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lautiyenzo11
lautiyenzo11, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 1944
Experiencia:  Abogada,especialista en derecho del trabajo, civil, comercial y de la Seguridad Social.
60356172
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lautiyenzo11 está en línea ahora

Necesito el modelo de una demanda, en la cual se declare la

Pregunta del cliente:

Necesito el modelo de una demanda, en la cual se declare la incostitucionalidad de la Ley 26.773, ya que un cliente consintió el ofrecimiento realizado por la ART. por motivo de un accidente que tuvo en el trabajo, pero dicho monto es inferior al que realmente le correspondería, si hubiese interpuesto la demanda judicial.-
La demanda se interpondría en los tribunales laborales de la Provincia de Buenos Aires, necesito que contenga un item solicitando que se aplique los valores RIPTE.-
Es la primera vez que voy a utilizar el servicio, desde ya muchas gracias...
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  lautiyenzo11 escribió hace 2 año.
lautiyenzo11 :

buenos dias

lautiyenzo11 :

la suma que le ofrecio la art, que su cliente acepto, fue mediante el seclo?

lautiyenzo11 :

ah leo que fue en provincia

lautiyenzo11 :

y ese acuedo, se homolo?

lautiyenzo11 :

se hizo mediante el ministerio de trabajo o como fue?

lautiyenzo11 :

porque si ese acuerdo esta homologado, ya no puede reclamar nada.

lautiyenzo11 :

Si el trabajador consintio, es muy dificil que le hagan lugar a su peticion.

lautiyenzo11 :

Y si pierde, debera pagar las costas.

lautiyenzo11 :

Ademas siempre en los acuerdos es menos que en demanda en juicio, pero justamente la suma es inferior porque no atraviesa por sede judicial.

lautiyenzo11 :

aguardo comentarios, estare en linea!

Customer:

Hola, en principio, el acuerdo no esta homologado, solo realizado mediante ART...

lautiyenzo11 :

me parece rarisimo que la art no lo haya homologado.

Customer:

homologado en el Ministerio de Trabajo, no...

Customer:

solo firmo unos formularios

Customer:

de ellos

lautiyenzo11 :

unos formularios de la art?

Customer:

si

Customer:

es mas, del trabajo, Servicio Penitenciario Bonaerense, firmo aceptando el grado de incapacidad... y le acreditaron el monto en su cuenta sueldo

Customer:

a las 24 hs

lautiyenzo11 :

ah ok

lautiyenzo11 :

te envio modelo entonces

Customer:

muchas gracias

Customer:

tu nombre?

Customer:

por favor al correo electronico

Customer:

*****@******.***

Customer:

Disculpe, me mando el modelo?

Customer:

en que parte lo puedo ver, porque no lo encuentro

Customer:

asi valoro la ayuda...

Customer:

gracias

lautiyenzo11 :

SUMARIO:


Actor: Pérez.-


Demandado: .


Materia: Accidente de trabajo – Acción Especial.


Monto: $ 70.950,10


Documentación acompañada:




__________________________________________________________________



PROMUEVE DEMANDA POR ACCIDENTE LABORAL.



Excelentísimo Tribunal del Trabajo:



Silvia , soltera, de 42 años de edad, con domicilio real en la calle 608 A, N° 1743, MZA “11”, casa 14, Florencio Varela, constituyendo domicilio legal juntamente con la letrada que me patrocina Dra. Romina L. Pascale T XI F 288 CAQ, cuit 27-28687204-8, en la calle Av. Mitre 483 local 2, Quilmes, a V.S. me presento y respetuosamente digo:



I-OBJETO


Que en legal tiempo y forma vengo a promover DEMANDA POR EL ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2013, contra “DIPROSIDER S.A. CUIT 30-70877265-4, con domicilio en Av. Hudson Nro. 75 de Florencio Varela, FRANCISCO SALTO, DNI 5.271.125 con domicilio en Av. Hudson Nro. 75 de Florencio Varela, solicitando que en caso que V.E. estime corresponder, se haga extensiva la responsabilidad a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo que debía otorgar prestaciones médicas y dinerarias que corresponda, estimándose el monto de dicha reparación en la suma de PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ($ 70.950,10) y/o lo que en mas o en menos estime corresponder el elevado criterio de V.S. conforme la prueba rendida en autos, ello con más sus intereses, costos y costas.



II- COMPETENCIA


V.E. resulta competente, debido a que el domicilio de la demandada es en calle Florencio Varela, Provincia de buenos Aires.



III.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD:


Los Arts. 6° y 39° incisos 1 y 2 de la Ley 24.557 y 75° LCT modificado por la ley 24.557 deben declararse inconstitucionales, en virtud de que se encuentran en clara contraposición y resultan violatorios de los Arts. 16°, 18°, 19°, 31° y 75° incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional.


Efectivamente, las normas referidas y cuya constitucionalidad se tacha resultan violatorias de: A.- Las facultades no delegadas y las expresamente reservadas; B.- El Derecho de Igualdad ante la Ley; C.- El Principio "alterum non laedere"; D.- El Derecho de Propiedad; E.- El Derecho a Jueces Naturales y a un Debido Proceso; F.- El Derecho a la Jurisdicción; G.- La Exclusividad del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción; y resulta totalmente discriminatorio y violatorio de los pactos internacionales de DDHH (Derechos Humanos).


La aplicación taxativa del Artículo 39 de la Ley 24.557 resulta manifiestamente discriminatorio, en el sentido que la norma hace objeto a los trabajadores siniestrados de un trato desigualitario, distinto y cercenador al impedirles acceder al régimen de reparación integral que prevé el Código Civil para situaciones análogas a las que lo harían los restantes habitantes del país que fueron víctimas de un daño injusto bajo las mismas circunstancias, violando el principio de igualdad ante la Ley establecido por nuestra Carta Magna en su Art. 16.


También se violenta las normas de los Artículos 1°, 2° y 7° de la Declaración Universal de DDHH proclamada por la Resolución 217 de la Asamblea General de la ONU sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica firmado el 22/11/69), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 2°, 4° y 5° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.


La Ley 24.557 toma la mera condición de “trabajador dependiente” como dato de diferenciación, objetivo y relevante, considerándolo suficiente para justificar el trato discriminatorio y violatorio de los derechos que los mismos poseen como personas y cuyo goce se encuentra constitucionalmente garantizado, excluyéndolos –y a su familia– e impidiéndoles, consecuentemente, acceder a la reparación integral del daño sufrido, a diferencia del resto de las personas a quienes se les reconoce esta última posibilidad frente a idéntica circunstancia aunque así solo por carecer de la mencionada condición.


