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Pablo Avila Camps
Pablo Avila Camps, Abogado de Argentina
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 851
Experiencia:  Abogado con más de 20 años de experiencia en materias laborales, previsionales, civiles y comerciales. Gran experiencia en resolución de conflictos por la vía conciliatoria.
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Hola, Tengo un cliente que la afip le abre sumario por la multa del Art. 45 en virtud de u

Pregunta del cliente:

hola, Tengo un cliente que la afip le abre sumario por la multa del Art. 45 en virtud de un que por requerimiento de fecha 18/03/2011, mi cliente preso conformidad a un ajuste propuesto y rectifico DDJJ de IVA por los periodos junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2010. Ello ocasiono la modificación en el traslado de los saldos a favor de libre disponibilidad del periodo anterior, generando así mayor impuesto a ingresar.
Puedo contestar algo o alegra algo que me exima del pago de la multa que se viene?
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
El principio en materia fiscal es solve et repete, es decir pague y reclame, pero si está dentro de los términos de procedimiento para realizar el descargo podría reclamar previamente. la multa en ese caso va del 50% a 100% el importe del impuesto. No hay mucha jurisprudencia al respecto y la normativa no es clara, lo que permite que el juez administrativo (funcionario de la A.F.I.P.) tenga mucho margen de discrecionalidad, así que es posible que le reduzcan o eliminen la multa>; como también que no lo hagan.-
Cliente: escribió hace 1 año.
Lo que yo no veo, espero que vos si, es que argumento puedo tomar como para intentar que el juez admin. proseda a eliminar la multa, cuando éste (mi cliente) ha sido quien consistio el ajuste. Estamos recien notificados de la apertura del sumario y cuento con 15 dias para dar la respuesta que haga a mi defensa.(de acuerdo al art 70)
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Podrías argüir error excusable y se considera tal cuando el porcentaje adeudado no supera el 40% del valor del impuesto. Fijate en lo que te pongo más abajo:"pide clemencia", en vista que no intenté eludir ni evadir mis obligaciones fiscales y que la diferencia, ya ingresada al Fisco, se debió a un error exculpable en mi auto liquidación del impuesto, solicitando se deje sin efecto la multa interpuesta o en su defecto que se reduzca la mismaCuando hay una determinación de oficio, ya sea sobre base cierta, como pareciera ser ahora, o sobre base presunta aplican una multa automatica por la no presentación o el error en la auto liquidaciónLuego otra multa, que es un porcentaje de lo que se debió haber ingresado, e intereses desde el incumplimiento hasta la notificación (resarcitorios) y si no paga aplican intereses punitorios Instrucción 6/2007: existe error excusable, cuando la norma aplicable al caso -por su complejidad, oscuridad o novedad- admitiera diversas interpretaciones que hubieran impedido al responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender el verdadero significado del precepto legal de que se trate.En orden a ponderar la existencia de error excusable eximente de sanción, el juez administrativo valorará todos los elementos de juicio disponibles en las actuaciones, tales como la norma incumplida, la condición del contribuyente, la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades, etcétera.El juez administrativo actuante podrá considerar que existe error excusable cuando el monto total del ajuste sea inferior a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) y en ninguno de los períodos involucrados dicho monto supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) del impuesto determinado por el contribuyente o responsable.Semántica
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
FIJATE SI ENCONTRAS ALGO EN ESTOS FALLOS QUE TE CUELGO Voces: ERROR EXCUSABLE - PRESUNCIÓN LEGAL - DOLO - PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS- AFIP DGI - PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - DECLARACIÓN JURADA IMPOSITIVA - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - DEFRAUDACIÓN FISCAL MEDIANTE DECLARACIONES ENGAÑOSAS U OCULTACIÓN MALICIOSA - MULTA ADMINISTRATIVA - DEBIDO PROCESO Partes: Cooperativa de Trabajo Integral-Coop. Ltda. (TF 16640-I) c/ DGI s/ Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 24-jul-2008 Cita: MJ-JU-M-39839-AR | MJJ39839 | MJJ39839 Se confirma la decisión del TF que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada. TribunalMateriaRelacionados Sumario: 1.