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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 612
Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
67879549
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D Sanchez de Sepola está en línea ahora

tengo una hipoteca constituida sobre mi departamento por 90000

Pregunta del cliente:

tengo una hipoteca constituida sobre mi departamento por 90000 dolares desde el ano 1997 , al mes de constituirla la pague completa y mu quede con un recibo cancelatorio mdel acrreeedor bajo firma certificada
este acreedor en connivencia con el escribano que luego fue destituido cedio mi hipoteca a otro acreedor sin notificarme
todo esta inscripto en el registro
nunca intenete cancelar ni judicialmente ni en el registro la hipoteca
el segundo acreedor trato de meterme en un juicio civil que le hizo al acreedor cedente pero no prospero y no lo legitimaron
en ese expediente acompane el recibo y no ,o impugno

como estoy parado hoy en cuanto a la prescripcion , cancelacion etc etc tengo mi recibo origianl bajo llave y el acreedor cedente fallecio
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 3 año.

D Sanchez de Sepola :

Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo.

D Sanchez de Sepola :

La hipoteca caduca con el solo paso del tiempo a los 25 años

D Sanchez de Sepola :

De todas formas, teniendo usted el recibo cancelatorio podria solicitar una cancelacion judicialmente

D Sanchez de Sepola :

Salvo que un escribano con buena voluntad le gestione la cancelacion

D Sanchez de Sepola :

pero es un tema delicado

D Sanchez de Sepola :

En que provincia esta radicada la hipoteca?

Customer:

y la ley dice 20 anos y que pasa con los intereses y la prescripcion a los 10 anos

Customer:

capital federal

D Sanchez de Sepola :

Claro a los 10 años prescribe la posibilidad de EJECUTAR

D Sanchez de Sepola :

esa hipoteca cuando la causa de la misma es un mutuo por ejemplo

D Sanchez de Sepola :

El escribano que constituyo la hipoteca y el cual certifico la cancelacion de la misma en el recibo que comenta, no ejerce mas?

Customer:

no y a su vez fue el que firmo el recibo cancelatorio

D Sanchez de Sepola :

Claro y ha tenido la posibilidad de concurrir a otro escribano y exponerle la situacion?

D Sanchez de Sepola :

Ya que otro escribano si podria gestionarle la cancelacion de la misma

Customer:

si pero todos me dicen dejar pasar el tiempo mi pregunta es la hipotesis de que pasa si un mes ante del vencimiento de los 20 anos me inicia juicio hipotecario que me puede sugerir con respecto a capital intereses oponibilidad del recibo etc etc ademas en el medio hubo juicios penales al escribano y el acreedor cedente uqe ya mujrio era una escribanis que con sus clien te el acreedor cedido eran prestamistas

D Sanchez de Sepola :

Esa hipoteca fue en razon de un credito?

D Sanchez de Sepola :

o fue para la adquisicion de ese mismo inmueble?

Customer:

no privada totalmente y no se justificaba la plata y hasta se hacia sin presencia de los interesados firmaban despues

D Sanchez de Sepola :

No la van a poder ejecutar

D Sanchez de Sepola :

ya prescribio

D Sanchez de Sepola :

El contrato de mutuo prescribe a los 10 años

Customer:

en que lo fundamento

D Sanchez de Sepola :

si intentaran una ejecucion deberia interponer una excepcion de prescripcion

D Sanchez de Sepola :

porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y la hipoteca es un accesorio (garantia) del contrato de mutuo (prestamo)

Customer:

pero es un mutuo hipotecario de 1997 en escritura publica e inscripta en el registro tanto la primera hipoteca como la cesion posterior sin mi conocimiento ni notificacion

D Sanchez de Sepola :

No es una hipoteca bancaria, ni tiene como objeto la compra del inmueble hipotecado, esta prescripta

D Sanchez de Sepola :

Si, pero no deja de ser un contrato de mutuo

D Sanchez de Sepola :

el acreedor hipotecario tiene 10 años para reclamar

D Sanchez de Sepola :

esto se lo aseguro es asi

D Sanchez de Sepola :

No es un tema conocido por todos los profesionales, pero judicialmente ya es unanime esta decision

D Sanchez de Sepola :

no hay criterios contrapuestos y es pacifica la doctrina en este sentido

D Sanchez de Sepola :

Es mas, es un acto prohibido el prestamo de dinero por parte de un particular con pago de intereses

D Sanchez de Sepola :

ya que estas operaciones deben ser llevadas a cabo por una empresa registrada y controlada por el BCRA

D Sanchez de Sepola :

segun la propia ley de entidades financieras

D Sanchez de Sepola :

Posee vicios de todo tipo, pero el paso del tiempo ya es suficiente para que no tenga derecho ni a discutir los demas temas el acreedor

Customer:

que me aconsejaria hacer hoy yo tengo la posesion del departamento desde siempre ano 1995, l titulo de propiedad, el recibo cancelatorio bajo llave y presentado en una causa civil de esta hipoteca que la gane por falta de legitimacion pasiva, solo hubo en el ano 2000 cuando exploto el escribano 2 cartas documentos que rechace y una audiencia de mediacion que no prospero

D Sanchez de Sepola :

Le aconsejo que se quede tranquilo y no se preocupe por esto

D Sanchez de Sepola :

ya que no tiene derecho nadie a ejecutarle

D Sanchez de Sepola :

usted es el propietario, tiene un titulo de propiedad pleno y perfecto

D Sanchez de Sepola :

no se haga mala sangre por cosas que no pueden pasar

D Sanchez de Sepola :

No consulte mas, ya que le van a decir de las mas variadas cosas, pero solo por desconocimiento

D Sanchez de Sepola :

Le aseguro porque me especializo en derechos reales, esta prescripta y no se puede ejecutar

Customer:

para completarle la info y lo dificil del tema el escribano la volvio a ceder a otro acreedor de buena fe en el 2000 y ahi empezo el juicio contra este acreedor por nulidad de hipoteca y ahi me quisieron involucrar a mi en el juicio y presente el recibo y falta de legitimacion que lo gane postriror hubo un juicio de estafz contra el primer acreedor el muerto que cedio y contra mi y nos sobrseyeron por prescripcion penaal en la estafa

D Sanchez de Sepola :

Claro, eso confirma lo que le digo

D Sanchez de Sepola :

detras de esta operacion hay delitos penales, pero sin involucrarnos en este tema

D Sanchez de Sepola :

la hipoteca esta prescripta

D Sanchez de Sepola :

su reclamo seria inoperante

D Sanchez de Sepola :

gracias al paso de 10 años, en el año 2000 no estaba esta situacion

D Sanchez de Sepola :

y de todos modos usted gano

D Sanchez de Sepola :

imaginese entonces ahora

D Sanchez de Sepola :

Se lo digo con total seguridad, aguarde solo 3 años

D Sanchez de Sepola :

y ya se cancela automaticamente por el plazo del tiempo

D Sanchez de Sepola :

no se abrume porque nada le puede pasar

D Sanchez de Sepola :

usted tiene un derecho pleno y perfecto

D Sanchez de Sepola :

Le ha quedado alguna duda mas?

Customer:

no como la contacto nuevamente a Ud

D Sanchez de Sepola :

Le proveo mi enlace directo

D Sanchez de Sepola :

sino en esta misma pregunta durante una semana

D Sanchez de Sepola :

http://www.justanswer.es/legal-es/expert-drasanchezdesepola/

D Sanchez de Sepola :

En ese link puede ingresar y directamente me formula a mi la pregunta que posea

D Sanchez de Sepola :

Espero haya sido util mi respuesta

D Sanchez de Sepola :

y se quede tranquilo con la situacion

Customer:

si es posible me podra mandar algun fallo o art que refrende lo que ud dice por mail en lo referido a la prescripcion etc etc algo contundente muchas gracias

D Sanchez de Sepola :

Si, le envio informacion

D Sanchez de Sepola :

de todo tipo

Customer:

seria barbaro excelente tu claridad mi telefono es XXXXXXXXXX por si necesitas algo legal gracias espero info

Customer:

esto me queda registrado en mi cuenta como lo guardo y entro a mi password XXXXX no tengo

D Sanchez de Sepola :

Claro queda en su cuenta

D Sanchez de Sepola :

ha perdido la clave?

D Sanchez de Sepola :

comuniquese [email protected] y solicite la nueva clavwe

D Sanchez de Sepola :

Le estoy adjuntandp

Customer:

gracias

D Sanchez de Sepola :

Aguarde que le envio los fallos

D Sanchez de Sepola :

descarguelo por favor

D Sanchez de Sepola :

y confirmeme si lo puede visualizar

Customer:

no me da error

D Sanchez de Sepola :

intento de otra manera

D Sanchez de Sepola :

Voces: HIPOTECA - PRESCRIPCIÓN DECENAL - CÓMPUTO DEL PLAZO - REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE - ACCIÓN DE NULIDAD

Partes: Pitto Luis Maria | quiebra s/ inc. de nulidad de hipoteca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 2-jun-2009

Cita: MJ-JU-M-50205-AR | MJJ50205

Producto: SOC,MJ

Si se ejerce la acción de nulidad de una hipoteca, el cómputo del plazo decenal de prescripción
comienza a correr a partir de la fecha de inscripción definitiva del gravamen real en el Registro de la
Propiedad Inmueble, pues sólo a partir de allí adquiere estado erga omnes la relación jurídica de que se
trata.

