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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogada Especializada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 594
Experiencia:  Fideicomisos, Negocios Inmobiliarios, Tributario, Derecho Internacional, Ingeniería legal, Sociedades, Empresas.-
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D Sanchez de Sepola está en línea ahora

Hola quisiera conocer un escrito sobre Pedido de cese de prisión

Pregunta del cliente

Hola quisiera conocer un escrito sobre Pedido de cese de prisión para modelo y poder redactarlo. gracias!
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 1 año.
Bienvenido, soy Daniela Sanchez de Sépola, abogado Colegiado y Experta en Ley Argentina. Estare en linea para ayudarlo.
SOLICITAMOS LIBERTAD POR CESE DE PRISION PREVENTIVA
SOLICITAMOS LIBERTAD POR CESE DE PRISION PREVENTIVA CON HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES.-
SR. JUEZ
........................................................Abogados, representación de..................................................caratulados "" EXPTE. nº el registro de ese tribunal a V.S. decimos:
1.- OBJETO
Que venimos por este escrito a solicitar la libertad por Cese de Prisión Preventiva de nuestros asistidos con base al art. 1 y concordantes de la Ley 24.390, con su modificatoria La Ley 25.430.
Todo con habilitación de días y horas inhábiles por la gravedad de los derechos invocados y la cercanía de la Feria Judicial próxima.
Mas allá del monto de la pena en expectativa (dado que se encuentra en plena etapa recursiva el Auto de Prisión Preventiva por no adecuarse la conducta de nuestros asistidos al tipo de delito que se le endilga y plantear la nulidad del mismo; no existiendo un elemento dogmático del tipo penal, ya que no existe delito de acuerdo a la teoría jurídica del delito, que se refiere a la antijuricidad, culpabilidad, sanción y fundamentalmente la autoría del hecho) resultante de las inconstitucionales especulaciones que realizan para imponerles la prisión preventiva que vienen padeciendo nuestros defendidos, la libertad de FELIX CAYETANO LOPEZ Y WALTER ALEJANDRO ASTORGA deviene procedente de conformidad con lo establecido en las normas constitucionales que imperan en la materia.
Y son las siguientes: En este sentido invocamos especialmente los art. 14, 18, 28, 33, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; y los art. 11 nº 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 9 Nº 3 y 14 Nº 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 7 Nº 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica”.
A los contenidos y espíritu de ellos deben ajustarse la interpretación y aplicación de los dispositivos locales reglamentarios del derecho a la libertad durante el proceso. En la causa concreta que nos ocupa, la normativa reseñada, regula el caso de CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DURACIÓN EXCESIVA DEL PROCESO.
Así es que solicitamos se disponga la libertad de FELIX CAYETANO LOPEZ y WALTER ALEJANDRO ASTORGA en base a las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos a exponer.-
2.-ADVERTENCIA PREVIA
El presente pedido se efectúa a la luz de la CONSTITUCION NACIONAL y de los TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS que, conforme al art. 75 inc. 22 de la mencionada Norma Fundamental, guardan igual jerarquía suprema.-
Por tanto, toda norma de rango inferior referente a la libertad de las personas sometidas a proceso penal de cualquier orden - ya sea referentes a los institutos de cese de prisión, de excarcelación, de falta de mérito (solicitada en Recurso de Apelación a la Prisión Preventiva ) ó de cualquier otra índole - que entre en colisión con el llamado bloque de constitucionalidad federal, deberá declarase inconstitucional, ya sea a pedido de parte, sino es de oficio, siempre que, claro esta, no sea posible una interpretación armónica, conforme a los principios de presunción de constitucionalidad de las normas y al principio de última ratio de declaración de inconstitucionalidad.-
3.- DESARROLLO DE LOS HECHOS
3.1 - DETENCION
Según consta en estas actuaciones nuestros defendidos fueron privados de su libertad el día 13 de julio de 2006.
3.2 - SOLICITUD DE EXCARCELACION BAJO CAUCION JURATORIA.
Los Dres. Redondo y Leguizamón – entonces defensores de los imputados – solicitan excarcelación bajo CUACION JURATORIA, el mismo día de la detención y ese mismo 13 de julio de 2006, es denegada por el a-quo. Apela la defensa, es concedida por el Dr. Zanazzo. Se eleva a la Excma. Cámara Nº 1, se inhiben jueces de la misma y se demora cuatro (4) meses en integrar nueva Cámara y el 8 de noviembre de 2006, la misma, rechaza el Recurso de Apelación. El 23 de noviembre de 2006, la defensa interpone Recurso de Inconstitucionalidad, haciendo reserva del caso Federal. Va al Superior Tribunal de Justicia y el día 10 de abril de 2007, el S. T. J. del Chaco, rechaza el Recurso de Inconstitucionalidad, incluido el derecho de elevarlos a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
Como vemos, y consta en las actuaciones, la justicia demoró nueve (9) meses para tratar la excarcelación con caución juratoria, que al final fue denegada en todas sus instancias, a pesar de que en derecho correspondía, por ser el delito atribuible a mis defendidos, perfectamente excarcelable.
3.3 - SOLICITUD DE EXCARCELACION BAJO CAUCION REAL Y APELACION
El 4 de junio de 2007, esta defensa solicito un segundo pedido de excarcelación esta vez bajo CAUCION REAL. Se ofrecieron en caución real bienes inmuebles por valor aproximado de $ 4.200.000 en dos escrituras, con su correspondiente certificado de LIBRE DE DEUDA del Registro de la Propiedad Inmueble de las respectivas provincias (Mendoza y Corrientes ) y una evaluación de consultoras habilitadas y tres (3) meses después, - a pesar de que el C. P. P. dispone en el art 306 un plazo no mayor de 48 hs. - el 7 de septiembre de 2007 nos deniegan por improcedente, sin siquiera haber comprobado la existencias de los mismos, con diligencias judiciales, ante los registros respectivos, que dicho sea de paso, son públicos. El 17 de septiembre de 2007 la defensa apela, y la Excma. Cámara del Crimen también deniega la excarcelación con caución real, confirmando la resolución del a-quo. Esta defensa interpone Recurso de Inconstitucionalidad y en Queja y en la actualidad se encuentra en SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, a la espera de una resolución.
Vale la pena en este punto consignar que el Certificado de Dominio del Inmueble de propiedad de Gerónimo Di Marco, suscripta por la Dra. Mabel Lorente de Herrera, Directora del Registro Público y Archivo Judicial de la Pcia. de Mendoza, como así también la tasación del mencionado Inmueble; y la Certificación de Dominio del Inmueble de Samuel Blank, suscripta por la Escribana Beatriz de Picasso Sub-Directora del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes y la Tasación del mismo. Se encuentra, como PRUEBA RESERVADA en SECRETARIA del Juzgado de Instrucción Nº***** Zanazzo, en SOBRE Nº 1872. Esta documentación obra consignada en el Auto de Prisión Preventiva Resolución Nº 3426, en el Numeral 156.