-Cabe confirmar la decisión del TF -que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada- y, por lo tanto, rechazar el agravio referido a la violación del principio de congruencia, por haber sido sancionada por algo por lo que no se la acusó, y del derecho de defensa, toda vez que la actora no solamente alegó que las declaraciones rectificativas fueron presentadas en forma espontánea privando a su conducta de intención defraudatoria alguna (defensa pertinente para desvirtuar la sanción del art. 46 de la ley 11683), argumento éste que fue receptado por el a quo, sino que además invocó la existencia de un error excusable (defensa procedente contra la infracción prevista por el art. 45 de ley citada) y ofreció la prueba tendiente a su demostración. 2.-Cabe confirmar la decisión del TF -que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada- toda vez que es atribución de ese Tribunal encuadrar los hechos en la figura sancionatoria adecuada, independientemente de la tipificación de la resolución administrativa recurrida, siempre que no se vulnere el principio de la reformatio in pejus, lo que no ocurrió en el caso porque la multa que se aplicó fue más benigna que la que se recurrió. 3.-Cabe confirmar la decisión del TF -que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada- toda vez que en tanto al reencuadrar la conducta de la apelante el TF no afectó su derecho de defensa ni el principio de reformatio in pejus, la sentencia apelada se adecua a las previsiones del art. 164 de la ley 11683 y el agravio no puede prosperar. 4.-Cabe confirmar la decisión del TF -que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada- toda vez que de conformidad con lo previsto el art. 13 de la ley 11683, la presentación de una declaración jurada rectificativa de la primigenia, aunque sea espontánea, no hace desaparecer la responsabilidad que cabe al contribuyente por la presentación de la declaración original. 5.-Cabe confirmar la decisión del TF -que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada- pues si bien el art. 49 de la ley 11683 prevé varias hipótesis que permiten reducir el monto de la multa o eximir de sanción, entre ellas, no hay ninguna que establezca la eximición de la sanción en base a la presentación espontánea de la declaración jurada rectificativa. 6.-Cabe confirmar la decisión del TF -que declaró inaplicable la condonación de deudas de los decretos 93/00 y 1384/01 y reencuadró la conducta imputada a la actora por la DGI, por la omisión de pago del impuesto al valor agregado, en el art. 45 de la 11683, modificando la multa aplicada- toda vez que la demora incurrida por las sucursales del actor en remitir la información a la casa central, no justifica la conducta incurrida pues en tanto el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas era conocido por la contribuyente, ésta debió extremar los recaudos para cumplir en término con su obligación. Fallo: Buenos Aires, 24 de julio de 2008. Y VISTOS, estos autos caratulados "Cooperativa de Trabajo Integral-Coop. Ltda. (TF 12063-I) c/ DGI", y CONSIDERANDO: I.- Que el Dr. Carlos Manuel Grecco integra la Sala II en los términos de la Ac. 1/2008 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. II.- A fs. 14/20vta., la Cooperativa de Trabajo Integral Cooperando Limitada interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 24 de noviembre de 1998 por el Jefe de la División Jurídica de la Región Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, por la que se le aplicó una multa de $ 101.860,23.-, equivalente a un tercio (1/3) de dos tantos del impuesto al valor agregado omitido correspondiente al período enero-abril de 1998, con sustento en los artículos 46 y 49 de la ley 11.683. III.- A fs. 121/123vta., el Tribunal Fiscal de la Nación declaró inaplicables los beneficios de la condonación dispuestos por los decretos 93/00 y 1384/01 , reencuadró la conducta imputada a la recurrente en las disposiciones del art. 45 de la ley de procedimientos tributarios, y en consecuencia, modificó la sanción aplicada a la apelante y fijó su monto en un tercio del mínimo legal calculado sobre la suma de $ 152.790,35.-. Impuso las costas a la apelante en proporción a la suma a que la multa quedó reducida y por su orden en la restante.Para así decidir, consideró que los hechos que dieron origen a la sanción consistieron en la presentación por parte de la actora, cooperativa de trabajo con domicilio legal en San Pedro y sucursales en Pergamino (Provincia de Buenos Aires) y Concordia (provincia de Entre Ríos), de las declaraciones juradas de IVA períodos enero a abril de 1998 consignando datos que el Fisco entendió inexactos y que constituían omisiones que llevaron a eludir el gravamen a su vencimiento y en su justa medida. Puso de relieve que tanto las declaraciones juradas originales como las rectificativas fueron presentadas antes del inicio de la