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Pablo Avila Camps
Pablo Avila Camps, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 851
Experiencia:  Abogado con más de 20 años de experiencia en materias laborales, previsionales, civiles y comerciales. Gran experiencia en resolución de conflictos por la vía conciliatoria.
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Estimados Doctores ,soy corredor inmobiliario de IGJ con matricula

Pregunta del cliente

Estimados Doctores ,soy corredor inmobiliario de IGJ con matricula del año 1982 y me dedico a la actividad inmobiliaria desde aprox. 1975.( todo esto demostrable fehacientemente mediante viejas publicaciones,facturas,testigos ,viejos clientes etc..).En su momento y cuando se creo CUCICBA y abriò la matriculacion ( en dos oportunidades ) no pude rematricularme ya que no estuve presente en Bs As por motivos personales.(demostrables).AL tiempo CUCICBA me intima con carta documento y bajo apercibimiento a cesar mi actividad , paso seguido me apersono a dicha institucion , explico mi situacion y no obtengo ninguna solucion a mi problema,no obstante preparo una carpeta con nota explicativa con copia , fotocopia de mi matricula original , viejisimas publicaciones donde queda constancia de mi actuacion real en el mercado , facturas de honorarios , referencias etc.. en respuesta recibo carta documento y me reiteran que estoy en infraccion etc..cosa que se por haber leido la ley 2340 y en particular el apartado que hace referencia a las matriculas de corredor de IGJ. Realmente me siento atropellado por una ley arbitraria y sin ningun tipo de sentido comun por lo menos en mi caso particular , me quieren privar de hacer un trabajo que hago hace casi 40 años en forma correcta y que es mi medio de vida -yo entiendo q.el "colegio" no tiene poder de "policia" y lo que hace es informar al Gobierno de La Ciudad --Podrè seguir operando en estas condiciones ?. o tienen realmente derecho ?
Gracias por su respuesta
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Pablo Avila Camps :

AVILA CAMPS & GUERRERO KAMPF - ABOGADOS Hola [USERNAME], espere mientras preparo su respuesta. Gracias

Pablo Avila Camps :

Le comento que lamentablemente por res. de la IGJ Nº 02/08 EXPTE. Nº se otorgó control de actividad a cada jurisdicción donde se desarrolla la actividad, valga la redundancia. Voy a pasarle la resolución para que la pueda leer.

Attachment: 2015-02-25_210401_resoluci_n_gral_02-08.pdf

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Res 02/08

JACUSTOMER-mee6m655- :

Gracias por su pronta respuesta,puede darme algun consejo para protejer mi fuente de trabajo,pueden ( mas alla de la resolucion ) privarme de trabajar ?

Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
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Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Es un tema difícil atento a que hay jurisprudencia abundante respecto a la sindicación de los colegios y sus poderes de control y regularización de las actividades respectivas. La verdad al estar reglamentada la ley nacional que los nuclea y regula por esta resolución, en principio, veo difícil el reclamo pero no imposible. Ud. pertenece a los corredores que no debían ser martilleros no?
Experto:  escribió hace 1 año.
Ahi encontre algunos fallos que podrían abrirle algunas puertas- Pero debería realizar una acción de amparo
Pablo Avila Camps, Abogado de Argentina
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Pablo Avila Camps y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Aqui le pego alguno para que lo lea
Barri Dora Susana c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA
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Voces: INHABILITACIÓN - MATRÍCULA PROFESIONAL - CORREDOR INMOBILIARIO - LEY APLICABLE- INTERPRETACIÓN DE LA LEY - ACCIÓN DE AMPARO - PLAZO LEGAL - ANTECEDENTES PENALES
Partes: Barri Dora Susana c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA s/ amparo (art. 14 CCABA).
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sala/Juzgado: II
Fecha: 30-ago-2012
Cita: MJ-JU-M-75056-AR | MJJ75056
Tribunal
Materia
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Sumario:
1.-En el caso, corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida por la actora contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires con la finalidad de impugnar la Resolución que le denegó la matriculación respectiva. En consecuencia, corresponde ordenar a la demandada que, en virtud del cumplimiento del plazo contenido en el art. 51 inc. 1º del CPen., considere nuevamente el pedido formulado por la actora y, para el caso de que el único óbice para el otorgamiento de la respectiva matrícula hubiese sido estar comprendido en la inhabilidad establecida en el art. 2 inc. d) del dec. ley Nº 20266 y se encuentren reunidos los restantes recaudos legalmente exigibles, proceda a conceder la matriculación referida. En efecto, no admite mayor discusión la circunstancia acreditada en autos, consistente en que la actora fue condenada hace más de diez años y cuatro meses, a un año de prisión de ejecución condicional por considerársela coautora del delito de estafa, en concurso ideal con falsificación de documento privado. Ello así, a la fecha de esta decisión y tal como se destaca en el dictamen emitido en sustento de la resolución dictada por el presidente del Consejo Directivo del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde acudir a la aplicación del artículo 51 del Código Penal que prescribe El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos: 1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales ... . Es indudable que, por aplicación de dicha norma, a la fecha ya caducaron todos los efectos de la condena dictada respecto de la actora. Por eso, más allá de la discusión planteada en autos consistente en que, antes del cumplimiento de ese plazo y con fundamento en el contenido del art. 27 del CPen. ( la condenación se tendrá por no pronunciada si dentro del término de cuatro años [...] el condenado no cometiere un nuevo delito ), pudiere haberse producido, lo cierto es que al momento del dictado de esta sentencia ya no reviste mayor trascendencia. En otras palabras, por efecto del transcurso del tiempo y en virtud de los mismos términos de la resolución dictada por el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires se ha producido una variación sustancial en el sustento fáctico de la causa que torna innecesario e improcedente el análisis de dicho acto administrativo en lo concerniente al análisis de la causal de inhabilitación contenida en el inc. d), art. 2º, del dec. ley (o mal llamada ley) Nº 20266, puesto que el antecedente que fundaba la procedencia de esa causal con relación a la actora no puede seguir computándose, como se dijo, en orden a los términos del citado art. 51, inc. 1º, del CPen.
2.-Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto sostiene que conforme lo dispuesto por el art. 28 del Dec. ley (o mal llamada ley) Nº 20266 (modificada por la ley 25028 , su articulado es de aplicación en todo el territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comercio y, fundamentalmente, [s]in perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes (art. 31 , en el capítulo dedicado a Corredores ). De este modo y en este contexto, en el pronunciamiento señalado por esta Sala en autos Barri, Dora Susana c/ CUCICBA s/ amparo (art. 14 CCABA) , EXP 33820/0, del 23/3/10), este Tribunal adhirió a la interpretación propiciada por la Sra. Fiscal ante la Cámara; así, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, [s]i el Congreso Nacional tiene, a través del derecho común, la facultad exclusiva de reglar la actividad de los corredores, estableciendo su competencia, deberes y derechos, prohibiciones, responsabilidades y sanciones, debe tener también la prerrogativa de determinar las condiciones que los habilitan a ejercer la actividad. (CSJN, Fallos: 321: 3108, en autos Diehl, José s/ solicita inscripción , del 24/11/98). Por ello, en perjuicio de las consideraciones esgrimidas por la recurrente, corresponde señalar que las causales de inhabilitación contenidas en el art. 2º que estipula el dec. ley (o mal llamada ley) Nº 20266 (texto según ley 25028) sí resultan aplicables a los corredores inmobiliarios por imperio de lo normado en su art. 32 :