La conclusión a la que inevitablemente se arriba mediante el tratamiento diferenciado recibido por ambos damnificados no es otro que aquel que conduce a sostener que los diferentessiniestros que afectan la vida de las personas, como el de autos, gozan de menor protección, cuestión que no puede convalidarse sin vulnerar los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Así, mientras el trabajador dependiente y sus derechohabientes tendrían derecho a una reparación tarifada establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo, aquellos que no están vinculados por un contrato de trabajo podrían acceder al régimen de reparación integral del Código Civil. Con lo cual –se concluye– se confiere trato diferente a situaciones iguales.


Como acertadamente señala el Dr. Sagües"...la ley 24.557 se propuso expresamente "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado" (art. 1 inc. b). Esta meta en nada justifica que el dependiente tenga un régimen indemnizatorio reducido (en comparación con el civil) y con pagos fraccionados, daña en lugar de favorecer, la reparación a que alude el citado art. 1 inc. b) de la ley 24.557. Si a ello se suma que la ley no brinda explicaciones sobre la hipotética presencia de un contundente interés público relevante que justificase un tratamiento diferenciatorio (y negativo) para el trabajador, se arribará también a un estado de injusticia que conduce a la declaración de inconstitucionalidad... cabe presumir como inconstitucionales a aquellas normas que impongan trato legal discriminatorio que les cause perjuicio, con relación a los acreedores del derecho común" - (“Críticas a la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557”; Serie Temática 2; Revista del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Colegio de Abogados de Rosario, Pág. 120 y ss.).


La referida norma es violatoria del principio "alterum non laedere" que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, receptado por nuestra Constitución Nacional en su Art. 19° y resulta el fundamento básico de los llamados Derechos Humanos. Asimismo y tras la reforma constitucional en 1994, por conducto del Art. 75° inciso 22, dicho principio es reconocido en diversas normas de Cartas Internacionales sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica y Convención Americana de DD HH), conectándose automáticamente con el Art. 17° de la Constitución Nacional que protege la inviolabilidad de la propiedad en sus diversas formas.


Es un mérito de ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente haya reconocido que el Derecho de Daños tiene jerarquía constitucional al señalar que "…los arts. 1109 y 1113 del Código Civil consagran el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero…”


El principio “alterum non laedere”, entrañablemente vinculado a la idea de reparación y de raíz constitucional, encuentra su reglamentación en el Código Civil donde al referirse a las personas y las responsabilidades, no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (CSJN, in re “GUNTER C/ NACION ARGENTINA y LUJAN C/ NACION ARGENTINA”, Fallos 308:1109) respectivamente.


A partir de la ley 24.557 se restringe y desvirtúa dicho principio y el derecho de la víctima de acceder al resarcimiento integral del daño, se violan derechos constitucionales inspirados en el referido principio.


De similar manera, dicha norma viola el Derecho de Propiedad, como consecuencia lógica jurídica de las dos argumentaciones anteriores efectuadas sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, ello en cuanto vulnera el Derecho de Propiedad de las víctimas y derechohabientes en tanto les impide acceder a la reparación integral por los bienes dañados (debiendo entenderse por tales también la vida y la salud de los trabajadores), sustituyéndola por el pago de prestaciones que no cubren todas las hipótesis de daños causados y posibles y que además son insuficientes en cuanto a los montos previstos. Al efecto, esta Parte deja expresamente manifestado que el término “Propiedad” definido por el Supremo Tribunal es compresivo de todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo y de su vida y su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciable en dinero alcanzan el nivel de derechos patrimoniales. Y ello comprende el respeto de la propiedad de los créditos reparatorios de la vida de las personas perjudicadas por conductas violatorias del deber de no dañar.


La “dispensa de la culpa grave” que efectúa la Ley de Riesgos del Trabajo es a todas luces inconstitucional, ya que a través de la misma se pretende avalar conductas de dolo eventual o de culpa grave ejecutadas muchas veces con total conciencia por sus responsables, como ser las expresadas en los presentes autos. Efectivamente, la Demandada debe conducirse conforme a derecho, por lo tanto no es válida la limitación de responsabilidad por daños corporales sin equivalencia económica, dado que los individuos deben conducirse conforme sus deberes generales de prudencia y diligencia.


El segundo párrafo del Apartado “A” correspondiente al Inciso 2 del Art. 6° de la LRT es inconstitucional en cuanto exime de responsabilidad civil a los empleadores frente a los trabajadores y los derechohabientes por las enfermedades no incluidas en el listado, pues de esta manera se viola el “Derecho de Igualdad ante la Ley” e impide el “Acceso a la Justicia” violando el Art. 18° de nuestra Carta Magna.Resulta irrazonable y excesivo sostener que las enfermedades no contenidas en la lista no pueden ser consideradas resarcibles, resultando inconstitucional la negación del derecho de obtener la justa reparación de un daño imputable a una persona por el sólo hecho de que el responsable se encuentre vinculado al damnificado por una relación de dependencia. (Del voto en mayoría del Dr. Capón Filas en los autos caratulados “NAVARRO COCA, Rolando C/ KINERT S.A y OTRO s/ Accidente”, CNT Sala 6º, 08/04/2002).


Así, se ha expresado con criterio que consideramos aplicable al presente que: “…Debe declararse la inconstitucionalidad del Art. 6, Inc. 2 de la Ley 24.557 en cuanto limita las enfermedades que pueden ser objeto de resarcimiento a través de esta normativa. Ello es así debido a la modificación introducida por el decreto 1278/2000 (art. 2 en la norma mencionada), en virtud de la cual también se considerarán enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo (En el caso, la actora sufría de una dolencia columnaria, enfermedad que al no encontrarse incluida en el decreto 685/1996 lo llevó a plantear la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 ley 24.557)” (CNT, Sala 1º, 21/04/2005, in re “ACOSTA, María T. V/ BAGLEY S.A. y OTRO s/ Accidente”).