inspección y en el mes subsiguiente a aquél en que correspondía hacerlo, lo que permitía reconocer que no había existido intención defraudatoria que conllevara al encuadramiento de la conducta de la recurrente en los términos de los arts. 46 y 47, inc. a) de la ley 11.683, ya que no se había probado la grave contradicción entre los libros, registraciones, etc. y los datos que surgían de las declaraciones juradas, al ser estas últimas rectificadas. Consideró que, ".consecuentemente, y en atento la falta de prueba sobre la existencia de un errorinculpable, decisivo y esencial -la mera demora en la obtención de la información para la confección de las declaraciones juradas no aparece como un motivo razonablemente justificable, máxime cuando aún a la fecha no existen constancias del pago del crédito fiscal correspondiente- debe considerarse configurado un caso de omisión culposa de impuestos mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas, figura descripta por el art. 45 de la ley procedimental". Sostuvo asimismo que, dado que el fallo invocado por la apelante fue revocado por la Sala III de esta Cámara, no puede servir de base para modificar el monto sobre cuya base se calculó la multa. IV.- Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo el recurso de revisión y apelación limitada de fs. 127. A fs. 128/133vta., expresó agravios, cuyo traslado fue contestado por el Fisco Nacional a fs. 144/148.V.- La recurrente sostiene que el fallo del Tribunal Fiscal adolece de los siguientes defectos: a) viola el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio; b) no valora cuestiones esenciales respecto a los arts. 13 , 117, 118 y 119 de la ley 11.683 y renombrada doctrina que autorizan a presentar declaraciones juradas rectificativas; c) la condena en cosas resulta manifiestamente injusta y violatoria de expresas normas procesales. Señala que si es lícito presentar espontáneamente declaraciones rectificativas a favor del fisco sin su autorización, ello de ninguna manera puede resultar un comportamiento que merezca reproche contravencional en la figura del art. 45 de la ley 11.683. Sostiene que el propio fallo apelado reconoció que las declaraciones rectificativas fueron espontáneas y que la AFIP comenzó a instruir el expediente con mucha posterioridad, lo que hacía mucho más irrazonable el multar a la cooperativa por la conducta que sorpresiva y unilateralmente modificó el Tribunal Fiscal, sin que fuera materia de acusación por parte del órgano recaudador, ni materia de resolución por el juez administrativo, ni de mención por el apoderado de su contraria. Aduce que el a quo no valoró que las declaraciones rectificativas, al no ser impugnadas mediante el procedimiento establecido por los arts. 117, 118 y 119 de la ley 11.683, fueron aceptadas por la AFIP, por lo que mal puede entonces multarse a su parte por la supuesta comisión de una infracción por presentar supuestas declaraciones juradas inexactas si se ha probado que no hay diferencia con las constancias anotadas en los libros contables, ni se ha realizado una determinación de oficio. Esgrime que pudo haber omisión de pago de impuestos, pero que ello no es suficiente para tipificar la conducta establecida por el art. 45 y condenarla al pago de una multa exorbitante. Afirma que la resolución del Tribunal Fiscal ha violado el elemental principio de congruencia, por cuanto revocó la resolución administrativa que condenaba a su parte sólo por defraudación (art.46 de la ley 11.683) y en vez de absolver a la cooperativa, en forma unilateral y sorpresiva modificó y cambió la calificación legal a la figura tipificada por el art. 45 de la ley 11.683, sin que ello fuera materia de acusación ni de condena previa, impidiéndole ejercer el debido derecho de defensa en juicio. Se agravia de la forma en que fueron impuestas las costas. Aduce que el art. 71 del C.P.C.C.N. requiere, para distribuir proporcionalmente las costas, que haya un vencimiento parcial y mutuo, mientras que en autos existe sólo un vencimiento de su parte, que ha logrado anular la acusación y condena de defraudación (única realizada), sobre la AFIP. Sostiene que no ha existido acusación ni condena administrativa subsidiaria en base al art. 45, por lo que mal puede hablarse de que la actora haya resultado vencida de una conducta que no le fue imputada y de la cual no se defendió. Acusa al Fisco Nacional de conducta desleal, fundada en la circunstancia de que la agencia Mercedes se negó a informar la cantidad de rectificativas presentadas en los últimos tres años y el número de sumarios iniciados por la presentación de declaraciones juradas rectificativas, excusándose en el secreto fiscal. Afirma que, de haberse informado sobre ello, ". se habría demostrado el errortotalmente