3.4 – DICTADO DE PRISION PREVENTIVA Y APELACION
El día 19 de noviembre de 2007 el juez de Instrucción dicta Auto de Prisión Preventiva a nuestros defendidos, extendiéndose ilegalmente el término de la instrucción por un (1) año y cuatro (4) meses, ya que de acuerdo al art. 200 del C. P. P, el mismo no debe de exceder de un (1) año, es decir se excedieron en 4 meses. Esta defensa apela la Prisión Preventiva el 26 de noviembre de 2007. Recién el día 29 de mayo de 2008, o sea 6 meses después, la Cámara del Crimen n°1 confirma la resolución del auto de prisión preventiva del Dr. Zanazzo con los mismos argumentos de éste. Esta defensa apela el 20 de junio de 2008 la denegatoria de la Cámara, con un Recurso de Inconstitucionalidad con apelación de la Prisión Preventiva. Dicho Recurso se encuentra en la Cámara Criminal Nº 1 pues, según se nos informara por Secretaria, no se eleva hasta el momento ante el Superior Tribunal de Justicia ya que en el alto órgano judicial aún se encuentra bajo análisis la Solicitud de Excarcelación bajo Caución Real que llegara a esos estrados como tribunal de alzada. Es decir, para precisar mejor, se nos informa que el Recurso de Inconstitucionalidad con Apelación de la Prisión Preventiva se encuentra en “espera” en la Cámara del Crimen Nº 1 por razones de “economía procesal”, hasta que el STJ dicte sentencia sobre la Excarcelación pendiente.
3.5 - CESE DE PRISION
Esta presentación se realiza para sostener los derechos del imputado Walter Alejandro Astorga habida cuenta que fuera él quien promoviera dicho reclamo respaldado por esta defensa para resolver su situación legal. El día 11 de diciembre de 2007 en base al art. 295 del C. P. P. de la Prov. del Chaco en concordancia con el art. 13, art. 24 y art.26 del CPA se presenta el cese de prisión a favor de Walter Alejandro Astorga. El día 14 de diciembre de 2007 el a - quo rechaza el planteamiento legal, la defensa apela dicha Resolución, va a la Cámara del Crimen Nº 1 deniega también el pedido adhiriéndose a los considerandos del Juez de Instrucción el día 23 de mayo de 2008 (cinco (5) meses después).
3.6.- Conclusión: Que, por lo tanto, a la fecha, nuestros defendidos llevan detenidos dos (2) años y tres (3) días sin sentencia condenatoria.
Que, igualmente, queda por decir antes de terminar este punto, que los tiempos aplicados a la tramitación de la presente causa no son atribuibles a nuestros defendidos ni a su defensa, pues el simple cotejo de las actuaciones muestra claramente que no se han hecho de esta parte articulaciones dilatorias, sino por el contrario, defensas básicas y esenciales que hacen a sus derechos, conforme las oportunidades procesales que le están reconocidas y se le fueron dando. Es decir, que el tiempo transcurrido de los dos (2) años sin sentencia condenatoria, no es adjudicable a nuestros defendidos y por lo tanto no debe operar en su contra. Conforme los razonamientos y argumentaciones que daremos más adelante esta Prisión Preventiva debe cesar de inmediato por cuanto al día de la fecha se ha convertido en ilegítimo cumplimiento de una pena anticipada, situación condenada por nuestra Constitución Nacional.
4.- DERECHO:
4.1.-Que venimos por este escrito a solicitar la libertad por Cese de Prisión Preventiva de nuestros asistidos en base al art. 1 y concordantes de la Ley 24.390 modificada por la Ley 25.340 que, básicamente, y en la causa concreta que nos ocupa, regula el caso de CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DURACIÓN EXCESIVA DEL PROCESO.
El art. 7 pto. 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, establece el derecho que tiene toda persona “…a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad…”.
Esta norma supranacional fue elevada a rango constitucional en nuestro país a partir de la Convención Reformadora del año 1994 por el nuevo art.75 inc. 22 junto a otros tratados y Convenciones vinculadas a los Derechos Humanos. Posteriormente, como procede, el Congreso de la Nación dicta la Ley 24.390 que es reglamentaria del art. 7.5. de la Convención Americana y del art. 75 inc.22, ya que es sancionada con el objeto de resguardar la operatividad de la garantía.
La Ley 24.390 establecía cuales eran los tiempos máximos de duración de la Prisión Preventiva; sentaba un plazo como regla general, que podía ser prorrogado: 1º) por la complejidad de la causa y, a la vez, establecía otra prórroga, 2º) cuando hubiere recaído sentencia condenatoria y esta no se encontrare firme.
Esta Ley era una reglamentación tolerable a los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, la mencionada Ley 24.390 fue modificada por la Ley 25.430 que, en lo que aquí nos interesa, estableció que los plazos de la Prisión Preventiva no puede ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia (art. 1). Que es el caso de nuestros asistidos LOPEZ Y ASTORGA
Literalmente, la nueva ley prescribe que el cese del encarcelamiento preventivo por el transcurso de un plazo solo existe durante el procedimiento en primera instancia.
Esta normativa impone – y no lo faculta – al juez la liberación del procesado una vez transcurrido el plazo legal. Es taxativa y de orden legal.
Que, vale destacar lo preceptuado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Y también se ha sostenido que "la ley 24390... establece, bajo las condiciones por ella previstas, plazos perentorios de detención que resultan de imperativo cumplimiento para los jueces" (Fallos: 320:2105, voto del juez Bossert, y Fallos: 322:2683, voto de los jueces Petracchi y Bossert)."
La nueva Ley 25.430 ha dejado de ser mixta al derogarse su componente con incidencia en el derecho sustantivo. Por lo que si V. E. estima podrá resolver la libertad de nuestros defendidos al amparo del art. 1 de la Ley 25.430 por haberse violado los plazos máximos de Prisión Preventiva sin que haya recaído sentencia.
4.2.- De todos modos y, a mayor abundamiento, sabido es que la Prisión Preventiva solo puede tener por fin, como medida cautelar, la custodia de los fines del proceso y de la aplicación de ley sustantiva. Con respecto del primero de esos fines, no se halla en riesgo con la libertad de los encartados, pues la investigación se halla absolutamente concluida y esclarecida, por lo tanto no hay complejidad.