Consideramos por ello que, tanto el Apartado 2 del Artículo 6° de la Ley 24.557 como el Decreto 1278/00, resultan inconstitucionales y así debe declarárselos en atención a que los mismos violan a los Artículos 14° bis, 16°, 18° y 19° de la Constitución Nacional.En ese sentido y de manera muy acertada, el prestigioso Dr. JULIO ARMANDO GRISOLÍA ha expresado en su obra titulada Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales lo siguiente: “…b) Listado de enfermedades profesionales (Art. 6°, ap. 2, y 40° ap 2, b)…”. Según la LRT las enfermedades no incluidas en el listado o los hechos que no estén categorizados como súbitos y violentos (art. 6°) no son resarcidos.
Esto fue parcialmente corregido por las modificaciones al art. 6°, LRT, introducidas por el decreto 1278/00. La LRT estableció un listado de enfermedades profesionales cerrado confeccionado por el Poder Ejecutivo; esto significaba que aún demostrando acabadamente la vinculación causal entre la mecánica laborativa o el ambiente de trabajo y una afección incapacitante, si esa dolencia no estaba enumerada taxativamente en dicho listado, no era resarcible.- Sostuve, desde la sanción de la LRT que este listado taxativo y cerrado colisionaba con el Art. 19 CN, al violar el principio de NO DAÑAR, y lesionaba la justicia conmutativa ya que quien persigue su propio interés y daña el derecho de otro, debe indemnizarlo.-
El empleador, al organizar la empresa para la producción de bienes y servicios, crea una situación de riesgo para los trabajadores y terceros, y, por ende, debe resarcir el daño que puede producirse aún cumpliendo con las normas de higiene y seguridad.- Resultaba menoscabado el Art. 14 BIS, CN, ya que la pretensión de que se cubra el daño causado al trabajador por una enfermedad vinculada causalmente con el trabajo pero excluida del listado únicamente mediante los beneficios de obra social y seguridad social, como si se tratara de padecimientos ajenos al ámbito laboral, configuraba una deficiente comprensión del texto constitucional.- Violaba además los Arts. 16 y 18, CN, que consagran el principio de igualdad jurídica –que todos los habitantes reciban igual trato en circunstancias y condiciones idénticas - y el de igualdad ante la justicia, y los principios (similares) consagrados en las disposiciones de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional por el art. 75, inc. 22, CN.- Por ende, por un lado, en el listado había enfermedades no incluidas, y por otro, las que están incluidas no lo estaban en cualquier relación causal sino en una relación causal única y predeterminada (por ejemplo, no está contemplada la relación entre altas temperaturas y enfermedad renal).- Lo cierto es que en realidad quedaron fuera del listado muchas enfermedades de origen laboral que desde siempre tuvieron cobertura legal y jurisprudencial. Una importante proporción de las patologías reclamadas por los trabajadores y que se vinculan causalmente con el trabajo desarrollado NO ESTÁN CONSIDERADAS EN EL LISTADO CERRADO de triple columna.- El Dec. 1278/00 (BO del 3/1/2001) mejoró relativamente el sistema, por lo cual cabe reiterar varias de las objeciones formuladas precedentemente a la LRT.- A pesar del decreto, subsiste el listado de enfermedades de triple columna y sigue siendo cerrado, ya que la facultad de las comisiones medicas de considerar enfermedades profesionales a otras no incluidas se ciñe a considerar en todo caso como enfermedad profesional a una dolencia sólo en el caso concreto y sin que ello implique la modificación del listado de enfermedades.- En realidad todo el procedimiento establecido por la ley (Art. 6, ap. 2, Decreto 1278/00), es decir, el listado taxativo y su modificación por el decreto 1278/00 para poder admitir enfermedades profesionales no incluidas en el listado que hizo el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) es VIOLATORIO de la Carta Magna, ya que: a) desconoce el derecho de igualdad (art. 16 CN); b) la garantía del juez natural y del debido proceso (art. 18 CN); c) lesiona la forma republicana de gobierno (art.1° CN) la división de poderes; d) lesiona la competencia del Poder Judicial, desconociendo el debido proceso; y e) Priva al trabajador de un real acceso a la justicia y viola los pactos Internacionales ya referenciados en otros puntos del presente escrito, violando la modificación de 1994 de nuestra Constitución Nacional.- Afirmamos que la LRT y los decretos que la modifican (debió modificarse por leyes) le dan un total y absoluto manejo al Poder ejecutivo Nacional para incluir o no enfermedades profesionales, modificar la lista, ampliar o limitar su contenido, es decir que la LRT viola la división de poderes en ese sentido y es una clara denegación de justicia y no ofrece garantía alguna.- En conclusión el sistema del listado del art. 6, ap. 2 de la ley 24.557 y el decreto 1278/00, como así también el decreto 410/01 (especialmente del art. 2, apartado 5) que irrazonablemente prevé un único tipo de apelación ante la Comisión Médica Central por la exclusiva circunstancia de tratarse de “enfermedades no incluidas en el listado” (otra, una más, irrazonabilidad y discriminación de este conglomerado normativo), son a todas luces caprichosos, carentes de fundamento científico y racional, y en la práctica están ligados a la desprotección de los trabajadores siniestrados, una verdadera burla al derecho laboral en general.- También es inconstitucional la modificación de la ley 20.744, en cuanto a la sustitución que hace del texto del art. 75 en el punto 2, ya que nuevamente limita a las enfermedades que sufre el trabajador a causa de la actividad productiva (afecciones de columna, lumbar o cervical, hernias, hipoacusia, entre otras), no se encuentran en el listado de patologías indemnizables y dice la ley que estas dolencias “en ningún caso serán consideradas resarcibles” (art. 6. punto 2). Consecuentemente las ART declinan su responsabilidad, debiendo pasar el trabajador por un sinnúmero de requisitos burocráticos e indignantes tal como se describió ut supra.-


Por todos los argumentos y fundamentos expuestos precedentemente, sumado a la abundante jurisprudencia que en la materia viene declarando la inconstitucionalidad requerida, es que solicitamos a V.E. la declaración de inconstitucionalidad de los Arts. 6° y 39° incisos 1 y 2 de la Ley 24.557 y Art. 75° de la LCT (modif. por la Ley 24.557) como así también del Decreto 410/01, considerando procedente la responsabilidad de la Demandada respecto de los daños sufridos por el Actor y se declare consecuentemente competente para entender en los presentes autos, ordenando una reparación integral de los mismos previa determinación de la incapacidad laboral del Actor a través de una pericia médica a practicarse al efecto. A todo lo cual deberá sumársele la reparación por el lucro cesante y el daño moral.



LEY 26773



La ley 26.773 publicada en el Boletín Oficial el 26/10/2012, establece que los trabajadores que opten por hacer juicio tendrán la potestad de hacerlo (con la limitante de que quienes opten por la vía judicial deberán renunciar a cobrar la indemnización tarifada). Uno de los grandes cambios del nuevo régimen es la cuestión de la competencia: se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del Fuero Laboral al Fuero Civil, con la aplicación de las normas de fondo y forma y los principios correspondientes al Derecho Civil.


Cabe recordar que mientras en la Justicia laboral rige el principio de gratuidad, para litigar en la Justicia civil se debe extender poder ante escribano público (con un costo superior a los $1.000), pagar tasa de justicia (3% de lo reclamado) o tramitar una eximición.


Esta parte adhiere a las consideraciones efectuadas desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otros colegios, los cuales sostienen que con esta imposición se aparta al trabajador del juez natural, aplicándosele una normativa ajena al principio protectorio de raigambre constitucional previsto por los artículos 14 bis y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, por tal motivo se plantea su inconstitucionalidad.


En el caso “Marchetti”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había receptado la competencia del Fuero Laboral para entender en los reclamos de reparación integral de los siniestros del trabajo.


La justa reparación de los infortunios del trabajo, sigue siendo una materia pendiente del Derecho del Trabajo, la ley vigente como las que le precedieron se enrolan en una postura exclusivamente asistencialista y no reparatoria, transaccional y contraria a los principios generales del trabajo, especialmente al Principio de Irrenunciabilidad y al Principio Protectorio.