excusable en mi representada (de considerarse esa práctica una contravención), ya que como se lo informara es una práctica legal, habitual, tolerada y no reprimida por la AFIP, el que los contribuyentes presentes DDJJ rectificativas, sin que se les inicie sumario y multa" (sic). Señala que la prueba fue frustrada por la misma AFIP, bajo el pretexto del secreto fiscal, cuando no se le pedía información particular sobre contribuyente alguno. VI. En primer lugar, ha de tratarse el agravio relativo a la alegada violación del principio de congruencia. El Tribunal Fiscal de la Nación modificó la sanción aplicada a la recurrente. Para ello, reencuadró su conducta dentro del tipo previsto por el art.45 de la ley 11.683, por considerar que no había habido por parte de la contribuyente intención defraudatoria que motivara la aplicación de lo dispuesto por los arts. 46 y 47, inc. a) de la ley 11.683. La conducta reprimida por el art. 46 de la ley 11.683 a la época en que ocurrieron los hechos, era la declaración engañosa u ocultación maliciosa que perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad -dolo-. Mientras que el art. 45, primer párrafo, de la ley 11.683 sanciona a: "El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas" -culpa o negligencia- y dispone que éste ". será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista errorexcusable". La recurrente sostiene que la decisión del Tribunal Fiscal viola el principio de congruencia. Ello, por cuanto no se sancionó a su parte por aquello de lo que se la acusó, con lo que se la privó de ejercer su derecho de defensa en juicio. Señala que las defensas que opuso fueron acordes con la defraudación imputada, sin que en ningún momento pudiera defenderse de la imputación de la infracción culposa prevista por el art. 45 de la ley 11.683, ya que de ello no fue acusada sino hasta el momento del dictado de la sentencia. Sin embargo, en el sub lite no se ha dado la privación del derecho de defensa en juicio alegada, en tanto la actora no solamente alegó que las declaraciones rectificativas fueron presentadas en forma espontánea privando a su conducta de intención defraudatoria alguna (defensa pertinente para desvirtuar la sanción del art.46 de la ley 11.683), argumento éste que fue receptado por el a quo, sino que además invocó la existencia de un error excusable (defensa procedente contra la infracción prevista por el art. 45 de ley citada) y ofreció la prueba tendiente a su demostración -cfr. punto IX del escrito de fs. 14/20-. Por lo demás, cabe recordar que es atribución del Tribunal Fiscal de la Nación encuadrar los hechos en la figura sancionatoria adecuada, independientemente de la tipificación de la resolución administrativa recurrida, siempr e que no se vulnere el principio de la reformatio in pejus, lo que no ocurrió en el caso porque la multa que se aplicó fue más benigna que la que se recurrió (cfr. Sala II in re "Castillo Carlos J. y Sbiglio Irma SH (TF 15532-I) c/ DGI", expte. 31.195/99, del 22 de febrero de 2000). En consecuencia, en tanto en las presentes actuaciones al reencuadrar la conducta de la apelante el Tribunal Fiscal no ha afectado su derecho de defensa (por cuanto ésta invocó desde un principio la existencia de un error excusable) ni el principio de reformatio in pejus (por cuanto la sanción impuesta resultó menor a la recurrida), la sentencia apelada se adecua a las previsiones del art. 164 de la ley 11.683 y el agravio no puede prosperar. VII.- La actora centra su defensa en el hecho de que las sus sucursales no pudieron enviar a San Pedro la información en tiempo oportuno para confeccionar la declaraciones juradas primigenias en término. Afirma que, ante el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas originales, optó por presentarlas en cero a fin de evitar que se le aplicaran sanciones por infracciones formales, para luego rectificarlas, una vez recibida toda la información, en su justa medida. Sostiene, asimismo, que la rectificación se encuentra permitida por la normativa aplicable y que, en el caso, fue efectuada en forma espontánea, sin serle requerido por la AFIP, por lo que tal conducta mal puede constituir un ilícito.Varios son los aspectos que deben considerarse en este punto. Cabe señalar, en primer lugar, que si bien las declaraciones juradas pueden ser rectificadas, ello no resta responsabilidad al contribuyente por la presentación de las primigenias. En efecto, de conformidad con lo previsto el art. 13 de la ley 11.683: La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no se le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo de la norma transcripta, la rectificación, aunque sea espontánea, no hace desaparecer la responsabilidad que cabe al contribuyente por la presentación de