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DAVID_ABOGADO
DAVID_ABOGADO, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
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Experiencia:  Abogado en el ejercicio de la profesión.
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DAVID_ABOGADO está en línea ahora

soy el sr Alejandro Ocampo ;tengo un Epoc con el 50% de capacidad

Pregunta del cliente

soy el sr Alejandro Ocampo ;tengo un Epoc con el 50% de capacidad respiratoria perdida ,quiero informarme al respecto de que tramite debo haser para la medicacio y para el estacionamiento de mi auto *****@******.***
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 2 año.

lautiyenzo11 :

buens tardes

Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 2 año.
Le envio antecedentes:




Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2013.-



VISTO:

La actuación nº 3633/12, iniciada por el señor ...., quien denuncia la negativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectuar la reserva de espacio para estacionar su vehículo frente a su domicilio, siendo una persona con discapacidad.



Y CONSIDERANDO QUE:

I.- Hechos

La presente actuación fue iniciada por el señor ... ante esta Defensoría “... para reclamar por la negativa de 'Reserva de Espacio', en la puerta de mi domicilio, para estacionar mi vehículo ya que soy discapacitado, por padecer de Epoc Agudo, con el diagnóstico médico de la posibilidad de tener que utilizar una mochila de oxígeno a la brevedad...”. Luego agrega que en fecha 22 de marzo de 2012 efectuó el pedido ante la Dirección General de Tránsito, quedando registrado bajo el nº 576528, siendo rechazada la petición “... por aducir que es sólo para personas con movilidad reducida, sin considerar la gravedad de mi caso...” (fs. 1).

A fs. 4 luce agregada copia de la respuesta brindada por la citada Dirección General, donde se informa que “... teniendo en cuenta el caso presentado, se informa que la discapacidad que posee Carlos Jorge Rivas no encuadra con lo establecido en el art. 7.3.2 inc. a) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, se hace saber que la franquicia se otorga a las personas con discapacidad motriz y a aquellas personas con discapacidades que impliquen problemas de movilidad o accesibilidad permanente...” (lo resaltado es propio).

Con fecha 9 de octubre de 2012, se ofició a la Dirección General de Tránsito con el fin que la misma reconsidere la negativa notificada debido a que, según refiere el vecino, su caso encuadraría en la norma antes citada dado que el certificado de discapacidad ha sido otorgado debido a que presenta un cuadro de EPOC severo, con obstrucción que restringe su movilidad, por lo cual se ha otorgado dicho certificado con acompañante.
En su responde la Dirección General competente en el tema indica “... que las reservas de espacio de estacionamiento para personas con discapacidad se otorgan únicamente y exclusivamente a las personas que presenten discapacidad motriz y a aquellas personas con discapacidades que impliquen problemas de movilidad o accesibilidad permanente, de acuerdo con lo establecido en el art. 7.3.2 inc. a) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...” (fs. 28).

Además, se aclara que “... el certificado de discapacidad previsto en el artículo 3º de la ley 22431 debe aclarar expresamente el tipo y grado de discapacidad mencionado en el punto 1 'in fine' de este informe, debiendo ser, para poder otorgar la franquicia, de tipo motora...” (fs. 28).

Luego, en fecha 4 de diciembre de 2012, tal como consta en la hoja de ruta de los actuados, se presentó el reclamante a realizar ampliación de la actuación y se lo puso en conocimiento de la respuesta de la Dirección General de Tránsito. Posteriormente agregó resultado de tomografía y copia de resumen de historia clínica, en la que se diagnostica que padece de EPOC con enfisema, disnea a mínimos esfuerzos y síntomas de claudicación intermitente y se hace constar que a fecha 21 de mayo de 2012 dicho EPOC es severo (fs. 31/44).


II.- Sistema normativo

Mediante la Ley 26.378 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en cuyo Preámbulo se reconoce “... la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso” (inc. j); a la vez se indica que se observa “... con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas partes del mundo” (inc. k). Fundamentalmente debe resaltarse el inc. o) “Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente”.

Esta Convención tiene como propósito “... promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1º).

Entre sus Principios Generales se encuentran “... a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad...” (art. 3º).

Luego, en el artículo siguiente, se impone la obligación a los Estados Partes de “... asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad...” (art. 4º).