Los litigantes contamos con los medios legales para solicitar la inaplicabilidad de la ley y plantear los recursos necesarios. Téngase presente que la Ley de Riesgos dio lugar a un sinnúmero de recursos de inconstitucionalidad y propició que la Corte Suprema de la Nación sentara una especial doctrina sobre ello.


La reciente modificación mejoró algún aspecto señalado por la jurisprudencia como la eliminación de la renta periódica, sin embargo impuso la opción civil excluyente, a la que he dado a llamar “el dilema diabólico” (8), en el sentido en que el trabajador se ve compelido a optar entre cobrar ya una prestación dineraria a través del sistema de las ART o a perseguir el crédito que satisfaga realmente y plenamente el daño mediante un acción judicial. Lo que configura un aprovechamiento del estado de necesidad en que se encuentra el trabajador accidentado, incapacitado, enfermo, cuestiones estas que agravan su ya natural hiposuficiencia.


Arts. 6, 21 y 22


Es dable destacar la inconstitucionalidad del arts. 6, 21 y 22 concordantes y correlativos de la L.R.T. 24.557, que ésta parte deba a concurrir a la Comisión Médica, ante la negativa de ser indemnizado conforme la legislación citada por parte de la ART accionada, a raíz de las afecciones e incapacidad que padezco como consecuencia de las mismas y que se encuentran baremadas en la mentada legislación.


La inconstitucionalidad que oportunamente se planteó en este acápite se sustenta en que las Comisiones Médicas son órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, funciones que, nuestra Carta Fundamental expresamente les veda, ya que en este sentido se estarían violando los arts. 5, 17, 18, 75 inciso 12, entre otros de la Constitución Nacional, violentando también tratados internacionales que tienen raigambre constitucional como por ejemplo arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos – Pacto de San José de Costa Rica.



Los arts. 6, 21, 22 y 46 de la L.R.T. representan una grave afectación al postulado constitucional de la división de poderes y un desconocimiento del principio de exclusividad del Poder Judicial para desarrollar actividad jurisdiccional, vulnerando así el principio de Juez Natural y del debido proceso, garantía esta ultima innominada y receptada en el art. 33 de la ley Suprema de la Nación.


Los artículos atacados de inconstitucionales imponen al trabajador la obligación de ocurrir por ante las Comisiones Médicas y seguir su procedimiento, para la determinación de la existencia, carácter porcentaje de la incapacidad laboral resultante de un accidente o enfermedad laboral, no hacen mas que negar o restringir en forma abusiva la facultad que tiene todo justiciable constitucionalmente protegido, de ocurrir por ante el Juez natural, en este caso del trabajo, sustituyendo su actuación por Comisiones administrativas, federalizando de esta manera conflictos que para nuestra constitución nacional son de derecho común y competencia local.


El procedimiento previsto por ante las Comisiones Médicas establecido por los arts. que ataqué de inconstitucionales, se halla en franca contradicción con el art. 18 de la constitución nacional.


Lo que ocurre, como no escapara al elevado criterio de V.S., es que el goce efectivo de la garantía constitucional que ampara a todos los ciudadanos como el que suscribe la presente demanda, no se compadece con la imposición al trabajador víctima de un accidente laboral o de una enfermedad accidente y cuyo estado de necesidad es evidente, con el hecho de tener que “caer” bajo la órbita de un proceso administrativo, en que demás no tiene derecho a asistencia letrada ni a ofrecer prueba, quedando a merced de un equipo de médicos, que son empleados de este pool de aseguradoras que como fin evitar que se indemnice al trabajador o que se lo indemnice por un porcentaje muy inferior al que por derecho le corresponde.


El art. 21 de la LRT atribuye a las Comisiones Médicas competencia en cuestiones que exceden largamente las incumbencias médicas afectando el derecho de defensa del trabajador afectado por un accidente o enfermedad laboral y dilatando de esta forma de manera innecesaria los derechos de la víctima.


Los mismos argumentos vertidos para impugnar la constitucionalidad del artículo 46 son aplicables para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 6, 8 inc. 3, 21 y 22 para el procedimiento fijado para las comisiones médicas, como así también, lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 717/96, desde que éstos atribuyen a los profesionales médicos incumbencias que no poseen y otorgan a estas comisiones de naturaleza administrativa funciones que son propias de órganos jurisdiccionales, lo cual es violatorio del principio de división de Poderes consagrado en nuestra Constitución Nacional; y fundamentalmente, el derecho de defensa en juicio del trabajador (art. 18 de la C.N.).-


Nótese que el fallo en virtud del cual la CSJN se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley de Riesgos correspondiente al precedente “Castillo”, se trata de una demanda en la que se pretende el resarcimiento proveniente de una enfermedad profesional cuya cobertura fue rechazada por la ART y la víctima acudió directamente a la vía jurisdiccional obviando la vía administrativa de las comisiones médicas.


Este es el criterio que ha sido seguido por nuestro Tribunal Superior de Justicia en el precedente “Pereyra”, donde la Dra. Blanc de Arabel sostuvo: “La jurisdicción administrativa ha sido predispuesta para garantizar conforme requerimiento legal la automaticidad, integralidad e inmediatez de las prestaciones debidas con motivo de las contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo. El trabajador víctima de un siniestro laboral (en cuyo beneficio se ha previsto el sistema de cobertura inmediata) puede optar por tal jurisdicción para obtener aquellas que ya sea en especie o en dinero la Ley de Riesgos del Trabajo determina, sin que por así decidirlo se encuentre obligado a agotar la instancia administrativa ni que tal trámite represente una opción excluyente de otras acciones.”


Mas adelante sostiene: “… la resolución de la Comisión Médica constituye un dictamen despojado de validez de cosa juzgada administrativa al que corresponde atribuirle el carácter de opinión médica anticipada. Sus conclusiones pueden ser impugnadas en sentido amplio ante los tribunales del trabajo, conforme a las normas procesales vigentes, las que no receptan una vía de apelación específica. Por lo demás ésta se encontraba reconocida en el declarado inconstitucional art. 46.1, LRT.; luego ha devenido en inexistente. Las pretensiones dirigidas contra las aseguradoras de riesgos del trabajo y/o los empleadores – sea con base en la disconformidad de la opinión de la Comisión Médica o aun cuando no se haya concurrido a la instancia administrativa y cualquiera sea el nombre que se les haya atribuido en el escrito inicial se tramitan en el procedimiento laboral local por el juicio ordinario normado en el título quinto de la ley 7987 (procedimiento común). Lo dicho, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos en las distintas causas no observados por las partes en los que se haya operado la consiguiente preclusión. Mantener la apelación significaría la sustracción por parte del legislador nacional de la competencia legislativa local (arts. 5, CN., 152 y 160, Const. prov.) y parcializar los alcances que debe atribuírsele a la doctrina del más Alto tribunal cuando declarara la inconstitucionalidad del art. 46.1 , LRT. en la ya mencionada causa "Castillo..." ” .