la declaración original, sin que obste a esta conclusión lo dispuesto por los art. 117, 118 y 119 de la ley 11.683, invocados por la recurrente. En segundo lugar, cabe poner de resalto que el art. 49 de la ley 11.683 prevé varias hipótesis que permiten reducir el monto de la multa o eximir de sanción. Entre ellas, no hay ninguna que establezca la eximición de la sanción en base a la presentación espontánea de la declaración jurada rectificativa. Por lo tanto, el caso debe encuadrarse en la previsión contenida en el primer párrafo de dicho artículo, que reza:"Si un contribuyente rectificare sus declaraciones juradas antes de corrérsele las vista del artículo 17 y no fuera reincidente en las infracciones del artículo 46 ni en la del artículo agregado a su continuación, las multas de estos últimos artículos y la del artículo 45 se reducirán a UN TERCIO (1/3) de su mínimo legal". En tercer lugar, cabe apuntar que, a juicio de este Tribunal, como bien señala el a quo, la demora incurrida por las sucursales en remitir la información a la casa central de la empresa actora, no justifica la conducta incurrida. En efecto, el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas era conocido por la contribuyente, quien debió extremar los recaudos para cumplir en término con su obligación, sin que resulte justificativo suficiente para el incumplimiento la demora endilgada a las sucursales. Nótese, por lo demás, que la recurrente no brinda explicación alguna de los motivos de la alegada demora sino que se limita a manifestar que ésta existió, lo que impide analizar la seriedad de la excusaintentada. El argumento consistente en que, dado que la AFIP no inicia sumarios ni sanciona la presentación de declaraciones rectificativas su parte consideró que obraba conforme a derecho, tampoco puede prosperar, a poco que se repare que las normas supra señaladas son claras. Los extremos expuestos, aun de resultar ciertos, no empecen a esta conclusión ni eximen de su responsabilidad legal a la contribuyente. Resta señalar, asimismo, que la propia actora reconoce que presentó las declaraciones juradas con datos erróneos -en cero-, los que luego rectificó, y que ello obedeció a la demora señalada y para no ser sancionada por infracciones formales. VIII.- La recurrente sostiene, asimismo, que la AFIP obró deslealmente y que, amparándose en el secreto fiscal, no contestó lo requerido mediante el oficio ordenado a fs. 56/vta. Tal agravio no puede prosperar, pues si bien a fs. 68 la Región Mercedes no brindó la información requerida mediante el oficio ordenado a fs.56/vta., la actora, a quien le incumbía la carga de dicha prueba, no solicitó su reiteración ni adujo en tiempo oportuno -es decir, con anterioridad a la clausura del período probatorio (cfr. fs. 82)- los planteos esbozados recién en el escrito de expresión de agravios. IX.- Por último, la actora se agravia de la forma en que fueron impuestas las costas. Invoca lo dispuesto por los arts. 71 y 68 del C.P.C.C.N. En el sub lite, dado su carácter procesal, resulta de aplicación lo dispuesto por último párrafo delart. 184 de la ley 11.683 (párrafo incorporado por la ley 25.795 ), que establece: Cuando en función de las facultades del artículo 164 el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la sanción a aplicar, las costas se impondrán en el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación. A juicio de este Tribunal, por imperio de lo dispuesto en la primera parte de la norma transcripta, el fallo recurrido debe ser revocado en punto a las costas, las que se imponen íntegramente por su orden. Con costas de esta instancia también por su orden, en atención a las especiales circunstancias del caso y teniendo en cuenta, especialmente, la espontaneidad en la rectificación de las declaraciones juradas. X.- Por lo expuesto, corresponde confirmar el fallo apelado salvo en lo relativo a la condena en costas, las que se imponen íntegramente por su orden. Con costas de esta instancia por su orden. ASÍ SE DECIDE. Se deja constancia que la Vocalía V se encuentra vacante.Hágase saber la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 4/07 . Regístrese, notifíquese y devuélvase. CARLOS MANUEL GRECCO MARTA HERRERA ANTE MI. CARLOS JOSE Secretario de Cámara