Respecto de medidas de accesibilidad se instaura que “... A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico...”. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas a: “... a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo...” (art. 9º).

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 10, establece que “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.

Luego el art. 11 agrega que “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo...”.

Pero fundamentalmente en su Capítulo decimotercero (Personas con necesidades especiales) se establece que “La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes” (art. 42).

Por su parte, la Ley 2148 (Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en su Capítulo 7.3, que regula la cuestión de la “Reserva de espacios en la vía pública para estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad” (conforme texto art. 1º de la Ley 4275, BOCBA 4021 del 24 de octubre de 2012) determina que “... Los titulares de estas reservas deben estar contemplados indefectiblemente en alguno de los siguientes casos:

a. Padecer en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta dificultad de traslación, ser titular del dominio del automotor para el que se requiere este permiso y poseer licencia de conductor otorgada de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
b. Ser ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, colateral en primer grado, curador o tutor de persona que padezca en forma permanente deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta dificultad de traslación, habitar ambos en el mismo domicilio, ser titular del dominio del automotor para el que se requiere este permiso y poseer licencia de conductor otorgada de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
c. En los casos de otro tipo de discapacidades que, sin ser las especificadas en los incisos anteriores conlleven problemas de movilidad o accesibilidad permanente, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar la reserva correspondiente sin perjuicio de exigir los demás requisitos de este Capítulo. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.761, BOCBA Nº 2981 del 29/07/2008)” (art. 7.3.2) (lo resaltado es propio).

III. CONCLUSIONES

De las constancias acopiadas en el presente caso surge que:

1º.- En el Certificado de Discapacidad (fs. 11), cuya fecha de emisión es 5 de marzo de 2012, se da el siguiente diagnóstico: “CIE10 EPOC...”, siendo esta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya característica es su progresividad, y que impide el normal desarrollo de las actividades cotidianas. Cabe poner de resalto que en el mismo, por el tipo de discapacidad, se indica que se cubra al acompañante.

2º.- Dictamen de Comisión Médica de Superintendencia de Riesgos del Trabajo (fs. 31/33): emitido en fecha 5 de noviembre de 2012, donde se resaltan “... Consideraciones médico previsionales. Afiliado de 66 años de edad, que presenta: -EBPOC... Al momento actual presenta tórax en tonel, disnea a esfuerzos mínimos (cruzar la calle, 10 mts.), tiraje respiratorio, tos, compromiso del estado general (pérdida importante de peso, más de 10 kg.)...”. A partir de ello dictamina una incapacidad del 70% por “... EBPOC ESTADIO IV...”.

3º.- Resumen de historia clínica del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”. En éste consta que, con fecha 17 de diciembre de 2007, el reclamante presenta signos de enfisema centrolobulliar con disnea de esfuerzo, siendo ya en el diagnóstico del 2 de septiembre de 2010 EPOC con disnea a mínimos esfuerzos y síndrome de claudicación intermitente. Para el 21 de mayo de 2012 se diagnostica EPOC severo (fs. 39/44).

De toda la documentación reseñada surge que el señor Rivas se encuentra limitado en su movilidad por discapacidad visceral certificada (fs. 11) y de la respuesta de la Dirección General de Tránsito, que niega el otorgamiento de la reserva de espacio para estacionar con fundamento en el art. 7.3.2 inc. a) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Como punto de partida, el conflicto planteado en los actuados se origina en una equívoca interpretación de los hechos y la consiguiente aplicación de una norma del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se corresponde con la que debiera aplicar a los hechos denunciados, en la medida que la pretensión del actuante se encuentra plenamente justificada por aplicación del inc. c) de la normativa señalada que prescribe “En los casos de otro tipo de discapacidades que, sin ser las especificadas en los incisos anteriores conlleven problemas de movilidad o accesibilidad permanente, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar la reserva correspondiente sin perjuicio de exigir los demás requisitos de este Capítulo” (lo resaltado es propio).

Si bien este inciso otorga un marco de discrecionalidad en cabeza del funcionario, la misma ha generado como resultado la negativa a otorgar una reserva de espacio para estacionar a una persona con discapacidad, cuyo cuadro presenta una disnea ante mínimos esfuerzos, esto es la imposibilidad de movilizarse por sus medios “... (cruzar la calle, 10 mts.)...”, a raíz de la aplicación arbitraria de la Ley (fs. 32).