Respecto del decreto 1278/00, se ha resuelto: “ si bien el decreto 1278/00 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, LXI-A, 213) otorga a la Comisión Médica correspondiente la posibilidad de incluir determinadas patologías como resarcibles en el ámbito de la ley de riesgos del trabajo, esa función no convierte al organismo en un tribunal de instancia originaria y necesaria, pues su competencia debe ser interpretada en los límites de los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, conforme los cuales la garantía constitucional del juez natural sólo se logra cuando la función judicial es cumplida por el Poder Judicial” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. Sala II, 05/06/2008, Provincia S.A A.R.T. en Fronceda, Luis, publicada en La Ley Online).



Por las razones apuntadas, solicito se declare la inconstitucionalidad de la obligación de asistir por ante la Comisión Médica y por habilite a ocurrir por ante V.E., como también lo expuse en los diversos ítems de la demanda, a fin de reclamar en contra de la ART en caso que corresponda, en base a la incapacidad laboral que padezco, de acuerdo a los baremos que establece la ley 24.557.


La Ley Nº 26.773 coacciona al trabajador a elegir, en un plazo perentorio, el ofrecimiento que pudiera hacerle la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), a la par que lo desanima a reclamar una reparación plena a través de la vía judicial.


Su texto, en el artículo 4º, expresamente dispone: “Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro. Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.”


Se propone un sistema supuestamente rápido de automaticidad de las prestaciones sin litigio judicial, y la generalización del financiamiento que, estando a cargo de los empleadores, se canalizaría a través de compañías privadas de seguro - ART -.


Quienes apoyan modificaciones como las que formula la inconstitucional Ley Nº 26.773, ensayan pretextos para justificarla fundados en la protección de la empresa; desplazando el foco de interés del derecho laboral, cual es el trabajador y la necesidad de reparar los daños causados sobre bases solidarias e igualitarias y apoyadas en la seguridad jurídica. De esta manera, se pretende disminuir la responsabilidad frente al daño, desprotegiendo a trabajador e impidiendo que, tan siquiera, consulte a un abogado de su confianza.


Es así que se lo obliga a ajustarse a un procedimiento administrativo, que implica un sistema de reparación del cual el empleador nunca está completamente ajeno. No puede ser extraño al alto criterio de S.S. que es la empresa quien elige la ART, y que entre ambas se genera una relación contractual completamente ajena al trabajador. La falta de imparcialidad y garantías mínimas de objetividad son indudables, y sólo un proceso judicial, con el asesoramiento letrado correspondiente legaliza, garantiza y asegura la legítima oportunidad de reparación plena.


La actual reforma no sólo ha ignorado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la obligación de recurrir a las Comisiones Médicas es inconstitucional y pueden ser evitadas por el trabajador – fallo “Obregón”, del 17 de abril de 2012 - sino que, además, crea un procedimiento que torna obligatorio para la víctima recurrir a estas Comisiones Médicas, a fin que la ART notifique al interesado los importes que le correspondería percibir, como paso previo e ineludible al inicio de la acción judicial.


La jurisprudencia ha descalificado a las Comisiones Médicas, alegando que son organismos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales. Carecen de imparcialidad, independencia de criterio y legitimidad en atención a que el financiamiento de éstas es realizado por la propia ART. Además, colocan a médicos para decidir qué es lo que le corresponde a la víctima, cuando deberían limitarse a establecer el grado de incapacidad o determinar la enfermedad laboral, absteniéndose de expedirse en ningún otro rubro que no sea de su exclusiva incumbencia.


No hay la menor duda de que la garantía constitucional del derecho a la defensa en juicio de la persona y de sus derechos (art. 18 C.N.) implica, entre otras cosas, el derecho a tener juzgadores idóneos y calificados. Obligar a la víctima de un infortunio laboral a dilucidar sus discrepancias jurídicas con la ART, ante un médico, importa una clara denegación de justicia” Aspectos Salientes de la Reforma a la ley de Riesgos de Trabajo, Ramirez, Luis, L.L., 5/11/2012.


Julio A. Grisolía afirma que no es siquiera razonable “…que la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, es decir, el nexo causal entre el daño y las tareas, quede en manos de médicos, cuando se trata de una actividad de indagación, prueba y raciocinio estrictamente vinculada al saber de la ciencia del derecho…” D.T., 2000-B-1371.


La indudable desigualdad que existe entre el trabajador y los enormes intereses económicos en juego, ponen, sin duda alguna, un manto de sospecha al accionar de estas Comisiones Médicas, generando la suficiente incertidumbre respecto de su ecuanimidad y equilibrio, descalificándolas como realmente autónomas. Todo ello, el trabajador debe transitarlo privado de asistencia letrada, que conlleva despojarlo de consejo jurídico, asumiendo erróneamente que éste debe saber contar los plazos, interpretar los dictámenes, pedir aclaraciones o formular sus quejas.


La situación planteada por la nueva ley se agrava al advertirse que luego de ejercida la opción, tampoco está autorizada la revisión judicial amplia posterior. Claro retroceso que supone una afectación al principio de división de poderes y un insostenible desconocimiento del principio de exclusividad de la función jurisdiccional, a cargo del Poder Judicial.


El acceso a la justicia queda entonces limitado a aquellos supuestos en los que el trabajador pueda asumir los tiempos que demanda un proceso civil, los gastos judiciales y las costas profesionales. De admitirse este sistema, se estaría reconociendo virtualidad a un modelo de reparación que intenta erguirse a la sombra de un derecho constitucional ampliamente reconocido, cual es la posibilidad de acceso directo a un juez competente, independiente e imparcial; y de obtener una sentencia efectiva que involucre la reparación plena del daño.


La existencia de un trámite administrativo sólo se justifica como una opción voluntaria del trabajador, y siempre garantizando la posibilidad de la revisión judicial amplia.


Cabe señalar que la pretensión de inmediatez y rapidez que intenta justificar la existencia de instancias administrativas prácticamente inevitables, es ficticia, ya que el funcionamiento actual de las Comisiones Médicas permite aseverar que sus tiempos no son tan breves como se los promocionan. Los obligados al pago de la reparación cuentan, conforme lo establece el artículo 4º de la Ley Nº 26.773, con 15 días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, para notificar los importes que les correspondería percibir a los damnificados o derechohabientes. Redunda prevenir que no existe límite temporal que indique cuál es el plazo para determinar dicha incapacidad.


III- RECLAMO:


La presente acción tiene como finalidad lograr que los demandados, y en su caso la ART citrada, sean condenados a abonar a la parte Actora las correspondientes prestaciones dinerarias por la Incapacidad Sobreviniente, estimando el total de las mismas en la suma de PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ($ 70.950,10) o bien lo que en más o en menos surjan de las pruebas a rendirse en autos, pericia médica y lo que disponga el elevado criterio de V.E.-



IV.- HECHOS:


En Octubre de 2005 comencé la relación laboral con la demanda, desempeñándome como OFICIAL DE PRIMERA, conforme al Convenio aplicable a la actividad de limpieza, 281/96, EN SU ESTABLECIMIENTO LLAMADO “Hierros Cevallos”.