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Voces: ERROR EXCUSABLE - MULTA - AFIP DGI - PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO - DECLARACIÓN JURADA - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - DEFRAUDACIÓN IMPOSITIVA - INTERPRETACIÓN DE LA LEY - OMISIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS Partes: López Daniel Fernando (TF 23857-I) c/ DGI s/ Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 18-abr-2007 Cita: MJ-JU-M-13134-AR | MJJ13134 | MJJ13134 TribunalMateriaRelacionados Sumario: 1.-Si por aplicación de las presunciones del art. 47 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) toda presentación inexacta debe juzgarse como dolosa o engañosa, no se advierte cuál sería el motivo que condujo al legislador a contemplar como situaciones diversas las que caen dentro del art. 45 de esa ley y las que quedan comprendidas en el art. 46, teniendo en cuenta que una correcta técnica hermenéutica es la que concilia la inteligencia acordada a cada norma con el texto en el que ésta está engarzada dejando a todas ellas con valor y efecto y siendo que no es razonable suponer que el legislador creó dos situaciones distintas para ser sancionadas de modo igual. 2.-Las cuestiones de hecho y prueba son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b) , punto segundo de la ley 11.683; tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla. Fallo: Buenos Aires, 18 de abril de 2007. Y VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 62/65 el Tribunal Fiscal de la Nación decidió rechazar la nulidad planteada y confirmar las resoluciones de la A.F.I.P. - D.G.I. de fecha 23 de agosto de 2004 mediante las cuales se habían aplicado a la actora dos multas, una de $60.221,67 equivalente a dos (2) veces el gravamen presuntamente omitido de ingresar en el Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales junio 2002, julio 2002, septiembre 2002 a mayo 2003, julio 2003 a octubre 2003), y otra de $55.807,02 también equivalente a dos (2) veces el Impuesto a las Ganancias presuntamente omitido (período fiscal 2002) con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) con la reducción a un tercio en virtud de lo dispuesto en el art. 49 del citado texto legal. Impuso las costas a la vencida. II.- Que a fs. 69 interpuso recurso de apelación la parte actora y expresó agravios a fs. 70/78, los cuales fueron contestados a fs. 80/85. III.- Que la cuestión a resolver en el caso es si las multas aplicada con sustento en los arts. 46, 47 inc. a) y 49 de la ley 11.83 (t.o. 1998 sus modificaciones) se ajustan a derecho. IV.- Que, en primer término, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario", sentencia del 17/11/87; esta Sala, in re: "Werner, Tomás M. c/ B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98, entre muchos otros). V.- Que, aclarado lo anterior, es oportuno recordar que el art.45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) se refiere a las declaraciones inexactas en tanto no exista error excusable, mientras que el art. 46 comprende las declaraciones engañosas o dolosas, estableciendo el art. 47 ciertas presunciones según las cuales, salvo prueba en contrario, existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas. Lo expuesto determina que la infracción contemplada en el art. 45 comprende tanto a las omisiones de presentación de la declaración jurada como a la presentación de aquéllas inexactas, que no resulten ajenas a la sanción por la existencia de error excusable. En tanto el art. 46 requiere que para que se figure la infracción en él contemplada se trate de declaraciones engañosas o que medie ocultación maliciosa. Ahora bien, si por aplicación de las presunciones del art. 47 toda presentación inexacta debe juzgarse como dolosa o engañosa no se advierte cuál sería el motivo que condujo al legislador a contemplar como situaciones diversas las que caen dentro del art. 45 y las que quedan comprendidas en el art. 46. Que una correcta técnica hermenéutica es la que concilia la inteligencia acordada a cada norma con el texto en el que ésta está engarzada dejando a todas ellas con valor y efecto. No es razonable suponer que el legislador creó dos situaciones distintas para ser sancionadas de modo igual. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en el precedente registrado en Fallos: 322:519 había precisado los alcances del pronunciamiento recaído en la causa "Mazza" (Fallos: 312: 447), al establecer que cuando se trata de infracciones que requieren de una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del Fisco - como ocurre con la prevista en el citado art.46 - la doctrina del Tribunal "impide que las presunciones que contempla la ley a los efectos de determinar la obligación tributaria del responsable, sean utilizadas, además para presumir - y tener de este modo probada - la existencia de esa conducta dolosa, tal extremo debe acreditarse con sustento en otros elementos de prueba" (CSJN Fallos: 323:2172). Que esta Sala ha seguido el criterio antes expuesto en la causa 19.840/2004 "Carlos Romero e hijos y Cía. (TF 15.145-I) c/ DGI, fallada el 2/5/2005. Además en otro precedente sostuvo que "la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación (conf. H. D. Díaz Sieiro - R. D. Veljamovich - L. Bergoth, "Procedimiento Tributario", 1993, comentario al art. 46 de la ley 11683) (causa nº 22.708 caratulada "Casino del Litoral S.A. (TF 15.319-I) c/ DGI", fallada el 8 de febrero de 1999). VI.