El doctor Juan Carlos Cassagne, en su publicación “La prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por el Poder Judicial” indica que “... se puede definir la arbitrariedad como el acto contrario a la razón, producto de la mera voluntad o capricho del funcionario, que es el sentido de mayor empleo convencional en el mundo jurídico.
El concepto de 'arbitrariedad' (tal como lo define el Diccionario de la Real Academia) corresponde al de 'acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho'. En tal sentido, resulta evidente que la discrecionalidad no puede confundirse con la arbitrariedad, antaño conocida en España como 'ley del encaje', cuya traducción figura en antiguos diccionarios franceses,como 'la resolución que el juez toma por lo que a él se le ha encajado en la cabeza'.
En suma, el concepto de arbitrariedad es amplio y comprende lo injusto, irrazonable e ilegal, fundado en la sola voluntad del funcionario, siendo uno de los límites sustantivos de la discrecionalidad”.

Luego continúa diciendo que “... existe en el ordenamiento constitucional un conjunto de preceptos que permiten afirmar que el principio de prohibición o interdicción de la arbitrariedad administrativa posee fundamento constitucional...”. Agregando que “A su vez, la segunda parte del art. 19 de la CN, destinada a la esfera pública de las personas (en el sentido de acciones exteriores), al prescribir que 'nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe' contiene un mandato dirigido tanto a la Administración como al juez. Va de suyo que el precepto constitucional contiene un mandato implícito ya que si nadie se encuentra obligado a hacer lo que la ley no manda (en todos los aspectos en que se concibe la arbitrariedad) es porque los funcionarios (en su caso) de la Administración tienen prohibido dictar órdenes o emitir actos administrativos contrarios a las leyes positivas, a la razón o a la justicia. Este principio constitucional implícito (la prohibición de arbitrariedad), no suficientemente destacado, en nuestro derecho, es, indudablemente, una pieza fundamental de la protección de las libertades y demás derechos que consagra la Constitución (el que también se extiende a la arbitrariedad judicial)”.

Más adelante indica que la doctrina de manera pacífica sostiene que “... el principio de razonabilidad se funda en el precepto contenido en el art. 28 de la CN, fórmula original de la Constitución argentina, que estatuye que: 'Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio'...”. Y citando a Linares dice que “... en la ciencia del derecho el tema de la razonabilidad aparece conectado a la búsqueda de la razón suficiente de la conducta estatal. 'Esa razón puede ser de esencia, cuando la conducta se funda en una norma jurídica, de existencia, cuando el fundamento es el mero hecho de que el comportamiento jurídico se da; y de verdad cuando tiene fundamentos de justicia'.. Cabe advertir, por otra parte, que la alteración de la Constitución implica, en principio, una irrazonabilidad de esencia, por cuanto el acto administrativo contradice o no guarda proporción con el texto o los fines que persiguen los principios y garantías constitucionales, lo mismo acontece cuando el acto administrativo exhibe una desproporción entre las medidas que involucra y la finalidad que persigue. En definitiva, la proporcionalidad integra el concepto de razonabilidad que, como se ha visto, es más amplio. La ausencia de proporción hace que el acto carezca de razón suficiente convirtiéndose en un acto afectado de irrazonabilidad (una de las formas de la arbitrariedad), siendo pasible de la tacha de inconstitucionalidad”.

Para finalizar su análisis el doctor Cassagne agrega el pensamiento de Jean Rivero que decía “... la sumisión de la Administración al derecho ha adquirido un valor de principio y nadie la rechaza abiertamente. La única alternativa a esta sumisión es el reino de lo arbitrario. Ahora bien, ya no es posible hoy, tanto por razones ideológicas como en razón de necesidades concretas, el hacer la apología de lo arbitrario y erigirlo en método de acción, aun si es presentado no como reflejo del capricho sino como resultado de un paso racional y científico”.