Las tareas consistían en la limpieza general del establecimiento, también cocinaba para los dueños del mismo y al término de estas tareas, todo en el mismo horario de trabajo, pesaba los electrodos para luego soldar y acomodaba todos los productos de herrería. El horario de trabajo era de lunes a sábados de 7:30 a 14 y/o 14: 30 hs, depende la ocasión, a cambio de una remuneración mensual de $ 3600.


El día 22 de Junio del 2013, unos minutos antes de terminar mi jornada laboral, mientras me encontraba terminando de baldear el piso del establecimiento, sentí ruidos en la puerta de entrada del mismo, y al abrir para ver que ocurría , ingresaron de manera violenta dos delincuentes, quienes me amordazaron y comenzaron amenazarme con una tijera en el cuello, que me matarían si no les daba todo el dinero que había en el lugar, y en un momento del forcejeo me caigo al piso y es ahí donde soy fuertemente golpeada por ellos, quienes no solo me patearon con brutalidad el rostro con sus botas , sino que también comenzaron a golpearme en la cabeza y restos del cuerpo.


Al regresar los empleadores, Sr. Francisco Salto y Sra. Gladis Fernández, ingresan al lugar me encontraron mal herida tirada en el piso del baño encerrada, inmediatamente llamaron a la ambulancia y en lugar de acompañarme al Hospital más cercano, ordenaron al chofer que me trasladen al Hospital Materno Infantil de Florencio Varela, a donde fui inmediatamente asistida por la guardia donde me colocaron suero, calmantes y me contuvieron dado al grave ataque de pánico que sentía por lo sucedido en el establecimiento Hierros Cevallos.


El día 26 de Junio, intento volver al establecimiento, pese al estar con todo el rostro golpeado y medicada por los fuertes dolores, y es ahí, donde el Sr Francisco Salto me impide ingresar al comercio, alegándome que no había por el momento tareas para mí , SUGIRIENDOME QUE HAGA REPOSO y además me insinúa que los ladrones ingresaron por mi culpa.


Fue dicha situación la que originó, el mismo día, mi reclamo fehaciente, a través de mi primer telegrama, Nº 84107960, de fecha 26 de Junio de 2013, el que acompaño con esta presentación, Infra transcribo:


Hudson, 26 de junio 2013. Intimo plazo 48 hs aclare situación laboral, bajo apercibimiento de considerarme injuriado y despedido por su culpa. Mismo plazo y apercibiendo informe aportes a la seguridad social desde ingreso octubre 2005, entregue duplicados recibos haberes desde igual fecha. Abone 2012. Mismo plazo y apercibimiento abone diferencias salariales conforme al convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad. Denuncio haber cumplido labores a sus órdenes en el establecimiento “Hierros Ceballos”, realizando tareas de limpieza y mantenimiento general del mismo,, percibiendo una remuneración de $ 150 diarios, trabajando de lunes a sábado de 7:30 a 14 hs. Asimismo íntimo denuncie a la ART el accidente ocurrido el día 22 de junio del corriente, cuando a minutos de terminar mi horario de trabajo, fui fuertemente golpeada por delincuentes que ingresaron a robar al comercio, produciéndome grave lesiones en rostro y cráneo. Así como en demás partes de mi cuerpo. Intimo además, regularice situación laboral bajo apercibimiento de reclamar indemnización ley 24.013. Queda usted debidamente notificado.”



La situación, desembocó en un despido, que tramita por ante el Tribunal del Trabajo Nro. 3 de éste Departamento Judicial.


El pánico, y muchas veces, fuertes dolores de cabeza y mareos, persisten hasta la actualidad.


-A LA ACTORA NO SE LE DETERMINÓ SU VERDADERO PORCENTAJE DE INCAPACIDAD, QUE ATENTO A QUE PRODUCTO DEL TRAUMATISMO DE CRANEO, POSTERIORMENTE PADECE MAREOS, PÉRDIDA DE VISION, VISION NUBLADA, HERIDA CORTANTE REGION PARIETAL, FUERTES DOLORES DE CABEZA, Y DESMAYOS , se estima en un 8% conforme los baremos vigentes.


INCAPACIDAD PSICOLOGICA. ESTRÉS POSTRAUMATICO 10%


NO SE LE ABONARON LAS PRESTACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN.


TOTAL 18%


Es por ello que el la Sra. Perez realiza ante V.E. el reclamo, primero mediante TCL, sin obtener resultado, por lo cual, se encuentra obligado a recurrir a la vía judicial para reclamar las prestaciones que la LRT otorga al trabajador, con la salvedad de las inconstitucionalidades planteadas respecto de los artículos indicados.



V.- LIQUIDACION DERIVADA DE LA ENFERMEDAD/ACCIDENTE:


Que, solicitamos a V.E. en el presente Acápite se haga lugar a las prestaciones que otorga a los trabajadores, la Ley de Riesgos del Trabajo, 26.773, condenando a la Demandada al pago de la suma de PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ($ 70.950,10) y/o en lo que en más o en menos estime corresponder el elevado criterio de V.S. de acuerdo a las pruebas de autos, la cual se conforma de la siguiente manera:


Cálculo Art. 14° inc. a), Ley 24557: Datos considerados:

Sueldo anual: $ 46800 (3600 * 13)

Edad del trabajador al momento del siniestro: 41 años

Porcentaje de incapacidad: 18 %

Fórmula: C = Salario base * 53 * 65/edad * % incapacidad

C: es el capital a percibir; Salario base: Total anual / 365 x 30,4 = $ 3897.86

Indemnización resultante: C = 3897.86 x 53 x 65/41 x 0.18 = $ 59125.08

Incremento del 20% (Art. 3° Ley 26773): $ 11825.02

$ 59125.08 + 20%: $ 11825.02 = $ 70950.10

RESPONSABILIDAD DEL SOCIO GERENTE.


- PRUEBA:


Se ofrecen a continuación los medios probatorios de los cuales esta parte valdrá el momento procesal oportuno:



a) CONFESIONAL Y DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS:


Se adjunta pliego de posicione, a cuyo tenor deberá deponer la demandada bajo apercibimiento de ley.



PLIEGO DE POSICIONES A CUYO TENOR DEPONDRÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA:


Para que la demanda jure como cierto:


1.- Que el empleador del actor efectuó las correspondientes denuncias de los accidentes ocurridos.


2.- Que el actor padece una incapacidad del 18% de la total obrera.


3.-


Formulo reserva de ampliar el presente pliego.