- que el Tribunal Fiscal de la Nación manifestó que ".frente a los hechos que fundamentan el criterio del Fisco, no puede concluirse que en la especie el actor haya demostrado la ausencia de dolo en su accionar.Basta para ello destacar que sus declaraciones juradas originales no reposan en su documentación contable, habiendo declarado impuesto 0 (cero), cuando en realidad debía ingresar las sumas de $177.076,81 en el impuesto al valor agregado y $93.424,29 en el impuesto a las ganancias, importes que sólo fueron reconocidos por el actor a instancias de una inspección, por lo que mal puede concluirse que fue voluntario o espontáneo". Destacó, asimismo, que la apelante no había probado justificación alguna para la presentación de declaraciones juradas en 0 (cero). Concluyó que en virtud de lo expuesto y a la luz de las circunstancias fácticas del sub examine existía el dolo necesario para la configuración del tipo infraccional por el cual se lo sanciona. VII.- Que cabe precisar que las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas - por principio - al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso - salvo error manifiesto - a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala II, in re: "Quilmes Combustibles S.A.C.I.", sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: "Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI", sentencia del 17-5-2000; "Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI", sentencia del 30-11-2000). En el caso no existen razones que justifiquen apartarse de lo resuelto por el a quo dado que no se observa la existencia de un error manifiesto en la apreciación de la prueba. En virtud de todo lo hasta aquí dicho, no cabe más que confirmar la resolución apelada, con costas a la vencida. (confr. art. 68, primera parte , del Código Procesal). VIII.- Que, asimismo, la parte actora apeló a fs. 89 la regulación de honorarios efectuada a fs.88/88 vta. por considerar altos los emolumentos allí fijados. Lo cierto es que la regulación de honorarios efectuada por el a quo debe ser confirmada dado que sólo ha sido apelada por ser considerada alta, lo cual no ocurre en el caso. Al ser ello así, corresponde regular los honorarios de la Dra. Nancy Edith Yaffe por su actuación profesional ante esta instancia, en su doble carácter de apoderada y patrocinante del Fisco Nacional, en la suma de pesos novecientos veintisiete ($927). (confr. arts. 6 , 9, 10 , 14 , 37 y 38 de la ley 21.839, modif. por ley 24.432 ). Por ello, SE RESUELVE: 1º)Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fs. 62/65, con costas a la vencida. 2º)Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 89, en consecuencia, confirmar la resolución del tribual Fiscal de la Nación de fs. 88/88 vta. y regular los honorarios de la Dra. Nancy Edith Yaffe, en su doble carácter de apoderada y patrocinante del Fisco Nacional, por su actuación profesional ante esta instancia en la suma de pesos . . 3º)Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Se deja constancia que se encuentra vacante una de las vocalías de esta Sala (conf. art. 109 del R.J.N.). PABLO GALLEGOS FEDRIANI JORGE EDUARDO MORAN
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
SI QUERES TE PASO LOS RESUMENES ASI NO LEES TANTO Y PODES VER SI TE SIRVE MAS RAPIDODEL PRIMERO:RESUMENCooperativa de Trabajo Integral-Coop. Ltda. (TF 16640-I) c/ DGI. Buenos Aires, 24 de julio de 2008.Y VISTOS, estos autos caratulados "Cooperativa de Trabajo Integral-Coop. Ltda. (TF 12063-I) c/ DGI", yCONSIDERANDO: I.- Que el Dr. Carlos Manuel Grecco integra la Sala II en los términos de la Ac. 1/2008 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. II.- A fs. 14/20vta., la Cooperativa de Trabajo Integral Cooperando Limitada interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 24 de noviembre de 1998 por el Jefe de la División Jurídica de la Región Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, por la que se le aplicó una multa de $ 101.860,23.-, equivalente a un tercio (1/3) de dos tantos del impuesto al valor agregado omitido correspondiente al período enero-abril de 1998, con sustento en los artículos 46 y 49 de la ley 11.683. III.- A fs. 121/123vta., el Tribunal Fiscal de la Nación declaró inaplicables los beneficios de la condonación dispuestos por los decretos 93/00 y 1384/01 , reencuadró la conducta imputada a la recurrente en las disposiciones del art. 45 de la ley de procedimientos tributarios, y en consecuencia, modificó la sanción aplicada a la apelante y fijó su monto en un tercio del mínimo legal calculado sobre la suma de $ 152.790,35.