Sumario:
1.-Toda acción de nulidad que no tenga previsto un plazo especial de prescripción (vgr. arts. 4030 y
954 del CCiv.) se regirá por la prescripción decenal ordinaria prevista por el art. 4023 de dicho
ordenamiento.
2.-En cuanto al cómputo del término de la prescripción, el art. 3956 del CCiv. dispone que la
prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del
título de la obligación, considerando las relaciones jurídicas puras y simples, es decir las que no están
sometidas a accidente alguno. Ellas acuerdan al titular la facultad de hacer valer su derecho desde su
misma constitución (en el caso, a partir de la inscripción de la constitución de hipoteca en el registro
respectivo). A partir de ese momento quien no intervino en el acto, está habilitado para ejercer la acción
respectiva y si permanece inactivo paralelamente a su inacción, la prescripción sigue su curso, siempre
y cuando el derecho del titular esté expedito.
3.-La prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica. La acción se diferencia
conceptualmente de la relación jurídica en cuanto es el modo de hacer valer a ésta en justicia. Por lo
común, se tiene acción desde que la relación jurídica se ha formado, razón por la cual, en principio, la
prescripción, no obstante afectar exclusivamente a la acción, comienza a correr desde la fecha de la
existencia de dicha relación, tal como lo expresa el art. 3956 del CCiv.
4.-Si se ejerce la acción de nulidad de una hipoteca, el cómputo del plazo decenal de prescripción
comienza a correr a partir de la fecha de inscripción definitiva del gravamen real en el Registro de laPropiedad Inmueble, pues sólo a partir de allí es que adquiere estado erga omnes la relación jurídica de
que se trata, y empieza a producir sus efectos propios con relación a terceros.


Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
Y VISTOS:
1.) Antecedentes.
En la resolución de fs. 133/6 el juez de grado hizo lugar al planteo de prescripción formulado por la
sindicatura, rechazando el incidente de nulidad de hipoteca promovido por María Teresa Orcoyen, con
costas a esta última en su condición de vencida. En el resumen de los hechos el a quo explicó que la
incidentista solicitó la nulidad de la constitución del gravamen hipotecario que pesaba sobre el
inmueble adquirido por el fallido, quien era su cónyuge al momento de la constitución del mentado
gravamen.
La incidentista sostuvo que en oportunidad de celebrarse la escritura pública se había consignado por
error que el fallido era soltero, por lo que, no habiendo su parte brindado el asentimiento
correspondiente, el acto adolecía de nulidad relativa, en los términos previstos en los arts. 1043, 1048 y
ccdtes. del Cód. Civil.
Aclaró el a quo que la sindicatura contestó el traslado conferido, oponiendo defensa de prescripción,
con fundamento en lo estipulado por el art. 4023 del Cód. Civil, al haber transcurrido más de diez años
desde la constitución del referido gravamen. Agregó que la sindicatura postuló -en forma subsidiaria- el
rechazo de la presente incidencia, con sustento en que los actuales acreedores hipotecarios eran
cesionarios onerosos del Banco Río de la Plata S.A., siendo, por ende, adquirentes de buena fe.
A fs. 32/6 se presentó la acreedora hipotecaria, requiriendo el rechazo de la nulidad interpuesta,
sosteniendo que toda vez que la hipoteca en cuestión había sido constituida en el mismo acto de
adquisición del inmueble, no era necesario el asentimiento conyugal del art. 1277 del Cód. Civil, pues
no había sido comprometido con dicho gravamen un bien de la sociedad conyugal, sino que, por el
contrario, su patrimonio sería incrementado con la diferencia entre el monto del precio y el de la
hipoteca.El a quo remarcó que la acreedora hipotecaria postuló la falta de legitimación de la
incidentista para deducir la nulidad incoada, habida cuenta de que el inmueble resultaba de titularidad
del fallido y que, encontrándose vigente la sociedad conyugal, no tenía acción para reclamar el
cincuenta por ciento del dominio del inmueble que le correspondería por su carácter de bien ganancial.
Agregó que tal circunstancia recién se verificaría en el supuesto de disolución de la sociedad conyugal.
De su lado, la actora contestó la prescripción articulada por la sindicatura, solicitando su rechazo sobre
la base de que tal prescripción no corría entre marido y mujer, aún cuando estuviesen divorciados,
aclarando que durante el matrimonio aquélla se encontraba suspendida (véase fs. 134).
Bajo este prisma, el Magistrado de grado arguyó que si bien el Cód. Civil establecía una gran variedad
de plazos de prescripción de acuerdo con la causa de la obligación, la norma general se encontraba
contenida en el art. 4023 del Cód. Civil, la cual establecía, aún para la acciones de nulidad, la
prescripción decenal. Aclaró que, pretendiéndose en la especie la nulidad de un acto jurídico, el cual no
tenía asignado un plazo de prescripción especial, resultaba aplicable el plazo establecido en la norma
aludida supra.
Así las cosas, y toda vez que la hipoteca había sido constituida -según adujo- el 25.05.94, concluyó enque, a la fecha de promoción del presente incidente, había transcurrido holgadamente el plazo de diez
años previsto por el art. 4023 del Cód. Civil.
Finalmente, aseveró el anterior sentenciante que la acción promovida por la incidentista no estaba
dirigida contra su cónyuge, sino que aquélla había sido iniciada contra los acreedores hipotecarios con
la finalidad de hacer caer la constitución del gravamen; razón por la cual no regía en el sub-lite lo
preceptuado en los arts. 3969 y 3970 del citado ordenamiento legal.Sobre la bases de tales
consideraciones, hizo lugar al planteo de prescripción oportunamente formulado por la sindicatura y, en
consecuencia rechazó el incidente de nulidad de hipoteca introducido por la incidentista.
Esa decisión fue apelada por la incidentista a fs. 140, concediéndose el recurso en relación a fs. 141, el
que fuere fundado a fs. 143/4.
2.) Recurso de apelación de fs. 143/4 contra la resolución copiada a fs. 133/36.
2.1.- Apeló la incidentista a fs. 140 la decisión recaída a fs. 133/6 que hizo lugar al planteo de
prescripción y rechazó el incidente de nulidad de la hipoteca promovido por su parte.
Los fundamentos de la apelación obran anejados en fs. 143/4.
Se agravió la incidentista de que el a quo hubiese calculado el plazo de prescripción liberatoria
efectuando un cómputo lineal del tiempo transcurrido entre la celebración de la hipoteca y el inicio del
presente incidente, sin haber considerado -de modo alguno- la existencia de actos interruptivos llevados
a cabo por su parte. Añadió que la sentenciante se limitó a valorar los dichos de la sindicatura, teniendo
a la vista únicamente la presente incidencia.
En ese marco, criticó que el juzgador de la anterior instancia haya aplicado, con excesiva ritualidad
manifiesta, lo dispuesto por el art. 3986 del Cód. Civil en cuanto establecía que la prescripción se
interrumpía por la interposición de la demanda, concediendo un sentido restrictivo a lo que debía
entenderse por "demanda". Citó, en tal sentido, una serie de precedentes jurisprudenciales que avalarían
una interpretación amplia del referido término, utilizado en la disposición referenciada supra (véase fs.
143).
3.) Encuadramiento jurídico de la cuestión:Prescripción de la acción de nulidad de la hipoteca
constituida en la especie.
Señálase, en primer lugar, que -contrariamente a lo sostenido por la acreedora hipotecaria al contestar
el traslado que se le corriera del presente incidente-, la hipoteca que nos ocupa no fue constituida por el
fallido el 04.09.92 en acto simultáneo a la adquisición de los lotes cuya nulidad de gravamen aquí se
pretende. Ello así, toda vez que si bien en la fecha indicada supra el quebrado había constituido una
hipoteca en primer grado a favor de Banco Río de la Plata S.A. (véase fs. 125), dicho gravamen fue
cancelado posteriormente, el 27.05.94, fecha -esta última- en la que constituyó una nueva hipoteca
(distinta de la anterior), también a favor del referido banco (véase: escritura pública de constitución de
hipoteca y cancelación de la anterior, obrante a fs. 108/26).
Consiguientemente deviene insostenible el argumento esgrimido por la acreedora hipotecaria, en tanto
sostiene que el inmueble fue adquirido e hipotecado en forma simultánea, atribuyendo esa hipoteca al
caso que nos ocupa.
Pues bien, de la escritura pública de constitución de hipoteca a favor de Banco Río de la Plata S.A.
precedentemente aludida, identificada con el número 1941, y llevada a cabo por ante el escribano
Guillermo Francisco Fornieles el día 26.05.94, se extrae que -en la mencionada fecha- compareció LuisMaría Pitto indicando su estado civil de soltero en lugar de casado (véase fs. 108). Tratándose dicha
celebración de un acto registrable, se advierte que el referido gravamen fue inscripto provisoriamente
en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires con fecha 29.06.94, y en
forma definitiva el 07.07.94 (véase informe de estado de dominio y gravámenes de las fracciones de
campo allí descriptas, anejado a fs.67 a 74).
Más allá de la inexactitud de tal manifestación, es en el mejor de los casos a partir de esta última fecha
(07.07.94) en que debido a la definitiva inscripción registral toma estado público la existencia del
gravamen, que comienza a correr el plazo de prescripción de la acción de nulidad de hipoteca
pretendida por la incidentista.
Desde tal perspectiva, pues, estímase conducente pasar a examinar si la acción de nulidad intentada en
la especie se encuentra vigente o, en su caso, si ésta ya ha prescripto, tal como arguye la sindicatura
actuante en la quiebra de Luis María Pitto (véase, en tal sentido, la contestación del traslado del
incidente de fs. 24/27 vta.).
A tales fines, corresponderá abordar, liminarmente, la prescripción de la acción de nulidad de la
constitución de hipoteca objeto del litigio, para esclarecer -sobre tales bases- la procedencia o no de la
excepción oportunamente opuesta por la sindicatura interviniente en los autos falenciales, cuya
admisión por el Señor Juez de grado fue materia de agravio en esta instancia. En la dilucidación de
tales cuestiones corresponderá adentrarse seguidamente.
En tal sentido, sabido es que la prescripción es el medio por el cual, en ciertas condiciones, el
transcurso del tiempo opera la adquisición o modificación substancial de algún derecho (cfr. Llambías,
Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T. II, decimoctava edición, actualizada con
las nuevas leyes por Patricio Raffo Benegas, Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1999, Nº 2099, pág.
591).
Ello sentado, para las acciones de nulidad rige el plazo de prescripción común de diez años. Así lo
establece nítidamente el art. 4023 del Cód. Civil, en cuanto prevé que "toda acción personal por deuda
exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial", agregando -en lo que aquí interesa
referir- que "igual plazo regirá para interponer acción de nulidad, trátase de actos nulos o anulables, si
no estuviere previsto un plazo menor" (art.incorporado por la ley 17.711, con la enmienda dispuesta por
la ley 17.940 de Fe de Erratas).
En ese marco, el texto ordenado por la ley 17.940 se ocupó de efectuar un agregado a la norma
originaria del Código, aclarando que el plazo ordinario de prescripción decenal es también aplicable a
la acción de nulidad de los actos jurídicos. Por cierto que si bien no se hace el distingo sobre si se trata
de un acto nulo o anulable, se presupone que el vicio que sufre el acto es causa de una nu lidad de
carácter relativo ya que la acción de nulidad absoluta, por los intereses que tutela (art. 4019 del Cód.
Civil), es imprescriptible. Conforme el esquema descripto, toda acción de nulidad que no tenga plazo
previsto un plazo especial de prescripción (vgr. arts. 4030 y 954 del citado ordenamiento legal) se
regirá por la prescripción decenal ordinaria.
De su lado, en cuanto al cómputo del término de la prescripción, el art. 3956 del Cód. Civil dispone que
"la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del
título de la obligación".
Este último precepto considera las relaciones jurídicas puras y simples, es decir las que no están
sometidas a accidente alguno. Ellas acuerdan al titular la facultad de hacer valer su derecho desde su
misma constitución (en el caso, a partir de la inscripción de la constitución de hipoteca en el registro
respectivo). A partir de ese momento quien no intervino en el acto, está habilitado para ejercer la acciónrespectiva y si permanece inactivo paralelamente a su inacción, la prescripción sigue su curso, siempre
y cuando el derecho del titular esté expedito (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil",
Parte General, T. II, ob. cit., Nº 2113, pág.598).
Al respecto, se ha dicho que la prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica. La acción
se diferencia conceptualmente de la relación jurídica en cuanto es el modo de hacer valer a ésta en
justicia. Por lo común, se tiene acción desde que la relación jurídica se ha formado, razón por la cual,
en principio, la prescripción, no obstante afectar exclusivamente a la acción, comienza a correr desde la
fecha de la existencia de dicha relación, tal como lo expresa el art. 3956 transcripto supra (cfr.
Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T. II, ob. cit., Nº 2113, pág. 598).
No es claro en la especie, cuáles habían sido concretamente los actos interruptivos de la acción de
nulidad de hipoteca cuya eficacia pretende hacer valer la recurrente en esta instancia, se infiere de su
escueto memorial que se trata precisamente de la interposición de esta demanda, con lo cual es clara la
improcedencia del planteo, estando a lo ya expresado.
En efecto, aún considerando lo expuesto por el síndico en la contestación del traslado del presente
incidente, donde refiere una presentación de la incidentista obrante a fs. 684 de los autos principales de
la quiebra, lo cierto es que tal presentación habría tenido lugar en el año 2005, por lo que igualmente
habría transcurrido -desde la inscripción de la hipoteca y hasta la fecha indicada- el plazo de
prescripción decenal aludido en el art. 4023 del Cód. Civil.
Repárese en que -conforme se adelantara- la prescripción de la acción de nulidad incoada en la especie
comenzó a correr a partir del 07.07.94; fecha de inscripción definitiva de la hipoteca bajo estudio en el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.Ello así, toda vez, que sólo a partir
de allí (esto es, desde la inscripción del referido gravamen en el registro respectivo) es que adquiere
estado erga omnes la relación jurídica de que se trata, y empieza a producir sus efectos propios con
relación a terceros.
Así las cosas, no puede dejar de advertirse que la presente acción fue introducida trece (13) años
después de dicha inscripción, es decir, cuando ya se hallaba vencido el plazo de prescripción estipulado
en el art. 4023 del Cód. Civil que -como se vio- resulta aplicable al caso (véase que la hipoteca en
cuestión fue inscripta en forma definitiva el 07.07.94, mientras que el presente incidente fue iniciado el
05.07.07); razón por la cual, y toda vez que no se ha verificado en la especie acto procesal alguno
atribuible a la incidentista durante el transcurso de dicho plazo que haya permitido interrumpir el
cómputo respectivo, no cabe sino acoger el planteo de prescripción incoado por la sindicatura actuante
en la quiebra del fallido.
Finalmente, tampoco obstan a tal conclusión las argumentaciones articuladas por la incidentista
relativas a que la prescripción no corre entre marido y mujer, aunque estuviesen separados de bienes o
divorciados por autoridad competente y respecto a que la prescripción se hallaba igualmente
suspendida durante el matrimonio cuando la acción de la mujer hubiere de recaer sobre el marido, sea
ya por un recurso de garantía, o porque lo expusiere a pleitos o a satisfacer daños e intereses.Ello así,
porque tales argumentos no fueron replanteados en la Alzada en debida forma como para rebatir lo
decidido por el a quo por cuanto -como bien señala el anterior sentenciante- la acción promovida por la
incidentista no está dirigida sino formalmente contra el cónyuge, puesto que ha sido entablada contra
los acreedores hipotecarios, a los fines de hacer caer la constitución del gravamen hipotecario
oportunamente constituido.
En efecto, se trata de una acción enderezada contra un tercero cesionario que invoca para sí su
condición de tercero de buena fe en los términos del art. 1051 del Cód. Civil. En consecuencia, es claro
que no resultan aplicables al sub-lite las normas de los arts. 3969 y 3970, invocadas por la incidentistapara contrarrestar la excepción de prescripción planteada por la sindicatura. Máxime, cuando tal
argumento del a quo no fue debidamente desvirtuado por la recurrente en esta instancia. En nada
cambia la solución que se viene propiciando la aseveración de la quejosa, atinente a que el quebrado
también era, junto a los acreedores hipotecarios, sujeto pasivo de la acción (véase anteúltimo párrafo de
fs. 144, del memorial), habida cuenta de que la finalidad de la acción interpuesta estuvo claramente
destinada -conforme lo afirmara la propia incidentista en el escrito inaugural- a "evitar una
transferencia de dominio en subasta pública" y con ello, a enervar el gravamen hipotecario que pesaba
sobre el inmueble adquirido por el fallido durante el matrimonio, el que fue -ciertamente- constituido a
favor de los acreedores hipotecarios; debiendo concluirse -entonces- en que el fallido no posee
legitimación pasiva en el presente pleito.
Por lo hasta aquí expuesto, no cabe sino desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada en
cuanto hace lugar a la excepción de prescripción.
4.) Conclusión:
En consecuencia, esta Sala RESUELVE:
a) Rechazar el recurso interpuesto por la incidentista a fs. 143/4 y confirmar la resolución apelada en
todo lo que fue materia de agravio;
b) Imponer las costas de Alzada a cargo de la apelante, dada su condición de vencida en esta instancia
(art. 68 CPCCN).
Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso
con copia de la presente resolución.
María Elsa Uzal
Isabel Míguez
Alfredo Arturo Kölliker Frers
Ante mí: Valeria Cristina Pereyra
Es copia del original que corre a fs. 159/163 de los autos de la materia.
Valeria C. Pereyra
Secretaria