Se designe audiencia a los efectos de que la Demandada reconozca su carácter de emisor de los documentos ofrecidos y que se le atribuyen, haciendo expresa reserva en forma subsidiariamente y para el caso de desconocimiento de solicitar la correspondiente prueba pericial caligráfica.



b) INTIMACIÓN A PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA FICHA CLÍNICA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA DEMANDADA CORRESPONDIENTE A EL ACTOR:


La demandada debe llevar en su servicio médico una ficha clínica de atención del actor, con constancia suscripta por la misma de la información de los médicos sobre las circunstancias de constatación de la alteración de su salud.


Por ello se pide a VS que intime a la demandada acompañen los originales de las fichas clínicas y documentación medica, conforme al art. 387 del C.P.C.C., todo bajo el apercibimiento legal de la presunción que determina el art. 55 de la ley 21.297 y el art. 388 del C.P.C.C.


Documental:


Carta documento, telegramas, Denuncia policial, certificados médicos, constancia de turnos para psicología en Centro de Salud Santa Rosa, fotos-


HAGO EXPRESA RESERVA PARA EL CASO DE DESCONOCIMIENTO POR LA DEMANDADA DE LA DOCUMENTAL OFRECIDA DE OFICIAR A LOS ORGANISMOS EMISORES A LOS EFECTOS DE QUE ESTOS SE EXPIDAN ACERCA DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS ACOMPAÑANDO A SUS EFECTOS COPIAS PARA QUE PROCEDAN A SU CERTIFICACIÓN EN LA MENCIONADA OCASIÓN, TODO ELLO BAJO EXCLUSIVA COSTA Y COSTOS DE LAS DEMANDADAS.-



Informativa:


A.- se libre oficio al Correo de la República Argentina, a los efectos que informe respecto de la autenticidad, emisión, y recepción de las piezas postales acompañadas.


B.- Se libre oficio a la AFIP a fin de que informe si la trabajadora estaba inscripta y en que condiciones.


C.- Se libre oficio a ANSES a fin de que informe si la trabajadora estaba inscripta y en qué condiciones.


d.- Al Sr. jefe de la comisaria Florencia Varela Primera, Provincia de Bs. As, a fin de que sirva informar si la denuncia, cuyo original se acompaña, es auténtica.


e.- Al Sr. Director del HOSPITAL MUNICIPAL MI PUEBLO ubicado en el Barrio "Villa Vatteone", sobre calle Mainini (ex Progreso) entre Montevideo y Uruguay, fin de que remita la historia clínica o demás constancias que allí se posean de la atención brindada al actor con motivo del accidente sufrido el día 22 de Junio de 2013 . En caso de no ser posible la remisión de la citada historia clínica, solicito se remitan fotocopias certificadas de la misma.


f.- Al director del Centro de Salud Santa Rosa de Florencio Varela, fin de que remita la historia clínica o demás constancias que allí se posean de la atención brindada al actor con motivo del accidente sufrido el día 22 de Junio de 2013 . En caso de no ser posible la remisión de la citada historia clínica, solicito se remitan fotocopias certificadas de la misma. Asimismo, se expidan acerca de la autenticidad de los certificados médico y constancias de turno acompañados.


g.- Al director del Centro de Salud Villa Vatteone de Florencio Varela, fin de que remita la historia clínica o demás constancias que allí se posean de la atención brindada al actor con motivo del accidente sufrido el día 22 de Junio de 2013 . En caso de no ser posible la remisión de la citada historia clínica, solicito se remitan fotocopias certificadas de la misma. Asimismo, se expidan acerca de la autenticidad de los certificados médico y constancias de turno acompañados.



Testimonial: Se cita por ante el juzgado a las siguientes personas:




  1. Alborno Rodolfo José, DNI Nº 25.614.187, con domicilio en calle Suipacha 1332, entre Pehuajo y Larralde, Florencio Varela.




  2. Baptista Adrián Alcides, DNI Nº 22.801.597, con domicilio en calle Int. Oliver N° 3991, Barrio La Esmeralda, Florencio Varela.




  3. Sánchez Jorge Daniel, DNI Nº 23.723.846, con domicilio en la calle 608 A, manzana 11, casa 13, entre Rumania y Polonia, Florencio Varela.




  4. José Luis Lombardo, DNI 16.087.023, con domicilio en Victorino de la Plaza N° 1238, Barrio La Curva, Florencio Varela.




Interrogatorio a cuyo tenor depondrán los testigos:


1.- Por las generales de la ley


2.- Para que diga si sabe que el actor trabajo como oficial, general de la firma CARTELLE SRL


3.- Para que diga si sabe si el actor ha sufrido alguna afección laboral.


4.- Me reservo el derecho de ampliar el presente interrogatorio.



D)- PERICIAL CONTABLE:



Se designe Perito Contador de oficio para que realice el siguiente informe:


1)- Si la Demandada lleva libros de comercio y/o libros, registros y planillas laborales conforme la legislación vigente. Caso afirmativo, fecha de sus rubricaciones y autoridades que las practicaron;


2)- Si el actor se encuentra registrado en la documentación examinada, caso afirmativo responda: i.- fecha de ingreso, y egreso, indicando cual fue el último día laborado conforme constancias emergentes de su tarjeta reloj y/o planilla de control horario; ii.- Retribuciones que se le abonaron al actor, mes por mes, durante el tiempo que duro el vínculo laboral, detallando cada uno de los conceptos e importes parciales y totales abonados, detalle conceptos y montos abonados por aportes y contribuciones de la Seguridad Social;


3)- Determinará mediante la actualización a la fecha del distracto y de las remuneraciones del último año percibidas por el actor, cual fue su mejor salario mensual;


4)- Determine si los salarios abonados al actor han sido conforme a las leyes salariales y categoría profesional del actor, detallando en su caso las diferencias salariales que existiesen en perjuicio del mismo;


5)- Informe si la demandada posee contrato suscripto con el Actor y en caso afirmativo determine: i.- La cantidad de horas diarias de prestación de servicio del actor; ii.- Si la jornada diaria se ajusta a las previsiones del Convenio Colectivo de Trabajo denunciado;


)- Practique liquidación conforme los rubros reclamados en la demanda, ajustándose a las constancias que surjan de los libros de la demandada;


8)- Practique liquidación conforme los rubros reclamados en el Acápite "LIQUIDACION", en base a los dichos de la Parte Actora;


9)- Para que informe en base a la actividad desarrollada por el actor dentro de la empresa que convenio colectivo resulta aplicable;


10) Practique liquidación de los daños, conforme los criterios “L.R.T. CON y sin INDICE R.I.P.T.E”



E).- PERICIAL MEDICO-LEGISTA:


El Perito Médico especialista en la materia que V.E. designará al efecto, procederá a examinar al Actor, y determinara:


1) Informe las lesiones padecidas por el actor como consecuencia de la enfermedad profesional descripta en el apartado “HECHOS”.


2) Determine el carácter, etiología, gravedad y magnitud de las mismas.


3) Deberá informar las causas y concausas laborales de esas enfermedades; sobre las enfermedades que padece el actor, denunciadas esta demanda.