-. Impuso las costas a la apelante en proporción a la suma a que la multa quedó reducida y por su orden en la restante.DEL SEGUNDORESUMEN:López Daniel Fernando (TF 23857-I) c/ DGI. Buenos Aires, 18 de abril de 2007.Y VISTOS Y CONSIDERANDO:I.- Que a fs. 62/65 el Tribunal Fiscal de la Nación decidió rechazar la nulidad planteada y confirmar las resoluciones de la A.F.I.P. - D.G.I. de fecha 23 de agosto de 2004 mediante las cuales se habían aplicado a la actora dos multas, una de $60.221,67 equivalente a dos (2) veces el gravamen presuntamente omitido de ingresar en el Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales junio 2002, julio 2002, septiembre 2002 a mayo 2003, julio 2003 a octubre 2003), y otra de $55.807,02 también equivalente a dos (2) veces el Impuesto a las Ganancias presuntamente omitido (período fiscal 2002) con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) con la reducción a un tercio en virtud de lo dispuesto en el art. 49 del citado texto legal. Impuso las costas a la vencida.II.- Que a fs. 69 interpuso recurso de apelación la parte actora y expresó agravios a fs. 70/78, los cuales fueron contestados a fs. 80/85.III.- Que la cuestión a resolver en el caso es si las multas aplicada con sustento en los arts. 46, 47 inc. a) y 49 de la ley 11.83 (t.o. 1998 sus modificaciones) se ajustan a derecho. IV.- Que, en primer término, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario", sentencia del 17/11/87; esta Sala, in re: "Werner, Tomás M. c/ B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98, entre muchos otros).V.- Que, aclarado lo anterior, es oportuno recordar que el art.DEL TERCERORESUMENCrenna S.A. c/ DGI. VISTO Y CONSIDERANDO:I.- Que por decisorio de fs. 200/206 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: Rechazar las defensas de prescripción y nulidad opuestas por la recurrente, con costas y confirmar las resoluciones venidas en recurso en todas sus partes, con costas. II.- Que a fs. 210 apela la parte actora, y a fs. 221/234 y vta., expresa agravios, los que son contestados por su contraria a fs. 269/280. III.- Que los agravios de la actora se centran esencialmente en los siguientes puntos en cuanto al decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación: 1)la errónea aplicación del régimen denominado de "bloqueo fiscal"; 2)la nulidad de las resoluciones apeladas respecto al IVA y el inadecuado - como lo califica - tratamiento de las notas de crédito en el impuesto al valor agregado, 3)la falta de tratamiento de la inexistencia de la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta y su violación al trámite constitucional; 4)la falta de capacidad contributiva por las pérdidas experimentadas, toda vez que el gravamen incide sobre el patrimonio y no la renta y 5)la confirmación del presunto incremento patrimonial no justificado, derivado de un pasivo bancario debidamente acreditado por el juez concursal y la inexistencia del supuesto fáctico que permitió encuadrar la multa en los tipos infraccionales contenidos en los artículos 45, 46 y 47 de la ley 11.683.IV.- Que, en primer término, respecto a los planteos de inconstitucionalidad apoyados básicamente en la supuesta "inexistencia de la ley 25.063 , corresponde remitirse a lo discriminado por el Sr. Fiscal General a fs. 295/296, cuyos fundamentos esta Sala hace propios y a los que se remite en función a la brevedad; debiéndose por lo tanto, rechazar dicho planteo de inconstitucionalidad. V.- Que, en relación a los agravios que tildan de erróneo el régimen del llamado "bloqueo fiscal", cabe destacar que lo decidido por el Tribunal Fiscal resulta acertado, así destaca el Tribunal administrativo:
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Espero te sirva, no se puede hacer mucho sinceramente en materia tributaria tenes todo en contra.
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
POR FAVOR CALIFICA LA RESPUESTA CON LAS CARITAS FELICES PORQUE DE LO CONTRARIO NO NOS PAGAN LO QUE DEPOSITASTE. GRACIAS
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
Por favor califique la respuesta mediante las "caritas felices" o repregunte. En caso contrario no percibimos lo que Usted pagó.-
Experto:  Pablo Avila Camps escribió hace 1 año.
POR FAVOR CALIFIQUE LA RESPUESTA O DE LO CONTRARIO NO NOS ABONAN EL DEPOSITO REALIZADO POR UD. ES NECESARIA LA CALIFICACION. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION BRINDADA POR FAVOR ESCRIBANOS DICIENDOLO PERO NO DEJE DE CALIFICAR.
Experto:  escribió hace 1 año.
Por favor califique la respuesta mediante las "caritas felices" o repregunte. En caso contrario no percibimos lo que Usted pagó.-
Pablo Avila Camps, Abogado de Argentina
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