Con respecto al segundo, es decir, al peligro de la no aplicación de ley sustantiva, se halla deslegitimado por las razones claramente expuestas por la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos) sobre los derechos en juego. Al respecto ha dicho: “86.- Tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido…Sin embargo, debido a que ambos argumentos se inspiran en criterios de retribución penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de libertad. La proporcionalidad que debe existir entre el interés general de la sociedad en reprimir el delito y el interés del individuo en que se respeten sus derechos fundamentales se rompe en perjuicio de este último, a quien se le impone un mayor sacrificio. 87.- Además, la expectativa de una pena severa, transcurrido un plazo prolongado de detención, es un criterio insuficiente para evaluar el riesgo de evasión del detenido. El efecto de amenaza que para el detenido representa la futura sentencia disminuye si la detención continúa, acrecentándose la convicción de aquel de haber servido ya una parte de la pena. 88.- En tal circunstancia, el Estado puede perfectamente adoptar otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del inculpado, que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal. Más aún, la existencia de un sentido de proporcionalidad entre la sentencia y el encarcelamiento previo es, para todos los efectos, una justificación para la pena anticipada, lo cual es una violación del principio de presunción de inocencia consagrado en la Convención. 89.- En vista de que la detención preventiva representa la privación de la libertad de una persona que todavía goza de la presunción de inocencia, debe basarse exclusivamente en la probabilidad de que el acusado abuse de la libertad condicional y proceda a la fuga, y en el hecho de que la libertad condicional de un acusado pueda llegar a convertirse en un riesgo significativo. Sin embargo, la privación de libertad previa a la sentencia no debe basarse únicamente en el hecho de que un presunto delito es especialmente objetable desde el punto de vista social”.
4.3.- De esta proyección que realizamos en base al art. 1 de la Ley 25.430 y la igualmente cierta circunstancia de que no concurre ningún factor habilitante para disponer la prórroga de la Prisión Preventiva, es que esta defensa entiende que es de pleno derecho disponer la libertad de los imputados. Al respecto, solo podría ponerse en duda esta decisión jurisdiccional requerida si existiera en el caso particular las causales previstas en el art. 3 de la propia Ley 25.340 invocada. Puestos a considerar dicha posibilidad es pertinente recalcar, como se ha manifestado precedentemente, que no existieron articulaciones dilatorias por parte de la defensa ni incidentalismo procesal malicioso. Todo planteo de nuestra parte ha estado vinculado a la defensa básica en esta etapa instructoria. Por el contrario, es la Jurisdicción la que ha estirado injustificadamente y de manera ilegal todos los plazos para resolver cuestiones esenciales a los derechos constitucionales. Así, como muestra podemos recordar (punto 3.4 de este escrito) los seis (6) meses que se ha tomado la Cámara Criminal Nº 1 en confirmar la Prisión Preventiva de nuestros defendidos repitiendo práctica y textualmente los mismos argumentos del Juez de Instrucción.
Con respecto al problema del art. 319 del CPP de la Nación, invocado por el art. 3 de la Ley 25.340, en realidad y a ciencia cierta, no encuentra aplicabilidad en este caso ya que no hay elementos probados en la causa, ni indicio alguno, que objetivamente hicieran presumir a la Jurisdicción, de manera fundada y despojada de todo simple acto de voluntad, que “el mismo intentará eludir la acción de la justicia”, o sea, que nuestros defendidos intentarían fugarse. Y aquí es justo recordar el criterio exhibido por el más alto tribunal de la Nación en el fallo: T. 513. XXXIX. “Trusso, Francisco Javier s/ incidente de excarcelación -causa n° 91.833/51 T-.” - 12/11/2003 – CSJN – “…de las circunstancias causídicas y fácticas del caso, podemos inferir que Trusso, de ser excarcelado, no eludirá la actuación de la justicia, pues, a esta altura, le favorece menos la rebeldía que la sujeción...”. Como bien reflexiona la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este ejemplar fallo, a nuestros defendidos, a estas alturas de este proceso tan prolongado y sin que se avizore una fecha cierta de debate, habida cuenta de que está recurrido el auto de Prisión Preventiva y la denegatoria de la Excarcelación por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, y ni que hablar del requerimiento de elevación de la causa a Juicio.
A NUESTROS DEFENDIDOS, AL IGUAL QUE AL IMPUTADO EN LA CAUSA ARRIBA CITADA (Francisco Trusso) LE PERJUDICA MAS UNA REBELDIA ( FUGA ), QUE SUJETARSE A LA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA.
En el hipotético caso que a los encartados les opongan la sub-especie de la “especial gravedad del delito” objetiva y puntualmente en el caso de marras debemos decir: Que es un delito absolutamente excarcelable por su escala punitiva; además, y como ejemplo comparativo, Rudy Gil de Muro co-procesado en esta causa se encuentra gozando, y a derecho, de su libertad ambulatoria, al serle concedida la excarcelación, y a nadie se le ocurrió que podría existir “peligro de fuga”. Y, para mayor abundamiento, la conducta atribuida por el a-quo y la Cámara a nuestros defendidos se encuentra seriamente cuestionada, como una conducta penalmente tipificada, por esta defensa, no solo porque la conducta no encuadra en el tipo penal imputado, (afirmación que se desprende del propio Auto de Prisión Preventiva) sino porque además no está probado que haya existido el delito mismo del tipo penal que se les atribuye, por lo que actualmente se encuentra apelada por un Recurso de Inconstitucionalidad presentado por ante la Excma. Cámara Criminal Nº 1.
Que, de todos modos, y a todo efecto, la sola referencia al art. 3 de la Ley 25.340, que presuntamente podría utilizar el Ministerio Público, para oponerse a esta solicitud, en cuanto “a la gravedad del delito” o de que “intentará eludir la acción de la justicia” (fuga), sin precisar cuales son las aristas de la gravedad o las circunstancias concretas que permitan presumir fundadamente, que López o Astorga intentarán burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión judicial que sólo trasuntará la voluntad de denegar el beneficio solicitado, como ya ocurrió en otras oportunidades cuando esta defensa acudió a otros institutos procesales como la Excarcelación bajo Caución Real para ambos imputados o el Cese de Prisión solicitado para Astorga.
Que, siguiendo con el art. 3 de la mencionada Ley, y en cuanto al otro elemento eventualmente oponible a la libertad de nuestros asistidos, cual es de que “existieren articulaciones manifiestamente dilatorias de parte de la defensa” ya hemos esclarecido de manera específica en el punto 3.6. de la presente articulación, en el cual queda palmariamente demostrado que se realizaron exclusivamente las presentaciones indispensables al resguardo de los derechos de nuestros defendidos y que están establecidos expresamente en el CPP de la Provincia del Chaco.
4.4.- Profundizando aún más, sin perjuicio de la superioridad del art 7 pto. 5 de la CADH, en relación al Recurso de Apelación al Auto de Prisión Preventiva, campea en materia de Derechos Humanos los principios de irreversibilidad y progresividad, por lo que deberá prevalecer la norma que mejor tutele el derecho humano afectado, en el caso, el derecho a la libertad de nuestros defendidos.
Por lo tanto disponer una prórroga de la Prisión Preventiva no es otra cosa, en este marco de ideas, más que desnaturalizar el sentido y límite de la Prisión cautelar haciéndola en verdad cumplir, anticipada y caprichosamente, una pena con grave vulneración del principio de inocencia que tiene basamento constitucional.