ara ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes: a) ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del art. 2º ... . N.R.: Publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Fallo:
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012.
VISTOS: estos autos para resolver el recurso interpuesto por la actora a fs. 161/165 contra la sentencia que, a fs. 152/157 vta., rechazó la demanda y, CONSIDERANDO:
1. Que la Sra. Jueza de grado rechazó la acción de amparo promovida por Dora Susana Barri contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) con la finalidad de impugnar la resolución que le denegó la matriculación respectiva. En su escrito inicial, relató que, luego de la sentencia favorable dictada en una causa judicial anterior (esta Sala en autos "Barri, Dora Susana c/ CUCICBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", EXP 33820/0, del 23/3/10), la demandada había rechazado nuevamente su pedido de matriculación, con argumentos desacreditados en el pronunciamiento citado. En ese sentido, destacó que no resulta aplicable el decreto ley (o mal llamada ley) 20.266 (modificada por la ley 25.028 ) -particularmente, su art. 2º - sino la ley local 2340 .
2. Que, por su parte, en la sentencia de fs. 152/157 vta., la Sra. Jueza de grado afirmó, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la aplicabilidad del decreto ley (o mal llamada ley) 20.266 (legislación de fondo incorporada al Código de Comercio) para juzgar las condiciones habilitantes para ser corredor y, entre ellas, la que aquí se discute (art. 2º, inc. d]); agregó, en esa línea, que tal limitación tampoco había sido cuestionada en su razonabilidad. Por último, concluyó que la resolución impugnada no se había fundado en argumentos anulados por la sentencia emitida en el expediente EXP 33820/0 citado, puesto que, si bien en esa oportunidad este Tribunal había concluido que el acto administrativo anulado portaba vicios en el procedimiento, la motivación y la causa, no se había descartado la aplicación del decreto ley (o mal llamada ley) 20.266 sino todo lo contrario.
2.Que, frente a este pronunciamiento, se alzó la parte actora en los términos que surgen de fs. 161/165. Sintéticamente, señaló que: a) el fallo apelado, al sostener la validez de los argumentos de la resolución atacada (fundamentalmente, aplicabilidad de los supuesto de inhabilitación del decreto ley, o mal llamada ley, 20.266), ha desconocido la cosa juzgada habida respecto de la sentencia de esta Sala en el EXP 33820/0; b) se viola su derecho a trabajar y ejercer industria lícita, merced a una afectación de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires; c) era incorrecta la interpretación del art. 27 del Código Penal. La demandada, por su parte, no hizo uso del derecho de contestar traslado. Por último, una vez remitidas las actuaciones a esta instancia, emitió dictamen la Sra. Fiscal ante la Cámara (ver fs. 174/176 vta.) y la Sala I (sorteada originalmente) entendió que, en virtud de la conexidad existente entre estas actuaciones y el EXP 33820/0, correspondía a este Tribunal emitir resolución.
3. Que, en primer lugar y en perjuicio de los argumentos del recurso, es preciso señalar que este Tribunal, al pronunciarse, precisamente, en autos "Barri, Dora Susana c/ Colegio Único de CorredoresInmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)", EXP 33820/0, del 23/3/10, dejó sentada su postura sobre la cuestión atinente a la aplicabilidad del régimen establecido ese particular (ver cons. 5º); es que, como bien destaca la sentenciante de grado, dicho pronunciamiento anuló la resolución impugnada por considerar que no se habían cumplido determinados recaudos concernientes a la formación de aquel acto administrativo (procedimiento, motivación y causa), pero sin que ello hubiese implicado descartar el argumento que ahora, en el marco de esta nueva acción, introduce el CUCICBA para rechazar el pedido de matriculación. No existe, entonces, en perjuicio de las consideraciones vertidas por la actora, ninguna afectación a los efectos de la cosa juzgada.
4.Que, a partir de ello, el examen del cuadro normativa aplicable conduce a confirmar la decisión de grado en este punto; en efecto, conforme lo dispuesto por el art. 28 del decreto ley (o mal llamada ley) 20.266 (modificada por la ley 25.028), su articulado es de aplicación en todo el territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comercio y, fundamentalmente, "[s]in perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes" (art. 31, en el capítulo dedicado a "Corredores"). De este modo y en este contexto, en el pronunciamiento señalado en el punto precedente, el Tribunal adhirió a la interpretación propiciada por la Sra. Fiscal ante la Cámara; así, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "[s]i el Congreso Nacional tiene, a través del derecho común, la facultad exclusiva de reglar la actividad de los corredores, estableciendo su competencia, deberes y derechos, prohibiciones, responsabilidades y sanciones, debe tener también la prerrogativa de determinar las condiciones que los habilitan a ejercer la actividad." (CSJN, Fallos: 321: 3108, en autos "Diehl, José s/ solicita inscripción" , del 24/11/98). Por ello, en perjuicio de las consideraciones esgrimidas por la recurrente, corresponde señalar que las causales de inhabilitación (en concreto y para el caso, la contenida en el art. 2º, inc. d]) que estipula el decreto ley (o mal llamada ley) 20.266 (texto según ley 25.028) sí resultan aplicables a los corredoresinmobiliarios por imperio de lo normado en su art. 32 : "