Por todo lo expuesto, y considerando que el acto administrativo por el cual se ha denegado la reserva de espacio solicitada, motivo del inicio de estos actuados, es desproporcionado por cuanto genera una nueva barrera para la persona con discapacidad, impidiendo su plena inclusión en la actividad social y compromete de manera seria la actividad y nivel de vida del reclamante, corresponde formular la siguiente recomendación a la Dirección General de Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que, tomando en consideración estos fundamentos, dicte una nueva resolución al pedido de reserva de espacio para estacionar frente a su domicilio presentado por el señor ....

No obstante ello, y respecto de la norma cuestionada, se considera conveniente poner en conocimiento de las Comisiones de Legislación General y de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente Resolución a los efectos de adecuar lo dispuesto en el art. 7.3.2 inc. c) de la Ley 2148, debido a que con la actual redacción, en aquellos casos que se presenten otro tipo de discapacidad, da al funcionario la posibilidad de otorgar dicha reserva “... sin perjuicio de exigir los demás requisitos de este Capítulo”, convirtiéndola en una norma circular donde todo se cierra a casos de “... deficiencia motora de los miembros inferiores y manifiesta dificultad de traslación...”, generándose, como en autos, situaciones donde el resultado es un acto administrativo cuestionable por arbitrario e irrazonable, donde el Estado, garante de derechos de inclusión y comprometido a “... adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención...” (Ley 26.378), aparece, por la decisión personal de un funcionario, contraviniendo a la Constitución Nacional, a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.378.



POR TODO ELLO:


LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
R E S U E L V E :


1) Recomendar al Director General de Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Carmelo Vicente Sigillito, se dicte una nueva resolución en el caso del señor ..., en la que se otorgue la reserva de espacio para estacionar frente a su domicilio, tal como fuera solicitada, de acuerdo a los fundamentos expresados y encuadrando la situación dentro del art. 7.3.2 inc. c) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


2) Poner en conocimiento de la presente Resolución al Presidente de la Comisión de Legislación General, Diputado Francisco Nenna y a la Presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Diputada Carmen Polledo, -ambas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a los efectos que dichas Comisiones revisen y, en su caso, se genere un dictamen de modificación del art. 7.3.2 inc. c) de la Ley 2148 (Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con el fin de generar la inclusión dentro de los titulares del espacio de reserva para estacionar a personas con discapacidades que conlleven la imposibilidad de desplazarse por sus medios, sin que, indispensablemente, sea una discapacidad motriz.


3) Comunicar la presente Resolución a la Presidenta de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) licenciada Florencia Braga Menéndez, a los efectos que considere corresponda.


4) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


5) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento, y oportunamente, archivar.

Código 442
NFR/ IF/DEDIS
cd/D/LDS







RESOLUCION Nº 0881/13
Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 2 año.
Requisitos

Debe presentarse la siguiente documentación:

Personas que manejan su propio vehículo:

Certificado de discapacidad (art. 3 ley 22431), a través del cual quede comprobado el tipo y grado de discapacidad
Certificado de uso del símbolo internacional de acceso (art. 12 decreto 4479, reglamentario de la ley 19279)
Certificado de domicilio expedido por Policía Federal Argentina
Licencia de conducir expedida por GCABA
Recibo de patente del vehículo o exención
Título de propiedad del vehículo
Documento de identidad
Personas que son transportadas:

Certificado de discapacidad (art. 3 ley 22431), a través del cual quede comprobado el tipo y grado de discapacidad
Certificado de uso por parte del beneficiario del símbolo internacional de acceso (art. 12 decreto 4479, reglamentario de la ley 19279)
Certificado de domicilio del conductor y del beneficiario expedido por Policía Federal Argentina
Licencia de conducir expedida por GCBA
Recibo de patente del vehículo o exención
Título de propiedad del vehículo a nombre del conductor o del beneficiario
Documentos de identidad de conductor y beneficiario
Documentos que acrediten el vínculo entre el conductor y el beneficiario:
Certificado de Domicilio expedido por la Policía Federal que coincida con el domicilio del DNI del beneficiario.
La Partida de Nacimiento acreditando el vínculo de hijo.
Libreta de Casamiento acreditando el vínculo de cónyuge.
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA.

Se presenta en:

Dirección General de Tránsito, Pasaje Carabelas 286, de 9:30 a 13:00 hs.
Experto:  DAVID_ABOGADO escribió hace 2 año.
El tel para reservar turno es 4323-8000

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