Así las cosas, no cabe duda alguna, que la prolongación del encierro precautorio en tales condiciones ya implica de por si un incumplimiento a las normas superiores que venimos invocando; pues como bien sabe, V. E., el plazo máximo de Prisión Preventiva no puede exceder los dos (2) años sin que se haya dictado sentencia. Cabe preguntarse entonces: ¿para qué, con qué fin seguimos manteniendo detenida a una persona si no en el cumplimiento anticipado de una sanción?
4.5.- La situación de que la persecución penal, por diversas causas no imputables al justiciable, se prolongue durante mucho tiempo, ha desembocado en la necesidad de establecer límites temporales al encarcelamiento preventivo, los que una vez sobrepasados convierten la detención en ilegítima o dicho en el lenguaje del Pacto Interamericano: “porque la detención ha dejado de ser razonable”.
En esto se puede convertir la situación de nuestros defendidos, en el hipotético e improbable caso de no ser favorable la resolución, y la verdad es que los tribunales no pueden ni deben seguir resolviendo la cuestión como si no existieran las disposiciones de protección constitucional del principio de inocencia y de los plazos razonables para la Prisión Preventiva. Es decir, que lo que realmente está en juego, es la legitimidad constitucional de este encarcelamiento preventivo. Así ha dicho la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que lo relativo a la interpretación de estas normas debe canalizarse por la vía del art. 456 inc.1 CPPN por cuanto se trata del “…planteo relativo a la interpretación de una ley reglamentaria (…Ley 24.390) de la garantía constitucional a un juicio penal oportuno, en el que, superado el plazo de sustanciación razonable, el imputado preventivamente encarcelado debe ser puesto en libertad sin perjuicio de la continuación del proceso (art. 7.5. de la Convención y art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) – CNCP, sala I, “Oviedo, Mario Marcelo” del 16/10/98.-
Ello es así, habida cuenta que la regla general es la libertad del acusado durante el juicio y sólo excepcionalmente podrá ser privada de ella. Esto surge de la lectura armónica de la Ley de Leyes en sus artículos 18, 33 y 75 inc. 22, y en especial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” y el Pacto Internacional de Derechos de Derechos Civiles, Sociales y Políticos.- El primero de los instrumentos de derecho público internacional consagra que: “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” y “nadie puede ser privado de su libertad fisica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes…”; pero “toda persona detenida o retenida… su libertad podrá estar condicionada a garantías que asegures su comparecencia en juicio “ (art. 7, aps. 1º, 2º y 5º, CADH).-
En similar sentido se manifiesta el segundo de los documentos mencionados, al dejar expresamente sentado que: “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…” y “…La prisión Preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinadas a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo” (art. 9, aps. 1º y 3º PIDCS y P)
Por ello, toda interpretación normativa que tienda a restringir la libertad ambulatoria de nuestros defendidos son razones meramente subjetivas derivadas de meras especulaciones del juzgador sobre la posibilidad de que la persona se sustraiga a la jurisdicción deviene inconstitucional.
4.6.- La interpretación restrictiva de la libertad física es violatoria de la Constitución Nacional desde el Preámbulo mismo que visionariamente proclama el objetivo de “…asegurar los beneficios de la libertad…”, estando especialmente comprometidos los artículos 14, 18, 28, 33, 75 inc. 22 y concordantes de la Carta Magna.
En este sentido, insistimos, la libertad es un objetivo privilegiado por el constituyente y una interpretación forzada de los textos procesales solo pueden conducir a la vulneración constitucional. Más aún cuando se trata del caso de personas cuya conducta precisamente se destacó por estar siempre a derecho y respetar las decisiones judiciales. No debemos olvidar, como lo sostuvimos y lo probamos en los recursos de Inconstitucionalidad con Apelación, ante la denegatoria de excarcelación bajo caución juratoria y caución real, de que tanto López como Astorga se presentaron espontáneamente ante el Juez de Instrucción al enterarse por los medios de prensa de que existían orden de captura, a pesar de haber presentado con anterioridad certificados médicos, de los cuales el a-quo nunca se preocupó en verificarlos como exige la Ley ritual. Como siempre sostuvimos, López y Astorga nunca llegaron al Juzgado de Instrucción Nº 5 ni esposados ni en patrulleros, llegaron por sus propios medios, y más aún sabiendo que el otro co-imputado en la causa Rudy Gil de Muro ya estaba detenido y que a ellos le esperaba el mismo destino. Es decir, mis asistidos se presentaron voluntaria y espontáneamente para quedar detenidos. No les fueron a buscar a sus casas, ni le sorprendieron huyendo en una carretera, ni lo tomaron en ningun aeropuerto. ¿ entonces donde está el peligro de fuga ?
Si hubieran querido fugarse lo hubieran hecho, porque pasaron 8 dias, desde la citación a indagatoria, en que presentaron certificados médicos, hasta el 13 de julio de 2006 en que se presentaron solos.
Párrafo especial merece el hecho de que uno de los co-imputados en esta causa, el Dr. Gil de Muro, se halla gozando de su derecho a la libertad ambulatoria, habida cuenta que le fue concedida la excarcelación, que en derecho le correspondía, lejos está del ánimo de esta defensa, cuestionar esta libertad. Pero la comparación con mis defendidos se vuelve inevitable. La sola comparación de ambas posiciones no resiste el menor análisis; y recurro a ella porque la justicia requiere de la más absoluta transparencia, y esto significa sinceridad. Por eso estamos siendo muy sinceros cuando ponemos este ejemplo comparativo que, a nuestro entender, destila injusticia y discriminación ilegal; y a lo que podría sumarse otro caso, como el del Sr. SUAREZ, imputado del mismo delito y en libertad, si bien en otro expediente, pero relacionado a esta causa, que bien conoce V.E.-
Peor aún, la apuntada circunstancia se hace aún mas inexplicable y contrastante que en procesos, como el que aquí nos ocupa, en los que ni siquiera se ha realizado el requerimiento de elevación de la causa a juicio, y sin embargo se los mantenga detenidos, bajo un régimen de prisión preventiva basado en la “PELIGROSIDAD” de fuga, que solo puede recordar a los regimenes totalitarios al estilo del nacionalsocialismo y equivalentes.
Dadas estas explicaciones desaparecen todas las barreras que impiden la concesión del beneficio que aquí solicitamos; no existiendo más garantías que la promesa de los encartados de concurrir ante los estrados judiciales cuantas veces se considere necesario, siendo avalista de ello la propia actitud de mi defendido Félix Cayetano López que en numerosas oportunidades se constituyó en la sede de los tribunales cuando fue requerido incluso telefónicamente. Por ejemplo: cuando fue requerido por el Juez de Sáenz Peña en el año 2004 a prestar Declaración Explicativa no jurada; o cuando el propio Juez de la causa, Dr. Inocencio Zanazzo en septiembre de 2005 citó telefónicamente a “conversar” sobre la causa a lo cual López acudiera inmediatamente. En otra oportunidad este mismo Juez llama telefónicamente a López en noviembre de 2005 para prestar también una Declaración Explicativa no jurada, cita a la cual acudió, donde estuvo presente “informalmente” la Fiscal Ad Hoc Dra. Pachecoy, en esa oportunidad sin ninguna obligación López se ofrece para colaborar con la investigación con la documentación y el testimonio que necesiten. Todo lo cual consta en las presentes actuaciones.