ara ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes: a) ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del art. 2º ..." (el destacado no obra en el original).
5.Que, despejado lo que antecede, es preciso recordar que, entre dichas causales de inhabilidad, establece el art. 2º que no pueden ser martilleros ". d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de 10 (diez) años de cumplida la condena". En este marco, no admite mayor discusión la circunstancia, acreditada en autos, consistente en que la actora fue condenada, con fecha 18/4/02, a un año de prisión de ejecución condicional por considerársela coautora del delito de estafa, en concurso ideal con falsificación de documento privado (ver testimonio acompañado a fs. 27/28). Ahora bien, en este punto, si bien originalmente hubiera cobrado particular importancia la lectura del art. 27 del Código Penal para el caso (que estipula, en materia de condenación condicional, que "[l]a condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas"), lo cierto es que, a la fecha de esta decisión y tal como se destaca en el dictamen emitido en sustento de la resolución dictada por el presidente del Consejo Directivo del CUCICBA (ver fs. 109/111 vta.), corresponde acudir a la aplicación del art. 51 del CP: "El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos: 1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales ...". En efecto, es indudable que, por aplicación de dicha norma, con fecha 10/4/12 caducaron todos los efectos de la condena dictada respecto de la actora.Por eso, más allá de la discusión que, antes del cumplimiento de ese plazo y con fundamento en el contenido del art. 27 del CP ("la condenación se tendrá por no pronunciada si dentro del término de cuatro años [...] el condenado no cometiere un nuevo delito"), pudiere haberse producido, lo cierto es que al momento del dictado de esta sentencia ya no reviste mayor trascendencia por aplicación, indudable, de la prescripción contenida en el art. 51, inc. 1º, del CP. En otras palabras, por efecto del transcurso del tiempo y en virtud de los mismos términos de la resolución dictada por el CUCICBA con fecha 29/6/10 (ver fs. 116), se ha producido una variación sustancial en el sustento fáctico de la causa que torna innecesario e improcedente el análisis de dicho acto administrativo en lo concerniente al análisis de la causal de inhabilitación contenida en el inc. d), art. 2º, del decreto ley (o mal llamada ley) 20.266, puesto que el antecedente que fundaba la procedencia de esa causal con relación a la actora no puede seguir computándose, como se dijo, en orden a los términos del art. 51, inc. 1º, del CP; adviértase que la propia sentenciante de grado señaló que la causal de inhabilitación cuestionada resultaba un impedimento meramente temporario (ver cons. III, fs. 156 vta.). De modo que, en suma, corresponde ordenar al CUCICBA que considere nuevamente el pedido formulado por la actora y, para el caso de que el único óbice hubiese sido el mencionado y se encuentren reunidos los restantes recaudos legalmente exigibles, proceda a conceder la matriculación referida. Por las razones expuestas y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal ante la Cámara, el Tribunal RESUELVE: I.- Rechazar el recurso deducido en cuanto a la aplicabilidad del decreto ley (o mal llamada ley) 20.266. II.- Ordenar a la demandada que, en virtud del cumplimiento del plazo contenido en el art. 51, inc. 1º, del CP, considere nuevamente el pedido formulado por la actora y, para el caso de que el único óbice hubiese sido el tratado en autos (art. 2º, inc. d], del decreto ley, o mal llamada ley , 20.266, y se encuentren reunidos los restantes recaudos legalmente exigibles, proceda a conceder la matriculación referida. III.- Con costas por su orden en esta instancia, en atención al modo en que se decide (art. 62, 2ª parte , del CCAyT). Regístrese, notifíquese (a la Sra. Fiscal en su respectivo despacho) y, en su oportunidad, devuélvase.
Firmantes:
Dr. Esteban Centanaro;
Dra. Nélida M. Daniele.

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