D Sanchez de Sepola :

Es mas desprolijo pero lo importante es que pueda leerlo y tener la informacion

D Sanchez de Sepola :

Voces: MUTUO HIPOTECARIO - INTERESES - EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN -
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Partes: Ercon SA. c/ Rivas Murillo Vicenta | ejecución hipotecaria

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Concordia

Sala/Juzgado: nº 2 en lo Civil y Comercial

Fecha: 24-nov-2011

Cita: MJ-JU-M-72704-AR | MJJ72704

Producto: MJ

Se hizo lugar a la excepción de prescripción respecto del cómputo de los intereses en un mutuo
hipotecario, pues el préstamo era de financiamiento al consumo, por lo tanto deben aplicarse los plazos
de prescripción de la ley de defensa del consumidor.

Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción respecto del cómputo de los intereses en un
mutuo hipotecario, pues se probó que el mismo era de financiamiento al consumo, por lo tanto deben
aplicarse los plazos de prescripción de la ley de defensa del consumidor, sin que sea relevante para
excluir su aplicación el hecho de que la actora esté fallida.
2.-Como lo dispone el art. 107 de la ley 24522, el fallido es desapoderado de los bienes cuya titularidad
ostente a la fecha de la declaración de quiebra, entre los que se halla comprendido el crédito en
ejecución, perdiendo la disponibilidad y administración de los mismos, pero no la propiedad de ellos -a
punto tal que conserva la titularidad del remanente en caso de pago total-, los que pasarán a formar la
masa concursal bajo la administración del síndico, en orden a lo establecido en el art. 109 de la referida
ley, pudiendo disponer de ellos con autorización judicial.
3.-En el propio texto de la escritura hipotecaria, se consigna expresamente que la hipoteca en segundo
grado en favor de la actora se constituye para garantizar la deuda por el cofinanciamiento de los costos
de construcción de la unidad, cuya venta da cuenta el instrumento, aclarándose que rigen para este
crédito hipotecario, la mismas cláusulas que las previstas para la de primer grado constituida en favor
del I.A.P.V. en lo que sea aplicable y no interfiera en ésta, incluso definiéndose allí a la firma aludida
como entidad promotora.
4.-La actora debe ser calificada como proveedor en el sentido definido en el art. 2 de la ley
consumerista, habida cuenta que su actividad es la de una empresa profesional dedicada a la
construcción y también a la comercialización de bienes, incluidos los inmuebles, y servicios destinadoa consumidores finales, lo cual permite subsumir la cuestión en los preceptos de la referida ley.
5.-El estado falencial de la empresa actora es irrelevante para excluir al vínculo jurídico entablado entre
las partes del alcance del régimen instituido por la normativa consumerista, habida cuenta que al
celebrarse el convenio por el que se contrajo la obligación y se constituyó la garantía hipotecaria,
aquélla actuó como empresa constructora, que además cofinanció parte del precio de compra del
inmueble adquirido por la ejecutada.
6.-En función de la actividad desarrollada por la actora -construcción y servicios de asistencia
financiera en este caso- y la condición de consumidor o destinatario final como prestatario del mutuo
hipotecario del ejecutado es aplicable la normativa de defensa del consumidor.
7.-Conforme al sistema de protección del consumidor instituido por la ley 24240 y la la reforma
introducida por la Ley 26361 materia de prescripción liberatoria -art.50 -, es que el plazo prescriptivo
previsto tanto por el Código de Comercio en sus arts. 846 y 847 , como del CCiv. 4023 , 4027 y ccs. se
vio reducido a tres años para las acciones administrativas y judiciales emergentes de dicha ley, la cual
reviste el carácter de orden público en virtud de lo dispuesto por el art. 65 de la misma, y que en su art.
3 consagra que en caso de duda sobre sus principios prevalecerá la interpretación mas favorable al
consumidor.