Que, así las cosas, esta situación restrictiva de su libertad se ha tornado irrazonable tanto por su innecesariedad como por su exceso, debiendo recordarse que lo irrazonable es en definitiva arbitrario y que así debe considerarse al mantenimiento de su prisión sin pena fijada legalmente en juicio previo (art. 18 CN)
Al respecto MAIER refiere que “La Ley Fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar la voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia firme que declare su culpabilidad y lo someta a una pena”.
Por lo tanto el derecho a ser juzgado implica el derecho a que recaiga una sentencia firme y que esa sentencia firme – “juzgamiento” – lo sea dentro de un plazo razonable.-
4.7.- Para concluir, y en referencia al antecedente del imputado Félix Cayetano López, a título ilustrativo vale recordar, el transcendental fallo de la Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en los autos “Ruy Barbará, Rodrigo s/ excarcelación” en el que se le concedió este beneficio al inculpado pese a los antecedentes condenatorios y causas en trámite que poseía al momento de evaluar su liberación anticipada (C.C.C., Sala I, Dres. Donna, Elbert y Bruzzone; Rta.: 10/11/03).
En tal oportunidad se dijo que: “…no hay posibilidad de aceptar límites a la libertad del imputado que tengan que ver sólo con las escalas penales, tal como el codificador lo ha expresado de manera terminante en el art. 316 CPPN… Si se quiere entender este código de manera armónica con las Convenciones de Derechos Humanos, debe aceptarse que este artículo es inconstitucional cuando sea interpretado iuris et de iure…” (del voto del Dr. Edgardo A. Donna).
Y también que “el encarcelamiento preventivo solo puede tener fines procesales, porque se trata de una medida cautelar, no punitiva, criterio que, como se dijo, surge de lo expresamente previsto en el art. 280 del CPPN y que fuera consagrado en distintos precedentes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver, en este sentido, el comentario de Alberto Bovino al fallo “Suárez Rosero”, en Nueva Doctrina Penal, 1998 B, pags. 631 y ss., en part. Pags. 672 y ss)… la sola sospecha de que el imputado, por el monto de pena que se espera en el caso de recaer condena intentará eludir la acción de la administración de justicia penal, no puede justificar ningun encarcelamiento preventivo (del voto del Dr. Gustavo Bruzzone).-
En idéntico sentido, dicho Tribunal se ha pronunciado en el fallo “Barrionuevo, José Luis s/ exención de prisión” (C.C.C., Sala I, Donna, Elbert y Bruzzone; C. 22.553, Rta.: 27/11/03 y en muchos otros posteriores.
Recientemente la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal se pronunció en el mismo sentido y con cita expresa del precedente “Rodrigo Ruy Barbará”, al resolver el 22/12/04 en autos “Macchieraldo Aquiles Alberto s/recurso de casación e inconstitucionalidad” (causa nº 5473, reg. Nº 843/04), de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General de esa instancia. Entre otras cuestiones allí se dijo que: “…no hay posibilidad de aceptar límites a la libertad del imputado que tengan que ver sólo con las escalas penales, tal como el codificador lo ha expresado de manera terminante en el art. 316 CPPN…” , observándose luego, con invocación del informe nº 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parrafo 30, que “… si los magistrados que entienden en la causa no tienen la posibilidad de demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve injustificada”.-
4.8.- Respecto de la presente solicitud de libertad por cese de la prisión preventiva y teniendo en cuenta que el presente proceso se sustancia en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta (arts. 173 inc. 3º y 7º del CPA ), y teniendo en cuenta que el monto máximo de la pena prevista no supera los seis (6) años, es que nos encontraríamos "prima facie" ante la hipótesis contemplada por el art. 296 inc.1º del C.P.P. para la Pcia. Del Chaco, y que con ello sería viable la presente petición.
En efecto y más allá de la medida de cautela personal que dispusiera el Juez instructor al resolverse la situación procesal de nuestros asistidos y que hoy en día los mantiene detenidos, no podemos ignorar que la presunción de inocencia de que goza LOPEZ Y ASTORGA hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme que ponga fin a este proceso, está contendida en el art.18 de la ley Fundamental y tiene como una de sus consecuencias fundamentales la exigencia del reconocimiento al derecho de permanecer en libertad durante todo el trámite de esta causa, criterio este que fue además recogido en las normas internacionales que integran a partir de la reforma constitucional de1994, nuestro ordenamiento máximo (vg. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 apartado 3; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art.7, apartado 5).
Por lo demás, no debemos olvidar siguiendo, entre otros, a Bovino, A ("Problemas del Derecho Procesal contemporáneo", Ed. Puerto, Bs, As, pág. Nº 136 y ss.) y Maier, J. ("Derecho Procesal Penal Argentino", T. I, pág. 282/3) que "la detención preventiva como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Y el carácter procesal de la detención significa que la coerción (la privación de libertad) se utiliza para garantizar "la concreta averiguación de la vedad y actuación de la ley penal".
En el mismo sentido opina Cafferata Nores ("Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación", Desalma, Buenos Aires, 1994 pág. 122 y ss) cuando sostiene que las medidas de coerción procesal "sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o de la actuación de la ley sustantiva".
4.9.-De igual manera ha receptado la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, a partir de los precedentes más remotos este favor libertáis de que goza la persona sometida a proceso, hasta tanto recaiga una sentencia final dictada con autoridad de cosa juzgada y que se engarza con el in dubio pro reo contenido en el art. 4 del C.P.P. para la Pcia. Del Chaco con su correlato a ser puesto en libertad sin perjuicio que continúe el proceso, que deriva de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable receptada por el art. 7, inc. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (cfr. entre otros fallos 54:264; 280; 297; 290:393; 300:642; 304:184; 305:1022; 307:1615; 324:3788).
De allí que consideremos que la limitación de la libertad personal durante el proceso desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, al convertirla en una verdadera pena anticipada, pues la aspiración social de que todos los culpables reciban pena presupone que se haya establecido previamente esa calidad.
La detención o la prisión provisional, dice Bovino (op. Cit. pág.138) "no son penas ni deberán emplearse nunca para lograr fines que legítimamente corresponden al ámbito de las sanciones penales".
En consecuencia es unánime el criterio de que la coerción procesal que representan este tipo de medidas sólo tiende a proteger la realización de fines procesales que pueden ser puestos en peligro. 1) cuando el imputado obstaculiza la averiguación de la verdad -entorpecimiento de la investigación- y 2) cuando se fuga o existe peligro de ello e impide la aplicación del derecho penal material.
