración de la sociedad



La administración y conducción de los negocios sociales queda a cargo del Consejo de Administración, el que debe estar integrado por tres (3) personas, de las cuales al menos una (1) representará a los socios partícipes y una (1) representará a los socios protectores y tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad.El restante integrante es de libre elección, sin necesidad de representar a alguna de las clases de socios, lo que permitiría incorporar al órgano de administración personas altamente técnicas y especializadas en la actividad bancaria y financiera (art. 61, ley 24.467).



La ley no exige la calidad de accionista, por lo tanto, siendo factible que los socios partícipes o protectores, sean personas físicas o jurídicas, la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser elegidas consejeras no resulta viable, porque la ley exige que los consejeros representen a cada categoría en el seno del órgano de administración, debiendo deducirse que la designación sólo puede recaer en personas físicas.



Asimismo, ante el silencio de la ley, resulta admisible que el estatuto social prevea la designación de igual o menor cantidad de suplentes, debiendo respetarse la representatividad de cada categoría de socios.



El Consejo de Administración será presidido por el representante de los socios partícipes, cuya investidura como tal surgirá de la propia Asamblea Ordinaria de designación de autoridades o del propio Consejo, en el acto de distribución de los cargos, según lo que prescriba el estatuto social.



Los miembros de Consejo de Administración deberán ser previamente autorizados por la autoridad de aplicación para ejercer dichas funciones (control de idoneidad). Ergo, la ley procura que la administración social sea altamente profesionalizada, atento a la naturaleza y la complejidad técnica de la actividad principal a desarrollar por la sociedad.



El Consejo de Administración es el que decide sobre los siguientes asuntos:



· El reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mínimos de solvencia.



· La exclusión del socio, cuando la sociedad se hubiese visto obligada a pagar en virtud de la garantía otorgada a su favor, por incumplimiento de la obligación garantizada. También podrá proceder de la misma forma cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.· Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, ad referendum de la asamblea ordinaria.



· Nombrar sus gerentes.



· Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del Consejo de Administración, dentro del marco autorizado por el estatuto social y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.



· Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.



· Proponer a la asamblea el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantías.



· Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes, estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las normas y procedimientos aplicables para las contragarantías a que se refiere el artículo 71.



· Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.



· Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.



· Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.



· Realizar cualesquiera de los actos y acuerdos que no estén expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones de la presente ley o los estatutos de la sociedad (art. 62, ley 24.467).



Respecto de la duración en el cargo y la eventual reelección, ante el silencio de la ley, sería aplicable el estatuto social, dentro de las limitaciones contempladas en la ley 19.550.



8



De la fiscalización interna de la sociedad



Las SGR deben contar con un órgano de fiscalización interno o Sindicatura integrado por tres (3) síndicos designados por la asamblea general ordinaria. Su funcionamiento es propio de los órganos colegiados, o sea, mediante reuniones para debate y decisión y régimen de quórum y mayorías, aspectos todos ellos que deben preverse estatutariamente (art.63, ley 24.467).



También el estatuto social puede prever, tanto la elección de los síndicos por clases de accionistas (partícipes y protectores) como de suplentes. No hay norma legal condicionante al respecto.



Para ser síndico se requiere:



· Ser abogado, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas o contador público con título habilitante.



· Tener domicilio especial en la misma jurisdicción de la sociedad (art. 64, ley 24.467).



Se trata de un órgano profesional, acorde con la especialización de las actividades a desarrollar por la sociedad trazadas en el objeto social.



Son atribuciones y deberes de la Sindicatura:



· Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones, los contratos de garantía celebrados y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo.



· Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina (art. 65, ley 24.467).



· Las demás atribuciones y obligaciones previstas en el art. 294 de la ley 19.550.



La Sindicatura ejerce el control de legalidad (aspectos jurídicos y contables) de la administración social más no el control de gestión (aspectos empresariales).



9



De la distribución de los beneficios



La ley establece que los beneficios a distribuir son las utilidades líquidas y realizadas obtenidas por la sociedad en el desarrollo de la actividad que atañe a su objeto social. Los beneficios serán distribuidos de la siguiente forma:



· A reserva legal: cinco por ciento (5%) anual para completar el veinte por ciento (20%) del capital social.



· El resto tendrá el siguiente tratamiento:



a) la parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado;



b) la parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de riesgo en un cincuenta por ciento (50%), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios (art.53, ley 24.467).



La ley también dice que en todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo, tanto los socios protectores como los socios partícipes, para tener derecho a percibirlo, deberán haber integrado la totalidad del capital social suscripto y no encontrarse, por ningún motivo, en mora con la sociedad.