CONCORDIA, 24 de noviembre de 2011.
VISTO: XXXXX XXXXX caratulados "ERCON S.A. C/ RIVAS MURILLO, VICENTA S/ EJECUCIÓN
HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 891)", venidos a despacho para resolver los recursos de apelación
deducido por las partes contra la sentencia de trance y remate recaída en autos, obrante a fs 43/44,
Y CONSIDERANDO:
1) Que la sentencia apelada rechazó las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación
activa opuestas por la demandada y admitió, parcialmente, la prescripción de los intereses
-compensatorios y punitorios- y mandó llevar adelante la ejecución hasta que ésta haga íntegro pago a
la actora de la suma de $ 8.316 con más los intereses a la tasa del 36 % anual, por ambos conceptos,
calculados a partir del 9/10/2006 hasta su efectivo pago e impuso las costas por la porción admitida a la
ejecutada y por la no admitida a la ejecutante.
Para resolver de esa forma, el sentenciante, luego de señalar que la falta de legitimación activa no es
una excepción admisible, atento a los términos de su interposición debe entenderse que se ha planteado
la de inhabilidad de título, señalando que de la documental acompañada no surgen falencias que la
provoquen, mientras que respecto a la falta de personería refiere que el fallido, tal la condición de la
actora, carece de legitimación en relación a todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo
actuar en tal caso el síndico, pudiendo también designar un apoderado en cuyo caso requiere la
autorización del juez de la quiebra, circunstancia que se encuentra cumplida en autos.
En cambió admitió, en función de lo dispuesto por el art. 50 de la ley 24.240 en cuyos preceptos
encuadra la cuestión aplicando los principios del fallo del S.T.J.E.R."Cata c/ I.A.P.V.", la prescripción
de los intereses devengados a partir del 10/2/2000, fecha en que la obligación se tornó exigible, hasta
tres años antes de la interposición de la demanda, es decir el 8/10/2006, sin que alterara la situación la
intimación cursada mediante carta documento glosada a fs. 5.
2) Que la parte actora, sin réplica de la contraria, luego de analizar los fundamentos de la sentencia,dice que el a quo aplica erróneamente la doctrina emanada del citado fallo, en cuanto encuadra la
cuestión en las disposiciones de la mencionada ley, en virtud de lo cual admite parcialmente la
prescripción de los intereses, dado que la relación entre las partes no es de consumo.
Dice que el yerro radica en que la accionante es la quiebra acreedora, además el precedente aludido
refiere a una acción que surge del propio seno de la citada ley ya que refiere a vicios redhibitorios,
temática que la misma aborda expresamente.
Agrega que el vínculo contractual entre las partes de autos no encuadra en las previsiones de la ley de
defensa del consumidor, por lo que no es aplicable al caso, porque la accionante reclama el cobro de
capital e intereses por un mutuo con garantía hipotecaria otorgado por la quiebra de quien, antes de
ello, construyó la vivienda que es el asiento de la garantía real, luego enajenadas y financiadas por
quien encomendó la obra, el I.A.P.V.
En función de ello sostiene que su parte, -sindicatura de la quiebra de la entidad constructora-, no es
una empresa profesional dedicada a la prestación de servicios creditorios ni financieros, sino que otorgó
un mutuo hipotecario ejecutado dentro de la normativa de la ley 24.522 que manda realizar el activo
falencial, en este caso constituido por los crédito de la construcción de las viviendas y que su actividad
no encuadra en la definición de proveedor del art.2 de la ley de defensa del consumidor
Señala que para que el mutuo sea de consumo, el mutuante debe ser una entidad financiera reglada por
la ley 21526 y controlada por el B.C.R.A., que es quien impone las previsiones protectorias, conforme
la remisión que realiza la propia ley 24240.
Es por ello que postula la aplicación del plazo decenal previsto en el art. 4023 del C.C., debido a que a
tenor de las condiciones de devolución pactadas, no se distingue entre capital e intereses, ya que se
convino que las cuotas son iguales y consecutivas, calculándose su monto por el sistema francés para su
amortización.
También se queja por la reducción de los intereses a una tasa del 36 % anual, desconociendo lo pactado
al respecto por las partes, siendo que nuestro sistema jurídico reconoce el principio de autonomía de la
voluntad en la materia, el cual permite pactar libremente los intereses y la tasa, según surge
expresamente del art. 621 C.C. y es corolario del principio general sentado en el art.1197 C.C., por lo
que los tribunales no pueden crear tasas, exceptos que las pactada sea usuraria, leonina o abusiva.
Que la tasa compensatoria acordada es razonable, mientras que debe tenerse en cuenta que la finalidad
de la punitoria es incentivar al cumplimiento puntual de la obligación, siendo también razonable la
acordada.
Luego destaca la incongruencia de lo decidido al respecto por la sentenciante, mencionando
actuaciones en las que resolvió de diferente modo la cuestión, por lo que interesa se revoque también
en este punto la sentencia y se mantenga la tasa acordada.
3) Por su parte la ejecutada, con oposición de la contraria, se agravia del rechazo de las excepciones
que planteará.
Refiere que es insuficiente el poder acompañado por la apoderada de la actora, que es otorgado por el
síndico de la quiebra de la firma ERCON S.A., autorizado por el juez donde tramita la misma.
Dicha letrada -Dra Graciela Dora Villa-, se presenta alegando ser mandataria de la fallida, cuando
quien le otorgó el apoderamiento es el síndico de la quiebra el cual no tiene legitimación para estar en
juicio ni facultades para otorgar poder a la nombrada y si quiso alegar la representación de lasindicatura, es nula al hallarse prohibida por los arts. 251 y 258 de la L.C.Q. la delegación de facultades
o funciones propias de ésta.
También se agravia que la sentenciante no aplicara en su totalidad lo dispuesto por la ley 24240, habida
cuenta que si estimó que al momento de intereponerse la demanda había transcurrido el plazo de
prescripción previsto en el art.50 de dicha ley, debió también declarar prescripto la acción de cobro del
capital, por tratarse de una ley de orden público, en lugar de considerar que sigue rigiendo el plazo
decenal de precripción.
4) Que al replicar los agravios, la ejecutante destaca que al rechazar la excepción la sentenciante
procedió de acuerdo a las disposiciones que rigen la materia.
Dice que la ejecutada confunde la excepción de falta de legitimación activa con la falta de personería,
que también opone, fundando aquella en las condiciones del instrumento del mandato que no tiene
relación alguna con la falta de legitimación activa o pasiva, pero no cuestiona la calidad de deudor o
acreedor de las partes.
Que la demanda se inició por la sindicatura del proceso falencial de la firma ERCON S.A., cuya
finalidad es la de realizar los activos para cancelar el pasivo, para lo cual sigue vigente la personalidad
de la sociedad fallida, a tenor de lo dispuesto por el art.101 de la ley de sociedades.
Que del instrumento acompañado surge el apoderamiento otorgado por el Síndico de la quiebra
autorizado por el juez de la misma, acreditándolo con los documentos pertinentes extendidos en
escritura pública.
Agrega que si bien la función del síndico es personal puede delegar en un apoderado la realización de
actos que deban realizarse en extraña jurisdicción, siempre que haya fondos para sostener el
apoderamiento y lo autorice el juez de la quiebra, lo cual consta en el poder presentado.
Respecto al agravio relativo a que la sentencia no extendió el plazo trienal de prescripción previsto en
la ley 24240 también al capital, señala que aparte de no ser aplicable al caso dicha ley, la prescripción
no se suple de oficio, habiendo la recurrente opuesto la prescripción solo con relación a los intereses,
además que no lo peticionó en primera instancia lo que impide plantearlo en ésta.
Por último, pone de manifiesto que es incompatible la excepción de prescripción con la de inhabilidad
de título, porque además de resultar contradictorias importan al reconocer la validez de la obligación
ejecutada y la existencia de un título hábil para reclamar su cobro.
5) Que de la reseña precedente surge que la actora se agravia de que se admitiera la prescripción de los
intereses devengados por la deuda ejecutada, aplicando las disposiciones de la ley 24.240, mientras la
accionada se agravia del rechazo de las excepciones de falta de legitimación activa y de falta de
personería que opusiera a la ejecución y que, en base a la citada ley, no se declarara prescripta la
obligación cuyo cobro se pretende.
Que debido a las consecuencias que proyecta sobre la contienda, corresponde que se examinen, en
primer término, los agravios vertidos por la demandada.
La misma se queja del rechazo de las excepciones que opusiera, las que se basan en la imposibilidad
que el síndico de la quiebra de la firma actora delegue sus funciones enla letrada que promovió la
ejecución y en que ésta no demostró ser mandataria de dicha entidad porque, según surge de la escritura
acompañada, fue el síndico designado en dicho universal quien otorgó el apoderamiento sin que se
demuestre en autos que tuviera facultades o que pidiera autorización para ello.Que la lectura del memorial de agravios ilustra que las objeciones efectuadas a este aspecto de la
sentencia apelada, consisten en la reiteración textual de los planteos formulados en la instancia de
origen por la recurrente al oponer excepciones, de modo que correspondería declarar desierto esta parte
del recurso de la accionada por incumplir el recaudo de admisibilidad contemplado por el art. 257 del
C.P.C.C., de no ser por el amplio criterio del Tribunal para dar curso a aquellas presentaciones aunque
contenga un escasa crítica.
En función de ello y dado el tenor del planteo efectuado, es menester señalar que como lo dispone el