Ninguno de estos extremos se han dado en el presente legajo pues los imputados siempre colaboraron con la investigación, aportando información y documentación, no objetando, ni impugnando, ninguna de las pruebas documentales arrimados a la causa, como ser la Auditoria practicada por Peritos del STJ del Chaco, ni los distintos informes de los Bancos, ni los informes de los Agentes de Bolsa, ni el Informe de Caja de Valores, Felix Lopez reconoció los Contratos de Compra Venta Comercial que firmó con Gil de Muro, como único titular y legitimo tenedor de los bonos, nunca se solicitaron careos, ni se impugnaron testimoniales por parte de mis asistidos .
4.10.- Que, pasando a analizar los antecedentes doctrinarios de la problemática del encarcelamiento preventivo, esta cuestión no es una preocupación de los juristas de este tiempo únicamente, como en equivoco se piensa. El Maestro Jofré, anotando el original artículo 56 de su Código decía de la morosidad judicial: “Todo el mundo la reconoce, perjudica las garantías individuales, la moral pública y el crédito del país. Seis meses para que un proceso recorra todas sus fases no es un tiempo breve; pero es peor el sistema actual, en que no se sabe cuando terminan las causas y los hombres se pudren en las cárceles esperando la tardía sentencia. Las reformas introducidas (se refería a su anteproyecto de 1908) no significan en manera alguna que los funcionarios no deban expedirse dentro de los plazos del Código. Su alcance es otro: tiende a evitar las eternas demoras que tanto mal hace a nuestra justicia, marcando un límite para la duración de los procesos, del cual no se podrá pasar impunemente. No hay causa, por complicada que sea, que no pueda fallarse en los términos que consigna el artículo”. (Código de Procedimiento Penal Comentado Ed. Depalma Bs. As. 1965 pag. 43.-
Que, estudiando al Maestro Jofré, no podemos substraernos de reflexionar sobre la suerte de nuestros defendidos que, cien años después de que estas líneas doctrinarias fueran publicadas, cumplen calladamente un encierro sin ley ni razón jurídica que pueda sostenerse con seriedad institucional, más que con subjetivadas argumentaciones del juzgador como “la complejidad de la causa”, etc. Más si se piensa que se trata de una causa que si bien cuenta con aproximadamente 35 cuerpos del Expediente, no posee una sola línea documentada y fundada en derecho que explique con claridad meridiana y circunstanciada la relación de los hechos de la causa y en ella la ubicación concreta de la conducta supuestamente típica de los imputados. No hay nada, sin embargo, allí están detenidos indefinidamente. Están detenidos por las dudas de que en algún año futuro, luego de llenar edificios enteros de cuerpos nuevos, se logre explicar a la sociedad qué delito se ha cometido y que conducta típica realizaron nuestros defendidos por lo cual estuvieron tanto tiempo encerrados. Para entonces, ¿Quién responderá por los derechos violados, por los daños producidos y los años perdidos de estas familias con menores a cargo? ¿Quien responderá por años de violación sistemática a los derechos de estos niños a quienes se les ha privado ilegítimamente de la protección, el cuidado y la manutención de su padre detenido y estigmatizado? ¿Acaso toda la sociedad deberá soportar esta reparación y esta vergüenza social e institucional?
Que, así es el caso del imputado Walter Alejandro Astorga, padre de tres chicos menores, dos de ellos bebés y uno en edad escolar primaria, Nicolás Astorga (9 años), a quien sus compañeritos de clase le preguntan con esa crueldad propia que suelen tener los chicos en esa etapa de su vida: ¿Tu papá está preso porque robó? ¿Tu papá sigue preso por ladrón? Se encuentra afectado psicológicamente con una tristeza extrema por el trastorno familiar de la ausencia del padre, y el estigma que rodea esa ausencia. Félix Astorga (3 años) casi no identifica el rol de paternidad del imputado porque más tiempo de su vida lo conoció detenido. El último hijo, recién nacido, Juan Simon López, ni siquiera pudo contar con la inscripción de su identidad a través del apellido del padre.
Todo esto con el agravante de que Walter A. Astorga no era miembro del Directorio de Egiway Corporation, sino empleado de la misma que cumplía órdenes del Presidente de la Empresa, esto en cuanto a las transferencias bancarias, internas, de cuenta a cuenta de la misma empresa y que además no posee ningún tipo de antecedentes penales. La detención de Astorga es insostenible bajo cualquier arista jurídico procesal que se pretenda. ¿Qué interés del proceso se está resguardando manteniendo el encierro de un padre proveedor de sus tres hijos y su mujer? ¿Qué resguardo procesal de esta causa puede justificar condenar de hecho a tres niños a la intemperie moral y económica? Un padre proveedor y apegado a sus hijos, sin antecedentes penales y acusado de un delito menor (máximo de pena 6 años), jamás debió estar detenido cautelarmente, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico que incluye el rango constitucional de la Convención de los Derechos del Niño.
Mucho más modernamente, también con una prosa clara y concreta, el Maestro de Frankfurt Winfried Hassemer se ha pronunciado respecto de las condiciones de legitimidad del encierro preventivo con esta afirmación medular: “La prisión preventiva es privación de libertad frente a un inocente. Entre juristas penales no deberían existir dudas acerca de que ni siquiera la sospecha más vehemente podría estar en condiciones de restringir el principio de inocencia. Esto lo exige no solo la garantía de existencia de este principio, del cual nada quedaría si al suficientemente sospechado se lo considera como “quizás inocente” y al fuertemente sospechado como “más bien culpable”. Esto es exigido también por el respeto frente al procedimiento principal y frente a su conclusión con fuerza de cosa juzgada: quien no defiende la presunción de inocencia aún en caso de sospecha vehemente del hecho en forma radical, le quita valor al procedimiento principal, y eleva los resultados del procedimiento instructorio, provisionales y adquiridos con instrumentos jurídicamente menos idóneos, a la categoría de sentencia condenatoria. El jurista penal, en lo que se refiere a la culpabilidad del imputado, solo confía en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Se permite confiar en la fuerza de existencia de esta sentencia aun cuando sean absolutamente posibles las dudas acerca de su corrección. De ello se sigue necesariamente que la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del derecho penal material. La persecución de fines de prevención general o especial presupone que se encuentre firme el presupuesto de ese derecho penal material: la culpabilidad del afectado.” (Hassemer, Winfried “Crítica al Derecho Penal de Hoy” Trad. Patricia Ziffer, Ed. Ad – Hoc, Bs. As. 1998 Pág. 117 y sig.)