Procede señalar que, previo a fijar los dividendos a distribuir, es preciso detraer las remuneraciones de los administradores y síndicos de la sociedad. A su vez, puede disponerse la capitalización parcial o total de las utilidades distribuibles y la consecuente emisión de acciones liberadas, a repartir como dividendos.



10



De la fusión y escisión



Compete a la asamblea general extraordinaria decidir y aprobar la fusión o escisión en dos o más sociedades de la misma naturaleza, siempre y cuando se cuente con la mayoría prevista en el art. 58 y la autorización de la autoridad de aplicación. El canje de las acciones de la sociedad o sociedades originales por las acciones de la sociedad o sociedades nuevas se realizará sobre el valor patrimonial neto (art. 66, ley 24.467).



Si quedaren pendientes fracciones de acciones sin canjear, se abonará en efectivo el valor correspondiente, siempre que no existan contratos de garantía recíproca vigentes, en cuyo caso el pago se realizará una vez terminado o extinguido el contrato.



Dada la particular esencia de las SGR la ley no permite la fusión con sociedades de otro tipo ni la escisión en sociedades de distinta naturaleza. Toda reorganización empresarial puede darse solamente entre las propias SGR.



11



De la disolución



Para la disolución de la SGR se tornan aplicables las causales genéricas previstas en la ley 19.550 más las causales específicas siguientes:



· La imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el cuarenta por ciento (40%) del capital.· La disminución de capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria, durante un período mayor a tres (3) meses.



· La revocación de la autorización para funcionar acordada por la autoridad de aplicación (art. 67, ley 24.467).



Recuérdase que además de la autoridad de aplicación, el Banco Central está facultado para sugerir el cese de la actividad reglada (por ej. al entender que se encuentra afectada la liquidez y solvencia de la SGR en relación con la atención de las garantías comprometidas ante el sistema financiero).



12



Exenciones tributarias



Para incentivar y difundir la constitución y f uncionamiento de las SGR, la ley contempla diversos beneficios impositivos (art. 79, ley 24.467):



a) Para los contratos de garantía celebrados:



- Exención en el impuesto a las ganancias, por las utilidades que generen.



- Exención en el impuesto al valor agregado, de toda la operatoria que se desarrolle con motivo de los mismos.



b) Para los aportes de capital y al fondo de riesgo: exención en el impuesto a las ganancias, siempre que dichos aportes se mantengan en la SGR por el plazo mínimo de dos (2) años calendario; si los aportes de los socios protectores se canalizan al fondo de riesgo bajo fideicomiso, la exención impositiva será de 2/3, en los mismos plazos, condiciones y requisitos.



13



Rol del Banco Central



El Banco Central de la República Argentina dispondrá las medidas conducentes a promover la aceptación de las garantías concedidas por las SGR, por parte de las entidades financieras que integran el sistema institucionalizado, otorgándoles a las mismas carácter de garantías preferidas autoliquidables (art.80, ley 24.467).



La ventaja de esta categorización consiste en que los créditos otorgados por las entidades financieras con respaldo de este tipo de garantía, requieren del mínimo previsionamiento (1 %). Además obsérvese que tal categorización está fijada en la ley y no en normas reglamentarias relativas a previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad; de modo que cualquier reforma de estas últimas, no afecta el tratamiento asignado por ley.



A su vez, la ley le reserva al Banco Central las funciones de superintendencia en lo atinente a las vinculaciones de las SGR con los bancos y demás entidades financieras. En este sentido, la autoridad monetaria ha previsto que las SGR deben inscribirse, en un registro que lleva la Superintendencia y deben ajustarse a las disposiciones dictadas al efecto (Comunicación BCRA A 3141).



Sociedades de Garantía Recíproca en funcionamiento



(31 de marzo del 2001)



1. Garantizar SGR



(Socio protector: Banco de la Nación Argentina)



2. Compañía Afianzadora de Empresas Siderúrgicas, SGR



(Socio protector: Siderar, S.A.).



3. Avaluar SGR



(Socio protector: Aluar, S.A.).



4. Afianzar SGR



(Socio protector: Mastellone Hnos., S.A.).



5. Macroaval SGR



(Socio protector: Provincia de Salta y Banco de Salta, S.A.).



Parámetros Fijados para calificar como Pyme(Resolución SEPyME N° 24/2001) Tamaño/Sector



Agropecuario



Industria/Minería



Comercio



Servicios



Microempresa $ 150.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 250.000 Pequeña Empresa $ 1.000.000 $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 1.800.000 Mediana Empresa $ 6.000.000 $ 24.000.000 $ 48.000.000 $ 12.000.000

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