art. 107 de la ley 24522, el fallido es desapoderado de los bienes cuya titularidad ostente a la fecha de
la declaración de quiebra, entre los que se halla comprendido el crédito en ejecución, perdiendo la
disponibilidad y administración de los mismos, pero no la propiedad de ellos -a punto tal que conserva
la titularidad del remanente en caso de pago total-, los que pasarán a forma la masa concursal bajo la
administración del síndico, en orden a lo establecido en el art. 109 de la referida ley, pudiendo disponer
de ellos con autorización judicial.
Conforme a las constancias de autos y a lo consignado en el poder glosado a fs.2/3, como bien
puntualiza la sentenciante, más allá de las cuestiones terminológicas, no cabe duda que la firma titular
de la acreencia se halla en quiebra, el síndico recabó la pertinente autorización al juez de dicho
universal para conferir poder a la letrada que inicia la presente ejecución, por lo que devienen
inatendibles las objeciones formuladas al respecto por la recurrente.
Tampoco merece acogimiento el agravio atinente al rechazo de la excepción de falta de personería, por
el cual se objeta el apoderamiento conferido por el síndico en favor de la abogada en cuestión, dado que
además de contar aquél con autorización judicial a tal fin, según consta en la referida escritura, de
acuerdo a lo previsto en el art. 258 in fine de la ley concursal está habilitado para ello en razón de
tratarse, las presentes, de actuaciones llevadas a cabo ante un tribunal de diferente jurisdicción del que
se asienta ante el que substancia el proceso falencial.
En síntesis, tanto la excepción de falta de legitimación activa como la falta de personería opuestas al
progreso de la ejecución han sido correctamente desestimadas.
Continuando con el análisis de los agravios, por idénticas razones que los anteriores -es decir por los
efectos que proyecta sobre la contienda- debe analizarse el formulado por la ejecutada referido a la
prescripción de la acción promovida, basada en que se encuentra superado el plazo que a tal fin
establece el art. 50 de la ley 24.240.
También este planteo es improcedente, no sólo por no haberlo efectuado la recurrente en la instancia
anterior, lo cual impide que lo haga en ésta en virtud de lo dispuesto por el art. 269 del C.P.C.C., sino,
además, porque la prescripción es un beneficio que sólo puede ser invocado por el deudor e inaplicable
de oficio, en orden a lo dispuesto por el art. 3964 C.C. y que a tenor del art.3962 de dicho Código, debe
esgrimirse en la primera presentación, en este caso en oportunidad de articular las excepciones y no lo
hizo, habida cuenta que la prescripción opuesta se limita sólo a los intereses y no al capital del crédito
ejecutado, donde además, aclara, que el plazo de prescripción de éste es el decenal previsto en el art.
4023 C.C., por lo que mal puede esgrimir en esta instancia un encuadramiento diferente, aunque la ley
consumerista sea de orden público.
Por último cabe abordar el tratamiento del recurso deducido por la parte actora, quien se agravia porque
el a quo aplicó las disposiciones de la ley 24.240, admitiendo la prescripción de la acción de cobro de
los intereses devengados desde la fecha en que la obligación se tornó exigible, 10/2/2000, hasta tres
años antes de la iniciación de estas actuaciones, 9/10/2006, y porque redujo al 36 % anual la tasa
pactada por las partes.Cabe puntualizar en tal sentido, siguiendo los precedentes del Tribunal en la materia ("ERCON S.A C/
ORNETTI, ROMUALDO FEDERICO Y OTRA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 874)"
del 3/3 2011, "ERCON S.A. C/DEBÓRTOLI, RICARDO HÉCTOR Y OTRA S/ EJECUCIÓN
HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 868)", del 4/3/2011, entre otros), que el propio título traído a ejecución
-hipoteca otorgada a favor de la actora por cofinanciación 2º grado de privilegio - es el que lleva a
concluir que el vínculo jurídico suscitado entre las partes es de consumo en los términos del art. 1, 2 y 3
de la Ley 24.240.
Que en el propio texto de la escritura glosada a fs.6/16, se consigna expresamente que la hipoteca en
segundo grado en favor de ERCON S.A., se constituye para garantizar la deuda por el cofinanciamiento
de los costos de construcción de la unidad habitacional, cuya venta da cuenta el instrumento,
aclarándose que rigen para este crédito hipotecario, la mismas cláusulas que las previstas para la de
primer grado constituida en favor del I.A.P.V. en lo que sea aplicable y no interfiera en ésta, incluso
definiéndose allí a la firma aludida como entidad promotora.
Por otro lado tenemos que la propia sindicatura, al expresar agravios, admite que la actividad de la
firma ERCON S.A. era la construcción de viviendas, habiendo construido la vendida a la ejecutada y en
garantía de la deuda por cofinanciamiento se constituyó hipoteca en segundo grado sobre el inmueble
en cuestión, como se específica en la escritura aludida.
Tal alternativa permite atribuir, sin hesitación alguna, a la firma mencionada la calidad de proveedor
definido en el art. 2 de la ley consumerista, habida cuenta que su actividad es la de una empresa
profesional dedicada a la construcción y también a la comercialización de bienes, incluidos los
inmuebles, y servicios destinado a consumidores finales, lo cual permite subsumir la cuestión en los
preceptos de la referida ley.
En tal sentido se expidió el S.T.J.E.R. en numerosos fallos casatorios con los efectos del art. 285 del
C.P.C.C., aplicando la ley de marras a casos en que se trataba de relaciones con el I.A.P.V. u otros
demandados, por cuestiones suscitadas en contrataciones relativas a la construcción y posterior venta
de viviendas.
Que en dichos precedentes consideró a los actores como consumidores en base a lo dispuesto por el art.
1 de la L.D.C. y su reglamentación, para aplicar luego las normas específicas contenidas en el régimen
de la ley al aspecto concreto de la controversia, como por ejemplo el plazo de prescripción del art. 50
(vgr."Gonzalez c/I.a.p.v. y otros s/Ordinario"del 13/12/07; "Cata y otros c/I.a.p.v. y otra s/Ordinario"
del 09-04-08 entre otros).
Que el estado falencial de la empresa aludida, es irrelevante para excluir al vínculo jurídico entablado
entre las partes del alcance del régimen instituido por la normativa consumerista, como lo sostiene la
sindicatura, habida cuenta que al celebrarse el convenio por el que se contrajo la obligación y se
constituyó la garantía hipotecaria, aquélla actuó como empresa constructora, que además cofinanció
parte del precio de compra del inmueble adquirido por la ejecutada.
Que en el escenario descripto, la accionante no puede pretender alterar el carácter de relación de
consumo a la que vincula a las partes por haberse decretado la quiebra de la empresa constructora y
debido a la necesidad de la sindicatura de cobrar las créditos pendientes como el de autos.
Resulta entonces que en función de la actividad desarrollada por la actora -construcción y servicios de
asistencia financiera en este caso- y la condición de consumidor o destinatario final como prestatario
del mutuo hipotecario del ejecutado es aplicable la normativa referida.Que conforme al sistema de protección del consumidor instituido por la ley 24.240 y la la reforma
introducida por la Ley 26.361 materia de prescripción liberatoria -art.50-, es que el plazo prescriptivo
previsto tanto por el Código de Comercio en sus arts. 846 y 847, como del Código Civil 4023, 4027 y
ccs. se vio reducido a tres años para las acciones administrativas y judiciales emergentes de dicha ley,
la cual reviste el carácter de orden público en virtud de lo dispuesto por el art. 65 de la misma, y que en
su art. 3 consagra que en caso de duda sobre sus principios prevalecerá la interpretación mas favorable
al consumidor.Así las cosas, la cuestión ha sido correctamente resuelta por el a quo, al admitir la
prescripción opuesta en relación a los intereses devengados durante el lapso precisado en la sentencia
(10/2/2000, fecha en que la obligación se tornó exigible, hasta tres años antes de la interposición de la
demanda, es decir el 8/10/2006), lo que determina el rechazo del agravio vertido al respecto.
Que la misma suerte debe seguir la queja vinculada a la tasa de interés fijada en el fallo recurrido,
atento a que el tribunal en otros precedentes (Vgr. "ERCON S.A. c/ WILLIMAN, Carlos y otros -
Ejecución Hipotecaria" del 3/12/2010), ante el concreto agravio del ejecutado, morigeró los intereses
originados por la obligación ejecutada, fijándola, por todo concepto, en una vez y media la tasa activa
que cobra el Banco de la Nación Argentina para las operaciones ordinarias de descuento a treinta días,
de suerte tal que excediendo la fijada en la sentencia aquella establecida en el precedente aludido, no se
revela reducida como lo sostiene la recurrente.
En consecuencia, corresponde rechazar los recursos deducidos por ambas partes y confirmar el fallo
apelado, imponiéndose las costas a los apelantes vencidos en cada uno de los recursos, conforme a lo
dispuesto por el art. 65 del CPCC.
Por lo que;
SE RESUELVE:
1º) DESESTIMAR los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte actora como por la
demandada contra la sentencia de trance y remate de fs. 42/44, en consecuencia, CONFIRMAR la
misma.
2º) IMPONER las costas a la parte apelante vencida en cada uno de los recursos (art. 65 C.P.C.C.).
3º) REGULAR los honorarios correspondientes al recurso de la actora, a la Dra. Graciela D. Villa, en la
suma de PESOS . ($ .) y los que devengados por el recur so de la demandada a la Dra Graciela D. Villa
en la suma de PESOS .($ .) y a las Dras. Blanca Graciela Chiappa y Laura Di Lello en la suma de
PESOS . ($.) a cada una de ellas, arts. 1, 3, 4, 5, 12, 14, 63, 64 y concordantes de la ley arancelaria. La
regulación no incluye IVA. REGÍSTRESE, notifíquese y bajen.
FIRMADO: MANSILLA. TABORDA. GAMBINO
JUZGADO DE ORIGEN: JC0005CO Nº DE EXPTE: 3081
SALA CIVIL y COMERCIAL II. EXPTE. Nº 891
ES COPIA
Liliana E. MORNACCO
Secretaria