Que, entendiendo la vocación por elevar las medidas procesales precautorias del instructorio por encima del proceso principal de los juzgadores del “peligrosismo” contemporáneo, uno puede explicarse las razones que motivan a los instructores de la causa que nos ocupa. Como bien nos señala el Maestro de Frankfurt, quien considera culpable de antemano al detenido preventivamente, violando así el principio constitucional de presunción de inocencia, quiere que se prolongue lo más posible la etapa instructora, porque el encierro cautelar del cual dispone este juzgador “peligrosista” es la pena que ha decidido para el precoz condenado. Es la pena que puede imponer por decisión unilateral, sin hacer ruido en la tranquilidad de escritorios oscuros se resuelve sin publicidad ni testimonios inesperados la suerte del reo. Quien desprecia el verdadero proceso penal, que es oral, que es público y participativo, prefiere extender la prisión preventiva y demorar lo más posible el instructorio para evitar la elevación de la causa a Juicio. Para ello siempre se encuentra a la mano excusas superficiales: que la complejidad de la causa, complejidad buscada obviamente por la misma jurisdicción; que la peligrosidad de los imputados; que si igual se lo va condenar porque es culpable para qué soltarlo; que la peligrosidad; que pueden entorpecer el proceso; que porque tiene dos domicilios entonces eso prueba que no se sabe donde vive que por lo tanto de pronto podría dejar de vivir en el país, que por las dudas lo dejamos que viva en la Comisaría; que no ha intentado reparar nada que no quiere pagar el monto que le debe a los “perjudicados” por la estafa por lo cual ya se los considera estafadores y además le piden plata para soltarlos; Todo argumento: ***** ***** más insignificante al más aberrante es bueno para encerrar ilegítima, ilegal e inconstitucionalmente a una persona. El juzgador instructorio que ofende la autoridad que solo encuentra la sentencia de cosa juzgada es la fiel prueba de la frustración del Derecho y de la Justicia frente a la ignominia de la arbitrariedad autoritaria.
Que, al respecto de la causa que nos ocupa, cabe preguntarse ¿Por qué el juzgador instructorio (en opción peligrosista) prefiere no llegar a Juicio?, ¿o dilatar lo más posible la elevación a Juicio Oral y Público? Si está confiado (ilegítimamente) en la culpabilidad del encerrado ¿por qué no confiar en el Tribunal del Juicio Oral y Público y de paso cumplir con la ley ritual y la Constitución Nacional? Seguramente que las condiciones de Inmediatez, Oralidad y Publicidad del Juicio Oral y Público no permitirían exponer a la luz pública las aristas de un delito que en verdad objetiva y probada nunca existió en realidad social. No se podría afirmar “tal hecho ha ocurrido” cuando ese hecho nunca hubiere ocurrido. Tampoco podrá fabricarse dogmáticamente un evento que no haya sido verificable como existente. Tampoco podría ajustarse los detalles de la realidad al tipo penal, no cabría más que hacer lo contrario, lo que se ajusta a derecho, que es verificar si el tipo penal se ha verificado presente en la realidad social. No podrá tampoco afirmarse sin fundamentos ni pruebas que existió conducta típica, cuando no ocurrió un tipo penal. Si no hay delito no hay delincuente. Un hecho, por más antipático o doloroso que pueda significar por su impacto en el cuerpo social, si no encuadra en un tipo penal, no es delito penal ni plausible de pena el hecho. Podrá tratarse de un hecho reprochable moral o éticamente, pero no penalmente, si así no se hiciere, el art. 18 de la Constitución Nacional estaría dibujado y cualquier ciudadano podría ser acusado de cualquier cosa y detenido y castigado. El principio de legalidad es taxativo y de absoluta respetabilidad jurisdiccional. En el Juicio Oral encuentra su espacio de realización plena: allí se debe invocar con claridad qué tipo penal se ha investigado y qué conducta con respecto al tipo se ha probado y verificado de los imputados, ley anterior al proceso, lo mínimo de un Estado de Derecho. Todo esto se torna absolutamente sencillo en un Juicio Oral y Público. Allí el Ministerio Publico debe explicar su caso y los defensores el suyo, y se debate y se contrapregunta y los testigos deben estarse a derecho cumpliendo con la exposición que implica la carga pública. Nuestros defendidos sufren encierro indefinido sin perspectivas actuales de elevación de Juicio porque en el Juicio quedaría inmediatamente probado y clarificado, lo que 35 cuerpos de instructorio pretenden oscurecer, no hay delito, no hay tipo penal, por lo tanto la conducta descripta por el a-quo es atípica.
4.11.- Esta defensa quiere destacar que en la causa de alto impacto social conocida como “Causa Cromañon” en la que murieron más de 194 personas en la cual el acusado Omar Emir Chabán y procesado por el delito de estrago doloso y cohecho activo que tiene una pena mínima de ocho años de cárcel y una máxima de 26 se encuentra en libertad al haber hecho lugar la Cámara de Casación de la Capital Federal una solicitud de cese de prisión preventiva interpuesta por sus abogados defensores en términos similares en que la defensa de López y Astorga realizamos en el presente escrito. Entre los fundamentos por los cuales se le otorgó el cese de prisión rescatamos lo siguiente: “… más allá de la complejidad del caso en cuestión, en miras al carácter provisional de la prisión preventiva, la procedencia de su prórroga no está vinculada únicamente a las tareas realizadas o por realizar" por parte del tribunal oral. Esto, según Casación, "depende de la existencia concreta de riesgo de frustración de los fines del proceso por parte del imputado Omar Chabán", quien es el único imputado en la causa que está preso porque siempre se consideró que existe peligro de que se fugue dada la gravedad del delito que se le imputa. También se afirmó que: “el estado natural del hombre es la libertad y la cárcel durante el proceso debe ser excepción. Negar la excarcelación mecánicamente porque el delito tiene previstas penas altas es inconstitucional porque va contra la garantía de la presunción de inocencia. Lo que se debe hacer para decidir o no la excarcelación, por más grave que sea el delito que se imputa, es examinar si hay o no posibilidad de que el acusado libre se fugue, altere pruebas o frustre el juicio”.
Que, esta defensa alude en particular a este resonante caso porque Chaván, como nuestros defendidos, se encontraba con prisión preventiva durante más de dos años sin tener sentencia. Nuestros defendidos ya cumplieron dos años de detención preventiva sin sentencia y aún no son excarcelados a pesar de que el delito del cual se los acusa es de una escala penal mucho más baja que el de Chaban, y a pesar de que los daños de aquel caso no se pueden comparar con la causa de nuestros defendidos ya que estamos ante 194 personas fallecidas. Sin embargo la Justicia por los argumentos técnicos, legales y constitucionales vigentes resolvió el cese de prisión preventiva para Chabán, lo cual obviamente con más razón aún corresponde a nuestros defendidos.
4.11.- JURISPRUDENCIA ESPECÍFICA: Que, vale también destacar a los efectos de esta causa, el fallo reciente de b. G. 206. XLII, “Guerrieri, Pascual Oscar s/ legajo de prórroga de prisión preventiva (art. 1º -ley 25.430)” del 11 de diciembre de 2007. La mayoría del Tribunal remitió al dictamen del señor Procurador Fiscal – jueces Petracchi, Highton, Zaffaroni, Maqueda-. En disidencia votó la jueza Argibay. En sus presentaciones, el apelante controvirtió la interpretación que, en autos, se había formulado de la ley 24.390 “…al considerar que el límite de la prisión preventiva ha sido fijado legalmente y que, en consecuencia, cualquier prórroga que exceda la autorizada, resulta ilegítima” (pto. II).