4) Informará detalladamente, refiriéndolas en especial a los efectos sobre su capacidad laboral;


5) Deberá determinar el grado de incapacidad laboral que le crean a la demandante sobre la total obrera;


6) Informará si las enfermedades que padece el actor son de evolución progresiva, y de ser así, en que estado de evolución se encuentran;


7) Transcribirá textualmente la ficha clínica correspondiente al actor, del servicio médico de la demandada;


8) Interpretará sus anotaciones con referencia a su dictamen y aclarará los términos médicos para mejor entendimiento de V.E. y las partes;


9) Informará si en esa ficha se encuentran notificados los diagnósticos al actor, con constancia firmada por ésta, detallando cada una de esas notificaciones;


10) informará sobre el tipo de tareas prestadas por el actor, su relación con las lesiones del mismo y condiciones de salubridad e higiene imperantes;


11) Deberá el perito examinar los antecedentes de internación e Historia Clínicas agregadas, estudios efectuados y establecer diagnósticos accidentales y condiciones de alta médica, especificando si surgen secuelas de algún tipo.-


12) Describa las lesiones corporales sufridas por el actor como consecuencia de la enfermedad profesional.


13) Si el experto considera adecuado el tratamiento brindado al actor.


14) Si el experto considera prudente el tiempo por el cual la victima estuvo sometida a reposo etc., se expida según la historia clínica y además estime el tiempo de recuperación.


15) Si las lesiones producidas por el actor fueron dolorosas y si aun pueden producir dolor.


16) Manifieste el experto si fue necesario para la recuperación del actor el tratamiento de un Kinesiólogo y adecuado para el tipo de lesiones traumatológicas sufridas, ello teniendo a la vista la ficha del paciente. Diga asimismo el experto teniendo a la vista las Historias Clínicas si ha sido necesaria la atención con otros profesionales en rehabilitación.


17) Diga el experto si conforme al tipo de las lesiones sufrida por el actor fue necesario durante el periodo de convalecencia y recuperación de la misma la toma de medicamentos, analgésicos, toma de radiografías, tomografías, masajes musculares en el miembro afectado y si ello pudo llegar a producir en el actor los gastos denunciados, o emita un monto estimativo de lo que debió afrontar la victima.-


18) Si los síntomas referenciados crean de alguna manera incapacidad ante las tareas habituales que diariamente desarrolla el actor.-


19) Si considera adecuado el plan terapéutico aconsejado a la victima.-


20) Si le han quedado secuelas del HECHO, determine cuales son.


21) Si dichas secuelas han generado una limitación en las funciones de la víctima, creando una incapacidad ante sus tareas habituales. DETERMINE LA INCAPACIDAD GENERICA Y LABORAL.


23) Emita el experto un informe completo sobre las lesiones sufridas, consecuencias derivadas, y las que en el futuro se puedan producir y si ellas inciden en las tareas habituales de el actor.


24) Determine la incapacidad transitoria sufrida y la incapacidad permanente que presenta en la actualidad.


26) Describa el pronóstico de las lesiones.


27) Indique si deberá someterse a tratamientos futuros como consecuencia de las lesiones sufridas, y si deberá operarse.


28) En caso afirmativo, determine costo de los mismos.


29) Toda otra circunstancia que a criterio del experto revista interés.



INTERESES:



Se solicita la aplicación de la Tasa de interés Activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días una vez operada la mora y hasta el efectivo pago de las prestaciones reclamadas.-



- AUTORIZACIONES:


Quedan autorizados de manera indistinta para diligenciar y/o retirar y/o adjuntar cédulas y/u oficios y/o mandamientos, dejar nota, retirar traslados y/o medios de prueba y/o informes, notificarse de los traslados en general, como asimismo para realizar desgloses de todo tipo de documentación y/o todo tipo de acto de compulsa de las presentes actuaciones la Dra. Romina
Pascale, Dr. David Bertolasi, Srita. Yamila Fretes, Sr. Raul Ficarra, y /o quienes ellos designen.



RESERVA DE DOCUMENTACION:



Que atento a la importancia de la instrumental que se adjunta en


ORIGINAL individualizada en el Acápite “PRUEBA” Apartado “A.- DOCUMENTAL”, la cual resulta imposible de ser reproducida es que solicito a S.S. se proceda a la reserva de la misma en la Caja de Seguridad de vuestro Juzgado, acompañando a tal efecto copia simple para su certificación y agregación en el expediente.-



RESERVA CASO FEDERAL:


Para el supuesto que se dicte sentencia no haciendo lugar a la Demanda o rechazando alguno de los planteos efectuados, se habrá violado diversos Derechos y Garantías Constitucionales: Derecho de Propiedad, la igualdad de las partes, debido proceso, condiciones dignas y equitativas de labor, beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, entre otros, por lo que dicha sentencia sería arbitraria e inconstitucional. Es por ello que se deja planteada la reserva de Caso Federal, introduciéndola al debate en tiempo y forma, a fin de poder interponer eventualmente a través de la vía del art. 14 de la ley 48 los Recursos Extraordinarios por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-



DERECHO:


Fundo el derecho que me asiste en los Arts. 14° BIS, 16°, 18°, 19°, 31°, 75° inciso 12 y 22, ss. yccs. de la Constitución Nacional; Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos; Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento (Ginebra, 1998), Arts. 496, 499, 505, 511, 512, 519, 520, 666 BIS, 902, 1109, 1113, 1068, 1074, 1081, 1083 y ccs. del Código Civil; Art. 118 de la Ley 17.418, Leyes 18.345, 19.587, 20.744, 21.297, 24.557 y Dec. Reg., 25.323 sus modificatorias, Decretos 1338/96, Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad, como así también en la Doctrina y Jurisprudencia citadas y aplicables al caso.-



PETITORIO:


Por todo lo expuesto es que a V.E. solicito:


1) Se me tenga por presentado, por Parte en el carácter invocado, por denunciado mi Domicilio Real y por constituido el Domicilio Procesal;


2) Se tenga por iniciada la presente Demanda, y se corra traslado de la misma a la Accionada por el término y bajo el apercibimiento de Ley;


3) Se tenga presente los planteamientos de inconstitucionalidad realizados y se haga lugar a los mismos;


4) Declare la naturaleza laboral del accidente precitado y previo trámite de rigor, fije incapacidad real, teniendo presente el planteo de inconstitucionalidad efectuado;


5) Se tenga presente la Prueba ofrecida para su oportunidad y se proceda a la reserva de la Documentación Original acompañada, previa certificación de las copias que se adjuntan, sin perjuicio de su oportuna ampliación en la oportunidad correspondiente;


6) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas;


7) Se tenga por formulada la Reserva del Caso Federal;


8) Oportunamente se dicte sentencia condenando a la Demandada al pago de los rubros reclamados, con más sus intereses, costas y costos.-



PROVEER DE CONFORMIDAD


SERÁ JUSTICIA.-

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