D Sanchez de Sepola :

Otro fallo le pase

D Sanchez de Sepola :

Voces: EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN - PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN - TEORÍA DEL
ESFUERZO COMPARTIDO - CONTRATO DE COMPRA Y VENTA - PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR - RELACIÓN DE CONSUMO - NORMAS DE EMERGENCIA - PESIFICACIÓN

Partes: Carrión Mario Antonio c/ Gama S.A. | ordinario - simulación - fraude - nulidad

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Sexta

Fecha B.O.: 28-abr-2009

Cita: MJ-JU-M-43867-AR | MJJ43867

Producto: MJ

Cuando existan dos normas que regulen el plazo de prescripción a una acción determinada, debe
aplicarse el plazo más favorable al consumidor.

Sumario: 1.-Corresponde confirmar la sentencia que hace lugar a la excepción de prescripción y en
consecuencia rechazar la demanda al resultar aplicable la prescripción trienal que surge de la ley de
defensa del consumidor y que hace lugar a la reconvención interpuesta y en consecuencia, dispone la
reestructuración del contrato de compraventa, debiéndose aplicarse para el mismo la teoría del esfuerzo
compartido 2.-La ley 24.240 desde el enfoque imperativo de un plexo de orden público, se articula
como bisagra en las relaciones de consumo, avanzando sobre el Derecho Público, en cuanto no parte de
la igualdad y libertad de las personas involucradas, sino que trata de lograr esa igualdad o posibilitar
una mayor libertad. 3.-Como surge del art. 42 de la Constitución Nacional, el consumidor y/o usuario
es protegido en sus derechos patrimoniales y la ley 24.240 asume este enfoque y le reconoce una serie
de acciones que aquél puede ejercitar a fin de mantener incólumes sus derechos frente al proveedor. La
normativa consumerista contiene un esquema de responsabilidad propio que prevalece sobre el previsto
en el derecho común, aunque no excluye su aplicación y en diversos aspectos se complementa con él.
4.-La ley de Defensa del Consumidor prevé un plazo de prescripción de tres años. El art. 50 de la ley
24.240 dispone que las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la
presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales
se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al
consumidor o usuario, interrumpiendose la misma por la comisión de nuevas infracciones o por el
inicio de las actuaciones administrativas o judiciales. 5.-Todas las normas que fijen un plazo diferente
aplicable a una relación de consumo, deben confrontarse con el art. 50 y se aplicará aquella norma que
establezca el plazo más favorable al consumidor. Es que el estatuto del consumidor es un sistema, en
cuanto conforma un todo ordenado e interrelacionado, para la realización de un determinado objeto: la
justicia correctiva a favor del consumidor. 6.-La recta interpretación del art. 50 de la ley de defensa del
consumidor, a la luz de la Constitución Nacional y la finalidad del legislador, nos lleva a entender que
las acciones a que dicha disposición se refiere no son sólo las explícitamente enunciadas en el texto dela ley 24.240, sino todas aquellas que nazcan del conjunto de los instrumentos legales que tutelan al
consumidor a partir de la relación de consumo. 7.- La nueva redacción del art. 50 no da lugar a dudas,
cuando exista un plazo de prescripción previsto por una ley especial, debe aplicarse el más favorable al
consumidor y/o usuario. 8.-No es aplicable la prescripción decenal, pues el art. 4023 C.C. en su
segundo párrafo, es claro en cuanto el plazo común para la prescripción liberatoria de la acción de
nulidad de los actos jurídicos es el decenal, salvo que la ley hubiere contemplado uno menor. En el
caso del art. 4030 , precisamente, lo que se establece es un plazo singularmente abreviado para la
prescripción de la acción de nulidad de los actos jurídicos fundada en la existencia de algún vicio de la
voluntad. Por lo tanto, el plazo más favorable es el de tres años de la Ley de Defensa del Consumidor.
9.-En la hermenéutica de las leyes de emergencia, sirven de guías la pautas dadas por la CSJN, a fin de
evitar acordar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y
adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, y comprende, además,
su conexión con otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, del modo que mejor
concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional. 10.-Las propias disposiciones
que han establecido la emergencia en el país, advirtiendo la gravedad de sus medidas en el ámbito de
los negocios privados, han buscado paliar las consecuencia de la pesificación, acordando facultades a
las partes y al órgano judicial para equilibrar con equidad las prestaciones iniciales, a través de la teoría
que en doctrina se ha dado en llamar esfuerzo compartido. Ese criterio flexible, posibilita la no
interpretación aislada e inconexa de las normas de la emergencia, sino su percepción como partes de
una estructura sistemática considerada en su totalidad, de manera que se compadezcan con el
ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. 11.-La
pesificación dispuesta por la normativa de emergencia, debe ser efectuada a la luz de la teoría del
esfuerzo compartido, tal como lo solicita el quejoso. Dicha teoría conlleva una solución que distribuye
equitativamente los perjuicios de la depreciación del signo monetario por aplicación del principio del
esfuerzo compartido que consagra la propia ley 25.561 . No puede hablarse, entonces, de un
aniquilamiento de la propiedad o de una alteración en la sustancia o esencia del derecho adquirido toda
vez que siempre existe la posibilidad del reajuste equitativo previsto en el art. 8º del dec. 214 o la
revisión contractual en los términos del art. 1198 C.C.