Por otro lado, también tacho de arbitrario el fallo apelado en la medida en que el rechazo de la excarcelación había reposado en pautas genéricas y de excesiva latitud que no bastaban para fundar en forma adecuada el peligro procesal como base de sustentación de la prisión preventiva. Dado que el recurso extraordinario se concedió en forma parcial y que el apelante no dedujo queja en punto al planteo de arbitrariedad, el pronunciamiento de la Corte sólo podía resolver el primer agravio. Dentro de dichos límites, se entendió que las argumentaciones del recurrente no bastaban para torcer la doctrina de Fallos, 310:1476; 319:1840 y 326:4604. Según se informa en la disidencia de la jueza Argibay, el apelante había invocado en su apoyo la disidencia del juez Bossert en Fallos, 320:2105, a los efectos de sustentar la idea conforme a la cual los plazos establecidos en la ley resultaban de aplicación automática. Para esa disidencia, el recurrente había rebatido con éxito la doctrina de los precedentes invocados por el a quo y el propio Procurador Fiscal, de tal forma que por ello, propugnó la declaración de admisibilidad formal del recurso. Sin embargo y al igual que en otras decisiones suscriptas por la misma jueza, la inexistencia de mayoría tornaba estéril –a su juicio- pronunciarse aisladamente sobre la cuestión de fondo introducida por la parte recurrente.
4.12.- Para terminar, V. E., vamos a transcribir un extracto del plenario del Tribunal de Casación Penal de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires del 30/11/06, en cuyo seno se debía establecer cual es el plazo máximo de duración del encarcelamiento preventivo, el voto corresponde al Sr. Juez de dicho cuerpo Dr, Fernando Luis Maria Mansini, la parte pertinente dice: “hija bastarda de la modalidad a la que llamamos pena, existe la prisión preventiva sin que ahora sea del caso abundar sobre las obviedades tantas veces dichas sobre su naturaleza o sobre su presunta necesidad.
Es gravísimo el padecimiento de los imputados cuya privación cautelar de la libertad se prolonga, puesto a que la incertidumbre que los angustia se añaden, en su perjuicio, las condiciones de un encierro que, sobra decirlo, están lejos de ser adecuadas.
Digo gravísimo sin demagogia. Digo gravísimo sin hipocresía. Digo gravísimo sin olfateo academisista distante. Digo gravísimo sin expropiar el dolor ajeno. Digo Gravísimo a partir de una apreciación propia y sincera.
Importa decirlo para que a modo de tormenta ello se cierna como un techo de advertencia bajo el cual despleguemos luego, con el temor reverencial que el asunto merece, nuestro pretencioso palabrerío.
El motivo del indisimulado disgusto que trasunto en los renglones precedentes es la insatisfacción que imagino sentirán los presos que alentaron una falsa expectativa.
La petición para que, en un plenario, se dimensione temporalmente, en general y en abstracto, el plazo razonable de prisión preventiva es, por todo lo explicado antes, estrambótica y por supuesto inaceptable.
Aún expresándolo con toda modestia, lo cierto es que lo dicho en el apartado precedente era, acaso, de inexorable advertencia. Por supuesto que de ninguna manera resulta exigible que las peticiones, para ser hechas, deban tener pronóstico de prosperidad (de otro modo determinadas situaciones nunca cambiarían), pero también es cierto que no puede alabarse calurosamente un intento con umbral de admisibilidad tan escaso, especialmente cuando no emergía como indescifrable su potencialidad generadora de esperanzas más vanas que cumplibles.
No importa. Me llamo al silencio inmediato. No estoy- nunca lo hago- para juzgar la tarea de las partes excediendo las necesidades de motivación del pronunciamiento.
Aún sobre los escombros de nuestras miserias nos corresponde, con toda humildad tomar los rezagos útiles e intentar construir justicia con sentido reparador, en la medida en que nuestra tarea lo permita.
Así lo digo por qué, igualmente, más alla del reparo relativo a la implausibilidad de la presentación, el esfuerzo defensista tienen la gran virtud de sacudir el polvo y mostrar en blanco sobre negro una situación que, por la gravedad a la que antes hice referencia, merece ser atendida con premura y dedicación por todas las vías pertinentes.
En ese transe es cuando, el preocupado pedido de plenario empieza a adquirir nobleza pues, cuanto menos, opera como una mano que toma la cabeza de quienes debieran atender el tema y la gira con pulso firme hacia el centro neurálgico de la cuestión. Nos obliga a recordarle a todos que no se puede mirar para otro lado.
Como derivación lógica de la proposición con lo que sostengo que el plazo razonable de la prisión preventiva no puede firjarse judicialmente y en abstracto, sino en un proceso en concreto, deviene necesariamente la recomendación para que quienes estén a cargo de cada uno de esos procesos revisen la racionalidad del encierro, sobre todo porque tal verificación debe ser considerada de naturaleza dinámica, es decir, potencialmente mutable conforme al tiempo y a otras contingencias. Si bien se mira, el espíritu que anima esta recomendación anida en el art. 168 bis incorporado a nuestra normativa ritual por la ley 13.480.-
Es tarea para ahora.
A modo de mera exhortación (no creo en otras directivas que las que emanan de convencer) señalo como impostergable que sin grandilocuencias discursivas, sin declamación sobre objetivos monumentales, sin proponerse lo imposible, ya, aquí y ahora, caso por caso, a pedido o de oficio, se comience con persistencia la tarea de revisión de perdurabilidad de los encierros preventivos en orden a un baremo razonable.
Para no dejar hueca la sugerencia precedente, adhiero en lo que respecta a las pautas que deben tenerse en cuenta para el análisis citado, a lo sostenido en el voto del Sr. Juez Dr. Jorge Celesia.
Así lo voto”.-
5.-RESERVA DEL CASO FEDERAL
Que, a partir de los planteos introducidos, he de tomar como recaudo legal el dejar asentada la voluntad de acudir eventualmente a la instancia superior mediante los recursos de Casación e Inconstitucionalidad; así como la expresa y formal Reserva del Caso Federal en los términos del art. 14 de la Ley 48. Ello es así en virtud de los derechos y garantías constitucionales invocados, tanto como por las vulneraciones constitucionales verificadas, entre las que se incluyen la Arbitrariedad, irrazonabilidad y gravedad institucional.
6.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto SOLICITAMOS:
1.- Se disponga la libertad bajo caución juratoria de nuestros defendidos .............................................................., en virtud del art. 1º y concordantes de la Ley 24.930 y su modificatoria la Ley 25.340.
2.- Se tenga por reservado el Remedio Federal de la Ley 48.
3.- Y en virtud de la cercanía de la Feria Judicial se habiliten días y horas inhábiles por la gravedad de los derechos invocados.
Proveer de conformidad que,
SERA JUSTICIA
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 1 año.
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