En la Ciudad de Córdoba a las horas del día 28 de Abril de dos mil nueve, se reunieron en Audiencia
Pública los Señores Vocales de esta Excma. Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en
presencia de la Secretaria autorizante, en estos autos caratulados: "CARRION, MARIO ANTONIO C/
GAMA S.A. - ORDINARIO - SIMULACIÓN - FRAUDE - NULIDAD - EXPTE. N° 884632/36"
venidos a despacho a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de
la Sentencia Número Doscientos Cuarenta y Seis de fecha dieciséis de mayo de dos mil ocho, dictada
por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia y Décima Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
María Angélica Jure, quien resolvió: "I) Hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la
parte demandada GAMA S.A. y en consecuencia rechazar la demanda ordinaria entablada por
CARRIÓN MARIO ANTONIO en contra de GAMA S.A., con costas, a cuyo fin se regulan
provisoriamente los honorarios de los Dres. Pablo J. Del Popolo y Hugo Roberto Graffi -en conjunto y
proporción de ley- y Oreste Colavino en la suma de pesos . . . ($ . . .) a cada uno de ellos. II) Hacer
lugar a la reconvención interpuesta por Gama S.A. en contra del Sr. Mario Antonio Carrion y Sra.Nora
Cristina Rivero, y en consecuencia, disponer la reestructuración del contrato de compraventa de que se
trata, con costas a cargo de los demandados, estableciendo que la suma por la que prospera la demanda
conforme se determinará en la etapa de ejecución de sentencia y que exceda el valor del dólar
estadounidense, según su cotización en el mercado libre de cambio, de la paridad vigente a la hora de
tornarse exigible la obligación, deberá ser absorbido por las partes en un 50 % cada una, de modo que
las cuotas adeudadas a la fecha y las abonadas luego de la declaración de emergencia económica se
deberán convertir de dólares a pesos a una relación de un peso ($ 1) = un dólar (U$S 1) más el 50 de la
brecha entre $ 1 y el valor del dólar libre a la cotización de al fecha en que se practique la liquidación,con más los intereses establecidos en el Considerando respectivo. Regular provisoriamente los
honorarios de los Dres. Pablo J. Del Popolo y Hugo Roberto Graffi, en conjunto y proporción de ley, y
de Oreste Colavino en la suma de pesos . . . ($ . . .) a cada uno de ellos. Prot. . . ".
El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones:
1º) ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?
2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Previo sorteo de ley, los Sres. Vocales votaron de la siguiente manera.
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA PRIMERA CUESTION DIJO:
I) El actor expresa agravios a fs. 375/379.Sus quejas merecen el siguiente compendio:
a) Se agravia en primer lugar del acogimiento de la excepción de prescripción.
Se queja en cuanto la Juez aplicó el plazo de prescripción de tres años.
Critica la sentencia en cuanto en primer lugar dice que debe aplicarse el plazo de prescripción más
favorable al consumidor, y luego aplica el plazo trienal y no el de diez años del Código Civil.
Asevera que debe aplicarse la prescripción decenal.
b) En segundo lugar se queja de la forma de reestructurar las obligaciones y el abusivo interés fijado
por la A-quo.
Fustiga la sentencia en cuanto establece la aplicación de un interés equivalente a una tasa del 8 %
mensual. Manifiesta que la aplicación de tal interés es inusual y atenta contra toda la lógica jurídica, y
todos los principios constitucionales.
Además, se queja del rechazo de la aplicación de la ley 26.167, en cuanto establece una forma
específica de pesificación.
Solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 1 inc. a) y e) en cuanto condicionan la aplicación
del proceso especial en la existencia de hipoteca, creando una categoría de ciudadanos protegidos y
excluidos por el hecho de la época de mora. Afirma que se debe proteger a los deudores de boletos de
compraventa de igual forma que los deudores hipotecarios.
Subsidiariamente, solicita la aplicación analógica de los casos "Rinaldi" y "Bezzi", fallados por la
C.S.J.N.
Se queja además en cuanto la resolución aplica el esfuerzo compartido sumado a la repotenciación del
valor de la vivienda.
Afirma que el esfuerzo compartido se aplica sobre la base del saldo de precio en dólares pesificado.
Explica que en este caso, la Juez establece la sumatoria de dos recálculos:por un lado aplica la
actualización del inmueble, y a dicha actualización le suma el esfuerzo compartido.
Que este grave error de la Sentenciante lleva a la dolarización del saldo del precio, en contra de losprincipios de la emergencia.
Solicita en definitiva que se revoque la sentencia en lo que ha sido materia de agravio.
II) Corrido el traslado en los términos del art. 372 del C.P.C., es evacuado a fs. 381/385 por la
contraria. A fs. 387/393 obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras Civiles. Dictado y firme el decreto
de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.
III) Ingresando al primer agravio referido al plazo de prescripción aplicable, cabe decir que no hay
duda que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Defensa de Consumidor, cuando existan dos normas
que regulen el plazo de prescripción a una acción determinada, debe aplicarse el plazo más favorable al
consumidor.
Recordemos que la ley 24.240 desde el enfoque imperativo de un plexo de orden público, se articula
como bisagra en las relaciones de consumo, avanzando sobre el Derecho Público, en cuanto no parte de
la igualdad y libertad de las personas involucradas, sino que trata de lograr esa igualdad o posibilitar
una mayor libertad.
Como surge del art. 42 de la Constitución Nacional, el consumidor y/o usuario es protegido en sus
derechos patrimoniales y la ley 24.240 asume este enfoque y le reconoce una serie de acciones que
aquél puede ejercitar a fin de mantener incólumes sus derechos frente al proveedor. La normativa
consumerista contiene un esquema de responsabilidad propio que prevalece sobre el previsto en el
derecho común, aunque no excluye su aplicación y en diversos aspectos se complementa con él.
La ley de Defensa del Consumidor prevé un plazo de prescripción de tres años.
El art.50 de la ley 24.240 (según ley 26.361) dispone que "las acciones judiciales, las administrativas y
las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por
otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido
precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá
por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales".
La interpretación del artículo, antes de su reforma, ha dado lugar a controversias, sobre todo con
relación a su alcance material, esto es, qué acciones prescriben a los tres años.
Hay dos posiciones enfrentadas.
Para algunos la interpretación de la norma debía ser restrictiva, de manera que abarca sólo a las
acciones que nacen y son reguladas en el articulado de la ley, quedando excluidas aquellas que tengan
su fuente en otras leyes generales o especiales, como es el caso de los daños y perjuicios, por cuanto
ello significaría un profundo e inaceptable cambio en el instituto de la prescripción (En este sentido:
VAZQUEZ FERREYRA, R. y ROMERA, O., Protección y defensa del consumidor. Ley 24.240,
Depalma, Bs. As., 1994, p. 139). Esta postura restrictiva ha sido receptada por la jurisprudencia de la
Cámara Nacional Civil, sala I, en el caso "Sanz" (CNCiv, Sala I, 18/07/03, "Sanz, Sonia c. Del Plata
Propiedades S.A. y otro" , LL 2003-E-341).
Según otro enfoque, más amplio, el plazo de prescripción consagrado en la norma es aplicable a todas
las acciones que surjan de una relación de consumo (WAJNTRAUB, Javier H., Protección Jurídica del
Consumidor, LexisNexis-Depalma, Bs. As., 2004, p. 265; ARIZA, Ariel, El consumidor inmobiliario y
la prescripción, LL, 2003-E, 737; LORENZETTI, R., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2003, p. 499; FRUSTAGLI, S., Contrato de consumo y prescripción de la acción por vicios
redhibitorios, Lexis N° 0003-010537 del 12/05/2004; MARQUEZ, J.F., Prescripción de las accionespor daños causados en el transporte terrestre, LL 2005-E, 917; PIZARRO, R. D., Responsabilidad civil
por riesgo creado y de empresa, T. III, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 325; FARINA, J., Defensa del
consumidor y del usuario, 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 469 y ss;
OSSOLA, F., La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo, LL 06/11/2006, 1; DELLA
MAGGIORA, A. y ZARATE, M., La prescripción en la relación de consumo, en Cartapacio de
Derecho. Revista Electrónica de la Escuela Superior de Derecho. Universidad Nacional del Centro de
Buenos Aires. Vol. 6 (2003), http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view 49/29; C.C.C.
Tucumán, Sala 1ª, 16/08/2001, "Carello, Rafael Roque c. C.I.A.D.E.A.", Lexis Nexis 25/6004).
Farina (Cfr. FARINA, J., Defensa del consumidor y del usuario, ob. cit., p. 472) señala, con razón, que
el art. 50 es terminante y no formula distingos, ni siquiera para diferenciar los supuestos de
obligaciones de naturaleza contractual de las que nacen de la responsabilidad aquiliana. En
consecuencia, aumenta el plazo de prescripción de los contratos de seguros (art. 58, ley 17.418),
transporte (art. 855 del C. Com.), las acciones de nulidad de los actos jurídicos (art. 4030 del C. Civ.),
por responsabilidad aquiliana (art. 4037 del C. Civ.), la responsabilidad del constructor por ruina de
edificio (art. 1646 del C. Civ.), etc.
La norma, pues, ha producido una profunda modificación del plazo de prescripción de las acciones, en
particular en aquellos generales o especiales del Código Civil y el Cód igo de Comercio.
Todas las normas que fijen un plazo diferente aplicable a una relación de consumo, deben confrontarse
con el art.50 y se aplicará aquella norma que establezca el plazo más favorable al consumidor.
Es que el estatuto del consumidor es un sistema, en cuanto conforma un todo ordenado e
interrelacionado, para la realización de un determinado objeto: XXXXX XXXXX correctiva a favor del
consumidor (Cfr. NICOLAU, N., La tensión entre el sistema y el microsistema en el derecho privado,
en Trabajos del Centro N° 2, publicación del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, Fac. de
Derecho, U.N.R., Rosario, 1997, p. 79).
Federico Ossola (OSSOLA, F., La prescripción liberatoria en las relaciones de consumo, LL
06/11/2006) expone uno de los argumentos más sólidos, y que nosotros compartimos, en el sentido de
que la solución que se propone, que unifica la totalidad de los plazos de prescripción en 3 años,
encuentra su razón en los principios generales que rigen la institución de la prescripción liberatoria y en
la naturaleza jurídica del Estatuto del Consumidor y su norma general -la Ley de Defensa del
Consumidor-. Se trata -dice- de un nuevo "sistema" (el de las relaciones de consumo), de raigambre
constitucional y de mayor rango que los restantes ordenamientos especiales. Su prevalencia cualitativa
y jerárquica impide considerarlo como una normativa simplemente complementaria del Código Civil o
del Código de Comercio.
Hacemos la salvedad establecida en el propio art. 50 modificado por la ley 26.361 en el sentido cuando
otras leyes fijen plazos distintos, se estará al más favorable al consumidor.
La tesis restrictiva ha sido criticada, con razón, por Márquez, por valerse de "argumentos basados en la
literalidad de la norma, que, desde nuestro punto de vista, desconocen los principios y la finalidad de la
normativa del consumidor" (MARQUEZ, J. F., Prescripción de las acciones por daños causados en el
transporte terrestre, LL 2005-E, 917). Tal interpretación desembocaría en soluciones injustas y en
inobservancia de la letra constitucional.
Por nuestra parte, adherimos a la postura amplia, que es compatible con la finalidad tuitiva del
consumidor consagrada en la Constitución Nacional.Por ello, la recta interpretación del art. 50 de la ley
de defensa del consumidor, a la luz de la Constitución Nacional y la finalidad del legislador, nos lleva a
entender que las acciones a que dicha disposición se refiere no son sólo las explícitamente enunciadasen el texto de la ley 24.240, sino todas aquellas que nazcan del conjunto de los instrumentos legales que
tutelan al consumidor a partir de la relación de consumo.
Con la reforma de la ley 26.361, la nueva redacción del art. 50 no da lugar a dudas: cuando exista un
plazo de prescripción previsto por una ley especial, debe aplicarse el más favorable al consumidor y/o
usuario.
En el caso sub examen, se ha interpuesto una acción de nulidad de determinadas cláusulas del contrato,
por entender el actor que son abusivas y que desnaturalizan la obligación del vendedor, sosteniendo que
encuadran en el art. 36 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.
La pretensión del actor consiste en que se declaren ineficaces y nulas las cláusulas atacadas, con
fundamento en el art. 36 y 37 de la LDC.
Sin duda que ha interpuesto una acción que surge del propio seno de la LDC, por lo que en principio el
plazo de prescripción aplicable es el de tres años (art. 50).
Y en todo caso, si se quisiera aplicar el Código Civil, el plazo de prescripción de dos años (art. 4030).
Ello por cuanto se ha impetrado una acción de nulidad por vicios del consentimiento, ya que se alega en
la demanda el abuso de la parte más fuerte sobre la más débil.
No es aplicable la prescripción decenal, pues el art. 4023 C.C. en su segundo párrafo, es claro en cuanto
el plazo común para la prescripción liberatoria de la acción de nulidad de los actos jurídicos es el
decenal, salvo que la ley hubiere contemplado uno menor. En el caso del art.4030, precisamente, lo que
se establece es un plazo singularmente abreviado para la prescripción de la acción de nulidad de los
actos jurídicos fundada en la existencia de algún vicio de la voluntad.
Por lo tanto, el plazo más favorable es el de tres años de la Ley de Defensa del Consumidor.
Y aun aplicando este plazo más amplio, el de tres años, la acción se encuentra prescripta, puesto que el
inicio del cómputo, tal como explica el Sr. Fiscal, es la fecha misma de la celebración del acuerdo
(08/03/01), y la demanda ha sido interpuesta el 07/09/05.
Por ello, la sentencia luce ajustada a derecho y el agravio debe rechazarse.
IV) Agravio referido a la reestructuración de las obligaciones.
En el caso, la Juez aplicó la teoría del esfuerzo compartido, ordenando que las cuotas adeudadas
después del 04/02/02 se paguen en pesos a una relación de $ 1 = U$S 1, con más el 50 % de la brecha
entre el valor de la divisa extranjera al tipo vendedor en el mercado libre de cambio en la oportunidad
de practicarse la liquidación.
Respecto de la aplicación del sistema establecido en la ley 26.167, cabe decir junto con el Sr.Fiscal que
la plataforma fáctica del caso no responde a la hipótesis prevista en la mencionada ley.
Aquí se discute el reajuste del saldo del precio de un contrato de compraventa de un inmueble, y la ley
26.167 tutela el conflicto generado a partir de la reestructuración de obligaciones emergentes de un
contrato de mutuo con garantía hipotecaria.
La tutela prevista en la normativa referida, en cuanto sólo protege los deudores hipotecarios, no resulta
irrazonable ni discriminatorio, tal como lo pretende el quejoso, y se ajusta a los principios
constitucionales que rigen la materia.Tampoco pueden aplicarse los precedentes citados por el apelante por vía de la analogía, pues los
supuestos son claramente distintos.
El tópico debe ser rechazado.
Por otra parte, y respecto a la forma en que la sentencia recurrida ha dispuesto el reajuste de las
prestaciones, cabe aclarar que de la lectura de la misma no surge que se haya dispuesto la actualización
del valor del inmueble, sino que sólo se ha tenido en cuenta la variación del precio a los fines de
concluir que ha habido un desfasaje en el equilibrio contractual, lo cual amerita la aplicación del
esfuerzo compartido.
La sentencia es clara en cuanto dispone que la deuda se pagará en pesos a una relación de $ 1 = U$S 1,
con más el 50 % de la brecha entre el valor de la divisa extranjera al tipo vendedor en el mercado libre
de cambio en la oportunidad de practicarse la liquidación. Nada ordena respecto del valor del inmueble,
sino que tal punto fue valorado y utilizado como argumento para aplicar el mecanismo del esfuerzo
compartido.
Además, tal punto ni siquiera fue solicitado por la demandada reconviniente.La litis al respecto se trabó
debatiendo las partes si se aplicaba el esfuerzo compartido (pretensión de la reconviniente) o si se
aplicaba el CER o CVS (pretensión del actor).
Respecto al mecanismo utilizado para reajustar las prestaciones, este Tribunal también aplica para estos
casos el esfuerzo compartido.
Así, hemos dicho que "Este Tribunal ha admitido en anteriores pronunciamientos la adecuación
constitucional de la normativa que ordena la pesificación de las deudas, considerando que es preciso
atender e integrar en forma completa sus dispositivos, de modo tal, para realizar una interpretación que
dé pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que
armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución
Nacional. Que ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles
imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, ya que ellos, en cuanto servidores del derecho
para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma.
("Geuna, Graciela Susana c/ Ministerio del Interior" , Fallos: 323:1460;(NNN) NNN-NNNN 323:1406; 323:1491,
entre muchos otros).
Por lo cual, en la hermenéutica de las leyes de emergencia, sirven de guías la pautas dadas por la CSJN,
a fin de evitar acordar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las
otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, y comprende,
además, su conexión con otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, del modo que
mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional ("Arcor S.A.I.C. c/
ANMAT -Expte. 2635/95-3- s/ proceso de conocimiento", Fallos:323:1635).
Por ello, estimamos que debe conciliarse las reglas de la emergencia que conllevan una alteración
profunda de las obligaciones inicialmente convenidas en la moneda extranjera de referencia al
establecer la pesificación compulsiva, con las garantías del derecho de propiedad amparadas por los
arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional.
Las propias disposiciones que han establecido la emergencia en el país, advirtiendo la gravedad de sus
medidas en el ámbito de los negocios privados, han buscado paliar las consecuencia de la pesificación,
acordando facultades a las partes y al órgano judicial para equilibrar con equidad las prestaciones
iniciales, a través de la teoría que en doctrina se ha dado en llamar "esfuerzo compartido".Esa es la indicación que el legislador quiso brindar, al permitir superar el rigor de la normativa, en la
búsqueda de soluciones que atendieran la perspectiva de la equidad, directa emanación de la buena fé
contractual que emerge del art. 1198(RFE:LEG1308.1198) del Código Civil.
Ese criterio flexible, posibilita la no interpretación aislada e inconexa de las normas de la emergencia,
sino su percepción como partes de una estructura sistemática considerada en su totalidad, de manera
que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y ga rantías de la
Constitución Nacional. (Fallos: 323:163).
El criterio precedente ha sido confirmado en el orden nacional por la CSJN en "Rinaldi Francisco A. y
otro c/ Guzmán Toledo, Ronald C. y otra" , (C.S., 2007 /03/15, LL 20/03/2007, 7; Sup. Esp.
Pesificación de Créditos Hipotecarios 2007 (marzo), 62, con nota de Alejandro Borda; Nelson G. A.
Cossari; Andrés Gil Domínguez; Alejandro Drucaroff Aguiar; Carlos A. Ghersi; Claudio D. Gómez;
Carlos A. Hernández; Gregorio Jorge Larrocca; Christian R. Pettis; Federico Causse; Toribio E.Sosa;
Leandro Vergara; DJ 28/03/2007, 761, con nota de Alejandro Borda; LL 13/04/2007, 6, con nota de
Pedro Marcelo Sexe) y en el orden provincial por el TSJ en Auto N° 116 del 26/7/06 "Abud Ana c/
Estella Maris de Daville - Ejecutivo - Rec. de Inconstitucionalidad" - (A 09/03), siendo compartido
asimismo por importante jurisprudencia y doctrina.
En virtud de lo expuesto, somos de la opinión, de que la pesificación dispuesta por la normativa de
emergencia, debe ser efectuada a la luz de la teoría del esfuerzo compartido, tal como lo solicita el
quejoso.
Dicha teoría conlleva una solución que distribuye equitativamente los perjuicios de la depreciación del
signo monetario por aplicación del principio del esfuerzo compartido que consagra la propia ley
25.561.
No puede hablarse, entonces, de un aniquilamiento de la propiedad o de una alteración en la sustancia o
esencia del derecho adquirido toda vez que siempre existe la posibilidad del reajuste equitativo previsto
en el art. 8º del dec. 214 o la revisión contractual en los términos del art. 1198 C.C. Así corresponde
ordenar la pesificación por deudas un dólar un peso y "distribuir" de manera equitativa y proporcionada
entre los concertantes los efectos negativos que ciertamente genera la situación de emergencia. Los
valores actuales de la moneda norteamericana rondan en la suma de Tres con 50 cvos. ($ 3,50) por
dólar estadounidense, tipo vendedor. Tal cotización llevaría la deuda original del accionado a un
importe quizás inequitativo. Al mismo tiempo, enfocando la situación del acreedor, la "pesificación"
uno a uno ($ 1 = u$s 1) se presenta injusta y le supone ciertamente un empobrecimiento reñido con la
equidad.
Por ello, consideramos que corresponde que las partes afronten en partes iguales la emergencia,
distribuyendo en un cincuenta por ciento a cargo de cada una de ellas el costo de la misma. Por lo tanto,
debe aplicarse un exacto término medio entre el valor original y el actual de la moneda pactada.Lo cual,
considero respeta lo más posible, el equilibrio que la prestación tuvo en su nacimiento. Ello, será una
cantidad de aplicación sólo a este caso, y en la inteligencia que la decisión que aquí se concreta no
importa fijar el valor de la moneda (tarea que no corresponde al Poder Judicial) sino solamente fijar el
contenido de la obligación recompuesta a cargo del deudor del negocio jurídico aquí estudiado.
La forma en que la Juez ha dispuesto la reestructuración de las obligaciones luce correcta.
Por las razones expuestas, el agravio debe rechazarse.
V) Los intereses.Resta referirse al agravio relativo a la tasa de interés establecida por la sentencia recurrida. Allí se fijó
un interés del 8 % nominal mensual.
Este Tribunal ha dicho en anteriores pronunciamientos que en relación a los intereses en los casos
como el presente donde se pesifica la deuda a través de la teoría del esfuerzo compartido, corresponde
aplicar la tasa del 8% anual, conforme doctrina del TSJ en "Abud", ya citado, desde la fecha de la mora
y hasta su efectivo pago.
Puede advertirse que la sentencia ha incurrido en un error material, puesto que la mayoría de los
tribunales están aplicando el 8 % anual en los casos de pesificación con esfuerzo compartido, siguiendo
la tesitura del T.S.J. Teniendo en cuenta que el guarismo es el mismo, sin duda que ha sido un error
material, el cual incluso se podría haber subsanado a través de una aclaratoria.
Por ello, debe modificarse la tasa de interés, y aplicarse el 8 % anual.
VI) Las costas de segunda instancia deben imponerse al actor apelante, atento haber resultado vencido
en el recurso (art. 130 del C.P.C.), sin perjuicio que haya prosperado el agravio referido a los intereses,
por las razones expuestas en el punto anterior. Los honorarios se estimarán de conformidad a lo
dispuesto en los arts.36, 39 y 40 de la ley 9459.
ASI VOTO.
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA PRIMERA CUESTION DIJO:
Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión
propuesta por compartir los fundamentos.
LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA PRIMERA
CUESTION DIJO:
Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión
propuesta por compartir los fundamentos.
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO:
Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso, modificar la tasa de interés aplicable, la que se
establece en el 8 % anual. Confirmar en todo lo demás. II) Imponer las costas al actor apelante. III)
Estimar los honorarios de los Dres. Hugo Roberto Graffi y Pablo Javier Del Popolo, en conjunto y
proporción de ley, en el . . . % del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459.
EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA SEGUNDA CUESTION DIJO:
Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión
propuesta por compartir los fundamentos.
LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA SEGUNDA
CUESTION DIJO:
Que adhería a lo expresado por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión
propuesta por compartir los fundamentos.Por lo expuesto, y atento el resultado de la votación que antecede,
SE RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente al recurso, modificar la tasa de interés aplicable, la que se
establece en el 8 % anual. Confirmar en todo lo demás. II) Imponer las costas al actor apelante. III)
Estimar los honorarios de los Dres. Hugo Roberto Graffi y Pablo Javier Del Popolo, en conjunto y
proporción de ley, en el . . . % del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y bajen. Con lo que terminó el acto, que firman los Señores Vocales

D Sanchez de Sepola y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle